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PP, Ciudadanos y Vox unen sus votos en Castilla y León para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

1564672422433mdnFrancisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

  • la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
  • la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
  • la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

  • Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
  • Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
  • Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
  • Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
  • Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
  • Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
    que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs tumban el proyecto de ley LGTB de Castilla y León con el apoyo de Vox, y afirman que ellos harán uno mejor

Sábado, 16 de noviembre de 2019

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xPP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

lgtbcortesmiriam-kEVF-U90414260552gT-624x385@El NorteRegistro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

abascal-casado-rivera-696x456Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Educación y menores trans: los grandes damnificados por el recorte que planea la Junta de Castilla y León a la ley LGTBI propuesta por los colectivos

Sábado, 19 de octubre de 2019

jcylEs lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

  • La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
  • La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
  • La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
  • La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

  • Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
  • Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
  • Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
  • Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
  • Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
  • Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
    que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

lgtbcortesmiriam-kEVF-U90414260552gT-624x385@El NorteRegistro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

abascal-casado-rivera-696x456Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.


Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

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Marcha atrás de Ciudadanos en Castilla y León: retira su apoyo a la ley LGTBI propuesta por los colectivos y apuesta por un texto recortado al que pueda sumarse el PP

Miércoles, 18 de septiembre de 2019

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xY luego les extraña que no se les quiera en la Manifestación del Orgullo… es el pago por los votos de la ultraderecha.

Giro de Ciudadanos en Castilla y León. Tras haber apoyado en la anterior legislatura la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses, la formación naranja ha decidido ahora desmarcarse de la misma y optar por un texto alternativo al que pueda sumarse el PP. El movimiento de Ciudadanos ha generado inquietud en los colectivos LGTB de la región, que ven en la maniobra la intención de rebajar el alcance del texto.

Para entender la dimensión de lo sucedido es necesario hacer un poco de historia: a finales de 2016 diferentes colectivos LGTBI+ de Castilla y León  presentaron en las Cortes regionales una primera propuesta de ley de igualdad LGTBI. Utilizaron como base una ley promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que de hecho fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos se mostraron incluso dispuestos a hacer concesiones «dolorosas», pero finalmente los populares dieron carpetazo al proceso. Los colectivos consiguieron, sin embargo, el apoyo del resto de las formaciones representadas entonces en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Un compromiso que se materializó en marzo de 2018, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite aquella proposición de ley.

El proceso que siguió dicha admisión fue, sin embargo, infructuoso. Solo el voto sorpresa de la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, permitió la toma en consideración de la proposición, en contra del criterio del que era entonces su partido, el PP. Clemente también unió sus votos a los de la oposición para poner fin al bloqueo de su tramitación. Pero no fue suficiente. La legislatura terminó sin que la propuesta fuese aprobada (Silvia Clemente, curiosamente, fichó por Ciudadanos y fue promovida por su dirección nacional a candidata a presidenta de la Junta. Sin embargo, las elecciones primarias en las que ganó por un puñado de votos se desvelaron fraudulentas, lo que llevó a que finalmente fuera su rival, Francisco Igea, el candidato de los naranjas).

A Ciudadanos ya no le gusta el texto de los colectivos

En las elecciones del pasado mayo el PP (que en la anterior legislatura tenía la mitad exacta de los diputados)  cayó a la segunda posición, siendo superado por el PSOE. Pero los populares llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para mantenerse en la presidencia de la Junta a cambio de repartirse el Gobierno regional y dar a los naranjas la presidencia de las Cortes. En el plano parlamentario, sin embargo, se registraba una clara mayoría de los partidos que en la legislatura anterior registraron la proposición de ley propuesta por los colectivos. No había ya impedimento alguno… Si no fuera porque Ciudadanos ha decidido desmarcarse.

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Francisco Igea, lider de Ciudadanos en CyL con Albert Rivera

Lo ha hecho, además, por sorpresa. «No supimos que Ciudadanos daba marcha atrás a su compromiso de mantener su apoyo al registro del texto acordado la pasada legislatura hasta la misma mañana del registro de la ley cuando no aparecieron», ha indicado en un comunicado la FECyLGTB+ (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), entidad que el pasado miércoles registraba de nuevo la proposición en las Cortes de Castilla y León de la mano de los grupos socialista y mixto (salvo, en este último caso, el único diputado de Vox) y con la llamativa ausencia de la formación naranja.

Y propone recortar un 30% y consenso con el PP

Especial inquietud ha causado entre los colectivos las explicaciones dadas por Ciudadanos. Su portavoz en las Cortes ha argumentado que ahora prefieren aprobar un texto que pueda apoyar su socio de gobierno, el PP, después de escuchar «a los profesionales de la educación o la sanidad». En el mismo sentido se ha pronunciado Francisco Igea, ahora vicepresidente de la Junta, que ha anunciado que será el propio Gobierno regional el que enviará a las Cortes un proyecto de ley que recogerá «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

«Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos», responden desde la FECyLGTB+ a Ciudadanos. «Proponer ahora que sean los profesionales médicos los que opinen sobre qué derechos necesitamos o reclamamos para alcanzar nuestra igualdad legal es tratarnos como menores de edad o algo peor. Y eso por no hablar de que se reúnan con colectivos religiosos contrarios a nuestros derechos para consultarles nuestra ley, algo que, en el pasado, ya ha hecho la Junta», continúa el comunicado. «Si la ley que quiere promover la Junta recoge, como ya han dicho, el 70% de nuestro texto, ¿cuál es el 30% de nuestros derechos que no se van a recoger? ¿Qué colectivo o derechos se van a quedar fuera?», añade. En este sentido, la FECyLGTB+ se muestra especialmente preocupada por la posibilidad de que un texto recortado y descafeinado perjudique especialmente a las personas trans y a los menores.

«No vamos a volver a caer en lo que sucedió la anterior legislatura, en la que estuvimos reuniéndonos con la Junta años para que al final, tras reunirse con colectivos religiosos, cambiasen de opinión y bloqueasen nuestra ley. Vamos adelante con la proposición de ley presentada con el texto acordado con Ciudadanos, PSOE, Podemos y UPL en la anterior legislatura, por supuesto, abierta a negociar debatir y enmendar con todos los grupos y que esperamos se discuta hasta su aprobación final en las Cortes. Es lo mínimo que merecemos tras cuatro años luchando por sacar adelante esta ley. Esperamos que se esté a la altura y se deje de una vez a un lado protagonismos, trabas, bloqueos, el interés electoral y la búsqueda de medallas y, simplemente, se apoyen nuestros derechos e igualdad tras el debate democrático», ha declarado el presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero.

Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

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La presidenta de las Cortes de Castilla y León se mantiene al margen de la deriva reaccionaria del PP y desbloquea con su voto la tramitación de la ley regional de igualdad LGTB

Lunes, 26 de noviembre de 2018

1434390001717ical278951dnRayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones»argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes de Castilla y León aprobaron tomar en consideración la proposición de ley de igualdad LGTB, aunque el PP amenaza con bloquear su avance

Jueves, 28 de junio de 2018

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xEl Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión homófoba en Villablino (León)

Lunes, 11 de junio de 2018

no_a_la_homofobia_1B. B. F., de 28 años de edad, fue agredido el pasado fin de semana en Villablino (León) simplemente por encontrarse en actitud cariñosa con otro chico. La agresión, de evidentes tintes homófobos, acabo con la víctima en el hospital (por fortuna no sufre secuelas físicas graves) y con el agresor principal identificado y y detenido por la Guardia Civil. 

Todo ocurrió durante la noche del sábado al domingo en un local de ocio de Villablino, capital de la comarca leonesa de Laciana, donde la víctima se encontraba con otro chico en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja. En un momento determinado se dieron un beso. Algo que no gustó a otro cliente del local, que le espetó: «delante de mí eso no lo hagas». La víctima decidió abandonar el local ante la tensión que se respiraba, pero según su testimonio el agresor les siguió, acompañado de otros amigos, y acabó por agredirlo físicamente, mientras los acompañantes del agresor no solo no lo impidieron sino que lo animaron.

El joven, que recibió varios golpes en la cabeza, fue atendido en el Centro de Salud de Villablino, que recomendó su traslado al Hospital del Bierzo. Por fortuna fue dado de alta sin lesiones físicas graves. El joven agredido presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Villablino, que tras investigar lo sucedido detuvo al agresor (un joven de 21 años residente en Gijón, aunque con lazos familiares en la localidad leonesa) y lo puso a disposición del Juzgado de Instrucción.

Veremos lo que sucede. Desde luego, sin ser juristas, nos parece que la agresión de Villablino cuenta con elementos suficientes para que como mínimo le sea aplicada al agresor la agravante por cometer el delito por la orientación sexual de la víctima…

AWEN LGTBI+ reclama una ley autonómica de igualdad LGTB

Desde el colectivo leonés AWEN LGTBI+ han querido mostrar su  repulsa ante esta agresión. «Nadie, absolutamente nadie, debería ser agredido por besarse con su pareja y nos indigna que a día de hoy sigan ocurriendo agresiones claramente homófobas en nuestra provincia. Estamos en contacto con la víctima, ofreciéndole el apoyo y herramientas necesarias para afrontar esta agresión y continuaremos haciendo todo lo posible para que nadie tenga que pasar por una situación tan desagradable por amar libremente», han expresado.

Desde AWEN LGTBI+ insisten en la necesidad se seguir trabajando contra la LGTBfobia. En este sentido, han exigido a las «Cortes de Castilla y León, concretamente al Partido Popular de Castilla y León por ser el único partido que se ha opuesto, que se apruebe ya la Ley de Igualdad Social y Diversidad Sexual que llevamos años reclamando». Hay que recordar, en este sentido, que el PP ha incumplido su compromiso de impulsar la aprobación de un proyecto de ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León, lo que obliga al resto de grupos políticos de las Cortes regionales a consensuar una proposición de ley alternativa y dificulta y retrasa su posible aprobación.

Fuente Dosmanzanas

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El PP vuelve a incumplir un compromiso previo con los colectivos LGTBI y entierra el proyecto de ley de igualdad y diversidad sexual en Castilla y León

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xEl Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

colectivos-lgtbi-kos-624x385el-norteLos colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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FECyLGTB+ considera la Universidad Católica de Ávila no puede formar en delitos de odio a los policías

Viernes, 7 de octubre de 2016

fecylgtb-logoLa formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.

La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.

FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.

 La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.

Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación , aprobado por el ministerio del interior.

Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.

Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.

Fuente FECyLGTB+

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El Ministerio del Interior adjudica la formación de los futuros policías nacionales a la Universidad Católica de Ávila

Miércoles, 5 de octubre de 2016

ministro-interior-homofobia-marceloEl Ministerio del Interior, en manos del ultraconservador Jorge Fernández Díaz, ha adjudicado el concurso de formación de la Escuela Nacional de Policía, el lugar en el que se forman como agentes de la Policía Nacional aquellas personas que han aprobado la correspondiente oposición, a la Universidad Católica de Ávila, un centro de ideario católico, en lugar de a la Universidad de Salamanca, que ejercía hasta ahora esa función. Una noticia altamente preocupante, también en clave LGTB.

La Universidad Católica de Ávila, según se define ella misma“fue erigida por Decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto de 1996. Es una universidad de la Iglesia católica en España, canónicamente instituida a tenor del Artículo 3.1 de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979”.

Su “gran canciller” (cúspide de su organigrama de gobierno) es el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Un personaje, no está de más recordar, que criticó duramente al Tribunal Constitucional por su sentencia favorable a la ley que hizo posible en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un escrito dirigido a los fieles, García Burillo calificó al 6 de nvoiembre de 2012, fecha elegida por el alto tribunal para hacer pública la sentencia, como “dies amara valde” (“día de gran amargura”, en latín). Según el gran canciller de la Universidad Católica de Salamanca, ese día “se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes”. García Burillo también aseguró que con dicha sentencia el Estado español se otorgaba “un papel totalitario” [sic]. “Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”, añadía en otro momento de la carta…

La “ideología de género”, equiparable al Estado Islámico

No es esta, de hecho, la primera vez que hacemos mención a la Universidad Católica de Ávila en esta página en el curso de pocos meses. El pasado mayo hacíamos referencia a una conferencia organizada por dicha institución, titulada “Teoría de género: sus repercusiones”, en la que el cardenal africano Robert Sarah, sucesor de Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, equiparaba la “ideología de género” con el Estado Islámico (como por otra parte ya había hecho meses antes).

En la ciudad castellana, Sarah afirmó que “se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”, lo que supone “destruir la humanidad”. En este contexto, Según Sarah existen “dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género“. El Estado Islámico trata “a la mujer como una mercancía, una esclava“, y la teoría del género “niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino”En aquel acto estuvo, acompañando a Sarah, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez.

Malestar en la Universidad de Salamanca, protesta de PSOE y Podemos

La elección de la Universidad Católica de Ávila se ha justificado en el hecho de que este centro ha rebajado a la mitad el presupuesto de licitación, de 200.000 euros. Algo que ha causado malestar en la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Daniel Hernández, se ha mostrado “dolido”, argumentando que una cuestión así no debe dirimirse solo por criterios economicistas. Los servicios jurídicos de la Universidad salmantina, de hecho, van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos. Se da la circunstancia además de que su profesorado, que tenía previsto seguir impartiendo la docencia a los futuros policías, había elaborado ya el programa para este curso.

250px-escuela_nacional_policia_espanaEn el plano político, tanto PSOE como Podemos han expresado su condena por la decisión y han pedido explicaciones. Para el PSOE, debe ser siempre una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso como en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida (la Universidad de Salamanca, no lo olvidemos, es un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León). El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación de dicha comunidad, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión de Interior, y ha anunciado que su grupo registrará una Proposición No de Ley en la que reclamará a la Junta que inste al Gobierno de España a “evitar este atropello”.

Profundo desasosiego

Nuestra opinión como ciudadanos LGTB es clara: estamos ante una noticia muy grave. Saber que la formación jurídica (entre otras materias) de los futuros policías está en manos de una institución cuya máxima autoridad asegura que el Estado español se otorga “un papel totalitario” por aprobar una legislación que nos concede los mismos derechos nos produce un profundo desasosiego. Por muchas iniciativas de formación que luego se desarrollen para sensibilizar a aquellos para la LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas
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