Sor Amitha Polimetla SDS, Nee Thodu Society, pastoral para personas transgénero en la India

“Las personas transgénero forman parte del grupo más discriminado de la sociedad”

“Creo que no hay otro grupo de personas marginadas por sus padres, ridiculizadas por sus hermanos, maltratadas por sus vecinos y obligadas a abandonar su familia de origen”

“Expulsados de su familia, huyen en busca de su identidad. La mayoría de las veces emigran a las ciudades, donde para sobrevivir comienzan pidiendo limosna y terminan prostituyéndose. ¿Por qué? Porque en la cultura transgénero de la sociedad india es así… Estas personas no tienen otra manera de ganarse la vida”

“Cristo está siempre del lado de los marginados y de los abandonados por la sociedad. Está del lado de los pecadores, de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, de los intocables, de los pobres”

Fuente Religión Digital

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Los participantes en el London Pride 2014 enarbolan la bandera de Pakistán junto a una bandera del Orgullo (NurPhoto a través de Getty Images)

El Consejo de Ideología Islámica (CII) ha dicho que una ley de 2018 para permitir que las personas trans en Pakistán sean reconocidas según su género sin requerir el consentimiento de una junta médica es “inconsistente con los principios islámicos”.

El proyecto de ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero de 2018 se presentó junto con las medidas adoptadas por el país para proteger a las personas trans, como una universidad pakistaní que ofrece educación gratuita a los estudiantes trans, y un proyecto de ley del gobierno que pretendía proteger a las personas trans de la discriminación.

Al parecer, el CII fue consultado sobre el proyecto de ley cuando se presentó, y estuvo de acuerdo en que no era necesaria una junta médica para determinar la identidad de género de una persona.

¡Ahora, según Oy! OyeYeah! , el CII -órgano constitucional religioso que asesora al poder legislativo- ha dicho que la ley que protege a las personas trans “no está en consonancia con la sharia”, lo que significa que el futuro de la ley es incierto.

“Varias disposiciones de la ley son incompatibles con los principios islámicos”, añadió, y pidió al gobierno que formara un comité que incluyera a “miembros de la CII, eruditos religiosos y expertos legales y médicos” para revisar la ley.

“Protección” para los miembros de la comunidad trans

Cuando se presentó por primera vez el proyecto de ley de protección de los derechos de las personas transgénero de 2018, la senadora Nasreen Jalil, presidenta del Comité Funcional de Derechos Humanos del Senado, dijo: “El proyecto de ley ofrece protección a los miembros de la comunidad transgénero y prohíbe el ataque a su autoestima y el maltrato.

“La comunidad transgénero se opone a la idea de crear una junta médica que determine su género por temor a que puedan ser objeto de vergüenza y acoso”.

La nueva declaración del Consejo de Ideología Islámica se produce después de que un senador pakistaní de un partido abiertamente contrario a la comunidad LGBTQ+ lanzara un intento legal para hacer retroceder la ley de protección de las personas trans.

El senador Mushtaq Ahmed, del partido Jamaat-e-Islami (JI), presentó el 18 de septiembre una petición ante el Tribunal Federal de la Sharia alegando que el proyecto de ley contradice los principios islámicos del país.

Al parecer, dijo que permitir que las personas cambien sus marcadores de género sería un “peligro para los sistemas familiares y de herencia” -el sistema islámico de herencia divide los bienes de forma diferente en función del género- y “abriría la puerta a que 220 millones de personas eligieran ser cualquier cosa”.

En su declaración ante el tribunal, la activista trans Bubbly Malik argumentó que si se revisara el proyecto de ley, sería necesario contar con la ayuda de “expertos en género” en un panel, que pudieran aclarar por qué es tan importante mantener las protecciones para la comunidad trans.

La declaración del CII podría afectar potencialmente a decenas de miles de personas trans en Pakistán; el censo nacional de 2017 contabilizó por primera vez la población trans de Pakistán, registrando 10.418 personas trans en una población de unos 207 millones de habitantes.

Fuente Pink News

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Valerie Schultz,

Una madre católica de una persona transgénero duda en regresar a su parroquia después de cambiar a servicios virtuales durante la pandemia.

“Tengo miedo, pero no del virus”, escribió en America, Valerie Schultz, una escritora independiente de Oregón. “Francamente, tengo miedo de lo que veré, de lo que escucharé cuando llegue allí y entre”.

La vida de Schultz cambió cuando su hijo se declaró transgénero. Trabajó en una parroquia católica pero se fue porque “se sintió llamada a abogar públicamente por los derechos civiles y la igualdad de trato para la comunidad L.G.B.T. comunidad.”

Ella escribe que después de ese cambio:

“Pasé de ser un pilar de los programas parroquiales a sentarme solo en un banco trasero. Pienso en mi catolicismo ahora como un frágil pajarito que guardo cobijado en el nido de mi corazón. Todavía estoy aquí. Incluso cuando mi hijo trans se sintió abandonado y vilipendiado por la fe en la que fue bautizado, incluso cuando mi esposo ya no estaba a mi lado durante la misa, me quedé. Yo era católico, por Dios. No iba a ser expulsado. En lugar de levantar las manos y rendirme, me aferré con una uña. La crítica personal, la ceguera institucional, el desgaste de la alienación, incluso la culpa al acecho que tenía por no dejar la iglesia para mantener a mi hijo no ganaría”.

El catolicismo de Schultz se volvió frágil a medida que se aferraba a la tradición y, a veces, también deseaba “levantarse y hacer una salida dramática durante una homilía que, por ejemplo, comparaba la igualdad en el matrimonio civil con dejar que los monos se casen”. Ella dice: “Me diría a mí misma que la crueldad de un sacerdote no representaba a Jesús”.

Cuando Covid-19 golpeó al mundo, Schultz se unió a los servicios virtuales, dejando el banco trasero para la mesa de su cocina. Comenzó a asistir a misas virtuales en Chicago y Los Ángeles. A través de estas oportunidades, no solo “se sintió protegida del virus”, sino que su “pequeño pájaro de fe también se sintió protegido por el amor y la compasión que informaron las homilías pronunciadas por los sacerdotes y diáconos en estas misas”.

Schultz comparte:

“No es que me sintiera a salvo de la controversia, o aplacado en mi propia burbuja de creencias, porque estas homilías fueron estimulantes y desafiantes. No solo estaba escuchando lo que quería escuchar. Pero me sentí comprometida. También me sentí concentrado. Sentado solo en mi mesa, nada me distraía de las lecturas de las Escrituras o las oraciones de intercesión. Ver la cuadrícula digital de compañeros católicos, adoradores que vivían, respiraban y estaban igualmente aislados, de alguna manera me dio un sentido de comunión más fuerte que el que había sentido en un edificio de iglesia en mucho tiempo. Varios de nosotros a veces nos quedamos en línea después de que terminó la misa para hablar sobre la homilía. Finalmente estaba captando el significado de la comunión espiritual. No esperaba que fuera suficiente, pero lo fue”.

A lo largo de su historia, Schultz comenta sobre la importancia de la Eucaristía para sus experiencias de fe. Durante la pandemia, “esperaba anhelar la Eucaristía”, pero las comunidades que encontró a través de las Misas virtuales la alimentaron de formas inesperadas. En lugar de experimentar la comida eucarística en el altar, la experimentó espiritualmente en su propia mesa.

“Me he sentido más conectada con Dios y con la Iglesia que en años”, dice ella.

Esta comunión espiritual, un verdadero encuentro íntimo con Dios, es algo con lo que muchos católicos queer pueden relacionarse y responder, considerando cómo a las personas LGBTQ se les niega la comunión.

Cuando las parroquias abren sus puertas, Schultz se pregunta por qué no vuelve corriendo al altar, pero se da cuenta:

“Tengo miedo de enfrentarme una vez más a una filosofía pro-vida superficial, una que está a favor del embarazo pero en contra de brindar cualquier tipo de asistencia a quienes la necesitan, incluso los medios con los que se supone que deben salir adelante. Tengo miedo de volver a encontrarme con miembros del clero y laicos que repiten como loros crueles puntos de vista políticos mientras desestiman el llamado a la ternura del Papa Francisco. Sobre todo, tengo miedo de que alguna homilía desviada vaya a ser la gota que colme el vaso, la última gota que finalmente me haga dejar esta iglesia a la que pertenezco, que digo que amo. Aun cuando confieso esta debilidad de la fe, reconozco mi temor de que mi pajarito no sea viable fuera del nido. Yo creo, Señor. Ayuda mi incredulidad.”

—Elise Dubravec (ella/ella), New Ways Ministry, 5 de mayo de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Fuente Agencia Presentes

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 (Derek R Henkle / AFP / Getty)

Un nuevo estudio ha revelado que casi un tercio de los jóvenes trans y no binarios han intentado suicidarse en los últimos 12 meses.

Más de 25,000 jóvenes homosexuales entre las edades de 13 y 24 años fueron encuestados para el estudio revisado por  investigadores del Proyecto Trevor, que ha sido publicado en el Journal of Adolescent Health.

De los jóvenes trans y no binarios que respondieron a la encuesta, el 78.2 por ciento dijo que había experimentado discriminación debido a su identidad de género.
Los jóvenes trans y no binarios reportan depresión, abuso físico y pensamientos suicidas.

Cuando se les preguntó sobre sus experiencias en los últimos 12 meses, el 29.7 por ciento de los jóvenes trans y no binarios dijeron que habían sido amenazados o perjudicados físicamente.

El 82.8 por ciento informó un estado de ánimo depresivo, el 54.2 por ciento había considerado seriamente el suicidio y el 28.6 por ciento había intentado suicidarse.

Cuatro de cada cinco jóvenes trans y no binarios informaron un estado de ánimo depresivo, mientras que una cuarta parte intentó suicidarse

Los datos sugieren que los jóvenes trans y no binarios son más de cinco veces más propensos que los jóvenes no LGBT + a intentar suicidarse, una cifra anual registrada por separado por los CDC de cinco por ciento.

Incluso en comparación con sus pares LGB + cisgénero en la encuesta del Proyecto Trevor, los jóvenes que se identifican como trans y no binarios tienen más del doble de probabilidades de experimentar síntomas depresivos, considerar seriamente el suicidio e intentar suicidarse, ajustando por edad, ingresos familiares y etnia

Los jóvenes que se identifican como trans y no binarios tienen mayor riesgo de depresión y suicidio. Los hombres trans son el grupo de mayor riesgo, con un 35 por ciento que ha intentado suicidarse en los últimos 12 meses, pero las mujeres trans y los jóvenes no binarios también fueron significativamente más propensos que los jóvenes LGB + cisgénero a informar seriamente el suicidio, según el investigación.

El estudio corrobora los hallazgos de investigaciones anteriores sobre el tema, que durante mucho tiempo han indicado que los jóvenes trans tienen un mayor riesgo de suicidio.

Amy E Green, directora de investigación en The Trevor Project, dijo: “Antes de este estudio, había una clara falta de investigación sobre las diferencias en la salud mental y las tendencias suicidas dentro de los diferentes subgrupos de jóvenes LGBT +. Estos resultados subrayan que los jóvenes transgénero y no binarios son particularmente vulnerables a los malos resultados de salud mental y al riesgo de suicidio en comparación con sus pares cisgénero dentro de la comunidad LGBT +. Además, muestran cómo la discriminación y la victimización basadas en LGBTQ contribuyen a estas mayores disparidades de salud mental ”.

La investigadora científica Myeshia Price-Feeney, agregó: “En el Proyecto Trevor, escuchamos de jóvenes trans en crisis todos los días y entendemos los efectos perjudiciales que la discriminación y el acoso pueden tener en su salud mental y bienestar. Esperamos que estos datos fomenten una recopilación de datos más sólida a nivel nacional sobre la salud mental de los jóvenes LGBT +, y que los encargados de formular políticas y los proveedores de atención médica usen estos conocimientos para crear políticas y espacios seguros que protejan y afirmen a los jóvenes trans en todas partes”.

Si se encuentra en el Reino Unido y tiene pensamientos suicidas, sufre ansiedad o depresión, o simplemente quiere hablar, puede comunicarse con los Samaritanos al 116 123 o enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org. Si se encuentra en los EE. UU., Llame a la National Suicide Prevention Line (Línea Nacional de Prevención del Suicidio) al 1-800-273-8255.

Si necesitas ayuda, o crees que alguien cercano a ti la necesita, ponte en contacto con FELGTB en el número de teléfono 913 60 46 05

Fuente Pink News

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Win McNamee / Getty Images

Chelsea Manning es liberada de su encarcelamiento por desacato tras concluir la labor del gran jurado ante el que se negó a declarar

Un juez ordenó la liberación de la denunciante Chelsea Manning, después de que pasó un año atrás tras las rejas.

La exsoldado transgénero Chelsea Manning ha sido puesta en libertad tras la conclusión de la labor del gran jurado ante quien se negó a declarar en el caso que mantiene la administración estadounidense contra Wikileaks y Julian Assange, lo que causó su encarcelamiento por desacato. Su liberación ha tenido lugar un día después de que intentara suicidarse en el centro penitenciario, si bien sus abogados han comunicado que se restablece adecuadamente en un hospital. Sin embargo, el tribunal ha mantenido la fuerte sanción económica con la que también se quiso forzar su declaración.

Tras haber recibido el indulto del presidente Barack Obama por su condena por revelación de secretos de Estado, Chelsea Manning aún sigue enfrentándose a la justicia federal estadounidense por asuntos estrechamente relacionados con su antigua actividad. Desde su liberación por aquellos cargos, ha permanecido encarcelada en dos ocasiones por negarse a declarar ante el gran jurado en el caso del estado federal contra Wikileaks y Julian Assange.

En ambas ocasiones, Manning se negó a prestar testimonio por considerar que estaba siendo utilizada y puesta en riesgo por intereses espurios, remitiéndose a la declaración efectuada en el consejo de guerra en el que fue condenada anteriormente. Su primera citación ante el gran jurado tuvo lugar en marzo de 2019. Tras su negativa a declarar, el tribunal dictó prisión por desacato, como medida coercitiva para provocar su colaboración. En esta ocasión, fue internada en una prisión femenina, si bien fue sometida a largos días de casi total aislamiento. El 9 de mayo se dictó su liberación por haber expirado el plazo establecido para que resolviera  el gran jurado. Sin embargo, recibió una nueva citación para presentarse ante otro gran jurado, ante el cual volvió a rehusar prestar declaración.

De nuevo se produjo la acusación de desacato y su internamiento en la misma prisión del estado de Virginia, acompañada por una fuerte sanción económica por cada día de retraso en prestar declaración. Manning se declaró insolvente, permaneciendo en encarcelada hasta que el pasado 11 de marzo intentó suicidarse, tan solo dos días antes de la vista programada para un recurso sobre su liberación. Sin embargo, el día 12 el tribunal dictó su puesta en libertad al haber concluido la labor del gran jurado y no ser su declaración necesaria. Según sus abogados, Manning se está restableciendo adecuadamente en un hospital.

El juez de distrito estadounidense Anthony Trenga escribió: “La aparición de la Sra. Manning ante el Gran Jurado ya no es necesaria, a la luz de lo cual su detención ya no sirve para ningún propósito coercitivo … se ordena que Chelsea Manning sea liberada inmediatamente del custodia del Fiscal General “.

El fallo, como decíamos más arriba, se produce un día después de que Manning fue trasladada de urgencia al hospital después de intentar suicidarse mientras estaba en la cárcel. Sus abogados confirmaron el incidente y condenaron el “daño profundo que sigue sufriendo” debido a su encierro.

El sheriff de Alexandria, Dana Lawhorne, dijo: “Hubo un incidente hoy aproximadamente a las 12.11 pm en el centro de detención de adultos de Alexandria que involucró a la reclusa Chelsea Manning. Fue manejado adecuadamente por nuestro personal profesional y la Sra. Manning está a salvo”.

Se espera que Manning sea liberado inminentemente después del fallo. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para la activista, ya que el juez se negó a renunciar a las multas de $ 1,000 dólares por día impuestas contra ella durante su año negándose a testificar. Trenga sostuvo que las multas no son “punitivas” y son “necesarias para el propósito coercitivo de la orden de desacato civil de la Corte”, lo que significa que ahora Manning debe pagar $ 256,000.

No parece, sin embargo, que los problemas de Chelsea Manning hayan acabado, pues el tribunal ha mantenido la sanción económica acumulada, que asciende a 256.000 dólares (230.000 euros), estipulando que deben ser abonados de manera inmediata.

Siete años de encarcelamiento en condiciones muy duras

Chelsea Manning estuvo en prisión desde 2010 hasta 2017, tras un consejo de guerra donde fue declarada culpable de 22 cargos relacionados con la revelación de secretos de Estado. Durante su encarcelamiento, fue sometida a condiciones de máxima vigilancia y aislamiento extremo que en su momento fueron muy criticadas por organizaciones humanitarias. Desde el día siguiente a su condena se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar su proceso de reasignación. Sin embargo, se vio obligada a demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa. No fue hasta abril de 2015 que consiguió la autorización para iniciar el tratamiento hormonal.

Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos la condujeron a dos intentos de suicidio, uno en julio de 2016 y otro en octubre de ese mismo año. También llevó a cabo una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de la prisión a que se pudiera someter a cirugía de reasignación, algo que el propio equipo médico había recomendado. Solo cuando la situación fue denunciada por la asociación ACLU, los mandos penitenciarios se comprometieron a facilitar el proceso.

Dada la precaria situación en prisión de Chelsea Manning, la medida de gracia había sido solicitada repetidamente, incluso por otros responsables de WikiLeaks acogidos fuera de los Estados Unidos, como Edward Snowden o Julian Assange. Finalmente Barack Obama accedió a la petición, que se materializó el 17 de mayo de 2017. En 2018, Manning comunicó su intención de dedicarse a la política.

Fuente Dosmanzanas/PinkNews

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Lucas, un joven trans de 21 años, se ha quitado la vida en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. No han trascendido más detalles sobre lo sucedido y en redes sociales se han difundido informaciones confusas sobre las circunstancias que habrían rodeado su trágica decisión. Desde dosmanzanas optamos por publicar íntegramente el comunicado hecho público por Chrysallis, la asociación de familias de menores trans, y que según la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha sido consensuado con la familia del joven:

Ha vuelto a suceder. Una vez más y debería ser la última. Una vez más nuestras voces se quiebran desde lo más hondo de nuestro ser. Hoy nos vuelven a invadir la impotencia, el dolor y la incomprensión ante tanto odio sutil.  Desde Chrysallis reivindicamos el derecho de todas las personas trans a una vida libre de violencia. No es suicidio, es asesinato social provocado por la transfobia.

Hay muchos tipos de transfobia, está la que se ejerce detrás del visillo, la que se ejerce a hurtadillas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Está la que ni siquiera parece transfobia porque se esconde tras una fachada de comprensión y aceptación falsas. Esta transfobia, también es odio y mata.

Todas las personas merecemos las mismas oportunidades, oportunidades para estudiar, trabajar, para enamorarnos y desenamorarnos. Construir ilusiones y llevarlas a cabo, o no, pero mantener esa ilusión como una posibilidad que nos puede acontecer, que nos puede acompañar, que nos puede hacer felices. Si esas ilusiones encuentran obstáculos a pesar de tener el apoyo y acompañamiento familiar, pueden esfumarse y dar paso a la desesperación.

No nos cansamos de repetir una y otra vez que la transfobia mata.

Denunciamos a esta sociedad, saturada de convencionalismos, estereotipos y creencias absurdas que se reproducen en un ciclo interminable y que debe cesar. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de odio y violencia, incluido aquel encubierto de buenismo. Invitamos a la reflexión, a la de todas aquellas personas que escudadas por la intimidad de lo que se cuece en las cocinas de sus hogares, se piensan inocentes y se exculpan y lamentan en la distancia y tras los muros.

Reclamamos protección. Las familias solas no podemos. Es imprescindible una sociedad y unas estructuras públicas y legales que garanticen una vida feliz y plena en derechos para las personas trans*.

Una vez más desde Chrysallis lanzamos el grito: ¡NO ES SUICIDIO, ES ASESINATO SOCIAL!

Una vez más lloramos la pérdida de una vida que debería de haber tenido todas las oportunidades para ser vivida plenamente.

Jóvenes trans, una población especialmente vulnerable

Hace solo unas pocas semanas informábamos de otro suicidio de una joven trans de 18 años en Llíria (Valencia). Y antes hemos recogido los casos de Thalía, otra chica trans de 17 años que se quitó la vida en Móstoles en mayo de 2018, o del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia en septiembre de 2018, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes trans con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Concentración in memoriam en Sevilla

«Lucas y su familia fueron parte de Chrysallis y de ATA. Por ese motivo, y con la aprobación de su familia, ambas asociaciones convocamos una concentración para honrar su vida, su memoria y mostrar nuestro dolor y consternación. Os invitamos a acompañarnos, el domingo 12 de enero, a las 18 h., en Plaza Nueva de Sevilla. Sin distintivos: solo claveles y velas», ha anunciado Chrysallis en sus redes sociales.

Fuente Dosmanzanas

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José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Amanda Azañón, Asociación Española de Abogados Cristianos, Castilla y León, Ciudadanos, Discriminación, Educación, FECyLGTB, Fernando Rey, Ignacio Paredero, Lesgavila, LGTBfobia, Personas transgénero, PP, Rocío Lucas, Transexualidad, Transfobia, VOX

Una mujer trans ha hablado sobre su terrible experiencia de ser detenida en un aeropuerto debido a su identidad de género.

La mujer trans, que se llama Lilah, publicó un video de sí misma en Twitter donde se la puede ver caminando llorando por un aeropuerto y afirma que: “Es tan jodido que la gente trans tenga que pasar por esto, y sé que es muy dramático llorar en un aeropuerto, pero es tan molesto que la gente trans tenga que pasar por esto y ser detenida…. No puedo más.” La mujer trans fue detenida mientras viajaba a casa por acción de gracias.

En un tweet con el video, agregó: “La semana pasada, literalmente, fui detenida en el aeropuerto por ser transgénero mientras intentaba ir a casa para visitar a mi familia en acción de gracias. Estoy compartiendo esto para que cualquiera que tenga o SIENTA que lo experimente no está solo“.

last week i literally got detained at the airport for being transgender while trying to go home to visit my family for thanksgiving…i’m sharing this so anyone who has or WILL experience this is not alone 💔 pic.twitter.com/gpINfmr49j

— lilah ❁ (@lilahgibney) 5 de diciembre de 2019

El video se ha vuelto viral y se ha visto más de 600,000 veces. El tweet de Lilah le ha gustado más de 30,000 veces.

Lilah se ha encontrado con amor y apoyo en línea desde que publicó el video, pero lamentablemente también se ha encontrado con algunos detractores que la acusaron de exagerar y mentir.

En respuesta a uno de esos tweets, Lilah explicó que fue arrastrada a una habitación donde fue interrogada por cinco rondas diferentes de guardias de seguridad que también la palparon y la escanearon con “rayos X y más”. Una situación que además de ser extrema, la tuvo que pasar sola, sin compañía. “Dime si te discriminan, o cállate la boca”, agregó.

Muchas personas trans de las redes sociales se identificaron con Lilah por su experiencia y dijeron que habían tenido experiencias similares con la seguridad aeroportuaria, dejando claro que debía acabar dicha injusticia ya. Mientras que los seguidores han estado identificados sobre cómo se sienten acerca del comportamiento del equipo de seguridad, Lilah pudo coger su vuelo para poder ver a su familia.

Una investigación reciente expuso los desafíos que enfrentan las personas transgénero por la seguridad del aeropuerto. La experiencia de Lilah se produce pocos meses después de que una investigación de ProPublica revelara que los pasajeros trans a menudo sufren búsquedas invasivas por parte de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en los Estados Unidos.

La investigación descubrió que el cinco por ciento de las quejas de derechos civiles contra la TSA estaban relacionadas con el tratamiento de pasajeros trans. Las personas trans constituyen menos del uno por ciento de la población estadounidense.

Como parte de la investigación, una mujer trans llamada Olivia (no es su nombre real) reveló cómo se sintió presionada a mostrarle a la seguridad del aeropuerto en Florida sus genitales para poder volar.

Se supone que los oficiales de la TSA no deben permitir que los pasajeros se quiten la ropa interior que tienen delante. Pero, según Olivia, ninguno de los oficiales de la TSA se opuso cuando se quitó los pantalones y la ropa interior para mostrarles sus genitales.

Jenny Burke, secretaria de prensa de la TSA, dijo que la inspección del aeropuerto se realiza “sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la identidad de género, el origen nacional, la religión o la discapacidad de una persona”.

La aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren luego condenó a la TSA por la investigación, escribiendo en Twitter: “Las personas trans y no binarias no deberían tener que enfrentarse a exámenes invasivos y deshumanizantes para viajar. Debemos hacerlo mejor, y seguiré trabajando para garantizar que todos los estadounidenses trans y no binarios puedan vivir sin miedo ni discriminación“.

Fuente Pink News

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La comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. ALEAS-IU, Álvaro Villar, Ciudadanos, Discriminación, IU, La Rioja, LGTBfobia, Marea Arcoíris, Parlamento de La Rioja, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Raúl Díaz, Transexualidad, Transfobia

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada por el bloqueo impuesto en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Mientras tanto, la sangría prosigue.

Fuente Dosmanzanas

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

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Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Ha sucedido en Avilés (Asturias). Una mujer trans, de 38 años de edad y nacionalidad brasileña, ha sido brutalmente asesinada a puñaladas. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer, que ejercía el trabajo sexual, pudo ser asesinada por un cliente. Aún está por determinar el posible componente de odio.

Según informa El Comercio, el cuerpo de la mujer fue encontrado por una limpiadora a primera hora de la tarde del sábado en un piso de la calle La Cámara de Avilés, en el que la mujer ejercía el trabajo sexual. Presentaba al menos quince heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determinará la causa última de la muerte, que podría haberse producido el día anterior. El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, ayer de guardia, ha decretado el secreto de sumario.

A la espera de tener más información de lo sucedido, el colectivo asturiano XEGA ha convocado este lunes 23 de septiembre una concentración en Gijón, delante de la Gota de Leche, a las 20:00 horas. El colectivo LGTB asturiano ha expresado su repulsa por el asesinato y ha pedido la aprobación en Asturias de una ley contra la discriminación de las personas trans:

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, también ha expresado su condena del asesinato, y a la espera de que se aclare el posible componente de odio, también ha reclamado al Principado de Asturias la aprobación de una ley «que ampare a a las personas trans y garantice que tanto sus derechos como su nivel de protección sean como los de cualquier otra persona».

Se trata, en nuestro conocimiento, de la segunda mujer trans asesinada este año en España. El pasado marzo dos personas fueron detenidas como presuntas responsables de la muerte de otra mujer, cuyo cuerpo sin vida apareció en un huerto cercano a Castellón. En 2018 murió de Eli, objeto de una brutal paliza en Valladolid a manos de un menor. Y en octubre de 2016 fue Lorena Reyes la que murió en Santa Cruz de Tenerife (un jurado popular absolvió posteriormente al único acusado por su muerte).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Asturias, Avilés, Delitos de Odio, El Comercio, LGTBfobia, Personas transgénero, Policía Nacional, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba, XEGA

Campaña Nora y su mochila menguante

Preocupantes datos los que desvela un estudio elaborado por la FELGTB según el cual el 58% de las personas trans ha sido víctima de transfobia durante su etapa escolar, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas. LA FELGTB considera urgente la aplicación de protocolos específicos de acompañamiento para menores y jóvenes trans, que parecen mejorar de forma muy clara estas cifras. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes los datos extraídos de una encuesta realizada a una muestra de personas trans de entre 16 y 24 años de todo el territorio español que revela que casi el 60% (58%) sufrió transfobia en el ámbito escolar.

Esta transfobia, según el sondeo, se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%) hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado. Además, el 58% de quienes sufrieron estas violencias aseguró que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a quienes las ejercieron.

La investigación (que puedes descargar aquí), aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa sí ofrece datos significativos, revela además que, tras ser víctima de estas agresiones, solo el 15% de las personas encuestadas encontró apoyo en el profesorado y un 20% no encontró apoyo en nadie. El 40% de los menores y jóvenes trans víctima de transfobia se apoyó en otros miembros del alumnado.

Por otra parte, los datos muestran que Secundaria es la etapa en la que más personas sufrieron transfobia (37%), seguida de Primaria (25%), Bachillerato o FP Superior (22%), educación Infantil (9%) y Universidad (7%). Un 57% de las personas víctimas de transfobia declararon haberla sufrido durante más de una etapa escolar.

Discriminaciones y dificultades del alumnado trans relacionadas con la identidad de género.

El 53% de las personas encuestadas afirmó que en el entorno escolar nunca o rara vez se las llamaba por su nombre de acuerdo a su género y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por otra parte, cuándo fueron preguntadas por las principales dificultades encontradas durante su etapa educativa, coincidieron en que, al margen del acoso verbal y/o físico, lo peor para ellas fue la falta de apoyo y comprensión por parte del profesorado y del resto del alumnado; el sentimiento de soledad; la falta de información y formación sobre la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual y familiar que ellas mismas tenían y el sentimiento de no poder expresar quiénes eran por miedo al rechazo.

También señalaron aspectos puramente relacionados con la gestión del centro como la diferenciación del uniforme en función del género, la separación por género en asignaturas como educación física o los WC binarios. Y es que, el 89% respondió que en su centro existían actividades separadas por géneros; el 76% indicó que no existía en su centro educativo intimidad para cambiarse de ropa; el 99% explicó que en sus centros los aseos están diferenciados por géneros y el 88% aseguró que durante festividades y festivales (navidad, carnaval, etc.) se empleaba vestimenta diferente para chicos y chicas.

Repercusiones de las violencias y la discriminación

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, de los datos de la encuesta también se desprende que el 28% del alumnado trans víctima de violencia tuvo que cambiar de centro y que en personas trans de entre 16 y 20 años existe una tendencia al abandono escolar temprano superior a la de la población escolar de la misma edad.

Además, el 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron: horrible, agobiante, dura, infierno, difícil, costosa, incómoda y complicada.

La importancia de los protocolos 

Sin embargo, el informe arroja algo de luz ya que, según las respuestas de las personas encuestadas, mientras que en los centros educativos donde no existía protocolo de acompañamiento para menores y jóvenes trans, el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa, en los centros donde sí se contaba con protocolo, esta cifra descendió hasta un 27%.

Por este motivo, Carlos Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB ha recordado durante el acto la necesidad de implantar estos protocolos de manera obligatoria en todos los centros educativos del territorio estatal. “Aún hay muchas CCAA que carecen de leyes autonómicas LGTBI que hacen obligatorios estos protocolos. También hay otras CCAA, donde sí existe legislación, pero está sin implementar por falta de dotación presupuestaria”, ha declarado y ha recordado que “se trata de menores que están sufriendo y su calidad de vida depende en muchas ocasiones de gestos simples”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que, mientras se aprueban e implantan las legislaciones, mejore la vida de estos menores con gestos sencillos como llamarles por su nombre sentido, eliminar la separación por géneros en actividades como la educación física o permitirles vestir el uniforme correspondiente a su identidad sentida de género.

“En cualquier caso, no podemos dejar que los derechos de los menores y jóvenes dependan de la buena voluntad. Por eso, exigimos la aprobación de la Ley Estatal LGTBI que recoge todas estas medidas de forma prioritaria tras la formación de gobierno”, ha concluido Castaño.

A la luz de estos datos, FELGTB ha desarrollado una campaña dirigida a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular para sensibilizar sobre la realidad de los menores y jóvenes trans.

Conoce la historia de Nora y su mochila menguante:

Archivos

Informe menores trans FINAL-comprimido.pdf (4,58 MB)

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Adolescentes LGTB, Carlos Castaño, Delitos de Odio, Educación, FELGTB, LGTBfobia, Niñas trans, Niños trans, Nora y su mochila menguante, Personas transgénero, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba