Comentarios desactivados en El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares
El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
La llegada de las pandillas
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Información oficial
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
“Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Pagos semanales y palizas
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
Menos crímenes, menos derechos
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
Denuncias contra soldados y policías
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
Desamparo legal de personas LGBTI+
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Trans acusadas de pandilleras
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
Comentarios desactivados en Histórico: una mujer trans y un hombre gay aspiran a convertirse en diputadxs en El Salvador
Alejandra Menjívar y Erick Iván Ortiz competirán el 28 de febrero en las elecciones nacionales. Ella busca una diputación en el Parlacen y él en la Asamblea Legislativa. Su candidatura ocurre en un momento crucial para la democracia salvadoreña.
Por Stanley Luna
Las elecciones para alcaldes y diputados del 28 de febrero en El Salvador, por primera vez, contarán con la representación de una mujer trans y un hombre abiertamente gay. Se trata de Alejandra Menjívar, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Erick Iván Ortiz, quien corre por una diputación para la Asamblea Legislativa.
De ser elegidos funcionarixs, ambxs tienen en su agenda temas que son una deuda para la población LGBTI en el país: llevar a discusión la Ley de Identidad de Género –de la cual existe un anteproyecto desde 2018 en el Congreso-, generar mecanismos de protección para las disidencias sexuales y que el país atienda resoluciones internacionales, que, por ley, tiene la obligación de cumplir.
Menjívar tiene 34 años y es candidata al Parlacen por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda en el que milita desde 2008 y del que es Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual y Género.
Trabajó en la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda salvadoreño, que gobernó entre 2009 y 2011, y hoy se encuentra asilado en Nicaragua tras acusaciones de corrupción.
En 2009, la hoy candidata comenzó como voluntaria en un proyecto con la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans) y a involucrarse en la lucha por derecho humanos de la población LGBTI, lo que marcó el inicio de su activismo.
Con el 60% de los votos de su partido
Ella tomó la decisión de competir como diputada al Parlacen y no para la Asamblea Legislativa como una prueba a las bases del FMLN, para saber lo abierto que eran respecto a la participación de las disidencias sexuales a cargos públicos, explica en una entrevista a Agencia Presentes.
“El Parlacen no solo es un ente de la integración centroamericana, sino que tiene que ver con recomendar a los Estados de la región hacia dónde deben de ir encaminadas las políticas públicas”, dice Menjívar.
En las elecciones internas del FMLN, Menjívar quedó en la quinta posición de entre 20 precandidatxs. Obtuvo más del 60 por ciento de los votos de la militancia a nivel nacional. En las internas, también fue elegido como candidato a alcalde un hombre abiertamente gay, mientras que otras personas de la población LGBTI participarán por cargos de regidores, concejales y diputados suplentes en las elecciones de febrero.
Lxs diputados del Parlacen son elegidos en elecciones democráticas. Son 20 diputados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Lxs expresidentes y vicepresidentes de estos países también se convierten en diputados inmediatamente terminan sus mandatos.
Roberto Zapata, secretario de la organización Amate El Salvador, reconoce que no solo en El Salvador, sino que, en cualquier país, candidates o funcionaries LGBT se enfrentan a “barreras” antes y durante ejercen su cargo.
Escuchar a la sociedad civil
Las postulaciones a diputaciones de Menjívar y de Ortiz, dice, generan expectativa en la sociedad civil organizada y la población LGBTI, en general. Si llegan a convertirse en diputades, tendrán que legislar a favor de esta población de forma transversal. Y, al mismo tiempo, legislar a favor de otros temas sociales, incorporando el componente de la inclusión.
“Si elles son electos para su cargo, yo espero que tengan la apertura de llevar adelante las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se convocan. Que, si nos acercamos a elles, tengan la apertura”, señala el activista.
Zapata destaca que, en el caso de Menjívar, ella se ha encargado de informar, desde su candidatura, sobre las funciones del Parlacen, una instancia poco conocida para la sociedad salvadoreña.
Menjívar asegura que es en el Parlacen donde ella ve la oportunidad de incidir para que los Estados aprueben leyes a favor de las disidencias sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que, además, atiendan resoluciones vinculantes, como la emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través de una opinión consultiva en Costa Rica, ordenó garantizar el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género de las personas trans. Una resolución que atañe a El Salvador y a otros 19 países de América.
Aunque el voto en El Salvador para alcaldes y diputados es por rostro, sin una Ley de Identidad de Género, ella ve imposible que el Tribunal Supremo Electoral la deje competir en las elecciones con su nombre elegido, como sí lo hizo en las elecciones internas de su partido. De exigirle el nombre según documento de identidad, optará por los apellidos. De hecho, en su campaña le ha apostado a posicionarse como “Menjívar Guadrón” y “Aleja Menjívar”.
“Es complicado, es complejo, es todo un panorama adverso, porque, evidentemente, voy a ser una contra varios que vienen siendo parte del sistema, pero eso es lo que nos motiva.”, afirma Menjívar.
“Todo en adelante es nuevo”
Erick Iván Ortiz, candidato por Nuestro Tiempo, un partido fundado por exdiputados del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que debutará en las elecciones de este año, busca ser diputado por el departamento de San Salvador, dentro del cual se encuentra la capital del país centroamericano.
Ortiz tiene 29 años y casi una década de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Forma parte de la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglomera a varias organizaciones que luchan por los derechos de las disidencias sexuales en El Salvador.
En 2017, él fue parte del grupo de seis jóvenes que renunció a la juventud de ARENA tras mostrar públicamente su postura a favor hacia temas progresistas, como el matrimonio igualitario y el aborto.
“Hay que decir que la mía es la primera candidatura abiertamente LGBTI para un cargo de diputación en la Asamblea Legislativa, entonces, todo en adelante es nuevo, no ha sido explorado, pero lo que yo sí esperaría es que, desde la población LGBTI, podamos, también, tomar consciencia de la importancia de la representatividad”, sostiene.
Si se convierte en diputado, Ortiz dice que impulsará la Ley de Identidad de Género y presentará un anteproyecto de Ley Nacional contra la Discriminación en la Asamblea Legislativa, para crear una institución que proteja los derechos de la población y que sea independiente del Ejecutivo.
Deudas del gobierno actual y perspectivas
El 28 de febrero, el partido fundado por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, también participará por primera vez en las elecciones para diputadxs y alcaldes.
Bukele, en el año y medio en el cargo, no ha mostrado interés de crear políticas públicas a favor de la población LGBTI. Es más, en el segundo día de su gobierno trasladó las funciones de la Dirección de la Diversidad Sexual, creada en el primer gobierno del FMLN bajo presión de la sociedad civil, al Ministerio de Cultura. Este es uno de los ministerios con uno de los presupuestos más bajos.
La dirección estaba adscrita a la ya desaparecida Secretaría de Inclusión Social y dependió presupuestariamente de la Presidencia. Sus funciones fueron la capacitación del personal de los diferentes ministerios, la generación de ferias de empleo para las disidencias sexuales y la creación de un call center para atender denuncias por discriminación de las personas de las disidencias sexuales que trabajaran en alguna institución gubernamental. Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno dará seguimiento a estas acciones.
Con las diputaciones ganadas por Nuevas Ideas, más el bloque de los otros partidos de derecha que no tienen en su agenda las políticas públicas a favor de la población LGBTI, Zapata adelanta que se están preparando para más retrocesos en derechos humanos.
“Lo más probable es que la mayoría de diputaciones terminen siendo bastantes conservadoras, lo que puede terminar en que, en lugar de avances, sean retrocesos en tema de derechos humanos. Ya lo hemos visto dentro del Órgano Ejecutivo. Ahora, es probable, y nos estamos preparando para ello, de que también suceda en el Órgano Legislativo”, advierte.
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Comentarios desactivados en Tres policías a juicio por el transfemicidio de Camila Díaz
Por Paula Rosales, desde San Salvador
El tribunal 5to. de instrucción de El Salvador decretó el miércoles 11 de marzo enviar a juicio a tres policías acusados del homicidio agravado de Camila Díaz, una persona trans, en enero de 2019. Camila había sido deportada desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario, y amenazada a muerte en reiteradas veces por las violentas pandillas que operan en Centroamérica.
El juez de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, consideró que existen abundantes pruebas que incriminan a los tres agentes en la muerte de Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años. De ser encontrados culpables, se les aplicarán obtener penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Sin agravante por crimen de odio
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno. “Ya el juez emitió la resolución en contra de los tres imputados y les ordenó continuar en la detención provisional que se encuentran y pasar a juicio, pero únicamente por el delito de homicidio agravado”, dijo a Presentes una persona de prensa de los tribunales.
“En cuanto al delito de privación de libertad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas no se pudo establecer que ese delito porque cuando llegaron los agentes y arrestaron Camila, ellos estaban cumpliendo su deber como policías y la ley dice que cuando alguien esta haciendo desordenes públicos la policía tiene todo el deber de llevárselo, por ese delito quedaron sobreseídos”, dijo la empleada del tribunal a Presentes.
De acuerdo con la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías implicados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
“El agravante de crimen por odio no se tomó en cuenta porque no se estableció, solo el agravante por superioridad porque eran agentes policiales”, afirmó la empleada.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida horas más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Es lamentable, creo que podía ser el primer caso que llegara a juicio con ese agravante de crimen por odio. Lamentablemente en El Salvador los crímenes hacia las LGBTI y en específico hacia la población trans ningún caso había alcanzado la vista pública o sentencia”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Desde 1992 hasta la fecha, en El Salvador han sido asesinadas más de 600 mujeres trans.
“Voy a esperar a ver qué pasa en la etapa de sentencia si son condenados o no. Le pediría al juez que no es justo que ellos queden en libertad, existen pruebas y seria injusto que quedaran en libertad burlándose de la justicia y quizá cometiendo lo mismos crímenes con otras personas”.
Camila Díaz Córdova había huido y solicitado asilo en Estados Unidos en 2017 por constantes amenazas de pandillas, sin embargo, su petición de asilo fue rechazada por las autoridades y fue deportada al país centroamericano ese mismo año.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en La última noche de Camila, trans perseguida por pandillas y asesinada por la Policía
Impresionante y emotivo recuerdo de Camila. Necesario leerlo, necesario orarlo, necesario reclamarlo. Basta ya de odio tránsfobo.
Por Paula Rosales y Nelson Rentería
Fotos: PR y VF
Poco antes de las seis de la tarde del miércoles 30 de enero, Camila Aurora Díaz Córdova se colgó el bolso al hombro y dejó su casa para otra noche de trabajo sexual en la misma calle donde lo ejerció durante doce años, al norte de San Salvador. Caminó con desgano y tristeza: llevaba mucho tiempo intentando cambiar su vida. Había buscado otras ocupaciones para sobrevivir sin exponerse a las amenazas de las pandillas y de la policía. Había denunciado ante la justicia la discriminación y la persecución por ser una mujer trans. Había intentado vivir en otras ciudades y países. Había pedido asilo en Estados Unidos y la habían deportado. Las cosas se habían puesto cada vez más difíciles.
“Aquí ando ya, en estas calles horrendas y fatales. Aquí ando, ni modo”, le dijo por mensaje de Whatsapp a una amiga, como si supiera lo que le esperaba. Esa madrugada, Camila fue torturada y asesinada. Tenía 29 años, seis menos que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina. Sus verdugos quisieron esconder el hecho pero las marcas de su cuerpo hablaron por ella. Por el homicidio, tres policías, Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales están detenidos y pueden llegar a ser los primeros condenados por un crimen de odio en El Salvador. Es el primer caso que se judicializa como tal a pesar de que desde 2017 han asesinado a al menos 22 mujeres trans, según cifras de la Federación Salvadoreña LGBTI.
Fany es una perrita que perteneció a Camila. Cuando emigró por primera vez a México la llevó a casa de su mamá. Fotografía de Virginia Flores
Camila nació el 9 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Segunda hija de la pareja de feligreses de una iglesia cristiana, creció en un pequeño poblado escondido al sudeste del valle de Jiboa. Ahí su familia se dedica al cultivo de maíz, frijoles, piña y caña de azúcar. Sus padres, Edith Córdova y Lino Díaz no pudieron asentarla en los registros de esa alcaldía porque dos días después de que Camila naciera, estalló la ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su intento por hacerse del poder.
Su mamá recuerda que a pesar de las humillaciones que sufrió en el pueblo, cuando los vecinos reaccionaron a los primeros gestos femeninos de su transición con burlas y rumores, su hija nunca perdió el buen humor: “Si lo ofendían, no decía nada. Nunca le faltaba el respeto a los demás”, contó su madre a Presentes.
La discriminación y el acoso es moneda corriente para las personas LGBTI en estos pequeños poblados de El Salvador, donde el machismo y las ideas religiosas radicales están extendidas. No hay espacio para las personas que no se definen como hombres o mujeres.
La falta de tolerancia se traduce en violencias cotidianas. Y ellas, en un deterioro de la salud mental que a veces desencadena en suicidio. Así lo indican los números de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador. Presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona LGBTI que se suicidó.
Camila no estuvo exenta de este calvario. Su mamá intentó hacerla cambiar de opinión sobre su identidad de género. Cuando Camila cumplió los 18 años, quiso que se presentara a servir al comando de Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño. Camila se negó rotundamente. La presión fue tal que no le quedó otro camino: enlistarse y vestir ropa de fajina.
Camila y Kelly Díaz siempre mantuvieron una relación muy cercana
Su mamá Edith acepta que al principio no podía “consentir” la conducta de su hija, porque iba “en contra de los designios de Dios”. Ahora se arrepiente de aquella actitud y de no haber intentado siquiera aceptar que Camila tenía el derecho de ser quien ella quisiera.
Camila permaneció durante tres meses en la Fuerza Armada y recibió el adiestramiento. Hasta que un día, hastiada de la vida castrense, se negó a realizar el juramento que la convertiría en soldado. Así concluyó su experiencia militar, en 2007. Entonces Camila pensó que Santa María Ostuma no era el mejor lugar para vivir y se mudó a la capital, San Salvador.
La vida en la ciudad, la persecución de las pandillas
En la capital, un primo la recibió en su casa y la bautizó con el nombre de Daniela. Fue la primera vez que le asignaron un nombre femenino. Ese modo de nombrarla fue mucho más que simbólico. A partir de entonces, ella dejó crecer su cabello, lo tiñó de rubio y expresó su identidad de género.
Aunque se sentía más libre, su situación no mejoró. Ahí tampoco encontró un empleo digno. Para sobrevivir debió ejercer por primera vez el trabajo sexual en las calles. Su primo empezó a controlarla y a violentarla. Las rabietas se transformaron en golpes, maltratos y ropa quemada. Hasta que la echó de la casa.
Camila buscó refugio con otras mujeres trans. A Virginia Flores y Mónica Elizondo las había conocido durante las fiestas patronales de San Salvador. Ella no sabía dónde vivíamos, sólo que en la colonia Zacamil, no sabía prácticamente nada de los lugares de San Salvador. No tocó la puerta. Cuando mi pareja iba para el trabajo, me dijo “fíjate que allá afuera hay una persona acostada”, yo salí a ver y la encontré”- contó Virginia Flores a Presentes.
Mónica y Virginia la acogieron en un apartamento diminuto, en un edificio del complejo de multifamiliares de la colonia Zacamil. Sus nuevas amigas la rebautizaron Camila Aurora.
Lo que siguió fue una secuencia de cambios de direcciones, ausencias, migraciones, desplazamientos, escapes, acosos y la misma búsqueda a cada paso: intentar una vida tranquila.
Camila y Virginia cumplen años con una semana de diferencia. La imagen fue la última celebración juntas. Fotografía de Virginia Flores
Su amiga Mónica, de 35 años, quería lo mismo. Ya la habían amenazado y tiroteado su casa. Mónica decidió dejar la vivienda en la colonia Montreal. El 20 de mayo de 2011 volvió a la casa, quería limpiar y controlar que estuviera en orden. La asesinaron mientras se desplazaba al interior de la ruta 47. Según versiones policiales, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), los mismos que la habían amenazado, le dispararon varias veces.
Aquel año Camila se fue a vivir con su hermana Kelly en una colonia del municipio de Ilopango. Una noche, cuando ellas estaban descansando, otros pandilleros que controlaban la zona, tocaron a su puerta. Llegaron con el pretexto de “conversar” con Camila. Tras varios golpes, subieron al techo de la casa para intentar romperlo y entrar por un hueco. Camila y su hermana comenzaron a recitar los versos del Salmo 91, colgado en una de las paredes.
No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada/Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.
“Comencé a orar de rodillas para que los hombres se fueran. Los golpes eran intensos, pero Dios nos hizo el milagro, se cansaron y se fueron. No recuerdo nada más porque me desmayé del miedo”, dijo a Presentes Kelly Díaz Córdoba.
Días después, los pandilleros regresaron a la vivienda cuando las hermanas no estaban y destruyeron sus pocas pertenencias. El colchón de la cama de Camila quedó lleno de agujeros hechos a punta de cuchillo. Ellas decidieron regresar a su casa natal, en Santa María Ostuma. Antes tuvieron que pagar al dueño de la casa por los daños de los pandilleros.
Las amenazas que nadie atendió
Camila quiso volver a la capital, sólo para reafirmar que nada había cambiado. Las amenazas de muerte fueron una constante. A raíz de ellas, el 27 agosto de 2015 interpuso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) contra otros pandilleros identificados por sus alias: Coqui, Gasper y Travieso. Según la denuncia, estos tres pandilleros del Barrio 18 le dieron quince días para pagar la extorsión que cobran a las trabajadoras sexuales por utilizar sus territorios. De lo contrario debían abandonar la calle Celis, al este de la capital.
Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por su servicio. La pandilla le exige 10 dólares semanales por trabajar en su territorio, según pudo averiguar Presentes. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”. Así llaman a las golpizas que infringen para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres siguen sin pagar, pueden ser asesinadas.
De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.
Altar elaborado por la organización CRISTOSAL en conmemoración de las personas LGBTI asesinadas en Centroaméricaj
Después de hacer la denuncia, Camila recibió una hoja con el número del caso 5339. La investigación no prosperó. Su acusación pasó a formar parte de una montaña de pendientes en la institución de seguridad pública. De acuerdo a estadísticas de la Policía, en 2015 recibieron 2.242 denuncias de extorsión a nivel nacional.
Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI señalan que también puede existir rivalidad entre las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual. La situación se agrava cuando mujeres trans tienen contactos y relaciones con miembros de pandillas. Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad.
El Informe “Basta de Genocidio Trans” -realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans- destaca que esta población denuncia en reiteradas oportunidades la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía. El informe habla de extorsiones, abusos, golpes y exhibiciones para ridiculizarlas en videos grabados por los mismos agentes.
Migración y pedido de asilo
Hastiadas de la violencia en El Salvador, cinco mujeres trans- Camila Díaz, Virginia Flores, Alejandra Barrera, Diana López y una chica identificada como Arely- empacaron sus escasas pertenencias y abordaron el autobús que las llevó a la frontera norte entre Guatemala y México.
El lunes 7 de marzo de 2016, las cinco treparon a una improvisada balsa construida con neumáticos y tablas, y cruzaron el río Suchiate, que divide ambos países. Para el grupo migrante Camila era una guía. En 2015 ya había recorrido la ruta y había conseguido asilo humanitario en México.
Cuatro días después de arribar a Tapachula (México), fueron atacadas por otras migrantes trans, a quienes ellas identificaron como hondureñas. Según sus testimonios, intentaron asaltarlas, las golpearon y les advirtieron que se largaran de sus territorios, era su lugar de trabajo.
Tras interponer la denuncia en la fiscalía del migrante, el grupo se desintegró. Camila decidió establecerse por unos meses en la Ciudad de México. Pero al final volvió a El Salvador.
Camila Díaz y Mónica Elizondo en la última marcha contra la transfobia a la que asistieron juntas. Ambas fueron asesinadas. Fotografía: Virginia Flores.
En febrero de 2017, Camila intentó una vez más cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos. Le llevó seis meses recorrer los más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la frontera de Tijuana. Allí vivió en el albergue “El Jardín de las Mariposas”, un centro exclusivo para la población LGBTI migrante. Durante su estancia trabajó limpiando casas, cuidando ancianos y en una maquila de ropa.
El 8 de agosto de 2017 cruzó el punto fronterizo de México de Estados Unidos, se entregó a las autoridades estadounidenses y solicitó asilo humanitario. Llevaba todas las pruebas de las agresiones y las denuncias por amenazas de muerte. Su petición se registró con el código A213-086-226 y fue recluida durante tres meses en CoreCivic o Corrections Corporation of America en San Diego, California.
La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.
Camila fue retornada a El Salvador en noviembre de 2017. Su trámite de asilo quedó incompleto al firmar su orden de deportación. De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por Presentes, fue engañada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes la obligaron a firmar un supuesto documento médico, cuyo contenido estaba en inglés.
“Es lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Hemos oído reportes de tortura, abuso, los encierran en congeladores y también hemos oído casos en que han presionado a las personas a firmar papeles de deportación, les han dicho que van a reunificarlos con sus familias. En el caso de Camila, sabemos que le dijeron que le darían atención médica y no era verdad”, dijo a Presentes Maritza Martínez, directora ejecutiva de Somos Familia, una organización no gubernamental que apoya a la población LGBTI en Estados Unidos. Presentes solicitó la versión de ICE por medio de correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
En el documento de deportación, al cual Presentes tuvo acceso, ICE estableció que Camila no proporcionó una dirección válida en Estados Unidos donde residiría mientras esperaba que una juez de migración resolviera su petición de asilo. También adujo que Camila “no mostró tener vínculos sustanciales con la comunidad en el país del norte”.
Camila no tenía familiares en Estados Unidos que la recibieran. Pero mantuvo la esperanza que alguna organización internacional de mujeres trans migrantes conociera su caso y la apoyaran. Tampoco sucedió. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Estados Unidos deportó en 2017 a 14.902 personas migrantes. Una de ellas era Camila.
De regreso en El Salvador, cambió de trabajo. Encontró una oportunidad en una modesta venta de pupusas (comida típica del país) cerca del centro de la capital. Estaba a cargo de la limpieza, atendía clientes y ayudaba en la cocina. Quiso emprender un negocio propio y buscó el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero los trámites engorrosos la hicieron desistir. Volvió al trabajo sexual en las calles
Las últimas horas de Camila
El día en que Camila murió sola en un hospital luego de ser torturada, tenía planeado pasarlo en la casa de su madre. Era el domingo electoral. Esos cuatro días antes había ido a trabajar con la idea de juntar el dinero para el viaje. Cuando llegó a la zona, enfiló hasta una caseta de vigilancia privada. Un centinela le hacía el favor de prestarle el lugar para cambiarse de ropa. Cuando estuvo lista, caminó hasta la 27 avenida norte de San Salvador, una arteria que por las noches es solitaria, mal iluminada y poco transitada. Esparcidas por diferentes aceras se puede observar a varias mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. En las calles aledañas, los negocios de venta de repuestos para automóviles lucen cerrados y llenos de grafitis. Solo brillan los semáforos, los anuncios comerciales y las luces neón de uno que otro club nudista.
La policía dijo que a las tres de la madrugada del jueves 31 de enero el sistema de emergencias 911 recibió una alerta anónima sobre un caso de “desorden en la vía pública”. Según el reporte, una persona estaba dañando unas plantas ornamentales de una agencia bancaria, en la 23 avenida norte de San Salvador.
Los oficiales Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron hacía allí en la patrulla 01-3937. Al llegar, los agentes observaron que la persona reportada ya estaba esposada. Era Camila.
Horas antes de la detención, Camila había sido vista en el restaurante Los Chicharrones, bebiendo cerveza con otra mujer trans. Esto es en la “Zona Real”, área de cervecerías y clubes, que las autoridades consideran de “alta incidencia delincuencial”.
Más tarde, Camila anduvo por la 23 avenida norte. En el expediente consta que esa madrugada, Camila parecía alterada, desorientada, estaba descalza y llevaba el vestido negro levantado, dejando entrever su ropa interior roja.
Testigos dijeron que se asombraron al observar que los policías la golpearon, sin que ella se pudiera defender o proteger, porque se encontraba hincada y esposada por la espalda.
“Pobrecita, ahí la agarraron todos y la golpearon. La verguearon, la subieron al pickup y ahí la tuvieron”, contó a Presentes una de las personas que vió la escena y pidió se resguardara su nombre.
A las 3:23 de la madrugada, el oficial Jaime Geovany Mendoza encendió la patrulla y sus compañeros Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron de pie en los costados de la parte trasera del vehículo. Camila iba acostada en la cama en medio de los dos.
Una serie de vídeos incautados por la Fiscalía muestran el recorrido de la patrulla por diferentes calles de la zona norte de San Salvador, incluso fuera del rango de su jurisdicción asignada. Cuando llegaron a la prolongación del bulevar Constitución, sobre el kilómetro cinco y medio, los oficiales lanzaron a Camila del vehículo en marcha. Luego regresaron a la base del sistema de emergencias 911. Según la Fiscalía, los oficiales sabían que era un punto ciego. Los videos de las cámaras captan el momento en que la patrulla regresa a la base del 911 y solo lleva de ocupantes a los agentes. Al volver, no reportaron ninguna novedad en la bitácora.
Alrededor de las cuatro de la mañana, una ambulancia del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) trasladó a Camila Díaz Córdova hacia el hospital nacional Rosales para que fuera atendida por graves lesiones. Camila ingresó como una persona no identificada.
La amiga de Camila, Virginia Flores, se había comunicado por última vez con ella a las 9:07 de la noche del 30 de enero. Se preocupó cuando unos familiares le avisaron que Camila no había llegado a dormir. Tampoco respondía las llamadas ni los mensajes. Virginia fue a la policía, al forense instituto de Medicina Legal y a centros médicos. En cada lugar, mostraba el retrato de su amiga con la esperanza de encontrarla.
Ocho días después de la desaparición, una doctora del Hospital Rosales la reconoció en la foto. Le dijo a Virginia que buscara el cuerpo de su amiga en Medicina Legal. Había fallecido días atrás en el nosocomio, sola, en la mañana del domingo 3 de febrero, el día de las elecciones.
El cuerpo que habla
El examen forense determinó que la muerte de Camila fue provocada por lesiones contundentes. Su rostro tenía golpes en la boca, frente y ojos. Su espalda presentaba en el lado derecho, una herida profunda. El glúteo derecho quedó desprendido apenas colgaba por un hilo de piel. El antebrazo izquierdo estaba partido en dos y sus órganos vitales del abdomen habían sufrido lesiones traumáticas severas.
La fiscalía aseguró a Presentes que el peritaje forense determinó que las lesiones de Camila fueron causadas por contundentes golpes hechos durante el recorrido de la patrulla. También confirmó que fue lanzada a la carretera desde el automóvil en movimiento.
La fiscal del caso, Gisela Meléndez, dijo a Presentes que Camila recibió “fuertes golpes mortales en su abdomen” y descartó que las lesiones correspondan a un atropellamiento, como se investigó en un principio.
Pese a que la fiscalía no ha logrado establecer una motivación de los policías para cometer el hecho, considera que hay elementos suficientes para sostener que el asesinato fue motivado por el odio a su identidad y expresión de género. “Un móvil específico no tenemos. Pero hay varios casos en contra de agentes policiales que se exceden del poder”, dijo a Presentes la fiscal Meléndez. La Fiscalía no encontró indicios de que Camila Díaz fuera parte de bandas de criminales ni de que hubiera cometido de delitos.
Violencia institucional en El Salvador
La Policía Nacional Civil de El Salvador fue conformada después de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992). La nueva institución suponía dejar atrás las prácticas represivas y de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, previo y durante el conflicto.
Pero en sus 27 años de funcionamiento, la policía no ha estado exenta de señalamientos de violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, brutalidad y ejecuciones extralegales durante su operativos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó que miembros de la policía cometieron un total de 116 ejecuciones extralegales con lujo de barbarie entre 2014 y 2018. Algunas de las víctimas no eran pandilleros.
“La PDDH concluyó que la pérdida de la vida a manos de agentes del Estado es una lamentable realidad en El Salvador. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada parece una práctica sistemática que muchos agentes actúen por su cuenta e incumplan su obligación de desarrollar su labor dentro del marco legal”, dice el informe presentado en agosto de 2019.
Para la académica y especialista en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, la investigación de la PDDH también constató que existió un patrón de actuación en los casos documentados, que permitió la identificación previa de la víctima, planificación previa de asesinatos y un esquema de encubrimiento que trascendía a los mismos perpetradores. Para Aguilar, el caso de Camila también siguió ese patrón.
Presentes solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el Director de la Policía, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de la nota no fue concedida por la dirección de prensa.
Los imputados y más amenazas
Hasta el momento, hay tres imputados detenidos por el asesinato de Camila.
El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: Ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.
El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.
El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.
La Fiscalía los acusa por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado de Camila. La pena máxima por ambos delitos podría llegar hasta 60 años. Puede ser el primer caso en El Salvador en ser juzgado y condenado como delito motivado por el odio a la identidad ,expresión de género y orientación sexual.
Esto es posible porque en 2015 el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.
“Esperamos que se haga justicia, estamos garantizando los derechos de nuestros representados y pues si ellos son culpables o no, es un juez de sentencia que lo va determinar en un fallo”, expresó a la prensa Pablo Cruz, abogado defensor de los policías.
Tras la captura de los policías el 1 julio de 2019 y la siguiente investigación del caso de Camila, Presentes conoció testimonios de personas que han sido acosadas y amenazadas por supuestos agentes, los motivan a ir a declarar a favor de los oficiales imputados.
“Creo que este caso muestra el deterioro que la actualización policial ha tenido en los últimos años en términos del irrespeto a la vida de grupos vulnerables, el margen de impunidad con el que tienden a actuar, la criminalización también de grupos vulnerables, en este caso una mujer trans que fue vapuleada dentro del vehículo policial y que es abandonada precisamente para simular la ejecución por parte de terceros¨, dijo Jeannette Aguilar a Presentes.
Familiares de Camila también recibieron llamadas por teléfono de una persona que se identificó como supuesto pariente de uno de los agentes detenidos, con el fin de reunirse con ellos para “llegar a algún acuerdo”.
En la llamada, la persona le aseguró a la familia que también “yahabían hablado con personas así como era su hijo (mujer trans)”. Tanto la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están enterados de estas llamadas, según pudo atestiguar Presentes.
Aunque Jeannette Aguilar no se refirió al caso particular de Camila Díaz, aseguró que la intimidación es una práctica habitual para buscar la impunidad en casos donde son señalados agentes policiales. “Habitualmente la ejecución extralegal iba acompañada, no solo de un esquema para garantizar impunidad, sino también de un esquema de amedrentamiento, de asedio, de amenazas sistemáticas a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares por parte de los mismos perpetradores o de otros elementos policiales para disuadir a las víctimas de que retiraran la denuncia”, dijo Aguilar.
Presentes consultó a la Fiscalía si es posible que la institución policial hubiese alertado a los agentes sobre la investigación en su contra, debido a la salida del país de Luis Alfredo Avelar. El policía emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. “Aun cuando investigamos al mismo cuerpo policial, lo hacemos de la mano con ellos y de alguna manera, ellos se enteran si se les está investigando por algún delito”, dijo la fiscal.
El 14 de agosto de 2019, la unidad de asuntos internos de la Policía envió una carta al juzgado quinto de instrucción para informar que la licencia del software del aparato de extracción UFED Cellebrite está vencida. Por ese motivo no se ha realizado la extracción de la información contenida en los celulares incautados a los tres agentes detenidos.
El UFED Cellebrite es un dispositivo para la extracción y decodificación de información almacenada, oculta o eliminada de dispositivos móviles y aplicaciones. Presentes solicitó información al personal de prensa de la policía sobre el vencimiento del software de extracción, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
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La tumba de Camila Aurora Díaz Córdova yace de espaldas frente a un paisaje sacado de una estampa. El volcán Chinchontepec luce imponente, rodeado de cultivos de caña de azúcar. El pequeño cementerio del municipio de Santa María Ostuma permanece siempre cerrado, para poder ingresar hay que solicitar la llave a un encargado y por ahora no está disponible. Pero esa no fue razón suficiente para que el 9 de noviembre de 2019 Edith Córdova y Virginia Flores se colaran por un hueco en la malla e ingresaran al campo santo. Con lágrimas en los ojos, dejan una ofrenda floral sobre su mausoleo. Ese día Camilia hubiera cumplido 30 años.
Comentarios desactivados en Asesinaron a una mujer trans de 25 años en San Salvador
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.
El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.
Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.
Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar. “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.
“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.
El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.
No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Según la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.
La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».
En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.
«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.
Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe
Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:
A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».
«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.
«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»
“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.
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