Comentarios desactivados en Tres policías a juicio por el transfemicidio de Camila Díaz
Por Paula Rosales, desde San Salvador
El tribunal 5to. de instrucción de El Salvador decretó el miércoles 11 de marzo enviar a juicio a tres policías acusados del homicidio agravado de Camila Díaz, una persona trans, en enero de 2019. Camila había sido deportada desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario, y amenazada a muerte en reiteradas veces por las violentas pandillas que operan en Centroamérica.
El juez de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, consideró que existen abundantes pruebas que incriminan a los tres agentes en la muerte de Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años. De ser encontrados culpables, se les aplicarán obtener penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Sin agravante por crimen de odio
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno. “Ya el juez emitió la resolución en contra de los tres imputados y les ordenó continuar en la detención provisional que se encuentran y pasar a juicio, pero únicamente por el delito de homicidio agravado”, dijo a Presentes una persona de prensa de los tribunales.
“En cuanto al delito de privación de libertad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas no se pudo establecer que ese delito porque cuando llegaron los agentes y arrestaron Camila, ellos estaban cumpliendo su deber como policías y la ley dice que cuando alguien esta haciendo desordenes públicos la policía tiene todo el deber de llevárselo, por ese delito quedaron sobreseídos”, dijo la empleada del tribunal a Presentes.
De acuerdo con la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías implicados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
“El agravante de crimen por odio no se tomó en cuenta porque no se estableció, solo el agravante por superioridad porque eran agentes policiales”, afirmó la empleada.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida horas más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Es lamentable, creo que podía ser el primer caso que llegara a juicio con ese agravante de crimen por odio. Lamentablemente en El Salvador los crímenes hacia las LGBTI y en específico hacia la población trans ningún caso había alcanzado la vista pública o sentencia”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Desde 1992 hasta la fecha, en El Salvador han sido asesinadas más de 600 mujeres trans.
“Voy a esperar a ver qué pasa en la etapa de sentencia si son condenados o no. Le pediría al juez que no es justo que ellos queden en libertad, existen pruebas y seria injusto que quedaran en libertad burlándose de la justicia y quizá cometiendo lo mismos crímenes con otras personas”.
Camila Díaz Córdova había huido y solicitado asilo en Estados Unidos en 2017 por constantes amenazas de pandillas, sin embargo, su petición de asilo fue rechazada por las autoridades y fue deportada al país centroamericano ese mismo año.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Impresionante y emotivo recuerdo de Camila. Necesario leerlo, necesario orarlo, necesario reclamarlo. Basta ya de odio tránsfobo.
Por Paula Rosales y Nelson Rentería
Fotos: PR y VF
Poco antes de las seis de la tarde del miércoles 30 de enero, Camila Aurora Díaz Córdova se colgó el bolso al hombro y dejó su casa para otra noche de trabajo sexual en la misma calle donde lo ejerció durante doce años, al norte de San Salvador. Caminó con desgano y tristeza: llevaba mucho tiempo intentando cambiar su vida. Había buscado otras ocupaciones para sobrevivir sin exponerse a las amenazas de las pandillas y de la policía. Había denunciado ante la justicia la discriminación y la persecución por ser una mujer trans. Había intentado vivir en otras ciudades y países. Había pedido asilo en Estados Unidos y la habían deportado. Las cosas se habían puesto cada vez más difíciles.
“Aquí ando ya, en estas calles horrendas y fatales. Aquí ando, ni modo”, le dijo por mensaje de Whatsapp a una amiga, como si supiera lo que le esperaba. Esa madrugada, Camila fue torturada y asesinada. Tenía 29 años, seis menos que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina. Sus verdugos quisieron esconder el hecho pero las marcas de su cuerpo hablaron por ella. Por el homicidio, tres policías, Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales están detenidos y pueden llegar a ser los primeros condenados por un crimen de odio en El Salvador. Es el primer caso que se judicializa como tal a pesar de que desde 2017 han asesinado a al menos 22 mujeres trans, según cifras de la Federación Salvadoreña LGBTI.
Fany es una perrita que perteneció a Camila. Cuando emigró por primera vez a México la llevó a casa de su mamá. Fotografía de Virginia Flores
Camila nació el 9 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Segunda hija de la pareja de feligreses de una iglesia cristiana, creció en un pequeño poblado escondido al sudeste del valle de Jiboa. Ahí su familia se dedica al cultivo de maíz, frijoles, piña y caña de azúcar. Sus padres, Edith Córdova y Lino Díaz no pudieron asentarla en los registros de esa alcaldía porque dos días después de que Camila naciera, estalló la ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su intento por hacerse del poder.
Su mamá recuerda que a pesar de las humillaciones que sufrió en el pueblo, cuando los vecinos reaccionaron a los primeros gestos femeninos de su transición con burlas y rumores, su hija nunca perdió el buen humor: “Si lo ofendían, no decía nada. Nunca le faltaba el respeto a los demás”, contó su madre a Presentes.
La discriminación y el acoso es moneda corriente para las personas LGBTI en estos pequeños poblados de El Salvador, donde el machismo y las ideas religiosas radicales están extendidas. No hay espacio para las personas que no se definen como hombres o mujeres.
La falta de tolerancia se traduce en violencias cotidianas. Y ellas, en un deterioro de la salud mental que a veces desencadena en suicidio. Así lo indican los números de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador. Presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona LGBTI que se suicidó.
Camila no estuvo exenta de este calvario. Su mamá intentó hacerla cambiar de opinión sobre su identidad de género. Cuando Camila cumplió los 18 años, quiso que se presentara a servir al comando de Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño. Camila se negó rotundamente. La presión fue tal que no le quedó otro camino: enlistarse y vestir ropa de fajina.
Camila y Kelly Díaz siempre mantuvieron una relación muy cercana
Su mamá Edith acepta que al principio no podía “consentir” la conducta de su hija, porque iba “en contra de los designios de Dios”. Ahora se arrepiente de aquella actitud y de no haber intentado siquiera aceptar que Camila tenía el derecho de ser quien ella quisiera.
Camila permaneció durante tres meses en la Fuerza Armada y recibió el adiestramiento. Hasta que un día, hastiada de la vida castrense, se negó a realizar el juramento que la convertiría en soldado. Así concluyó su experiencia militar, en 2007. Entonces Camila pensó que Santa María Ostuma no era el mejor lugar para vivir y se mudó a la capital, San Salvador.
La vida en la ciudad, la persecución de las pandillas
En la capital, un primo la recibió en su casa y la bautizó con el nombre de Daniela. Fue la primera vez que le asignaron un nombre femenino. Ese modo de nombrarla fue mucho más que simbólico. A partir de entonces, ella dejó crecer su cabello, lo tiñó de rubio y expresó su identidad de género.
Aunque se sentía más libre, su situación no mejoró. Ahí tampoco encontró un empleo digno. Para sobrevivir debió ejercer por primera vez el trabajo sexual en las calles. Su primo empezó a controlarla y a violentarla. Las rabietas se transformaron en golpes, maltratos y ropa quemada. Hasta que la echó de la casa.
Camila buscó refugio con otras mujeres trans. A Virginia Flores y Mónica Elizondo las había conocido durante las fiestas patronales de San Salvador. Ella no sabía dónde vivíamos, sólo que en la colonia Zacamil, no sabía prácticamente nada de los lugares de San Salvador. No tocó la puerta. Cuando mi pareja iba para el trabajo, me dijo “fíjate que allá afuera hay una persona acostada”, yo salí a ver y la encontré”- contó Virginia Flores a Presentes.
Mónica y Virginia la acogieron en un apartamento diminuto, en un edificio del complejo de multifamiliares de la colonia Zacamil. Sus nuevas amigas la rebautizaron Camila Aurora.
Lo que siguió fue una secuencia de cambios de direcciones, ausencias, migraciones, desplazamientos, escapes, acosos y la misma búsqueda a cada paso: intentar una vida tranquila.
Camila y Virginia cumplen años con una semana de diferencia. La imagen fue la última celebración juntas. Fotografía de Virginia Flores
Su amiga Mónica, de 35 años, quería lo mismo. Ya la habían amenazado y tiroteado su casa. Mónica decidió dejar la vivienda en la colonia Montreal. El 20 de mayo de 2011 volvió a la casa, quería limpiar y controlar que estuviera en orden. La asesinaron mientras se desplazaba al interior de la ruta 47. Según versiones policiales, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), los mismos que la habían amenazado, le dispararon varias veces.
Aquel año Camila se fue a vivir con su hermana Kelly en una colonia del municipio de Ilopango. Una noche, cuando ellas estaban descansando, otros pandilleros que controlaban la zona, tocaron a su puerta. Llegaron con el pretexto de “conversar” con Camila. Tras varios golpes, subieron al techo de la casa para intentar romperlo y entrar por un hueco. Camila y su hermana comenzaron a recitar los versos del Salmo 91, colgado en una de las paredes.
No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada/Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.
“Comencé a orar de rodillas para que los hombres se fueran. Los golpes eran intensos, pero Dios nos hizo el milagro, se cansaron y se fueron. No recuerdo nada más porque me desmayé del miedo”, dijo a Presentes Kelly Díaz Córdoba.
Días después, los pandilleros regresaron a la vivienda cuando las hermanas no estaban y destruyeron sus pocas pertenencias. El colchón de la cama de Camila quedó lleno de agujeros hechos a punta de cuchillo. Ellas decidieron regresar a su casa natal, en Santa María Ostuma. Antes tuvieron que pagar al dueño de la casa por los daños de los pandilleros.
Las amenazas que nadie atendió
Camila quiso volver a la capital, sólo para reafirmar que nada había cambiado. Las amenazas de muerte fueron una constante. A raíz de ellas, el 27 agosto de 2015 interpuso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) contra otros pandilleros identificados por sus alias: Coqui, Gasper y Travieso. Según la denuncia, estos tres pandilleros del Barrio 18 le dieron quince días para pagar la extorsión que cobran a las trabajadoras sexuales por utilizar sus territorios. De lo contrario debían abandonar la calle Celis, al este de la capital.
Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por su servicio. La pandilla le exige 10 dólares semanales por trabajar en su territorio, según pudo averiguar Presentes. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”. Así llaman a las golpizas que infringen para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres siguen sin pagar, pueden ser asesinadas.
De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.
Altar elaborado por la organización CRISTOSAL en conmemoración de las personas LGBTI asesinadas en Centroaméricaj
Después de hacer la denuncia, Camila recibió una hoja con el número del caso 5339. La investigación no prosperó. Su acusación pasó a formar parte de una montaña de pendientes en la institución de seguridad pública. De acuerdo a estadísticas de la Policía, en 2015 recibieron 2.242 denuncias de extorsión a nivel nacional.
Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI señalan que también puede existir rivalidad entre las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual. La situación se agrava cuando mujeres trans tienen contactos y relaciones con miembros de pandillas. Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad.
El Informe “Basta de Genocidio Trans” -realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans- destaca que esta población denuncia en reiteradas oportunidades la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía. El informe habla de extorsiones, abusos, golpes y exhibiciones para ridiculizarlas en videos grabados por los mismos agentes.
Migración y pedido de asilo
Hastiadas de la violencia en El Salvador, cinco mujeres trans- Camila Díaz, Virginia Flores, Alejandra Barrera, Diana López y una chica identificada como Arely- empacaron sus escasas pertenencias y abordaron el autobús que las llevó a la frontera norte entre Guatemala y México.
El lunes 7 de marzo de 2016, las cinco treparon a una improvisada balsa construida con neumáticos y tablas, y cruzaron el río Suchiate, que divide ambos países. Para el grupo migrante Camila era una guía. En 2015 ya había recorrido la ruta y había conseguido asilo humanitario en México.
Cuatro días después de arribar a Tapachula (México), fueron atacadas por otras migrantes trans, a quienes ellas identificaron como hondureñas. Según sus testimonios, intentaron asaltarlas, las golpearon y les advirtieron que se largaran de sus territorios, era su lugar de trabajo.
Tras interponer la denuncia en la fiscalía del migrante, el grupo se desintegró. Camila decidió establecerse por unos meses en la Ciudad de México. Pero al final volvió a El Salvador.
Camila Díaz y Mónica Elizondo en la última marcha contra la transfobia a la que asistieron juntas. Ambas fueron asesinadas. Fotografía: Virginia Flores.
En febrero de 2017, Camila intentó una vez más cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos. Le llevó seis meses recorrer los más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la frontera de Tijuana. Allí vivió en el albergue “El Jardín de las Mariposas”, un centro exclusivo para la población LGBTI migrante. Durante su estancia trabajó limpiando casas, cuidando ancianos y en una maquila de ropa.
El 8 de agosto de 2017 cruzó el punto fronterizo de México de Estados Unidos, se entregó a las autoridades estadounidenses y solicitó asilo humanitario. Llevaba todas las pruebas de las agresiones y las denuncias por amenazas de muerte. Su petición se registró con el código A213-086-226 y fue recluida durante tres meses en CoreCivic o Corrections Corporation of America en San Diego, California.
La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.
Camila fue retornada a El Salvador en noviembre de 2017. Su trámite de asilo quedó incompleto al firmar su orden de deportación. De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por Presentes, fue engañada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes la obligaron a firmar un supuesto documento médico, cuyo contenido estaba en inglés.
“Es lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Hemos oído reportes de tortura, abuso, los encierran en congeladores y también hemos oído casos en que han presionado a las personas a firmar papeles de deportación, les han dicho que van a reunificarlos con sus familias. En el caso de Camila, sabemos que le dijeron que le darían atención médica y no era verdad”, dijo a Presentes Maritza Martínez, directora ejecutiva de Somos Familia, una organización no gubernamental que apoya a la población LGBTI en Estados Unidos. Presentes solicitó la versión de ICE por medio de correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
En el documento de deportación, al cual Presentes tuvo acceso, ICE estableció que Camila no proporcionó una dirección válida en Estados Unidos donde residiría mientras esperaba que una juez de migración resolviera su petición de asilo. También adujo que Camila “no mostró tener vínculos sustanciales con la comunidad en el país del norte”.
Camila no tenía familiares en Estados Unidos que la recibieran. Pero mantuvo la esperanza que alguna organización internacional de mujeres trans migrantes conociera su caso y la apoyaran. Tampoco sucedió. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Estados Unidos deportó en 2017 a 14.902 personas migrantes. Una de ellas era Camila.
De regreso en El Salvador, cambió de trabajo. Encontró una oportunidad en una modesta venta de pupusas (comida típica del país) cerca del centro de la capital. Estaba a cargo de la limpieza, atendía clientes y ayudaba en la cocina. Quiso emprender un negocio propio y buscó el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero los trámites engorrosos la hicieron desistir. Volvió al trabajo sexual en las calles
Las últimas horas de Camila
El día en que Camila murió sola en un hospital luego de ser torturada, tenía planeado pasarlo en la casa de su madre. Era el domingo electoral. Esos cuatro días antes había ido a trabajar con la idea de juntar el dinero para el viaje. Cuando llegó a la zona, enfiló hasta una caseta de vigilancia privada. Un centinela le hacía el favor de prestarle el lugar para cambiarse de ropa. Cuando estuvo lista, caminó hasta la 27 avenida norte de San Salvador, una arteria que por las noches es solitaria, mal iluminada y poco transitada. Esparcidas por diferentes aceras se puede observar a varias mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. En las calles aledañas, los negocios de venta de repuestos para automóviles lucen cerrados y llenos de grafitis. Solo brillan los semáforos, los anuncios comerciales y las luces neón de uno que otro club nudista.
La policía dijo que a las tres de la madrugada del jueves 31 de enero el sistema de emergencias 911 recibió una alerta anónima sobre un caso de “desorden en la vía pública”. Según el reporte, una persona estaba dañando unas plantas ornamentales de una agencia bancaria, en la 23 avenida norte de San Salvador.
Los oficiales Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron hacía allí en la patrulla 01-3937. Al llegar, los agentes observaron que la persona reportada ya estaba esposada. Era Camila.
Horas antes de la detención, Camila había sido vista en el restaurante Los Chicharrones, bebiendo cerveza con otra mujer trans. Esto es en la “Zona Real”, área de cervecerías y clubes, que las autoridades consideran de “alta incidencia delincuencial”.
Más tarde, Camila anduvo por la 23 avenida norte. En el expediente consta que esa madrugada, Camila parecía alterada, desorientada, estaba descalza y llevaba el vestido negro levantado, dejando entrever su ropa interior roja.
Testigos dijeron que se asombraron al observar que los policías la golpearon, sin que ella se pudiera defender o proteger, porque se encontraba hincada y esposada por la espalda.
“Pobrecita, ahí la agarraron todos y la golpearon. La verguearon, la subieron al pickup y ahí la tuvieron”, contó a Presentes una de las personas que vió la escena y pidió se resguardara su nombre.
A las 3:23 de la madrugada, el oficial Jaime Geovany Mendoza encendió la patrulla y sus compañeros Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron de pie en los costados de la parte trasera del vehículo. Camila iba acostada en la cama en medio de los dos.
Una serie de vídeos incautados por la Fiscalía muestran el recorrido de la patrulla por diferentes calles de la zona norte de San Salvador, incluso fuera del rango de su jurisdicción asignada. Cuando llegaron a la prolongación del bulevar Constitución, sobre el kilómetro cinco y medio, los oficiales lanzaron a Camila del vehículo en marcha. Luego regresaron a la base del sistema de emergencias 911. Según la Fiscalía, los oficiales sabían que era un punto ciego. Los videos de las cámaras captan el momento en que la patrulla regresa a la base del 911 y solo lleva de ocupantes a los agentes. Al volver, no reportaron ninguna novedad en la bitácora.
Alrededor de las cuatro de la mañana, una ambulancia del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) trasladó a Camila Díaz Córdova hacia el hospital nacional Rosales para que fuera atendida por graves lesiones. Camila ingresó como una persona no identificada.
La amiga de Camila, Virginia Flores, se había comunicado por última vez con ella a las 9:07 de la noche del 30 de enero. Se preocupó cuando unos familiares le avisaron que Camila no había llegado a dormir. Tampoco respondía las llamadas ni los mensajes. Virginia fue a la policía, al forense instituto de Medicina Legal y a centros médicos. En cada lugar, mostraba el retrato de su amiga con la esperanza de encontrarla.
Ocho días después de la desaparición, una doctora del Hospital Rosales la reconoció en la foto. Le dijo a Virginia que buscara el cuerpo de su amiga en Medicina Legal. Había fallecido días atrás en el nosocomio, sola, en la mañana del domingo 3 de febrero, el día de las elecciones.
El cuerpo que habla
El examen forense determinó que la muerte de Camila fue provocada por lesiones contundentes. Su rostro tenía golpes en la boca, frente y ojos. Su espalda presentaba en el lado derecho, una herida profunda. El glúteo derecho quedó desprendido apenas colgaba por un hilo de piel. El antebrazo izquierdo estaba partido en dos y sus órganos vitales del abdomen habían sufrido lesiones traumáticas severas.
La fiscalía aseguró a Presentes que el peritaje forense determinó que las lesiones de Camila fueron causadas por contundentes golpes hechos durante el recorrido de la patrulla. También confirmó que fue lanzada a la carretera desde el automóvil en movimiento.
La fiscal del caso, Gisela Meléndez, dijo a Presentes que Camila recibió “fuertes golpes mortales en su abdomen” y descartó que las lesiones correspondan a un atropellamiento, como se investigó en un principio.
Pese a que la fiscalía no ha logrado establecer una motivación de los policías para cometer el hecho, considera que hay elementos suficientes para sostener que el asesinato fue motivado por el odio a su identidad y expresión de género. “Un móvil específico no tenemos. Pero hay varios casos en contra de agentes policiales que se exceden del poder”, dijo a Presentes la fiscal Meléndez. La Fiscalía no encontró indicios de que Camila Díaz fuera parte de bandas de criminales ni de que hubiera cometido de delitos.
Violencia institucional en El Salvador
La Policía Nacional Civil de El Salvador fue conformada después de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992). La nueva institución suponía dejar atrás las prácticas represivas y de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, previo y durante el conflicto.
Pero en sus 27 años de funcionamiento, la policía no ha estado exenta de señalamientos de violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, brutalidad y ejecuciones extralegales durante su operativos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó que miembros de la policía cometieron un total de 116 ejecuciones extralegales con lujo de barbarie entre 2014 y 2018. Algunas de las víctimas no eran pandilleros.
“La PDDH concluyó que la pérdida de la vida a manos de agentes del Estado es una lamentable realidad en El Salvador. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada parece una práctica sistemática que muchos agentes actúen por su cuenta e incumplan su obligación de desarrollar su labor dentro del marco legal”, dice el informe presentado en agosto de 2019.
Para la académica y especialista en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, la investigación de la PDDH también constató que existió un patrón de actuación en los casos documentados, que permitió la identificación previa de la víctima, planificación previa de asesinatos y un esquema de encubrimiento que trascendía a los mismos perpetradores. Para Aguilar, el caso de Camila también siguió ese patrón.
Presentes solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el Director de la Policía, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de la nota no fue concedida por la dirección de prensa.
Los imputados y más amenazas
Hasta el momento, hay tres imputados detenidos por el asesinato de Camila.
El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: Ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.
El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.
El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.
La Fiscalía los acusa por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado de Camila. La pena máxima por ambos delitos podría llegar hasta 60 años. Puede ser el primer caso en El Salvador en ser juzgado y condenado como delito motivado por el odio a la identidad ,expresión de género y orientación sexual.
Esto es posible porque en 2015 el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.
“Esperamos que se haga justicia, estamos garantizando los derechos de nuestros representados y pues si ellos son culpables o no, es un juez de sentencia que lo va determinar en un fallo”, expresó a la prensa Pablo Cruz, abogado defensor de los policías.
Tras la captura de los policías el 1 julio de 2019 y la siguiente investigación del caso de Camila, Presentes conoció testimonios de personas que han sido acosadas y amenazadas por supuestos agentes, los motivan a ir a declarar a favor de los oficiales imputados.
“Creo que este caso muestra el deterioro que la actualización policial ha tenido en los últimos años en términos del irrespeto a la vida de grupos vulnerables, el margen de impunidad con el que tienden a actuar, la criminalización también de grupos vulnerables, en este caso una mujer trans que fue vapuleada dentro del vehículo policial y que es abandonada precisamente para simular la ejecución por parte de terceros¨, dijo Jeannette Aguilar a Presentes.
Familiares de Camila también recibieron llamadas por teléfono de una persona que se identificó como supuesto pariente de uno de los agentes detenidos, con el fin de reunirse con ellos para “llegar a algún acuerdo”.
En la llamada, la persona le aseguró a la familia que también “yahabían hablado con personas así como era su hijo (mujer trans)”. Tanto la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están enterados de estas llamadas, según pudo atestiguar Presentes.
Aunque Jeannette Aguilar no se refirió al caso particular de Camila Díaz, aseguró que la intimidación es una práctica habitual para buscar la impunidad en casos donde son señalados agentes policiales. “Habitualmente la ejecución extralegal iba acompañada, no solo de un esquema para garantizar impunidad, sino también de un esquema de amedrentamiento, de asedio, de amenazas sistemáticas a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares por parte de los mismos perpetradores o de otros elementos policiales para disuadir a las víctimas de que retiraran la denuncia”, dijo Aguilar.
Presentes consultó a la Fiscalía si es posible que la institución policial hubiese alertado a los agentes sobre la investigación en su contra, debido a la salida del país de Luis Alfredo Avelar. El policía emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. “Aun cuando investigamos al mismo cuerpo policial, lo hacemos de la mano con ellos y de alguna manera, ellos se enteran si se les está investigando por algún delito”, dijo la fiscal.
El 14 de agosto de 2019, la unidad de asuntos internos de la Policía envió una carta al juzgado quinto de instrucción para informar que la licencia del software del aparato de extracción UFED Cellebrite está vencida. Por ese motivo no se ha realizado la extracción de la información contenida en los celulares incautados a los tres agentes detenidos.
El UFED Cellebrite es un dispositivo para la extracción y decodificación de información almacenada, oculta o eliminada de dispositivos móviles y aplicaciones. Presentes solicitó información al personal de prensa de la policía sobre el vencimiento del software de extracción, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
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La tumba de Camila Aurora Díaz Córdova yace de espaldas frente a un paisaje sacado de una estampa. El volcán Chinchontepec luce imponente, rodeado de cultivos de caña de azúcar. El pequeño cementerio del municipio de Santa María Ostuma permanece siempre cerrado, para poder ingresar hay que solicitar la llave a un encargado y por ahora no está disponible. Pero esa no fue razón suficiente para que el 9 de noviembre de 2019 Edith Córdova y Virginia Flores se colaran por un hueco en la malla e ingresaran al campo santo. Con lágrimas en los ojos, dejan una ofrenda floral sobre su mausoleo. Ese día Camilia hubiera cumplido 30 años.
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El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
La llegada de las pandillas
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Información oficial
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
“Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Pagos semanales y palizas
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
Menos crímenes, menos derechos
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
Denuncias contra soldados y policías
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
Desamparo legal de personas LGBTI+
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Trans acusadas de pandilleras
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
Comentarios desactivados en Cómo es la vida de una adolescente trans en El Salvador
Scarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.
SAN SALVADOR, El Salvador. El confinamiento obligatorio por la COVID-19 en El Salvador fue para la adolescente Henríquez una oportunidad para reflexionar sobre su identidad hasta entonces reprimida. Todo el tiempo que tuvo para pensar permitió que la decidiera a mostrar al mundo con su expresión femenina. De ahora en adelante se llamaría Scarleth Camila.
Con las clases escolares suspendidas y otras actividades limitadas, Scarleth Camila Henríquez dedicó la mayor parte de 2020 a buscar información en su teléfono móvil sobre cómo definir la identidad que sentía desde pequeña. En la popular red social TikTok encontró variados contenidos de adolescentes trans que respondieron la mayoría de las inquietudes que tenía en ese momento.
Una mujer alta y delgada
“Pienso que si la pandemia no hubiera pasado yo todavía estuviera reprimida. La pandemia me ayudó un montón porque yo estaba en mi casa, nadie salía. Yo publicaba lo que quería y no tenía comentarios negativos. Los que tenía por redes sociales los borraba y ya”, expresó a Presentes la joven de 16 años de edad.
Pese a la resistencia y negativa de su familia, siempre se imaginó como una mujer alta y delgada: “es lo que soy ahora”, dijo orgullosa.
Dice que la música de la neoyorquina Lady Gaga le recuerda momentos felices de su infancia, por sus letras con mensajes de exaltación y aceptación de la diversidad. Asegura que sus canciones son como himnos que la acompañan en la transición hacia su identidad femenina.
También utilizó las redes sociales para expresar públicamente su deseo de iniciar la adopción de la identidad, que tuvo que postergar desde la niñez. Las reacciones de su familia trataban de hacerla desistir. Pero la decisión de Scarleth era inamovible.
“Mi familia reaccionó mal. Me dijeron que estaba confundida, que era una etapa de la edad, que cuando estuviera más grande iba a cambiar, que probara a una mujer para que no sintiera confusión, y que por ley me tenían que gustar las mujeres”, recordó.
Transicionar en un país conservador
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y cristiana de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
En 2018, fue presentado al Congreso el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En 2021 fue archivado por las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas. Lo justificaron diciendo que era una propuesta obsoleta y que no respondía a la realidad del país. Ese mismo año se entregó nuevamente una adaptación de la propuesta, pero aún no se ha discutido en la comisión correspondiente.
Para Scarleth, contar con una Ley de Identidad de Género es esencial para el desarrollo de su vida. Durante la XII marcha contra la transfobia, ella preparó un cartel y recorrió las calles de la capital exigiendo su pronta aprobación.
“La ley de identidad es importante porque somos ciudadanas, ciudadanos, valemos en El Salvador. Todas mis amigas trans, hermanos trans pagan impuestos y no valen sus derechos”, señaló Scarleth en la primera marcha que participaba en su vida.
“Creo que ahora está cambiando la mentalidad de las personas porque hay más visibilidad, pero falta mucho que recorrer. La ley de identidad sería un gran boom para nosotras porque no nos discriminaran en los trabajos o escuelas”, recalcó la adolescente.
Además de luchar por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, la joven está comprometida con la causa de la despenalización del aborto en un país con una de las leyes más duras en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Pronombre, transición y familia
Para Scarleth, contar con el apoyo de su familia es vital para continuar su proceso de transición. Vive junto a su mamá y hermano mayor. Pese a tener valores religiosos muy profundos, la mamá de Scarleth la apoya con condicionantes de vestimenta. Su transición ha sido apoyada principalmente por su papá, a quién visita regularmente.
“A mi mamá se lo dije por WhatsApp a los 14 años, cuando vi todo el empoderamiento LGBT pensé que era el momento y lo hice. Mi papá me dijo que me iba a amar tal y como yo fuera siempre. Mi mamá no lo tomó muy bien por su religión, me dijo que me acepta pero que respetara la casa y no fuera a llegar en falda”, recordó Scarleth.
Para muchas personas LGBTI sus familias se convierten en los principales violentadores. Las discriminan y las expulsan de sus hogares por causa de su identidad, orientación y expresión, provocando afectaciones psicosociales irreversibles en muchos casos.
El rol de las familias
El informe “Condiciones actuales de la población LGBTI 2020 – 2021”, elaborado por Comcavis Trans, refleja que el 56 por ciento de un total de 244 personas encuestadas, sufrieron desplazamiento forzado interno por amenazas de las violentas pandillas que aún dominan las comunidades.
Con la transición Scarleth pidió que su familia la llamaran por el pronombre femenino, pero aún no lo usan con la frecuencia que a ella le gustaría. El Salvador no cuenta con políticas públicas para evitar la discriminación de las personas LGBTI, la negativa al uso de pronombres acordes a su identidad ha provocado violencias en los centros de estudio, sanatorios y oficinas del Estado que se resisten a respetarles.
“Todo mi camino trans ha sido sola, creo que si me acompañara mi familia sería más fácil. Yo creo que mi vida ha sido super fácil, en cambio otras personas trans las sacan de sus casas y tienen que buscar donde vivir, trabajar. Es feo no tener información sobre salud trans”, dijo Scarleth.
“Siempre tomo lo positivo de la vida. Yo siento que mi vida es privilegiada, a otras las sacan de sus casas, las golpean sus mismos padres por el machismo que existe”, agregó.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra personas LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
Escuela sin protocolo de atención a población LGBTI
El artículo dos de la Ley General de educación de El Salvador establece que la normativa, de estricto cumplimiento, debe promover el respeto a los derechos humanos e insta a combatir todo espíritu de intolerancia y odio en las instalaciones educativas, sin embargo, la práctica está alejada de este mandato.
Scarleth tuvo que abandonar los estudios en 2018 debido a discriminación del resto de estudiantes. Se refugió en su casa durante un año hasta que retomó las clases presenciales en 2019 y virtuales en 2020 durante la cuarentena obligatoria de la pandemia.
De acuerdo a “Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050 y los censos de educación” unos 31 mil estudiantes no fueron matriculados el mismo año que Scarleth se retiró.
Desde que inició el año escolar de 2021, las clases fueron híbridas entre presencial y virtual. Scarleth ha tenido que asistir a clases con uniforme masculino y es nombrada con el nombre asignado al nacer, también pidió a los maestros que la llamaran por su pronombre femenino, pero no tuvo recepción su solicitud.
“Me gustaría que existiera una ley de identidad de género porque en la escuela hablé que mi pronombre y mi nombre me los tenían que respetar porque no voy a hacer ni la primera ni la última trans que esté en la escuela. Hace unos años hubo dos trans en mi escuela y una de ellas fue súper buleada”, dijo Scarleth.
Una ley por la educación
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“En la escuela he sentido gran apoyo de mis compañeras y compañeros a pesar que hay personas que son transfóbicas, pero no me junto con ellos”, señaló Scarleth.
Presentes consultó a comunicaciones del Ministerio de Educación, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
Una semilla de Marsha P Johnson
Scarleth quiere ser abogada para defender a personas vulneradas. Desea escribir un libro con sus memorias. Espera con ansias tomar clases de guitarra, del idioma inglés, concluir sus estudios, trabajar y adoptar un bebé. Cree fervientemente que la sociedad salvadoreña cambiará y será más tolerante con las identidades y orientaciones disidentes.
“Yo en el futuro no me quiero ver en la calle y que alguien me mate solo por ser trans. Yo siento que ahorita socialmente está cambiando, cuando salgo a las calles no escucho comentarios transfóbicos, que obviamente existen, pero en mi experiencia no. Siento que quiero seguir el camino que inició Marsha P Johnson, ella me inspira”, puntualizó Scarleth.
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.
En 2021 COMCAVIS Trans reportó siete asesinatos en contra de la población LGBTI: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gays.
🌎🏳️🌈🏳️⚧️#Cobertura
🇸🇻📢🌈El Salvador marchó x el #OrgulloLGBT
💥El cierre de la dirección de diversidad, el desmantelamiento de mesas de trabajo y la negativa de tratar la Ley de identidad de género fueron algunas de las consignas.
Comentarios desactivados en Encontraron asesinada a Alexa, la joven trans desaparecida desde diciembre en El Salvador
La joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.
Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.
De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.
Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.
El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.
“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.
Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.
“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.
El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.
@Director_PNC Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas; quien en fecha 11/12/2021 en Quezaltepeque, privó de libertad al joven Gerardo Alexander Valle Landaverde, conocido como Alexa. https://t.co/OAGd9mAyG6pic.twitter.com/AMFkd9AXdk
“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.
De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.
“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.
Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición
Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.
La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.
“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.
La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.
Agravante de odio no se aplica a las sentencias
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.
Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán”no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.
Comentarios desactivados en Cuatro hombres atacaron a Rebeca Lara, trans hondureña de 59 años: heridas profundas y varias costillas rotas
Rebeca Lara, mujer trans de 59 años, se está recuperando de los golpes que recibió el 29 de abril.
Rebeca Lara, mujer trans de 59 años, se está recuperando de los golpes que recibió el 29 de abril. La atacaron cuatro hombres en el Municipio de Santa Bárbara, al oeste de Honduras. El ataque fue a la diez de la noche en pleno centro de la ciudad cuando ella intentó defender a mujeres que estaban siendo asediadas.
Entre las mujeres se hallaba una amiga suya, a quien Rebeca le aconsejó que no se fuera con ellos. “Les hablé quedito, sin que se dieran cuenta. Vámonos de aquí, dije, porque a esos hombres no los miro muy buenos”, dice Rebeca a Presentes.
Rebeca y su amiga empezar a caminar y los hombres comenzaron a seguirlas en una camioneta. En un momento, una patrulla policial se atravesó en el camino para interrogarlos pero luego siguió de largo. Los hombres continuaron con el asedio.
“Cuando menos acordé ya estaban encima los cuatro y me golpearon toda y dicen que la policía me llevó al hospital”, cuenta Rebeca.
Los golpes le dejaron heridas profundas y hematomas y le rompieron varias costillas. Rebeca fue trasladada por agentes policiales al hospital para que la atendieran de sus graves lesiones.
“Tengo golpeado el pecho, el ojo morado y unos puntos en la quijada. El brazo lo tengo raspado”, dice Rebeca.
Esta es la segunda vez que Rebeca recibe una golpiza. La primera fue hace años, cuando la asaltaron.
“La auxiliamos y se le dio atención médica. Estamos en proceso de ver el caso. No se ha logrado determinar si los atacantes eran de Santa Bárbara o fuera de aquí”, explica a Presentes el subcomisionado de la Policía Nacional de Honduras asignado al departamento de Santa Bárbara, Daniel Molina.
Según Molina, la policía asignó el caso a un agente y se inició una investigación de oficio para lograr determinar las personas que atacaron a Rebeca.
Por otra parte, la asociación de mujeres trans ‘Muñecas de Arcoiris’ dijeron que en Santa Bárbara no hay asociaciones LGBTI para atender a Rebeca, pero que están trabajando para ofrecerle asistencia.
Además denunciaron a los medios de comunicación por la forma en que se abordó la noticia de la golpiza: “Llamamos a los medios de comunicación masiva a respetar la identidad de género de las mujeres trans en Honduras, reconociendo su nombre asumido, haciendo uso del lenguaje inclusivo LGTBI+”.
Querida por su comunidad
“Es muy querida. Es un personaje de la comunidad”, dice a Presentes la amiga de Rebeca, Flor de María García. “Se reúne con grupos de amigos para cantar canciones de Rocío Dúrcal y otras cantantes famosas. También hace mímicas”.
La comunidad la conoce porque Rebeca es una vendedora de ropa usada y lotería. “Nunca imaginamos que le pasaría algo así”, agrega Flor de María, quien considera a Rebeca una persona respetuosa y servicial.
Usuarios de redes sociales y organizaciones también se han pronunciado para condenar el ataque que dejó gravemente herida a la reconocida mujer trans santabarbarense.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el ataque sufrido por Rebecca y pidió a las autoridades hondureñas realizar una investigación sobre los hechos que incluya la hipótesis de crimen de odio por su identidad de género.
“La OACNUDH reafirma su compromiso con las personas LGBTI y reitera el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución y en los tratados de DDHH ratificados por el Estado de Honduras.” escribieron en un tuit.
Crímenes impunes
El ataque contra Rebeca ocurre poco más de un mes después del asesinato de la mujer trans Vanessa Zúniga, quien fue degollada en la ciudad de Tela, en el litoral atlántico de Honduras.
Las agresiones y asesinatos contra personas trans no se detienen. La muerte de Vanessa y la golpiza contra Rebeca se suman a un largo historial de crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ en Honduras.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y uno de una mujer trans.
Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas, de las cuales 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
A la espera de una sentencia clave
Este mes se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.
El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. En los próximos días se hará el anuncio. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia sobre violencia contra personas trans en América Latina y será un referencia para los países de la región.
Falta de derechos y emergencia
A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego fueron deportadxs a Honduras.
El 21 de enero el Congreso Nacional de Honduras prohibió el aborto en cualquier circunstancia al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe la figura de unión libre para la diversidad sexual hondureña. Tampoco se reconocen las uniones celebradas en otros países.
A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattrachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Comentarios desactivados en Exigen que el crimen de Vanessa Zúniga no quede impune: la activista trans hondureña fue degollada
Vanessa Zúniga era trans y trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos. La encontraron degollada el lunes 28 de marzo.
Dunia Orellana, desde San Pedro Sula
Vanessa Zúniga era una trans de 43 años, trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST) y durante el domingo 27 de marzo nadie supo de ella. La hallaron golpeada, semidesnuda y degollada en un solar baldío del puerto de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, al día siguiente, el lunes 28.
Vanessa vivía con su padre y sus hermanas en este municipio. Fueron sus familiares quienes reconocieron su cuerpo el martes 29 en las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula. “El lunes informaron de un cadáver que quedó en ropa interior y que tenía a su lado las pertenencias que andaba, como una camisa y tenis rojos. Estaba en Colonias Unidas, a dos metros del Ministerio Público”, relata a Agencia Presentes el director ejecutivo de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST), Leonel Barahona Medina. “Era Vanessa, que tenía como 24 horas de haber muerto”.
Según un oficial de la Policía Nacional de Honduras, en el caso está trabajando la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Unidad de Homicidios de Personas Pertenecientes a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Vanessa sobrevivía con la venta de artículos a muy pequeña escala y haciendo tareas de limpieza. “Tenía una bicicleta con un troco [especie de carreta] en el que vendía agua y cigarrillos. También lavaba ropa ajena y limpiaba casas”, explica Barahona.
Las autoridades tienen varias hipótesis del hecho, pero en la escena donde fue hallado el cuerpo no lograron encontrar evidencia en las cámaras de seguridad ni testigos presenciales del hecho. “Es un caso bien complicado, pero esperamos obtener más detalles y así darle respuesta”, expresó el oficial a Presentes.
Exigen Justicia al Ministerio Público
El cadáver de la activista trans hondureña permaneció un día en la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, adonde acudió el cuñado de Vanessa para trasladarla al puerto de Tela. “No pudieron velarla”, cuenta para Presentes el director de APREST, Leonel Barahona. “El mismo día que la reconocieron se llevaron el cuerpo a Tela para enterrarlo cerca de las 7:00 PM”.
Las organizaciones LGBTI y de derechos humanos claman por justicia. “Fue un vil asesinato” llamó la Mesa de Acceso a la Justicia LGTB que reúne a 11 organizaciones nacionales, a la muerte de la voluntaria de APREST en un pronunciamiento emitido el 2 de abril. En el comunicado, la Mesa exigió al Ministerio Público que haga “una investigación exhaustiva del asesinato de la defensora de derechos humanos Vanessa Zúniga”.
“Por la forma como la mataron es un crimen de odio”, asegura el defensor de derechos humanos Leo Barahona. “Ella ya había recibido amenazas”.
Condenamos enérgicamente el asesinato de la mujer trans Vanessa Zúniga, quien fue encontrada sin vida, el miércoles 31 de marzo del año en curso, en el Municipio de Tela, Atlántida. pic.twitter.com/je8Johe2wF
Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas. De todas ellas, 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
Siguen matando a trans en Honduras
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes de odio. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y ahora el de Vanessa, el cual es el primero del año registrado contra una mujer trans.
En abril se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el la ejecución de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.
El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia de esta Corte sobre violencia contra personas trans en América Latina y una referencia más, tal como fue la sentencia por el travesticidio/transfemicidio de Diana Sacayán, para los países de la región.
A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.
A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego deportadxs a Honduras.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Comentarios desactivados en “No recuerdo cuántas veces fui abusada”: Mujer trans relata su dura experiencia durante la guerra en El Salvador
Fotos EDH / Jessica Orellana
Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.
Uno de los grandes logros de Nancy es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado. Actualmente tiene 57 años de edad.
Por Jessica Orellana Ene 17, 2021
Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.
“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.
Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.
Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.
“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.
En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado..
“Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.
Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.
“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.
Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz
En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.
El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.
Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.
Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.
Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.
La oenegé Comcavis Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.
De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.
Una lucha reciente
Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.
En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.
“Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.
Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.
“Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.
“Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.
Comentarios desactivados en Así viven 300 personas LGBT+ en la primera caravana migrante hondureña de 2021
Por Dunia Orellana, desde El Florido, frontera Honduras-Guatemala
Cien mujeres trans forman parte de lxs más de 300 personas LGBT+ hondureña que han decidido huir de su país en la caravana migrante que partió de San Pedro Sula la madrugada del viernes 15 de enero de 2021. Todxs se encuentra varadxs en Chiquimula, Guatemala, en espera de que las autoridades de ese país aprueben su paso para llegar a México y luego a su destino en Estados Unidos.
Como los restantes 8.000 integrantes de esta primera caravana migrante de 2021, lxs 300 integrantes de los colectivos LGBTI+ hondureños han padecido por las largas caminatas bajo la lluvia y el frío, los viajes incómodos en pailas de carros y en camiones, además de los garrotazos y golpes de las fuerzas militares hondureñas y guatemaltecas.
Represión militar y policial
En Aguascalientes, adonde fueron llevados supuestamente bajo engaños de personas infiltradas, unos mil migrantes hondureños eran esperados por cientos de militares y policías hondureños armados con tanquetas, fusiles y pistolas. Los soldados tenían órdenes de disparar contra los viajeros si estos se resistían a regresar a Honduras, según un observador de la cooperación internacional.
Entretanto, en El Florido, el verdadero punto de encuentro de la caravana en la frontera entre Honduras y Guatemala, las fuerzas militares de Guatemala respondieron con palos y golpes a la intención de la caravana de pasar por ese país centroamericano para llegar a México.
Mujeres y hombres trans, lesbianas y gays huyen de la desigualdad, la discriminación y la pobreza causada por la profunda desigualdad de la que son víctimas las poblaciones diversas. Los migrantes LGBTI de esta caravana huyen también de la pandemia del COVID-19, así como de los efectos de los huracanes Eta y Iota, que azotaron el país en noviembre de 2020.
Gran parte de la población LGBTI del norte de Honduras perdió sus casas y pertenencias cuando el paso de los dos huracanes destruyó barrios enteros y los enterró bajo toneladas de lodo.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández no ha hecho todo el trabajo que se espera en las zonas perjudicadas por los fenómenos naturales que devastaron el país el año pasado. Hay barrios enteros que siguen ocultos bajo el lodo y adonde no llegan brigadas médicas ni ayuda alimenticia del Gobierno.
Agencia Presentes acompañó a muchas de las chicas trans hondureñas que emprendieron el recorrido con la primera caravana migrante del año.
Transfobia en la caravana
Grupos de personas LGBTI+, en especial mujeres trans y hombres gay con expresión de género femenina, son acosadxs de manera verbal y física durante el recorrido de la caravana, evidenció Agencia Presentes, que acompañó a los 8,000 migrantes hasta la frontera de Honduras y Guatemala.
Un ejemplo de maltrato y discriminación contra los grupos LGBTI+ en la caravana migrante es el caso de Fabiola, de 20 años, quien viajó desde Tegucigalpa para huir de la discriminación y la transfobia.
Durante su trayecto, un hombre abusó de su fuerza al golpear a Fabiola “para quitarla de la fila de hombres”. Presentes observó una serie de insultos verbales y acoso contra las mujeres trans de personas que emplearon palabras como “maricones”, “porrones” y “culeros”, entre otras.
Aunque es la segunda vez que viaja, Fabiola tiene esta vez la esperanza de poder cruzar la frontera, atravesar México y llegar a salvo a Estados Unidos.
Las mujeres trans caminaron cientos de kilómetros para poder llegar a la frontera. Estaban agotadas y tenían los pies llagados. Prefirieron andar a pie en lugar de subirse de jalón en la parte trasera de los carros o trailers porque al treparse en los carros afrontan más peligro y acoso. En caso de subirse en un trailer, nunca lo hacen solas. Lo hacen en grupo para evitar en lo posible la discriminación y las burlas.
Muchas de las mujeres trans no llevaban dinero para el viaje, por lo cual algunas se quedaron rezagadas en el trayecto. Esperaban obtener algunos recursos para seguir el viaje.
“Hemos sufrido discriminación. Vivimos en el departamento de Colón y no nos aceptan tal como somos, nos miran como un fenómeno”, dice a Presentes Salomé, chica trans procedente del litoral atlántico hondureño.
“Cuando uno va a pedir apoyo, lo que hacen es discriminarnos. Después de la pandemia, el trabajo sexual se vino abajo y cada vez tenemos menos recursos para la subsistencia diaria”, expresó una chica trans del municipio de Villanueva que no quiso ser identificada.
Gissele huyó junto con un grupo de chicos del departamento de Nacaome, Valle. No es la primera vez que lo hace, pero tiene fe de que esta vez logrará llegar a Estados Unidos. Espera conseguir sus papeles que la certifiquen legalmente como una mujer. “Nos discriminan, se burlan y no tenemos trabajo”, lamentó.
De 19 años de edad, Danny escapó de su casa porque no podía ser quien es. Su madre no sabe todavía que va rumbo a Estados Unidos y que está enfrentando una serie de retos en Guatemala para llegar a México. Eso no le importa a Danny, quien vive en Santa Bárbara, uno de los departamentos con mayores índices de abusos sexuales y discriminación contra adolescentes y jóvenes.
Honduras es uno de los peores países para ser una persona LGBTIQ+. El Gobierno encabezado durante los últimos ocho años por Juan Orlando Hernández ha paralizado en el Congreso Nacional una ley de identidad de género. Además, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto que las parejas del mismo sexo puedan realizar uniones civiles, pese al trabajo de organizaciones como Cattrachas, Somos CDC, Kukulkán y Oprouce, entre otras.
Agencia Presentes recuerda que “Todos nuestros contenidos son de acceso libre. Para seguir haciendo un periodismo independiente, inclusivo y riguroso necesitamos tu ayuda. Podés colaborar aquí.”
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Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Comentarios desactivados en Procesan a joven lesbiana por defenderse de un ataque policial en El Salvador
Por Stanley Luna, desde El Salvador
Valentina y su pareja fueron detenidas por dos policías en febrero de este año. Los agentes las torturaron durante horas, pero Valentina es acusada de lesionar a un agente por auto defenderse y la Fiscalía General de la República sigue un juicio de lesiones y resistencia contra ella.
Valentina y Fernanda volvían de cenar y se detuvieron a hablar a dos cuadras de su colonia, en departamento occidental de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de San Salvador. Era la noche del 8 de febrero de 2020.
Valentina contó a Present que alzaron un poco la voz y tres hombres encargados de la vigilancia de la colonia donde viven se les acercaron y les dijeron que se tranquilizaran. Luego pasaron a acosarlas con preguntas incómodas.
A las 10:30 de la noche, 15 minutos después de estar con los vigilantes, los policías German Ernesto Ruíz Olano y Cruz Alberto Castro Sánchez llegaron en un pick up policial, según la denuncia fiscal.
Valentina recuerda que los dos policías se bajaron enojados de la patrulla y comenzaron a insultarlas. Fernanda les intentó explicar que estaban por volver a casa, que simplemente hablaban, y que no podían llevárselas detenidas sin ningún motivo, ya que ellas conocían sus derechos.
Estas palabras bastaron para que Ruíz Olano la tirara al suelo, boca abajo, y la esposara. Su compañero Castro Sánchez esposó a Valentina con los brazos atrás de su espalda.
“Yo, como pude, traté de defenderme a mí y traté de defenderla a ella. A ella la tenían en el suelo. La estaba pateando el otro hombre, que es el que mí me está acusando de agresión”, cuenta Valentina.
Los policías las subieron a la cama del pick up y Ruíz Olano les pateó la cara a ambas con sus botas, mientras el otro policía, por 30 minutos, condujo hasta llegar a una delegación policial.
En la delegación, los policías que las capturaron las lanzaron a un suelo de graba, las ataron las celdas y las obligaron a hincarse. Les rociaron agua sucia y fría de una pila, las siguieron golpeando y les tomaron fotografías.
Encerradas e incomunicadas
A las dos les robaron los zapatos. Además, a Valentina le robaron su celular y a Fernanda 22 dólares. Luego las encerraron en una celda en la que convivieron con nueve pandilleras.
Por las pandilleras lograron comer, debido a que, desde su captura hasta el día de la audiencia inicial, no tuvieron comunicación con su familia. Los primeros días tampoco contaron con un abogado, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia.
Valentina recuerda que después de la tortura, sus caras quedaron irreconocibles. Antes del amanecer, fueron trasladas a otra delegación policial en la que esperaron la audiencia por resistirse a la captura. Pero el agente Ruíz Olano también denunció a Valentina por lesiones.
Las mujeres llegaron descalzas a la audiencia del 11 de marzo, con las marcas y lesiones de los golpes en su cuerpo. Las dos quedaron libres y, de todo lo que les robaron, lo único que pudieron recuperar fue parte de los 22 dólares.
Fernanda fue absuelta, pero Valentina sigue todavía en libertad condicional el proceso por resistencia y lesiones. El policía intentó conciliar con $100 dólares a cambio de terminar el caso, pero ella no aceptó. La jueza, entonces, le impuso medidas a cumplir mientras termine el juicio.
Valentina tiene 30 años y Fernanda 26. Nunca antes habían sufrido un ataque lesbofóbico como el de esa noche. Por temor, prefieren no revelar su identidad.
Una denuncia que no avanzó
Angélica María Rivas es la abogada de Valentina y Fernanda. Ella pertenece a la Colectiva Feminista, una organización de mujeres en El Salvador.
En una entrevista con Presentes dijo que desde la defensa se presume que fue uno de los tres vigilantes que se acercó a la pareja el que llamó a la policía para que capturaran a las víctimas.
“Ambas se defendieron, pero como la primera que fue tirada a la cama (del carro) fue Fernanda, la otra compañera tuvo como un poquito más de margen de defenderse. Pero claramente a esto no se le puede llamar lesiones, porque una mujer con su complexión física, imposible que va a golpear a un policía entrenado con armas”, señala.
Rivas acompañó a Valentina y Fernanda a denunciar a los policías en la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo, por los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad por funcionario público. Las víctimas ya lo habían hecho, días después de los hechos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Ana.
A ocho meses de la denuncia, la abogada dice que los agentes todavía no han sido acusados en un juzgado, pero la FGR tiene un año para presentar la acusación.
Una audiencia contra Valentina
El 4 de diciembre es la audiencia de instrucción en la que Valentina es acusada de lesiones y resistencia. Esta audiencia se ha suspendido tres veces. La última suspensión fue a finales de octubre, ya que Rivas le pidió tiempo a la jueza para llegar a un acuerdo que no favorezca al policía, pero que tampoco deje impune la tortura de la pareja.
La FGR, por medio de su unidad de comunicaciones, señaló que Valentina y Fernanda desistirán de continuar la denuncia contra los policías y luego Valentina conciliará con Ruíz Olano en el juzgado.
Esta información es descartada por Rivas, quien aclara que ante la renuencia de Ruíz Olano de que su expediente policial no quede manchado, han hablado sobre la posibilidad de que él retire la denuncia contra Valentina y que la pareja retire la denuncia contra los policías por la salud mental de Valentina. Pero esto todavía no es un acuerdo.
Presentes intentó conocer si la Policía Nacional Civil (PNC) ha abierto una investigación interna contra los agentes, pero no hubo respuesta del encargado de la unidad de comunicaciones de la institución.
El crimen no fue tipificado como un crimen de odio, pero el modo de operar de los acusados fue similar al de los policías Ruíz Olano y Castro Sánchez, pues los condenados detuvieron ilegalmente a Díaz y la golpearon, desde el momento de su captura hasta dejarla tirada en una calle solitaria a las afueras de San Salvador.
El Salvador aún no cuenta con una política criminal, ni con un protocolo para investigar y procesar los crímenes de odio. En noviembre del año pasado, tras los continuos asesinatos de cuatro mujeres trans, la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades procesar y castigar a los responsables.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Comentarios desactivados en Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro
Por Paula Rosales, desde El Salvador
Foto: Portada informe Human Rights Watch (HRW)
Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso, muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).
Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.
“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.
Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemaltecoAlejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.
Huyendo de la pobreza y los altos niveles de violencia, miles de centroamericanos salen de sus países en busca de mejores oportunidades. Desde 2018, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, formaron caravanas de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, muchos perdieron la vida y fueron deportados hacia sus países.
Trump y el rechazo de Estados Unidos
El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.
El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.
Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.
“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.
Sin condena para los crímenes de odio
Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.
Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades.
Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.
“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.
Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.
Comentarios desactivados en Asesinan a mujer trans en El Salvador: activistas reclaman investigación
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.
Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.
“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.
Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.
Trans violentadas por el Estado en El Salvador
El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado.De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.
Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.
El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.
“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.
“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.
La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.
El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.
“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.
Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.
“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.
Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.
“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.
La última noche de Camina
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Los acusados
El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.
El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.
El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.
“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Mujeres trans desplazadas por las pandillas en El Salvador temen por sus vidas
El Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI+ del continente.
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Virginia Flores, mujer trans salvadoreña, está acostumbrada a huir y esconderse para resguardar su vida. Se ha tenido que cambiar por lo menos tres veces de vivienda en los últimos seis años, tiempo en el que sus dos mejores amigas fueron asesinadas: una por las violentas pandillas que operan en el Triángulo Norte de Centroamérica y otra golpeada hasta la muerte por tres policías. Esta última, Camila Díaz, se transformó en un caso emblemático de violencia institucional: por primera vez en El Salvador, tres policías fueron juzgados por el asesinato de una persona trans.
El desplazamiento y la migración forzada han sido su salvación; en dos ocasiones tuvo que salir de El Salvador y dejar toda su vida, familia y hogar. Cuenta a Presentes que esta dinámica se convirtió en el hábito que ella tuvo que adoptar después de ser amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.
De acuerdo al estudio sobre desplazamiento forzado interno de la población LGBTI en El Salvador “Huir y sobrevivir” realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador – COMCAVIS TRANS, se reportó un incremento de 50% en 2019, respecto al 2018.
Los golpes, la discriminación, la falta de acceso a empleo, salud y vivienda digna se convirtieron en la cotidianidad de la vida de Virginia, 34 años. Ella se ha movido entre la precariedad y el miedo a perder lo poco que tiene.
“Me he quedado acá donde estoy actualmente, pero eso no significa que no perciba la discriminación, no perciba esa zozobra y ese temor de la inseguridad, no por el hecho de la inseguridad en general que hay en el país, sino también a esto le sumamos la inseguridad por el hecho de ser una mujer trans y pertenecer a la población LGBTI que eso nos antepone, nos predispone y nos expone a ser más vulnerables”, dijo Virginia a Presentes.
Sin defensa para las personas LGBTI
En 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que ordenaba al Estado salvadoreño reconocer el desplazamiento forzado y tomara medidas de protección efectiva para las victimas y en enero de 2020 el Congreso emitió la “Ley especial de para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno”, pero a la fecha no existe un mecanismo que proteja a las personas LGBTI.
“Tengo temor de ser alcanzada por las garras de la violencia, temor de ser asesinada, porque lo he vivido en carne propia en dos ocasiones muy, pero muy cerquita de mí con el asesinato de mis dos amigas, Mónica y Camila, sin embargo, lo he percibido, lo he tocado y lo he palpado en muchas ocasiones más”, dijo Virginia.
La organización COMCAVIS TRANS registró, de enero a diciembre, un total de 84 denuncias de desplazamiento forzado, frente a los 56 casos del mismo período de 2018 a nivel nacional.
Adicionalmente a las denuncias de desplazamiento forzado, se han documentado ocho casos de necesidad de protección para personas LGBTI deportadas desde México y Estados Unidos.
“Muchas personas no pueden encontrar un lugar seguro dentro del país y no tienen otra opción que la de cruzar una frontera en búsqueda de la protección y de la seguridad que no encuentran en el país”, expresó Elisa Carlacini, jefa oficial nacional de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante la presentación del informe.
Las mujeres trans son las que mayor desplazamiento forzado sufren, COMCAVIS registró 38 denuncias.
“El informe representa estadísticas actualizadas de una población que es afectada gravemente por el desplazamiento forzado interno y que no se ve reflejada en las estadísticas oficiales”, recalcó Elisa Carlacini.
Población violentada que no denuncia por temor a represalias
La población LGBTI en El Salvador no está exenta de las violentas pandillas que operan en todo el país y que controlan territorios para el comercio de drogas y extorsión. El informe registra que en un 62% son sus mayores perpetradores, la Policía Nacional Civil en un 21% y las parejas sentimentales en un 7%.
“Cuando mataron a mi amiga Mónica a ella la asesinaron las pandillas yo tuve que encerrarme en mi casa, yo pasé alrededor de siete a ocho meses encerrada en mi cuarto, yo no salía, yo estaba cayendo en una gran depresión, pasaba con dolores de cabeza, escuchaba ruidos y percibía que ellos (las pandillas) iban a buscarme a mí”, dijo Virginia.
Los tipos de violencia que COMCAVIS TRANS registra en las entrevistas de las victimas son: amenaza directa en un 36%; lesiones personales, extorsión en un 18% respectivamente y violación sexual en un 8%. (Acá faltan datos 80% da)
El Salvador se redujo el número de homicidios 62,5% en los primeros seis meses del año, frente al mismo período del año previo por una mayor presencia de policías y militares en las calles, informó el gobierno.
Según datos oficiales, entre enero y junio de este año, las autoridades registraron 585 homicidios, frente a los 1,561 del año pasado del mismo período.
Los datos de violencia contrastan con la cantidad de denuncias interpuestas, las victimas de desplazamiento forzado interno no denuncian por temor a represalias de sus atacantes, el estudio registro que solamente el 51 por ciento se atrevió a denunciar, mientras el 49 por ciento no lo hizo por desconfiar en las instituciones del Estado.
“A estas alturas de mi vida yo ya no espero nada, al menos no para mí, pero no tengo que ser egoísta y también pienso en las nuevas generaciones, muchas chicas trans que empiezan su etapa de transición y ellas merecen un trato digno, merecen una vida digna, merecen tener asistencia de salud digna, merecen tener un empleo que sea formal, con todas las prestaciones de ley que cualquier ser humano puede tener, tener todos los mismos derechos, creo que todos tenemos los mismos derechos” expresó Virginia.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Lapidaron a una mujer trans en Honduras: tenía 23 años
Por Paula Rosales
Luz Clarita Zúniga, una mujer trans de 23 años de edad, fue lapidada la tarde del viernes 1 de mayo en una de las calles de la costeña ciudad de La Ceiba, en Honduras, por lo que se convierte en el primer crimen de odio durante la crisis sanitaria por coronavirus.
De acuerdo a la policía nacional de Honduras, Luz Clarita estaba en situación de calle y fue atacada después de presuntamente discutir con otra persona en una calle de la ciudad costera, 394 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.
“Las investigaciones preliminares suponen que la muchacha, el joven trans, estaba peleando con otro ciudadano. No le puedo decir por qué, le estoy diciendo, que según la población que lo conocía, es que deambulaba en las calles, estaba en una discusión”, dijo a Presentes Marcos López, de la policía de Honduras.
López confirmó a Presentes que están investigando el asesinato.
“Ya la dirección policial de investigación ya retomó el caso para continuar con las investigaciones para dar con el hechor, con el supuesto responsable del hecho”, agregó.
La Organización Prounión Ceibeña (OPROUCE) condenó el asesinato y exigió justicia para el hecho.
“Una vez más nuestra comunidad transgénera se viste de luto ante otro hecho de violencia escalonada hacia nuestra población vulneralizada. Un crimen basado en género y odio. Luz Clarita se suma así, a una lista interminable de transfeminicidios en nuestro país”, expresaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Nos asesinan por discriminación”
El Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica Cattrachas, ha registrado en 2020 seis crímenes en contra de personas LGBTI, de enero a mayo asesinaron a 4 hombres gay; 1 lesbiana y una mujer trans.
“Ella fue lapidada en La Ceiba. Ella era indigente y casi toda la información que tenemos histórica en el observatorio de gente indigente es que entre indigentes se matan. Es la única persona LGBTI asesinada durante dos meses en Honduras, teníamos cero asesinatos desde que comenzó la pandemia hasta ahora”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización Cattrachas.
En los últimos diez años, las organizaciones reportan unos 317 crímenes por odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes. Del total, 180 son hombres gays, 37 lesbianas y 100 personas trans.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
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Comentarios desactivados en Asesinan a joven gay: dos crímenes de odio a LGBTI+ en una semana en El Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos,
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBT+ asesinada en una semana en la zona oriental de El Salvador. En este país aún no hay víctimas fatales de la pandemia de coronavirus, pero en 2020 ya se documentan al menos tres crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual. Dos de ellas, asesinadas en la última semana.
De acuerdo a testimonios de pobladorxs, Jaime se encontraba departiendo el 15 de marzo junto a otras personas en la Laguna de Olomega, municipio de El Carmen, departamento de La Unión, a 170 kilómetros al sudeste de la capital del país. Fue la ultima vez que lo vieron con vida. “Pobladores de la zona escucharon disparos y al día siguiente encontraron el cadáver de la víctima. El cuerpo sin vida tenía entre diez y doce horas de fallecido, por tanto el levantamiento y las diligencias se realizaron el día 16. Sabemos que Jaime recibió tres disparos”, dijo a Presentes una fuente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos que solicitó reserva.
Jaime se dedicaba a organizar eventos y a crear coreografías para eventos de belleza en diferentes departamentos del país centroamericano. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, era un joven emprendedor que se esforzaba para destacar con su trabajo.
“Jaime era un joven muy trabajador, con todo un mundo para descubrir en nuestro país, que no te da muchas oportunidades y menos siendo miembro de nuestra comunidad LGBTIQ, donde tantas veces se nos margina. Me siento muy mal. Es un asesinato que en verdad me afecta”, dijo a Presentes Edgar Zelaya, diseñador de modas y colega de trabajo de Jaime.
Presentes consultó a la delegación de la policía en el municipio de El Carmen, pero se negaron a responder. No es la primera vez que la institución a cargo de la seguridad pública niega información a este medio.
“La oficina fiscal de La Unión, confirma que el occiso Jaime Natividad Rubio, según la información preliminar recolectada en la escena pertenecía al colectivo LGBTI. La investigación por el momento está centrada en determinar el perfil social de la víctima, para establecer una línea de investigación”, afirmó a Presentes una fuente fiscal.
Dos asesinatos a LGBT+ en una semana
Tita Andrade Umaña
Con el asesinato de Jaime, ya son al menos tres los crímenes de odio hacia personas LGBT+ reportados en El Salvador en lo que va de 2020.
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano.
El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Asesinan y prenden fuego a Tita, trans de 32 años, en El Salvador
Tita Andrade Umaña
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano. Por la autopsia se logró determinar quién era.
Residentes de la zona reportaron un conato de incendio y al verificar hallaron el cuerpo calcinado en un 90 por ciento, de acuerdo al reporte policial de La Unión. La fiscalía general anunció el martes 10 en su cuenta de Twitter que hay una persona detenida, sospechosa de haber cometido el crimen. Aunque en los trámites judiciales, Tita es llamada por su nombre asignado al nacer.
“Se ha decretado detención administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGBTI. El hecho ocurrió el día sábado 7 de marzo en Intipucá, La Unión”, informó la institución. “La detención se hizo efectiva este día a las 15 horas, como resultado de investigación de la fiscalía. Se ha logrado recabar abundante prueba en contra del acusado”, publicó el ente.
«Se desconoce el móvil que originó el homicidio. La causa de la muerte está por determinarse mediante autopsia, ya que la víctima presentaba quemaduras en todo el cuerpo y hasta ahora aún no tenemos el resultado de la autopsia», expresó a la prensa el oficial de servicio de la policía.
Ronald Asael Cáceres Campos,
Tita es la segunda víctima asesinada de la población LGBTI en El Salvador en lo que va de 2020. Las investigaciones de estos crímenes avanzan muy poco en el país. La gran mayoría queda impune debido a investigaciones débiles que no permiten el enjuiciamiento de los responsables.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Tita Andrade Umaña
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele
Por Paula Rosales
La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.
Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.
Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.
El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.
Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.
El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.
“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.
Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.
El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.
“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.
Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).
“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.
Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.
“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.
El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.
Comentarios desactivados en Asesinaron a balazos a una chica trans en el centro de San Salvador: tenía 21 años
Sigue el horror…
Un nuevo crimen hacia la población de mujeres trans de El Salvador se dio a conocer el viernes.
Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años, fue asesinada el jueves 16 de enero en uno de los municipios con mayores índices de violencia en El Salvador. El cuerpo de Briyit Michelle Alas de tan solo 21 años fue encontrado en el reparto Santa Margarita 2 de Ciudad Delgado. La víctima no fue reconocida al instante pues no encontraron sus documentos en la escena, su cuerpo tenía cinco impactos de bala, tres en su tórax, uno detrás de la oreja y uno en el brazo y luego fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, unos ocho kilómetros del centro de la capital. La policía se refirió a todo el tiempo ella en masculino.
Fuentes consultadas por Presentes dijeron que Briyit salió de su casa y luego se dirigió hacia un parque de la capital salvadoreña; ahí fue vista por ultima vez y les expresó a unas amigas que iba camino a la cuadra en donde ejercía el trabajo sexual.
“Desde ayer por la tarde que salió desapareció y ya nadie supo nada más, hasta ahora que lastimosamente la compañera está muerta”, relató a Presentes una defensora de derechos que pidió omitir su identidad por seguridad.
Según una fuente, la familia de Alas fue quien logró identificarla; llevaba varias horas sin reportarse en casa, luego comenzaron a ver circular las fotos del cuerpo sin vida de la joven en redes sociales, constatando que la ropa coincidía con la que la habían visto y el ese mismo día por la noche fueron a la morgue para estar seguras que se trataba de ella.
Este es el primer caso que se registra en el presente año, y se suma a los cientos de casos sin resolver que las organizaciones LGBTQ salvadoreñas tienen contabilizadas y de los cuales son pocos a los que las autoridades salvadoreñas han dado seguimiento.
El centro histórico de San Salvador tiene altos índices de denuncias de personas desaparecidas, robos y asesinatos.
Invisible para las cifras oficiales
A Briyit la asesinaron el mismo día en que el país conmemoraba 28 años de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado. Es la primera vez que el Estado no celebra oficialmente la fecha. El presidente Nayib Bukel anunció ese día que no se reportó ningún homicidio en el país centroamericano. “Podemos confirmar que hemos cerrado el jueves 16 de enero con 0 homicidios a nivel nacional”, publicó Bukele en su cuenta personal de Twitter.
La familia de Alas es de escasos recursos, y solicitó ayuda a las organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres trans, por lo que activistas y organizaciones LGBTQ han puesto de su parte para ayudar con los gastos fúnebres a la familia. Indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población. En muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.
“Fuimos donde la familia y recién se enteraron. De hecho ayer en la noche les enviaron una foto y hoy tarde es que la mamá salió a reconocer el cuerpo. Dijo que ayer salió por la tarde, unas compañeras la vieron en el Parque Libertad y dijo que iba a trabajar, pero a la cuadra no llegó”, expresó Camila Portillo.
“Desgraciadamente no tenemos mayor información, si salió con un cliente o como fue el hecho, no quisimos ahondar en detalles con la familia, pero nos pusimos a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara y les pusimos en contacto con Jessica Torres de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que ella quiere darle seguimiento al caso”, informó Camila Portillo de la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans.
La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH y Arcoíris Trans lamentaron el nuevo transfeminicidio y demandaron que el Estado investigue éste y otros crímenes que aun no logran ser juzgados.
Dicha organización publicó el día viernes en sus redes sociales, “Desde ASPIDH se le hace un llamado a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos y al Presidente Nayib Bukele para que se pronuncie ante los transfeminicidios de El Salvador. Todo con el fin de visibilizar la realidad que la población LGBTI en especial la de mujeres trans, tiene que vivir día a día”.
“Exigimos que el Estado salvadoreño investigue y judicialice a las personas responsables de los crímenes por odio hacia la población LGBTI”, publicaron en su cuenta oficial.
Por su parte la activista independiente Aislinn Odaly´s menciona que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo para las personas trans, en especial a las mujeres trans, ya que algunas se ven orilladas a ejercer el trabajo sexual en las calles y es ahí donde se corre mayor peligro, “somos más visibles y vulnerables por tener una identidad de género diferente a la asignada al nacer”, agrega Aislinn.
“Briyit se topó con una sociedad que le negó la oportunidad de acceder a un trabajo con mayores garantías; ella se formó en cursos de gastronomía salvadoreña, nunca pudo practicar porque la rechazaban por ser una mujer trans”, menciona Bianca Rodríguez directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS, otra de las organizaciones que ha estado al pendiente de ayudar a la familia de Alas.
Pese a las evidencia de los lujos de barbarie con los que se cometen estos crímenes, el Estado salvadoreño sigue en silencio ante estos crímenes contra la población LGBTQ. “El silencio y la falta de acceso a la justicia de este gobierno, con lleva a que se perpetúen más crímenes de odio y que siga predominando la impunidad”, agrega Rodríguez.
Aumentaron los asesinatos a personas trans
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de diez mil dólares para continuar el proceso en libertad.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Asesinaron a tiros a una mujer trans en El Salvador: tenía 28 años
Por Paula Rosales
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil. Es el octavo asesinato registrado en 2019 a una mujer trans. La Policía tardó en confirmar el homicidio a un periodista local y la Justicia aún no está investigando el caso.
Carlos Rodríguez, procurador adjunto para la defensa de derechos civiles e individuales, dijo a Presentes: “Como Procuraduría para la defensa de los derechos humanos hemos señalado con absoluta preocupación la poca efectividad de las autoridades a cargo de garantizar el acceso a la justicia. En estos casos hemos señalado que la actuación de las autoridades es lenta u omisa en estos casos. Las calificaciones que se dan, como el caso de Anahy, fiscalía opto por no calificar el delito como crimen por odio. La fiscalía casi en la totalidad de casos omite aplicar la circunstancia agravante de crimen por odio”, agregó.
Bianka Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), informó a Presentes que Cristi Conde era originaria de Las Isletas, departamento de La Paz, 53 kilómetros al sur este de la capital de El Salvador. Se dedicaba al comercio ambulante, una de las principales fuentes de ingreso de la población trans.
El estudio “Sin derechos igualitarios: El acceso desigual de la población LGBTQ a la seguridad social en el área metropolitana de San Salvador”, elaborado por la asociación Acción por la Memoria y Apoyo al Trabajo para la Equidad en El Salvador (AMATE), indica que el 50 por ciento de mujeres trans encuestadas se dedica al trabajo remunerado por cuenta propia, es decir comercio informal sin prestaciones sociales como acceso a salud o ahorro de pensión. El informe se realizó con 384 personas.
Las organizaciones defensoras de los derechos de personas trans, indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población, en muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.
“Que terrible y que dolor e impotencia da ver y vivir estos casos en donde siguen cegando la vida a nuestra población TRANS, este día fue asesinada nuestra hermana La Costeñita como era conocida”, escribió en su cuenta personal Odalys Araujo, defensora de derechos humanos.
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.
El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Por Paula Rosales, desde San Salvador
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