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“Nayib Bukele, rehén del fundamentalismo evangélico”, por Juan José Tamayo

Martes, 20 de febrero de 2024
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Leído en su blog:

De nuevo presidente de El Salvador tras unas elecciones fraudulentas

El artículo 154 de la Constitución salvadoreña establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”

En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador

Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia

Nayib Bukele acaba de conseguir la presidencia de la República de  por segunda vez. Y lo ha hecho en unas elecciones fraudulentas ya que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. El artículo 154 establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. El artículo 248 es contundente al afirmar que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Por si hubiera alguna duda sobre la no continuidad del Presidente, según el artículo 75, “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según este artículo, promoviendo su reelección y presentándose a ella, es el propio Bukele el que pierde sus derechos de ciudadanía.

En esta artículo voy a centrarme en la alianza del Bukele con los sectores evangélicos fundamentalistas, de los que es rehén. Son ellos quienes legitiman religiosamente su política represiva, autoritaria y, a la postre, antidemocrática, desde que asumió la presidencia por primera vez en 2019. En diciembre de 2018, en vísperas del cierre de la campaña electoral a la presidencia de la República salvadoreña, el candidato Bukele se comprometió ante un grupo de pastores evangélicos a crear una Secretaría de Valores en sintonía con la educación moral que ellos impartían en sus iglesias. En su toma de posesión como presidente de la República, el 1 de junio de 2019, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, ministro de las Asambleas de Dios, pastor de River Church de Anaheim (California) y cantante en estadios abiertos donde ha conseguido reunir a 100.000 personas

Años antes de ser presidente, Bukele recibió la visita de Franklin Cerrato, pastor evangélico para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, con quien desde entonces mantiene una estrecha relación.  El 23 de julio de 2019, Cerrato organizó un encuentro de líderes evangélicos de la diáspora, del Movimiento Pastores por El Salvador y de la Latino Coalition for Israel con Bukele, ya como presidente de la República, en el hotel Crowne Plaza de San Salvador, donde presentó una propuesta de Iglesia para la nación y un plan de trabajo conjunto para “recuperar los valores y principios para la familia”. En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador.

El ‘anuncio’ de Dios

En 2012 había ganado las elecciones a la alcaldía de San Salvador. Su intención era volver a sus empresas una vez terminada su gestión en la alcaldía. Pero sus planes cambiaron cuando un grupo de pastores de distintos países se presentó en su despacho para informarle de lo que Dios les había comunicado: que sería presidente de la República y después tendría otro cargo que no le revelarían.

En citado encuentro del 23 de julio estuvo presente Mario Bramnick, pastor asesor de Donald Trump, cuya misión era defender a Israel y convencer a los líderes latinoamericanos para que trasladaran sus embajadas en Israel a Jerusalén. El pastor anunció allí el final del cautiverio de El Salvador y de toda América Latina y declaró a Bukele libertador de su país: “Estamos en una etapa de cumplimiento de la profecía de los 70 -dijo-. El tiempo del cautiverio se acabó, el Señor está levantando Ciros no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Bolsonaro es un Ciro, su presidente Bukele es un Ciro para este tiempo. Dios está sobre él” [1].

Bramnick reconoció estar en un tiempo “muy sobrenatural” y presumió de que, gracias a la intervención divina y al lobby de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya había trasladado a Jerusalén su embajada en Israel. La vinculación de Bukele con pastores ultraconservadores no se limita a encuentros puntuales, son relaciones sostenidas por redes cercanas a Bramnick, con fuertes lazos políticos con gobiernos de derecha y una expresa oposición al matrimonio homosexual y al aborto, propuestas fundamentales de la agenda moral de los pastores evangélicos, que coinciden con las de la Iglesia católica.

Otros personajes políticos de la derecha salvadoreña han reforzado la tendencia presidencial hacia el fundamentalismo. La diputada del Partido Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en noviembre de 2019 en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. También en noviembre de 2019, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa otorgó un espacio en la agenda oficial para que un grupo de diez pastores evangélicos entrara a orar por los diputados y las diputadas para que “Dios los ilumine” a la hora de legislar sobre los grandes temas del país.

Oraciones para legitimar el autogolpe

IMG_2877Desde su elección como presidente de la República de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele viene dando numerosas muestras de autoritarismo y autocracia, que llegaron a su zenit con el autogolpe de Estado en febrero de 2020. El 9 de febrero de ese año convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial, que había sido impugnado anteriormente por fallos de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Legislatura a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla por la aprobación del crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente todo el recinto legislativo. Se trataba de una violación del Estado laico y de un retroceso democrático.

Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”.

Lo que hizo Bukele en realidad fue un intento de golpe contra la Asamblea Legislativa al entrar en ella rodeado de militares y policías y, a la postre, contra la democracia, así como una usurpación de la función del presidente del Legislativo. La toma militar de la Asamblea fue un atentado contra la regla democrática de separación de poderes, que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración que hizo sentado en la sede del presidente del Poder Legislativo. Los únicos apoyos con los que contó fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostró su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la toma violenta y la profanación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. La OEA no se pronunció al principio de manera concluyente, pero días después respaldó a Bukele.

Gestión autoritaria de covid-19 en El Salvador

Volvió a demostrar su perfil autoritario, antidemocrático y religiosamente fundamentalista durante la pandemia de la covid-19. Declaró “Estado de Excepción” sin que se hubiera producido un solo caso de contagio. Cuando los casos de contagio aumentaron, anunció en la cadena nacional de radio y televisión que la presidencia, en vista de la difícil situación, decretaría el domingo 24 de mayo de 2020 como Día Nacional de la Oración “para que Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer la pandemia que está golpeando al mundo entero”.

Nuevamente, el 9 de agosto del mismo año, cuando la pandemia estaba en su mayor escalada en El Salvador, decretó otro Día Nacional de la Oración “para pedir a Dios que nos proteja de esta enfermedad y nos libre de sufrimiento”. Cuando los casos comenzaron a bajar, atribuyó el descenso, entre otras causas, a los días nacionales de la oración decretados por él.

Recuperar la figura profética de monseñor Romero

En el clima de integrismo político-religioso reinante hoy en El Salvador, creo necesario recuperar la figura profética y de gran talla moral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado por orden del Mayor Roberto D’Aubuisson y canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Cuarenta y cuatro años después de su asesinato sigue siendo faro que ilumina la oscuridad del presente. Él es hoy un símbolo del cristianismo liberador que asumió la opción ética y evangélica por las personas y los colectivos empobrecidos de su país. Ejerció una ciudadanía crítica y activa y defendió que fueran los propios salvadores “los forjadores de nuestra historia” y no permitieran que poderes exteriores les impusieran el destino a seguir.

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 Romero fue un excelente pedagogo popular que, a través del método jocista del ver-juzgar-actuar y de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, contribuyó a que el pueblo pasara de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia transitiva y crítica, de la conciencia mítica a la conciencia histórica y de esta a la praxis transformadora. Constituye un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y para no creyentes de distintas ideología, así como para los políticos por su manera de entender y practicar la relación crítica y dialéctica entre poder y ciudadanía, y para los dirigentes religiosos por su correcta articulación entre fe y política, sin caer en el fundamentalismo.

Monseñor Romero es piedra angular en la construcción de la cultura de paz en El Salvador, en América Latina y en todo el mundo; cultura de paz que no es la ausencia de conflictos ni se limita a la ausencia de guerra, sino que ha de ir acompañada del trabajo por la igualdad en todos los ámbitos, siempre que no desemboquen en uniformidad, y del respeto a las diferencias de todo tipo, siempre que no desemboquen en desigualdad.

Romero no se instaló cómodamente en el (des)orden establecido, ni consintió con el pecado estructural, ni hizo las paces con el gobierno, como le pedía Juan Pablo II. Encarnó la utopía en su vida, su mensaje y su práctica liberadora, no como ideal irrealizable y fantasmagórico, sino conforme a los dos momentos que la caracterizan: la denuncia de los poderes que oprimían a las mayorías populares y la propuesta de alternativas.

La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”

La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: Si me matan, resucitaré en el pueblo”. No estaba hablando de la resurrección de los muertos, ni de la vida eterna. Se refería a la nueva vida del pueblo salvadoreño, liberado de la violencia estructural, la guerra, la injusticia y la pobreza.

Otra lección que nos enseña monseñor Romero y que nos invita a practicar en tiempos de supremacismo como los que estamos viviendo es su actitud anti-imperialista. Él se enfrentó al Imperio estadounidense en una carta dirigida a su presidente, Jimmy Carter, en la que se oponía a la ayuda económica y militar de Estados Unidos al Gobierno de El Salvador, porque, a su juicio, constituía una injerencia inaceptable en los destinos de su país y reforzaba la injusticia y la represión contra el pueblo.

La espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, como lo es la sociabilidad. Monseñor Romero es hoy un ejemplo de espiritualidad liberadora. Él fue una persona espiritual, sin caer en el espiritualismo; un místico sin caer en el misticismo evasivo de la realidad; una persona profundamente religiosa, pero no con una piedad ajena a los conflictos sociales, sino inmersa en ellos.

[1] Ciro fue el rey persa que liberó a Israel de la dominación de Babilonia.

Fuente Religión Digital

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dice no al matrimonio igualitario y compara a las personas LGTBI con los extraterrestres

Viernes, 27 de marzo de 2020
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2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

Como concepto no

El presidente de El Salvador Nayib Bukele Ortez dijo que rechaza la discriminación contra la comunidad LGBTI y los crímenes de odio pero que además está en contra del matrimonio igualitario.

Bukele lo expresó en una conversación vía redes sociales con el cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, del extinto grupo Calle 13, de Puerto Rico. El cantante preguntó a Bukele sobre su opinión en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y    éste contestó: “Siento que el matrimonio por definición… es como que tú digas qué es el matrimonio, vaya es el casamiento de un hombre con una mujerEso no inhibe que podas tener la pareja que queras y los derechos que queras. Que no tenemos seguro social o derecho de visita. ¿Por qué no?”, cuestionó.

Señaló, además, que en la actualidad no hay leyes que permitan a las parejas homosexuales o de otras variantes acceder a derechos sociales desde su especificidad. “No hay legislación que permita eso”, admitió. “Como concepto no”, reiteró finalmente después que el cantante volvió a preguntar qué opinaba sobre el asunto.

Bukele recalcó en que el ser humano es uno solo, y que al final la igualdad debe prevalecer. “Yo siempre he dicho que si algún día vinieran los extraterrestres, nos uniríamos todos porque nos veríamos tan iguales que no veríamos las diferencias que existen entre nosotros”, añadió.

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A principios de enero de este año el magistrado Aldo Cáder Camilot anunció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenciará en los primeros meses del año que transcurre a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad que bloque el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El recurso fue presentado en el año 2016 cuando eran jueces de esa instancia los ahora exfuncionarios José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Óscar Armando Pineda Navas.

Se trata, según él dijo en aquellos días, de una demanda “vieja” contra algunas disposiciones del Código de Familia, específicamente el artículo 90, porque “no permite el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres”.

En enero de 2018, la Sala de lo Constitucional frenó la ratificación de una reforma a la Constitución, aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2015 con la que se pretendía prohibir el matrimonio gay. En esa ocasión votaron a favor de la prohibición los partidos ARENA, PCN, PDC, GANA y la entonces bancada Unidos por El Salvador.

Ese día fue aprobado un decreto de reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución otorgando rango constitucional al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, definir el ámbito de aplicación del matrimonio y la adopción.

Los diputados también pretendían que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países no tuvieran validez jurídicas en El Salvador.

En agosto de 2019 la Iglesia Católica salvadoreña criticó la admisión de las demandas que hizo la Sala de lo Constitucional. En ese entonces el arzobispo José Luis Escobar Alas reiteró que el matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo como ya lo habían hecho diputados conservadores.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencias/Diario1/Salvadorgram/Cristianos Gays

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El Salvador: Bukele intensifica sus políticas contra la “ideología de género”

Viernes, 8 de marzo de 2024

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El recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de prohibir que la mal llamada “ideología de género” entre en las escuelas del país, calificándola de “antinatural, antidios y antifamilia”.

SAN SALVADOR – El gobierno del presidente Nayib Bukele, ha intensificado sus críticas y políticas contra la ideología de género. Colectivos LGBTI y feministas denuncian retrocesos en el acceso a derechos en instituciones del Estado.

Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento desarrollado en Estados Unidos por grupos conservadores y de ultraderecha, Bukele declaró al movimiento Padres en Acción que su gobierno no permite el desarrollo de contenidos académicos con ideología de género ni en escuelas ni colegios.

“(Nuestros hijos) se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Luego vienen y quieren meterles ideologías. Quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo en declaraciones con la directora de Moms for Liberty, una organización que busca expulsar la llamada ideología de género de las escuelas.

En la CPAC intervinieron, además, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el mandatario argentino, Javier Milei, quien esta semana también anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública del país sudamericano.

Un poder inconstitucional

Bukele, de 42 años de edad, se ha autodefinido como “el dictador más cool del mundo”. Ganó a inicios de febrero la reelección con una aplastante victoria pese a la prohibición de la Constitución que impide los mandatos consecutivos.

De origen palestino, Nayib es uno de los diez hijos de Armando Bukele Kattán, un fallecido empresario y fundador de cuatro mezquitas en El Salvador.

Nos hacen pagar (impuestos) para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos, ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas”, agregó.

“Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones”, sostuvo Bukele.

Falsas promesas

Previo a su elección como presidente en 2019, Bukele había manifestado su apoyo y respaldo a los derechos de la población LGBTI y de las mujeres. Sin embargo, una de las primeras medidas que impulsó al llegar al poder fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual.

El mandatario descartó que el país se contemplaran cambios en materia de aborto, matrimonio del mismo sexo y la eutanasia en un pliego de reformas a la Carta Magna que fueron promovidas por un equipo de abogados dirigidos por su propio vicepresidente, Félix Ulloa.

He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió Bukele en septiembre de 2021.

Un año más tarde, el gobierno prohibió emitir un contenido de identidad sexual en la televisora estatal canal 10 y anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo, después de recibir presiones ciudadanas que argumentaban supuesta ideologización a estudiantes.

La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, denunció que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió terminar un acuerdo con la organización para realizar jornadas de sensibilización de jueces y personal de la corte por las solicitudes cambio de nombres e identidad.

Regimen de Excepción

IMG_3349Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.

Según datos oficiales, en 2023, el número de homicidios en El Salvador se redujo un 68.8% debido a la continuidad del estado de emergencia. El año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo, mientras que se reportó una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente.

Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.

Escuelas sin ideología de género

Luego de las declaraciones de Bukele a Padres en Acción, el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni, publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE AL LOBBY LGBTIQ+. El ministerio de educación de El Salvador CONFIRMA que ha expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas. • ¿Apoyas esta CONTUNDENTE MEDIDA ordenada por Nayib Bukele?”, escribió.

El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, citó el post de Menoni y confirmó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, sin dar detalles.

Todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, ha confirmado el ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, siguiendo las instrucciones de Bukele, que cree importanteque se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales, como matemática e historia, […] nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas”, dijo.

Diputados oficialistas publicaron mensajes de respaldo a la medida de prohibir la enseñanza de ideología de género, mientras que simpatizantes de Bukele alabaron sus declaraciones. Un caricaturista identificado como @KikeCastaneda2 dibujó una mano que dice El Salvador depositando en un recipiente de la basura banderas de la población LGBTI, con la frase que “no quede rastro”.

Agencia Presentes solicitó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, sin embargo, en una breve publicación en X, la cartera de Estado que los contenidos con ideología de género fueron expulsados de guías, libros y materiales educativos.

El ministerio de Salud ordenó esta semana retirar todo material que tenga que ver con diversidad sexual y documentos que permitían identificar el género de los usuarios en los centros asistenciales, denunciaron activistas LGBTI.

Para la tribuna y contra la Constitución

“Tal parece que están buscando quedar bien con estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Está claro que hay un sentido político de buscar, provocar y promover la discriminación, a pesar que la Constitución de la república, prohíbe la discriminación hacia las personas por cualquier razón”, dijo a Presentes Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista.

Por su parte, el activista, Erick Ortiz, dijo que el oficialismo estaba recurriendo al miedo construido sobre la base de la desinformación que existe sobre la población LGBTI.

Ese caballito imaginario que llaman ‘ideología de género’, en este caso, no es más que un paraguas para explotar políticamente las vidas de personas que siempre hemos estado excluidas, y radicalizar religiosamente a su base de aplaudidores”, escribió Ortiz en X.

Las personas LGBT+ seremos solo unas más en la larga lista de perseguidas que se utilizarán para atornillar su narrativa de víctima (y paladín de las causas absurdas). Mientras engaña ahora a las derechas huérfanas de proyecto político, como antes lo hizo con la izquierda salvadoreña, el Señor de Los Sueños (Bukele) construye un Estado cuya única finalidad es la de imponer una dinastía familiar cleptocrática. Y para ello, el camaleón mutará las veces que sean necesarias” agregó.

29 de febrero de 2024
Nelson Rentería
Edición: Ana Fornaro

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Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele

Jueves, 20 de febrero de 2020
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2019020410144827559Por Paula Rosales

La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

2-1024x768El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

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El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

5-2-1024x768Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.

Fuente Agencia Presentes

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Una actualización eco-feminista de la predicación del Dios de la vida de Monseñor Romero

Martes, 26 de marzo de 2024

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“Para Monseñor Romero, el fundamento de su esperanza era el Dios de la vida”

“Para Mons. Romero, la presencia de Dios entre los pobres tenía fuertes implicaciones, a saber, su liberación de la opresión, de la violencia y de la muerte”

“Han pasado más de 40 años desde del asesinato de Mons. Romero, pero los ídolos de la riqueza y la seguridad siguen cobrándose nuevas víctimas”

“Pero, ¿cómo tener esperanza ante el poder devastador de los ídolos de la muerte? Para Monseñor Romero, el fundamento de su esperanza era el Dios de la vida”

“Como la historia ha demostrado, Mons. Romero se decidió definitivamente por la vida y dio la suya a cambio. Tal vez la dio, a pesar de todos sus temores y dudas, en la confianza de que los ídolos no son eternos, mientras que el Dios vivo sí lo es”

Introducción

 Pocos días antes de su muerte, Monseñor Romero exclamó una frase que puede ser considerada como su testamento personal y teológico:nada me importa tanto como la vida humana” (homilía del 16.03.1980). En esta pequeña frase está condensada su predicación, praxis y martirio, y entre líneas se deja vislumbrar su fe en el Dios de la vida. A continuación, vamos a desplegar diferentes aspectos y aristas de su predicación del Dios de la vida con el afán de hacer memoria subversiva, utópica y actualizante. Para ello nos dejamos iluminar por el eco-feminismo que pone en evidencia la vinculación entre la violencia contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres e invita a reconectarnos con los hilos de la red sagrada de la vida.

La predicación de Monseñor Romero: los ídolos de muerte y el Dios de la vida

 Si no hay nada más importante que la vida, entonces hay que desenmascarar y denunciar todo aquello que se hace pasar por más importante, los ídolos de la muerte: “yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Éste es el gran mal de El Salvador; la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay del que toque ese alambre de alta tensión, se quema…! (Homilía del 12 de agosto de 1979). Con esta metáfora Monseñor mostró de forma gráfica las características de los ídolos: son algo creado y adorado o absolutizado por los seres humanos –así como el becerro de oro en el relato del éxodo–, son intocables e incuestionables, prometen salvación pero traen muerte, necesitan víctimas para subsistir (cfr. Sobrino, 2017, p. 345).
Mons. Romero terminó teniendo razón con su metáfora del alambre de alta tensión. No sólo la inmensa mayoría de los campesinos fueron privados de los medios para satisfacer sus necesidades vitales por el statu quo imperante; también fueron perseguidos hasta la muerte todos aquellos que lo tocaron y cuestionaron, reivindicando sus derechos básicos y luchando por cambios estructurales: campesinos y campesinas, sindicalistas, estudiantes, periodistas, sacerdotes y religiosos y religiosas, etc. Cayeron víctimas de dos ídolos a la vez: el de la riqueza y el de la doctrina de la seguridad nacional, que procede del primero y está a su servicio.

Según Mons. Romero, las fuerzas de seguridad están legitimadas para mantener la estructura económica y política con todos los medios y protegerla de los críticos y enemigos de la nación, incluso mediante detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos (cfr. Romero, 2007, p. 136). El propio Romero fue testigo de estas atrocidades y describió su misión como “recoger cadáveres” (citado en: Sobrino, 2019, p. 159). Se convirtió en el primer referente para las madres de los desaparecidos y después en su santo patrón.

En medio de este sufrimiento -desafiando a los ídolos de la muerte- Mons. Romero confesó su fe en el Dios de la vida ycelebró su presencia entre los pobres:

“Creemos con el apóstol Juan que Jesús es «la Palabra de la Vida» (1 Jn 1:1), y que donde hay vida ahí se manifiesta Dios. Donde el pobre comienza a vivir, donde el pobre comienza a liberarse, donde los hombres son capaces de sentarse alrededor de una mesa común para compartir, allí está el Dios de vida.” (Romero, 2007, p. 190)

Para Mons. Romero, la presencia de Dios entre los pobres tenía fuertes implicaciones, a saber, su liberación de la opresión, de la violencia y de la muerte. Y la confesión del Dios de la vida sólo podía ser honrada y liberadora si iba precedida del lamento y la denuncia de los ídolos de la muerte.

Llama la atención que Mons. Romero no espiritualizara la liberación ni la dejara como un concepto abstracto en el vacío. Tanto en sus homilías como en sus cartas pastorales, la vinculó a la organización, que es a la vez un derecho inalienable y un deber ético y cristiano. “Nadie puede (…) privar a los hombres del derecho de organización y menos a los pobres, porque proteger a los débiles es la razón principal de las leyes y de la organización.” (Romero, 2007, S. 78). Defender los derechos de los pobres y vulnerables es un servicio a Dios, ya que corresponde al Dios de la Biblia, que defiende a los pobres, a los débiles y a las víctimas y cuya gloria es el pobre que vive (cfr. Romero, 2007, p. 192).

Aquí Mons. Romero hace suyo el sueño de la Conferencia de Medellín “de que los pobres tengan la suficiente fuerza para no ser víctimas de los intereses de unos pocos, como lo demuestra la historia” (p. 78). Las víctimas se convierten en sujetos de su propia liberación y en principales impulsores de una nueva sociedad. En el contexto de la persecución estatal bajo la doctrina de la seguridad nacional, Mons. Romero defendió a las personas organizadas de la sospecha general de terrorismo y subversión ilícita, enfrentándose – en términos actuales – a la criminalización de los defensores de derechos humanos.

La actualidad de los ídolos de la muerte

Así como los conflictos sociales y la dictadura militar de El Salvador no eran un caso aislado en la época de Romero, sino que reflejaban la realidad de gran parte del continente latinoamericano, las actuales crisis sociales, políticas y ecológicas del país también reflejan la situación de muchos otros países, especialmente del Sur global.

Han pasado más de 40 años desde del asesinato de Mons. Romero, pero los ídolos de la riqueza y la seguridad siguen cobrándose nuevas víctimas. En El Salvador, las comunidades rurales están amenazadas por proyectos de minería metálica, los llamados “proyectos de la muerte“, que contaminan irreversiblemente el suelo y las aguas subterráneas. Aunque, gracias a los esfuerzos de las organizaciones ambientales, la minería metálica fue prohibida en 2017, las empresas nunca se han retirado del todo de El Salvador y olfatean altos beneficios en el mercado internacional. Se están talando grandes extensiones de bosque para construir edificios de lujo y centros comerciales, secando literalmente el agua de las comunidades pobres vecinas. El monocultivo de la caña de azúcar, cuyas exportaciones benefician a una pequeña minoría, destruye el suelo, consume enormes cantidades de agua y contamina el aire al quemar la caña después de la cosecha. El grito de los pobres se une al grito de la tierra (cfr. Papa Francisco, 2015, LS 49).

En el contexto del estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022 para supuestamente combatir la delincuencia de pandillas y mantener la seguridad pública, en el lapso de un año y medio aproximadamente 72.000 personas fueron detenidas sin proceso judicial, entre ellas activistas de derechos humanos y medioambientales que habían luchado contra la minería metálica en su región. En la vecina Honduras, importantes activistas medioambientales han sido criminalizados y encarcelados en los últimos años y algunos incluso han sido asesinados, como Berta Cáceres (†2016), que participaba en la defensa de los ríos ante las hidroeléctricas.

Tanto las crisis ecológicas como las detenciones masivas bajo el régimen de excepción han provocado una enorme crisis de cuidado y de abastecimiento en El Salvador, que recae principalmente sobre las mujeres. Ellas no sólo son responsables del trabajo de cuidados en el seno de la familia, sino que muchas también mantienen solas a sus hijos y otros familiares. Y cada vez son más las mujeres que hacen cola de día y de noche ante las abarrotadas cárceles, esperando una señal de vida de sus hijos detenidos.

La necesidad de una actualización eco-feminista de la predicación de Mons. Romero

Tal como muestra esta ubicación de los ídolos de la muerte en El Salvador de hoy, la proclamación del Dios de la vida de Mons. Romero exige una actualización eco-feminista. Al igual que la teología de la liberación, el eco-feminismo es también una reflexión basada en la concientización colectiva de experiencias sistemáticas de opresión y violencia y en una praxis que responde a ellas. Los sujetos no son indistintamente los pobres o aquellos que no toman la vida por supuesto (cfr. Sobrino, 2017, p. 151), sino aquellas personas que sufren ante todo la destrucción ecológica y la violencia: las mujeres. Las autoras eco-feministas ven una fuerte vinculación entre la violencia contra la tierra y la violencia contra las mujeres (y otros grupos desfavorecidos por la intersección de opresiones), desenmascarando esa violencia como patriarcal. Al mismo tiempo -y basándose en experiencias concretas- reconocen a las mujeres afectadas por la violencia patriarcal como sujetos primarios de una práctica ecológica y feminista de cuidado y liberación, que nos invita a todos a “reubicarnos dentro del tejido de la comunidad de vida de la tierra como una forma de detener la destrucción del planeta” (Ress, 2010, p. 112).

Para actualizar la predicación de Mons. Romero vamos a dar tres pasos: En primer lugar, con referencia a las autoras Amaranta Herrero e Ivone Gebara, desenmascararemos al ídolo de la riqueza como capitalismo patriarcal, que ha carcomido todas las dimensiones de la existencia humana, especialmente la forma en que percibimos la realidad. A continuación, asociaremos el ídolo de la seguridad nacional con la deificación de la imagen del hombre fuerte y dominante, apoyándonos en reflexiones de Marilú Rojas. Finalmente, vamos a encontrarnos con la presencia del Dios de la vida en el testimonio de mujeres y sus comunidades que resisten, sanan y esperan contra toda esperanza. Los textos de Geraldina Céspedes resultan de gran ayuda para poner en palabras las expresiones plurales y a menudo anónimas de la espiritualidad eco-feminista operante.

Desenmascarar el capitalismo patriarcal como primer ídolo de la muerte

En su momento, Mons. Romero ya había vinculado el ídolo de la riqueza con el capitalismo como sistema de violencia estructural para mantener los privilegios de una minoría, identificándose con la tradición del magisterio de la Iglesia. En su cuarta carta pastoral, enfatizó: “Este es el capitalismo que condena la Iglesia en Puebla siguiendo el magisterio de los últimos Papas y de Medellín” (Romero, 2007, p. 135).

La socióloga ambiental española Amaranta Herrero define el capitalismo como “patriarcal” y demuestra que “este sistema se sustenta en el trabajo gratuito de las mujeres, así como en el dominio y expolio de la naturaleza” (Herrero, 2018, p. 22). Aunque el trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres, es una piedra angular de este sistema, no está reconocido ni registrado en él. Su invisibilidad se revela por el hecho de que toda existencia y toda vida se reduce al valor del dinero (cfr. Herrero, 2018, p. 22). Sólo aquello que produce beneficios y contribuye al crecimiento cada vez más rápido de las estructuras creadas por el capital es real y valioso.

De este modo, la tierra y todos sus bienes son despojados de su dignidad y santidad, al igual que comunidades humanas enteras, cuyos medios de subsistencia son destruidos por la extracción de materias primas, los megaproyectos de construcción, etc., especialmente en el Sur Global. Las más afectadas son las mujeres que viven en los países empobrecidos, en tanto se les asigna el ya mencionado trabajo de cuidados, que está relacionado “con el aprovisionamiento de alimentos, leña o agua” (Herrero, 2018, p. 26), entre otras cosas. En el desempeño del rol de género que la sociedad les asigna, pueden “ver de primera mano las agresiones ecológicas contra campos, bosques o ríos (Herrero, 2018, p. 26).

Se hace difícil creer que las dinámicas destructivas del capitalismo patriarcal no se detengan ante los medios de subsistencia de la humanidad en su conjunto y de la Tierra en su totalidad, y que el sistema – especialmente una minoría que se lucra – estén cavando así su propia tumba. Como afirma Amaranta Herrero (2018), el capitalismo patriarcal ha conseguido “llevar al planeta a una nueva era geológica, hostil e impredecible” que daña irreversiblemente al conjunto de seres vivos que forman la trama de la vida e incluso amenazar la propia supervivencia humana” (p. 22).

Ante esta dimensión catastrófica, cabe preguntarse por qué se mantiene este sistema con tanta obstinación y por todos los medios, si su dinámica es a todas luces suicida. En este panorama se suscita la cuestión de la antropodicea, e implícitamente se plantea también la pregunta de la teodicea como cuestionamiento de Dios como fundamento que posibilita todos los sistemas humanos, y ambas sólo pueden responderse en la práctica. Y son precisamente estas preguntas existenciales las que suscitan un análisis teológico de la realidad, que a su vez revela el carácter idólatra del capitalismo patriarcal.

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El Salvador: Bianka Rodríguez, la primera mujer trans en votar con su identidad

Jueves, 15 de febrero de 2024
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IMG_2945Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.

SAN SALVADOR, El Salvador. Las elecciones del 4 de febrero son las primeras en las que Bianka Rodríguez vota con su nombre elegido. Rodríguez, directora ejecutiva de ILGALAC, es la primera mujer trans en El Salvador  en lograr que se le reconozca el derecho al nombre en su Documento Único de Identidad (DUI).

El domingo a la tarde, se dirigió al centro de votación en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo. Allí, se encontró con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que monitorearon a distancia para asegurar un proceso sin complicaciones. En el padrón electoral, su nombre coincidía con el DUI.

«Esta es la primera vez que emito el sufragio con una identidad que me representa», resaltó Bianka. Señala que este logro supuso un desafío, reconociendo el privilegio de haber cambiado su nombre en contraste con otres compañeres trans que aún luchan por el reconocimiento de su identidad.

«Para mí, como Bianka, es un momento trascendental en mi vida porque se comienza a eliminar esa violencia institucional permeada dentro de las instituciones públicas y que tanto nos afecta a nosotros en el goce y las libertades fundamentales de nuestros derechos humanos». Bianka espera que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para reformar la ley del nombre.

IMG_2946Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa, periodo 2021-2024, ha generado retrocesos importantes en material de derechos humanos y para la población LGBTIQA+. En mayo del 2021, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa desechó 29 propuestas de ley, entre ellas el anteproyecto de Ley de identidad de género que organizaciones de la diversidad presentaron. Ese mismo año, las organizaciones actualizaron la propuesta y la volvieron a presentar a la Asamblea, pero no tuvieron respuesta de todos los partidos políticos. Para que esta propuesta de ley fuera aprobada se necesitaban 43 votos, mayoría simple. Nuevas Ideas, el partido oficialista, tiene 56 de las 84 diputaciones, mayoría cualificada.

Aunque los derechos de la población LGBTIQA+, incluyendo el reconocimiento de la identidad, no son completamente reconocidos, Bianka subraya la relevancia de participar en los procesos partidarios y la importancia de no renunciar al derecho al voto. Destacó que no estamos lejos de ver mujeres trans ser electas en el país y enfatizó la importancia de postularse a estos cargos para asegurar la representación de este sector de la población.

«No podemos seguir votando por personas que nos tienen en el olvido o nos tienen en la oscuridad de la democracia. Las personas LGBTIQA+ formamos parte de esta democracia, de la ciudadanía de este país y debemos ejercer el derecho al voto y que este sea libre de violencia y discriminación».

La lucha por un nombre

Aldo Peña, un hombre trans de 40 años, se presentó a votar el cuatro de febrero a pesar de no figurar en el padrón electoral. Su ausencia se debe a que el Estado no reconoce su cambio de nombre por motivos de identidad de género. El nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI) no refleja su identidad ni su expresión de género. Y no coincide con el nombre con el que se presenta y es reconocido por los demás. Desde que cumplió 18 años, abandonó ese nombre y, si hubiera sido posible, habría comenzado a usar su verdadero nombre, Aldo, desde los 8 años.

A las 9:05 de la mañana, Aldo se presentó en el Centro Escolar Juana López, Ciudad Delgado, para ejercer su voto. Le acompañaba discretamente una representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), asegurándose de que su derecho no fuera vulnerado.

IMG_2947Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.

Estas elecciones no son las primeras para Aldo. Llevar a cabo procesos oficiales y ser objeto de miradas extrañadas no es algo nuevo. No obstante, con cierto tono divertido, comenta que en las mesas receptoras de votos siempre hay sorpresa cuando se presenta, ya que su nombre no coincide con su apariencia.

En esta ocasión, la persona encargada de recibir su documento no prestó atención y pronunció en voz alta su nombre anterior. Con amabilidad, Aldo le pidió que se refiriera a él por sus apellidos.

«Venir a votar es como ir a pasar una consulta al Seguro Social. Me genera cierto nerviosismo porque me preocupa qué tipo de persona me encontraré y si enfrentaré discriminación», compartió Aldo, tras señalar que, por lo general, las personas en las mesas receptoras de votos reciben capacitación para respetar la identidad de los votantes. «Pero en esta ocasión, ella parecía muy nerviosa. Pude notar que se puso más inquieta que yo, a pesar de que venía con el temor de ser discriminado».

En 2022, una jueza dictaminó que su nombre debía cambiarse en su documento de acuerdo con su identidad de género; no obstante, el personal de la alcaldía ignoró esta resolución. A pesar de la sistemática vulneración de su derecho a la identidad al negarse a reconocer su nombre, Aldo hace valer su derecho al sufragio.

«Yo ya soy legalmente Aldo Alexander Peña, yo soy legalmente Aldo. Lastimosamente no cumplieron la orden de la jueza. Ella ordenó modificar mi partida de nacimiento, pero la orden no tuvo validez para el personal de la alcaldía que se negó a darme mis documentos», relata Aldo. Asegura que continuará luchando para que se cumpla ese cambio y para que a él, al igual que al resto de la población, se le garantice el derecho a su identidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece en su instructivo para los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que las personas de la población LGBTIQA+ deben ejercer su derecho al voto en un entorno libre de discriminación. Subraya que a las personas trans no se les negará el derecho al voto si la fotografía del DUI no coincide con su apariencia física (expresión de género), explicando que es suficiente con verificar sus rasgos físicos y que su nombre, número y firma coincidan con los registros en el padrón electoral.

Según el personal del TSE, quienes integran las JRV están preparadas para no obstaculizar el voto de ninguna persona por su apariencia y han llevado a cabo campañas para fomentar la participación de toda la población, incluyendo la LGBTIQA+. Durante una capacitación para periodistas organizada por el TSE, Alharaca indagó sobre la implementación de estas capacitaciones. Se informó que, desde la disolución de la Secretaría de Inclusión Social durante la primera reunión de consejo de ministros de Nayib Bukele, en junio de 2019, han enfrentado dificultades para establecer contacto con diversas organizaciones a fin de crear, validar e implementar protocolos y capacitaciones. No obstante, los esfuerzos persisten para garantizar que todas las personas puedan ejercer su voto sin discriminación.

Esta nota se publica como parte de una alianza de contenidos entre Alharaca -donde fue publicada originalmente- y Presentes.
8 de febrero de 2024
Angélica Ramírez / Alharaca

Fuente Agencia Presentes

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El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual

Lunes, 12 de febrero de 2024
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En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.

 De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.

A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.

Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.

Nació en la Honduras de la década de los 80, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad un trastorno mental. Su infancia transcurrió en Ocotepeque, un pueblo hondureño de montañas, fronterizo con El Salvador y Guatemala, en pleno Triángulo Norte de Centroamérica.

Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.

A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.

Una discriminación estructural

La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.

El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.

La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.

A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.

El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.

Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.

En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.

Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.

El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.

Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.

La noche del 28 de junio, un grupo de policías también asesinó a Vicky Hernández, una mujer trans, mientras ejercía su jornada como trabajadora sexual. Por este crimen todavía impune, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño en  2021.

Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.

De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.  

Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.

“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.

El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.

Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.

En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.

“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022. 

A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.

Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.

De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.

IMG_2790Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.

En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.

“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.

Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.

Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.

Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.

En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.

Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.

IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes. 

El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.

Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.

El informe Dejarlo todo atrás. Relatos de personas que se ven forzadas a huir de Centroamérica y México, publicado por ACNUR en septiembre de 2023, indica que, hasta 2020, 3.9 millones de personas de GuatemalaEl Salvador y Honduras han migrado hacia diferentes regiones.  

El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.

IMG_2791Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador.
Foto: Kellys Portillo.

En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.

La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.

Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.

«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.

El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.

En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.

Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.

En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.

De México a Sudamérica, las personas LGBTIQ+ son perseguidas por la familia y por sus comunidades, basadas en la religión; y en el caso de los activistas, por los Estados, señala Espinosa, de Rainbow Railroad. Algunas, dice la especialista, son sometidas a las “terapias de conversión”. Las denominadas terapias de conversión deberían prohibirse, ya que según afirma Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género en un informe de mayo de 2020 sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, pueden equipararse a formas de tortura.

En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.

La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS —Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.

En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.

«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.

Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.

En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.

“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.

El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.

Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.

En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.

Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.

En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.

Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.

“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas, menciona la especialista.

Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.

Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.

De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.

A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.

Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.

La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.

IMG_2792Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.

Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.

Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.

Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.

Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.

En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.

Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.

«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.

María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.

El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.

Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.


De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.

Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.

No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.

La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.

Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.

En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.

Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.

En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.

Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.

En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.

Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.

La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.

Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.

“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.

Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.

31 de enero de 2024
Stanley Luna
Carlos Lara
Edición: Revista Alharaca

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares

Lunes, 23 de octubre de 2023
Comentarios desactivados en El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares

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El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.

SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.

La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.

“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.

Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.

Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.

La llegada de las pandillas

Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.

Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.

Según el “Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población Trans, en Guatemala, Honduras y El Salvador en el territorio salvadoreño se cometieron 60 crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad o expresión de género.

El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.

Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.

Información oficial

Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.

La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.

Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Pagos semanales y palizas

La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.

“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.

Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.

Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.

En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.

“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.

Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.

Menos crímenes, menos derechos

El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.

Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.

“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.

Denuncias contra soldados y policías

“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.

Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.

Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.

Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.

Desamparo legal de personas LGBTI+

“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.

Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.

Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.

Trans acusadas de pandilleras

Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.

“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.

Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.

“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.

“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.

En Julio de 2020, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato de la mujer trans Camila Diaz Córdova, una sentencia inédita en el país.

17 de octubre de 2023
Nelson Rentería
Edición: Ana Fornaro

Fuente New Ways Ministry

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Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras

Lunes, 17 de julio de 2023
Comentarios desactivados en Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras

20230710-carceles-Honduras-1200x600Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias.  “Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

TEGUCIGALPA, Honduras. Los toletazos y golpes “llovieron” desde el 26 de junio sobre las personas hacinadas en el penal de Támara, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Las golpizas en el penal del centro de Honduras son una de las violaciones de derechos humanos que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está cometiendo, tras haber tomado el control de las cárceles en la última semana de junio.

El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.

El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.

Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara

De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.

Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.

“Así quedaron los cuerpos de privados de libertad”, publicó Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de Derechos Humanos. “Tampoco se puede callar y volverse cómplices (de) estas acciones irregulares”, escribió Maldonado en su Twitter. Mostró imágenes tomadas a privados de libertad en el penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.

“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.

Castigadxs por denunciar

Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.

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(Pincha en las fotos para ampliarlas)

Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.

“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.

Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.

Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.

Defensoras en la mira de los ataques

La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.

Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.

La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.

Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime.

El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.

Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.

“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.

Calumnias y desprestigio

Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.

La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.

A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.

Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.

Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.

“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.

Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.

En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.

Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.

“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.

También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.

“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre” 

A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.

“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.

La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.

“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.

Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.

Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.

Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.

Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.

Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”

A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.

Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.

Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.

La militarización no es la respuesta

Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.

La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.

Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.

“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.

Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.

El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.

Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.

Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que  dejó 46 muertas.

Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.

Violencia con más violencia

Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.

Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.

Controversias y oración

Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.

Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.

El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.

“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

10 de julio de 2023
Reportar sin Miedo y Reporteros de Investigación

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Activistas de El Salvador denuncian que la nueva procuradora de ddhh es cómplice de violencias

Lunes, 31 de octubre de 2022
Comentarios desactivados en Activistas de El Salvador denuncian que la nueva procuradora de ddhh es cómplice de violencias

F3A146D7-DFDA-4A1A-8563-28B22ECD5EE5Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.

SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.

Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución. 

Marginó a las personas LGBT

Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.

En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.

Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.

“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Procuradora violentó derecho a protesta

En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.

En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.

Cuando la entonces procuradora terminó su discurso, Avelar y Caballero se enfrentaron a gritos, por lo que la funcionaria pidió la intervención de la policía.

“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.

Cómplice del régimen de excepción

Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.

“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso. 

La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.

Bukele justificó las políticas de seguridad implementadas durante los seis meses de régimen de excepción que ha dejado más de 54 mil personas detenidas sin orden judicial. Al menos 80 de estas detenciones han terminado en muerte al interior de los centros penitenciarios.

Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.

Prisiones llenas de personas sin juicio

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, las prisiones de El Salvador han sobrepasado su capacidad con las personas detenidas. Son acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.

«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.

“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».

21 de octubre de 2022
Paula Rosales
Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , ,

El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal

Lunes, 17 de octubre de 2022
Comentarios desactivados en El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal

2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.

SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.

El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.

Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.

Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.

La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.

Contenido para educar en pandemia

Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.

El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.

El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.

El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.

Corto-gay

Corto sobre identidad sexual emitido por Canal 10 de El Salvador. El contenido se creó para estudiantes de 13 y 14 años. El contenido fue elaborado por INFOD que pertenece al Ministerio de Educación.
Discursos sin discriminación

“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a Presentes Scarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.

Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.

El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.

Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.

“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”

El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.

“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.

Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.

“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.

Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.

29 de septiembre de 2022
Paula Rosales
Edición: Maby Sosa
Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , ,

Cómo es la vida de una adolescente trans en El Salvador

Martes, 2 de agosto de 2022
Comentarios desactivados en Cómo es la vida de una adolescente trans en El Salvador

Scarlett-cartelScarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.

 SAN SALVADOR, El Salvador. El confinamiento obligatorio por la COVID-19 en El Salvador fue para la adolescente Henríquez una oportunidad para reflexionar sobre su identidad hasta entonces reprimida. Todo el tiempo que tuvo para pensar permitió que la decidiera a mostrar al mundo con su expresión femenina. De ahora en adelante se llamaría Scarleth Camila.

Con las clases escolares suspendidas y otras actividades limitadas, Scarleth Camila Henríquez dedicó la mayor parte de 2020 a buscar información en su teléfono móvil sobre cómo definir la identidad que sentía desde pequeña. En la popular red social TikTok encontró variados contenidos de adolescentes trans que respondieron la mayoría de las inquietudes que tenía en ese momento.

Una mujer alta y delgada

“Pienso que si la pandemia no hubiera pasado yo todavía estuviera reprimida. La pandemia me ayudó un montón porque yo estaba en mi casa, nadie salía. Yo publicaba lo que quería y no tenía comentarios negativos. Los que tenía por redes sociales los borraba y ya”, expresó a Presentes la joven de 16 años de edad.

Pese a la resistencia y negativa de su familia, siempre se imaginó como una mujer alta y delgada: “es lo que soy ahora”, dijo orgullosa.

Dice que la música de la neoyorquina Lady Gaga le recuerda momentos felices de su infancia, por sus letras con mensajes de exaltación y aceptación de la diversidad. Asegura que sus canciones son como himnos que la acompañan en la transición hacia su identidad femenina.

También utilizó las redes sociales para expresar públicamente su deseo de iniciar la adopción de la identidad, que tuvo que postergar desde la niñez. Las reacciones de su familia trataban de hacerla desistir. Pero la decisión de Scarleth era inamovible.

“Mi familia reaccionó mal. Me dijeron que estaba confundida, que era una etapa de la edad, que cuando estuviera más grande iba a cambiar, que probara a una mujer para que no sintiera confusión, y que por ley me tenían que gustar las mujeres”, recordó.

Transicionar en un país conservador

El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y cristiana de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.

Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.

En 2018, fue presentado al Congreso el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En 2021 fue archivado por las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas. Lo justificaron diciendo que era una propuesta obsoleta y que no respondía a la realidad del país. Ese mismo año se entregó nuevamente una adaptación de la propuesta, pero aún no se ha discutido en la comisión correspondiente.

Para Scarleth, contar con una Ley de Identidad de Género es esencial para el desarrollo de su vida. Durante la XII marcha contra la transfobia, ella preparó un cartel y recorrió las calles de la capital exigiendo su pronta aprobación.

“La ley de identidad es importante porque somos ciudadanas, ciudadanos, valemos en El Salvador. Todas mis amigas trans, hermanos trans pagan impuestos y no valen sus derechos”, señaló Scarleth en la primera marcha que participaba en su vida.

A favor de todos los derechos

De acuerdo a la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador – COMCAVIS Trans, han atendido entre 30 y 40 adolescentes trans. El país no cuenta con información desagregada por identidad, orientación y expresión de género.

“Creo que ahora está cambiando la mentalidad de las personas porque hay más visibilidad, pero falta mucho que recorrer. La ley de identidad sería un gran boom para nosotras porque no nos discriminaran en los trabajos o escuelas”, recalcó la adolescente.

Además de luchar por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, la joven está comprometida con la causa de la despenalización del aborto en un país con una de las leyes más duras en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Pronombre, transición y familia

Para Scarleth, contar con el apoyo de su familia es vital para continuar su proceso de transición. Vive junto a su mamá y hermano mayor. Pese a tener valores religiosos muy profundos, la mamá de Scarleth la apoya con condicionantes de vestimenta. Su transición ha sido apoyada principalmente por su papá, a quién visita regularmente.

“A mi mamá se lo dije por WhatsApp a los 14 años, cuando vi todo el empoderamiento LGBT pensé que era el momento y lo hice. Mi papá me dijo que me iba a amar tal y como yo fuera siempre. Mi mamá no lo tomó muy bien por su religión, me dijo que me acepta pero que respetara la casa y no fuera a llegar en falda”, recordó Scarleth.

Para muchas personas LGBTI sus familias se convierten en los principales violentadores. Las discriminan y las expulsan de sus hogares por causa de su identidad, orientación y expresión, provocando afectaciones psicosociales irreversibles en muchos casos.

El rol de las familias

El informe “Condiciones actuales de la población LGBTI 2020 – 2021”, elaborado por Comcavis Trans, refleja que el 56 por ciento de un total de 244 personas encuestadas, sufrieron desplazamiento forzado interno por amenazas de las violentas pandillas que aún dominan las comunidades.

Con la transición Scarleth pidió que su familia la llamaran por el pronombre femenino, pero aún no lo usan con la frecuencia que a ella le gustaría. El Salvador no cuenta con políticas públicas para evitar la discriminación de las personas LGBTI, la negativa al uso de pronombres acordes a su identidad ha provocado violencias en los centros de estudio, sanatorios y oficinas del Estado que se resisten a respetarles.

“Todo mi camino trans ha sido sola, creo que si me acompañara mi familia sería más fácil. Yo creo que mi vida ha sido super fácil, en cambio otras personas trans las sacan de sus casas y tienen que buscar donde vivir, trabajar. Es feo no tener información sobre salud trans”, dijo Scarleth.

“Siempre tomo lo positivo de la vida. Yo siento que mi vida es privilegiada, a otras las sacan de sus casas, las golpean sus mismos padres por el machismo que existe”, agregó.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra personas LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.


Escuela sin protocolo de atención a población LGBTI

El artículo dos de la Ley General de educación de El Salvador establece que la normativa, de estricto cumplimiento, debe promover el respeto a los derechos humanos e insta a combatir todo espíritu de intolerancia y odio en las instalaciones educativas, sin embargo, la práctica está alejada de este mandato.

Scarleth tuvo que abandonar los estudios en 2018 debido a discriminación del resto de estudiantes. Se refugió en su casa durante un año hasta que retomó las clases presenciales en 2019 y virtuales en 2020 durante la cuarentena obligatoria de la pandemia.

De acuerdo a “Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050 y los censos de educación” unos 31 mil estudiantes no fueron matriculados el mismo año que Scarleth se retiró.

Desde que inició el año escolar de 2021, las clases fueron híbridas entre presencial y virtual. Scarleth ha tenido que asistir a clases con uniforme masculino y es nombrada con el nombre asignado al nacer, también pidió a los maestros que la llamaran por su pronombre femenino, pero no tuvo recepción su solicitud.

“Me gustaría que existiera una ley de identidad de género porque en la escuela hablé que mi pronombre y mi nombre me los tenían que respetar porque no voy a hacer ni la primera ni la última trans que esté en la escuela. Hace unos años hubo dos trans en mi escuela y una de ellas fue súper buleada”, dijo Scarleth.

Una ley por la educación

El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.

Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.

“En la escuela he sentido gran apoyo de mis compañeras y compañeros a pesar que hay personas que son transfóbicas, pero no me junto con ellos”, señaló Scarleth.

El informe Solo queremos salir adelante, necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador, de la organización internacional Human Rights Watch, señala que es necesario que el Congreso legisle para permitir que las personas trans puedan adecuar su nombre y sexo en los documentos de identidad.

Presentes consultó a comunicaciones del Ministerio de Educación, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Una semilla de Marsha P Johnson

Scarleth quiere ser abogada para defender a personas vulneradas. Desea escribir un libro con sus memorias. Espera con ansias tomar clases de guitarra, del idioma inglés, concluir sus estudios, trabajar y adoptar un bebé. Cree fervientemente que la sociedad salvadoreña cambiará y será más tolerante con las identidades y orientaciones disidentes.

“Yo en el futuro no me quiero ver en la calle y que alguien me mate solo por ser trans. Yo siento que ahorita socialmente está cambiando, cuando salgo a las calles no escucho comentarios transfóbicos, que obviamente existen, pero en mi experiencia no. Siento que quiero seguir el camino que inició Marsha P Johnson, ella me inspira”, puntualizó Scarleth.

El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.

La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.

El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.

En 2021 COMCAVIS Trans reportó siete asesinatos en contra de la población LGBTI: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gays.

Paula Rosales

Fuente Agencia Presentes

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Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador

Sábado, 28 de mayo de 2022
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Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.

MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.

Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.

Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.

Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.

“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.

Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones. 

Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria.
Registro: Paula Rosales.
Edición: Estefanía Cajeao.

Población LGBTI

Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.

Keiry se formó como estilista en la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans. También en la extinta Dirección de Diversidad Sexual de la clausurada Secretaría de Inclusión Social por orden del populista presidente Nayib Bukele.

De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.

En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.

el-salvador-puerta-de-la-carcel-1024x768Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas.
Foto: Paula Rosales.

Ninguna respuesta

Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.

“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.

Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.

El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.

Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años que denuncia que la tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria. Los cuerpos de seguridad lo golpearon y ordenaron a que se desnudara para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos a las pandillas. Fue liberado horas después.

La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. La detuvieron por no presentar su documento de identidad personal y fue trasladada a un centro penal de hombres.

El-Salvador-Alessandra-1-1024x1021En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra.
Foto Paula Rosales.

Estigmatización y violencia 

Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.

 

Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18. 

“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.

Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.

La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.

Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.

“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.

El-Salvador-carceles-afuera-1-1024x768La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción.
Foto: Paula Rosales.

Familias sin recursos ni información 

Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.

“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.

Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.

La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos. 

“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.

Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.

Fuente Agencia Presentes

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Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador

Lunes, 9 de mayo de 2022
Comentarios desactivados en Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador

2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.

SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

9E812FAF-0CC3-455F-AA8C-E90B8839C1C3El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

7040E0B3-6BF7-40DD-B2D9-794D61D49CE4“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

 

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción

Sábado, 7 de mayo de 2022
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150D9E39-2885-4172-B97E-F131D6B2B081La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.

EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.

“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.

Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.

La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.

“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.

Un régimen que quita derechos

El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.

El presidente Nayib Bukele solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

“Como ya sabemos cómo son las autoridades en El Salvador que primero pegan y después preguntan pues hay que tener toda la documentación en regla. Debemos tener ciertas precauciones”, expresó Monica Linares a Presentes, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans.

Sin dinero para contratar asesoría legal

Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.

La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.

Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.

Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.

El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.

“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.

La situación de Alessandra

La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.

“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.

Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.

https://twitter.com/amnistiaonline/status/1518632119064485890?s=12

Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.

Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.

La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.

Fuente Agencia Presentes

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La policía de El Salvador detuvo violentamente a un activista trans durante el régimen de excepción

Jueves, 5 de mayo de 2022
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  2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El hecho se registró el jueves cuando el joven se dirigía a una reunión con Amnistía Internacional. Crece la preocupación por la violencia policial contra la población LGBT.

SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.

El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.

El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.

Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso

Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.

El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.

El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.

Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”

Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.

“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.

“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.

Denuncias en redes

Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.

El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.

Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.

Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.

Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.

En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.

Fuente Agencia Presentes

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Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+

Lunes, 2 de mayo de 2022
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CCFCEA7C-5208-4A03-8E46-1CF7BEDBD0E7Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.

Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.

Por Rodrigo Duarte

En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.

Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)

Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.

El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.

“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.

Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.

Desprotección y persecución

Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.

La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.

“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.

Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.

La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.

La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.

Presidente millennial, agenda ultra-conservadora

Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.

Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.

“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.

“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.

Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.

El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.

El caso brasileño

Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.

Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.

Se trata del mayor número de personas trans asesinadas en ese período de tiempo en todo el mundo, por delante de México, Honduras y el propio Estados Unidos.

Fuente Infobae

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El Salvador: Un canal televisivo se negó a entrevistar en vivo a una reconocida activista trans

Miércoles, 16 de marzo de 2022
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El-Salvador-10-1200x600En el Día Internacional de la Mujer, un programa de tevé se negó a entrevistar a la activista trans Britany Castillo.

SAN SALVADOR, El Salvador. En el marco del día internacional de las mujeres, activistas de la Asamblea Feminista fueron invitadas al canal 12 para participar en la revista matutina “Hola El Salvador”, pero una de ellas fue discriminada por su identidad de género y le negaron su participación en el programa.

Britany Castillo, mujer trans y reconocida activista que forma parte de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans – llegó junto a Sara García de la Asamblea Feminista a las instalaciones del canal.

Ambas participarían en el programa de televisión que se transmite todas las mañanas a nivel nacional. La entrevista a las activistas fue acordada una semana de anterioridad, dijo a Presentes Castillo.

De acuerdo con su testimonio, las activistas fueron recibidas en la recepción del canal. Les pidieron esperar hasta que la producción les indicara el momento de pasar al estudio. Minutos después, una persona del equipo les notificó que solamente una de ellas podía participar en los quince minutos de entrevista que les concedieron días atrás.

“Nos dijeron que solamente podía entrar una de nosotras por las tomas gráficas. Luego que habían vendido la publicidad y que el tiempo no era suficiente. Que solamente podía participar quien representaba a las mujeres, porque la otra persona que estaba ahí no era mujer”, narró Britany a Presentes.

El canal no respondió

La producción del programa justificó que no podían salir las dos en cámara, a pesar de que en el monitor de la sala de espera Britany observó que en la entrevista previa participaron cinco personas.

“Es lamentable que se negara el derecho de participar en un espacio de entrevista que ya se había gestionado y estaba confirmada. Que se le haya dicho que solo la ‘representante de mujeres’ podía hablar, es negarle el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, sumado a la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”, dijo a Presentes Angélica Carcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador – APES.

Presentes pidió comentarios a la producción de canal 12, pero en la recepción respondieron que “por el momento no se encontraba nadie del programa, pero que pasarían el mensaje (a los encargados)”. Al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

La discriminación, una moneda corriente

Este día denunciamos a canal 12, que en este día ha discriminado. No puede ser que en el día de los derechos de las mujeres este canal cierre las puertas a activistas feministas y transfeministas. No puede ser que sigan generando tanto odio, tanta discriminación y tanta violencia”, dijo Sara García en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

Hoy denunciamos que el canal 12 no permitió participar en una entrevista a nuestra compañera transfeminista Britany Castillo. Condenamos esta acción que representa violencia, odio, exclusión y transfobia”, señaló la Asamblea Feminista en su cuenta oficial de Twitter.

La falta de ley avala los actos discriminatorios

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“No contamos con una ley de identidad de género en este país machista y patriarcal. Espero que por fin pueda haber una ley de identidad de género y que no nos sigan violentando en estos espacios donde no conciben que existimos mujeres que nos construimos a base de nuestra feminidad”, expresó Britany.

Britany lamentó que un hombre que no se identificó del equipo de producción del canal la haya ignorado completamente. Mientras lo hacía, justificaba a Sara García los motivos del cambio repentino del espacio de la entrevista, después de rechazar participar por la discriminación.

“Era como si yo no existiera en ese momento, como que era una pared que no podía dar mi opinión porque ni siquiera me miraba. Dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos pronunciamos públicamente a ellos les daba igual”, agregó Britany.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando la discriminación contra Britanny.

El papel que juegan los medios

Los medios de comunicación tradicionales en El Salvador mantienen una agenda conservadora y limitan la apertura a identidades disidentes en su programación.

El canal 12 forma parte de una red de medios que cuentan con una escuela para presentadores de televisión y locución, sin tomar en cuenta formación de abordaje de contenidos de género y diversidad.

“Aunque hay avances en medios comunitarios y digitales en abrirles espacios, aún hay muchos retos. Por ejemplo: los medios privados siguen mostrando una postura conservadora y excluyente hacia la comunidad trans. Es necesario que los medios implementen políticas de no exclusión y manuales de tratamiento informativo hacia las personas trans. Las gremiales de periodistas y la academia también pueden abonar a ello”, acotó Angélica.

Fuente Agencia Presentes

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El doble estigma de ser afro y LGBT en El Salvador: la historia de Carlos Lara

Jueves, 10 de febrero de 2022
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45C4157D-8F53-4751-8D78-5AB5FEA9EE6EA Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.

Carlos Lara comenzó a trabajar como profesor de inglés en el Instituto Nacional de San Antonio Silva, un cantón ubicado en San Miguel, en el oriente de El Salvador, en 2016. Era primera vez que trabajaba en esta escuela, que queda en el lugar de donde es originario. Lara hablaba abiertamente sobre su homosexualidad y ese enero, cuando iniciaron las clases, usó el pelo corto, pero se lo dejó crecer y sus rizos quedaron visibles. El director del instituto le puso dos condiciones para renovar su contrato. Una era que se cortara el pelo y otra que dejara de hablar sobre su orientación sexual.

Él no aceptó las condiciones. Al no contar con una justificación válida para renovar el contrato, confrontó al director con la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Pero prefirió no denunciar el caso en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Lara se reconoce como afrodescendiente en un país que invisibiliza a las minorías. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de las escuelas o universidades, y que recientemente la academia ha comenzado a investigar.

Empezar a reconocerse

Hubo un tiempo en el que el joven reprimió su gusto por el pelo largo y rizado. Lo usó corto y se lo alisó. Se sentía incómodo con su color de piel moreno y con sus ojos negros.

La abuela paterna de Lara es la que tiene el pelo rizado y su mismo color de piel. Con su papá y otras tías, maternas y paternas, comparten el color de piel. Las visitas a casa de la abuela paterna no eran tan constantes como las visitas que hacían a la abuela materna.

En casa, escuchaba burlas sobre la piel negra y el pelo rizado que predominaban en la familia. “Las ideas de racismo y supremacía también pasan en la familia. Hacen que uno rechace a ciertos parientes y ame o tenga respeto u obediencias a otros”, reflexiona.

A esta discriminación hacia aquellxs que étnicamente son diferentes, lxs disidentes sexuales en El Salvador también enfrentan constantes ataques LGBTIQ+ odiantes o despidos injustificados de su trabajo por su identidad. No tienen ninguna garantía de protección estatal en el actual gobierno de Nayib Bukele.

La discriminación en el hogar

CF564D4C-7AF5-4561-9688-421BBCCE9564Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a Tela, una ciudad del caribe hondureño. Iba por una semana y se quedó por cinco meses.

En Honduras conoció a su pareja, un activista, y decidió no volver a dar clases en escuelas, sino dedicarse de lleno a la pintura. Pintaba desde pequeño, pero ese año se alejó de pintar escenas de la cotidianidad salvadoreña para reflejar en su arte el LGBTIQ+ odio.

Al volver a El Salvador, la vida cambió. Sus padres, con quienes visitaba casi todos los días la iglesia católica, lo expulsaron de casa. Su padre lo golpeó en dos ocasiones y en una de ellas le lesionó fuertemente la quijada.

Mientras estaba en el proceso de asumirse como un hombre gay y se desprendía obligado de su familia, Lara comenzó a interesarse por sus orígenes. Entonces conoció a Marielba Herrera, una antropóloga afrosalvadoreña, en una ponencia sobre afrodescendencia que ella dio en el Teatro Nacional de San Miguel.

Hacia el origen

Herrera recuerda el día que conoció a Lara. Vio que, entre lxs asistentxs, había un chico con rasgos afros, que tocaba tambores, hablaba portugués y que vestía una camisa africana. Y pensó inmediatamente que se trataba de un afrodescendiente.

Tras su ponencia, Lara se le acercó y le planteó que posiblemente él también fuera afrodescendiente. “Te toca a vos investigar si sos o no”, le encomendó Herrera.

A sus 28 años y ante la falta de un registro familiar sobre su descendencia afro, la información de la que parte Lara para afirmarse como tal, además de sus rasgos físicos y los de su familia, es que en San Antonio Silva hubo producción de añil y allí posiblemente trabajaron africanxs.

Afrodescendencia y racismo en El Salvador

40E7BEEF-D91B-4D59-BAD6-3A8AEA382AF2-768x576Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.

Su llegada fue parte de una política de repoblación del territorio que ocurrió en toda América Latina ante la muerte de indígenas por diferentes causas. La corona española pretendía seguir creciendo económicamente con el trabajo que los africanxs realizaban en estas tierras.

Yohalmo Cabrera, un exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierdas, es también afrodescendiente y un profesor de Estudios Sociales ya jubilado. Él ha realizado investigaciones sobre la afrodescendencia salvadoreña. Sostiene que, desde mediados de 1500 y por 300 años más, cuando El Salvador fue productor de añil, muchxs africanxs vinieron esclavizadxs a trabajar en las haciendas añileras.

Marielba Herrera hace referencia a un documento de 1807, elaborado por Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa, quien fue intendente de San Salvador a finales de la colonia. Allí se indica que para entonces el país contaba con “enorme” descendencia de africanxs.

En 1933, agrega, el general Maximiliano Hernández Martínez decretó la Ley de Migración, la cual prohibía la entrada de africanos, chinos y otras razas, como consecuencia de una política eugenésica tomada por países de la región en un contexto de guerra mundial.

Con la ley se pretendía empezar a “limpiar” a las sociedades y hacer creer que lxs latinoamericanxs provenían de una “raza superior”. Pero no se expulsó a lxs afrodescendientes de El Salvador. Hay documentos que sustentan que al país podían entrar personas de otros lugares si justificaban que llegaban a trabajar, como el caso de los afros que trabajaron en ferrocarriles.

Un racismo con historia y sin registro

La antropóloga afirma que el racismo que hay en el país centroamericano viene desde la colonia.

“La gente dice que no, que aquí no somos racistas, que respetamos a todo el mundo. No es cierto, nada que ver. Somos un país altamente racista. Cuando viene alguien afro al país es una sorpresa, la gente hasta gira para verlo, porque les parece un ser exótico”, menciona Herrera.

Señala que actualmente, sin la ley del martinato (del período gobernado por Martínez), aún hay restricciones migratorias para las personas afros.

Ejemplifica un caso salvadoreño de discriminación racial. En 2018, una delegación de personas del Congo, en África, había sido invitada oficialmente a un festival de cultura, pero del grupo de 30, solo tres pudieron ingresar al país.

En el censo de Población y Vivienda de 2007, el último censo realizado en el país y que arrojó que había 7 millones de habitantes, 7,441 respondieron que se autoreconocían como negrxs.

Sin embargo, Herrera cuestiona que la pregunta para obtener ese dato fue muy abierta y mal planteada. Se limitaba a conocer si las personas eran “negrxs de raza”. Faltó enumerar un listado de indicadores, como preguntar si en la familia había un ancestro negro o africano o si las personas habían nacido en un territorio con prácticas culturales afros.

Las investigaciones sobre afrodescendencia salvadoreña las inició en la última década el historiador Pedro Escalante Arce y a partir de sus hallazgos las han continuados otrxs académicxs. Herrera, la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, se ha especializado en investigar religiosidad popular.

Ella destaca que hay presencia de población afro en todo el país, en algunos lugares más visibles que en otros, como el caso de San Alejo, un pueblo del departamento de La Unión, cercano a San Antonio Silva, el cantón donde nació y creció Lara.

Más violencia por ser negro y gay

En El Salvador, la situación del color de piel marca territorios y puestos de trabajo, apunta Amaral Arévalo, investigador del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Lara, el joven migueleño, además de autoreconocerse como afrodescendiente, es gay. Eso lleva a ser más discriminado en un país racista y LGBTIQ+ odiante, donde no hay leyes ni políticas públicas a favor de las disidencias sexuales.

Para explicar la interseccionalidad, Arévalo recurre a la académica estadounidense Kimberlé Crenshaw. quien indica que la interseccionalidad no es la suma de características negativas, pero existen marcadores, como en este caso, la afrodescendencia y la sexualidad, que confluyen y actúan negativamente, lo que genera menos posibilidades de una adecuada inserción social. 

“Esa situación de interseccionalidad te va mostrar que sos más vulnerable a sufrir más situaciones de violencia en tu cuerpo, en tu identidad, como tal, por tener esos marcadores que interaccionan en vos. Van aumentando esos rasgos de violencia”, dice el investigador.

Uno de los trabajos de Arévalo es la historia de Rosaura Pereira, una chica trans hondureña que llegó El Salvador y vivió entre San Miguel y La Unión, dos departamentos rodeados de playas en el oriente del país.
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Encontraron asesinada a Alexa, la joven trans desaparecida desde diciembre en El Salvador

Jueves, 3 de febrero de 2022
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273122052_5138697746180215_4669621774149507239_nLa joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.

 SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.

Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.

De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.

Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.

El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.

Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.

La identificación

Cifras oficiales indican que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 reportaron 1,124 personas desaparecidas en El Salvador.

“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.

El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.

“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.

De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.

“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.

Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición

Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.

La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.

Cuando se hizo la primera alerta de la desaparición, el perfil de Facebook de Alexa aún aparecía activo, Jessica Hernández de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans, mostró a Presentes capturas de imagen de la actividad de la cuenta de Whatsapp de Alexa.

“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.

La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.

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Agravante de odio no se aplica a las sentencias

El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.

La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.

El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

2019020410144827559Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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