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El Salvador no protege a las personas LGBTIQ+ despedidas por discriminación

Martes, 14 de diciembre de 2021

67A6F3F7-83F7-4881-9A9B-B48E30922822El mecanismo para prevenir estas violencias, al menos en instituciones públicas, no es implementado por el gobierno actual. El presidente Nayib Bukele eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, la instancia encargada de aplicarlo y de capacitar en temas de diversidad sexual al personal que dependía del Ejecutivo.

 Ernesto es un chico gay. Fue despedido de una Alcaldía del oriente de El Salvador después de haber sufrido durante un mes discriminación y acoso laboral. Durante cuatro años trabajó allí como Jefe de Turismo, pero desde mayo, cuando cambió la administración, fue removido al área de Archivo y Digitación.

En su nuevo trabajo, Ernesto era enviado a visitas de campo junto con otro compañero delegado por sus jefes. La alcaldía garantizaba su traslado, pero a diferencia de la anterior modalidad de trabajo, ya no disponía de un vehículo para sus viajes. Tenía un carro lo llevaba a las cercanías de su destino. Así es que, debía caminar al menos cinco kilómetros en zonas rurales para realizar funcionar de catastro o señalar postes de electricidad.

Además del cansancio y del peligro que implicaba recorrer lugares solo, en los viajes soportaba los ataques homoodiantes de su compañero. En una ocasión, le obligó a que se metiera a un terreno con un matorral, donde Ernesto encontró un panal y las abejas le persiguieron.

El 30 de junio, un motorista de Uber al que Ernesto conocía y había recomendado a su hermana, le fue a buscar a la alcaldía para cobrarle un viaje . El hombre llegó hasta su oficina y amablemente le pidió que salieran del local. Afuera, comenzó a golpearlo y él se defendió.

Nadie de la alcaldía intervino. Al contrario, la comuna usó los videos de las cámaras de vigilancia en su contra. Pese a contar con un tipo de contratación que amerita un proceso administrativo para llegar a un despido, a Ernesto lo despidieron omitiendo ese proceso.

“Ellos trataron la forma de hacer las cosas verbalmente y en el documento hablan lo contrario. En los documentos no dicen que me despidieron por ser gay, cuando así fue, le dieron otra modalidad a mi despido… En la alcaldía solo tienen gente homofóbica”, cuenta. Prefiere que en esta nota no aparezca su nombre ni que se den detalles que puedan poner en peligro su integridad.

Ernesto ha denunciado su caso en la Fiscalía General de la República, pero la denuncia no avanza. Lo que así avanzó es un juicio laboral en un juzgado y para la próxima semana está programada la audiencia.

Sin ingresos

En la administración pasada de la alcaldía, Ernesto había logrado un convenio de la comuna con un ministerio para construir un parque central. Con el cambio de gobierno municipal a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, la alcaldía se desentendió del proyecto.

Ya despedido, personal del ministerio siguió en contacto con Ernesto para terminar la obra. Pero la página oficial de Facebook de la alcaldía publicó un video, con una fotografía suya y música de terror de fondo. Allí decía que Ernesto ya no trabajaba para la municipalidad y que no se hacían responsables de las acciones que él realizara.

Ese mismo video llevó a que una orquesta a la que él pertenecía, de la que era manager, cantante y bailarín, lo despidiera. También, a partir de la publicación, dejaron de llamarlo para producir fiestas de quince años, otro de sus ingresos.

Contra la LGBTIQ+ fobia en instituciones públicas

En El Salvador, las personas LGBTIQ+ que pueden optar por un empleo formal pero que luego son despedidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género no cuentan con una normativa que les proteja. Ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas.

En el país, hubo un mecanismo de prevención de la discriminación para lxs empleadxs de las disidencias sexuales que trabajan en las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo. Fue el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010, en la administración del expresidente Mauricio Funes, con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el decreto. Sus funciones las derivó a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La dirección tenía un call center al que podían llamar aquellxs empleadxs que se sintieran discriminadxs por su orientación sexual, identidad o expresión de género. También realizaba capacitaciones para sensibilizar en temas LGBTIQ+ al personal de instituciones públicas.

Aunque el decreto no contemplaba sanciones, Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amata El Salvador, recuerda que en una ocasión, una persona a la que un chico gay denunció por discriminación fue removida a otra institución.

A la fecha, el decreto no ha desaparecido, pero las organizaciones sociales denuncian que no tienen claridad de su aplicación. Así lo señala Jessica Torres, experta en temas LGBTIQ+ y procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Para Torres, el decreto tenía dos defectos, por su carácter Ejecutivo, era temporal pero era limitado. Se aplicaba solamente en las instancias que dependían de la presidencia, y dejaba afuera a otras instituciones públicas. Es decir, en el caso del despido de Ernesto de la alcaldía, la normativa no hubiese tenido ningún valor.

En los últimos años, la PDDH recibió seis denuncias de las disidencias sexuales por estigma y discriminación, no solamente en el área laboral. Sin embargo, en los casos laborales, aclara Torres, sobresalen las denuncias contra el sector privado.

Temor a denunciar

Roberto Saldaña, coordinador de áreas de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y coordinador del programa LGBTIQ+ , explica que no se recibieron denuncias de violación laboral en instituciones públicas. No se denuncia por temor a represalias.

En los últimos dos años, con Bukele al frente del Ejecutivo, fueron despedidas injustificadamente diferentes personas de las instancias públicas. A partir de junio de este año, cuando Nuevas Ideas (su partido) arrasó con las elecciones en las alcaldías, hubo muchos despidos sin un debido proceso.

Desde 2015, la FEASIES capacitó a lxs líderes, lideresas y a las bases sindicales en temas de diversidad sexual. A partir de entonces, observaron cambios: lxs sindicalistas de la disidencia sexual están más empodoradxs y aumentó la afiliación de personas de LGBTIQ+ a la federación.

Entre las denuncias que recibe la FEASIES, se encuentran muchas de mujeres trans a quienes en sus lugares de trabajo no les permiten expresar su identidad de género, prohibiéndoles vestuario femenino y maquillaje. A ellas, cuando trabajaban en el Ejecutivo, fue a quienes más benefició el Decreto Ejecutivo 56, dice.

De forma general, según señala Saldaña, lo que sucede con los despidos en El Salvador es que por desconocimiento sobre las leyes laborales, un 80 por ciento de lxs empleadxs firman su indemnización antes de denunciar una violación a sus derechos laborales. Cuando esto ocurre, ya no pueden ayudar.

“No queda claro si el Decreto Ejecutivo 56 está completamente inaplicable o no. Es curioso que, dentro del Ministerio de Cultura, si verificás documentos actuales creados por la Unidad de Género y Diversidad, no menciona el decreto. Es como si que no existiera, como si no hubiera antecedentes, como si el tema se tratara por primeva vez. Tiene que ver mucho con la política tácita del régimen: borrar lo que había antes”, sostiene Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador.

Esta asociación acompañó, con la llegada al Ejecutivo de Bukele, a mujeres trans y lesbianas despedidas con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. También lo hizo con la reducción de personal de Ciudad Mujer, proyecto insignia de los gobiernos de izquierda, con un enfoque integral en acompañamiento a las mujeres.

Presentes intentó contactar a delegadxs de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultural, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Hasta el momento, lo más cercano sobre la discriminación hacia la población LGBTIQ+ que existe en la legislación salvadoreña es una resolución de 2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un pronunciamiento sobre la negación del Ministerio de Gobernación hacia un grupo de hombres gay que querían conformar una organización.

El tribunal, en su momento, estableció que no era posible discriminar a las personas por su orientación sexual. Para entonces en el país no había mayor educación sobre la identidad de género. Por ejemplo, esta resolución no sirvió para vincularse con otras leyes.

Durante los dos gobiernos pasados, el Ministerio de Trabajo realizaba feria de empleo dedicadas a personas LGBTIQ+. También contaba con una ventanilla de atención especializadas para ellas. La iniciativa no continuó y aunque las organizaciones y la PDDH ya se reunieron con delegados del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para seguir con estos proyectos, todavía no reciben una respuesta oficial.

Mientras, como el caso de Ernesto, podrían continuar los despidos injustificados de personas de las disidencias sexuales sin ninguna protección estatal.

Tras las publicaciones de la alcaldía en sus redes sociales, Ernesto no tuvo más ingresos. Sólo la remuneración por la producción de una fiesta de 15 años hace una semana. “Con la fiesta rosa pagué tres meses de la renta de la casa. Con la comida, voy pasándola. Por ratos me ayuda mi mamá, por ratos me desespero, pero ahí voy”, detalló el joven.

Fuente Agencia Presentes

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Discriminan a pareja gay en un café de El Salvador: la denuncia se hizo viral

Jueves, 11 de febrero de 2021

Screenshot_20210204_111156_com.google.android.googlequicksearchbox_2-1-1018x509Por Paula Rosales, desde El Salvador

Mientras desayunaban la mañana del martes 2 de febrero en la cadena de cafeterías San Martín en El Salvador, una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes, por lo que la gerente les pidió se separaran.

Indignados, los hombres gay se retiraron del local, situado en uno de los centros comerciales más concurridos en Antiguo Cuscatlán, unos ocho kilómetros al oeste de la capital. Minutos después la pareja denunció en su cuenta de Instagram que fueron víctimas de un acto de intolerancia en un restaurante de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además que los dueños de esta cadena han financiado movimientos antiderechos.

“Solo tenía su brazo sobre mi hombro y hablábamos como personas civilizadas. Cuando le pedimos explicaciones a que se referían con “comportarse decorosamente” me dijeron: ‘ustedes saben a que me refiero”, denunció la pareja en su perfil de red social, sin que revelaran su identidad.

 

Condena social

Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.

“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.

Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.

“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.

Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.

Sin apoyo del Estado

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Histórico: una mujer trans y un hombre gay aspiran a convertirse en diputadxs en El Salvador

Viernes, 29 de enero de 2021

Captura-de-pantalla-2021-01-26-a-las-8.44.31-646x323Alejandra Menjívar y Erick Iván Ortiz competirán el 28 de febrero en las elecciones nacionales. Ella busca una diputación en el Parlacen y él en la Asamblea Legislativa. Su candidatura ocurre en un momento crucial para la democracia salvadoreña.

Por Stanley Luna

Las elecciones para alcaldes y diputados del 28 de febrero en El Salvador, por primera vez, contarán con la representación de una mujer trans y un hombre abiertamente gay. Se trata de Alejandra Menjívar, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Erick Iván Ortiz, quien corre por una diputación para la Asamblea Legislativa.

De ser elegidos funcionarixs, ambxs tienen en su agenda temas que son una deuda para la población LGBTI en el país: llevar a discusión la Ley de Identidad de Género –de la cual existe un anteproyecto desde 2018 en el Congreso-, generar mecanismos de protección para las disidencias sexuales y que el país atienda resoluciones internacionales, que, por ley, tiene la obligación de cumplir.

Menjívar tiene 34 años y es candidata al Parlacen por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda en el que milita desde 2008 y del que es Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual y Género.

Trabajó en la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda salvadoreño, que gobernó entre 2009 y 2011, y hoy se encuentra asilado en Nicaragua tras acusaciones de corrupción.

En 2009, la hoy candidata comenzó como voluntaria en un proyecto con la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans) y a involucrarse en la lucha por derecho humanos de la población LGBTI, lo que marcó el inicio de su activismo.

Con el 60% de los votos de su partido

Ella tomó la decisión de competir como diputada al Parlacen y no para la Asamblea Legislativa como una prueba a las bases del FMLN, para saber lo abierto que eran respecto a la participación de las disidencias sexuales a cargos públicos, explica en una entrevista a Agencia Presentes.

“El Parlacen no solo es un ente de la integración centroamericana, sino que tiene que ver con recomendar a los Estados de la región hacia dónde deben de ir encaminadas las políticas públicas”, dice Menjívar.

En las elecciones internas del FMLN, Menjívar quedó en la quinta posición de entre 20 precandidatxs. Obtuvo más del 60 por ciento de los votos de la militancia a nivel nacional. En las internas, también fue elegido como candidato a alcalde un hombre abiertamente gay, mientras que otras personas de la población LGBTI participarán por cargos de regidores, concejales y diputados suplentes en las elecciones de febrero.

Lxs diputados del Parlacen son elegidos en elecciones democráticas. Son 20 diputados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Lxs expresidentes y vicepresidentes de estos países también se convierten en diputados inmediatamente terminan sus mandatos.

Roberto Zapata, secretario de la organización Amate El Salvador, reconoce que no solo en El Salvador, sino que, en cualquier país, candidates o funcionaries LGBT se enfrentan a “barreras” antes y durante ejercen su cargo.

Escuchar a la sociedad civil

Las postulaciones a diputaciones de Menjívar y de Ortiz, dice, generan expectativa en la sociedad civil organizada y la población LGBTI, en general. Si llegan a convertirse en diputades, tendrán que legislar a favor de esta población de forma transversal. Y, al mismo tiempo, legislar a favor de otros temas sociales, incorporando el componente de la inclusión.

“Si elles son electos para su cargo, yo espero que tengan la apertura de llevar adelante las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se convocan. Que, si nos acercamos a elles, tengan la apertura”, señala el activista.

Zapata destaca que, en el caso de Menjívar, ella se ha encargado de informar, desde su candidatura, sobre las funciones del Parlacen, una instancia poco conocida para la sociedad salvadoreña.

Menjívar asegura que es en el Parlacen donde ella ve la oportunidad de incidir para que los Estados aprueben leyes a favor de las disidencias sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que, además, atiendan resoluciones vinculantes, como la emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través de una opinión consultiva en Costa Rica, ordenó garantizar el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género de las personas trans. Una resolución que atañe a El Salvador y a otros 19 países de América. 

Aunque el voto en El Salvador para alcaldes y diputados es por rostro, sin una Ley de Identidad de Género, ella ve imposible que el Tribunal Supremo Electoral la deje competir en las elecciones con su nombre elegido, como sí lo hizo en las elecciones internas de su partido. De exigirle el nombre según documento de identidad, optará por los apellidos.  De hecho, en su campaña le ha apostado a posicionarse como “Menjívar Guadrón” y “Aleja Menjívar”.

Es complicado, es complejo, es todo un panorama adverso, porque, evidentemente, voy a ser una contra varios que vienen siendo parte del sistema, pero eso es lo que nos motiva.”, afirma Menjívar.

“Todo en adelante es nuevo”

Erick Iván Ortiz, candidato por Nuestro Tiempo, un partido fundado por exdiputados del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que debutará en las elecciones de este año, busca ser diputado por el departamento de San Salvador, dentro del cual se encuentra la capital del país centroamericano.

Ortiz tiene 29 años y casi una década de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Forma parte de la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglomera a varias organizaciones que luchan por los derechos de las disidencias sexuales en El Salvador.

En 2017, él fue parte del grupo de seis jóvenes que renunció a la juventud de ARENA tras mostrar públicamente su postura a favor hacia temas progresistas, como el matrimonio igualitario y el aborto.

“Hay que decir que la mía es la primera candidatura abiertamente LGBTI para un cargo de diputación en la Asamblea Legislativa, entonces, todo en adelante es nuevo, no ha sido explorado, pero lo que yo sí esperaría es que, desde la población LGBTI, podamos, también, tomar consciencia de la importancia de la representatividad”, sostiene.

Si se convierte en diputado, Ortiz dice que impulsará la Ley de Identidad de Género y presentará un anteproyecto de Ley Nacional contra la Discriminación en la Asamblea Legislativa, para crear una institución que proteja los derechos de la población y que sea independiente del Ejecutivo.

Deudas del gobierno actual y perspectivas

El 28 de febrero, el partido fundado por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, también participará por primera vez en las elecciones para diputadxs y alcaldes.

Bukele, en el año y medio en el cargo, no ha mostrado interés de crear políticas públicas a favor de la población LGBTI. Es más, en el segundo día de su gobierno trasladó las funciones de la Dirección de la Diversidad Sexual, creada en el primer gobierno del FMLN bajo presión de la sociedad civil, al Ministerio de Cultura. Este es uno de los ministerios con uno de los presupuestos más bajos.

La dirección estaba adscrita a la ya desaparecida Secretaría de Inclusión Social y dependió presupuestariamente de la Presidencia. Sus funciones fueron la capacitación del personal de los diferentes ministerios, la generación de ferias de empleo para las disidencias sexuales y la creación de un call center para atender denuncias por discriminación de las personas de las disidencias sexuales que trabajaran en alguna institución gubernamental. Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno dará seguimiento a estas acciones.

Con las diputaciones ganadas por Nuevas Ideas, más el bloque de los otros partidos de derecha que no tienen en su agenda las políticas públicas a favor de la población LGBTI, Zapata adelanta que se están preparando para más retrocesos en derechos humanos.

Lo más probable es que la mayoría de diputaciones terminen siendo bastantes conservadoras, lo que puede terminar en que, en lugar de avances, sean retrocesos en tema de derechos humanos. Ya lo hemos visto dentro del Órgano Ejecutivo. Ahora, es probable, y nos estamos preparando para ello, de que también suceda en el Órgano Legislativo”, advierte.

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Fuente Agencia Presentes

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Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele

Jueves, 20 de febrero de 2020

2019020410144827559Por Paula Rosales

La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

2-1024x768El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

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El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

5-2-1024x768Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.

Fuente Agencia Presentes

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Crímenes de odio siguen impunes en El Salvador: exigen investigarlos

Jueves, 7 de noviembre de 2019

JUSTICIA-FEMINICIDIOS-TRANS-1024x768Por Paula Rosales, desde El Salvador

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuals, Trans e Intersexuales (FESLGBTI) exigió al Estado la investigación y judicialización de los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI.

De acuerdo a registros de la Federación, de enero a octubre de 2019 asesinaron a siete personas LGBTI con extrema crueldad, de los cuales, cinco casos se cometieron en contra de mujeres trans.

El pronunciamiento de las organizaciones se hizo escuchar después del asesinato de Anahy Miranda Rivas en la madrugada del domingo pasado. La joven trans de 27 años fue asesinada con saña al interior de un vehículo en un concurrido bulevar de San Salvador.

La Federación documentó en los últimos tres años al menos 20 asesinatos de mujeres trans de 16 a 32 años. La esperanza de vida de ellas no sobrepasa los 33 años. Mientras tanto, entre la población de hombres trans se contabilizaron al menos tres asesinatos durante los años 2017, 2018 y 2019.
Crímenes de odio siguen impunes

La Federación Salvadoreña LGBTI exige a la fiscalía y a la policía, así como a los demás operadores del sector de justicia, que investiguen el asesinato de personas LGBTI, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y prejuicio, y buscando la condena de los culpables de estos crímenes”, expresó Roberto Zapata de la organización Amate El Salvador.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

“La vida se defiende sin importar edad, género o condición. Quien se atreva a atentar contra este derecho, que es irreemplazable, tendrá que afrontar duras consecuencias jurídicas. Y mi obligación es velar porque esto se cumpla”, escribió el fiscal Raúl Melara en su cuenta de Twitter.

Fuente Agencia Presentes

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Chofer golpea y ofende a estudiante de peluquería por su orientación sexual

Martes, 29 de diciembre de 2015

M_images.2015_2.conductor_homofobo_chilensp-524El conductor homófobo

El sujeto se abalanzó sobre el joven gritándole “maricón rechuchatumadre”, lo despojó de su cámara para evitar que grabara y comenzó a golpearlo en diversas parte del cuerpo.

Un estudiante de peluquería, Roberto Zapata, fue violentamente agredido en razón de su orientación sexual por un chofer de la línea de buses Vía Láctea de Talcahuano, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El joven, que además se desempeña como garzón para costear sus estudios, fue agredido cuando tomó un bus (placa patente DRFP-70) en las afueras del mal Plaza Trébol, su lugar de trabajo.

Luego de que el joven mostrará el pase el escolar, el chofer le consultó que estudiaba. Osvaldo respondió que peluquería, aclarando que venía de su trabajo, de hecho vestía su uniforme de garzón. Fue en ese momento cuando comenzaron las ofensas en razón de la orientación sexual. “Ah, el mariconcito es peluquero”, reaccionó el chofer.

El estudiante lo ignoró y tomó un asiento. Al pasar unos minutos, el joven informó al conductor su paradero, sin embargo el sujeto se negó a estacionar en reiteradas oportunidades y comenzó a agredir al joven con palabras del tipo “hueco” , “maricón”.

Cuando el joven logró bajar, le lanzó un reclamo al chofer acusándolo de mala atención y de agredir a pasajeros. Al caminar unos metros, y en forma sorpresiva, el joven se dio que cuenta de que el chofer se había bajado del bus. Acto seguido el chofer comenzó a decirle maricón rechuchatumadre y lo despojó de su cámara para evitar que grabara, golpeándolo con patadas en su rodilla, muslo y testículos. Sólo los pasajeros que intervinieron a favor del joven, evitaron un incidente mayor.

El chofer luego partió, y el joven llamó a carabineros, constatando lesiones en el Hospital Higueras, donde formalizó la denuncia por lo ocurrido.

En virtud de lo anterior, el Movilh envío hoy una carta a Vía Láctea repudiando el hecho y solicitando a la empresa “que adopte medidas inmediatas para sancionar al responsable, para ofrecer disculpas públicas al afectado y para que se capacite a todos los trabajadores en materia de igualdad y no discriminación, de manera de evitar nuevos abusos.”

En paralelo, el Movilh evaluará las acciones legales o administrativas que sean necesarias para alcanzar justicia. “Esta es una situación abusiva, de discriminación extrema, que como institución no toleraremos”, señaló el vocero de Movilh-Biobío, Esteban Guzmán.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , ,

Recordatorio

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