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Tras años de lucha, los colectivos canarios consiguen la aprobación de la ley integral de transexualidad

Viernes, 24 de octubre de 2014

foto03816-lsEl Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el pleno, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, un éxito de los colectivos LGTB y trans canarios que coloca por fin a Canarias en el grupo de comunidades que ya han aprobado leyes específicas de protección del colectivo transexual en los diversos ámbitos sociales. 

El objeto de la ley es “garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”. Dividida en una exposición de motivos, cinco títulos, una disposición adicional y dos finales, la iniciativa recoge, entre otros, los derechos de las personas transexuales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo. El texto hace también referencia a los derechos de los menores transexuales, un grupo especialmente vulnerable.

La ley, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, obliga además a establecer reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con una documentación adecuada que les facilite “una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones”.

Representantes de los colectivos LGTB canarios se han mostrado muy satisfechos por la aprobación de un texto que en palabras de María José Rodríguez San Fiel, presidenta de Altihay (Fuerteventura), “va a cambiar la vida de muchas personas”. Clarlie A. Marrero, presidente de Algarabía (Tenerife), ha destacado el hecho de que la ley se haya aprobado por unanimidad. “Es hora de que se entienda que los derechos de las personas LGTB son derechos humanos y por tanto están por encima de las ideologías políticas. Todos los partidos democráticos deben asumir estos derechos como parte esencial de sus  políticas”, ha declarado. Víctor M. Ramírez, presidente de Gamá (Gran Canaria) ha resaltado por su parte que “la ley va a evitar situaciones sangrantes de discriminación real”.

Canarias se suma así a Navarra, Euskadi y Andalucía, las tres comunidades que ya han aprobado leyes integrales de transexualidad.

Un largo camino

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras una importante reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (en concreto, Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos y se obtuvo el compromiso de ambas fuerzas de apoyar la propuesta.

El proyecto sumó luego el apoyo de Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario. Incluso el PP, que pese a estar en la oposición cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), decidía finalmente apoyarlo, al igual que hizo en Andalucía (donde también es oposición) pero a diferencia de lo que hizo en su momento en la Comunidad de Madrid, donde dispone de mayoría absoluta.

Necesidad de un desarrollo reglamentario

La aprobación de la ley canaria es una excelente noticia, pero debemos recordar que este tipo de leyes pueden quedar muy  fácilmente en papel mojado si no se acompañan del correspondiente desarrollo reglamentario que las propias leyes prevén.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), volvía por ejemplo a reclamar hace pocos días al Gobierno andaluz “el pronto desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos que hagan efectiva la ley para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones o una operación de marketing, consistente en ‘vender’ avances que en realidad no se ponen en práctica”.

Fuente Dosmanzanas

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