Campaña Nora y su mochila menguante

Preocupantes datos los que desvela un estudio elaborado por la FELGTB según el cual el 58% de las personas trans ha sido víctima de transfobia durante su etapa escolar, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas. LA FELGTB considera urgente la aplicación de protocolos específicos de acompañamiento para menores y jóvenes trans, que parecen mejorar de forma muy clara estas cifras. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes los datos extraídos de una encuesta realizada a una muestra de personas trans de entre 16 y 24 años de todo el territorio español que revela que casi el 60% (58%) sufrió transfobia en el ámbito escolar.

Esta transfobia, según el sondeo, se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%) hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado. Además, el 58% de quienes sufrieron estas violencias aseguró que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a quienes las ejercieron.

La investigación (que puedes descargar aquí), aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa sí ofrece datos significativos, revela además que, tras ser víctima de estas agresiones, solo el 15% de las personas encuestadas encontró apoyo en el profesorado y un 20% no encontró apoyo en nadie. El 40% de los menores y jóvenes trans víctima de transfobia se apoyó en otros miembros del alumnado.

Por otra parte, los datos muestran que Secundaria es la etapa en la que más personas sufrieron transfobia (37%), seguida de Primaria (25%), Bachillerato o FP Superior (22%), educación Infantil (9%) y Universidad (7%). Un 57% de las personas víctimas de transfobia declararon haberla sufrido durante más de una etapa escolar.

Discriminaciones y dificultades del alumnado trans relacionadas con la identidad de género.

El 53% de las personas encuestadas afirmó que en el entorno escolar nunca o rara vez se las llamaba por su nombre de acuerdo a su género y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por otra parte, cuándo fueron preguntadas por las principales dificultades encontradas durante su etapa educativa, coincidieron en que, al margen del acoso verbal y/o físico, lo peor para ellas fue la falta de apoyo y comprensión por parte del profesorado y del resto del alumnado; el sentimiento de soledad; la falta de información y formación sobre la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual y familiar que ellas mismas tenían y el sentimiento de no poder expresar quiénes eran por miedo al rechazo.

También señalaron aspectos puramente relacionados con la gestión del centro como la diferenciación del uniforme en función del género, la separación por género en asignaturas como educación física o los WC binarios. Y es que, el 89% respondió que en su centro existían actividades separadas por géneros; el 76% indicó que no existía en su centro educativo intimidad para cambiarse de ropa; el 99% explicó que en sus centros los aseos están diferenciados por géneros y el 88% aseguró que durante festividades y festivales (navidad, carnaval, etc.) se empleaba vestimenta diferente para chicos y chicas.

Repercusiones de las violencias y la discriminación

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, de los datos de la encuesta también se desprende que el 28% del alumnado trans víctima de violencia tuvo que cambiar de centro y que en personas trans de entre 16 y 20 años existe una tendencia al abandono escolar temprano superior a la de la población escolar de la misma edad.

Además, el 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron: horrible, agobiante, dura, infierno, difícil, costosa, incómoda y complicada.

La importancia de los protocolos 

Sin embargo, el informe arroja algo de luz ya que, según las respuestas de las personas encuestadas, mientras que en los centros educativos donde no existía protocolo de acompañamiento para menores y jóvenes trans, el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa, en los centros donde sí se contaba con protocolo, esta cifra descendió hasta un 27%.

Por este motivo, Carlos Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB ha recordado durante el acto la necesidad de implantar estos protocolos de manera obligatoria en todos los centros educativos del territorio estatal. “Aún hay muchas CCAA que carecen de leyes autonómicas LGTBI que hacen obligatorios estos protocolos. También hay otras CCAA, donde sí existe legislación, pero está sin implementar por falta de dotación presupuestaria”, ha declarado y ha recordado que “se trata de menores que están sufriendo y su calidad de vida depende en muchas ocasiones de gestos simples”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que, mientras se aprueban e implantan las legislaciones, mejore la vida de estos menores con gestos sencillos como llamarles por su nombre sentido, eliminar la separación por géneros en actividades como la educación física o permitirles vestir el uniforme correspondiente a su identidad sentida de género.

“En cualquier caso, no podemos dejar que los derechos de los menores y jóvenes dependan de la buena voluntad. Por eso, exigimos la aprobación de la Ley Estatal LGTBI que recoge todas estas medidas de forma prioritaria tras la formación de gobierno”, ha concluido Castaño.

A la luz de estos datos, FELGTB ha desarrollado una campaña dirigida a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular para sensibilizar sobre la realidad de los menores y jóvenes trans.

Conoce la historia de Nora y su mochila menguante:

Archivos

Informe menores trans FINAL-comprimido.pdf (4,58 MB)

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Adolescentes LGTB, Carlos Castaño, Delitos de Odio, Educación, FELGTB, LGTBfobia, Niñas trans, Niños trans, Nora y su mochila menguante, Personas transgénero, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Como ya habíamos anunciado el pasado mes de julio, desde ayer mismo, la bióloga Brigitte Baptiste se ha convertido en la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Baptiste, que hasta hace poco ejercía de directora general del prestigioso Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, ha ayudado siempre a visibilizar y empoderar al colectivo LGTBI, a través de su propia experiencia personal.

La bióloga colombiana Brigitte Baptiste, considerada la mayor experta en sostenibilidad de su país, se acaba de convertir en la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Según anunció la Universidad EAN el pasado mes de julio, Baptiste se pone desde septiembre al frente de esta institución con el objetivo de «consolidar el propósito superior de la Ean: el emprendimiento sostenible».

«Bajo su dirección, la Institución lanzará una línea de consultoría corporativa que vinculará, a través de la investigación aplicada, a empresas y científicos en líneas como desarrollo de energías limpias y construcción sostenible. Un ejemplo de esta correcta articulación será la construcción del Ean Legacy, que se convertirá en el primer edificio del país construido bajo principios de economía circular y se inaugurará en junio de 2020», aseguraban a través de un comunicado los responsables de su fichaje.

#ComunicadoOficial | Nos complace informarle a la comunidad eanista y a la opinión pública que, a partir del primero de septiembre, asumirá como rectora de nuestra Institución la mayor experta en sostenibilidad de Colombia, @Brigittelgb. Más detalles: https://t.co/0xP1o5fHQK

— Universidad Ean (@UniversidadEan) July 22, 2019

Baptiste, casada con Adriana Vásquez —con quien tiene dos hijas—, ha ayudado siempre a visibilizar los derechos de la comunidad LGTBI. «Como soy bióloga, entiendo que la evolución se produce siempre a través de la variedad y de la diferenciación constante de la expresión sexual […] Si queremos respetar la naturaleza debemos entender que esa condición de lo raro es absolutamente positiva», confesaba la colombiana en una entrevista reciente.

Su curriculum, desde luego, no es una broma. Baptiste, que ahora tiene 55 años, se graduó en Biología por la Pontificia Universidad Javeriana y es experta en Conservación y Desarrollo Tropical. Durante los últimos diez años, había ejercido el cargo de directora general del prestigioso Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y, desde hacía uno, era miembro del Consejo Superior de la Universidad EAN.

Sin duda, un importante paso adelante en materia de visibilidad para Colombia, un país en el que la población LGTBI (y muy singularmente el colectivo trans) sigue sujeto a una considerable discriminación social y en el que el avance de sus derechos se ha producido no por decisión de las fuerzas políticas representadas en el legislativo, sino a golpe de sentencia de la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Brigitte Baptiste, Colombia, Educación, https://www.cristianosgays.com/tags/corte-constitucional-colombia/, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Personas transgénero, Pontificia Universidad Javeriana, Transexualidad, Universidad EAN, Visibilidad LGTBI, Visibilidad trans

Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

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El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp, «cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA) en Oaxaca anunció que se encuentra trabajando para poner en marcha una clínica especializada para la atención de personas transgénero y transexuales. Se espera que las puertas de este centro se abran a finales de este año.

El anunció fue hecho por Gabriela Velásquez Rosas, titular del COESIDA, quien señaló que se encuentra en medio de las gestiones necesarias para que la clínica sea una realidad.

“La población transgénero es un sector vulnerable; además, por prácticas sexuales sin uso de condón, por complicaciones hormonales que derivan en infartos, diabetes, hipertensión, pues se automedican”, explicó Velásquez.

El espacio tendría por meta ofrecer atención integral por medio de especialistas; como endocrinólogos, quienes serían los encargados de proporcionar y dar seguimiento a los tratamientos hormonales, mismos que serían financiados por el gobierno.

La funcionaria detalló que para que el centro de atención especializado para personas trans  cumpla por completo sus objetivos es necesario que se realicen un serie de modificaciones a la Ley de Salud para dar un mayor énfasis a la atención de esta población.

“Hablar de las personas de este sector sigue siendo un tema tabú entre la sociedad y estos talleres buscan darles información integral respecto a las prácticas peligrosas y acceso a servicios de salud; ellos viven acoso sexual, estigmatización y discriminación, y la inclusión es la forma correcta de tener una sociedad sana y libre de estigmas”, declaró la funcionaria.

Con información de Imparcial de Oaxaca.

General, Historia LGTBI Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA), Gabriela Velásquez Rosas, Oaxaca, Personas transgénero

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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  El Colegio de Médicos de Las Palmas se ha convertido en la primera institución española de este tipo que ha introducido la diversidad de identidades de género en su ficha colegial. Desde el pasado mes de mayo, existe una nueva casilla de identidad que será de cumplimentación voluntaria, pudiéndose elegir entre: hombre, mujer o no binaria. Dosmanzanas ha podido charlar sobre esta iniciativa con Joana Cabrera, médica de familia, activista trans y representante del Colectivo Gamá LGTB de Canarias.

General, Historia LGTBI Ámbito laboral, Canarias, Colegio de Médicos de Las Palmas. Discriminación, GAMÁ, Género no binario, Identidad de género, Intersexualidad, Joana Cabrera, Las Palmas de Gran Canaria, Personas transgénero, Transexualidad

Una pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

#StopTransfobia #SiTocanAUnxNosTocanATodxs
🔊 Es #URGENTE la tramitación de la #LeyTransEstatal de protección jurídica del derecho a la identidad sexual y agravar los delitos de odio #ContraLaTransFobiaTolerenciaCero
Lee los sucesos aquí 👇👇👇https://t.co/JTnsYtyfY0 pic.twitter.com/TmXd85UMd5

— Plataforma Trans (@PlataformaTrans) 2 de junio de 2019

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia. 

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

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Un joven de 23 años ha sido condenado a 10 meses de prisión por un tribunal parisino por la agresión a Julia Boyer, una mujer trans a la que golpeó el pasado marzo en plena calle, cuando Boyer se topó con una manifestación contraria al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y desencadenaron gran indignación en Francia. Se da la circunstancia, además, de que la víctima ha tenido que soportar, durante el juicio, que se dirigieran a ella utilizando un pronombre masculino, pese a tratarse de una mujer. 

El pasado 31 de marzo, Julia Boyer se encaminaba hacia el metro cuando se topó, en la parisina Plaza de la República, con una manifestación contra el Gobierno de Abdelaziz Buteflika en Argelia. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a acosarla, le dirigieron insultos homófobos y tránsfobos, la zarandearon y la golpearon. Agentes de seguridad del metro intervinieron para ponerla a salvo. Las imágenes de la agresión, grabadas por una cámara de videovigilancia, se viralizaron rápidamente en redes sociales, levantando una ola de indignación que se extendió por toda Francia:

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk

— SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 de abril de 2019

Julia Boyer recibió la solidaridad de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de la secretaria de Estado francesa de Igualdad, Marlène Schiappa, entre otras personalidades, que condenaron lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. Lamentablemente, solo uno de los agresores pudo ser identificado y detenido.

Poco más de mes y medio después, los hechos han sido juzgados, y el detenido, Seddik A., de 23 años, ha sido condenado a un total de diez meses de prisión, de los cuales seis deberá pasarlos obligatoriamente entre rejas. Deberá abonar a la víctima 3.500 euros, además de otros 1.500 euros a cada una de las tres organizaciones que también se han personado como parte (SOS Homophobie, Mousse y Stop Homophobie), y tiene prohibido contactar con la víctima y acercarse a su domicilio. El condenado, por su parte, ha alegado que durante los hechos se encontraba bajo medicación y no era plenamente consciente de sus actos. Sus abogados, que se reservan el derecho de recurrir la sentencia, argumentan que se trata de un joven en una situación social vulnerable, con problemas de adicción y bajo tratamiento psiquiátrico, y consideran la condena muy dura. Una dureza que atribuyen a lo mediático del caso.

Tanto Julia Boyer como los colectivos que la han acompañado en el juicio se han felicitado por la sentencia y consideran que la justicia ha hecho su trabajo, aunque lamentan que solo uno de los agresores haya podido ser juzgado. Lamentablemente, el proceso también ha tenido sus puntos oscuros: la víctima, que no ha podido todavía proceder a la rectificación de sus datos registrales (un proceso que en Francia sigue judicializado tras la tímida reforma promovida en 2016 por el entonces Gobierno socialista) tuvo que soportar que en varias ocasiones el tribunal se dirigiese a ella en masculino. De hecho, la Fiscalía, un tanto despistada, se vio obligada a cambiar la acusación, fundamentada inicialmente en la «orientación sexual» de la víctima, para basarla después en su identidad de género. Un ejemplo más de lo poco preparado que está el sistema de justicia, en este caso en Francia, a la hora de respetar la diversidad, incluso cuando las sentencias, como en este caso, son favorables a los intereses de las víctimas de LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí. 

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo avance en el reconocimiento de las identidades de género no binarias. La Administración del estado norteamericano de Nevada aprobó este lunes la emisión de documentos de identidad y permisos de conducción con una tercera opción de sexo legal. La categoría «X» se añadirá a las existentes de «M» y «F» y estará a disposición de quien la solicite, sin que se requiera una autorización judicial. Nevada se convierte en el décimo estado de Estados Unidos, además de Washington D. C., en implementar esta medida.

Según el departamento de Vehículos de Motor, el cambio viene precedido de años de preparación. La iniciativa surgió en junio del año pasado, cuando se decidió eliminar el requisito de una orden judicial, certificado médico o partida de nacimiento para el cambio del sexo legal en los documentos de identidad que emite el estado. Posteriormente se acordó añadir la categoría «X» como alternativa a las binarias de «M» y «F».

Nevada es un estado pionero en el reconocimiento de la diversidad de género. En 2016 se aprobó una ley para la modificación registral del género en las partidas de nacimiento sin tutela judicial ni intervención quirúrgica, solo con una declaración jurada. Con la medida introducida esta semana, el activista Ray Mcfarlane espera sentar un precedente para el resto del país y que las personas trans o de género no binario puedan obtener sus nuevos documentos sin necesidad de invertir tiempo y dinero en procesos judiciales. Jane Heenan, de Gender Justice Nevada, abogó por eliminar por completo la mención al género en estos papeles, pero desde la Administración del estado se escudaron en las normas de nivel federal, que exigen el registro del sexo legal.

El estado se une a Arkansas, California, Colorado, Indiana, Maine, Minnesota, Oregon, Utah y Vermont, además de Washington D. C., en introducir una tercera opción de género en los carnés de identidad y permisos de conducción. Sin embargo, tan solo Oregón y la capital federal han consagrado, como ha hecho ahora Nevada, el principio de autodeterminación de género. En el resto del mundo, países como Australia en 2011,  Canadá en 2017,  California, y Malta en 2017 o Alemania el año pasado han dado pasos en el reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. La posibilidad de registrarse bajo un tercer sexo legal o de dejar en blanco el campo correspondiente ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal . Tribunales de Austria y Holanda también han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género este mismo año.

Fuente Dosmanzanas

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Este próximo domingo se celebran elecciones generales en España. Posiblemente las más importantes desde la recuperación de la democracia ya que la entrada de juego de Vox, formación de extrema derecha que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas y que podría tener un gran resultado ha alterado el panorama político de forma irreversible y que ha influído en la derechización del discurso de los partidos con los que se manifestó en la Plaza de Colón: Ciudadanos, el Partido Popular y UPyD.  Solo una fuerte movilización del electorado de izquierda puede evitar la catástrofe.

Es por tanto, interesante conocer lo que los diferentes partidos políticos plantean en sus programas en esta materia, y que consideramos conveniente conocer: PSOE; Unidas Podemos (Podemos+IU); Ciudadanos; PACMA; PP y Vox.

PSOE (ver programa)

En la sección dedicada a las personas mayores del programa socialista, aparece la siguiente afirmación génerica: «Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las especiales situaciones en la que se encuentre algunos colectivos como las personas mayores LGTBI o las personas mayores del ámbito rural». En la sección dedicada al deporte, el programa socialista promete «impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, mediante la puesta en marcha de programas cuyo objetivo sea la plena inclusión e integración social y la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la xenofobia, el racismo y la LGTBIfobia en el ámbito deportivo».

El programa incluye luego una sección dedicada enteramente a la «Igualdad de trato para el colectivo LGTBI», cuyas promesas son:

• Aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género «que establezca medidas de carácter específico para luchar contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la sanidad, la educación, el empleo y la ocupación, los servicios sociales y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público».
• Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil.
• Asegurar que la inscripción de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, concebidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida admitidas en nuestro ordenamiento jurídico (queda excluida, por tanto, la gestación subrogada), se produce sin discriminación alguna en relación con las parejas heterosexuales que utilizan las mismas técnicas.
• Mejorar el estudio y atención de las solicitudes de protección internacional fundadas en la persecución por orientación sexual, identidad de género y características sexuales y reforzar la formación en este ámbito del personal que interviene en la tramitación y resolución de los expedientes, garantizando la seguridad de estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
• Impulsar la adopción por parte de las autoridades educativas de protocolos destinados a evitar el acoso transfóbico y homofóbico y favorecer el tratamiento de las personas trans en los centros educativos de acuerdo con su identidad de género.
• Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas LGTBI mayores y con discapacidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
• Impulsar el estudio del fenómeno de la violencia sufrida por las personas LGBTI en el entorno familiar, así como la producida en el seno de parejas del mismo sexo, con vistas a la adopción de medidas específicas para la protección efectiva de sus víctimas.
• Mejorar la formación de las y los empleados públicos, en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia, en materia del respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar.
• Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo.
• Promover la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGBTI.

Respecto a las personas trans, el PSOE promete impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España en su documentación identificativa, así como la eliminación de la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales. También promete adoptar medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas trans y garantizar la financiación pública de las operaciones de reasignación de género.

Para coordinar todas estas actuaciones el PSOE promete aprobar un Plan Estratégico para la no Discriminación de las Personas LGBTI, para garantizar su igualdad real y efectiva.

Finalmente, en la sección dedicada a la política exterior, el PSOE promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Podemos (ver programa)

El programa de Podemos recoge como principal compromiso la aprobación de dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas LGTBI, «en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio»,  y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

Otras menciones a las personas LGTBI en el programa de Podemos aparecen en los siguientes compromisos:

• Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las administraciones públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
• Impulsar los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.
• Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
• Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global mediante una nueva Ley de Asilo que entre otras cosas pondrá especial atención «a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata».

Izquierda Unida (ver programa)

Izquierda Unida (IU). Por un lado, en la sección dedicada a la Educación, IU promete la implantación de un programa «de educación afectivo-sexual obligatorio, en igualdad y con sensibilización a la diversidad sexual e identidad de género libre de estereotipos sexistas, LGTBIfóbicos y transfóbicos y por parte de profesorado especializado en enfoque de género», así como el «desarrollo de programas de formación para el personal que trabaja en los centros educativos públicos y, hasta la eliminación de los conciertos educativos, centros sostenidos con fondos públicos, para que tengan conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQ+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQ+» y la «formación de inspectores/as de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIfóbico en los centros educativos».

El programa de IU dedica varias páginas a la realidad LGTB:

• Creación de un instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa y atención del colectivo LGTBI.
• Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con las personas LGTBI por medio de la aprobación de un protocolo de control de estereotipos.
• La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos LGTBIfóbicos.
• La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término «grupo de riesgo» en alusión al colectivo LGTBI.
• Campañas de fomento del asociacionismo juvenil LGTBI.
• Inclusión en las políticas de las personas menores, con medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, la identidad y la expresión de género, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la diversidad, con especial atención a menores transexuales.
• Fomento de los estudios e investigaciones LGTBI en los que se tengan en cuenta los efectos de las discriminaciones múltiples.
• Asistencia social pública y gratuita para todas aquellas personas LGTBI que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
• Convocatoria específica estatal de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI.
• Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la realidad LGTBI.
• Ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de algún tipo de convenio económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa en la televisión pública.
• Fomentar las medidas para combatir el «sexilio» como fenómeno por el que una parte de nuestra población LGTBI tiene que emigrar a otras localidades por cuestiones relativas a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de la ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública… Dicha ley posibilitará, por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos o medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas, sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias (también con las personas que viven con VIH) o la inclusión obligatoria de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas.
• La Creación de un Observatorio Estatal de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de una ley estatal trans que reconozca la autodeterminación del género, despatologice la transexualidad, posibilite la descentralización sanitaria y que reconozca estos derechos a los menores. Esta ley irá acompañada de un protocolo sanitario de atención a personas trans así como también un protocolo educativo que posibilite que los menores trans puedan desarrollarse libremente.
• Formación específica al personal de la administración pública en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI.
• Realizar campañas que fomenten la denuncia de agresiones LGTBIfóbicas, así como dar recursos económicos a los colectivos LGTBI para que puedan hacer campañas de denuncia, así como programas de acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas.
• Visibilización de la violencia intragénero para que deje de considerarse un tabú y se puedan llevar a cabo las medidas oportunas, tanto de asesoramiento como legales.
• Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes totalitarios como el franquismo o el nazismo y los conflictos armados en Europa en el siglo XX, así como promover compensaciones, incluidas las de carácter económico.
• Recuperar para todas las mujeres los tratamientos de reproducción asistida, aprobar una normativa general que garantice que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGBTI e incorpore servicios y programas específicos y garantizar que la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público se adecue a la identidad de género de la persona. La cartera de servicios básica incluirá el tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. La cartera de servicios complementaria proporcionará el proceso de reconstrucción genital.
• En materia de intersexualidad, IU propone erradicar por completo las prácticas de asignación de sexo en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida.

Por lo que se refiere a las personas mayores LGBTI, IU proponer impulsar medidas para garantizar que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, no permitan ningún tipo de discriminación de personas LGBTI, así como fomentar la creación de residencias para personas mayores específicas para el colectivo LGTBI, «espacios seguros y cómodos donde puedan disfrutar sin miedo nuestras personas mayores, con tendencia a la inclusión a medida que se avance en la consecución de derechos y normalización del colectivo».

A nivel internacional, IU propone, entre otras medidas, promover la defensa de los derechos de las personas LGTBI en las organizaciones y foros internacionales, así como la inclusión explícita a los derechos LGTBI en la cláusula de derechos humanos incluida en todos los acuerdos entre el Estado Español y otros estados u organismo y la elaboración de un programa de cooperación internacional enfocado a los derechos de las personas LGTBI. También propone incidir en las instituciones de la Unión Europea para que se apruebe una Directiva europea contra todo tipo de discriminación, incluyendo la basada en prejuicios LGTBIfóbicos, así como impulsar la revisión y reformulación de diversas directivas comunitarias para asegurar el reconocimiento de las familias LGTBI en todo el continente.

Ciudadanos (ver programa)

Ciudadanos propone incluir en su propuesta de reforma constitucional «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual» y endurecer «las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)».

Ciudadanos también promete aprobar «una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI». «Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI», asegura el programa naranja. También promete acabar «con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del VIH en nuestro país» y prohibir «cualquier discriminación en el acceso al empleo por ser portador de esta enfermedad [sic]».

Pero la promesa claramente más diferenciadora de Ciudadanos (y con la que nos mostramos radicalmente en contra por significar la explotación de una mujer…) es la aprobación de «una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida».

PACMA (programa)

El partido animalista, si bien tiene como absoluta prioridad la introducción de cambios legales relacionados con la protección de los animales, asegura en su programa estar comprometido con la lucha contra toda discriminación y suscribir, en este sentido, las demandas de la FELGTB. Entre ellas incluye la aprobación de leyes integrales de transexualidad y por la igualdad de las personas LGTB; la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia; la realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar; la creación de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+; la creación de un programa de información y atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población; el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador; el reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público de salud; la inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familia y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

PP (ver programa)

El PP no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

VOX (ver programa)

La formación de extrema derecha propone, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Partido Nacionalista Vasco (ver programa)

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

Esquerra Republicana de Catalunya (ver programa)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone en su programa impulsar la aprobación de la ley de Igualdad LGTBI, así como dar soporte a la aprobación de todos aquellos proyectos legislativos que permitan avanzar en la igualdad legal de las personas LGTBI. ERC también propone impulsar la tramitación de una una ley de igualdad de transexualidad y personas transgénero para avanzar en aspectos con la despatologización de la transexualidad, así como la modificación de los datos registrales de menores y adultos sin necesidad de informe médico o psiquiátrico alguno y mejorar la inserción social y laboral de las personas trans.

ERC también proponer garantizar el derecho a la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil, garantizar el derecho de asilo a personas LGTBI perseguidas en sus países de origen y recuperar la perspectiva del movimiento LGTBI en los programas de memoria histórica.

Cabe destacar, en cualquier caso, que ERC propone también medidas a aplicar en una hipotética República catalana independiente, que incluirían en reconocimiento constitucional expreso de los derechos de las personas LGTBI.

Junts per Catalunya (ver programa)

El programa de Junts per Catalunya incluye una mención expresa a la realidad LGTB, aunque de tipo genérico y sin enumerar medidas concretas. En este sentido, la formación nacionalista catalana propone trabajar por «el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBI en todos los ámbitos»,  «por el compromiso en la lucha contra la homofobia» y en favor de «garantizar el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos», evitando cualquier discriminación de las familias con progenitores del mismo sexo respecto al resto de familias.

Compromís (ver programa)

La formación valenciana propone en su programa, a nivel de la Comunidad Valenciana (donde este próximo domingo también se celebran elecciones autonómicas) desarrollar la ley integral del derecho a la identidad y expresión de género y la ley de igualdad de las personas LGTBI, mientras que a nivel estatal promete impulsar una ley estatal para el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI.

Coalición Canaria (ver programa)

En su programa, la formación canaria se compromete a lucha contra la LGTBIfobia mediante el impulso de medidas legislativas. En este sentido, se suma expresamente a la petición de la FELGTB para que se modifique la Ley 3/2007 para que se reconozca y respete el derecho de autodeterminación de las personas trans y se permita su acceso a los tratamientos hormonales y al cambio de nombre registral sin necesidad de disponer de un diagnóstico sanitario e independiente de su edad o nacionalidad. También aboga por desarrollar protocolos de actuación específicos para los casos de acoso escolar por LGTBIfobia y por integrar de manera trasversal en los currículos de los centros educativos la diversidad afectivo-sexual y de identidad o expresión de género, así como por implantar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans y por impulsar formación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, la comunidad educativa y los jueces, magistrados, fiscales y otros representantes del poder judicial sobre la realidad del colectivo LGTBI y sus especificidades.

En Marea (ver programa)

El programa de la formación gallega para las elecciones generales de 2019 propone impulsar una ley integral LGTBIQ+; aprobar una ley trans estatal no patologizante, así como agilizar los trámites para que las personas trans puedan modificar su nombre y acceder a los tratamientos hormonales; regular por ley la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; fomentar protocolos de actuación contra el acoso en centros escolares, con formación específica al  profesorado y a los profesionales sanitarios; promover la visibilidad sexual y de género en Televisión Española; modificar la ley de Registro Civil para que no haya que hacer constar el sexo de las personas registradas; facilitar la adopción; considerar las agresiones a las personas LGTBIQ+ delitos de odio de oficio, así como establecer que aquellas organizaciones que resulten condenadas por acciones LGTBIfóbicas non puedan recibir ayudas públicas.

EH Bildu

En la web de esta formación no hemos podido encontrar ningún documento programático referido expresamente a las elecciones generales del próximo domingo.

Si has llegado hasta aquí y las propuestas en materia LGTBI son importantes para ti, seguramente tendrás ya claro qué votar. Pero si pese a todo tienes dudas, intentaremos facilitarte la tarea:

• Si quieres un avance significativo en materia de derechos LGTBI, puedes votar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís o En Marea. También resultaría aceptable votar a Coalición Canaria, a EH Bildu (por su trayectoria pasada) o a PACMA, formaciones que no se opondrían a este avance o que incluso pueden participar del mismo, aunque no lo lideren. En el caso de PACMA, eso sí, ten en cuenta que carece de posibilidades reales de obtener diputado en la inmensa mayoría de las provincias. Piénsalo bien si no quieres que tu voto resulte inútil.
• Lo que sí es altamente posible es que si Ciudadanos, PP y Vox reúnen mayoría absoluta conformen una mayoría de gobierno que permitirá a la formación de extrema derecha influir de forma determinante en la sociedad española de los próximos años. Allá tú…
• Si te dan igual los derechos LGTBI pero te encuentras en una posición de privilegio social y económico que quieres mantener frente a otros colectivos económicamente vulnerables, vota PP o Vox. Aunque en este último caso nadie te garantiza que en un futuro tu condición de persona LGTBI te convierta también en un perseguido. Ha sucedido en el pasado, aunque no lo quieras recordar.

Ahora solo nos queda movilizarnos para evitar el desastre para España y, en conccreto, para el colectivo LGTBI+.

Con información de Dosmanzanas (autor Flick)

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«Sí, yo también creía que era un chico. Hasta que me miró, cuando tenía tres años, y me dijo: ‘¡No soy un chico!’. Así que aquí estamos: tengo dos preciosas hijas a las que, como cualquier padre, quiero proteger y quiero ver prosperar». Con estas declaraciones, la actriz Charlize Teron ha confirmado que es madre de una niña trans, poniendo fin a las especulaciones que desde hace tiempo incidían en el look femenino que lucía el supuesto hijo (en realidad una niña) de la actriz sudafricana.

«Nacieron como son, justo en el mundo en el que las dos tienen que encontrarse a sí mismas mientras crecen. No soy quien para decidir quiénes quieren ser», ha explicado la actriz sudafricana al popular tabloide británico The Daily Mail. «Mi trabajo como madre es celebrarlo, amarlas y asegurar que tienen todo lo que necesitan para ser lo que quieran ser. Y haré todo lo que esté en mi mano para que mis niñas disfruten ese derecho y estén protegidas», ha añadido.

La pequeña Jackson, que tiene ahora siete años, fue adoptada por Theron en marzo de 2012. «Charlize Teron adopta a un chico», titulaba por entonces People. Conforme Jackson crecía, y especialmente en los últimos años, la prensa no dejaba de incidir en la apariencia femenina que lucía la pequeña, siendo objeto tanto de críticas en redes sociales como de alabanzas. Ahora, por fin, la famosa actriz sudafricana confirma que, como muchos imaginaban, Jackson es una niña trans. La pequeña cuenta con una hermana, August, adoptada por Charlize Theron en julio de 2015.

En las mismas declaraciones a The Daily Mail, Theron ha querido agradecer a su madre el haberle dado valor para afrontar de una forma tan valiente la educación de sus hijas. «Crecí en un país [Sudáfrica] en el que la gente vive a base de medias verdades, mentiras y rumores, pero nadie dice nada abiertamente, y me educaron muy específicamente para no ser así. Mi madre me enseñó que tienes que hacerte oír, que cuando tu vida termina tienes que haber podido vivir la verdad con la que te sentías cómodo, y que nada malo puede resultar de eso», ha declarado. Conviene recordar, en este punto, el drama familiar que la actriz sudafricana vivió con solo 15 años, cuando su padre, un maltratador, las amenazó a ella y a su madre a punta de pistola. Finalmente fue la madre la que, en un acto que la justicia reconoció como de defensa propia, acabó con la vida del padre.

Charlize Teron nació en Sudáfrica en 1975, aunque vive en Los Ángeles y desde 2007 cuenta con doble nacionalidad sudafricano-estadounidense. En 2004 ganó el Óscar a la mejor actriz por Monster, en la que daba vida a una prostituta a la que una trágica infancia de abusos había perturbado de por vida y cuya única relación afectiva verdadera es con otra mujer.

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La placa se encontraba en el Parque del Oeste.

La asociación Arcópoli denunciará este acto “vandálico”y exigirá la reposición.

La placa del Parque del Oeste que rendía homenaje a la conocida vedette Cristina Ortiz, alias ‘La Veneno’, ha desaparecido, según confirmó este lunes la asociación LGTB Arcópoli, que colocó el homenaje junto al Ayuntamiento de Madrid hace justo una semana.

Fue colocada el pasado lunes 8 de abril y siete días después ha sido arrancada. “Denunciaremos este acto vandálico y exigiremos la inmediata reposición de la placa”, anunció la asociación tras conocer la desaparición del homenaje.

La placa, colocada junto a la fuente Juan Villanueva, fue descubierta por Arcópoli y el Ayuntamiento de Madrid en recuerdo a la referente trans. En su inscripción podía leerse: “En memoria de Cristina Ortiz La Veneno, valiente mujer transexual visible en los 90”.

Esta era la única placa que rinde homenaje a una persona transexual en Madrid, tal y como señaló Arcópoli en el momento de su colocación. En 2017, Arcópoli lanzó una recogida de firmas para que el Ayuntamiento de la capital otorgara a La Veneno una calle. El objetivo era que sustituyese a figuras “homófobas“, como los doctores Juan José López Ibor (Distrito de Tetuán) y Juan Antonio Vallejo-Nájera (Arganzuela), “que durante el siglo XX, y de forma oficial, sometieron a decenas de homosexuales a tratamientos con electroshocks e incluso lobotomías con la intención de curarles”, según la asociación.

“Creemos que de esta manera nuestra ciudad estaría surcada por figuras visibles y libres de odio hacia colectivos minoritarios”, apuntaron desde Arcópoli.

Fuente 20Minutos

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El Ayuntamiento de Madrid, a petición de la asociación LGTB Arcópoli, rindió homenaje este lunes a la desaparecida vedette Cristina La Veneno, instalando en el Parque del Oeste —en el que la artista ejerció la prostitución antes de dar el salto a la televisión en 1996— una placa que reza «En memoria de Cristina Ortiz La Veneno, valiente mujer transexual visible en los 90». 

El proyecto, que comenzó a fraguarse hace un par de años, partió de una petición de Arcópoli (o, lo que es lo mismo, la Asociación de de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Queer + Heterosexuales de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares) a la Junta de Distrito Moncloa-Aravaca, al considerar a Cristina como una mujer transexual orgullosa, valiente y visible.

Yago Blando, encargado de la Oficina Técnica de Arcópoli, asegura que Cristina fue valiente porque «fue visible cuando muy poca gente quería serlo». Y porque forma parte importante de la historia del colectivo LGTB. «Salía en televisión y contaba su realidad, aunque eso le ganase el desprecio y la burla de los sectores más conservadores de la sociedad. Pero eso sirvió para dar a conocer una realidad, aunque distorsionada y manipulada, del colectivo LGTB que empezó a romper muchos armarios. Puede que Cristina no sea el mejor referente de mujer transexual que tenemos en la actualidad, pero durante mucho tiempo fue el único y estaba orgullosa de serlo. Sin lugar a dudas, influyó en el empoderamiento del colectivo LGTB», señala a Dosmanzanas.

«La negociación con el Ayuntamiento fue sencilla», añade Blando. «Cuando murió Cristina, hicimos la solicitud a la Junta de Distrito y esta salió adelante con los votos favorables de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos (y la abstención del PP). Desde ese momento hasta ahora, ha sido el proceso de hacer la placa y ver su contenido».

La placa, colocada junto a la fuente Juan Villanueva, fue descubierta el pasado lunes por la tarde, en un acto al que acudieron varios amigos y admiradores de la artista, así como algunos conocidos activistas LGTB. «Es algo histórico», apunta Rubén López, vocal de Delitos de Odio de Arcópoli. «Nunca en la historia de la ciudad de Madrid se había instalado una placa honorífica a alguien por su valentía de ser trans. Que el Ayuntamiento de Madrid tenga este gesto significa mucho para este colectivo tan vulnerabilizado».

Asimismo, López señaló que «estamos muy gratamente sorprendidos de la cantidad de personas LGTB que nos han escrito agradeciéndonos este gesto que dignifica a una persona valiente y orgullosa de sí misma».

Cabe recordar que Cristina falleció el 9 de noviembre de 2016, debido a una caída accidental en su domicilio del madrileño barrio de Tetuán, y tras permanecer algo más de tres días en coma en la UCI del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su cuerpo fue incinerado y, según su deseo expreso, sus cenizas fueron esparcidas en el madrileño Parque del Oeste, donde tantos días pasó antes de que los reporteros del programa Esta noche cruzamos el Mississippi la encontraran.

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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Hace treinta y cinco años, llegaba a los cines de España Vestida de azul (1983), el primer documental patrio protagonizado por seis mujeres trans que se estrenaba en salas comerciales. Y, para sorpresa de sus responsables, se convirtió en un éxito de taquilla que amortizó muy bien los cuatro duros que había costado ponerlo en marcha. Esa cinta, pionera y de gran interés informativo, es el punto de partida del ensayo Vestidas de azul. Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la Transición española (Dos Bigotes), donde la periodista Valeria Vegas analiza cómo los medios y el cine abordaban la transexualidad en una época hostil para un colectivo demasiado expuesto. 

La escena inicial de esa atípica película ilustra muy bien la esencia de la trama: la reasignación de la marginalidad. En esa secuencia, un grupo de mujeres —entre las que se encuentran varias de las protagonistas— ejerce la prostitución en una calle de Madrid cuando un coche policial se presenta en el lugar para llevar a cabo una redada contra trabajadoras sexuales. La escena podía ser ficcionada, pero recreaba una situación nada extraña para las allí presentes, puesto que cualquier agente podía detenerlas en esa época amparándose en la entonces aún vigente ley sobre «peligrosidad social».

«Eran años donde el término travesti ni siquiera se veía confuso (salvo cuando el entrevistado era un médico), y se asumía erróneamente que englobase por igual al artista transformista que a las mujeres trans», explica a Dosmanzanas la autora. «Porque ‘travesti’ no se empleaba para los hombres trans. Ellos, afortunadamente, resultaban invisibles ante ese error descriptivo. Las protagonistas empleaban el término de la misma manera coloquial que lo hacía el resto de la sociedad».

A fin de cuentas, la información sobre el tema brillaba entonces por su ausencia en una España que jugaba, como podía o sabía, a ser moderna. Algo de lo que daban buena cuenta las protagonistas del bizarro documental, que en las conversaciones que mantienen entre ellas esbozan sus alegrías e ilusiones, pero también sus miserias y los motivos por los que, tan a menudo, se sentían despojos humanos. «El mundo, la sociedad y su entorno no cesaban en decirles que eran lo peor. Y ellas se lo acababan creyendo. Digamos que en aquella España aún no había calado el ‘I will survive’ de Gloria Gaynor. No había autoestima ni desde la cultura de masas», apunta Vegas.

La perra vida a la que estaban abocadas las minorías sexuales en esa época se cebó fuera de los focos con las seis protagonistas de la película. De hecho, cuatro de ellas (Eva, Loren, Tamara y Renée) fallecieron víctimas del sida, la drogodependencia o la exclusión social. Hoy día, solo sobreviven Nacha y Josette —a quien muchos daban por muerta hasta hace poco, y que en la película protagoniza un curioso reencuentro con quien entonces era su exmujer en la vida real— . «Josette vive en Madrid, nunca se sintió identificada como mujer trans y en los años noventa regresó a su identidad masculina. Nacha lleva una vida tranquila en Vigo», apunta Vegas.

La intención inicial de su director, Antonio Giménez-Rico, era la de hacer una película de ficción, pero el burgalés cambió de idea a medida que, en el proceso de documentación, se acercaba a la triste realidad de las mujeres trans de la época. Eso sí, tuvo claro desde el primer momento que no quería caer en el sensacionalismo ni los prejuicios. Y que tampoco pretendía juzgar ni moralizar a la sociedad.

El cineasta cuenta en el ensayo que, al principio, trató de buscar perfiles distintos, pero vio que aquello sería una misión casi imposible, dado que la inmensa mayoría de esas mujeres se veían obligadas entonces a dedicarse al mundo de la prostitución y el cabaré. Lo triste es que los empresarios de esas salas de fiesta con espectáculos de transformismo solían contratar a mujeres trans y travestis con el único fin de exhibirlas como fenómenos de feria.  «Y ellas, por muy buena intención que tuviesen, sabían que esos matrimonios y público variado que acudían a verlas lo hacían desde el morbo”, explica la periodista. «No se les daba la oportunidad de progresar como vedettes, y otras muchas estaban en el espectáculo sin tan siquiera valer para ello. Era el camino paralelo a la prostitución. Otra vía de explotación al fin y al cabo. Cuando a finales de los ochenta acabó la moda de los cabarets, tuvieron que buscarse la vida».

Vestida de azul se llegó a presentar en el (aún entonces no competitivo) Festival de San Sebastián, pero se perdió en el tiempo. «Hoy en día es una película maldita que estuvo años sin distribución, y parece ser que hasta la copia de la Filmoteca está algo estropeada. ¡Siempre quedará el legado de ripear el VHS!», apostilla Vegas sobre una película que hoy día forma parte de la historia LGTB española.

Pero, además de celebrar la existencia de este documento audiovisual, la periodista explica en su libro las desalentadoras claves del tratamiento sensacionalista y transfóbico que se daba en los años de la Transición a las noticias protagonizadas por mujeres transexuales: «El tratamiento transfóbico en artículos y en el cine se veía de manera natural. Era un linchamiento asumido tanto a nivel público como individual, incluso en los años noventa. La conclusión a la que llegué es que los beneficios de la democracia sólo eran disfrutables para la sociedad imperante, dentro de esa mayoría hetero-cis. Las minorías asumían los aires de libertad con la resignación de no tener ciertos derechos».

«Ha mejorado, pero ha sido una evolución lenta y torpe», responde la valenciana cuando se le pregunta si cree que el tratamiento informativo de la realidad trans ha evolucionado como debería. «Casi podríamos decir que esa ética deontológica para el colectivo de personas trans no empieza a aplicarse hasta hace un lustro. Lo importante es saber de dónde venimos, por eso quise escribir este libro. El mañana ya depende de nosotros».

Fuente Dosmanzanas

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Una comisión del Senado de Dakota del Sur ha rechazado un proyecto de ley que limitaba gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. El texto había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace unos días y perseguía la prohibición de la enseñanza de la «disforia de género» al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. A pesar de la derrota de la iniciativa, otra propuesta de carácter tránsfobo está pendiente de tramitación. Su objetivo, obligar a los alumnos trans a participar en las competiciones deportivas con el sexo que les fue asignado al nacer.

El pasado día 12, la Cámara de Representantes aprobaba, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero, justificándola con argumentos tránsfobos sobre la «protección» de los alumnos frente a las «influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en referencia a los menores trans.

Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se pronunciaron. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.

La implicación de todos ellos ha conseguido que la iniciativa acabe en vía muerta. El viernes pasado, una comisión del Senado rechazaba la admisión a trámite del proyecto de ley 1108, por siete votos a dos. Se trata de la tercera medida de carácter tránsfobo que tumba el legislativo en lo que va de año. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Sin embargo, una medida similar, el proyecto de ley 1225, espera su tramitación en la Cámara de Representantes. Sus legisladores votaron hace tres semanas en contra de una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.

Aunque la persecución legal de las personas trans parece haberse acelerado en los últimos meses, no son estas las primeras medidas contra la comunidad en el estado del Medio Oeste. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto. Dakota del Sur se ha colocado a la vanguardia del movimiento reaccionario contra las personas trans, pero se calcula que actualmente son 78 las iniciativas LGTBfobas pendientes de tramitación en el conjunto de los Estados Unidos.

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Brett Kavanaugh, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, Donald J. Trump, Donald Trump, EE.UU., Ejército, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, LGTBfobia, Mike Pence, Noel Francisco, Personas transgénero, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Supremo (Estados Unidos)