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Más de 120 personas trans accedieron a pensión reparatoria en Uruguay

Jueves, 4 de marzo de 2021

ley-trans-web_007_1200w-1200x600Por Stephanie Demirdjian para la diaria

Foto: Mariana Greif

La Ley Integral para Personas Trans, aprobada en octubre de 2018, habilita un régimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género. Las solicitudes para acceder a esta prestación son recibidas y analizadas por la Comisión Especial Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil.

Desde su creación hasta diciembre de 2020, la comisión aprobó 123 de las 198 solicitudes recibidas, según información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la que accedió la diaria. Del total de aprobadas, la mayoría (64) corresponde a personas que viven en Montevideo. Por otro lado, sólo cuatro fueron rechazadas y las otras 71 están en proceso de estudio.

El artículo 10 de la ley establece que podrán recibir la reparación quienes documenten que sufrieron “daño moral o físico” y que fueron “impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado”. En cambio, no podrán hacerlo las personas que sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial -salvo que prefieran la prestación reparatoria- o quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) mensuales (que a febrero de este año superarían los 73.000 pesos). La prestación reparatoria para las personas trans equivale a tres BPC mensuales, un monto que con los valores vigentes equivale a 14.610 pesos. Es vitalicia y retroactiva.

Las solicitudes se reciben en un sobre cerrado en la oficina 707 de la sede central del Mides, en las Oficinas Territoriales de la cartera o a través del correo leytrans@mides.gub.uy. En principio, no es obligatorio reunir documentos o testigos: sólo es necesario presentar una fotocopia de la cédula y un informe detallado sobre el o los episodios de violencia institucional.

Recabar pruebas

A partir de ese material, la Comisión Reparatoria recaba pruebas para comprobar el relato. En general, el primer paso es un pedido de acceso a los fichajes del Ministerio del Interior (MI). Un obstáculo que puede presentarse allí es que la persona no haya quedado registrada y, por lo tanto, no se puede contar con la prueba documental. En ese caso, se pasa a la segunda vía subsidiaria, que es la testimonial. “Esta prueba es importantísima porque podemos contar con testigos que puedan dar veracidad de lo que esta persona cuenta, que hayan visto toda la situación y que hayan sido acompañadas, porque a veces se nos ha dado que son compañeras que han estado juntas en ese momento”, explicó a la diaria la directora de la División de Derechos Humanos del Mides, Rosa Méndez, que preside la comisión. La tercera es la “vía residual”, que consiste en una declaración jurada con el relato de la situación vivida.

Méndez dijo que en el último año, debido a la pandemia, la mayoría de los procesos pasaron a ser en formato virtual y muchas de las entrevistas “se vieron retrasadas”, pero destacó que el trabajo de la comisión no se vio interrumpido “ni en los peores meses”.

Para la jerarca, cumplir con la prestación reparatoria es “importantísimo”, primero porque así lo dice la ley y es el deber del Estado darle cumplimiento, pero sobre todo porque se trata de “garantizar derechos a estas personas que han sufrido y que siguen siendo una población vulnerada”. “Más allá de esta reparación, que es histórica y puntual, es una población que necesita ser mucho más respetada, mucho más visibilizada y menos discriminada”, aseguró Méndez. “Porque acá hay un tema puntual de discriminación y de odio que se sigue viviendo en el día a día y que se ve en las redes sociales y en otros contextos […] Dentro del colectivo de la diversidad sexual, es la población más vulnerada”.

Saldar una deuda histórica

“Por lo que me comentan las compañeras que ya están cobrando la reparatoria, están no felices pero sí contentas, porque te están retribuyendo por algo por lo que pasaste tanto dolor y tantas injusticias y eso no hace feliz a una persona, pero reconforta”, aseguró a la diaria Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), una de las organizaciones civiles que está representada en la Comisión Reparatoria. La activista dijo que muchas mujeres trans que accedieron a la reparación estaban en situación de calle o vivían en refugios “y hoy por hoy pueden tener para pagarse una pensión o construir un espacio donde vivir por sus propios medios”. “Les ha cambiado la vida”, reflexionó.

Pankievich considera que incluir el régimen reparatorio en la ley era, en definitiva, asegurarse de que las personas trans, que se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de encontrar trabajo, puedan vivir “más dignamente” su vejez. “Porque una mujer trans a los 50 o 60 años no puede ejercer el trabajo sexual”, especificó la activista. Según el primer censo de personas trans, realizado por el Mides en 2016, 67% de esta población ejerció el trabajo sexual en algún momento de su vida. “Quisiéramos como sociedad civil manifestar también el deseo de que en el futuro el trabajo sexual no sea una opción o la única opción” para las personas trans, dijo Pankievich, “por eso dentro del proyecto de ley se puso la reparatoria para mujeres mayores de 40 y pico de años”.

La titular de ATRU dice que tiene “potestad” para hablar de la violencia institucional basada en la identidad de género porque la vivió en carne propia. “Las violencias fueron de todo tipo: golpes, maltratos, violaciones, extorsiones, un montón de cosas. Fue una época muy difícil que queremos olvidar pero lamentablemente hay momentos que te hacen volver atrás en el tiempo y recordar, por eso es tan importante que todas las compañeras que sufrieron ese tipo de violaciones puedan hacer esta reparación”, aseguró Pankievich. “Si no, lo que nos pasó va a quedar -como tantas cosas en la vida- impune”.

La activista trans habla en nombre de una generación de mujeres que fueron violentadas, vulneradas, discriminadas y estigmatizadas por el Estado pero también por sus propias familias. El censo ya mostraba que 25% de las personas trans había abandonado el hogar familiar a los 18 años, producto de conflictos que se desencadenaron a partir del cambio de identidad de género.

“Muchas de nosotras fuimos excluidas de nuestros hogares cuando teníamos 11, 12 o 13 años”, lamentó, “y hoy por hoy ver que capaz que aceptan a sus hijas e hijos, mujeres trans y varones trans, y les dan ese apoyo que nosotras no tuvimos, es el futuro que vamos a tener en el mañana, porque pueden estudiar y no tienen que salir fuera del grupo del hogar a ejercer el trabajo sexual como nosotras”. Las más jóvenes tienen hoy, además, una ley integral que las ampara.

Hacia una implementación total de la ley

La directora de Derechos Humanos del Mides aseguró que, a más de dos años de la aprobación de la ley trans, la implementación no llegó todavía al 100% pero se está “en la búsqueda del cumplimiento”. En ese sentido, hay un trabajo “muy activo” del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que preside justamente su cartera con otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Una de las situaciones que más preocupa a los colectivos trans tiene que ver con los cupos laborales. Un informe elaborado el año pasado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) reveló que durante el primer año íntegro de vigencia de la ley, sólo ingresaron a organismos del Estado siete personas trans. Esto representa apenas 0,03% de los cupos generados en toda la administración, lejos del 1% que estipula la normativa.

Méndez dijo que el cupo laboral trans se cumplió en el programa Uruguay Trabaja del Mides pero que está a medio camino a nivel de los ministerios y la administración central, “porque aún no está reglamentada la propia ley sobre los cupos laborales dentro de la ONSC”. Recordó a la vez que en 2019 no hubo llamados de la administración central porque fue un año electoral y que 2020 fue “un año atípico para todas y todos”. De todas formas, adelantó que mantuvo conversaciones con la ONSC sobre el tema y que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual planea citar a sus representantes para hacer un seguimiento.

Por otra parte, Méndez dijo que se trabaja en un proyecto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para la inclusión laboral y educativa, mediante becas de estudio.

Acceso a la salud

La atención a la salud de las personas trans es otro terreno en el que hay que “trabajar muchísimo”, dijo la funcionaria, “no solamente por el lado de lo que prevén los artículos en cuanto a la hormonización y la reasignación de sexo”, sino para derribar las barreras a las que se enfrentan en el acceso a los servicios. “Ahí tenemos un gran trabajo para hacer de capacitación y sensibilización a profesionales y es parte de lo que todavía no se está cumpliendo”, señaló.

Lo que sí hizo el Mides fue un convenio con el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para derivar a personas trans que busquen atención, orientación y asesoramiento en salud mental.

“Empezamos a trabajar en 2019 [en la implementación de la ley], hubo un cambio de gobierno, después llegó la pandemia y pensamos que era más prioritario darles una ayuda económica a las compañeras trans y trabajar en la reparatoria para poder darles una mano”, explicó Pankievich. “Las políticas sociales se van a seguir haciendo porque queremos que todos los artículos que están en la ley se cumplan, no solamente la reparatoria: educación, salud, trabajo”, agregó. “Las ganas están, la lucha continúa”.

Fuente Agencia Presentes

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Ley trans de Uruguay: empezaron a cobrar las pensiones reparatorias

Martes, 31 de diciembre de 2019

ley-trans-web_007_1200w-1200x600Por la diaria

Foto: Mariana Grief

El pasado jueves (26 de Diciembre), las personas amparadas en la Ley Integral para Personas Trans empezaron a cobrar las primeras reparatorias de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Se aprobaron cerca 30 subsidios de 12.400 pesos cada uno.

En julio la Comisión Especial Reparatoria -integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social y activistas- había informado la aprobación de las primeras siete prestaciones contempladas en la ley Nº 19.684.

El artículo 10 de la ley dice que al régimen reparatorio podrán acceder “las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado”.

Empezaron a cobrar poco más de 12.400 pesos unas 30 personas, así lo confirmaron a la diaria fuentes del movimiento social.

Fuente Agencia Presentes

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Uruguay: por primera vez una niña trans de 7 años consigue la cédula de identidad con su nuevo nombre

Miércoles, 9 de octubre de 2019

uruguay-Niña-TransPor primera vez en Uruguay, desde que se aprobase el pasado año la Ley Integral para Personas Trans, y con la entrada en vigor del reglamento que la desarrollaba, una niña trans ha obtenido su identificación oficial con su identidad de género correcta.

Sofía, de siete años y con el apoyo incondicional de sus padres, se ha convertido en la persona más joven del país sudamericano en realizar este trámite legal.

Sabemos que hay muchas más Sofías en el mundo y muchas por venir, que necesitan de esto, comentó su padre, Pablo, en unas declaraciones al diario El País, de Uruguay.

“Yo no entiendo nada de leyes, pero creo que las leyes se hicieron para respetarlas, sin perjudicar a nadie. No estamos perjudicando a nadie con esto, al contrario. Estamos ayudando”.

Los padres de Sofía, quienes supieron era una niña trans desde los cuatro años, explicaron que están educándose sobre la mejor forma de apoyar a su hija.

Además, criticaron a quienes propagan miedo y desinformación sobre la niñez trans, como los grupos conservadores que alarman sobre la “ideología de género”, un concepto inventado por la ultraderecha para oponerse a los derechos LGTB y de las mujeres. De hecho, estos grupos de conservadores intentaron derogarla mediante un referendum que se saldó con un fracaso evangélico ultraconservador ya que los tránsfobos sólo consiguieron un 9,9% en el prerreferéndum para derogar la ley integral trans.

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Estamos aprendiendo con ella y lo que estamos aprendiendo queremos compartirlo, porque hay personas que en su ignorancia se quedan con lo primero que oyen, señaló el papá de Sofía.

La nueva Ley Integal para Personas Trans contempla su derecho a la educación, salud, vivienda y empleo, además de reparaciones históricas para las sobrevivientes a los crímenes de odio de la dictadura de 1973 a 1989.

Asimismo, establece que las personas menores de edad tienen derecho a estas prestaciones sociales, tratamientos hormonales y cirugías de rectificación sexual, con el consentimiento de los padres.

Uruguay, considerado uno de los mejores países del continente para la comunidad LGTB, tiene una Ley de Identidad de Género desde 2009, pero antes se limitaba solo al cambio de nombre en la identificación oficial después de un complicado proceso judicial.

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays

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Uruguay estudia habilitar matrimonio igualitario para no residentes

Martes, 17 de septiembre de 2019

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Foto 2: Mariana Grief

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, participó en la apertura del congreso anual de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT. Allí dijo que la cartera que lidera “está estudiando” junto al Ministerio de Relaciones Exteriores la posibilidad de facilitar el acceso al matrimonio para las personas del mismo sexo que no residan en Uruguay.

La idea, detalló, es que “el domicilio que deben fijar las parejas que quieren contraer matrimonio se pueda gestionar a través de los consulados”. Acerca de cuándo podría hacerse la modificación en este sentido, agregó: “Pensamos que en el correr de este año puede ser solucionado”. Ayer, en un encuentro con representantes de todos los partidos, el presidente de la cámara LGBT, Adrián Russo, sugirió habilitar el matrimonio igualitario para extranjeros para fomentar el turismo de bodas.

El reconocimiento depende del país de origen

Para contraer matrimonio en Uruguay no es necesario ni ser uruguayo ni tener documentación en el país, sino solamente que cada uno de los contrayentes fije un domicilio en Uruguay, que puede ser el mismo para ambos. Así, la posibilidad de fijar un consulado como domicilio solucionaría este escollo para quienes quieran casarse, especialmente para las parejas del mismo sexo cuyo derecho no es reconocido en otros países.

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Muñoz aclaró que el matrimonio que puedan contraer en Uruguay “no necesariamente” será reconocido en el país de origen de los extranjeros, ya que eso dependerá de que incluya esa figura en su legislación nacional.

Según en recuento hecho por BBC en julio de 2017, el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido en solo 23 países, mientras otros 11 permiten únicamente la unión civil.

  • América Latina y el Caribe (4): Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil.
  • Europa (14): Holanda, Bélgica, Suecia, España, Portugal, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia, Reino Unido, Islandia, Luxemburgo, Finlandia y Alemania.
  • América del Norte (3): Estados Unidos, Canadá y México (en algunos estados).
  • África (1): Sudáfrica.
  • Oceanía (1): Nueva Zelanda.

Fuente Agencia Presentes

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Fracaso evangélico ultraconservador en Uruguay: los tránsfobos solo consiguen un 9,9% en el prerreferéndum para derogar la ley integral trans

Jueves, 8 de agosto de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Fuente Dosmanzanas

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Este domingo se votará para derogar la ley trans en Uruguay

Jueves, 1 de agosto de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522El domingo 4 de agosto habrá elecciones no obligatorias para que se realice un referendum y derogar la ley trans en Uruguay, reglamentada en abril. La campaña antiderechos está impulsada por el ex precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Carlos Iafigliola.

El dirigente había anunciado que después de las elecciones internas iniciaría una campaña, con giras por todo el país, para promover la instancia de votación. Ese día, quienes quieran adherirse al recurso de referéndum (es decir, quienes busquen derogar la ley o quienes quieran que el futuro de la norma se dirima mediante una consulta popular) deberán trasladarse a los circuitos que habilitarán las juntas electorales departamentales en todo el país para votar a favor de la eliminación de la norma. Para que se habilite el referéndum, deberá obtenerse el respaldo de al menos 25% del padrón electoral, que es algo más de 650.000 personas.

La ley trans fue aprobada en octubre de 2018 para:

-Sumar el concepto de identidad de género como categoría en sistemas nacionales de estadística. Es decir que reconoce la identidad y singularidad del colectivo al incluirlo en censos, encuestas e informes.

-El cambio de nombre y sexo asignado al nacer deja de ser trámite judicial y se convierte en un trámite administrativo, ante la Dirección General del Registro de Estado Civil.

-Garantizar el acceso de las personas trans al sistema educativo. Acompañando con apoyos en todas las áreas e implementando cupos (el 2 por ciento debe ser para personas trans) y becas (8 por ciento de fondos de posgrado del ministerio de Educación para personas trans).

-Otorgar el 1 por ciento de cupo laboral para personas trans en convocatorias de empleo público. Los puestos de trabajo deberán ocuparse por sorteo de estos cupos con quienes cumplan los requisitos.

-Destinar el 1 por ciento de las vacantes de programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para personas trans.

-Diseñar políticas culturales de inclusión, sumando perspectiva de identidad de géneros en becas, fondos, incentivos, a nivel público pero también privado.

-Incluir a personas trans en políticas de acceso a la vivienda.

-Garantizar el derecho a servicios de salud sin discriminación o patologización por identidad de género. No se puede aplicar a personas trans derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años tendrán acceso a servicios de salud para acompañar la transición con adecuaciones a su identidad de género, como operaciones y hormonizaciones, con el consentimiento de la persona, sin tener que pasar por trámites judiciales. Las personas menores de 18 años piden acceder a las prestaciones y homornización, y para cirugías deberán tener aprobación de progenitorxs.

– Las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su identidad de género, tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico. Y también si existieron prácticas discriminatorias del Estado que limitaron derechos.
Una campaña de desgaste

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Diana Sellanes, integrante de la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans y de Unión Trans, dijo a la diaria que el grupo no solicitó la cadena nacional, pero no descartó hacerlo. “No la pedimos, lo que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero estamos pensando en otras estrategias”, dijo.

Para la activista, al tratarse de una instancia no obligatoria, la idea es que la gente no vaya a votar, por lo que puso en duda la pertinencia de que le den trascendencia a la consulta. Destacó que se trata de una norma especial que implica “proteger la diversidad sexual. Entendemos que el proceso es democrático porque juntaron las firmas y tienen derecho a la cadena”, sostuvo Sellanes, aunque aclaró que la denuncia penal fue por la manera en la que se recolectaron las adhesiones. Aseguró que en la campaña contra la ley ahora piensan incluir publicidad engañosa difundida por medio de las redes. “Esta campaña está siendo muy desgastante para el movimiento social. Creemos que hay que tomar otras estrategias, porque parecía que no llegaban a las firmas, y lo hicieron. Este prerreferéndum va a demostrar qué tan bien se organizan las iglesias y la gente más conservadora”, sostuvo Sellanes.

En marzo de este año, los responsables de la campaña Todos Somos Iguales, entre los que se encuentran Iafigliola y el diputado del PN Álvaro Dastugue, alcanzaron 69.360 firmas, superando las 55.000 (2% del padrón electoral) que necesitaban para iniciar el proceso de prerreferéndum. “Se llegó a las firmas en base a mentiras. Se dijeron cosas que no son, cosas que la ley no dice”, afirmó Sellanes.

Fuente Agencia Presentes

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Uruguay: primer llamado a cupo laboral trans en el Estado

Jueves, 18 de julio de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Obras Sanitarias del Estado (OSE) realizó el primero llamado con cupo laboral trans en Uruguay. Quienes quieran postularse pueden hacerlo a través de la web del organismo hasta el 15 de julio.

Ocho meses atrás, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans que plantea la creación y promoción de acciones afirmativas -públicas y privadas- para intentar disminuir la discriminación permanente que atraviesa una de las poblaciones más vulneradas del país. La legislación establece medidas para integrar a las personas trans en todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidas, incluido el laboral. En esta materia, la ley insta a los organismos estatales a destinar 1% de los puestos de trabajo a esta población.

El viernes pasado, OSE se convirtió en el primer organismo del Estado en cumplir con este cupo al abrir un llamado laboral exclusivamente para personas trans. El llamado es para tres puestos de peones zafrales para trabajar entre el 2 de diciembre de este año y el 1º de abril de 2020, por una remuneración nominal mensual de 28.930 pesos.

La inscripción sólo se puede realizar en internet, completando un formulario que se encuentra en www.ose.com.uy. Hay tiempo para postularse hasta el lunes 15 de julio inclusive.

Además de los requisitos generales -como tener la ciudadanía uruguaya- y los más específicos -como tener entre 18 y 45 años-, OSE le pide a las personas interesadas que presenten un comprobante de que realizaron o están realizando el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos de identidad, o solicitaron la Tarjeta Uruguay Social Trans y la Declaración Jurada de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Fuente  La diaria  Foto: Mariana Greif

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Uruguay: entra en vigor el reglamento que desarrolla la ley integral trans, mientras grupos ultraconservadores intentan derogarla mediante referéndum

Sábado, 11 de mayo de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Nicole Vázquez, la primera trans en lograr la custodia de su sobrino en Uruguay, lucha por adoptar al hermano

Sábado, 9 de marzo de 2019

trans-madreNicole Vázquez vivía desde hacía diez años en Buenos Aires cuando la llamaron de un juzgado uruguayo para informarle que Jefferson, su sobrino de ocho meses, había sido abandonado. Su hermano, al que no veía desde la adolescencia, y la madre del niño lo habían dejado bajo custodia de los servicios sociales. Inmediatamente viajó junto a su pareja a visitarlo.

Ella quería hacerse cargo de él y convertirse en su madre. Cuando me avisaron, viajé para el centro de niños a verlo y empezar los trámites para obtener la custodia definitiva”, cuenta Nicole a TN.com.ar

Jefferson tenía un año y nueve meses cuando lo llevaron a Hurlingham (Buenos Aires, Argentina). Ella tenía 25 años y la convicción de que deseaba ser su madre. Si adoptar, es muy difícil para una familia tradicional, imagínate para una trans. Cuando surgió esta oportunidad, pensé que iba a ser más fácil siendo su tía biológica pero, aun así, el proceso duró cuatro años”.

La resolución salió el 22 de octubre de 2018 y en ese mismo viaje, Nicole se enteró de que Jefferson tenía un hermano de 9 años que también estaba bajo la tutela de los servicios sociales. “Ese mismo día, fuimos a verlo al centro. Ellos no se conocían, no habían tenido contacto el uno con el otro. Le expliqué a Jefferson y cuando se encontraron, recuerdo que se abrazaron con un amor de toda la vida. Me emocioné y dije ‘por qué voy a pelear por uno y no por el otro’. Va mucho más allá de si son mis sobrinos o no, todos los niños merecen una familia”.

trans-madre-1Nicole es uruguaya, pero vive con su pareja y con Jefferson en Hurlingham. En los próximos días, llevará también a Esteban a Buenos Aires y empezará el proceso legal. Podemos ser trans y ser madres. Todos tenemos derecho a amar y ser amados. Sufrí el abandono en carne propia, no solo de mi familia sino de toda la sociedad, y entiendo lo que significa. Nosotros somos una familia diversa, pero lo importante es el amor”.

“Jefferson me dice que soy su mamá trans y para mí es un orgullo. Mi familia no aceptaba mi identidad y me vi obligada a irme de mi casa como muchas otras chicas trans. Fue un proceso difícil pero pese a todo lo que me pasó estoy feliz por la persona en que me convertí.

“Entiendo el abandono, me duele pensar que hay niños abandonados. Al principio, tuve un fallo negativo pero seguí luchando porque conocía mis derechos y hoy, tengo a Jefferson conmigo”.

Nicole-Vázquez-600x337Si hay algo que ella siempre supo, es que quería estudiar. Pasó por varios colegios hasta que pudo alcanzar la graduación en el bachillerato Mocha Celis. En una entrevista sobre la película acerca del bachillerato, Nicole explicó: “Me discriminaban, sobre todo en la adolescencia. Tuve que dejar. Hace diez años, era difícil tener el apoyo de una institución. No había tampoco información. El director de un colegio le pidió a mi papá que me sacara y él lo hizo. Después, tuve una experiencia muy linda en un bachillerato popular, pero hice 2°y 3° año en la Mocha”, relató.

Ella cree sin lugar a dudas que el bachillerato la empoderó. “Me apropié del conocimiento para aplicarlo en mi vida y en mi lucha judicial para ejercer mi derecho a ser madre. No fue fácil, pero conocía mis derechos y no descansé hasta que se me otorgaron. El conocimiento es poder y si no hubiera pasado por la Mocha no habría ganado esta pelea”, reconoció en la entrevista con TN.com.ar.

Fuente Oveja Rosa

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Uruguay aprueba una histórica ley integral que coloca a ese país a la vanguardia mundial en materia de protección a las personas trans

Martes, 23 de octubre de 2018

ley-integral-trans-uruguay-696x522Uruguay, de nuevo en vanguardia mundial en derechos LGTBI. El Parlamento de ese país acaba de aprobar la ley integral para personas trans, cuyo proyecto fue presentado hace año y medio por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad jurídica de las personas LGTBI. 

Uruguay aprobó en 2013 el matrimonio igualitario. Pero ya antes se había adelantado a sus vecinos al elaborar en 2007 una ley de uniones concubinarias, y en 2009 una ley de adopción abierta a todas las parejas con independencia de su orientación sexual y una ley de identidad de género. Esta última sin embargo, tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales y había quedado ya obsoleta.

De ahí que los colectivos LGTI uruguayos hayan luchado para conseguir la aprobación de un marco legislativo más ambicioso para las personas trans, que actualice el procedimiento para acceder a la modificación de los datos pero que además contemple medidas contra la discriminación de este colectivo a nivel educativo, laboral o sociosanitario. Una demanda escuchada por el Gobierno de Tabaré Vázquez, que en mayo de 2017 presentaba un proyecto de ley integral para personas trans.  «Las personas trans que habitan el territorio nacional han sido históricamente víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal, lo que ha conllevado importantes dificultades para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que se considera imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que permita atender en forma simultánea distintos problemas y exclusiones que interactúan en esta población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y que necesita herramientas específicas para su superación», reza la exposición de motivos de la ley.

Por lo que se refiere al procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, este se simplifica, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil, aunque se introduce como requisito una entrevista presencial ante una comisión de tres funcionarios que certificará «la existencia de la solicitud». El Registro Civil deberá emitir una respuesta en el plazo de 30 días hábiles. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales (los padres, en la mayoría de los casos). Solo en caso de que estos se opongan entra en juego la vía judicial, que deberá tener en cuenta en cualquier caso «el interés superior del menor». 

También merece la pena destacar que la ley fuerza a incorporar la variable «identidad de género» en todos los sistemas oficiales de información estadística de Uruguay, incluidos los censos, encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y otras mediciones públicas.

Importantes medidas contra la discriminación

transflagPor lo que se refiere a las medidas para combatir la discriminación de las personas trans, la nueva ley contempla medidas como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, así como incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los pogramas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género.

También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acrediar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación. Los menores de edad, y este ha sido uno de los puntos que más debate ha generado durante el proceso de aprobación, podrán también acceder a tratamiento hormonal. Eso sí, para acceder a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género deberán contar forzosamente con la autorización de los representantes legales. de la misma forma que con la adecuación del nombre y sexo en los documentos, en caso de que los padres se opongan deberá mediar una decisión judicial.

Reparación a las víctimas de la dictadura

Otra medida específica que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uuruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual.

Como bien explica la exposición de motivos de la ley, «durante la última dictadura cívico-militar (1973-1984), y en el período inmediatamente posterior (1985-1989) bajo el amparo tanto de la vigencia del Decreto Nº 680/980 (que permitía la detención para averiguación de antecedentes y la realización de razzias) como del hecho de que todavía era ilegal el comercio sexual callejero, las personas trans sufrieron una dura y sistemática persecución estatal por su identidad de género, que implicó largos y arbitrarios períodos de detención en comisarías (semanas o meses enteros), y un agravamiento importante de las condiciones de detención (tortura, maltrato, violencia sexual, chantaje, etc.). Además, las detenciones no solo se realizaron en los lugares públicos donde se desarrollaba el trabajo sexual: muchas veces la policía irrumpió en los hogares de las personas que tenía identificadas para detenerlas por el hecho de ser trans. Los testimonios de personas trans que vivieron en ese período son ilustrativos de las particularidades y la contundencia con que operó la represión policial sobre sus cuerpos, y confirman su presencia recurrente en los calabozos de las comisarías y de la Jefatura de Policía de Montevideo donde tuvieron que enfrentar durante el tiempo de detención torturas, abuso, maltrato, violencia sexual y trabajos forzosos».

Pese al ruido generado por los opositores a la ley, se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán solo a unas pocas decenas.

Aprobación mayoritaria

exteriores-2_5Hablamos de una ley contra la que los sectores conservadores se han movilizado con especial ahínco (organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron unas 40.000 firmas en contra), utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, han sido los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político han suscitado en la tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, lo cierto es que la ley ha conseguido ser aprobada por una mayoría significativa del Parlamento de Uruguay. El proyecto, ya con las modificaciones incluidas en comisión, recibió el pasado martes el visto bueno del Senado por 17 votos de los 29 senadores presentes (votaron a favor los senadores del Frente Amplio y un senador independiente). Y este jueves recibía el visto bueno de la Cámara de Representantes por 62 votos de 88 presentes, después de una larga discusión de 10 horas en la que intervinieron cerca de 40 diputados. Cabe destacar, además, que el proyecto recibió apoyos no solo de los representantes del Frente Amplio (que cuenta 5o escaños), sino de varios representantes de otras fuerzas políticas.

Es una ley de avanzada en nuestro país“, ha explicado a Efe la diputada del FA Manuela Mutti, “Es una bandera que es importante que nuestro país la levante en el marco de los derechos en América Latina“. Para Mutti la ley no es solo un avance en “derechos y democracia” sino que servirá también para conseguir “una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil“. Para Rodrigo Goñi, del Partido Nacional en la oposición, la ley no es tan bonita y por eso votó en contra. Según Goñi es importante “atender al sufrimiento” de las personas trans, pero no con una ley que plantea “soluciones que traen cangrejos bajo la tierra“y que “va mucho más allá de favorecer a un grupo de personas transexuales” y que le preocupa de la ley que es que tiene detrás “una ideología de género“ que afectará a las familias y confundirá a los jóvenes haciéndoles creer que ser trans es lo mejor que les puede pasar en la vida. Sin comentarios…

Dejando a un lado las estupideces de Goñi, lo cierto es que la Ley Trans de Uruguay es un ejemplo a seguir no solo para el resto de países de latinoamérica sino para todos los países del mundo. Algunos aspectos de la ley son similares a los de la Ley Trans aprobada en España hace años y en otros está muy por delante de nuestra legislación; aunque hay que recordar que hace unos meses el PSOE ya propuso actualizarla. Propuesta que fue aprobada por el Congreso con el único voto en contra… ¡cómo no! del Partido Popular.

 Nuesta enhorabuena al activismo trans y LGTBI uruguayo por este fantástico logro. Os dejamos, para acabar, con un tuit del colectivo Ovejas Negras que recoge su inmensa alegría del momento en el que la Cámara de Representantes aprueba la ley:

Fuente El Tiempo, vía Dosmanzanas

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Michelle Suárez se convierte en la primera senadora trans en Uruguay

Viernes, 13 de octubre de 2017

uruguay-transgender-parliament-susrez_19903231La que fuera la primera persona transexual en conseguir un título universitario en Uruguay, Michelle Suárez, se convierte a sus 33 años de edad en la primera transexual que forma parte del gobierno.

Por primera vez en la historia de Uruguay, una abogada transexual asumió ayer una banca en el Senado, dispuesta a luchar contra la discriminación de las personas por su orientación sexual.

Michelle Suárez, de 33 años, milita en el Partido Comunista (PCU), que integra la coalición gobernante Frente Amplio (FA), y además es asesora del colectivo Ovejas Negras, una organización social que defiende la diversidad sexual y promueve los derechos de las personas LGBT, en Uruguay.

La flamante legisladora fue además corredactora de la ley del Matrimonio Igualitario, que rige en Uruguay desde el año 2013 y reconoce el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Suárez fue elegida en las elecciones de 2014, pero no fue la primera persona trans en alcanzar de manera efectiva una banca en un Parlamento latinoamericano. En diciembre de 2015 la venezolana Tamara Adrián fue elegida diputada para la Asamblea Nacional de Caracas como candidata de Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López. La uruguaya asumió ayer sus funciones en reemplazo de Marcos Carámbula, su compañero en el Partido Comunista, que renunció a su banca en la Cámara Alta de Montevideo.

Suárez dijo que el hecho de asumir como legisladora es una señal de que Uruguay ha comenzado en forma lenta, pero sin pausa un proceso de sensibilización y evolución en su conciencia colectiva.

“Siempre pienso que hoy soy aplaudida por decir, actuar y sentir las mismas cosas por las que antes fui hostigada, sancionada y perseguida”, comentó a medios locales.

Las normas de avanzada que fue aprobando Uruguay igualmente no son todavía sencillas de llevar a la práctica, dijo la senadora Suárez, quien fue crítica del funcionamiento de algunas instituciones burocráticas del país.

“Todo lo que tiene que ver con discriminación es difícil de aplicar. Hasta hace poco no existía ningún caso siquiera que llegara a un presumario en la Justicia”, recordó Suárez.

En su opinión habrá querediseñar las instituciones existentes y aquellas que no cuentan con poderes y recursos reasignarlas a otros organismos como la Inspección General del Trabajo, tal vez con una norma que realmente proteja a una persona discriminada y cuyos derechos fundamentales son menoscabados”.

Suárez sostiene que el proceso de inspección en casos de discriminación es extremadamente burocrático y demorado. “Y muchas veces no se llega a lo que el trabajador pretende. Igualmente es uno de los caminos para obtener las mayores evidencias o indicios y pueden servir como anclaje para cualquier reclamo judicial posterior”.

La senadora uruguaya completará el período legislativo hasta el 1° de marzo de 2020, cuando se renovará totalmente el Congreso, luego de las elecciones nacionales de octubre del 2019.

Fuente: Clarín, vía SentidoG

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Uruguay estudia su Ley Integral Trans que plantea compensaciones económicas

Jueves, 17 de agosto de 2017

ley-integral-trans-uruguay-696x522El gobierno de Uruguay estudia una propuesta de Ley Integral Trans para acabar con la discriminación a las personas trans y compensarles por la discriminación sufrida en las últimas décadas.

Entre las medidas hay un programa de becas estudiantiles y el pago de una pensión mensual a las personas trans nacidas antes de 1975.

El gobierno de Uruguay quiere compensar a las personas trans por toda la discriminación que han sufrido durante las últimas décadas en el país y para hacerlo acaban de proponer una ley que supondría un cambio radical en la forma en que el gobierno ve a las personas trans y les ayuda a vivir una vida con los mismos derechos que los demás.

Hace unos meses el gobierno presentaba su proyecto de Ley Integral Trans, y ahora el Parlamento la está estudiando para su aprobación. Tania Ramírez, la ministra de Desarrollo Social del país, presentó ayer una propuesta de ley que plantea tres grandes ejes sobre los que trabajar para ayudar a la integración y la igualdad de las personas trans. Por un lado, simplificará el proceso que se aprobó en 2009 para que las personas trans puedan cambiar su nombre y su género en la documentación oficial.

Las otras dos medidas son de carácter económico. Por un lado se plantea un programa de becas para mejorar la media académica del colectivo. Los datos del censo de 2016 demostraron que en el país hay 873 personas que se identifican como trans, el 75% de esas personas no acabó el instituto y una cuarta parte no tiene relación con sus familias.

Por otro lado Uruguay plantea pagar a las personas trans nacidas antes de 1975 una pensión mensual tanto para compensarles por las dificultades económicas que vivieron durante las épocas más represivas de la dictadura como para ayudarles a tener una vida digna en un mercado laboral que aún a día de hoy les sigue discriminando.

En palabras de Tania Ramírez, “las personas trans no llegan a la tercera edad; son una comunidad vulnerable a la que la policía y el estado detuvo y torturó durante la dictadura de los 70 y los 80; y esas tácticas continuaron hasta la era democrática.

Una de las activistas que ha presionado al gobierno para conseguir esta legislación es Sandra Valin, que ha explicado a la prensa cómo la discriminación que sufrió en el instituto “por ser extravagante y femenina” no terminó con la dictadura: “continuó bien entrados los 90“.

Fuente | Market Place, vía EstoyBailando

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Fundación Triángulo y la Red Iberoamericana de Educación LGBTI desarrollan un encuentro en Uruguay para trabajar por la erradicación del bullying por homofobia y transfobia en Iberoamérica.

Miércoles, 19 de octubre de 2016

2016-ft-cartel-red-iberoamericana-de-educacion-lgbtiLa Red Iberoamericana de Educación LGBTI desarrolló los pasados 13 y 14 de octubre un encuentro donde se analizaron las políticas y programas desarrollados para abordar la diversidad sexual y de género y erradicar las violencias por LGBTfobia de los contextos educativos así como los retos en este sentido para los próximos años en Iberoamérica.

En el evento participaron más de 30 organizaciones de la Sociedad Civil, Agencias Internacionales e Instituciones Públicas de la Región Iberoamericana, habiendo representación de Argentina, México, Brasil, Perú, España, Chile, Colombia y Uruguay, que aunarán esfuerzos para impulsar acciones que promuevan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados en esta materia.

La Red Iberoamericana de Educación LGBTI, conformada por cinco organizaciones de distintos países: Colombia Diversa (Colombia), Fundación Triángulo (España), Llamale H (Uruguay), MOVILH (Chile) y Promsex (Perú), convocó y organizó, los próximos 13 y 14 de octubre, el Encuentro de Actores Claves sobre Educación Diversidad Sexual y de Género de la Región.

En el evento participarán más de una treintena de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas, relevantes en la materia, de toda la región iberoamericana. En este espacio se brinda la oportunidad de debatir y compartir buenas prácticas acerca del trabajo sobre diversidad sexual y de género en el ámbito educativo, tejer alianzas estratégicas y planificar acciones a desarrollar en un futuro.

Se realizará un análisis, a través de las diferentes sesiones previstas en el programa, de la realidad que viven las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales Trans e Intersexuales en los espacios educacionales, se expondrán los retos que nos plantea esta realidad y las herramientas al alcance para trabajar sobre ello.

En el encuentro destacará el trabajo sobre el documento “Llamamiento Ministerial a la Acción para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” que elaboró UNESCO  con motivo del día contra la Homofobia y Transfobia, firmado por más de 40 Estados. Esta Declaración Ministerial se posiciona como un elemento diferencial que permitirá a partir de ahora, a las OSC que trabajan en materia de Derechos LGBTI, exigir a los diferentes Estados Firmantes los avances necesarios, a través de la implementación de Políticas Públicas y/o programas, para su cumplimiento.

El evento forma parte de las acciones que la Red Iberoamericana de Educación LGBTI desarrolla dentro del proyecto “Educando con Inclusión”, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El encuentro será inaugurado por la Ministra de Educación Uruguaya y el Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo el próximo día 13 a las 9am en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y se extenderá dos días con el desarrollo de hasta 7 mesas de debate.

Toda la Información: www.educacionlgbti.org

PROGRAMA:

ENCUENTRO ACTORES CLAVE SOBRE EDUCACIÓN DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo

13 y 14 de octubre Leer más…

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Uruguay da asilo a un refugiado gay ruso por ser “permanentemente discriminado y acosado”

Sábado, 9 de julio de 2016

gayLa Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados no se manifestó en relación al asunto debido a las normativas internacionales de privacidad que rigen en esta materia y cuyo objetivo es evitar represalias hacia la persona refugiada.

Uruguay concedió asilo territorial a un ciudadano homosexual ruso de 35 años que consideraba que era “permanentemente discriminado y acosado” en su país debido a su orientación sexual, según informó hoy la Asociación de Familias LGBT y Homoparentales del país suramericano.

“Huí de mi país debido a la condena social a la homosexualidad. Por otra parte, yo no tenía posibilidades de vivir sin miedo con mi pareja en Rusia”, aseguró el refugiado en declaraciones a la citada asociación.

El ciudadano ruso, del cual no ha trascendido su identidad para preservar su intimidad, “posee documentación uruguaya, está estudiando y trabaja en una empresa privada” en el país, asegura la institución en un comunicado.

“Desde que nací, para la sociedad rusa yo cumplo con el estereotipo que ellos tienen de los gais. Las estructuras del Estado me reconocieron como tal y desde ese momento sufrí discriminación y acoso“, manifestó el asilado, que estará amparado por las leyes uruguayas mientras viva en el país.

El comunicado de la Asociación de Familias LGBT y Homoparentales destaca que el ciudadano ruso se mostró satisfecho y agradecido “por el status que le otorgó el Gobierno uruguayo” y señaló que se “siente libre”. “En Rusia se habla mucho de la homosexualidad, pero siempre de forma negativa. Socialmente se condena que dos personas del mismo sexo que formen una pareja vivan juntas”, declaró el refugiado. “En mi país se acostumbra a decir que en nuestro territorio no se persigue a los homosexuales, pero que en Rusia jamás habrá matrimonio igualitario. La persecución sí existe y se nota en todas las capas sociales, a pesar de que el Estado ruso internacionalmente niega el problema”, añadió.

En 2013, Rusia prohibió la propaganda de la homosexualidad entre los menores de edad, una iniciativa que las minorías sexuales consideran una flagrante violación de su libertad de expresión y que alude a la difusión de “las relaciones sexuales no tradicionales”.

La norma estipula multas para los particulares que la infrinjan de entre 50 y 70 euros y hasta 700 euros para los cargos públicos. De igual forma, las personas jurídicas que quebrantes la ley mencionada deberán pagar 14.000 euros.

Sobre ello, el ciudadano asilado en Uruguay señaló que después de la aprobación de esa ley no podía vivir normalmente con su pareja y que por ello decidió irse de su país, según el comunicado de la organización.

Este no es el primer caso en que un país de la región otorga asilo, ya que en 2014 una pareja de mujeres rusas contrajo matrimonio en Buenos Aires y pidió el estatus por discriminación en su país.

Por otro lado, el pasado febrero, la Cámara de diputados del país euroasiático rechazó un proyecto de ley presentado por comunistas que proponía multar económicamente con entre 50 y 60 dólares a aquellos que expresasen públicamente su homosexualidad.

El proyecto recibió el apoyo de 101 parlamentarios, muy lejos de los 226 escaños necesarios para su aprobación.

Rusia, donde la homosexualidad se castigaba con la cárcel hasta 1993, ha reprimido cualquier intento de celebrar el Orgullo y prohíbe la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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Premio «Miguel de Molina» para la uruguaya «El hombre nuevo» en el Festival de Málaga

Miércoles, 4 de mayo de 2016

780x580-cine-cartel-de-el-hombre-nuevoCartel de El hombre nuevo

 El Festival de Málaga programa la sesión Arco Iris LGBT en la que proyecta la película «El hombre nuevo», que ha sido galardonada con el premio «Miguel de Molina».

La película documental El hombre nuevo ha sido galardonada con el premio no-oficial Miguel de Molina 2016 a la mejor producción LGBTI de la 19ª edición del Festival de Cine Español de Málaga.

Dirigida por Aldo Garay, El hombre nuevo cuenta la historia de Roberto y Stephania, o viceversa porque es la misma historia, la de una transexual nacida en Nicaragua. Adoptado por una pareja de militantes de izquierda uruguaya en plena revolución sandinista cuando era un niño, en el presente es una transexual que se gana la vida cuidando coches en Montevideo. La película acompaña el reencuentro de Stephania con su país natal, donde alguna vez fue hijo, hermano y niño y donde hoy desea ser aceptada como la mujer que es. «Es una película abierta para que, según las sensibilidades, el espectador tome lo que quiera», explicaba su director cuando presentaba la película en el Festival de Berlín.

La entrega del galardón se efectuó en la denominada sesión Arco Iris LGBTI, el domingo, 1 de mayo, a las 21.15 en la sala 1 del cine Albéniz, tras la proyección de la película, para pasar seguidamente a un coloquio con la participación de Mª Antonia Alcaide, coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga y Carmen Ramírez, representante de Familias por la Diversidad.

Teniendo como presidente al cineasta Manuel Martín Cuenca e integrado por profesionales de diferentes ámbitos del medio cinematográfico, entre los que se encuentran Belén López, Pilar Martínez-Vasseur, Alberto Ammann, Daniel Guzmán y Manuel Hidalgo, el jurado de la sección oficial de largometrajes a concurso ha emitido el siguiente fallo:

— Biznaga de Oro a la mejor película para Callback (Carles Torras, 2016)

— Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado para La próxima piel (La propera pell, Isaki Lacuesta & Isa Campo, 2016)

— Biznaga de Plata a al mejor dirección para Isaki Lacuesta e Isa Campo por La próxima piel

— Biznaga de Plata Hotel AC Málaga Palacio a la Mejor Actriz para Emma Suárez por La próxima piel

— Biznaga de Plata al mejor actor para Martín Bacigalupo por Callback

— Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto para Silvia Maya por Julie (Alba González de Molina, 2016)

— Biznaga de Plata al mejor actor de reparto para Óscar Martínez por Kóblic (Sebastián Borensztein, 2016)

— Biznaga de Plata al mejor guion para Carles Torras y Martín Bacigalupo por Callback

— Biznaga de Plata a la mejor música para Silvia Pérez Cruz por Cerca de tu casa (Eduard Cortés, 2016)

— Biznaga de Plata Deluxe a la mejor fotografía ex aequo para Rodrigo Pulpeiro por Kóblic y para Carles Gusi por Quatretondeta (Pol Rodríguez, 2016)

— Biznaga de Plata al mejor montaje para Domi Parra por La próxima piel

— Mención Especial del Jurado para Quatretondeta

— Biznaga Especial Premio Especial del Jurado de la Crítica para La próxima piel

— Biznaga de Plata Premio del Público Gas Natural Fenosa para La noche que mi madre mató a mi padre (Inés París, 2016)

Fuente Universogay

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La Iglesia uruguaya pide perdón y ofrece “compromiso” a las víctimas de abusos sexuales

Domingo, 17 de abril de 2016

uruguay*

“Realmente es un dolor muy grande para la Iglesia y una vergüenza”

Los obispos prometen “tolerancia cero y procesar con el mayor rigor todas las denuncias”

La Iglesia Católica de Uruguay pidió “perdón” y ofreció “compromiso” a los menores víctimas de abusos sexuales por parte de “sacerdotes y consagrados” de esa confesión religiosa, tras recibir dos denuncias de casos en la Archidiócesis de Montevideo, informaron hoy fuentes eclesiásticas.

“Hemos querido hacer un comunicado pidiendo perdón a las víctimas y manifestando nuestro deseo de poder colaborar, acompañar y recibir todas las denuncias que se quieran hacer para poder sanar esto”, dijo el obispo Milton Tróccoli, portavoz de la Conferencia Episcopal Uruguay (CEU). “Realmente es un dolor muy grande para la Iglesia y una vergüenza que nos da que haya sucedido”, aseveró a continuación.

Así, en el comunicado al que hizo referencia el prelado, la Conferencia Espiscopal pide “perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos” del país. “Sentimos dolor y vergüenza, ya que son actos de personas que prometieron servir a Dios y al prójimo y en cambio cometieron actos aberrantes, dice el escrito.

Hasta el momento, de las dos denuncias recibidas, una ya se encuentra procesada, mientras que se está investigando sobre la segunda, al tiempo que se habilitó un teléfono para que las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos puedan recibir apoyo desde la iglesia.

“Habrá expertos que recibirán esas llamadas y combinarán un encuentro personal con las víctimas o les indicarán un referente para poder dialogar y canalizar sus denuncias”, dijo Tróccoli.

Asimismo, la Iglesia seguirá aplicando el protocolo de acción frente a denuncias de abuso sexual, realizado “con la ayuda de profesionales expertos” hace cuatro años.

Tras el establecimiento del protocolo, un equipo de la Iglesia Católica chilena integrado por “sacerdotes, psicólogos y abogados” asesoró a las autoridades eclesiásticas en la materia, y el centro de prevención de abusos sexuales en Roma ofrece algunos cursos en línea.

De este modo, la Iglesia pretende trabajar en la prevención “con educadores de colegios y catequistas” para crear “ambientes seguros donde los chicos puedan estar bien, tranquilos y se respete su dignidad”, dijo Tróccoli.

El portavoz de la CEU expresó que la postura de la Iglesia uruguaya será la misma del papa Francisco de tolerancia cero y de procesar con el mayor rigor todas las denuncias.

El comunicado también “reafirma el valor de la consagración a Dios mediante el celibato, que la Iglesia mantiene como un modo especial de seguimiento de los discípulos de Jesús” y apela “a la ayuda de Dios y al apoyo de los hermanos” para superar el “desgaste y las fragilidades” de estas conductas humanas.

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Religión Digital/Agencias

Comunicado íntegro de los obispos uruguayos

Los obispos desde hace cuatro años hemos venido prestando especial atención a este tema. Primero elaboramos, con la ayuda de profesionales expertos, el Protocolo de acción frente a denuncias de abuso sexual a menores por parte de clérigos. El año pasado recibimos a los miembros del equipo de prevención de abusos de la Iglesia de Chile, que está integrado por sacerdotes, psicólogos y abogados, y estamos abocados a la creación de una comisión para la prevención de abusos en nuestra Iglesia.

A su vez, cada congregación religiosa e instituto de vida consagrada ha elaborado su propio protocolo para atender denuncias contra sus miembros.

Pedimos perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos en nuestro país. Sentimos dolor y vergüenza ya que son personas que habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes.

Todos saben que, desgraciadamente, hechos como estos, se denuncian de unos años a esta parte en diversos países, y en todos los estratos de la sociedad. Pero de ningún modo se puede justificar que ocurran en la Iglesia. Hacemos nuestras las palabras que Benedicto XVI dirigió a los autores de hechos similares: “traicionaron la confianza depositada en ustedes por padres que les confiaron a sus hijos. Deben responder de ello ante Dios todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos”.

Frente a las denuncias de casos de personas dañadas, reiteramos nuestra firme disposición a recibirlas, escucharlas y acompañarlas, investigando y procediendo con rigor de acuerdo al Protocolo antes mencionado. También manifestamos nuestra total disponibilidad para colaborar con la justicia.

Reconocemos al mismo tiempo la generosidad de la gran mayoría de sacerdotes y consagrados que a diario entregan su vida al servicio del prójimo. Reafirmamos el valor de la consagración a Dios mediante el celibato, que la Iglesia mantiene, como un modo especial de seguimiento de los discípulos de Jesús.

Nuestra diaria tarea nos pone en contacto con la fragilidad humana. Somos conscientes de las miserias propias y ajenas, y de la necesidad de la ayuda de Dios y el apoyo de los hermanos que nos sostengan. Así podremos superar desgaste y fragilidades. La fidelidad del cristiano, en cualquier opción de vida, es un don y también una responsabilidad.

Nos comprometemos a seguir examinando con cuidado las motivaciones y aptitudes de los futuros sacerdotes, y también en la adecuada formación para la prevención de quienes colaboran en las comunidades, instituciones u obras sociales eclesiales.

Los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay

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“Huir del pueblo para ser un poco más uno. Migrantes sexuales en Uruguay”, por Lourdes Rodríguez .

Sábado, 9 de enero de 2016

15_2Migrantes mesoamericanos gays
Foto: Rubén Figueroa

Un interesante artículo que pone en evidencia la realidad de tantas personas que tienen que salir de su entorno para poder ser y existir…

Tener que huir de sus localidades de origen para evitar ser aplastado por el estigma de “el puto” o “la torta” del pueblo, convertirse en mito o leyenda o sacarse de encima el dedo de la vecina. Escapar de la golpiza, del insulto sistemático o de sus familias. Buscar una ciudad donde poder hacer una consulta al médico sin sufrir hostigamiento, donde además acceder a viviendas y empleo dignos, cuando es posible. Jóvenes con orientaciones sexuales diversas llegan a Montevideo para empezar de cero.

Estas cuestiones emergen de los relatos de 32 jóvenes de entre 20 y 29 años que se autoidentifican como lesbianas, gays, bisexuales, “msms” (sigla que significa “mujeres que tienen sexo con mujeres”) y “hshs” (“hombres que tienen sexo con hombres”). Todos entrevistados por Romina Martinelli para su tesis de grado “Migrantes sexuales: Éxodo en suelo uruguayo” (disponible en http://ipidar.org/sexualidades).

La investigación fue realizada en el marco de la Licenciatura en Sociología de la Universidad de la República con el financiamiento de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto por la Igualdad y la Democracia. La migración sexual es una realidad de larga data, pero una novedad conceptual poco explorada. La búsqueda y el traslado a destinos menos hostiles con la diversidad sexual suele encubrirse tras motivaciones económicas, académicas, familiares o de salud. Martinelli indaga cómo el cambio de escenario interior-Montevideo posibilita una “mayor laxitud” para negociar identidades “no heteroconformes”.

Sin estar exenta de violencia o discriminación, la capital ofrece elementos materiales y simbólicos que funcionan como “válvula de escape” de las tensiones impuestas por el statu quo heteronormativo, y a tener una vida mejor en relación con las experiencias de sus comunidades de origen.

Martinelli recorre las trayectorias identitarias de jóvenes que portan una sexualidad “disidente”, buscando desentrañar el impacto que tiene el traslado dentro del territorio uruguayo. Coloca el foco en las transformaciones de los “guiones sexuales” impuestos de estos sujetos que migran en busca de localidades con menores grados de lesbo, homo y bifobia.

Parte de la idea de que las identidades se basan en “definiciones mutuas” e introduce el concepto de “carreras morales” como producto de la interacción, devuelta en imágenes que hacen a la identidad de los sujetos, así como al conjunto de imágenes con que el individuo describe para sí a los demás. Las prácticas (guiones sexuales) demandan información, que es tomada de esas imágenes construidas de sí mismos y de los demás (carreras morales). En el cambio de escenario interior-Montevideo las percepciones de sí, del entorno y de los otros se resignifican y reorientan en favor del desarrollo de las identidades sexuales.

El vacío simbólico (o referencial) en sus lugares de origen arrincona en sus armarios a los jóvenes con orientación sexual diversa. Su deseo no existe, no se visualiza, no se nombra. Lo que les ocurre “no se habla” ni en sus casas ni en las currículas educativas. La constatación de Martinelli es que una vez en Montevideo descubren que no están solos, que hay otros como ellos. Sólo esa comprobación disminuye considerablemente la “tensión, angustia y soledad” del sujeto. En el suelo montevideano conocen nuevas personas y suelen aparecer “nodrizas lgb” o hadas madrinas que los conectan con nuevos escenarios: lugares de encuentro e intercambio específicos (marchas, boliches, ciclos de cine, seminarios, talleres) amigables con ellos.

Martinelli habla de un nuevo proceso de socialización secundaria. Se producen cambios en la manera de autoconcebirse, de valorarse, de relacionarse, de redefinir y renegociar significados, y por ende de vincularse. Estos elementos reflejan la transformación de sus carreras morales y habilitan nuevos guiones sexuales.

Los matices

Las personas que cuentan con el apoyo de su núcleo primario radicado en el interior evidencian procesos “más favorables” que aquellas que no están respaldadas. Hay quienes han podido gestionar su orientación sexual entre amigos y familiares, pero no en sus trabajos, donde más bien la ocultan. En la capital éste es el ámbito donde se acumulan las nuevas dificultades y tensiones para los jóvenes lgb (lesbianas, gays y bisexuales), msms y hshs.

En los relatos aparecen situaciones diarias de discriminación y temor al rechazo y la exclusión. Lo que sucede en el ámbito laboral se vuelve clave porque la pérdida de un puesto de trabajo puede suponer tener que regresar al interior y allí se pone en juego no sólo un salario, sino todo un proceso personal. Por otra parte, quienes sí han salido del armario en sus trabajos comprueban que pueden construir relaciones más “auténticas y saludables” a la vez que conviven con un menor grado de tensión y tienen mayor autoconfianza para desempeñarse en diversas tareas.

Los jóvenes que vuelven con mayor frecuencia al interior son, una vez más, los que han transitado procesos positivos de salida del armario con sus familias. No obstante, incluso éstos realizan “modificaciones temporales” relacionadas a su identidad sexual. De alguna manera, vuelven al clóset en su territorio de origen: “omiten” su orientación sexual fuera de su familia -para no exponerlos o “faltarles el respeto”-, no viajan con sus parejas, no hablan de su vida afectiva o caminan y se visten diferente.

Martinelli también arroja luz acerca de cómo las construcciones sociales en torno al género posicionan diferente a varones y mujeres al momento de negociar sus identidades. Si bien ambos desafían la normatividad al generar vínculos sexuales y afectivos con personas de su mismo género, entiende que la peor parte la llevan las mujeres lesbianas, bisexuales y msms. Contrariamente, la mayoría de los entrevistados tiene la percepción de que es más difícil para los varones tramitar su “disidencia” sexual, porque quedan más expuestos y porque la invisibilidad les otorga a las mujeres “disidentes” una zona de confort y refugio. Para la investigadora, estas mujeres, que dejan de estar disponibles para el deseo heterosexual y para la reproducción, parten de un orden sociosexual de menor privilegio, mientras que los varones históricamente han tenido amplios permisos para disfrutar a sus anchas de su sexualidad.

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Trabajador uruguayo demanda por homofobia a Ripley bajo la Ley Zamudio en Chile

Miércoles, 9 de diciembre de 2015

acarlosafectadoUn supervisor lo trató de “hueco”, “maricón” y, tocando sus partes íntimas, lo amenazó con golpearlo hasta que “termines como Zamudio”. La empresa nada hizo, hasta que la Inspección del Trabajo confirmó la denuncia. Sin embargo, los acosos continuaron, cambiándose las condiciones laborales y  hasta negándose un certificado que el trabajador, de nacionalidad uruguaya, necesitaba para tramitar su residencia.

Con el respaldo del Movilh, un ciudadano uruguayo, Carlos Seaone (en la fotografía), presentó hoy una demanda por homofobia contra Ripley, donde padeció constantes y graves hostigamientos en razón de su orientación sexual mientras se desempeñó como ejecutivo de atención telefónica, entre junio del 2013 y agosto del 2015.

La demanda bajo la Ley Zamudio fue patrocinada por la abogada del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh,  Melisa Manfredi, y en la misma se precisa que gran parte de los hostigamientos fueron corroborados por una investigación de la Inspección del Trabajo.

El afectado relató que “desde diciembre del 2013 el supervisor de Ripley, Rodrigo García González, comenzó a tratarme de manera abusiva debido a mi orientación sexual, amenazándome constantemente con enviarme cartas de amonestación y presionándome por la duración de las llamadas”.

Añadió que “el maltrato de Rodrigo García González era diario, se refería a mí con frases como “hueco”, “cola” o “maricón” y “ponte ready”, dejándome en ridículo frente a mis compañeros. Además se tocaba sus partes íntimas cuando se refería a mí. En una ocasión lo escuché diciéndole a otra persona que “si me llegan a echar, yo me rapo, me visto de negro, me pongo bototos y le saco la concha de su madre, porque soy medio nazi””

El trabajador denunció el caso ante el gerente de Ripley, Rubén Sepúlveda, la sub gerente, Pili Aguilera y la jefa de recursos humanos, Karen Moreno, “sin embargo ninguno de ellos realizó gestión alguna”, denuncia Seaone.

La situación de abusos y vulnerabilidad obligó al trabajador a tomar constantes licencias médicas por depresión y gastritis nerviosas, hasta que se decidió a denunciar el hecho ante la Inspección del Trabajo.

Tras una investigación, la Inspección del Trabajo concluyó que “fue posible establecer que el supervisor Sr. García ha dado un trato distinto al denunciante basado en su orientación sexual. El supervisor se ha referido al denunciante como “huego, gay, maricón, vas a terminar como Zamudio”, “maricón ponte en ready”, “te gusta que te rompan el hoyo”; lo que claramente ha vulnerado la honra del trabajador”.

El 10 de septiembre de 2014, y sólo por orden de la Inspección del Trabajo, se llegó a un acuerdo con la empresa, la que comprometió realizar una capacitación en materia de derechos humanos, además de ofrecer disculpas al afectado. Sin embargo los acosos de Rodrigo García continuaron, de manera más agresiva y hostil. “Intenté nuevamente hablar con mi jefatura directa, obteniendo el mismo resultado que las veces anteriores: la empresa no tomó medidas”, añadió el afectado.

Tras la denuncia “mis condiciones del trabajo fueron modificadas unilateralmente. Me cambiaron de puesto de trabajo, alejándome de mis compañeros, me monitoreaban constantemente y me evaluaban sólo las llamadas de 30 segundos, lo que produjo un perjuicio en mi rendimiento y por lo tanto en los bonos que obtenía. Además comenzaron a negarme cualquier tipo de permiso que solicitara. La situación llegó a tal punto que mi empleador me negó un certificado laboral que necesitaba para tramitar mi residencia definitiva en el país, el que solo emitió una vez que lo denuncié nuevamente en la Inspección del Trabajo el 23 de enero de 2015”, precisó el afectado.

Finalmente,  y sólo a raíz de sus contantes  y justificadas denuncias, Ripley despidió a Seoane “por necesidades de la empresa”, la “manera de más habitual de ocultar las verdades razones de un despido, en especial cuando se trata de personas que acusan discriminación por su orientación sexual o identidad de género”, indicó el Movilh.

Manfredi, la abogada del Movilh, precisó que Ripley “vulneró el artículo 2 de la Zamudio, el cual prohíbe la discriminación por orientación sexual, así como variados derechos del artículo 19 de la Constitución Política, como son la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencias arbitrarias”.

El Movilh puntualizó que “estamos en presencia de hechos brutales de discriminación, todos corroborados con testigos, documentos y grabaciones. Intentamos llegar a un acercamiento de Ripley con el trabajador, pero la empresa se negó, al igual como lo hizo el año pasado otra multitienda, París, la que finalmente fue sancionada por tribunales. Esperamos en este caso, correr la misma suerte y que se haga justicia”.

Fuente MOVILH

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Asociación LGTB de Uruguay inaugura un servicio atención a víctimas de violencia intragénero

Jueves, 24 de septiembre de 2015

obejasnegrasUn equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales estará a cargo de atender a las personas LGBT que busquen orientación respecto a situaciones de violencia vividas con sus parejas.

Un colectivo en defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales ha implementado en Uruguay un servicio de atención específico a esa población que viva situaciones de violencia por parte de su pareja y que carecen de un espacio para buscar ayuda específica.

“Un varón gay, por ejemplo, que se encuentra en una situación de violencia con su pareja no tiene ningún espacio para generar una ruta de salida de la misma”, sostuvo Néstor Rodríguez, uno de los psicólogos de la ONG Ovejas Negras, responsable del proyecto. “No hay mucha experiencia en ese sentido. En Argentina hay algo enfocado en mujeres lesbianas, pero aparte de eso, toda la referencia que existe sobre el tema trata de parejas heterosexuales”, contó Rodríguez.

A su juicio, la iniciativa ayudará a visibilizar el problema, además de contribuir a entenderlo, ya que por ahora solo hay hipótesis no corroboradas respecto a por qué ese tipo de violencia también existe en relaciones homoafectivas, aunque la mayor parte de expertos coincide en que hay una reproducción de los estereotipos comúnmente presentes en las relaciones heterosexuales.

“Una de las formas de mantener el status quo es a través de la violencia, pero es solo una hipótesis como otras”, consideró el psicólogo y reforzó la importancia del proyecto también para “construir metodologías”.

La propuesta está en etapa de implementación y la expectativa del grupo es que la décima Marcha por la Diversidad, que tendrá lugar en el centro de Montevideo el próximo viernes, sea una oportunidad de difundir el nuevo servicio.

Fuente Cáscara amarga

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Las familias diversas serán protagonistas del festival de cine LGTB de Uruguay

Miércoles, 2 de septiembre de 2015

afiche-llamale-hEl festival uruguayo de cine y diversidad sexual Llamale H festejará en su novena edición la “libertad” del colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) e instará a “enriquecer el diálogo” y hablar de “familias diversas”, según su directora, Mercedes Martín.

El evento, que se desarrollará del 8 al 14 de septiembre en cuatro salas de Montevideo, contará con una selección de 20 películas, pero también con un compendio de actividades paralelas a las funciones.

“A pesar de que nos vemos como una sociedad más tolerante y más inclusiva, a veces lo somos menos de lo que pensamos. Sigue habiendo episodios de discriminación serios, sigue habiendo asesinatos de mujeres trans, por lo que tenemos motivos de recordar la libertad (del colectivo)”, dijo Martín.

De este modo, “Llamale H” vuelve a las pantallas de Uruguay luego de una interrupción de un año, gracias a un intenso trabajo de gestión comercial que cosechó el apoyo de emprendedores privados, que apoyaron este acontecimiento cinematográfico.

“Ya no hay miedo de los privados de apoyar un festival de temática (de diversidad sexual)”, indicó Martín sobre esta muestra cinematográfica que cuenta desde sus inicios con el apoyo de la española Fundación Triángulo, en su proyecto de crear una red de festivales LGBT a lo largo y ancho de América Latina.

A criterio de la directora del festival, la selección de películas incluye una “variedad de contenidos” para atraer “públicos nuevos que quieran ver buen cine” independientemente de su “orientación sexual o su identidad de género”, con programación más reducida para llegar a un amplio espectro de espectadores.

En ese sentido, “Llamale H” transmitirá cinco funciones en el canal de televisión abierta del Gobierno de Montevideo, lo que le brindará una mayor “visibilidad” al festival, dijo su directora.

Además de disfrutar de óperas primas de nuevos realizadores, o de los últimos títulos de directores como los canadienses Xavier Dolan y Bruce LaBruce y el argentino Marco Berger, los espectadores podrán participar de talleres, mesas redondas, fiestas musicales, muestras de fotografía y obras de teatro.

El eje temático de esta edición serán las familias, para “enriquecer el diálogo” y hablar de “familias diversas”, que en el país suramericano se legitimaron con la modificación de la ley de adopciones en 2009, que permite la adopción de menores a parejas homosexuales, y la aprobación del matrimonio igualitario en 2013.

La apertura del festival se llevará a cabo el 8 de septiembre con entrada libre y gratuita en la sala principal del Auditorio Nacional de Uruguay, donde se proyectará la comedia dramática holandesa “Verano“, de Colette Bothof.

Fuente Facebook LLamale H y Montevideo.com

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