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Fracaso evangélico ultraconservador en Uruguay: los tránsfobos solo consiguen un 9,9% en el prerreferéndum para derogar la ley integral trans

Jueves, 8 de agosto de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Fuente Dosmanzanas

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