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‘Min y el cazador de estrellas’ una historia sin género y de difusión gratuita

Lunes, 18 de noviembre de 2019

min-el-cuentoEscribir una historia sin desvelar el sexo de su protagonista es muy complicado. No solo por el nombre o la descripción física, sino por ir sorteando todo el lenguaje de género: En lugar de «la persiguió», pondremos «el Cazador persiguió a Min»; en lugar de «estaba contenta», «estaba alegre», y así fueron solventando los problemas que el lenguaje les iba presentando. ¡Pues nadie se ha dado cuenta!

Las historias de «Min y el cazador de estrellas», de Lola Llatas, se fueron subiendo a su blog y pasó algo: NADIE se dio cuenta de si Min era un niño, una niña o ninguno de los dos. Los niños pensaron que Min era un niño. Las niñas pensaron que Min era una niña. La identificación fue total.

Min deberá convencer al Cazador de Estrellas para que libere a todas las que tiene cautivas.

Por cada relato que Min le cuente, una estrella quedará libre. Es una idea buenísima pero, ¿de dónde podrá Min sacar tantas historias? Solo conoce la suya propia y hay partes de las que ni se acuerda. Sus amigas las libélulas deberán volar hacia los colegios españoles en busca de relatos nuevos y sorprendentes, capaces de ablandar al gigante.

Durante el curso 2017/2018 once coles animaron a sus estudiantes a usar la imaginación para colaborar en este proyecto solidario para Médicos del Mundo. ¿Qué pretende? Abrir un diálogo entre alumnado, padres, madres y profesorado sobre la existencia de niños y niñas con riesgo de exclusión social.

Os dejamos el enlace para descargaros esta historia que está formada por lo que inspiró a Lola y también a todos los coles que han participado añadiendo sus relatos salvadores de estrellas. «quiero que llegue (gratuitamente) a todos los rincones posibles; que llegue a las personas que realmente puedan disfrutarlo». Si queréis que vuestras personitas pequeñas conozcan esta historia y, quizá, conozcan algún relato que salve una estrella no dudéis en descargar de forma gratuita este interesante texto.

Fuente Oveja Rosa

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Casi la mitad de las personas trans retrasa o anula sus citas médicas por temor a la discriminación y al trato irrespetuoso

Miércoles, 19 de junio de 2019

las-personas-trans-y-su-relacion-con-el-sistema-sanitarioLa Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

estudio-personas-trans-citas-medicas

Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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Mujeres transgénero impulsan una campaña contra su discriminación laboral

Lunes, 7 de mayo de 2018

transexual_medicos_mundoUn informe de Médicos del Mundo recoge las demandas formuladas por el colectivo después de dos años de trabajo conjunto.

A menudo se les transmite que viven en un cuerpo “incorrecto”

Un colectivo de mujeres transgénero de Barcelona impulsa una campaña para reducir su discriminación en el ámbito laboral, bajo el título #estamospreparadasytú?. El pasado lunes 30 de abril, jornada previa al Día Internacional del Trabajo, repartieron unas postales reivindicativas diseñadas por ellas mismas en comercios de la ciudad condal para pedir a las empresas que las valoren por sus capacidades profesionales y no por su identidad sexual ni su apariencia física.

Esta campaña es una de las acciones resultantes del proceso que durante dos años han realizado un grupo de 33 mujeres trans de Barcelona junto a Metges del Món Catalunya en el marco del proyecto Transgenerant Salut.

El resultado de esta investigación es el informe “Sumando miradas a la realidad transgénero en Barcelona”, que recoge las demandas de las mujeres transexuales sobre cuatro temas que para ellas son clave: salud, situación laboral, prostitución y transfobia. La finalidad de este diagnóstico es servir de guía a entidades y activistas para futuros proyectos relacionados con mujeres transexuales.

Médicos del Mundo trabaja con el colectivo trans tanto en Madrid como en Barcelona. La entidad las apoya para que puedan participar activamente en la elaboración de políticas y medidas que les afecten. En Madrid ofrecemos además atención endocrinológica, orientación sobre la hormonación y el proceso de cambio de nombre y formación a profesionales sanitarios sobre diversidad sexual. La organización reclama una atención psicológica especializada que no trate la transexualidad como una enfermedad y solicita que se contemple ofrecer beneficios fiscales a las empresas que contraten a mujeres transgénero.

Principales conclusiones del informe

Situación laboral

• El diagnóstico detecta una actitud poco receptiva por parte de las empresas a la hora de contratar a mujeres trans.
• Las mujeres han normalizado la discriminación laboral y han desarrollado sus propias estrategias para convivir con ella.
• Las mujeres relacionan las posibilidades de obtener oportunidades laborales al hecho de que no se aprecie físicamente que son mujeres trans, lo que para ellas son mujeres trans invisibles.
• A menudo se ofertan formaciones para mujeres trans, pero no son útiles para mejorar la ocupabilidad.

Salud

• Se ha detectado falta de formación entre el personal médico de atención primaria sobre los pasos a seguir en el proceso de tránsito y sobre los recursos disponibles para este colectivo.
• A menudo se les transmite que viven en un cuerpo “incorrecto” y que su proceso de tránsito sólo finalizará cuando éste adopte una forma totalmente femenina, como si existiera solo un modelo correcto de mujer.

Transfobia

• Es habitual que las mujeres trans sufran discriminación (transfobia) en la calle.
• La mayoría de las mujeres participantes han vivido situaciones de rechazo familiar.

Fuente Cáscara Amarga

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ONG y asociaciones profesionales sanitarias piden al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal

Viernes, 31 de julio de 2015

apartLa FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.

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El gobierno del PP tras el daño causado, quiere lavar su imagen suavizando la exclusión sanitaria de los “sin papeles” que decretó en 2012

Lunes, 6 de abril de 2015

Alfonso-Alonso-Mariano-Soraya-Santamaria_MDSIMA20130426_0083_7El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

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Todas las fuerzas políticas españolas, salvo PP y Ciudadanos, dicen ‘sí’ a la Sanidad Universal y acuerdan recuperarla

Viernes, 13 de marzo de 2015

imagenes_Firma_sanidad_universal_f3683f65Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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Hasta nunca, Ana Mato

Jueves, 27 de noviembre de 2014

20130130142459Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.

Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.

Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.

Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.

Fuente Dosmanzanas

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Recordatorio

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