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El Consejo de Ministras y Ministros de España acuerda declarar el 28 de junio como el Día Nacional del Orgullo LGTBI

Lunes, 9 de julio de 2018

consejo-de-ministros-lgtbi-1También se ha creado una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”.

El Consejo de Ministros de este viernes 6 de julio ha acordado declarar el 28 de junio el Día Nacional del Orgullo LGTBI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo. Asimismo, se ha presentado por parte de la ministra de Sanidad el procedimiento por el que las mujeres solas y las parejas de mujeres recuperarán el derecho a acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública, tal y como ha anunciado en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo.

Dentro de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado este 6 de julio, se encuentran tres de gran relevancia para el colectivo LGTBI.

Por una parte, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuya titular es Carmen Calvo, se ha acordado la declaración del 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGTBI, según informa la web oficial del Gobierno (lamoncloa.gob.es) con el siguiente texto:

DECLARADO EL 28 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

El Consejo de Ministros ha acordado declarar el 28 de junio como Día del orgullo LGBTI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo.

El 28 de junio es una fecha en torno a la cual suelen articularse las celebraciones del Orgullo LGBTI en España y en otras partes del mundo. Con iniciativas de este tipo se emula a otros países de nuestro entorno celebran días relacionados con el reconocimiento de la Comunidad LGBTI.

Este año, además, se conmemora el 40 aniversario de la primera manifestación del Orgullo en España, lo que supone un motivo más de celebración.

Del mismo modo, con la celebración de este día se pone de manifiesto, desde los primeros pasos de la legislatura, el compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y protección, así como, con la mejora de las condiciones de vida de la población LGBTI.

Recordemos los hechos acontecidos hace ya 49 años. El Stonewall Inn era un club del Greenwich Village al que acudían personas que se movían en los márgenes de la sociedad. Poco más que tugurio frecuentado por homosexuales, travestidos, personas transexuales, drags, chaperos o lesbianas de aspecto masculino. Para acceder, había que ser conocido del portero o tener una apariencia inconfundiblemente LGTB (si no «se te notaba», no entrabas…). La redada de aquella noche era una de tantas. Normalmente se hubiera saldado con varias detenciones y el cierre del local durante unas horas, pero los ánimos estaban ese día especialmente exaltados. Algunas de las trans presentes (esa noche unas 200 personas se encontraban en su interior) plantaron cara a la policía y se negaron a ser identificadas y cacheadas. Al parecer una de ellas golpeó a uno de los policías con su bolso. La noticia se extendió por el barrio y pronto cientos de personas se congregaron en el exterior, coreando «poder gay» y gritando «cerdos» a los policías mientras estos arrestaban a muchos de los clientes.

En un momento determinado, una de las lesbianas detenidas, nunca identificada, se revolvió al ser introducida en el coche patrulla. Los policías la reprimieron con violencia. En ese momento la multitud estalló encolerizada y los policías tuvieron que refugiarse en el local y pedir refuerzos. La revuelta había comenzado. Un arrebato de rabia y orgullo que se prolongó durante días, y que cada 28 de junio las personas LGTB de todo el mundo conmemoran. El historiador David Carter, autor del libro Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution afirma que la revuelta «fue al movimiento gay lo que la toma de la Bastilla a la revolución francesa».

Asimismo, el departamento creó una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”. En palabras de Celaá, esto deja claro la “gran sensibilidad” del Gobierno respecto a la “dignidad de todos”. El Gobierno establecerá, además, un plan estratégico de convivencia escolar en el que se impulsará la igualdad de trato entre personas con distintas orientaciones sexuales. Todo ello en corresponsabilidad con las comunidades autónomas.

Recuperación del derecho a las técnicas de reproducción asistida

El Consejo de Ministros también ha recibido el informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, respecto a la recuperación del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida ofrecidas por el Sistema Nacional de Salud para las mujeres solas o parejas de mujeres (recordemos que las parejas del mismo sexo formadas por mujeres pueden incluir tanto a mujeres lesbianas como a mujeres bisexuales, de tal manera que existen numerosas parejas de este tipo en las que ninguna de sus integrantes es lesbiana). La web oficial del Gobierno lo anunciaba de esta manera:

INFORME SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA A MUJERES SOLAS Y LESBIANAS

  • La ministra de Sanidad traslada al Consejo de Ministros el procedimiento normativo por el que se articulará la medida
  • La actualización de la cartera de servicios se realizará a través de una orden ministerial
  • Una vez se tramite el procedimiento normativo, está previsto que la medida se implante durante el primer trimestre de 2019

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre los pasos y el calendario a seguir para que las mujeres solas y lesbianas puedan acceder de nuevo a tratamientos de reproducción asistida en centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A través de una Orden Ministerial se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para permitir el acceso a mujeres solas y lesbianas.

La tramitación comenzará de inmediato con la convocatoria de la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Consejo Interterritorial del SNS, que tendrá lugar el próximo día 13 de julio, en la que se reunirán los responsables de esta materia de las comunidades autónomas.

En paralelo, se celebrarán distintas reuniones con el movimiento asociativo, sociedades científicas y profesionales; y se dará inicio a la tramitación del proyecto normativo hasta la implantación efectiva de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el primer trimestre de 2019.

En noviembre de 2014 el Gobierno excluyó a las mujeres solas y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida en los centros públicos. La Orden Ministerial anulará la restricción establecida hace casi cuatro años y permitirá de nuevo el acceso a los tratamientos a todas las mujeres sin discriminación.

Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que toda mujer mayor de 18 años, previo consentimiento, podrá ser usuaria de estas técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual.

Efectivamente, la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas.

Anteriormente, el Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo.

Con la reforma efectuada por el Gobierno del Partido Popular, el entonces Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aun sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponían que las mujeres sin pareja masculina quedaban excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La Orden Ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque varias comunidades autónomas plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

Fuente Agecias/Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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Amarillismo lesbófobo en la portada de “El Español”, el nuevo digital de Pedro J. Ramírez

Martes, 29 de diciembre de 2015

portada-El-Español-lesbofobia1Sorprendente portada del diario digital El Español, que en su edición del día 23 titulaba: “Más se arrastra ante la CUP: ofrece banca pública, SMI de 1.000 euros y ayudas a lesbianas”. Que no se alegren nuestras lectoras catalanas: las “ayudas a lesbianas” de las que se escandaliza el El Español como símbolo del “arrastre” de Artur Mas ante la Candidatura d’Unitat Popular para lograr su investidura como presidente de la Generalitat no es un sobresueldo por ser lesbiana. Se trata de algo mucho menos original: “que la sanidad pública se haga cargo de las reproducciones asistidas a mujeres lesbianas o sin pareja masculina, otra reclamación que aparecía en el documento de mínimos de la CUP. El plan prevé una partida de casi 2 millones de euros para este cometido” (así lo describe, ya en el artículo, el propio diario El Español).

El Español es el diario digital que Pedro J. Ramírez ha puesto en marcha tras su salida del diario El Mundo, en el que muchos habían puesto sus esperanzas de ver un medio de centro-derecha capaz de competir en el mundo digital y atraer a lectores críticos. Portadas como la que reproducimos hoy, sin embargo, le acercan más bien al amarillismo de La Razón o de los medios del grupo Intereconomía. Hablar frívolamente de “ayudas a lesbianas” cuando de lo que se trata es de rescatar para las mujeres sin pareja masculina un derecho del que fueron privadas por el gobierno de Mariano Rajoy y que incluso la justicia ha reconocido no puede calificarse más que de amarillismo lesbófobo.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

¿Cristina Cifuentes, una radical de la CUP?

A este respecto, incluso el nuevo gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid, seguramente presionado por la sentencia que hace pocas semanas condenó al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública, ha decidido incluir esta prestación en la cartera regional.

“La asistencia sanitaria pública debe respetar escrupulosamente el principio de igualdad, independientemente de la condición sexual o circunstancias de los usuarios. Por eso, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a incluir en su cartera de servicios complementaria la reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina. La ampliación del tratamiento de fertilidad viene a dar respuesta a la necesidad existente en un sector de la población que se estaba viendo discriminado a la hora de recibir este tipo de procedimientos”, escribía Cifuentes en su propio blog el 7 de octubre…

Lo cierto es que la portada de El Español no hace más que abonar la lesbofobia. Reconocer el derecho de las mujeres sin pareja masculina a no ser discriminadas por una sanidad pública que ellas, al igual que el resto de los ciudadanos, contribuyen a financiar con sus impuestos nada tiene que ver con recibir “una ayuda”. Esperábamos más de este nuevo medio…

Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad de Madrid, condenada por excluir a una pareja de mujeres de la prestación de reproducción asistida

Martes, 6 de octubre de 2015

Importantísima sentencia de Ofelia Ruiz Pontones, magistrada del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, que ha condenado por daños patrimoniales y morales al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública.

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Lo contábamos hace pocas semanas. Tania y Verónica (nombres simulados, puesto que desean mantener hasta donde sea posible su anonimato) demandaron al Ministerio de Sanidad, a la Consejería madrileña de Sanidad y a la Fundación Jiménez Díaz por obstaculizar su acceso a la prestación de reproducción asistida (como consecuencia directa de la decisión del gobierno del PP de retirarla a las mujeres sin pareja masculina). La pareja consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la vida privada y familiar y a la protección de la salud reproductiva.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

En el caso de Tania y Verónica, ellas ya habían comenzado el tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz (Tania se había sometido a un primer ciclo, sin conseguir embarazo). Un mes después de la publicación de la orden ministerial, la pareja fue informada de que quedaba excluida. Tras formalizar sus quejas y presentar la demanda, en mayo de 2015 la clínica les informó de que reevaluaría la situación, y de hecho reiniciaron el tratamiento, pese a lo cual la pareja, asistida por Women’s Link Worldwide, mantuvo la demanda.

Sentencia clara: esta excusión es discriminatoria

La sentencia sobre el caso, conocida hoy, considera que la Ley 14/2006, que establece con carácter general qué personas tienen acceso a este tipo de tratamientos, y que no discrimina por razones de orientación sexual, es de rango superior a la mencionada orden ministerial, que por jerarquía normativa no puede contradecir a aquella. El fallo condena a hospital y Consejería a indemnizar a la pareja con 4.875 euros en concepto de daños patrimoniales y morales, aunque deja fuera de la condena al Ministerio de Sanidad, al considerar que este no es el que tiene la competencia en la prestación de la asistencia sanitaria. “El hecho de que se dicte una Orden por un Ministerio y que se esté o no de acuerdo no puede enjuiciarse en este procedimiento”, explica el fallo, que concluye que “se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora a no ser discriminada por su orientación sexual”.

La sentencia ha sido celebrada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que la considera “un espaldarazo” a la denuncia pública que desde la publicación de la orden ministerial impulsada por Ana Mato ha venido defendiendo esta y otras organizaciones LGTB otras organizaciones: la exclusión de las mujeres sin pareja varón de la reproducción asistida es discriminatoria. en palabras de su portavoz, Isabel Gómez, “la igualdad y la no discriminación están por encima de la cerrazón de algunos miembros de este Gobierno que han querido imponernos un modelo único de familia. El Ministerio de Sanidad debe arreglar este desaguisado rápidamente y mientras tanto las Comunidades Autónomas que no lo estén haciendo deben volver a ofrecer los servicios a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil, o estarán contraviniendo la ley”.

También Women’s Link Worlwide ha mostrado su satisfacción. ”La decisión supone una victoria para todas las mujeres que quieren acceder a este tipo de tratamientos (…), sin importar si tienen pareja masculina y sin importar su lugar de residencia”ha declarado Glenys de Jesús, su directora legal. “El espíritu de la sentencia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de derogar o no tener en cuenta una ley de rango inferior que además es claramente discriminatoria”, ha añadido.

Puedes consultar la sentencia completa pinchando aquí.

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El gobierno del PP tras el daño causado, quiere lavar su imagen suavizando la exclusión sanitaria de los “sin papeles” que decretó en 2012

Lunes, 6 de abril de 2015

Alfonso-Alonso-Mariano-Soraya-Santamaria_MDSIMA20130426_0083_7El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

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A personas con VIH no se les permite acceder a ciertas profesiones, servicios o seguros de salud y de vida

Martes, 3 de marzo de 2015

S_mbolo_CESIDA_400x400Nota de Prensa CESIDA:

Para acabar con la discriminación, se debe acabar o modificar todos los argumentos legales que, todavía hoy en día, hacen que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida. Asimismo, deberían hacerse campañas a nivel institucional que llegasen a toda la ciudadanía de sensibilización e información actualizada sobre el VIH/sida y, por supuesto, la inclusión en el ámbito educativo de formación en educación sexual.

En España, en mayo de 2013, la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH llegaron a un acuerdo para impulsar las iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto social para paliar la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con VIH y sida en todos los ámbitos.

Mato se comprometió a mantener la colaboración con todos los agentes implicados para la elaboración conjunta del nuevo Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH que abarcaría de 2013 a 2017, según informaba entonces el Ministerio en un comunicado.

Dos años después, “El pacto social contra la discriminación no es más que uno de los muchos compromisos incumplidos del gobierno de Mariano Rajoy, y una muestra más del desinterés del Ministerio de Sanidad hacia el VIH/sida”, denuncia Miguel Luis Tomás, secretario general de la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA.

Para Tomás, “el estigma que padecemos las personas que vivimos con VIH está asociado, principalmente, al estigma que ya padecen algunos de los colectivos más vulnerables y afectados por esta infección, como los hombres que practican sexo con hombres, personas usuarias de drogas y personas trabajadoras del sexo”. Acabar con el estigma pasa por una sensibilización de la población en general, empezando por que la educación en salud sexual y en diversidad forme parte del currículo escolar.

Estigmatizar a quienes viven con el VIH desincentiva a las personas a hacerse la prueba del VIH y a recibir la asistencia sanitaria y el tratamiento, que son vitales, indica ONUSIDA con motivo de la segunda edición del ‘Día para la cero discriminación’, que este año tiene como lema ‘Ábrete al mundo, extiende la mano’, y se celebra el próximo domingo 1 de marzo.

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Llamada de atención al Gobierno por su falta de compromiso con el VIH en el Día Mundial del Sida

Miércoles, 3 de diciembre de 2014

sida-epidemiologia-en-latinoamericaUn interesante reportaje que publica Dosmanzanas:

El 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de Acción contra el Sida, desde el año 1988. Diversas ciudades de nuestra geografía como Madrid, Barcelona o Valencia, entre otras, han celebrado actos de conmemoración y reivindicación, así como actividades de cara a la visibilización, la prevención y la detección del VIH. Dosmanzanas estuvo ayer en el encuentro anual que tiene lugar cada año en la Puerta de Alcalá de Madrid, donde se leyó un manifiesto en el que se criticaron los recortes del Gobierno en materia de VIH y se exigieron “medidas contundentes para evitar el rechazo y discriminación de personas con VIH tanto en el ámbito público como en el privado”.

Hace solo unos días, tras la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad, publicábamos un post en el que la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente que “el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad”. Esta perspectiva es mayoritaria, por no decir unánime, entre organizaciones LGTB y representantes de la oposición. Dosmanzanas ha tenido la oportunidad de pulsar la opinión de algunos rostros del activismo en España como Pedro Zerolo, Carla Antonelli o Esperanza Montero y todos coincidieron en su crítica a los recortes y a la escasa atención que el Gobierno de Mariano Rajoy destina al VIH y a las personas que viven con él. Así se recoge en el reportaje que hemos realizado:

Esperanza Montero, presidenta de COGAM (colectivo LGTB de Madrid), fue una de las encargadas de la lectura del manifiesto que se leyó en la Puerta de Alcalá de Madrid, iluminada en esta ocasión de color rojo. Un gran lazo rojo, elaborado de centenares de pequeños lacitos donados por ciudadanos, presidió el acto, en memoria de las personas que nos han dejado como consecuencia del VIH-sida. “La devolución del ejercicio de los derechos y las prestaciones sanitarias asociadas, que el Gobierno Central retiró a todas las personas que tienen una situación administrativa irregular”, así como la eliminación de estigmas fueron algunos de los puntos que reclamaba el manifiesto.

La siguiente galería capta algunos de los momentos del acto celebrado el domingo por la noche en Madrid:

Acabar con la serofobia

En una encuesta elaborada por la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) sobre experiencias de discriminación de las personas LGTB con VIH, se refiere que “el 65% de los gais y bisexuales con VIH temieron en los últimos 12 meses ser objeto de chismes y el 42% y el 27%, respectivamente, temió sufrir agresiones verbales o físicas a causa de su infección por VIH”. Asimismo, según explica la propia organización, “uno de cada ocho encuestados recibió insultos”.

Cabe destacar que algunos famosos se han sumado con sus mensajes a la celebración del Día Internacional de Acción contra el Sida. El futbolista Iker Casillas ha publicado un tuit en el que demandaba que “unamos esfuerzos contra la enfermedad y contra el estigma”. Por su parte, el jugador de baloncesto Pau Gasol animaba en su cuenta de Twitter a que “Sigamos luchando para erradicar el #Sida #DiaMundialDeLaLuchaContraVIH . Para una generación libre de este virus! #AIDSfree”. También es remarcable la colocación de un lazo rojo, junto a la mosca de la cadena, que colocó ayer Divinity (del grupo Mediaset).

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Hasta nunca, Ana Mato

Jueves, 27 de noviembre de 2014

20130130142459Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.

Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.

Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.

Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.

Fuente Dosmanzanas

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Risas y complicidad entre los gobiernos ruso y español durante la firma del convenio de adopción que discrimina a homosexuales

Sábado, 12 de julio de 2014

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Familias LGBT de España piden no ratificar el acuerdo de adopción con Rusia

Hace tres días nos hacíamos eco de la autorización final por el Consejo de Ministros de la firma del nuevo convenio de adopción con Rusia, a medida de su reciente legislación homófoba. Explicábamos que en la práctica no suponía demasiados cambios, pero que nos parecía cobarde la transigente actitud del Gobierno español. Lo que ya no esperábamos era que la firma del convenio mostrara además una indudable complicidad entre los representantes de ambos gobiernos. Las sonrisas del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobraban en un momento en que España oficializaba un documento cuyo único objetivo, recordemos, es impedir que personas homosexuales puedan adoptar niños de origen ruso.

Afortunadamente las sanciones de la Unión Europea a Rusia por el conflicto de Crimea impidieron que viajara a España Yelena Mizulina, presidenta del Cómite de Familia, Mujer e Infancia de la Duma y una de las principales valedoras de las leyes homófobas rusas. El representante de Rusia fue finalmente su viceministro de Educación, Veniamin Kaganov. España optó sin embargo por darle a la firma una especial relevancia con la presencia de dos ministros, García-Margallo y Mato, visiblemente satisfechos. Bien podría haberse ahorrado el gobierno español el insulto y firmar el convenio a puerta cerrada. Y desde luego sin tanta sonrisa de complacencia (como las que recoge por ejemplo la fotografía de Álvaro García para El País).

image_content_medium_942727_20130906173845Como hemos explicado a lo largo de estos últimos meses, la firma de un convenio que regulase la adopción entre Rusia y España estaba en realidad pendiente desde 2009, pero fue el verano pasado cuando se producía el bloqueo de cientos de adopciones en curso después de que Rusia aprobara una norma cuyo objeto es impedir que menores rusos puedan ser ubicados en hogares de parejas del mismo sexo o monoparentales (con objeto de asegurarse de que no serán criados por lesbianas o gays). La primera propuesta de convenio fue acordada en octubre y autorizada ya en diciembre por el Consejo de Ministros, pero luego se introdujeron modificaciones que han obligado a nuevos trámites.

Con la entrada en vigor del convenio en su versión definitiva, queda oficializado el veto a la adopción de menores procedentes de Rusia por personas solteras (la principal novedad) y parejas del mismo sexo. Por lo que respecta a estas últimas, el convenio no supone un cambio real, ya que Rusia, al igual que la mayoría de los países “emisores de niños”, ya se negaban antes a tramitar peticiones de adopción de parejas homosexuales. Pero ahora se faculta además a las autoridades rusas a hacer un seguimiento de los menores ya adoptados, que deberán mantener la nacionalidad rusa al menos hasta su mayoría de edad y permanecer inscritos en el consulado ruso. Y Rusia podrá solicitar que el menor sea reubicado con otra pareja heterosexual en caso de que la situación del menor cambie.

Ya en entradas anteriores expresábamos nuestra preocupación por el hecho de que aceptar estas condiciones suponía reintroducir en el ordenamiento jurídico español de la discriminación de las parejas del mismo sexo, de forma que si por ejemplo los padres adoptivos fallecen y su familiar más directo es gay o lesbiana no podría hacerse cargo del niño. Finalmente el Gobierno español incluía en el convenio que el seguimiento de las autoridades rusas de los menores adoptados se articulará “en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor (España)”, lo que puede entenderse como una salvaguarda frente a esta posibilidad. Eso sí, si el menor quedara en situación de desamparo absoluto y tuviera que ser reubicado con una nueva familia solo podría ser con un matrimonio heterosexual.

En definitiva, una mala noticia por mucho que aceptemos que podría haber sido aún peor. Como expresaba por ejemplo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), con la firma de este convenio “España se muestra cómplice y partícipe de las políticas de discriminación de países que –como Rusia y bajo la amenaza de paralizar las adopciones- no respetan los derechos humanos y discriminan a las persona por su orientación sexual e identidad de género. Esto atenta, además, contra el mandato del Congreso de los Diputados que instó al Gobierno de España en febrero a garantizar los derechos LGTB dentro y fuera de nuestras fronteras”. La FELGTB estará además atenta a las consecuencias por lo que a la situación de los menores ya adoptados respecta. “La Federación velará por que el compromiso de que esta revisión se articule siempre dentro de los márgenes permitidos por la legislación de España sea efectivo y ninguna familia sufra las consecuencias de esta ambigüedad”, expresaba.

Fuente Dosmanzanas

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“Puse en peligro mi vida por intentar curar mi homosexualidad”

Lunes, 7 de julio de 2014

gay_nogaySanidad dice no poder controlar la actividad de varios psicólogos que siguen vendiendo la idea de que pueden ‘sanar’ a gays, lucrándose con terapias que causan ansiedad y depresión, según los expertos y las propias víctimas

No hay nada que curar; no es una enfermedad, desviación ni trastorno. Esta es la respuesta unánime de los colegios de psicólogos españoles y de los colectivos gays, compartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica internacional, que tacharon la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 y 1973, respectivamente.

Sin embargo, y en contra del mandato de los colegios oficiales de psicólogos, en nuestro país aún hay quienes se empeñan en seguir vendiendo la idea de que hay remedio para la homosexualidad: que los gays pueden ser curados. Lo llaman terapia de reconversión; hoy han desechado los tratamientos con impulsos eléctricos, pero han desarrollado otras técnicas igual de dañinas, a juzgar por los resultados.

No puedes cambiar la homosexualidad. La puedes reprimir; hay mucha gente que vive reprimida”, asegura una víctima de las terapias

“Modificar una conducta siempre pasa por la premisa de que el individuo quiera cambiar”, asegura a Público Leandro Roldán, secretario del Grupo de Psicólogos Evangélicos (GPE) y miembro de su junta directiva. “Si alguien no está contento con su sexualidad puede pedirnos ayuda, e intervendremos de diferentes formas: escuelas y terapias, psicoanálisis, interpretación de sueños…

En términos similares se expresa un trabajador del centro Enterapia Psicología, de Vigo, que también dispensa este tipo de tratamientos. “Un paciente vino con un sufrimiento muy grande. No puedes imponer nada a nadie, pero si acuden a nosotros lo hacemos”, defiende.

Sin embargo, ninguno de los dos es capaz de aportar pruebas que demuestren que estas terapias sean efectivas, más que “su experiencia”, su palabra de que en que algunos casos han conseguido este objetivo. De hecho, ante la pregunta de si no sería más fácil y positivo fomentar que sus pacientes aprendiesen a aceptar su homosexualidad, el trabajador de Enterapia defiende que “puede que fuera más fácil y puede que no”.

“Es un trastorno desde el momento en que la persona se sienta incómoda. No vamos imponiendo que dejen de comportarse como sea. Si la persona se siente trastornada o incómoda buscará ayuda, por eso hablamos de trastorno“, justifica Roldán. “Si una persona tiene impulsividad a cometer actos violentos, reacciones hacia sus vecinos o su pareja y busca ayuda en ese sentido, si se lo podemos ofrecer lo hacemos. Si una persona cree que su vivencia como homosexual no es correcta, no es feliz y busca ayuda, se la damos, insiste.

En la misma línea, sostienen que no pueden hacer una estimación de los costes de estas terapias: “Las tarifas las ajustamos a los honorarios que estipulan los colegios de cada comunidad, y siempre depende del número de sesiones; pueden ser tres, cinco o veinte”. “Depende de si hay una conducta establecida o son sólo tendencias, si hay una relación permanente con una pareja que hay que romper, es algo relativo”, asevera Roldán, que cifra el coste aproximado de una sesión en 60 euros.

Fuertes: “En la mayoría de los casos el problema es que se enfrentan a un entorno hostil, no su orientación”

“Hacemos terapia breve, que suele estar en torno a 10 sesiones, pero lo de breve suele ser sólo una forma de hablar en estos casos“, asegura el trabajador de Enterapia. Ambos esgrimen que si los tratamientos van mal o no funcionan —a su juicio o en opinión del paciente— los detienen, pero no pueden asegurar que estos tratamientos no tengan efectos adversos, como denuncian las asociaciones y colectivos LGTB y varias personas que los han experimentado en carne propia. “Lo que les hacía daño era sentir como estaban sintiendo, el trabajo que se hizo fue favorable”, defiende el empleado de Enterapia.

Al otro lado del ring, los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB), pero también la mayoría de expertos, alertan del peligro de estas terapias. “No se puede curar ni sanar algo que no se considera trastorno ni enfermedad mental”, afirma Juan Manuel Peris, psicólogo y director del Grupo Les-Hom, especializado en atender a los colectivos LGTB.

“En la mayoría de los casos el problema es que se enfrentan a un entorno hostil que les provoca miedos, temores e incertidumbres: no es el hecho de su orientación”, explica Antonio Fuertes, catedrático de Psicología Evolutiva en la Universidad de Salamanca. Para Fuertes, no hay ningún tipo de evidencia de que estas sesiones tengan algún efecto, no hay nada que curar en lo que a la orientación sexual se refiere, y plantear que lo que les ocurre a estos pacientes es que padecen una enfermedad “no puede hacer otra cosa que no sea provocar más daños”.

La base de esta terapia tienen su origen en el prejuicio hacia la homosexualidad, según Fuertes 

“La base de estos intentos y deseos de hacer terapia de reconversión tiene su origen en el prejuicio hacia la homosexualidad: o silenciamos o intentamos reparar lo que no hay que reparar”, razona.

Peris defiende la misma tesis y va un paso más allá a la hora de criticar estos tratamientos y a quienes los aplican: “Esta gente también tiene un beneficio económico importante, se aprovechan del dolor para hacer dinero. Se consideran procedimientos no éticos, porque no puedes aplicar un tratamiento a alguien si le vas a hacer más daño. Están reafirmando la homofobia interiorizada, no presentan datos de la legitimidad de los tratamientos, que sólo incrementan la frustración [de quienes los reciben]“, asegura el también trabajador del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales (PIAHT) de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, el motivo por el que algunas personas se someten a estos tratamientos es que tienen ideas homófobas interiorizadas: “Si se han educado en ambientes homófobos, han interiorizado esas creencias”, razona. “Pero la postura de la psicología es ayudar a las personas a cambiar el sufrimiento. Si tienes problemas con la comida, si eres bulímica, el psicólogo te ayuda a dejar de sufrir para que puedas comer con normalidad, no te quita la comida. Estos dicen que lo que te hace sufrir es la homosexualidad y quieren cambiártelo. ¿Si tuvieran un paciente heterosexual que sufriera por ello, le aplicarían el tratamiento?”, cuestiona.

Quienes dicen poder ‘curar’ la homosexualidad no aclaran cuánto cuesta, ni qué efectos tiene

 La FELGTB, COGAM, la Federación Andaluza Arco Iris, COLEGA, Triángulo y el resto de colectivos consultados por este diario también se han mostrado muy críticos con estos tratamientos, insistiendo en su premisa de partida: no hay nada que curar en la homosexualidad y lo único que estas terapias pueden provocar son daños.

“Afronté la terapia de shock con electrodos”

Alberto Rodrigo sufrió en carne propia las consecuencias de estas terapias en 2004, cuando se puso en manos de Exodus International  hasta 2013, la mayor organización dedicada a estos menesteres— para curarse. Hoy, Exodus lleva un año cerrada, sus impulsores han reconocido el error y han pedido perdón por el sufrimiento causado, pero en muchos casos los daños en sus víctimas persisten.

De familia cristiana, Rodrigo se sometió a terapia por presiones de su entorno, pero también por sus propias convicciones. “Porque estaba adoctrinado. Me estaba afectando a mi salud el no ser natural”, recuerda. Sin embargo, los efectos no tardaron en notarse y no fueron los esperados: “Me creó una gran angustia y ansiedad, no podía dormir, tenía síntomas como que se me hinchara la cara, no tenía infección ni nada, pero somatizaba”, asegura.

El tratamiento fue largo. Afronté sesiones terapéuticas en las que reforzaban la idea de que la homosexualidad era una enfermedad, de que podía reconducirlo. Me sugirieron cosas tan absurdas como comprar revistas deportivas para que me aficionara a estas actividades, o tirar mi ropa interior de slips para que me comprara calzoncillos largos, de los de toda la vida. Como esto no funcionó, me propusieron la terapia de shock con electrodos: cada vez que tu cuerpo se estimula viendo imágenes eróticas gays recibes una descarga”, explica.

Peris:  “Esta gente tiene un beneficio económico importante, se aprovechan del dolor para hacer dinero”

Años después, Rodrigo reconoce que recurrir a estos tratamientos fue un error, que no tuvo más remedio que aceptarse. “Tuve que hacer trabajo de aceptación y resolverlo porque estaba en peligro mi vida. De todas las personas con la que he conseguido hablar, no he oído a ninguna que se haya podido curar. Hay gente que se ha mantenido con una represión total. En España no conozco gente que haya pasado por la terapia con electrodos, pero en EEUU conocí a varios y estaban destrozados psicológicamente; habían desarrollado enfermedades como la fatiga crónica o la fibromialgia“, defiende Rodrigo, que hoy dice haber aceptado su orientación sexual.

El caso de Ángel Llorent es similar, en ciertos aspectos. A los 17 años tuvo un intento de suicido y su vinculación con la Iglesia Católica y posteriormente con la Evangélica le hicieron identificar la homosexualidad como un problema.

“Estuve 20 años en una iglesia conservadora fundamentalista y las cosas no fueron bien. A lo largo de los años vi que la cuestión de la homosexualidad no se curaba, no se iba. Consulté a un psiquiatra de la comunidad, uno reconocido, no un curandero, y empecé las terapias. Él me confirmaba que no era gay, sino que había tenido un problema relacionado con mis padres, en una infancia donde mi padre no estaba y mi madre estaba demasiado. Adopté esa idea y empezamos a trabajar con esta premisa; que la culpa no era mía, que no era gay, que lo que tenía se podía curar, que podría ser un heterosexual normal, casarme, tener hijos”, recuerda.

“Cada vez que tu cuerpo se estimula viendo imágenes eróticas gays recibes una descarga”, explican una víctima de estas terapias

Hace apenas 11 años (tiene 47), Llorent se puso en manos de otro psicólogo —“uno bueno”— para que reparara los daños infligidos por estas terapias, pero la mente es difícil de curar , y reconoce que algunos de estos daños todavía persisten. Nunca cumplió su objetivo de convertirse en heterosexual, pero esto dejó de ser un problema.

“Después de pasar por medicaciones y terapias reconductivas vi que seguía teniendo los mismos pensamientos y sensaciones, y al final la cosa fue tan rápida como decir ‘basta, no van a avanzar en el tema de mi sexualidad’. Dejé esta confesión y una persona me explicó que la fe y la homosexualidad no eran incompatibles“, rememora.

Hoy sigue manteniendo su fe, pero pertenece a otra confesión que acepta su orientación sexual y ha comenzado un proyecto para levantar una iglesia “muy inclusiva”. “Salí del armario y no me he arrepentido de nada, ha sido una liberación y una reafirmación de lo que soy y de lo que tengo que hacer”, sostiene.

“La homosexualidad no se puede cambiar. La puedes reprimir, hay mucha gente que vive reprimida, y yo la reprimí. Es una condición natural tuya, biológica, y no hay forma de luchar contra ella aunque tu ambiente te empuje a ello. No hay cura porque no hay enfermedad, y si mucha gente supiese que hay otra alternativa a pasar por estas terapias no las afrontaría”, zanja.

Sanidad dice “no poder hacer nada”

“Me creó una gran angustia y ansiedad, no podía dormir“, denuncia una víctima

El Ministerio de Sanidad asegura que la existencia de estas terapias no entra en su ámbito de actuación, sino en el de los colegios de psicólogos de cada comunidad autónoma. Nos parece mal, pero no podemos hacer nada”, defiende el gabinete de comunicación del ministerio que dirige Ana Mato.

Las declaraciones de Sanidad refuerzan la idea sostenida por los expertos y las víctimas con los que ha conversado este diario: es necesario crear un marco legal para evitar que se sigan impartiendo estas terapias, como lo hay en varios estados de EEUU —de donde provienen las ideas de estos sanadores—. “Van a continuar haciéndolo hasta que no haya una ley punible”, denuncia Llorent.

“Si el paciente no denuncia, al ser ámbito privado es difícil actuar”, sostiene Peris, que recuerda que estas terapias apenas se publicitan —aunque sea posible encontrarlas desde cualquier buscador— y que las vinculadas a las distintas iglesias se articulan en una “red oculta”.”El colegio de psicólogos no puede actuar sin denuncia. Ha venido gente rebotada, con daños por haber recibido esos tratamientos. Si denuncian a un paciente por mala praxis el colegio puede actuar, incluso puede inhabilitar a estos profesionales”, añade.

El Vaticano se niega a aclarar si considera la homosexualidad una enfermedad

“De todas las personas con la que he conseguido hablar, no he oído a ninguna que se haya podido curar”, afirma Rodrigo

 En palabras del catedrático Fuertes, la religión juega un papel especialmente relevante e importante, pero no es el único elemento a tener en cuenta. “Hay otras posiciones conservadoras extremistas que no están vinculadas a la religión, pero la religión católica y protestante siguen diciendo que la homosexualidad es anormal“, recuerda.

“Ahí está la carga ideológica: consideran mala la homosexualidad, denuncia Peris. “La mayoría de las religiones estiman denigrante la homosexualidad: sólo conocen una forma positiva para el ser humano de relacionarse, en base a sus esquemas“, lamenta.

Fuentes de comunicación de la Santa Sede insisten en que no tienen una respuesta a la pregunta de si el Vaticano considera que la homosexualidad es una enfermedad. Se niegan también a dar indicaciones sobre quién puede dejar clara la postura de la Iglesia Católica al respecto. “Sobre este tema, no comments”, responden de manera airada.

En la misma línea, la Conferencia Episcopal se remite a la documentación publicada en su web, e insiste en que no puede dar otra respuesta a la pregunta.

“Piensan que cuatro versículos de la Biblia se pueden interpretar como que la homosexualidad es un pecado” critica Llorent. “En esta sociedad machista y heterosexista se crea una imagen equivocada. Ante eso, el individuo siempre quiere cambiar y siempre hay quienes quieren ser los salvadores de estas almas”.

Fuente Público

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“Nos Manifestamos por quienes no pueden”: Manifiesto del Orgullo Madrid 2014

Sábado, 5 de julio de 2014

650_1000_10469047_338707732948328_5983739778469610583_nCristina Cifuentes (PP) duda de que la marcha del Orgullo con carrozas se sitúe dentro del derecho de manifestación

Elena Valenciano (PSOE): “No consentiremos una involución en nuestros derechos aunque el Gobierno se empeñe”

El PSOE promete devolver al Orgullo pleno apoyo institucional

Ha llegado el día. Esta tarde, 5 de julio, la voz del colectivo LGTB volverá a sonar alto en la que es la manifestación LGTB más multitudinaria de toda España, y una de las importantes del mundo. El Orgullo LGTB de Madrid vive hoy su día grande.

A partir de las 18:30, más de 50 organizaciones y 30 carrozas partirán desde Atocha para recorrer el Paseo del Prado, Cibeles, Recoletos y la Plaza de Colón bajo el lema “Nos manifestamos por quienes no pueden”.

Según han confirmado los organizadores, la pancarta de cabecera será portada por las responsables de las entidades convocantes, Esperanza Montero, presidenta de COGAM, y Boti G. Rodrigo, presidenta de FELGTB, y junto a ellas Osmond Ayo, nigeriano demandante de asilo por su orientación sexual, y Alexandra Licona, hondureña refugiada en España por su condición de activista transexual.

Además, este año se presta especial importancia a las entidades de defensa de los Derechos Humanos LGTB, y por ello en la pancarta también estarán la presidenta de CEAR, Estrella Galán, el presidente de Amnistía Internacional España, Alfonso Sánchez, y el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

En el 45 aniversario de la revuesta de Stonewall, estará presentes el presidente de la asociación neoyorquina Stonewall, Alan Reiff, así como representantes de UGT, CCOO, PSOE, Equo, IU, Podemos y CGT.

Os dejamos con el manifiesto que se leerá al término de la manifestación en el escenario final de la Plaza de Colón.

Hoy, 5 de julio de 2014, nos manifestamos más de un millón de personas en la ciudad de Madrid por todas aquellas personas que no pueden hacerlo.

Con este lema visibilizamos y denunciamos la injusta situación en la que se encuentra nuestro colectivo, el de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, en demasiados lugares donde los Derechos Humanos son una pura ilusión o una declaración en papel mojado. En alrededor de 80 países ser lesbiana, gay, transexual o bisexual se condena con la cárcel. En 10 con la pena de muerte. Se nos trata como a delincuentes por el mero hecho de amar a alguien del mismo sexo o sentir que naces en el cuerpo equivocado. Pero el delito es el que se comete hacia nuestro colectivo: el delito debería ser el odio, el delito debería ser la tortura, el delito debería ser el encarcelamiento, el delito debería ser el asesinato impune. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad!

Denunciamos la situación de las personas transexuales y transgénero en numerosos lugares del planeta, en especial en Centroamérica y Brasil, donde sufren cada día y con impunidad la exclusión, la estigmatización, la violencia y la muerte, una cada tres días. En España el caso de las personas trans migrantes es especialmente duro y en todo el mundo las mujeres trans que ejercen la prostitución sufren la exclusión, la inseguridad y las agresiones que dominan las calles y marcan sus vidas.

No queremos hablar sólo de víctimas, sino destacar a mujeres y hombres que luchan, heroínas y héroes que son capaces de organizarse y resistir ante las injusticias del día a día. Desde aquí, y manifestándonos por quienes no pueden, les demostramos nuestra solidaridad y admiración. Queremos destacar su valentía y nuestro agradecimiento a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que cada día luchan por el respeto a su dignidad, tanto aquí como en cualquier parte del mundo. Exigimos a los responsables políticos que se ponga fin a esta situación y al gobierno de Mariano Rajoy que tome ejemplo de los países que hacen de la lucha LGTB su bandera.
Vemos con gran preocupación que en nuestro entorno países de la Unión Europea, como Eslovaquia, Hungría o Croacia, modifican su Constitución para impedir el matrimonio igualitario. Rusia se está erigiendo en el referente eslavo contra el colectivo LGTB, legislando contra los derechos humanos. Mucho más grave es la situación del continente africano donde en Nigeria, Uganda, Kenia y Etiopía se están desarrollado políticas contra las personas LGTB, anteponiendo la intolerancia y el fundamentalismo al respeto mínimo por los Derechos Humanos.

Recordamos las llamadas “violaciones correctivas” aplicadas a lesbianas y mujeres bisexuales en países como Sudáfrica, que son un perfecto ejemplo de las políticas patriarcales que violentan a las mujeres cuando se alejan de la norma heterosexual. Denunciamos que en Afganistán, Brunei, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudan, Yemen y partes de Nigeria y Somalia se nos condena directamente a la muerte.

Ante esto, contemplamos la inacción o tibias respuestas de gobiernos democráticos que no sólo no denuncian, sino que colaboran con mandatarios de probados tintes lgtbfóbicos, fomentando la violencia de Estado que sufrimos en estos países. Además, exigimos a los gobiernos democráticos mejores políticas de asilo para acoger a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que huyen de esos países por estar en riesgo sus vidas.

Nos manifestamos por quienes no pueden hacerlo, y no es necesario que pensemos en países lejanos para mantener la alerta. Vivimos en una Europa donde algunas formaciones políticas extremistas, lejos de retroceder, aumentan su presencia pública y política, como se demostró en las pasadas elecciones europeas. Formaciones que hacen del odio a la diversidad su bandera, con claros tintes violentos, que siguen teniendo en su punto de mira a las personas LGTB, migrantes y a quienes perciben como diferentes por etnia o cultura.

La gestión de la crisis económica ha agravado esta situación de discriminación y ha alentado la emergencia de ideologías no compatibles con la diversidad, que pretenden devolvernos a pasados oscuros y que intentan dominar el presente. Queremos una Europa líder en Derechos Humanos y en la que la situación de las personas LGTB sea el test que certifique su calidad democrática!

Nos manifestamos por quienes no pueden, y queremos denunciar la situación en la que nos encontramos las personas LGTB en nuestro país debido a las políticas de discriminación y austeridad que el gobierno del Partido Popular ha impuesto.

La sanidad pública, universal, gratuita y de calidad está en riesgo, con lo que supone para colectivos tan vulnerables como las personas que vivimos con VIH, especialmente jóvenes gais y bisexuales; las personas transexuales, que seguimos sin tener un derecho por igual en nuestra atención sanitaria; las personas migrantes en situación irregular, que no tenemos asistencia; las  mujeres lesbianas, bisexuales o solas, que se nos niega el acceso a la reproducción asistida en la Seguridad Social por no procrear con un hombre. El Estado no puede ejercer ningún derecho sobre el cuerpo de las mujeres.

La educación continúa siendo uno de los entornos donde se ejerce una mayor discriminación hacia nuestro colectivo sin que las administraciones públicas ofrezcan recursos, normativas o formación del profesorado necesarias para hacerle frente. Por eso exigimos planes de actuación contra el acoso escolar que sufrimos y de atención a menores trans en todos los centros.

Somos una población vulnerable en entornos rurales e insulares que nos hace emigrar; como personas mayores sufrimos soledad e intolerancia que nos invitan a volver al armario; como mujeres y hombres transexuales se nos sigue tratando como personas enfermas; como hombres y mujeres bisexuales se nos niega muchas veces nuestra identidad; como familias con hijas e hijos sin toda la protección legal Por ello exigimos apoyo para ser visibles en todos los entornos; políticas de la tercera edad que nos tengan en cuenta; una ley estatal de transexualidad que nos dé plena igualdad, incluyendo a migrantes y menores; campañas que visibilicen la bisexualidad y el reconocimiento pleno de nuestras familias en igualdad de condiciones.

Este modelo social deja una ciudadanía de primera y otra de segunda, porque la igualdad en este país tiene precio y no todas podemos asumir el coste. La salud a pesar de la ministra Mato, la educación a pesar del ministro Wert, la justicia a pesar del ministro Gallardón y la igualdad a pesar del presidente Rajoy son derechos humanos que deben ser garantizados.

En semejante escenario muchas personas LGTB están, estamos, sufriendo altos grados de acoso, discriminación, exclusión y violencia que no podemos dejar de denunciar. Reivindicamos tanto aquí como allá, dentro y fuera de nuestras fronteras que los derechos LGTB, como Derechos Humanos, son innegociables, que tienen que hacerse efectivos, que no hay democracia sin nuestros derechos y sin felicidad para el colectivo de la diversidad sexual y de género.

Por todo ello este 5 de julio es un día para la lucha, la reivindicación y la alegría. Porque nos merecemos celebrar que somos supervivientes en un mundo donde se nos quiere impedir que vivamos en libertad. Desde aquí queremos lanzar un mensaje de apoyo, de hermandad y de esperanza a todas aquellas personas que sufren discriminación en su día a día, que se arriesgan a ser encarceladas, a ser torturadas o vejadas por ser quienes son y por sentir como sienten.

No estáis solas. Somos muchas personas, lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y heterosexuales, quienes nos manifestamos hoy por los derechos humanos. Y, juntas, nadie podrá pararnos.

Feliz Orgullo 2014. Nos vemos el 4 de julio de 2015.

Fuente OrgulloLGTB

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Boda homosexual, destino España.

Martes, 1 de abril de 2014

Leemos en El País:

Más de 1.800 parejas extranjeras del mismo sexo se han casado desde 2005

Para las lesbianas, las leyes nacionales de reproducción asistida son un aliciente

El matrimonio gay es constitucional

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / EL PAÍS

 El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo ha ido más allá de la celebración de bodas entre españoles o mixtas. Desde que el 3 de julio de 2005 entró en vigor, más de 3.700 extranjeros han pasado por juzgados españoles para formalizar su relación con una pareja también foránea.

 Los más numerosos son los matrimonios entre hombres. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un total de 1.329 bodas masculinas y 522 femeninas. Son 1.850 enlaces, aunque probablemente las cifras actuales rebasen los 2.000 ya que los datos solo reflejan información hasta 2012. El año en el que se celebraron más bodas de este tipo fue 2009 (306; 225 entre hombres y 81 entre mujeres extranjeras), ya que a partir de entonces se legalizó este tipo de uniones en los dos países más próximos a España. Portugal lo hizo en mayo de 2010 y Francia en el mismo mes del año pasado, por lo que los ciudadanos de estos países ya no tienen la necesidad de desplazarse.

Al menos uno de los dos miembros de la pareja debe inscribirse como residente

 Buena parte de ellos son hombres y mujeres que han acudido a España con el propósito expreso de casarse para conseguir el reconocimiento de unos derechos que su país ignora. Los registros del INE no distinguen ente parejas extranjeras ya residentes y aquellos que dejan su país para casarse en España, aunque hay indicios de que este último grupo es ampliamente mayoritario. “El 49% de las consultas que recibimos en 2012 [no hay datos más recientes] relacionadas con el matrimonio eran de personas que se comunicaban con nosotros desde otro país o cuya pareja era extranjera”, apuntan desde la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (FELGTB). “Son bastantes”, añaden, “y aunque el matrimonio no es válido en su país, casarse les sirve para tener el reconocimiento, disfrutar de ese momento oficial en el que se formaliza la relación y quizás poder pelearlo [el matrimonio en su país de origen] en el futuro”, añaden desde esta entidad.

 En todo caso, contraer matrimonio en España para una pareja de extranjeros no es tan sencillo como reservar un billete de avión, y pedir día y hora en los juzgados. “No puede venir cualquiera y casarse”, advierte Javier Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia. Al menos una de las dos personas de la pareja debe tener fijado su domicilio en España, lo que implica poder demostrar que “el centro de su vida social, económica y personal se encuentra aquí”, añade. ¿Cómo probar la residencia habitual? Con la inscripción en el padrón municipal, al menos, unos ocho o diez meses. “En este caso, el juez puede presumir que la pareja tiene en España su residencia habitual”, comenta el profesor de Derecho.

 Cuando los matrimonios son entre mujeres, además de poder sellar su relación ante el juez, un alcalde o un concejal, España ofrece un aliciente añadido a las parejas que desean formar una familia, ya que la ley de reproducción asistida es de las más progresistas que existen en Europa. En Italia, por ejemplo, no es posible la donación de semen si no es para fecundar el óvulo de la propia pareja, es decir, no se puede recurrir libremente a bancos públicos de gametos. De hecho, está prohibido a mujeres solas someterse a inseminaciones o procesos de fecundación in vitro, al igual que sucede en Francia. En Alemania, Austria o Italia está prohibida la donación de óvulos.

 En Italia o Francia no se puede inseminar a mujeres solteras

 En España no existen estas limitaciones. La ley de Reproducción Asistida de 2006 deja bien claro que las usuarias de las técnicas de reproducción asistida son las mayores de 18 años “con independencia de su estado civil y orientación sexual”, lo que de forma explícita incluye a las solteras y a las lesbianas. En contra de lo que sucede en otros países europeos, en España existen programas de donación de gametos tanto masculinos (espermatozoides) como femeninos (óvulos). Ello abre las puertas a la posibilidad de acceder a un tratamiento de inseminación de un banco de esperma o, si fallara esta técnica, a un procedimiento de fecundación in vitro sin ningún obstáculo legal.

 Es cierto que el Gobierno pretende limitar el acceso a lesbianas a los centros de reproducción asistida públicos, lo que sería aplicable tanto a nacionales como extranjeras con cobertura sanitaria en la red asistencial (aseguradas, según la jerga introducida por el Ministerio que dirige Ana Mato tras la exclusión sanitaria). En cualquier caso, siempre podrían acudir a un centro privado, ya que la ley ampara los tratamientos a mujeres solteras o a lesbianas. Que, de hecho, es lo que ya sucede en la inmensa mayoría de los casos.

 Hay una ventaja más: la calidad y los competitivos precios de las clínicas de reproducción asistida nacionales. “Lo que te cuesta aquí la privada no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, donde es mucho más caro. En la mayoría de las clínicas te atienden en distintos idiomas”, apunta Gloria Fortun, de la Asociación de Familias Homoparentales LGTB Galehi.

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El Congreso español apoya que 2014 sea el año para el reconocimiento de los Derechos Humanos LGTB

Sábado, 1 de marzo de 2014

2014_lgtbNota de Prensa:

Pedimos al Gobierno medidas para garantizar los derechos LGTB dentro y fuera

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la celebración del año 2014 por el reconocimiento de los Derechos Humanos LGTB, una demanda que la FELGTB ha ido trasladando a todos los grupos políticos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la celebración del año 2014 por el reconocimiento de los Derechos Humanos LGTB, una demanda que la FELGTB ha ido trasladando a todos los grupos políticos.

La iniciativa de la FELGTB para mostrar la necesidad de abordar los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales como Derechos Humanos ha sido recogida por los grupos parlamentarios de ERC, PSOE y PP, que la han incorporado a la propuesta de condena de las leyes que criminalizan la diversidad sexual y de género fuera de nuestras fronteras e instan a la Unión Europea y la ONU a trabajar activamente contra la homofobia.

El Congreso de los Diputados, a través de esta resolución, insta al Gobierno a actuar para que el colectivo LGTBI vea reconocidos sus Derechos Humanos y para ello debe tomar medidas concretas que están en sus manos. El derecho a una vida libre de violencia requiere que el Ministerio de Educación adopte medidas dentro de los colegios e institutos que protejan a niños y niñas LGTB; el derecho a la salud, sin discriminación, que incluye también una salud sexual y reproductiva en igualdad, lo que el Ministerio de Ana Mato no debe en ningún caso coartar a través de recortes discriminatorios. Asimismo las personas transexuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que según la comunidad autónoma donde residan ven reconocidos sus Derechos Humanos o no (salud, trabajo, educación..)

“El reconocimiento de los Derechos Humanos de homosexuales, bisexuales y transexuales pasa por trabajar contra todas las trabas existentes. Si el acceso a un trabajo o a una educación libre de discriminación pasa por que no sepan quién soy, se están vulnerando mis Derechos Humanos. Abordar esto es urgente y nos ponemos a disposición del Gobierno para trabajar en ello”, ha destacado Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB

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