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La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera sanción económica por homofobia por un caso de insultos a un trabajador.

Martes, 4 de octubre de 2016

Palau-Generalitat-Catalunya_EDEIMA20101213_0011_9Sabor agridulce dos años después de la aprobación de la ley catalana contra la LGTBfobia: una sola sanción y despliegue incompleto

Estos días se cumplen ya dos años desde que el Parlamento catalán aprobase la ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Un texto que incorporó un capítulo sancionador específico y que contó además con un amplio respaldo político. Solo Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya (hoy ya una fuerza extraparlamentaria) se opusieron. Fue todo un triunfo de los colectivos LGTB catalanes, verdaderos impulsores de un texto histórico. Dos años después, el balance es agridulce. Para algunos, decepcionante: solamente se ha impuesto una sanción, pese a que que ha habido decenas de denuncias, y el despliegue efectivo de la ley deja mucho que desear.

La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera sanción económica por homofobia por un caso de insultos a un trabajador de un centro residencial para ancianos que tuvieron lugar el marzo pasado. La sanción ya se ha hecho efectiva y la persona infractora se ha tenido que hacer cargo de un pago de 300 euros. Es la única sanción que ha sido impuesta como consecuencia de la ley ha consistido en una multa de 300 euros al trabajador de una residencia de mayores, que negó el paso a un visitante por encontrarse fuera del horario de visitas. Ello generó una discusión en la que el sancionado, conocedor de la orientación sexual de la víctima, le llamó “maricón de mierda”. Una sanción de la que se ha mostrado satisfecha la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, que ha alabado tanto la valentía de la víctima que se atrevió a denunciar como la de las personas que fueron testigos de la agresión.

En la presentación del borrador creado por FELGTB para la Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación, se quiso insitir en la importancia de que las leyes tengan recorrido y fuerza para poder aplicarse. Elementos que se convierten en algo básico para que las normas no se queden en papel mojado, como nos demuestran las noticias que nos llegan desde la Generalitat de Cataluña.

Según un comunicado hecho público por el Departamento del que es titular Bassa, desde que se aprobó la ley en octubre de 2014 el organismo ha recibido 81 denuncias formales: De las 81 denuncias que ha recibido el Área para la igualdad de trato LGTBI, 67 por insultos de carácter LGTBfobo, ya sea en persona o por otros medios, como redes sociales (entre las que hay 34 insultos en persona, 16 a través de les redes sociales y 17 en otros medios), 5 por amenazas y otras 5 por agresiones. Por lo que se refiere al tratamiento de las denuncias, se han abierto 32 expedientes administrativos de acuerdo a la ley, mientras que el resto se han derivado a la vía penal o laboral o se ha considerado que quedaban fuera del ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. El mismo comunicado, no obstante, reconoce que además de las denuncias se han atendido 140 notificaciones de vulneraciones de derechos reconocidos en la ley catalana y “centenares” de consultas al teléfono 012. Otras fuentes, de hecho, hablan directamente de 181 denuncias registradas.

Según ha confirmado Dolors Bassa, Consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, ya ha llegado la primera sanción por un caso de homofobia. La víctima fue increpada y menospreciada por su orientación y su valentía al denunciar ha permitido instrumentar la sanción, así como gracias a las personas que fueron testigos.

Además, Dolors Bassa ha querido señalar que la sanción tiene “un gran simbolismo”, porque pone de manifiesto la tolerancia cero de la administración y la sociedad ante las conductas contra el colectivo LGTBI, así como un paso adelante en la lucha por los derechos de estas personas, y ha animado a que denuncien cualquier vulneración de los derechos que sufran.

¿Vaso medio lleno o medio vacío, en cualquier caso? Pues los colectivos LGTB no se muestran precisamente satisfechos. Hasta el punto de que Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), presidente del Observatori contra l’Homofòbia y de hecho uno de los promotores de la ley, decidía no acudir al acto organizado por la Generalitat para conmemorar su segundo aniversario como muestra de protesta por la inacción política. Las entidades LGTB catalanas quieren que la ley se desarrolle de forma efectiva y se aplique en todos y cada uno de sus aspectos: que se refuerce la atención a las víctimas, de forma que puedan ser atendidas de forma inmediata, así como que se desarrolle un servicio de prevención del acoso por LGTBfobia en las escuelas o un plan de inserción laboral de las personas transexuales, por mencionar algunos ejemplos.

Para Eugeni Rodríguez, un problema fundamental es la falta de recursos. “El Govern solo dispone de dos técnicos que se ocupan de las cuestiones LGTB, y que encima tienen otras misiones asignadas. En la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, hay 17”, ha declarado a Nació Digital. Aun así, Rodríguez sí reconoce un cierto cambio de actitud entre el anterior gobierno de Convergència i Unió y el actual de Junts Pel Sí.

Las entidades LGTB catalanas, en cualquier caso, están ya trabajando en un documento en el que expresarán cuáles son las prioridades que a su juicio deben atenderse. Para ello se han reunido estos días con representantes de todos los grupos parlamentarios (aunque los del PP se marcharon de la reunión antes de que finalizase) así como del gobierno catalán. El objetivo: un calendario con medidas concretas y fechas para su despliegue.

Las leyes hay que desplegarlas y aplicarlas…

Lo hemos constatado en ocasiones anteriores y en otras comunidades autónomas, no solo en Cataluña. El esfuerzo de los colectivos acaba consiguiendo la aprobación, a veces con importante ruido mediático, de excelentes leyes contra la LGTBfobia o contra la discriminación de las personas transexuales (la peor, sin duda, la ley gallega, que carece de capítulo sancionador al no haber querido incluirlo el PP en su momento…). Cuando llega sin embargo la hora de su despliegue reglamentario, de dotarlas presupuestariamente o simplemente de implementarlas de forma efectiva (tareas todas ellas de menor “brillo político”) comienzan a producirse las demoras. De ahí la necesidad de seguir contando con colectivos LGTB fuertes e independientes, porque las fuerzas que operan en contra de nuestros derechos sí que no descansan.

Fuente Redacción Chueca/Dosmanzanas

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Duran i Lleida, uno de los líderes políticos españoles más hostiles a los derechos LGTB, renuncia a la presidencia de su partido

Miércoles, 20 de enero de 2016

duran-i-lleidaInteresante radiografía de un político que se va y que podría llevarse a otros de su estilo…

Políticos de diverso signo y opinadores lloran la dimisión como presidente de Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran i Lleida. Un político generalmente alabado como un nacionalista “moderado y con sentido de estado”, adalid del entendimiento entre Cataluña y Madrid… Les dejamos a ellos los lloriqueos. Desde dosmanzanas no podemos sino alegrarnos de perder de vista a uno de los políticos que con más ahínco han trabajado en contra de los derechos LGTB.

Contrario al matrimonio igualitario

Duran i Lleida no solo votó en 2005 contra la ley que hizo posible el matrimonio igualitario en España. En el año 2011 (ya habían pasado seis años), Duran seguía defendiendo activamente su derogación y sustitución por una ley de uniones civiles. Lo hacía en declaraciones a RAC 1, en una entrevista en la que como cabeza de lista de la aún existente CiU confirmaba que si el PP (que ya se adivinaba como ganador de las elecciones con mayoría absoluta) llevaba el tema a votación en el Congreso los diputados de la formación nacionalista dispondrían de libertad de voto sobre el asunto (CiU era por entonces una federación que agrupaba a Convergència Democràtica de Catalunya, de carácter liberal y favorable al matrimonio igualitario, y a Unió Democràtica de Catalunya, su partido, de carácter democristiano y contraria al mismo).

Es más, Duran no dudó en utilizar por entonces argumentos falsos para justificar sus tesis, al defender que como él piensan“el 90% de los países europeos”. “Igual que yo piensan los socialistas franceses, alemanes, austríacos y de otros muchos países”, expresaba. Lo hacía en un momento en el que el matrimonio igualitario era ya legal en Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia y Portugal y se discutía ya en Luxemburgo, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Escocia y Finlandia (todos ellos acabaron aprobándolo). Por lo que se refiere a los socialistas franceses, a los que citó expresamente, ya por entonces el Partido Socialista francés había prometido la apertura del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo en caso de ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, como efectivamente sucedió.

Defensor de las “terapias reparadoras”

Más infame aún resulta la posición de Duran i Lleida sobre las “terapias reparadoras” de la homosexualidad. “Estoy en contra de represaliar la asistencia médica a las personas que intentan modificar su homosexualidad o controlarla”, proclamaba en junio de 2010, días después de que la entonces consejera de Salud catalana, Marina Geli, anunciara una investigación tras conocerse que en una clínica de Barcelona se llevaban a cabo este tipo de procedimientos. Lo hacía en una entrada en su propio blog, en la que arremetía contra la política de la Generalitat (cuando esta era gobernada por un tripartito de izquierda) a la que reprochó ser “el único gobierno que pertenece a la internacional gay y lésbica”. Ya en en su momento, cuando la Generalitat catalana fue admitida en ILGA, dosmanzanas recogió la reacción airada de Duran, que exigió la salida de dicha organización.

Año y medio después, Duran i Lleida ratificaba su opinión en una entrevista a Vanity Fair. “Si hay un homosexual o un heterosexual que libremente acude a un psicólogo solicitándole ayuda porque cree que necesita un cambio en su sexualidad, tiene todo el derecho”, opinó entonces el político catalán, inmune a las críticas recibidas un año antes. En esta segunda ocasión las palabras de Duran fueron aún más fuertemente cuestionadas, especialmente desde los que aún eran sus socios de Convergència, lo que llevó al político a asegurar que sus palabras habían sido “sacadas de contexto”.

Contrario a la ley catalana contra la homofobia y la transfobia

Pero la mala baba homófoba de Duran i Lleida acabó por desplegarse en todo su esplendor días antes de que el Parlamento catalán aprobase su histórica ley contra la homofobia y la transfobia. Fue en una carta a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como “la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir”, pero que acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió. “Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación”, argumentaba. El texto añadía otras perlas como “hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo”, “la parte sancionadora debe ser eliminada por completo”, “la proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano?”.

En el texto, en definitiva, Duran expresaba su rabia por el hecho, no solo de que el Parlamento catalán aprobase una ley contra la LGTBfobia, sino sobre todo porque contemplase un apartado sancionador que en buena parte es el que le da valor. Y más allá de su tono faltón hacia las organizaciones de defensa de los derechos LGTB (“chiringuitos”, los llamó), lo que resultaba además especialmente despreciable es el empeño de Duran en escudarse en otros colectivos discriminados y su alusión a organizaciones tan respetables como SOS Racismo, como si ello invalidara la necesidad de una protección específica a las personas LGTB.

Hasta nunca, señor Duran

Motivos más que suficientes para saludar la renuncia de Duran i Lleida, al que después de conducir a su partido a la irrelevancia (fuera de los parlamentos catalán y español) adivinamos poco futuro político. Atrás quedan por cierto otros episodios poco edificantes: el caso Pallerols (escándalo de corrupción ligado a la financiación ilegal de su partido), sus declaraciones ofensivas hacia los trabajadores del campo andaluces, la polémica por la exhibición de sus estancias en el lujoso Hotel Palace… aunque esto ya queda fuera del ámbito estrictamente LGTB. Por lo que a nosotros respecta, lo que celebramos es la desaparición de la escena política española de un declarado enemigo de nuestros derechos.

Fuente Dosmanzanas

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Fàtima Taleb, primera concejala musulmana de Badalona, celebra una boda entre dos hombres

Jueves, 14 de enero de 2016
concejala-musulmana-Badalona-casa-a-dos-hombresLa noticia de que una mujer que profesa la religión islámica no haya dudado en presidir la celebración de un matrimonio homosexual se ha hecho viral en las redes sociales. De hecho, la foto ha sido calificada por algunos usuarios de Twitter como “increíble” y un ejemplo de “la apertura del espíritu de tolerancia”.
Lo hemos conocido a través de directe!cat. Fàtima Taleb, primera concejala musulmana de la historia de Badalona, ha celebrado un matrimonio entre dos hombres. Su fotografía con los novios, ataviada con velo, no ha pasado desapercibida en redes sociales. La noticia es especialmente simbólica si se tiene en cuenta que hasta mayo Badalona tenía como alcalde a Xavier García Albiol, ahora líder in pectore del PP catalán, que hizo del populismo xenófobo su principal seña de identidad al frente de la alcaldía.

Las diatribas populistas de García Albiol contra la inmigración y su llamamiento electoral a “limpiar Badalona” recibieron su justa compensación cuando tras las elecciones el PP consiguió 10 concejales, lejos de la ansiada mayoría absoluta, y los 5 concejales de Guanyem Badalona en Comú, los 4 de PSC, los 3 de ERC, los 2 de ICV-EUiA y uno de CiU (formación, no lo olvidemos, que fue la que permitió el ascenso de García Albiol a la alcaldía en 2011) respaldaron a Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, como nueva alcaldesa. El otro concejal de CiU, perteneciente a Unió, votó en blanco, mientras que el concejal de Ciudadanos se votó a sí mismo. La xenofobia, por cierto, no es el único elemento populista que Albiol utilizó como alcalde. En su momento llamó “viciosos” a los practicantes de cruising, que equiparó a la prostitución y contra el que anunció medidas policiales.

Una de las concejalas de Guanyem era precisamente la musulmana Fàtima Taleb. Taleb, de origen marroquí, llegó a Badalona cuando tenía 22 años, y es licenciada en Letras Modernas en Marruecos. Ya en Badalona se implicó en proyectos sociales y de voluntariado, hasta acabar dando el salto a la política tras asistir a las asambleas de Guanyem Badalona, movida en buena parte por la supresión, de la mano de García Albiol, de muchas de las iniciativas municipales de inclusión social. “Necesitamos respirar un aire limpio, sin racismo, sin xenofobia, ni discriminación, necesitamos una sociedad diversa que incluya a todos los colectivos sin exclusión”, defendía en su candidatura. Tras conocer que sería concejala del Ayuntamiento de Badalona, Taleb concedió una entrevista al diario El País en la que aseguró que su intención era “desmontar mitos” y por este motivo se negó a quitarse el velo al llegar a ocupar un cargo político. En su día protagonizó los titulares de la prensa al ser la primera musulmana que formaba parte del gobierno del Ayuntamiento de Badalona.

Ahora Taleb ha querido hacer un gesto que demuestre que se puede ser creyente musulmana y respetar el matrimonio igualitario casando a una pareja de hombres y permitiendo que se conozca públicamente. Gesto cuya intencionalidad simbólica desde luego saludamos, pese a las críticas que según recoge directe!cat ha recibido la concejala en redes sociales, tanto del ámbito no musulmán (“si es tan moderna, ¿por qué no se quita el velo?”) como musulmán (“qué pena que esta persona diga que es musulmana”)

Fuente Dosmanzanas/Ragap

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La camerunesa retenida en Barajas Christelle Nangnou obtiene el permiso de estancia tras la orden de Rajoy, obligado porla reacción social

Jueves, 16 de abril de 2015

552ea18ce244cUna excelente noticia que premia la presión social y el trabajo de las asociaciones LGTB, ONG,s y partidos de la oposición que han conseguido arrancar del Gobierno la seguridad de Christelle…

Entre la documentación aportada por Christelle para solicitar el asilo se encuentra un recorte de periódico que titulaba: “Se busca a la líder de grupo de lesbianas”.

Más de 61.000 personas pedían la concesión de asilo a través de la petición que ha creado la FELGTB en Change.org.

Tras 24 días de internamiento en la sala de “no admitidos” de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas, Christelle Nangnou, la ciudadana de Camerún perseguida por ser lesbiana, ha conseguido una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios. Así lo ha hecho público el Ministerio del Interior. Tras cuatro negativas por parte del Gobierno Español para la concesión de ese indulto, Christelle ha conseguido el visto bueno para no tener que ser deportada a Camerún. Su petición de asilo estaba respaldada además por más de 61.000 personas que habían firmado la campaña iniciada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en la plataforma de recogidas de firmas Change.org.

Una palabra del presidente del Gobierno español ha sido suficiente para acabar con el calvario de la camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana y retenida en el aeropuerto de Barajas desde hace 23 días en Barajas después de que España rechazara su petición de asilo.

Este mismo miércoles Nangnou ha obtenido un permiso de estancia por razón humanitaria, por lo que saldrá de Barajas en torno a las ocho de la tarde rumbo a un recurso de acogida de una ONG especializada, según informa Europa Press.

El permiso ha sido concedida después de que el presidente del Gobierno anunciara durante su intervención en el pleno del Congreso que había dado “instrucciones” para que se resolviera la situación de la mujer.

En un primer momento, la solicitud de asilo de Nangnou fue denegada y se ordenó su salida del país. Entonces pidió a la Audiencia Nacional que paralizase la deportación, pero ésta tampoco atendió su demanda y, finalmente, recurrió al Tribunal de Estrasburgo, que detuvo el proceso cautelarmente, y se pronunciará previsiblemente el viernes.

Representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Amaiur, Izquierda Plural, PNV, CiU, UPyD y ERC han mantenido este miércoles una reunión en la Subdirección General de la Policía con responsables de la Oficina de Asilo y Refugio y expertos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para buscar una solución, y han determinado que se acoja a la posibilidad de una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios, trámite que han encomendado a CEAR. “Ha sido una negociación buena y técnicamente se ha visto cuál era la solución. Se ha hecho con la ley de la mano”, ha detallado a Europa Press la diputada socialista Delia Blanco, que encabezaba la expedición. Ha destacado además el buen hacer tanto de Interior como de los comisarios de Barajas, así como el “papel sustancial” de CEAR en este proceso.

 La responsable del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres, ha concretado que la organización se ha hecho cargo de presentar un escrito ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para solicitar que se autorice la entrada en España de la joven por razones humanitarias en el marco de la Ley de Extranjería. Se trata de la fórmula recogida en el artículo 25, según el cual “se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España“.

Con esta autorización puede dejar el aeropuerto de Barajas y entrar en alguno de los recursos de acogida de las ONG que reciben a extranjeros en situación de vulnerabilidad. Aunque en principio no podría acceder al sistema de protección para solicitantes de asilo, ya que la petición le fue denegada, fuentes humanitarias consultadas explican que se ha buscado la fórmula para poder darle primera acogida. La autorización de estancia tendrá vigencia en tanto la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de su solicitud de asilo, proceso que podría prolongarse más de un año, conforme los términos que ha planteado CEAR en su escrito. Durante este tiempo, ella podrá permanecer legalmente en el país, aunque no trabajar.

Tras la reunión con responsables de Interior, la comisión de parlamentarios ha acudido a la Comisaría de Barajas donde han podido visitar a la joven camerunesa “en la zona de inadmitidos del aeropuerto” y comentarle los últimos avances en su caso, conforme ha explicado Blanco. “La joven se ha quedado más tranquila de lo que estaba. Está cansada pero en buena situación”, ha subrayado la socialista, al mismo tiempo que ha resaltado que, gracias a este caso, “se crea un precedente muy importante porque por razones de orientación sexual una persona es acogida en España“.

Cabe felicitarse, sin duda, por el éxito conseguido en el caso de Christelle Nangdou tras la movilización social de los últimos tres días. Rubén López, vocal de la FELGTB, se mostraba satisfecho y esperaba ”que el caso de Christelle sirva como referente para casos similares tras innumerables casos rechazado en idénticas circunstancias”. “En cuestión de tres días más de 61.000 personas han querido alzar su voz para pedir la concesión de asilo de Christelle. Sabemos que Christelle está muy agradecida por todo ese apoyo. Ha sido fundamental la colaboración ciudadana para ejercer la presión necesaria”, explica el director de Change.org en España, Francisco Polo. Según fuentes cercanas al caso, la autorización de estancia tendrá vigencia mientras la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de asilo. Lo sucedido, sin embargo, pone de manifestó una realidad sombría: la de la vergonzante actuación del Ministerio del Interior a la hora de conceder el asilo a personas LGTB perseguidas, derecho reconocido por la legislación española desde 2009. El de Christelle no es el primer caso que trasciende (ya en 2013 Interior denegó el asilo a otra mujer lesbiana de Camerún y expulsó a una ciudadana de Panamá que había sufrido malos tratos en su país debido a su condición transexual, pese a contar con informes favorables al asilo tanto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como de CEAR) pero nos tememos que ha habido muchos otros que ni siquiera han tenido eco mediático. Las razones para felicitarse, por tanto, son limitadas.

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, había solicitado este martes al Gobierno que se replantease la decisión adoptada por la Oficina de Asilo y Refugio y concediera el asilo a la activista de derechos humanos camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana.

Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país.Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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El Congreso de los diputados español condena la persecución de cristianos en el mundo

Domingo, 29 de marzo de 2015

perseguidosPP, PSOE y CiU han alcanzado un acuerdo en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados en la que condenan las persecuciones de cristianos en el mundo, especialmente en Siria e Irak.

Así, se insta al Gobierno a manifestar “públicamente” su apoyo a las iniciativas promovidas por parte de instituciones internacionales para condenar y detener las muertes y las persecuciones basadas en motivos religiosos que están sufriendo las comunidades cristianas y otras minorías religiosas que se producen en todo el mundo, y en especial, en algunos países de Oriente Medio.

Igualmente, se quiere mostrar ante las instituciones internacionales su denuncia y rechazo ante las persecuciones y crímenes de los que están siendo víctimas los cristianos y otras minorías religiosas, en Irak, Siria y Nigeria pero también en otros lugares del mundo.

El texto pactado sostiene que “sería conveniente” aprovechar la presencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el período 2015-2016, para plantear la situación de las minorías religiosas ante este órgano.

A su vez, apuesta por liderar acciones para luchar contra estos crímenes con el fin de garantizar su derecho a la vida y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos.

Igualmente, quiere que se apoye a las entidades y organizaciones internacionales que están realizando ayuda humanitaria a los desplazados con motivo de esta persecución y velar porque se promuevan ayudas para el desarrollo dirigidas a estos grupos desplazados.

El texto pactado solicita también apoyo a todas las iniciativas que, en el seno de las instituciones internacionales, se dirijan a promover el respeto mutuo entre comunidades étnicas y religiosas, promoviendo la tolerancia e iniciativas contra el odio y la radicalización violenta y extremista.

 

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Todas las fuerzas políticas españolas, salvo PP y Ciudadanos, dicen ‘sí’ a la Sanidad Universal y acuerdan recuperarla

Viernes, 13 de marzo de 2015

imagenes_Firma_sanidad_universal_f3683f65Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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El PP ha rechazado en el Congreso impulsar una ley integral de transexualidad

Sábado, 13 de diciembre de 2014

Soraya Sáenz De Santamaría Y Mariano Rajoy, En El Banco Azul Del HemicicloDesde que votaron NO a la Constitución Española de 1978 hasta este NO, el PP ha votado NO a todas y cada una de las iniciativas que han impulsado Derechos Civiles… Nunca olvidaremos su NO al Matrimonio Igualitario y su posterior Recurso de la Vergüenza…

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural instando al Gobierno de Rajoy a la aprobación de una ley integral contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género fue debatida y sometida a votación el jueves, 27 de junio, en el Congreso de los Diputados. La Proposición No de Ley para impulsar una “Ley Integral contra la LGTBIfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica” que el pasado jueves presentó en la Comisión de Igualdad del Congreso la diputada de IU Ascensión de las Heras fue rechazada con el voto en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, a pesar de haber contado con el voto favorable de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA), el PSOE, UPyD y el Grupo Mixto. El voto contrario del PP ignora por completo el acuerdo alcanzado la semana pasada por los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, incluido el español, para proteger y potenciar más los derechos de las personas LGTBI en los países de la Unión, acuerdo que es vinculante para todos los Estados miembros.

 

Las personas transexuales sufren “problemáticas terribles” tanto en el ámbito laboral como en el sanitario, donde “se ven obligadas a considerarse personas enfermas”.

El Grupo Parlamentario Popular se ha posicionado en contra de una iniciativa presentada por la Izquierda Plural en la Comisión de Igualdad del Congreso a fin de instar al Gobierno a promover una ley integral de transexualidad que, a imagen de la aprobada el año pasado en el parlamento andaluz, blinde los derechos de este colectivo.

El texto que finalmente será sometido a votación ha sido consensuado con el Grupo Socialista, cuya portavoz Laura Seara ha incorporado varias enmiendas, y pide al Gobierno que elabore una norma que entre otras cuestiones, “despoje de carácter patológico a la transexualidad” y contenga “medidas de inserción laboral y fomento del empleo para la población transexual“.

Asimismo, solicitaba una reforma de la Ley de Identidad de Género respecto a la temporalidad del tratamiento, la eliminación del diagnóstico por disforia de género, la inclusión de menores en la ley y la posibilidad de adecuar el nombre y el sexo en la tarjeta de resdicencia de personas transexuales extranjeras.

La ley pretendida debería también garantizar “la igualdad en la atención sanitaria a las personas transexuales con respecto al resto de la ciudadanía al tiempo que se avanza en la cobertura sanitaria del tratamiento de reasignación de sexo” y recoger las demandas de los progenitores respecto a la atención de los menores de esta condición.

Por último, se proponía la incorporación de “medidas concretas para las personas transexuales mayores” junto a “los cambios necesarios en los documentos de identidad a fin de que sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por el sexo de las personas”.

El PP, que había presentado una enmienda de sustitución al texto de Izquierda Plural, ha defendido que ya existen mecanismos de protección de las personas transexuales frente a la discriminación, que España atiende a las directrices europeas en este sentido y que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, conforme ha explicado la portavoz, María del Carmen Rodríguez Maniega, quien ha avanzado que de no incorporarse su propuesta de modificación, como así ha sido, no apoyaría la iniciativa.

Su objetivo era que se aprobase un texto instando al Gobierno a “una vez elaborado el Mapa de la Discriminación en España (…) utilizar los resultados obtenidos para llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de prevenir y erradicar toda forma de discriminación incluido el acoso, odio e intolerancia hacia las personas transexuales tanto mayores como menores de edad”.

El portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto Iglesias, ha lamentado que el PP apoyase la ley andaluza y no haya respaldado una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid, primero, y ahora en el Congreso de los Diputados. “Es fundamental que se dé solución a estas personas”, ha destacado, tras detallar que sufren “problemáticas terribles” tanto en el ámbito laboral como en el sanitario, donde “se ven obligadas a considerarse personas enfermas”.

CiU, por su parte, se abstendrá en la votación, pues conforme ha explicado la portavoz Maria Carme Sayós i Motilla, “corresponde a cada comunidad autónoma la elaboración de su propia ley adaptada a sus características particulares” y cabe la posibilidad de que una ley estatal de transexualidad acabe invadiendo las competencias que le son propias.

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Concejal popular se niega a dimitir tras negarse a casar a una pareja lesbiana

Miércoles, 10 de diciembre de 2014

Oscar-Ramírez-Lara3x3Oscar Ramírez, el concejal del PP en Barcelona que se negó a casar a una pareja de lesbianas argumentando “objeción de conciencia”, se negó a dimitir de su cargo el pasado jueves tras la petición del Consejo Municipal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

A mediados del pasado mes de octubre, Oscar Ramírez, presidente del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, se negó tajantemente a oficiar la boda de una pareja de lesbianas por su “objeción de conciencia. Tras la polémica originada, el caso llegó el pasado día 5 al Consejo Municipal donde pidieron explicaciones al concejal.

Ramírez se defendió arguyendo que a pesar de su negativa la boda se llevó a cabo y que él hizo todo lo posible para que el enlace tuviera lugar. Estas explicaciones provocaron la réplica de Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio Contra la Homofobia, que muy indignado le contestó: “Sólo faltaría que no se hubiese celebrado la boda siendo un derecho constitucional”.

Desde ICV-EiUA, el grupo que llevó el caso al Consejo Municipal, se quejaron de que el asunto no fuera tratado como punto del día (lo hizo en el turno de ruegos y preguntas) por lo que no pudo ser votado por el pleno del distrito. Asimismo, solicitó al Gobierno municipal que se comprometan a actuar para que se cumpla la demanda del colectivo LGTB. El regidor del distrito por CiU, Joan Puigdollers, explicó que las decisiones del el Consejo Municipal LGTB deben ser aprobadas siempre por el Gobierno municipal ya que “sólo es un órgano de participación ciudadana”.

El caso ha llegado hasta el Síndic de Greuges, que ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona que “los concejales que tengan alguna reserva personal para oficiar estas ceremonias comuniquen su objeción en el mismo momento en que reciben la delegación del alcalde”, con el fin de garantizar la normalización del matrimonio igualitario.

Fuente Cáscara Amarga

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El Gobierno español anuncia que dará una solución legal a los hijos nacidos por gestación subrogada

Viernes, 24 de octubre de 2014

FAMILIA-HOMOPARENTAL-1Para proteger adecuadamente a los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en países donde esa práctica sea legal.

Lo que Franco (PP) oculta en su compromiso de registrar a los bebés subrogados

El Gobierno dará una solución “legal y definitiva”, a través de una enmienda al proyecto de ley de Registro Civil durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, para proteger adecuadamente a los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en países donde esa práctica sea legal.

La senadora del PP Silvia Franco ha hecho hoy este anuncio en la Comisión de Justicia del Senado, que ha aprobado una moción del grupo mixto en la que se insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para que se pueda inscribir en el Registro Civil el nacimiento de los hijos de españoles nacidos mediante gestación por sustitución en países donde tal práctica sea legal.

Silvia Franco ha expresado el deseo del Ejecutivo de solventar “definitivamente” esta cuestión para dar “una adecuada protección” a estos bebés, reconocer el derecho a la identidad y favorecer que puedan desarrollar la vida familiar.

El Departamento de Justicia se comprometió a buscar una solución legal a esta cuestión, después de que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a Francia y reconociera el derecho de inscripción de un menor nacido a través de la gestación subrogada.

En defensa de la moción, el senador del grupo mixto Enrique Iglesias ha indicado que la gestación por sustitución no es legal en España y ha agregado que no es motivo de la presente moción abrir un debate sobre la conveniencia o no de revisar la legislación vigente, sino de buscar una alternativa al “limbo” en el que se sitúa al nacido y defender sus derechos.

El senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha respaldado la moción y ha afirmado que se alegra de que el Ministerio de Justicia quiera ajustar “el reloj del derecho a la velocidad de los tiempos”.

La senadora de CiU María Rieradevall también ha considerado necesario proteger los derechos de los niños nacidos mediante gestación por sustitución, aunque ha defendido una enmienda que no ha prosperado, mientras que el senador del PNV Jokin Bildarratz ha expresado su apoyo a la iniciativa.

Fuente Cáscara Amarga

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El Parlamento catalán aprueba la ley contra la homofobia con los votos en contra de PP y Unió.

Jueves, 2 de octubre de 2014

parlament-de-catalunyaLa norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia.

Se contemplan medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

FELGTB: Felicitamos a Catalunya por la aprobación de una ley innovadora contra la LGTBfobia

La FALGBT celebra la sanción de la ley catalana contra la discriminación hacia el colectivo LGBT

El Parlament ha aprobado este jueves la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), una norma que ha prosperado con los votos a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP, mientras que UDC ha apoyado solo una parte de la norma.

El régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia –569,12 euros en 2014– a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

CDC y UDC han votado separados la ley ya que los 15 diputados democristianos han explicado que rechazan aquellos aspectos de la norma vinculados con el régimen sancionador, la educación y la inversión de la carga de la prueba, que implica que quien sea acusado de discriminación debe demostrar que no ha sido así.

Violant Cervera (CDC) ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la norma y ha negado que las sanciones vayan contra la libertad de expresión sino contra la violencia, mientras que Mercè Jou (UDC) ha explicado que los democristianos se oponen a cualquier tipo de discriminación pero no comparte algunos de los aspectos de la ley aprobada.

1412246494_406799_1412247693_noticia_normalLa tramitación de esta norma ha causado un intenso debate en el seno de la federación, coronado este viernes cuando el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, lamentó que su partido no presentase una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley porque “tiene más de promoción que de no discriminación”.

Críticas a Duran

Las palabras del dirigente democristiano han estado muy presentes a lo largo del pleno, ya que han despertado las críticas tanto de los defensores de la norma como del PP, que ha asegurado que “algunos dirigentes de UDC tenían mucho interés en que el PP presentase una enmienda a la totalidad, seguramente porque ellos no se atrevían”.

Los grupos favorables a la norma han cargado también contra Duran, que la semana pasada cargó contra la aprobación de esta ley, y han lamentado que definiese como “chiringuitos” las entidades que luchan contra la discriminación: “Chiringuito es lo que algunos tienen montado desde hace 40 años en el Palace a costa de los recursos de los ciudadanos”, ha replicado David Fernández (CUP).

El secretario cuarto de la Mesa del Parlament, David Companyon, ha considerado radicalmente falso que esta ley suponga un privilegio para el colectivo LGTB, y ha agradecido a Duran sus palabras porque han ayudado a poner el foco mediático sobre la ley.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra los que han tachado de innecesaria esta ley y han considerado que promueve la homosexualiduad, y ha explicado que él, al ser un homosexual con proyección pública, ha escuchado relatos aterradores de LGTBI: “¿Cómo se atreven a negar una realidad de discriminación y sufrimiento?.

La vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó (ERC) –una de las principales valedoras de la norma desde el inicio de su tramitación–, ha negado que esta norma esté dando más derechos a determinadas personas si no que garantiza los que en la práctica siguen sin estar garantizados: “Vamos haciendo camino, pero no hemos llegado ni por asomo al final”.

1412247464_198364_1412265710_portada_normalLa diputada de C’s Inés Arrimadas ha celebrado que durante el trámite parlamentario la ley se haya mejorado lo suficiente como para poder ser aprobada, y ha aplaudido que el debate sirva también para evidenciar que todavía existe discriminación contra este colectivo y que se debe luchar contra ella.

El PP catalán la caligica de ley “intervencionista”

La diputada del PP Dolors López ha reclamado que no se aprobase la ley porque es intervencionista y promueve la discriminación positiva: “Esta ley concede al colectivo LGTB un sistema de protección extraordinario del que no gozan otros colectivos ¿Por qué no hay una ley de no discriminación a los inmigrantes o a determinadas etnias?“.

“No podemos hacer una ley para cada colectivo susceptible”, ha continuado López, que ha reivindicado que la condición sexual forma parte de la intimidad de las personas y ha sostenido que el Código Penal ya contempla como agravante que los delitos respondan a motivaciones homófobas.

Fuente La Vanguardia, El País, Público,

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La que faltaba: Munilla se revuelve y advierte de que ningún partido político de ámbito estatal «representa al voto católico»

Domingo, 28 de septiembre de 2014

munilla-cierra-las-puertas¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, tituladaVoz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

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Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

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Fuente Religión Digital

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Josep Antoni Duran i Lleida, una vez más, muestra su homofobia y critica que la ley LGTB de Cataluña tiene más de “promoción” que de no discriminación

Sábado, 27 de septiembre de 2014

duran-i-lleidaNo tiene enmienda… Sigue con su raca raca

El portavoz de CiU se muestra contrario a la proposición de ley sobre los derechos de gays y lesbianas que la semana que viene debatirá en el Parlamento de Cataluña.

El líder de Unió cree que fue un error que su partido no presentara en el Parlament una enmienda a la totalidad de la proposición de ley

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados se muestra contrario a la proposición de ley sobre los colectivos LGTB que la semana que viene se debatirá en el Parlament de Catalunya: cree que la propuesta en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales que pretende erradicar la homofobia tiene “más de promoción que de no discriminación” de estos colectivos. Califica de “error” que su partido Unió Democràtica de Catalunya (UDC) no haya presentado “una enmienda a la totalidad con un texto alternativo” y asegura que asume “la máxima responsabilidad” por ese fallo.

En su tradicional carta que publica semanalmente en la web de UDC, Duran habla fundamentalmente del proceso soberanista en Catalunya pero cuela su ramalazo homófobo. “Hay que luchar contra la discriminación de toda persona y de su dignidad, pero los datos revelan que hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo“, escribe el líder UDC. “Esta es una iniciativa que, en mi opinión, necesitaba una enmienda a la totalidad y una ley integral para no discriminar a ningún colectivo, y no sólo el LGTB. La enmienda a la totalidad ya no la podremos hacer, y lo siento. A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose“, ha apostillado.

Duran se queja de que la proposición de ley  y el Observatorio contra la Homofobia incorpore “como actos discriminatorios declaraciones de dirigentes políticos en contra de la adopción por parejas homosexuales”, algo que él criticó y que provocó mucha polémica. Duran ha aseverado que Unió no puede aceptar algunos aspectos de la ley, como la “parte sancionadora” que debería ser “eliminada“, porque ya hay leyes que preven estas acciones y porque, además, puede afectar “injustamente” a personas que, “respetando la dignidad de todo ser humano”, expresen “opiniones que no tienen por qué coincidir con las aspiraciones de los colectivos impulsores de la futura normativa”. Destaca, además, que el número de denuncias por actos homófobos no es tan alto como los que se producen por racismo: “Se creó una fiscalía especial para actuar en los casos de discriminación de los LGTB, y digamos que tuvieron que cerrarla por falta de denuncias“, recuerda el político catalán.

Duran defiende que la Generalitat presente como es la intención del presidente Artur Mas, un proyecto de ley integral para todos los colectivos con riesgo de discriminación, “lo antes posible”, pero para todo el mundo, “a los efectos de que no aparezcan unos colectivos más privilegiados que otros”. “¿Es que tal vez hay una ley que diga que debemos fomentar entidades como SOS Racismo o no sé qué entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano?”, se pregunta el portavoz parlamentario de CiU.

Finalmente, Duran se pone la venda antes de la herida y se queja de que esta proposición sea fruto de la presión de los colectivos LGTB: “A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose”. Os dejamos con sus propias palabras:

Ha sido en la carta semanal que el presidente de UDC dirige todas las semanas a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como “la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir”. Pero lo que pretendía ser un texto que justificara su no independentismo pero su posición favorable a la convocatoria de una consulta sobre el tema en Cataluña acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió respecto a sus socios de Convergencia (hemos resaltado algunas de las frases más abiertamente LGTBfobas):

“(…)

Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación. También pienso que Unió hubiera debido presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo y plantear una proposición de ley integral para la igualdad integral y la no discriminación. No lo hicimos, y a mi entender fue un error del que asumo la máxima responsabilidad. Se debe luchar contra la discriminación de toda persona y de su dignidad, pero los datos revelan que hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo. Por ejemplo, el Obervatorio contra la Homofobia registró 384 actos discriminatorios contra personas incluidas en el objeto de protección de la ley, incorporando como actos discriminatorios declaraciones de dirigentes políticos contra la adopción por parejas homosexuales. En cambio, solo una de las muchas entidades que velan por la no discriminación por motivos de raza, como SOS Racismo, atendió a 443 personas por razón de discriminación. Esto sin olvidar que se ha creado una fiscalía especial para actuar en los casos de discriminación de los LGTB, y digamos que tuvieron que cerrarla por falta de denuncias. Por no decir que hoy hay leyes suficientes que tipifican como delito la actividad discriminatoria contra estos colectivos.

Unió defenderá que el gobierno de la Generalitat presente, tal y como se comprometió el presidente Mas, un proyecto de ley integral cuanto antes mejor, es decir, para todos, a los efectos de que no parezcan unos colectivos más privilegiados que otros. Pero mientras tanto Unió no puede compartir y aceptar algunos de los aspectos de este proyecto de ley. La parte sancionadora debe ser eliminada por completo, por dos razones: porque ya hay leyes que la prevén, y  porque, tal y como están previstas en el proyecto catalán, pueden afectar injustamente a muchas personas que -aunque respetando la dignidad de todo ser humano- expresen opiniones que no tienen por qué coincidir con las aspiraciones de los colectivos impulsores de la futura normativa. La iniciativa invertía la carga de la prueba -ahora esto se ha corregido básicamente- y se cargaba el principio de inocencia. La proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano? En definitiva: esta es una iniciativa que a mi parecer, como ya he dicho, necesitaba una enmienda a la totalidad  y una ley integral para no discriminar a ningún colectivo, y no solo el LGTB. Una enmienda a la totalidad que ya no podremos hacer, y lo siento. A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose (…)”

Con respecto al derecho a decidir en Cataluña, Duran destaca que su partido tiene “un compromiso con el hecho nacional catalán” y se muestra partidario de que Cataluña sea un Estado aunque no precisa si debe ser independiente o no. Y Añade: “CiU es la única fuerza que compromete independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir. Y, además, aguanta el país“.

El político catalán también informa de su reunión a principios de semana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del que destaca que al menos tenga una propuesta para Catalunya. También hace mención a la polémica de la semana: la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por la retirada de la contrarreforma del aborto. Duran critica al presidente Mariano Rajoy por su falta de coherencia al decir que retira la reforma del aborto por “falta de consenso” y mantener la LOMCE, conocida como Ley Wert, que salió adelante con la oposición de toda la comunidad educativa.

“No sabe Rajoy que la ley Wert provoca el máximo disenso entre la comunidad educativa y las comunidades autónomas, incluidas algunas de gobernadas por el PP? ¿Por qué Rajoy no retira la ley y Wert dimite? Esto sería un doble acto de coherencia“, se pregunta Duran.

Fuente La Vanguardia

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Cataluña tendrá la primera ley contra la homofobia en el Estado

Viernes, 26 de septiembre de 2014

1411485636621pte-observatorio-homofobia-galEugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya). GUILLEM SANS

El Parlament aprobará el jueves 2 de octubre la Ley de los Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. Así lo ha resuelto esta misma mañana la mesa de la cámara catalana y su vicepresidenta primera, Anna Simó. La norma, pionera en todo el Estado -en Galicia ya existe una pero no es punitiva- es fruto de una lucha de siete años y quiere proteger el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que en Catalunya representa casi un millón de personas.

La resolución ha sido impulsada conjuntamente por el PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP, contará con el respaldo de CDC y el rechazo frontal del PP y Unió. En este sentido, según Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), los diputados del PP y de UDC han recibido fuertes presiones del Bisbat de Barcelona. “Es terrible la campaña de intoxicación que han hecho las jerarquías católicas para evitar que se aprobara. Me ha decepcionado mucho que haya gente que se considere cristiana y esté en contra de la existencia de derechos para el colectivo LGTB, es lamentable. Han llegado a coger el teléfono y llamar a diputados del PP y de Unió para que voten en contra de la ley y les han enviado cartas diciendo que la ley va en contra de la moral“.

Rodríguez remarca que la ley ha pasado todos los filtros legales posibles, incluido el Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminó que ninguno de sus artículos va en contra de la Carta Magna. Pese a eso, vaticina que la iglesia pedirá a Rajoy que presente recurso de inconstitucionalidad. “Puede hacerlo pero no la paralizarán, seguro que saldrá adelante”. El camino ha sido espinoso, lleno de obstáculos y reticencias: “Ha habido momentos de todo: hemos tenido que dar puñetazos encima de la mesa de algunos diputados, enfados, lloros… ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos hecho casi un trabajo de vigilancia”.

Todos los ámbitos

Formada por 34 capítulos, es una especie de hoja de ruta exhaustiva que incluye el ciclo vital de una persona del colectivo LGTB desde todos los ámbitos: educación, universidad, sanidad, medios de comunicación, prisión, la identidad de género o la inseminación/reproducción asistida de las lesbianas. “Es la ley más completa del mundo y es muy valiente“, proclama el portavoz del FAGC. En virtud de la normativa y de las competencias de la Generalitat, la persona, institución o funcionario que la vulnere se enfrentará a un castigo administrativo, que puede ir desde multas a inhabilitaciones. Más que convertirse en una solución, la ley “apunta a la existencia de un problema” y Rodríguez espera que provoque un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

Hasta ahora, los diferentes códigos penales españoles limitaban las agresiones a los ataques físicos y establecían las penas en función de los puntos de sutura o los días de permanencia en el hospital. “Las palabras pueden herir más que un puñetazo porque psíquicamente te pueden dejar fatal”. Rodríguez también se queja de otras discriminaciones más sutiles, como por ejemplo “que la comunidad de vecinos te prohíba poner una bandera y dejen poner otras, o que llegues a un hotel, pidas una cama doble de matrimonio y te digan que no te la dan porque sólo es para un hombre y una mujer”.

El portavoz de la FAGC advierte del riesgo de convertir la homofobia “en un problema pequeño” y acusa los políticos y a la sociedad de falta de valentía para atajar un tema “que siempre ha estado encima de la mesa: la libertad sexual, un valor universal y un bien de todos que está en retroceso, y el derecho al propio cuerpo”. En este sentido, elogia el feminismo por su lucha para situar este derecho en el centro del debate. “Las personas tenemos dos caminos: el del placer, visto como una opción buena y saludable, y el de la reproducción, que ya no es el clásico, porque hay muchas fórmulas y variadas, empezando por la adopción. El problema es la frivolización y que estamos construyendo una sociedad más conservadora“.

Una media de una agresión diaria

Después de la aprobación de la ley, el Parc de la Ciutadella, concretamente la glorieta de la transexual Sonia, será el escenario de una fiesta con música y discursos. “Ya tenemos ganas de celebrar cosas después de un 2013 terrible en el que han sucedido cosas muy graves”.

Y es que l’Observatori contra l’Homofòbia presentó recientemente la Memoria Antidiscriminatoria 2013. El informe detalla las 384 denuncias recibidas el año pasado en Catalunya contra agresiones y discriminaciones por opción sexual y identidad género. El perfil del agresor es el de un hombre joven (de entre 18 y 30 años), de clase obrera. Entre ellas la más grave, la del empresario Juan Andrés Benítez, socio de una entidad de LGTB que murió en la calle después de una intervención de los Mossos. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el colectivo organizará una manifestación en Ciutat Vella.

De casos extremos hay muchos, desde la paliza que dos chicos recibieron el pasado sábado cuando salían de una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa a los episodios escalofriantes de otros países. Por ejemplo en Irán, donde las personas del colectivo LGTB son colgadas y decapitadas o en Sudamérica donde, a pesar de no existir “homofobia de Estado”, existen escuadrones de la muerte contra este sector en Honduras o México (llevan 24 muertos en el 2014) o en Brasil, donde los padres llegan a asesinar a sus propios hijos si se enteran que son gays, en palabras de Rodríguez.

Rodríguez ayudó a construir el movimiento LGTB en Chile, en el primer año de la transición, donde los códigos penales se inspiraban en los españoles. “Allí se castigaba la sodomía pero se penalizaba sólo quién recibía la penetración anal, todavía hoy no se ha aprobado el matrimonio gay. Ha heredado lo peor de España: la moral”. También dio su respaldo a los procesos de Colombia y Portugal, que  actualmente tiene uno de los movimientos más fuertes a nivel de Europa en la lucha a favor del colectivo.

Zapatero, “un héroe”

El paradigma en la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia es Islandia, donde la presidenta acude a los actos oficiales acompañada por su mujer. Este país nórdico, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Argentina, Sudáfrica y España, son los únicos del mundo que han reconocido por ley los matrimonios homosexuales. En algunos casos, como en México DF, sí se pueden casar pero no adoptar.

En el caso de España, Eugeni Rodríguez no tiene reparos en loar el trabajo de Zapatero. “A pesar de que estuvo muy desafortunado en otras cuestiones, siempre lo consideraré el presidente del Estado español más valiente que ha habido por su extraordinario compromiso con los derechos humanos. Para el colectivo LGTB es un héroe”. El presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia explica que en el Congreso algunos le llamaban “maricón de mierda” y que los informes de la asociación internacional gay llegaron a situar España en el primer país en la defensa de los derechos del colectivo. “Aunque no se correspondían del todo con la realidad, él hizo el tejado. Su casa no tenía cimientos ni paredes“, una obra que ha terminado esta ley catalana.

Fuente Público

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Golpe a la estrategia del PP: el Consejo de Garantias Estatutarias de Cataluña da su visto bueno a la ley contra la LGTBfobia

Miércoles, 20 de agosto de 2014

cataluna-20140710-articulo-00Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

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El PP maniobra para impedir que Cataluña apruebe una avanzada ley contra la homofobia y la transfobia

Lunes, 21 de julio de 2014

cataluna-20140710-articulo-00Ya habíamos hablado acerca de este asunto, pero volemos a él porque nos parece que amplía muy bien el tema:

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

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Dos políticos gays en alza: Antonio Maíllo (ganador de las primarias de IU en Andalucía) y Miquel Iceta (próximo líder del PSC)

Miércoles, 9 de julio de 2014

Antonio-Maíllo-y-Miquel-IcetaParece que poco a poco los políticos abiertamente gays van conquistando en España posiciones de mayor relevancia. Dos de ellos han sido noticia estos últimos días. Antonio Maíllo, elegido hace un año coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, ha resultado el ganador indiscutible de las primarias que dicha formación ha celebrado para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas (que deberían celebrarse en marzo de 2016). Mientras, en Cataluña, Miquel Iceta se perfila como nuevo primer secretario del PSC, al ser el único candidato que ha obtenido los avales necesarios para optar al liderazgo de los socialistas catalanes.

Iceta, que ya fue durante más de una década viceprimer secretario del Partit del Socialistes de Catalunya y portavoz de grupo socialista en el Parlamento catalán, recupera así protagonismo en un momento especialmente delicado para su partido. Los socialistas catalanes, de hecho, se han convertido en pocos meses en una fuerza con gran peso de políticos abiertamente gays: en abril era el exdiputado en el Parlamento catalán y portavoz del PSC Jaume Collboni (del cual en 2011 recogíamos la noticia de su boda) el ganador de las primarias abiertas para elegir al candidato de ese partido a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2015.

Collboni, Iceta o Maíllo forman parte de una lista de políticos que muy poco a poco va haciéndose más extensa, y de la que también forman parte el convergente Santi Vila, miembro del Gobierno catalán, el popular Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, o Víctor Casco, diputado de IU en el Parlamento de Extremadura.

Otros destacados políticos gays que por ejemplo han ocupado en el pasado posiciones destacadas a nivel autonómico han sido Jerónimo Saavedra, presidente de Canarias en los años ochenta (luego sería ministro y alcalde de Las Palmas), aunque en su caso su salida pública del armario no se produjo hasta el año 2000, o Ernesto Gasco, que tras ser concejal en San Sebastián y diputado, fue viceconsejero en el Gobierno de Patxi López. En ambos casos se trata de políticos socialistas. Caso aparte merece el de los que ya siendo conocidos como activistas LGTB dieron el paso a la política, como el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo o el diputado de Compromís de las Cortes valencianas Fran Ferri.

Mucho más difícil, por desgracia, resulta encontrar nombres de mujeres abiertamente LGTB en la política española. Destacamos dos: los de las socialistas Carla Antonelli, diputada en la Asamblea de Madrid y activista transexual, y Ángeles Álvarez, en nuestro conocimiento la única diputada abiertamente lesbiana del Congreso (está claro que mientras cada vez más políticos gays se atreven a dar el paso y visibilizarse, el armario y la vergüenza sigue siendo la tónica general de las lesbianas que se dedican a la actividad pública).

Santi Vila se casa en presencia de Ana Pastor…

Precisamente este fin de semana el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Santi Vila, contraía matrimonio en el castillo de Peralada con su novio, Rafa Vertamatti.  Vila, que antes de incorporarse al ejecutivo catalán fue alcalde de Figueres, es uno de los principales representantes del sector más progresista de Convergència Democràtica de Catalunya y un firme defensor del proyecto soberanista.

A la ceremonia asistieron casi todos sus compañeros del Gobierno catalán así como la ministra de Fomento, Ana Pastor.

… que en su día se manifestó contra el matrimonio igualitario

No deja de resultarnos curiosa la presencia de Ana Pastor en una ceremonia en la que habrá tenido que tragar mucha bilis. La ahora ministra de Fomento, recordemos, fue una de las políticas del PP que avalaron con su presencia la infame manifestación homófoba de junio de 2005 contra el matrimonio igualitario convocada por organizaciones ultraconservadoras. Y en 2008 manifestó, al ser preguntada sobre el tema en una entrevista radiofónica, que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería un paréntesis en la historia de nuestro país“.

Fuente Dosmanzanas

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España, primer país de Europa en candidatos comprometidos con la igualdad LGTB. PSOE, Podemos, Equo-Compromís e IU, en cabeza.

Viernes, 23 de mayo de 2014

Parlamento-EuropeoÚltimo repaso a los candidatos españoles a las elecciones europeas que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Tras nuestro último recuento se han incorporado 46 candidatos más, hasta sumar un total de 178. La del PSOE se mantiene como la lista con más firmantes: 57 (casi todos sus integrantes). Podemos se coloca en segundo lugar, con 24. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue también destacada con 22 candidatos. La Izquierda Plural suma 6 candidatos más, hasta llegar a los 16. Les siguen ERC, Partido Andalucista y Piratas.

Como ya hicimos en las dos últimas entradas que dedicamos al tema, no mencionaremos los nombres de los candidatos, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen, agrupadas por listas (interesante cara a elegir la papeleta adecuada):

  • PSOE (incluyendo 2 del PSC): 57.
  • Podemos: 24.
  • Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (14), Compromís (7) y Por Un Mundo Más Justo (1): 22.
  • La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (14) e Iniciativa per Catalunya Verds (2): 16. Entre ellos está el activista LGTB Javier Sáez, a quien esta misma semana entrevistábamos en dosmanzanas.
  • L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 14.
  • Partido Andalucista (que experimenta un alza importante en esta última semana): 12.
  • Confederación Pirata: 11.
  • Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
  • Partido X: 6.
  • Partido de la Libertad Individual: 3.
  • Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
  • Partido Animalista (PACMA): 2.
  • Ciudadanos: 1
  • Iniciativa Feminista: 1
  • PP: 1.

Como vemos, aparecen por primera vez varias formaciones nuevas en la lista. Muy singularmente el Partido X (con seis nombres), pero también el Partido de la Libertad Individual (con tres), Ciudadanos (uno) y el PP (uno). Este último es el eurodiputado Gabriel Mato, número 13 de la lista popular. Una presencia que hace aún más sorprendente la ausencia total de candidatos de UPyD, uno de los partidos de ámbito estatal más importantes, cuya línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB.

España se coloca finalmente como el primer país en número de candidatos explícitamente comprometidos a favor de los derechos LGTB, por delante de Italia (168), Finlandia (91), Reino Unido (85) y Bélgica (74). Merece la pena destacar, como hecho positivo, que en los dos únicos países en los que hasta hace unos días no había firmado ningún candidato, Bulgaria y Rumanía, ya hay también políticos comprometidos: cuatro en Bulgaria y una en Rumanía (la eurodiputada liberal Renate Weber, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que repita mandato).

Los diez compromisos de Come Out (que en España coordina la FELGTB bajo el lema “Da el paso”) buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La mitad de los eurodiputados españoles podrían ser firmantes

España elegirá el domingo 54 eurodiputados. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, el PP será de nuevo el partido ganador, aunque podría perder varios de los escaños que actualmente tiene (24). El PSOE sería segundo -siempre según las encuestas- aunque también perdería varios de sus 23 eurodiputados. Obtendrán varios escaños La Izquierda Plural y UPyD, pero no sabemos cuantos, al igual que las listas de las que forman parte ERC, BNG, Bildu, CiU o PNV. Solo el domingo por la noche sabremos qué resultado obtienen Primavera Europea, Podemos y otros partidos de reciente creación, y si las encuestas tienen o no razón respecto a la victoria popular.

Creemos que en cualquier caso que está al alcance de la mano conseguir que al menos la mitad de los eurodiputados españoles en el próximo Parlamento Europeo sean firmantes del compromiso Come Out.

Besos de Compromís a favor de los derechos LGTB

beso-Mónica-Oltra-y-Mireia-MollàNo queremos finalizar esta entrada sin felicitar a la Coalición Compromís, una de las formaciones que forman parte Primavera Europea, por sus fotografías de besos entre personas del mismo sexo, protagonizadas en este caso por cuatro de sus representantes. Se trata de Mònica Oltra y Mireia Mollà, diputadas de Compromís en el Parlamento valenciano, y de Pedro Sánchez y Tomàs Mestre, candidato a eurodiputado y portavoz de Compromís en Alicante, respectivamente.

Las fotografías han sido publicadas por la revista digital nosGustas.com. “No es necesario ser mujer para apoyar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. No es necesario ser de raza negra para oponerse al apartheid, y por supuesto no es necesario ser homosexual para apoyar los derechos de la gente LGTBI”, reza el texto que las acompaña.

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Se duplican los candidatos comprometidos con los derechos LGTB gracias al tirón de PSOE y Podemos. Siguen “fuertes” Equo, IU y Piratas

Viernes, 16 de mayo de 2014

come_out_for_lgbti_equality_for_human_rights_for_europe_to_vote_ilga_europe_launches_its_2014_european_elections_campaign_mediumEn apenas una semana se han duplicado los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. De los 65 de hace unos días hemos pasado a 132. El mayor salto lo ha dado el PSOE, que de 13 candidatos ha pasado a 50, lo que supone que casi todos sus candidatos ya se han comprometido. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue destacada con 19 candidatos. Y hace su aparición por puerta grande Podemos: no sabemos si el toque de atención que modestamente les dábamos hace pocos días ha influido, pero 19 candidatos de esa formación se han comprometido ya. Izquierda Unida sigue con 10 candidatos, a los que hay que sumar 2 de Iniciativa per Catalunya Verts, que comparte con ellos lista. La Confederación Pirata suma por su parte dos más y alcanza los 11.

Como ya hicimos en la entrada anterior, no mencionaremos los nombres de los candidatos que han firmado, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. En esta ocasión nombraremos además las listas que han configurado, lo que puede ser interesante cara a elegir la papeleta adecuada:

  • PSOE (incluyendo 2 del PSC): 50.
  • Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (13), Compromís (5) y Por Un Mundo Más Justo (1): 19.
  • Podemos: 19.
  • La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (10) e Iniciativa per Catalunya Verts (2): 12.
  • Confederación Pirata: 11.
  • L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 10.
  • Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
  • Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
  • Partido Animalista (PACMA): 2
  • Partido Andalucista: 1.

Sigue sin haber rastro del Partido Popular ni de UPyD, dos de los más importantes partidos de ámbito estatal. Este último caso es sin duda el que resulta más sorprendente, dado que su línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB. Esperemos que en la próxima revisión de la lista podamos ver también a sus candidatos.

Los diez compromisos de Come Out, recordemos, buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

En cuanto al resto de países, Italia sigue en cabeza con 137 adheridos. España es el segundo, al cual le siguen Finlandia con 87 y Reino Unido con 70. A la cola siguen Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

Nota: el listado incluido refleja la situación en el momento de elaborar la entrada. Pasados unos días volveremos a hacer un repaso de la situación…

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Los candidatos de Equo-Compromís, PSOE, IU y los Piratas, los más comprometidos formalmente con los derechos LGTB.

Miércoles, 14 de mayo de 2014

come_out_for_lgbti_equality_for_human_rights_for_europe_to_vote_ilga_europe_launches_its_2014_european_elections_campaign_mediumA principios de abril hacíamos una primera revisión de los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se habían adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. Entonces eran 20 los candidatos adheridos. Hoy son ya 65. Sigue siendo destacado el caso de Equo, la formación ecologista, 13 de cuyos candidatos han firmado. Si les unimos otros 5 de Compromís, formación valenciana con la que comparte candidatura, su lista común suma 18 candidatos. Destacamos también los casos de PSOE (13 candidatos, incluyendo en este número a 1 del PSC), Izquierda Unida (10 candidatos) y la Confederación Pirata (9 candidatos).

Los diez compromisos de Come Out buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave por lo que a la promoción de los derechos LGTBI en en mundo se refiere.

Debido a su elevado número, en esta entrada no mencionaremos ya los nombres de los candidatos que han firmado (por otra parte, al ser unas elecciones en las que se vota una lista cerrada los electores carecen de la capacidad de discriminar entre los candidatos de una misma lista). Puedes consultar los nombres concretos junto a los del resto de países pinchando aquí. Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. Además de los ya mencionados Equo-Compromís, PSOE-PSC, IU y  Confederación Pirata, se trata de Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), Esquerra Republicana de Catalunya (2), Iniciativa per Catalunya Verts (2), el Partido Animalista (2), Bloque Nacionalista Galego (1), CiU (1), Partido Andalucista (1), PNV (1) y Por Un Mundo Más Justo (1).

Destacamos, por lo negativo, la ausencia de candidatos del PP, de UPyD o de Podemos, por lo que se refiere a formaciones de ámbito estatal. La ausencia de los populares no sorprende, pero sí la de UPyD (partido que tradicionalmente se ha alineado con los derechos LGTB, más allá de las salidas de tono de alguno de sus miembros) y la de Podemos (formación de izquierda que ha irrumpido con cierta fuerza, pero cuyos candidatos no parecen especialmente motivados a adherirse al compromiso).

Por lo que se refiere al resto de países, destaca muy positivamente el ejemplo de Italia, país del que en abril solo habían firmado 3 candidatos y que ahora lidera el ranking con 125 adheridos (un alza que se debe en buena parte a formaciones no tradicionales, como el Movimiento 5 Estrellas o la Lista Tsipras). Le siguen Finlandia con 71 y Reino Unido con 68. A la cola, Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

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El PP rechaza en el Congreso blindar a las personas con VIH contra la discriminación.

Jueves, 8 de mayo de 2014

discriminacionEl grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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