Dos casos recientes sugieren que la era de las escuelas seculares está llegando a su fin.

Por Pema Levy, viernes 2 de mayo de 2025

Este artículo apareció por primera vez en Mother Jones. Se ha vuelto a publicar con el permiso de la publicación.

En los Estados Unidos modernos, la educación religiosa se ofrece en escuelas privadas o en entornos de educación en el hogar. La educación pública, por el contrario, es secular, porque el gobierno no se dedica a patrocinar el adoctrinamiento religioso. Pero en dos casos que la Corte Suprema escuchó durante la última semana, los jueces parecen dispuestos a desechar la educación pública tal como la conocemos y marcar el comienzo de una nueva era en la que el dinero de los impuestos fluye a las escuelas religiosas y la religión puede dictar lo que se enseña en las aulas públicas. Cuando se tomen las decisiones, la educación pública puede cambiar para siempre.

El martes, los jueces escucharon argumentos en el caso de Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, un caso sobre si Oklahoma debe financiar una escuela autónoma religiosa que lleva a cabo instrucción religiosa y organiza actividades religiosas, incluida la misa. En lugar de considerar esto como una afrenta a la separación de la iglesia y el estado, cuatro jueces designados por los republicanos parecieron indignados ante la idea de que un estado financiara una escuela autónoma centrada en la inmersión lingüística o en las artes, pero no una centrada en la instrucción religiosa. Sin reconocer nunca que la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda (“El Congreso no hará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión”) prohíbe la religión patrocinada por el gobierno, varios expresaron un enojo palpable porque permitir solo escuelas autónomas seculares era una forma de discriminación antirreligiosa.

«Lo único que dice la escuela religiosa es: ‘No nos excluyan por nuestra religión‘», dijo el juez Brett Kavanaugh. “Si solicitas admisión en una escuela concertada, ya sea de estudios ambientales, de ciencias, de inmersión en chino o de gramática inglesa, puedes entrar. Y luego, al llegar, dices: «Somos una escuela religiosa». Es algo como, ‘Oh, no, no puedo hacer eso, es demasiado’. «Eso da miedo.» Continuó: «En Estados Unidos, no se puede tratar a las personas, las instituciones y el discurso religioso como si fueran de segunda clase… Y cuando se tiene un programa abierto a todos excepto a la religión… eso parece una discriminación flagrante contra la religión«.

El caso proviene de Oklahoma, donde la ley estatal exige que las escuelas charter públicas sean seculares. Sin embargo, la archidiócesis católica de Oklahoma City y la diócesis de Tulsa buscaron crear la primera escuela autónoma religiosa del país. Llamada Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, sería una escuela en línea que infundiría la enseñanza católica en su plan de estudios y requeriría que los estudiantes asistieran a una programación religiosa. La Junta Escolar Virtual del Estado de Oklahoma otorgó la carta constitutiva, pero el fiscal general republicano de Oklahoma, Gentner Drummond, solicitó a la Corte Suprema de Oklahoma que ordenara a la junta revertir su decisión. «No se trata del libre ejercicio de la religión«, afirmó Drummond. Esto es adoctrinamiento religioso financiado por los contribuyentes y patrocinado por el Estado. Eso es lo que es. Simplemente hay que llamarlo por su nombre.

La Corte Suprema de Oklahoma estuvo de acuerdo en que la carta era ilegal porque la ley de Oklahoma exige que las escuelas charter públicas sean seculares. Entonces la junta y St. Isidore apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La jueza Amy Coney Barrett se recusó porque es amiga de un profesor de derecho que asesoró a la escuela. El resultado de los argumentos orales del miércoles fue cuatro designados por el Partido Republicano que parecían dispuestos a marcar el comienzo de una nueva era de escuelas públicas religiosas y tres designados por el Partido Demócrata que se oponían a tal medida. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el único designado por el Partido Republicano que no reveló sus intenciones, aunque sus preguntas demostraron que era escéptico respecto del argumento contra las escuelas autónomas religiosas.

Los argumentos se centraron técnicamente en si las escuelas charter públicas son en realidad escuelas públicas o entidades privadas. Si son públicos, como los define la ley de Oklahoma, entonces la garantía contra el establecimiento de una religión es un argumento más fuerte. Pero si las escuelas son en realidad privadas, como insiste St. Isidore’s, junto con la junta de escuelas charter y la administración Trump, entonces es más difícil argumentar que las entidades religiosas privadas no deberían tener derecho a los mismos contratos charter que cualquier otra organización. Sin embargo, ya sean públicas o privadas, la cuestión es que las escuelas charter están financiadas por los contribuyentes, lo que significa que el debate más amplio gira en torno a la financiación pública de la educación religiosa y a si se debe integrar la instrucción religiosa en las ofertas educativas estatales.

Los jueces Kavanaugh y Samuel Alito fueron los defensores más vehementes de las escuelas autónomas católicas, sugiriendo repetidamente que la única razón por la que uno podría negar a una institución religiosa fondos fiscales para administrar una escuela es la intolerancia antirreligiosa. Alito llegó incluso a sugerir que el requisito de la constitución de Oklahoma de proporcionar una educación pública secular estaba basado en un sentimiento anticatólico. «Toda esta postura que usted defiende parece estar motivada por la hostilidad hacia religiones específicas«, le dijo Alito a Gregory Garre, ex fiscal general de Estados Unidos que representa a Drummond.

Garre contraatacó. «No creo que el tribunal pueda tratar cualquier prohibición de financiación similar como si estuviera motivada simplemente por la intolerancia«, dijo Garre. «Si lo hiciera, creo, francamente, que la jurisprudencia sobre la cláusula de establecimiento con respecto a las escuelas públicas se derrumbaría«.

Escuchando los argumentos, parece posible que eso sea lo que Alito y algunos de sus colegas quieren. En los últimos años, la mayoría republicana en la corte ha eliminado cada vez más los ladrillos que separan a la Iglesia del Estado, incluso en el ámbito de las escuelas. Aunque la cláusula de establecimiento de la Constitución solía proteger la separación, los jueces conservadores parecen haber decidido que la cláusula de libre ejercicio exige que el Estado no pueda hacer nada para mantenerla: la libertad de religión es cada vez más la libertad de llevar la religión a todos los rincones de la vida estadounidense, incluida la educación pública.

Alito también sugirió que Drummond estaba motivado por prejuicios contra las religiones no cristianas debido a comentarios en los que sugería que los habitantes de Oklahoma podrían aprobar las cartas cristianas, pero no las cartas de religiones que la mayoría ve con sospecha. Garre defendió a su cliente simplemente exponiendo la realidad política de la instrucción religiosa patrocinada por el estado: «Una vez que se abren los programas gubernamentales y se incorpora a la gente para que forme parte del gobierno, y se aprueba una religión, no otra religión, o esta religión, habrá conflictos a raíz de eso«, dijo. «Es, francamente, una de las razones por las que, para empezar, tenemos una cláusula sobre religión en la Constitución«.

Kavanuagh se abalanzó sobre la sugerencia de Garre de que la decisión del gobierno de elegir qué religiones obtendrían escuelas concertadas públicas podría crear «conflictos«.

«Parece que los conflictos también pueden surgir cuando las personas religiosas sienten que están siendo excluidas por ser religiosas«, dijo a Garre. «Creo que se olvida de una parte del país cuando dice que ese tipo de resultado no provocaría conflictos«.

Como lo demostró el comentario de Kavanuagh, los jueces designados por los republicanos parecían sentir que hoy en Estados Unidos son las personas religiosas las víctimas de discriminación y cuyas necesidades son ignoradas.

Los designados demócratas abordaron el caso de manera muy diferente. Parecían considerar claramente que las escuelas charter públicas son escuelas públicas y que Oklahoma tenía el derecho a decidir que sus escuelas públicas debían ser no religiosas. Los jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson compararon la situación con la de un gobierno local que solicita contratos para pintar murales de paisajes en edificios públicos. Si un pintor religioso propusiera un mural lleno de símbolos religiosos, preguntó Jackson, ¿sería una violación de sus derechos religiosos que el gobierno le negara un contrato? ¿Acaso esa persona diría: ‘Me rechazan como pintor por mi religión‘… cuando, en realidad, lo que el Estado está diciendo es: ‘Ofrecemos un beneficio público específico, y ese beneficio es un mural no sectario, un mural secular, y como no lo desean, rechazamos su propuesta’?

La jueza Elena Kagan destacó que, de acuerdo con su fe, las escuelas autónomas religiosas no sólo pueden enseñar las creencias religiosas como un hecho, sino que también deben tratar de respetar los programas de estudio exigidos por el estado y los requisitos de no discriminación. Hoy en día, St. Isidore’s podría prometer enseñar el contenido requerido por la ley de Oklahoma. ¿Pero por qué una comunidad jasídica de Nueva York no pudo lograr que el estado pagara una yeshivá que enseña sólo textos religiosos en yiddish, hebreo y arameo? El abogado de San Isidoro no podía negar la posibilidad.

Más tarde, Kagan le pidió a Garre que compartiera lo que predice que sucedería si la Corte Suprema determinara que los estados deben permitir las escuelas autónomas religiosas, lo que esencialmente marcaría el comienzo de una era de escuelas religiosas públicas.

En primer lugar, todas las leyes de escuelas chárter y el programa federal de escuelas chárter son inconstitucionales, porque exigen que las escuelas chárter sean públicas y no sectarias. Por lo tanto, nos enfrentamos a la confusión e incertidumbre que esto genera, para empezar. A partir de allí, Garre predijo que algunos estados podrían terminar con los programas charter por completo, alterando la educación, mientras que otros impulsarían y darían cabida a los programas charter religiosos. Previó disputas sobre si la ley federal que exige educación para niños discapacitados se aplicaría a las escuelas charter consideradas privadas. Todos los aspectos de este nuevo régimen educativo pasarían por la Corte Suprema. Predijo litigios sobre qué estudiantes pueden asistir, quién puede enseñar («¿puedes tener un profesor gay?«) y, finalmente, sobre el plan de estudios en sí. Las preguntas sobre lo que se puede enseñar no se resolverán a través del proceso democrático local, sino a través de nueve jueces de la Corte Suprema.

Este caso por sí solo sería una bomba si el tribunal ordena que los estados comiencen a financiar las escuelas religiosas a través de sus programas de escuelas charter. Pero este período, la Corte Suprema está preparada para dar un doble golpe. La semana pasada, el tribunal escuchó argumentos en el caso Mahmoud v. Taylor, en el que consideró si los padres religiosos podían excluir a sus hijos de clases que no se ajustaran a sus creencias. Una vez más, la mayoría designada por el Partido Republicano pareció dispuesta a ponerse del lado de los demandantes y permitir que los padres religiosos saquen a sus hijos del aula cuando se enseña material al que se oponen, una política que amenaza con crear una puerta trasera a través de la cual los padres religiosos tienen poder de veto sobre elementos del currículo y el debate en clase.

En cualquier escuela que no pueda acomodar a los niños que abandonan el aula y se les proporcionen materiales alternativos, las preferencias religiosas de una minoría parecen destinadas a dictar el currículo para todos. El resultado probable es la eliminación generalizada del contenido LGBTQ. Los profesores pueden tener miedo de responder una pregunta sobre un político gay, por ejemplo, o incluso de mostrar una foto de su pareja del mismo sexo en su escritorio.

Si los jueces deciden en los próximos meses permitir la exclusión religiosa en las escuelas públicas y la creación de escuelas concertadas religiosas, es difícil imaginar que la educación pública no cambie profundamente. En muchos distritos, las decisiones en conjunto probablemente significarían que las únicas opciones escolares financiadas con fondos públicos serían explícitamente religiosas o limitadas por las preferencias religiosas de ciertos padres.

El presidente Donald Trump, cuya administración ha defendido los intereses religiosos en ambos casos, ha ordenado el cierre del Departamento de Educación y ha amenazado con retener la financiación a las escuelas que participen en programas de diversidad, equidad e inclusión. Pero la capacidad del presidente para dirigir los programas de estudio de las escuelas públicas es limitada, porque la educación pública está controlada principalmente a nivel estatal y local.

La Corte Suprema, por otra parte, puede reformular dramáticamente la educación pública, trascendiendo las fronteras geográficas para tomar decisiones para distritos y escuelas individuales. Cuando se trata de la agenda de la derecha religiosa para devolver la religión a las aulas públicas, no es la administración a quien más hay que temer, sino la Corte Suprema.

Fuente LGBTQNation

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Activistas en el capitolio del estado de Texas protestan contra un plan de vales escolares promovido por el gobernador Greg Abbott que financia las escuelas autónomas, incluidas las religiosas, con impuestos estatales.

El caso podría obligar a los contribuyentes a financiar escuelas concertadas religiosas anti-LGBTQ.

Por Daniel Villarreal Miércoles 30 de abril de 2025

Hoy (30 de abril), la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos sobre si Oklahoma puede obligar a los contribuyentes a financiar la primera escuela autónoma católica del estado. Los opositores dicen que la escuela viola la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno respaldar una religión preferida, y les preocupa que una victoria judicial pueda dar a los conservadores religiosos de derecha aún mayor permiso para mezclar la iglesia y el estado.

El caso, Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, involucra a la Escuela Virtual Católica St. Isidore of Seville, que busca convertirse en la primera escuela religiosa financiada con fondos públicos del país. Los abogados de la escuela dicen que la institución merece acceso a los fondos de los contribuyentes de Oklahoma para las escuelas charter porque privarlos de acceso violaría la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, que requiere que el gobierno permita a las personas practicar libremente su religión. La escuela también dice que es una discriminación injusta prohibir que las escuelas religiosas participen en un programa de escuelas autónomas estatales financiado por los contribuyentes en el que otras escuelas pueden participar.

La Corte Suprema de Oklahoma ya falló en contra de la escuela, diciendo que la financiación pública violaría la Cláusula de Establecimiento de la Constitución. Sin embargo, durante el interrogatorio, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, preguntó en qué se diferencia este caso del caso de 2021 de Fulton contra la ciudad de Filadelfia, en el que el tribunal dictaminó que se debería permitir a un grupo católico participar en un programa de cuidado temporal de la ciudad a pesar de su negativa, por motivos religiosos, a trabajar con parejas del mismo sexo, informó NBC News.

«¿En qué se diferencia de lo que tenemos aquí?» Él preguntó. “Tienes un programa educativo y no quieres permitirles participar con una entidad religiosa”.

El juez conservador Brett Kavanaugh cuestionó luego si un fallo contra St. Isidore afectaría a los grupos religiosos con contratos gubernamentales que brindan servicios como hogares de acogida, hogares de ancianos o refugios para personas sin hogar. Si esos grupos son considerados entidades gubernamentales, argumentó, no se les permitiría ejercer sus derechos religiosos.

Kavanaugh argumentó que mientras los padres puedan elegir enviar a sus hijos a otra escuela, no viola la Cláusula de Establecimiento gastar fondos de los contribuyentes en una escuela religiosa. Su argumento refleja el caso de 2002 de Zelman v. Simmons-Harris, una decisión de 5 a 4 en la que el tribunal dictaminó que los estados pueden (pero no están obligados a) incluir escuelas religiosas en los programas de vales escolares privados financiados por los contribuyentes, siempre y cuando los niños puedan elegir no asistir a ellos.

En un momento, el juez conservador Samuel Alito dijo que la ley actual permite a las escuelas charter enseñar que ser LGBTQ+ es un “estilo de vida perfectamente legítimo”, pero no permite a los gobiernos financiar puntos de vista religiosos.

En otro momento, Kavanaugh sugirió que las normas que exigen que las escuelas charter no sean religiosas son una forma de «discriminación generalizada contra la religión«. Este punto de vista sostiene que es discriminación inconstitucional que el gobierno proporcione beneficios de cualquier tipo sin proporcionar también versiones religiosas de ese mismo beneficio, señaló el escritor de Vox.com Ian Millhiser.

La jueza liberal Elena Kagan se centró en las implicaciones de este caso y preguntó si las escuelas autónomas religiosas podrían negarse a educar a niños que no comparten la fe de la escuela o si los contribuyentes se verían obligados a financiar escuelas religiosas que no quieran enseñar determinadas materias, como una escuela que decidiera enseñar creacionismo en lugar de ciencia o una escuela judía que sólo enseñara en hebreo.

Cuestionó hasta qué punto la Constitución exige que el gobierno tenga en cuenta puntos de vista religiosos de todo tipo y se preocupó de que una sentencia pudiera permitir a las religiones tradicionales gestionar escuelas concertadas con exclusión de las confesiones espirituales más pequeñas.

Actualmente, los 47 estados que permiten escuelas charter públicas prohíben la participación de entidades religiosas. El fallo del tribunal podría abrir la puerta a grupos religiosos que exigen su inclusión en los programas de escuelas autónomas estatales. El juez conservador Neil Gorsuch intentó restar importancia a esta preocupación, diciendo que los estados podrían exigir a las escuelas autónomas religiosas que proporcionen una educación “secular” cuyos objetivos y contenido sean supervisados por los funcionarios educativos estatales.

El ala conservadora del tribunal adopta un enfoque proactivo respecto a la libertad religiosa

Después de que la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett dio a los conservadores una mayoría de 6 a 3 en la corte, cinco jueces dieron a los defensores de la libertad religiosa una victoria en el caso de la Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, dando a las personas que se oponen a las leyes por motivos religiosos un nuevo y amplio derecho a ignorarlas.

En la decisión del tribunal de 2022 en el caso Kennedy v. Bremerton School District, se dijo que los entrenadores pueden dirigir las oraciones cristianas del equipo después del juego (aunque la decisión del tribunal tergiversó los hechos del caso).

Más recientemente, el tribunal escuchó el caso Mahmoud v. Taylor, en el que los demandantes argumentaron que las escuelas deben notificar a los padres si sus hijos recibirán «instrucción sobre género y sexualidad que viole las creencias religiosas de sus padres«, y deben darles la oportunidad de excluir a sus hijos de dicha instrucción.

Barrett se ha recusado de escuchar el caso Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, lo que significa que el caso podría potencialmente tener una decisión dividida 4-4. Si esto sucede, el fallo de la Corte Suprema de Oklahoma contra la escuela religiosa se mantendrá. Los conservadores religiosos anti-LGBTQ+ han deseado durante mucho tiempo una victoria en la Corte Suprema que redirigiría miles de millones de fondos de los contribuyentes de las escuelas públicas a las escuelas religiosas en casa y a las escuelas concertadas.

Se espera que la Corte Suprema emita sus fallos en los casos de Mahmoud y Drummond este verano.

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La representante estatal republicana extremista, Heather Scot

Los demócratas lo calificaron de “otro ejemplo más” de cómo los extremistas republicanos “inventan cuestiones sociales divisivas para crear problemas donde no los hay”.

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El derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio peligra en Estados Unidos, después de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de ese país haya revertido el derecho de las mujeres y hombres gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo. En una opinión concurrente con la decisión de sus otros cinco compañeros, el juez Clarence Thomas ha expresado su voluntad explícita de abordar de la misma manera cualquier caso que llegue ante el Supremo y que permita reconsiderar el fallo que en 2015 hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. 

Las parejas del mismo sexo tienen reconocido en Estados Unidos su derecho constitucional a contraer matrimonio en todo el país, por encima de la legislación de cada estado. Así lo decidió el Supremo en 2015 al fallar sobre el caso Obergefell v. Hodges. La historia que en concreto dio lugar a la sentencia fue la de Jim Oberfegefell, recurrente del estado de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción (el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales y no pudo celebrar su consecución).

Según detalla expresamente Clarence Thomas en su opinión concurrente al fallo sobre el aborto, una mayoría conservadora podría revertir la sentencia de Obergefell v. Hodges en el mismo sentido que ha hecho con Roe v. Wade, la sentencia que en 1973 declaró que el derecho al aborto tenía protección constitucional. Detalles aparte, tanto el matrimonio igualitario como el aborto, junto a otras cuestiones que han sido legalizadas para todo el país por el Tribunal Supremo, como el uso de anticonceptivos o la legalidad de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, han sido consideradas protegidas por la Constitución en sucesivas sentencias no porque el texto de esta haga mención expresa a ellas, sino porque se consideran amparadas por su 14ª enmienda, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos al «debido proceso» y a la protección igualitaria de sus derechos con independencia de la jurisdicción en la que residan.

Según Clarence Thomas, todas estas sentencias deben ser reconsideradas porque han dado lugar a decisiones «erróneas» que deben ser literalmente corregidas.

Con la composición actual, el matrimonio igualitario podría ser derogado por 6 a 3

Si tenemos en cuenta la diferente composición del Tribunal Supremo de Estados en 2015 y ahora vemos que este riesgo es cierto:

• Tres de los cuatro jueces que en su momento votaron contra el matrimonio igualitario siguen en activo: Samuel Alito, John Roberts y el propio Clarence Thomas. El cuarto, Antonin Scalia, falleció en 2016.
• De los que votaron a favor siguen en activo otros tres (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer). Este último se retirará en breve, aunque ya cuenta con una sustituta confirmada, Ketanji Brown Jackson, de convicciones progresistas.
• Las otras tres posiciones del Tribunal que han sido renovadas desde entonces están ocupadas por jueces ultraconservadores, propuestos por Donald Trump y confirmados por un Senado de mayoría republicana. Estas tres sustituciones son las que han desplazado el Tribunal a posiciones cercanas a las de la derecha religiosa. Neil Gorsuch sustituyó a Scalia, gracias a las malas artes de los republicanos (el Senado demoró durante casi un año la sustitución para evitar confirmar al candidato de Barack Obama). Brett Kavanaugh sustituyó a Anthony Kennedy, que se retiró en 2018 (él fue precisamente el ponente de Obergefell v. Hodges). Y la ultraconservadora y católica militante Amy Coney Barrett sustituyó a la progresista Ruth Bather Ginsburg, fallecida en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de las elecciones que perdieron los republicanos. Pero claro, entonces los republicanos se apresuraron a dejar atada la sustitución de forma inmediata, a diferencia de lo que hicieron cuatro años antes cuando bloquearon el derecho de Obama a nominar al sustituto de Scalia.

En definitiva, el derecho constitucional al matrimonio igualitario podría ser derogado por 6 a 3 si alguna sentencia que lo desafiara llegara al Supremo con su compsición actual. Incluso si el actual presidente del Supremo, John Roberts, que en los últimos tiempos se ha alineado con la minoría progresista en algunos temas concretos, decidiese cambiar su posición respecto a la de 2016, habría una mayoría de 5 a 4.

Por supuesto, todo esto es una mera hipótesis… Por un lado, día de hoy no hay sobre la mesa ningún litigio judicial relativo al matrimonio igualitario con potencial de llegar a corto o medio plazo ante el Tribunal Supremo. Por otro, está por ver qué harían Gorsuch y Kavanaugh ante dicha situación. Pero lo que hoy día sabemos también es que los enemigos de los derechos LGTBI son incansables y cuentan con grandes recursos financieros, y que la situación actual de la política estadounidense, donde todo apunta a que los republicanos recuperarán el control del Senado en las elecciones del próximo noviembre, no es precisamente halagüena.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

El segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

El tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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La administración de Trump está resultando letal para los derechos LGTB. Hace unas semanas os contamos que quería permitir a los médicos negarse a tratar a alguna persona trans, en plena pandemia del coronavirus. Ahora quiere permitir que las agencias de adopción discriminen a las parejas homosexuales en nombre de la religión.

La administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que permita a las agencias de adopción discriminar a las parejas del mismo sexo en nombre de la religión.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron un resumen de 35 páginas a la Corte Suprema pidiéndole que se pronuncie a favor de Catholic Social Services (CSS), una agencia de adopción con sede en Filadelfia que insiste en que debería permitirse rechazar a las parejas del mismo sexo bajo la Primera Enmienda.

Varios tribunales inferiores ya se han pronunciado contra CSS, pero la Corte Suprema acordó abordar el caso a principios de este año.

El gobierno de los Estados Unidos no es parte en el caso, lo que significa que el informe fue presentado voluntariamente, informa Washington Blade .

La administración de Donald Trump continúa revocando los derechos LGBT + con el informe de adopción.

En su informe, el Departamento de Justicia dice que Estados Unidos tiene «un interés sustancial» en Fulton v Ciudad de Filadelfia porque el gobierno cree que debe protegerse el «libre ejercicio de la religión».

El Departamento de Justicia señala que CSS solo funcionará con parejas heterosexuales casadas o personas solteras «porque se adhiere a la creencia de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Considera a todas las parejas del mismo sexo como solteras», dice el breve.

Sorprendentemente, el Departamento de Justicia continúa defendiendo CSS, diciendo que felizmente referirán parejas del mismo sexo a otras agencias de acogida.  A lo largo del informe, el departamento argumenta que la libertad religiosa debe protegerse por encima de todo. «Las acciones de Filadelfia también reflejan una hostilidad inconstitucional hacia las creencias religiosas de los Servicios Sociales Católicos», señala el breve.

El departamento continúa argumentando que la ciudad de Filadelfia «seleccionó organizaciones religiosas» para la investigación y «sugirió que las creencias religiosas son simplemente un pretexto para la discriminación». También afirman que Filadelfia «trató de persuadir a los Servicios Sociales Católicos de que su comprensión de la doctrina católica era anticuada e inconsistente con los puntos de vista del Papa Francisco, tal como la ciudad los entendió».

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha dicho que debe presentar una solicitud ante la Corte Suprema antes del 13 de agosto en respuesta al informe de la administración Trump. Los activistas temen que el maquillaje conservador de la Corte Suprema pueda causar problemas a las personas LGBT +.

Cuando la Corte Suprema acordó escuchar el caso en febrero, los activistas expresaron su preocupación de que podría sentar un precedente peligroso para los padres LGBT +.

La composición de la Corte Suprema ha cambiado drásticamente desde que falló a favor del matrimonio igualitario en 2015, con los nombramientos de Donald Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, probablemente cambiando la mayoría de la corte contra los derechos LGBT +.

En sus presentaciones ante los tribunales, los Servicios Sociales Católicos afirman un derecho constitucional de usar sus criterios basados en la fe para rechazar a las parejas del mismo sexo como posibles familias de crianza temporal mientras brindan servicios para niños en el sistema público de cuidado de crianza de Filadelfia.

La American Civil Liberties Union ha intervenido previamente en el caso, advirtiendo sobre el potencial de un efecto escalofriante sobre los derechos de las personas LGBT +.

Fuente PinkNews

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La ley que prohíbe en Nueva York las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, tiene los días contados. Sus propios promotores han anunciado que la derogarán, en una maniobra para evitar que una demanda acabe por reforzar, si prospera, el estatus de estas peligrosas prácticas. El Gobierno local teme que el Tribunal Supremo, en manos de los conservadores, emita una sentencia que blinde estas intervenciones a nivel federal. La ciudad de Nueva York había sido pionera en vetar su aplicación en todas las personas y no solo en menores.

En noviembre de 2017, el consejo municipal de Nueva York aprobaba por la abrumadora mayoría de 43 votos a 2 la norma que prohibía la oferta comercial de «servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona». La ciudad fue pionera en vetar las «terapias» de conversión con independencia de la edad, ya que el resto de jurisdicciones que han aprobado leyes similares solo prohíben estas intervenciones en menores.

Sin embargo, la presentación de una demanda federal contra la medida ha hecho que el consejo opte por derogarla para evitar males mayores. Los propios promotores de la norma original son los que han decidido dar marcha atrás, ante el temor de que el Tribunal Supremo falle a favor de los demandantes. Una sentencia así podría anular los vetos que se han aprobado en dieciocho estados, además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico y numerosos condados y municipios.

Los miembros del Consejo que apoyan ahora la derogación califican este movimiento estratégico como lamentable pero necesario. El portavoz Corey Johnson, que es abiertamente gay, recordó que el Supremo tiene una clara mayoría conservadora después de los dos nombramientos de la administración Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh). También la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al que pertenece el estado de Nueva York, está dominada por jueces conservadores.

La ley de derogación se votará a finales de mes. Si sale adelante, como se prevé, en la ciudad de Nueva York volverán a estar permitidas las «terapias» reparadoras en adultos, pero no en menores, que seguirán protegidos por la norma estatal. La ley local permite también que los adultos que se sientan estafados por este tipo de peligrosas prácticas puedan reclamar una indemnización.

No es la primera vez que una administración decide dar marcha atrás en este asunto por miedo a las consecuencias judiciales. Hace un año, en California, el representante demócrata Evan Low retiró un avanzado proyecto de ley de prohibición total (en menores y adultos) de las «terapias» de conversión tras reunirse con representantes de grupos religiosos. Low rechazó enviar la propuesta al gobernador para que la firmara, último trámite para su entrada en vigor después de que fuera aprobada por ambas cámaras del estado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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Ryan Murphy lleva ya mucho tiempo defendiendo los Derechos LGTBI. Después de firmar un acuerdo con Netflix valorado en más de 300 millones de dólares, y  dedicar su premio en los Emmy a las víctimas de crímenes de odio del colectivo LGBTI anunció que donaría todos sus beneficios de POSE a organizaciones LGTB.

Murphy aprovechó que la Fundación TrevorLIVE le homenajeó con un premio para ofrecer un discurso en el que anunció que va a crear una nueva organización, financiada con unos cuantos millones de dólares, para detener a los políticos que usan la retórica anti-LGTB para ganar votos.

“Quiero que esos políticos odiosos y equivocados dejen de contaminar nuestro éter ético y moral“, dijo el productor, que ha decidido crear esta nueva fundación tras las Midterms de hace unas semanas. “Basándome en lo de este otoño, creo que ahora es posible crear un movimiento que proteja y nutra a los nuestros“.

La intención de Murphy es que esta nueva organización, que está previsto que entre en funcionamiento en 2020, sirva tanto para financiar a candidatos que se enfrenten a políticos LGTBfóbicos como para animar a los votantes LGTB+ a registrarse y votar. Porque hay algo Y si no te gusta ninguno, votas al PACMA. Pero VOTAS.

Murphy, además, no perdió la ocasión de mencionar a los políticos que estarán en el punto de mira de esa asociación, como Lindsey Grahah, una republicana de Carolina del Sur que hace unos meses dudó de la veracidad de los testimonios de las víctimas del acosador sexual Brett Kavanaugh. O Mike Lee, de Utah, que está en contra del matrimonio igualitario y ha presentado una Ley de Libertad Religiosa.

Además Murphy anunció que acababa de donar 50.000 dólares a la ONG The Trevor Project.

Fuente CNN, vía HazteQueer

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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Brett Kavanaugh ya es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Poco han importado las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Poco ha importado la movilización progresista en su contra. Lo que cuenta en este caso es la Presidencia y el Senado, y el Partido Republicano recuperó el control simultáneo de ambas instituciones en las elecciones de 2016. Salvo conjunciones circunstanciales inesperadas, el sector más conservador de la sociedad estadounidense se hace con la rama judicial del Gobierno durante lustros, quizá décadas, y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de las personas LGTB. La confirmacion de Kavanaugh supone posiblemente el éxito más importante de la presidencia de Donald Trump, cuya elección en 2016 se confirma como una auténtica tragedia para los derechos civiles de las minorías.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Donald Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por el partidismo de sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Ya desde un primer momento su candidatura fue celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

Las acusaciones de abuso sexual no detienen su confirmación

El proceso de confirmación de Kavanaugh en el Senado no terminó sin embargo ahí. De forma inesperada vieron la luz al menos tres acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh. La más sólida de ellas fue la que protagonizó la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que acusó al juez de haber abusado de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17 (y se encontraba borracho).

Ford llegó a declarar ante el Comité Judicial del Senado, pero la ausencia de pruebas más allá de su propio testimonio (la otra persona presente durante el supuesto abuso, un amigo de Kavanaugh, aseguró no recordar ya nada de lo sucedido aquella noche) y el cierre de filas de los senadores republicanos dejaron en vía muerta la acusación. El FBI acabó de darle la puntilla, al concluir, tras una investigación de solo una semana (durante la cual ni Kavanaugh, ni Christine Blasey Fold ni las otras mujeres que lo acusaban fueron interrogados) que no existían pruebas que la sustentasen.

Finalmente, Kavanaugh fue confirmado por el Senado este sábado. De los dos únicos votos dudosos entre los republicanos, los de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (sobre el papel reacias a votar a un juez que seguramente contribuirá a aumentar las restricciones al aborto), Kavanaugh recibió el «sí» de  Collins y la abstención de Murkowski. Esta última, senadora por Alaska, en realidad tenía intención de votar «no», pero finalmente llegó a un compromiso con otro senador republicano, Steve Daines, que ayer sábado quería asistir a la boda de su hija, para abstenerse de votar y de esa forma no obligarlo a acudir a Washington. Por parte de los demócratas Kavanaugh recibió un solo voto, el del Joe Manchin, un demócrata conservador que dentro de un mes opta a la reelección como senador por Virginia Occidental, un estado en el que Donald Trump obtuvo en 2016 casi el 70% del voto popular. Su voto, en cualquier caso, era irrelevante. Kavanaugh fue confirmado finalmente por 50 votos a favor y 48 en contra, y ya es juez del Supremo tras haber jurado su cargo en una ceremonia

La nueva composición del Tribunal Supremo

Kavanaugh sustituye como juez del Supremo a Anthony Kennedy, cuyo voto ha sido el que en la mayoría de ocasiones desempataba entre conservadores y liberales. En este sentido, y pese a sus credenciales conservadoras en otras materias, Kennedy ha destacado por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente.

Con la sustitución de Kennedy por Kavanaugh, un conservador duro, el Supremo queda constituido como sigue: el bando liberal está formado por Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integran John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch (que también fue nombrado por Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales, en este caso después de la sucia maniobra de los republicanos, que al controlar ya el Senado se negaron durante todo el año 2016 a cubrir esa vacante con el candidato designado por Obama) y el propio Kavanaugh.

Por supuesto que a lo largo de los próximos años pueden acontecer circunstancias inesperadas que den la vuelta a la situación, pero conviene tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg, considerada la jueza más progresista del Supremo, cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto (aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años). Y que tras Ginsburg, el juez de mayor edad es Breyer, también de la minoría liberal, que cuenta con 80 años.

El temor a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría conservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante lustros, quizá décadas, es ya una realidad. Por mencionar solo un ejemplo, entre los casos que el Supremo debe decidir en próximos meses se encuentra el caso Zarda, cuya resolución determinará muy posiblemente si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual (lo explicamos con detalle en esta entrada de marzo). A día de hoy, con Kavanaugh en el Supremo, el pesimismo es mayúsculo.

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