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Mujer trans se dirige a la Corte Suprema de los EE.UU. por ser despedida injustamente

Sábado, 13 de julio de 2019

conozca-a-la-mujer-trans-que-se-dirige-a-la-corte-suprema-de-los-eeuu-por-ser-despedida-injustamente-0Foto: ACLU 8 de julio de 2019 20:21 BST Anya Crittenton

La Corte Suprema escuchará el caso de Aimee Stephens, una mujer trans que dice que fue despedida debido a su identidad de género.

Aimee Stephens es una de las tres personas LGBTI cuyo caso de discriminación en el empleo será escuchado por la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) este año.

En abril, la Corte Suprema anunció que revisará tres casos relacionados con la discriminación LGBTI en el lugar de trabajo.

Ha habido un debate en curso sobre si el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que otorga protecciones federales contra la discriminación de ciertas identidades, se aplica a la orientación sexual y la identidad de género. Muchos esperan que estos casos resuelvan el asunto.

En previsión de los alegatos orales de este otoño, GSN publicará guías para los tres casos. Este es el primero: R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission & Aimee Stephens.

De qué se trata este caso de la Corte Suprema

Aimee Stephens trabajó en R.G. y G.R. Harris Funeral Homes como directora de funerarias durante casi seis años cuando salió como transgénero en 2013. Ella le informó a su jefe que vendría a trabajar como mujer y ellos supuestamente respondieron que eso sería `inaceptable‘. Dos semanas después, la despidieron.

Stephens comenzó a ver a un terapeuta en 2008, años después de conocer la verdad de su identidad de género desde que era una niña. Ella exploró su identidad y opciones en el futuro con su terapeuta.

Después de que la funeraria dejó ir a Stephens, ella y su esposa Donna sufrieron dificultades financieras. Las circunstancias también dejaron a Stephens sin seguro médico cuando uno de sus riñones falló.

Con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Stephens presentó una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). La EEOC demandó en su nombre.

En su memorial ante el Tribunal Supremo, Stephens y su equipo de litigantes reconocieron que incluso con una definición limitada del Título VII, R.G. y G.R. Harris Funeral Homes seguían discriminando.

Incluso si la referencia del Título VII al “sexo” abarca sólo el sexo asignado al nacer, como afirma Harris Homes, la decisión de despedir a la Sra. Stephens fue “por razón de sexo”,’ dice el informe.

Si a la Sra. Stephens se le hubiera asignado un sexo femenino en lugar de masculino al nacer, Harris Homes no la habría despedido por vivir abiertamente como mujer. Debido a que Harris Homes habría tratado a la Sra. Stephens de manera diferente si su sexo asignado al nacer hubiera sido diferente, su decisión de despedir a la Sra. Stephens violó el Título VII”.

Lo que otros tribunales y funcionarios han dicho

Después de la demanda de la EEOC, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito falló a favor de Stephens en marzo de 2018. El tribunal dijo que su despido violó el Título VII.

A principios de julio, varios grupos y organizaciones presentaron informes amicus en nombre de los empleados LGBTI en los tres casos. Entre las principales empresas y algunos republicanos figuran los que han apoyado las medidas contra la discriminación.

Otros grupos, sin embargo, como una secta diferente de republicanos, han instado a SCOTUS a no proteger a los trabajadores trans.

La Administración Trump-Pence también ha tomado partido. En numerosas ocasiones, el Departamento de Justicia bajo Trump ha declarado que el Título VII no se aplica ni a la orientación sexual ni a la identidad de género.

¿Qué pasa después en la Corte Suprema?

Los alegatos orales en la Corte Suprema para este caso están programados para el 8 de octubre. El voto y la opinión están aún por determinar.

Es probable que se adopte una decisión en la primavera de 2020, en plena carrera presidencial.

El Tribunal Supremo tiene actualmente una mayoría conservadora. Trump nominó a dos jueces conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dentro de su primer mandato.

La Corte Suprema no es el único camino para las protecciones federales LGBTI. Los demócratas reintrodujeron recientemente la Ley de Igualdad en el Congreso, que ordenaría protecciones federales para los estadounidenses LGBTI en todo el país.

GSN publicará guías de los otros dos casos en los próximos días.

Fuente Cromosomax

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Corte Suprema chilena: adopción homoparental «es un avance hacia la plena igualdad y dignidad»

Lunes, 1 de julio de 2019

adopcion-homoparental-820x394El máximo tribunal rechazó además las pretensiones del oficialismo para que se privilegie a parejas heterosexuales, calificando  de inconstitucional tal postura. El Movilh, festejó el informe de la Suprema 

En un informe dirigido al Congreso Nacional, la Corte Suprema se mostró totalmente partidaria de la adopción homoparental, además de calificar como inconstitucional los intentos del oficialismo por privilegiar a parejas heterosexuales para la crianza, siendo el pronunciamiento celebrado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En un informe de 55 páginas y firmado por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, la Suprema señaló que el proyecto de ley que en la actualidad tramita el Congreso Nacional “permite que dos personas, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, puedan solicitar la adopción de un niño, niña o adolescente (NNA), según se desprende de los artículos 1°, 5°, 28° y 35°, lo que constituye un avance hacia la plena igualdad ante la ley y dignidad de todas las personas”.

La Suprema fue más lejos y rechazó incluso una indicación aprobada en la Cámara de Diputados e impulsada por el oficialismo donde se establece que   “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo de forma preferente”.

“La restricción consistente en que la consideración preferente solo existirá respecto del NNA que desea ser adoptado por una madre y un padre, no concuerda con la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues al resto de los NNA no se les otorgará dicho trato preferente. Asimismo, se infringe lo dispuesto en el artículo 2° de la Convención de Derechos del Niño, la cual prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos”, señaló la Suprema.

Para la Suprema  en la indicación del oficialismo “trasunta el deseo de favorecer a las parejas constituidas por un hombre y una mujer, generándose un espacio de privilegio respecto a parejas que se conforman de forma distinta, lo cual desconoce el derecho de los NNA, reconocido en el proyecto a vivir en una familia sin importar su composición”.

Pese a ello, representantes de la UDI y RN persistieron hoy con su homofobia

“Siempre hemos considerado que, cuando hablamos de adopción de un niño, niña o adolescente, debe primar que se les restituya lo que el niño perdió, porque el derecho es del niño. Y el menor tiene derecho a tener el padre y la madre que perdió. Por lo mismo, mantenemos nuestra indicación, que va en la lógica correcta, de escuchar al niño, en especial, cuando quiere un padre y una madre”, dijo a La Tercera el diputado Juan Antonio Coloma (UDI)

En una postura similar manifestó el diputado Diego Schalper (RN). “Me cuesta entender que en momentos en que estamos valorando el complemento de hombres y mujeres en el mundo de la academia, en el mundo de lo público, en el mundo de los emprendimientos, no seamos capaces de ver que este complemento hombre-mujer es tan importante en la formación de un niño. Entonces, yo siento que, si un niño quiere expresar ese sentir, no solo no es una discriminación, sino que además es una legítima aspiración de cara a su interés superior”, dijo.

Reacción del Movilh

El Movilh, organismo que impulsó junto a parlamentarios las indicaciones favorables a la adopción homoparental, consideró que “la definición de la Suprema es bastante clara y favorable a los derechos de niños o niñas a ser criados por la mejor familia posible, sea cual sea la orientación sexual de sus padres o madres. Esto se enmarca en los estándares internacionales de derechos humanos y lo valoramos totalmente”.

El informe, “se enmarca además en el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y nuestra organización firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente para el avance de la adopción homoparental. Es un deber de todos los poderes del Estado, respetar este acuerdo”, señaló la vocera del Movilh Daniela Andrade.

En tal sentido, Andrade llamó a los opositores a la adopción homoparental a “cesar con su persistente homofobia que vulnera los derechos de los niños y niñas. Esperamos además que tras el Informe de la Suprema, el Ejecutivo desista de su idea de privilegiar a heterosexuales para la adopción, Esta es una señal homofóbica intolerable, pues viene a decir que la orientación sexual determina la calidad de la paternidad y la maternidad, lo que solo es un prejuicio y una falsedad”

Historia de la tramitación en la Cámara

La Cámara de diputados aprobó y despachó al Senado el pasado 8 de mayo la reforma a la ley de adopciones.

La inclusión de las parejas del mismo sexo en el proyecto de ley se dio en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh asumieron ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). En dicho acuerdo el Estado de Chile comprometió la adopción homoparental.

En tal contexto, el pasado 24 de enero la Comisión de Familia y del Adulto Mayor despachó el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile, tras aprobar diversas indicaciones impulsadas por diputados/as y el Movilh luego de que la propuesta de ley original privilegiará a parejas heterosexuales para la adopción.

En efecto, el 13 de junio del 2018 la Comisión de Familia aprobó la adopción homoparental, al establecer que la crianza puede desarrollarse en el seno de una familia, ‘cualquiera sea su composición’, superando así la redacción original que llamaba a dar prioridad a uniones compuestas por una madre y un padre.

En tanto, el 26 de septiembre del 2018 la Comisión de Familia aprobó expresamente la adopción por integración para parejas de igual y distinto sexo, fueran de hecho o con unión civil, mientras el 12 de diciembre dio luz verde a un artículo que protege  de la discriminación a todas las categorías contempladas en la Ley Zamudio, incluida la orientación sexual y la identidad de género.

Además en noviembre del 2018 fracasó un intento de diputados evangélicos por incluir un homofóbico artículo en la ley de adopciones, mientras el 24 de enero del 2019 se aprobó el procedimiento para que los convivientes civiles puedan adoptar a los hijos/as biológicos/as de sus parejas y el 24 de abril anterior la Comisión de Hacienda aprobó el informe financiero del proyecto

Fuente MOVILH

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El Tribunal Supremo de Brasil situará la persecución de la LGTBfobia al mismo nivel que el racismo en su legislación

Viernes, 31 de mayo de 2019

Brasil-sem-homofobia1El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, sentenciará en junio a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. Seis de los once miembros del alto tribunal ya han depositado sus votos a favor del texto que decreta la equiparación en la legislación de los delitos de LGTBfobia con los motivados por el racismo. El Senado trabaja actualmente en un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista, que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de la medida. La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría de votos necesaria para tipificar la homofobia como un delito penal equivalente al racismo, pero decidió aplazar la decisión final para el próximo 5 de junio.

En febrero comenzó el proceso sobre la inclusión de la LGTBfobia en la legislación, que dará respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión de otros dos votos favorables la semana pasada, se ha alcanzado una mayoría en el alto tribunal. El próximo 5 de junio se pronunciarán los restantes cinco magistrados, que ya no pueden variar el veredicto final, pero sin cuyo voto no puede entrar en vigor el fallo.

Entre los que ya han dado su apoyo a la sentencia, la jueza Rosa Weber defendió su voto favorable para cubrir un vacío legal que provoca indefensión en el colectivo. Su compañero el magistrado Luiz Fux se inclina por establecer una interpretación de la ley de 1989 contra el racismo que incluya a las personas LGTB. Se trata de una norma que castiga los delitos motivados por esta causa con penas de hasta cinco años de prisión. Fux considera que no existe la certeza de que el poder legislativo vaya a aprobar las reformas legales necesarias para proteger a la comunidad LGTB, y mientras tanto «efectivamente la homofobia va a seguir».

Solo un día antes de conocerse la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. La propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.

No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.

Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar a una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.

Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.

Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.

El decano de la corte, uno de los cinco que aún no ha presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.

El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.

Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó : “Cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales. Sin embargo, apuntó: “Si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”. Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas aliadas con el gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.

Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en el que más personas son asesinadas por su condición sexual.

Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil como víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.

Fuente Agencias

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En Brasil, una jueza suspende las terapias que buscan “curar la homosexualidad”

Viernes, 3 de mayo de 2019

630x800-noticias-cura-gayUna corte en Brasil suspendió de forma cautelar un fallo emitido en el que se permitía a los psicólogos tratar la homosexualidad como si fuera una enfermedad, con lo cual se podía someter a las personas homosexuales a las llamadas “terapias de reconversión sexual”.

La resolución fue dictada por la jueza Carmen Lucia Antunes, quien dejó sin efecto un dictamen que garantizaba a los psicológos llevar a cabo este tipo de terapias, las cuales están prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil desde 1999 (CFP por sus siglas en portugués: Conselho Federal de Psicologia) a través de la resolución 01/99)

Dicho fallo se dio como respuesta a una demanda de un grupo de psicólogos que alegaron al “principio de libertad científica” para poder hacer este tipo de prácticas. El juez Waldemar Cláudio de Carvalho avaló la petición en contra de la resolución del Consejo Federal de Psicología de Brasil.

A su vez, el Consejo Federal de Psicología de Brasil recurrió a la Corte Suprema para apelar la decisión del juez Waldemar Claudio de Carvalho. La jueza Antunes argumentó que el caso es competencia del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, por lo que dejó sin efecto la orden hasta que el tribunal emita una sentencia al respecto. Esto provocó que miles de personas se manifestaban en  Sao Paulo contra la sentencia del juez Waldemar Claudio de Carvalho, mediante la que autoriza la aplicación de terapias de conversión, siempre que se realicen de manera privada y reservada y sin hacer publicidad de ellas.

La resolución del Consejo Federal de Psicología de Brasil establece que los psicólogos no podrán realizar ninguna acción que pretenda tratar como una patología a la homosexualidad.

El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil recordó en un comunicado que dicha norma señala que profesionales no pueden reforzar en sus sesiones los prejuicios sociales existentes en relación con la homosexualidad; además, prohíbe la participación su colaboración en “eventos y servicios que propongan tratamiento y cura de la homosexualidad”.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Desastre.mx/Cristianos Gays

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La Corte Suprema de Chile ordena tramitar recurso sobre el matrimonio igualitario

Lunes, 18 de febrero de 2019

Nicolas-tiene-dos-papas-A juicio de la Suprema, la negativa del Registro Civil de dar una hora de matrimonio a una pareja gay podría vulnerar derechos constitucionales. El recurso fue presentado por Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez, dos de los creadores del cuento “Nicolás tiene dos papás”. 

En un hecho inédito, la Corte Suprema revocó hoy una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible un recurso de protección a favor del matrimonio igualitario presentado por el periodista Ramón Gómez y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De esa manera los/as magistrados/as Sergio Muñoz Gajardo, Ricardo Blanco Herrera, Ángela Vivanco Martínez, Rodrigo Biel Melgarejo y el abogado integrante Pedro Perry Arrau, ordenaron que el recurso continúe con su tramitación en la Corte de Apelaciones, en tanto, la negativa del Registro Civil para dar el pasado 15 de enero una hora de matrimonio a la pareja podría vulnerar derechos constitucionales.

“Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente puedan constituir la vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”, señaló la Suprema.

Puntualizó que “se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación correspondiente”.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, valoró la determinación en tanto se ajusta a lo señalado previamente por la Corte Suprema, la cual ha considerado que el matrimonio es un derecho humano, así como a la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que garantiza la plena igualdad legal para las parejas del mismo sexo y para las familias homoparentales.

Arias explicó que una “vez devuelta la causa a la Corte de Apelaciones, se pedirá un informe al Registro Civil” para que explique porque negó la hora de matrimonio a Ramón y Gonzalo, una pareja con 19 años de relación que junto a otros profesionales ha producido diversos textos con temáticas LGBTI, entre esos “Nicolás tiene dos Papás” y “Educando en la Diversidad : orientación e Identidad de Género en las aulas”, este último recomendado por el Mineduc para trabajo en las aulas.

Tras conocerse el informe, precisó la abogada, tendrán lugar los alegatos.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, consideró que “la postura de la Corte Suprema da esperanzas ciertas de que en este país de una vez por todas se respete la universalidad de los derechos humanos de las personas LGBTI, los tratados internacionales ratificados por Chile y una garantía constitucional esencial,  como es la igualdad ante la ley. Estamos muy expectantes a lo que viene”.

En tanto, Velásquez se declaró “muy contento de recibir esta noticia en el Día del Amor. Aquí solo buscamos que se nos reconozcan los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, sin diferencias arbitrarias basadas en la orientación sexual de las personas.  Nos da mucha ilusión lo que está ocurriendo”.

Por último, Gómez dijo “que la Corte Suprema ya se ha abierto a la posibilidad de que se podrían estar vulnerado nuestros derechos humanos fundamentales. Esto es un paso hacia el reconocimiento de la dignidad y el respeto. Esperamos un fallo consistente con lo señalado por la Corte Suprema hoy, así como con lo indicado en el pasado sobre el matrimonio”.

En efecto, el pasado 26 de noviembre la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una ciudadana dominicana a quien el Registro Civil le había negado su derecho a contraer matrimonio con un chileno, argumentando que el vínculo sería ilegal porque la extranjera no tenía cédula nacional.

Junto con acoger el recurso, la Suprema estableció esa vez que  “las normas constitucionales y la convención internacional disponen que toda persona que habita el Estado de Chile es titular del derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, en lo cual la autoridad tiene el deber de ampararla”.

“Las normas constitucionales reconocen la posibilidad de contraer matrimonio como un derecho que emana de la naturaleza humana”, apuntó la Suprema.

Fuente MOVILH

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Madres lesbianas y su hija demandan al Estado de Chile por lesbofobia y por violentar el interés superior del niño

Martes, 5 de febrero de 2019

parejalesbicaysuhija-768x576Se trata de Mayra Opazo, Constanza Monsalves a quienes el Registro Civil de Viña del Mar y la Corte Suprema les negó el reconocimiento de ser ambas madres de Martina, una niña de un año. La demanda fue presentada con el patrocinio de abogados de la UDP y el Movilh.

Con el patrocinio de un destacado equipo de abogados de la Universidad Diego Portales y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una familia homoparental demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser discriminada por el Registro Civil, la Corte de Apelaciones de Viña del Mar y la Corte Suprema.

Se trata de las convivientes civiles Mayra Opazo, Constanza Monsalves y la de hija de ambas, Martina, quien nació el 17 de abril del 2017 tras un proceso de inseminación artificial. La familia vive en Villa Alemana, y es la primera de regiones que denuncia al Estado por lesbofobia.

El 26 de marzo del 2018 la pareja se dirigió al Registro Civil de Viña para pedir ser reconocidas como madres de Martina, pero la entidad se negó señalando que ello era ilegal. Por tal razón recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que el 15 de junio del 2018 rechazó el recurso de protección por dos votos contra uno, el de la Ministra doña Silvana Donoso Ocampo, quien estuvo por reconocer los derechos de la familia amparada en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia, negando el derecho de Martina a tener dos madres.

Desde ese momento, la familia comenzó a preparar una fundamentada demanda contra el Estado de Chile que contó con la asesoría de la abogada del Movilh. Mónica Arias y de los/as destacados/as abogados de la Universidad Diego Portales,  Francisco Cox Vial, Jorge Contesse Singh, Domingo Lovera Parmo, Tomás Vial Solar, Fabiola Lathrop Gómez, Macarena Sáez y Verónica Undurraga,

En la demanda, las madres alegan que han “sufrido violaciones a los derechos humanos “ que han significado para nosotras y nuestra hija, graves perjuicios y daños morales”, lo que afecta en el interés superior del niño.

Precisaron que el desconocimiento legal de la doble maternidad “implica negar que aquello es parte de su proyecto de vida familiar, quebrando nuestro proyecto pues, ambas – como pareja – nos sometimos al procedimiento médico, vivimos cada momento de forma intensa y nos involucramos emocionalmente con la idea de ser madres. En la actualidad, mientras solo Constanza tiene reconocida legalmente su calidad de madre Martina, ambas asumimos el de madres en el día a día”.

Añaden que “la prohibición de doble filiación materna (…) configura una injerencia arbitraria en nuestra vida privada, toda vez que influyen en nuestra planificación familiar, desarrollo personal y autodeterminación de ser madres. Con una limitación como la que arbitrariamente se nos impone, inevitablemente se deja afuera a una de las madres de su derecho a ser, sentirse y presentarse como tal. Del mismo modo, se priva a Martina del reconocimiento legal de su verdadera familia. Además, vulnera el derecho a la protección de la familia y protección de los derechos del niño en relación con el derecho a la vida privada, no permitiéndoles la consagración legal de su familia”.

En tanto, los juristas  la UDP y del Movilh precisaron que el negarse la doble maternidad, el Estado violentó normas nacionales e internacionales, entre esas la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el primer caso se transgredió el deber del Estado de proteger a la familia (artículo 1), de  respetar los tratados internacionales (artículo 5),  y de garantizar la igualdad ante ley y el derecho a la integridad física y psíquica (articulo 19), entre otras disposiciones constitucionales.

De igual manera se violentó la obligación  de los estados de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos (articulo 1), la protección de la familia (artí culo 17), los derechos del niño (articulo 19) y igualdad ante ley (articulo 24),  garantizados en el instrumento internacional, el cual reconoce derechos a las parejas del mismo sexo y sus hijos, según  pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esperamos que la Comisión acoja esta  justa demanda y que Chile sea sancionado”, finalizó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

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La Corte Suprema de Japón ha confirmado una ley que obliga a las personas trans a esterilizarse antes del proceso de reasignación de género

Sábado, 2 de febrero de 2019

screen_shot_2017-02-10_at_12.43.36_pmTakakito Usui (dcha),

La Corte Suprema de Japón ha confirmado una ley que obliga a las personas trans a esterilizarse antes de que puedan cambiar legalmente de género.

El panel de cuatro jueces falló unánimemente el jueves (24 de enero) para rechazar una apelación presentada por Takakito Usui, un hombre trans que quiere cambiar el género en sus documentos oficiales, informó el canal australiano SBS News.

Usui estaba tratando de derogar la Ley 111, la cual requiere que cualquier persona que busque cambiar su género legal no tenga “glándulas reproductivas o glándulas reproductivas que hayan perdido permanentemente su función”. Las personas trans también tienen que poseer “un cuerpo que parece tener partes que se asemejan a los órganos genitales de los del sexo opuesto”, según la ley de 2003, que fue declarada constitucional por los jueces del Tribunal Supremo.

Usui, cuya campaña legal ya ha terminado, respondió al fallo diciendo: “Lo esencial no debería ser si te has operado o no, sino cómo quieres vivir como individuo”.

En su decisión, los jueces dijeron que la Ley 111 prevenía “problemas” en las relaciones entre padres e hijos que podían resultar en “confusión” y “cambios abruptos” en toda la sociedad japonesa. Ofrecieron un poco de aliento a los activistas trans diciendo que la legislación era invasiva y que debería ser revisada regularmente a medida que las actitudes culturales cambian con el tiempo.

El juez presidente Mamoru Miura y otro juez también escribieron una opinión adicional en la que afirmaron que “están surgiendo dudas” sobre la Ley 111. “El sufrimiento relacionado con el género, sentido por las personas con trastorno de identidad de género, es también el problema de la sociedad en su conjunto, que debe abarcar la diversidad de la identidad sexual”, escribieron.

El abogado de Usui dijo que partes del fallo de los jueces podrían ayudar a la campaña más amplia para lograr que los políticos cambien la ley.

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El año pasado, el gobierno japonés anunció que disminuiría el coste de la cirugía de afirmación de género para las personas trans, siempre y cuando no estén recibiendo tratamiento hormonal y no tengan ninguna otra afección preexistente. Una vez que la cirugía está cubierta por el seguro público en Japón, el paciente sólo tendrá que pagar hasta el 30 por ciento de los gastos totales de la cirugía, informó Japan Times. Sin embargo, las personas trans en el país que buscan cirugías de transición de género todavía enfrentan numerosos obstáculos.

Los solicitantes deben ser estériles, solteros, sin hijos menores de 20 años, y someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir un diagnóstico de “Trastorno de Identidad de Género”, generalmente conocido como disforia de género en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Fuente Agencias

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Chile: Pareja gay presenta recurso para casarse y anuncian manifestación por el matrimonio igualitario

Sábado, 19 de enero de 2019

ramonygonzalo-300x225Hace dos días publicábamos la negativa del Registro Civil a la pareja.

Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez, dos de los cinco autores del cuento “Nicolás tiene dos papás”, presentaron el recurso contra el Registro Civil luego de que les negaran una hora de matrimonio. En tanto, la manifestación del Movilh será el 14 de febrero.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una pareja gay con 19 años de relación; el periodista Ramón Gómez (43) y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez (37), presentaron hoy un recurso de protección que les permita contraer matrimonio.

La acción legal fue interpuesta luego de que el martes pasado el Registro Civil se negará a dar una hora de matrimonio a la pareja argumentando que la ley no permite ese tipo de vínculos en Chile.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, explicó que el recurso se fundamenta en el artículo 5 de la Constitución de la República, donde se establece que Chile está obligado a respetar los tratados internacionales. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual ampara el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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Añadió que especialmente relevante es un fallo de la Corte Suprema, de noviembre pasado, donde estableció que todo habitante de nuestro país tiene derecho a contraer matrimonio, en tanto ese es un derecho humano. “Si la Corte de Apelaciones falla contra nuestro recurso, recurriremos a la Corte Suprema”, finalizó Arias

En tanto, el vocero del Movilh, Diego Ríos, apuntó que “si bien el fallo de noviembre se se refiere a una pareja heterosexual, todos entendemos que los derechos humanos son universales y que las personas homosexuales, son seres humanos. En ese sentido, junto a Ramón y Gonzalo estamos solo buscando igualdad ante la ley y el acceso el matrimonio. Llevamos años luchando por esta ley y no cesaremos. Por ello, el próximo 14 de febrero a las 15:00 horas nos manifestaremos a favor del matrimonio igualitario en el Parque Balmaceda”

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Explicó que “llamamos a todas las parejas del mismo sexo a casarse simbólicamente ese día”.

Por último, Velásquez y Gómez recordaron que con su demanda buscan “la plena igualdad, adoptar un hijo/a y que nuestro amor y derecho a formar familia, deje de ser considerado como de segunda categoría por el Estado y la sociedad”.

Fuente MOVILH

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Chile: Registro Civil niega hora de matrimonio a pareja gay con 19 años de relación

Jueves, 17 de enero de 2019

parejaPese a existir un fallo de la Corte Suprema que califica al matrimonio como un derecho humano. La pareja presentará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

 El Registro Civil negó hoy una hora de matrimonio a una pareja gay con 19 años de relación; el periodista Ramón Gómez (43) y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez (37); argumentando que tal unión está prohibida por la legislación chilena, por lo cual los afectados presentaran un recurso de protección con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

“Estamos tristes y decepciones por la negativa de un órgano del Estado a reconocernos los mismos derechos que al resto de las personas. Era predecible, pero eso no quita la tristeza. Si la Corte Suprema falló en noviembre pasado que el matrimonio es un derecho humano, entonces es evidente que hoy se han violado nuestros derechos humanos”, sostuvo Velásquez.

En tanto, Gómez añadió que “entregamos a la funcionaria que nos atendió, María Poblete, el fallo de la Corte Suprema así como un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se señala que el matrimonio igualitario está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento ratificado por Chile. Aún así se nos negó el derecho a casarnos”.

La pareja explicó que en la actualidad su principal motivación para contraer matrimonio es adoptar un niño o niña.

“Queremos que nuestro hijo o hija tenga los mismos derechos que otros y no que sea tratado como un niño o niña de segunda categoría, al impedirse jurídicamente el reconocimiento de su verdad, esto es que tendrá dos padres. Ningún niño o niña merece crecer y desarrollarse sobre la base de falsedades y desprotecciones jurídicas. Queremos entregar amor y afecto con la verdad y en igualdad derechos. Es la muestra máxima de amor”, añadió Velásquez.

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La pareja, que es autora del libro Nicolás tiene dos papás, comentó que “consultamos al Registro Civil qué sucedería si un fallo de la Corte Suprema reconociera nuestro derecho humano a casarnos, respondiéndonos que en ese caso los hechos deberían ser analizados muy a fondo por su departamento jurídico. Eso es lo que esperamos ocurra”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, apuntó que “tras la lamentable respuesta de hoy, presentaremos esta semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. De perder ahí, iremos hasta la Corte Suprema, la cual deberá ser coherente con el fallo que en noviembre pasado declaró al matrimonio como un derecho humano, luego de que el Registro Civil negara a una ciudadana dominicana casarse con un chileno porque no tenía sus papeles en regla”.

“Pues bien, en esa oportunidad el Registro Çivil dijo que no podía casar a la pareja, porque era ilegal. Lo mismo han dicho hoy. Lo que esperamos es que pese a ello, se privilegie la universalidad de los derechos humanos. Si la Corte falla contra Ramón o Gonzalo, estará, en sus propios términos, violando sus derechos humanos. Esperamos que ello no ocurra.”, finalizó Jiménez

Fuente MOVILH

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Pensilvania recibe 1.400 nuevas denuncias por abusos del clero en los cuatro meses después del informe del gran jurado

Sábado, 5 de enero de 2019

abusosEl horror…

“La credibilidad de la Iglesia no se reconstruye con estrategias de marketing”

Las Nunciaturas serán claves para afianzar el ‘Nunca más’ de la Iglesia frente a los abusos

El cardenal francés, Philippe Barbarin, a juicio por guardar silencio sobre casos de pederastia

Clara Martínez: “La víctima de abusos merece una respuesta más integral”

A un año de la visita papal a Chile, las víctimas piden justicia mientras prescriben las renuncias de los obispos

Víctimas de abusos en EEUU piden estar presentes en la cumbre anti-pederastia del Papa

Gil Tamayo pide “no criminalizar” a los curas porque la pederastia se da “en ámbitos familiares”

“Estáis venerando a Satanás”, le dicen a las monjas de la India, que denuncian abusos del clero

El arzobispo de Mendoza cierra un monasterio tras la detención de dos monjes por abusos

Los feligreses apoyan a un cura de Valdeorras, apartado por abusos sexuales: “Tu propia casa te señala”

La policía italiana investiga si un padre ordenó el homicidio de un pastor que abusó de sus hijas

Jorge Costadoat, sj: “La desautorización de la jerarquía en materias de moral sexual es enorme”

Ya son más de mil los curas acusados de pederastia en todo EEUU, según AP

“No creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma”, lamenta el fiscal del estado, Josh Shapiro

(C. Doody/AP).- La crisis de abusos en la Iglesia estadounidense sigue arrojando luces y sombras. Sombras como la que aún cubre las diócesis de Pensilvania, donde las autoridades civiles han recibido 1.400 nuevas denuncias por abusos del clero después de la publicación del informe de horrores del gran jurado en agosto. Y luces, porque la presión de la justicia está obligando a la Iglesia a ser más transparente en cuanto a los pederastas en sus filas.

En los últimos cuatro meses, diferentes entidades de la Iglesia en los Estados Unidos han publicado los nombres de más de mil sacerdotes y otras personas acusados de abuso sexual a menores, en una revelación pública sin precedentes provocada, al menos en parte, por la enorme investigación en Pensilvania, concluye Associated Press.

Casi 50 diócesis y órdenes religiosas han identificado públicamente a sacerdotes que abusaron de menores tras el reporte de Pensilvania de mediados de agosto y otras 55 han anunciado planes de hacer lo mismo en los próximos meses. En total, representan más de la mitad de las 187 diócesis del país.

La revisión llevada a cabo por la agencia también determinó que casi 20 investigaciones locales, estatales o federales, penales o civiles, han sido lanzadas desde la publicación de las conclusiones del jurado investigador en Pensilvania. Dichas investigaciones podrían hacer públicos más nombres y acusaciones, además de generar multas contra las diócesis y que se tomen medidas de seguridad ordenadas por las cortes.

“La gente vio lo sucedido en esas parroquias en Pensilvania y dijo: ‘Eso pasó también en mi parroquia’. Pudieron ver la relación y exigen la misma responsabilidad, dijo Tim Lennon, presidente de la junta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP).

En algunos casos, las acusaciones recién reveladas datan de hace seis o siete décadas; la más antigua de todas es de 1910 en Luisiana. La mayoría de los sacerdotes fueron apartados desde hace tiempo del sacerdocio y, según un análisis de la AP, más de 60% han muerto. En la mayoría de los casos, el plazo legal para cargos penales o demandas ha expirado.

No obstante, activistas dicen que exponer a los abusadores casi dos décadas después del estallido del primer escándalo en Boston en el 2002 es un paso alentador, en parte porque les da a algunas víctimas un sentido de vindicación tras décadas de silencio oficial o negativas.

Además, podrían aumentar las presiones contra las diócesis para establecer fondos de compensación a las víctimas, como lo hizo la iglesia en Pensilvania, y la dinámica en marcha podría desembocar en la expulsión de abusadores de puestos eclesiásticos que dan acceso a niños.

“Es un hito. Nos acercamos cada vez más a lo que debería ser, un reconocimiento verdadero a nivel nacional, dijo Joe McLean, que presentó una demanda junto con otras víctimas para obligar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a publicar los documentos sobre abusadores en todo el país.

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La crisis, en cifras

La investigación en Pensilvania, encabezada por el fiscal general Josh Shapiro, identificó a casi 300 “sacerdotes depredadores” en casos que datan de hasta siete décadas y acusó a los líderes de encubrir los abusos, en algunos casos readmitiendo a sacerdotes a sus labores tras breves temporadas en centros de tratamiento o simplemente mudándolos a otros sitios. Los activistas dijeron que el informe tuvo un gran impacto, porque ha sido el más extenso hasta el momento, abarcando casi todo el Estado.

“No es suficiente”, dijo Shapiro a AP a propósito de las nuevas medidas que se han adoptado contra la pederastia en la Iglesia estadounidense desde la publicación del informe del gran jurado. “Sin embargo, no creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma. Necesita fuerzas externas, idealmente de la justicia, para obligarle a rendir cuentas”.

La lista más grande de curas pedófilos que ha salido a la luz pública hasta ahora la publicó la provincia del oeste de la Compañía de Jesús, que abarca nueve estados en el oeste del país. Esta orden identificó a 111 sacerdotes pederastas. La archidiócesis de Nueva Orleans, por otro lado, publicó los nombres de 61 sospechosos, y la diócesis de Syracuse, en Nueva York, los de 57. La archidiócesis de Los Ángeles reveló más de medio centenar de sacerdotes pedófilos de la última década, mientras que la diócesis de Great Falls-Billings, en Montana, divulgó los nombres de 47 pederastas.

Mayor transparencia

Y es que si se puede decir que la publicación del informe del gran jurado de Pensilvania ha tenido un impacto positivo, porque el escándalo ha empujado a diócesis y órdenes como las anteriormente citadas a un mayor esfuerzo de transparencia, si bien es cierto que aún queda camino por recorrer.

Mientras que en los 16 años entre el escándalo de pederastia en la Iglesia de Boston  famoso por la película Spotlight y el informe de horrores de Pensilvania solo 30 diócesis publicaron sus listas de curas abusadores -en mayor parte obligadas por la justicia y no por iniciativa propia- en estos cuatro meses desde la investigación del gran jurado 13 diócesis han tomado el paso de invitar incluso a policías o jueces ya jubilados a revisar sus expedientes internos.

Diócesis como la de Little Rock, Arksansas, cuyo obispo, Anthony B. Taylor, recientemente publicó una lista de 12 curas abusadores y invitó a un asesor independiente a auditar los archivos de la Iglesia local. Taylor explicó a AP: “El informe del gran jurado de Pensilvania nos ayudó a reafirmar nuestra decisión de avanzar con lo que ya estábamos haciendo. Afectó el plazo, no tanto la decisión”.

Fuente Religión Digital

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La Corte Suprema de Honduras rechaza legalizar el matrimonio igualitario

Jueves, 15 de noviembre de 2018

e3cb398d-ee7e-43cf-b97a-4400f3df2f34La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha declarado “inadmisible” un recurso interpuesto por la comunidad LGTBI para que el Estado reconozca el matrimonio igualitario, lo que supone un duro golpe para los derechos del colectivo.

El portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte, dijo que el tribunal supremo declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad por “falta de legitimación, ya que no presentan documentos que acrediten estar legitimado”.

“Se declaró inadmisible, pero se les dice que tienen opción de volver a presentarlo bajo los parámetros que acrediten estar legitimado“, explicó Duarte a Efe.

El artículo 112 de la Constitución hondureña dice textualmente: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges“.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó el 9 de enero pasado que los Estados deben “reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.

Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”, agrega el criterio de la CorteIDH.

En América el matrimonio igualitario está autorizado en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

Fuente Oveja Rosa

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Holocausto de abusos en la Iglesia de Estados Unidos

Viernes, 17 de agosto de 2018

abusosPensilvania acusa a 300 sacerdotes de las violaciones de al menos mil niños

La Fiscalía denuncia “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia” en las diócesis y en Roma

Depravación entre los muros de la Iglesia católica

El informe del gran jurado de Pensilvania describe las agresiones sexuales a menores en manos de curas pederastas

El Vaticano llama criminales a los curas abusadores de Pensilvania y pide que asuman responsabilidades

La Iglesia siente “vergüenza y dolor” por los 300 casos de pederastia perpetrados por sacerdotes

Los obispos de EEUU piden una Visitación Apostólica por la “catástrofe moral” de los abusos

La Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE.UU.) publicó este martes un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de “sacerdotes depredadores” sexuales en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores.

El jurado explicó en el documento, que consta de 1.356 páginas, que ha identificado a unos 1.000 menores que han sido víctimas, algunos de ellos varones, aunque también hay chicas, y entre los que hay adolescentes y muchos preadolescentes.

“Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores, o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente”, denuncia el texto.

El jurado detalló que para elaborar este documento ha escuchado el testimonio de decenas de testigos y ha revisado medio millón de páginas de documentos internos de las diócesis.

En ese sentido, no descartó que el número real de víctimas ascienda a miles, ya que es posible que los registros de algunos menores se hayan perdido o que el afectado optara por mantener el silencio.

En el informe, el jurado criticó que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia “que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo”.

Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000, aunque el jurado subrayó que ha emitido acusaciones contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, que presuntamente ha estado abusando de menores en la última década.

En una rueda de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el informe detalla “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.

Aparte de las diócesis de Greensburg y Erie, el resto de las afectadas son las de Scranton, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh, todas ellas en Pensilvania.

El pasado 1 de agosto, la diócesis de Harrisburg, una de las implicadas, publicó una lista de 71 religiosos y seminaristas, algunos de ellos ya fallecidos, “acusados” de abusos sexuales a menores desde 1940.

Arrepentimiento, tristeza, vergüenza: las reacciones de la Iglesia

manifestaciones-vs-pederastiaRemordimiento profundo, grande tristeza, el abuso es despreciable y no tiene lugar en la Iglesia, shock, vergüenza… los obispos católicos del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos, respondieron con palabras claras al informe sobre los abusos sexuales presentado este martes.

“Es doloroso para quien sea que lo lea, en particular para los sobrevivientes a los abusos sexuales y para sus familias”, se lee en una declaración de la Diócesis de Filadelfia. “Estamos profundamente apenados por su dolor y seguimos en el camino de la sanación”. El obispo de Pittsburgh escribió en su declaración que en ningún modo se quiere “disminuir el dolor surgido”.

Todas las ocho diócesis de Pensilvania respondieron al informe preparado por el gran jurado, oficialmente encargado según el derecho procesal estadounidense en un procedimiento no público y con la ayuda de la policía, de investigar posibles comportamientos criminales.

El informe es el más completo elaborado jamás por una institución gobernativa en los Estados Unidos sobre casos de abusos. Además de los nombres mencionados en el dossier, emerge sobre todo la acusación de que la Iglesia tenía su propio “guión” para encubrir los casos.

Es necesario combatir contra este crimen “para garantizar -afirma la diócesis de Scranton- que ningún niño sea víctima de abusos y que ningún culpable sea protegido”. Esta diócesis también publica en su sitio web los nombres de 70 culpables, sacerdotes y laicos, incluidas las personas que no son mencionadas en el informe del Gran Jurado.

stoppedofiliaLa diócesis de Erie cita a 34 personas y los lugares donde viven y también se indican los nombres de 31 fallecidos. Entre los 65 nombres hay una mujer y un obispo. Según el sitio web diocesano, el prelado en particular no investigó las acusaciones de abusos en su área de competencia.

El obispo de Erie, Mons. Lawrence Persian, escribió directamente a las víctimas de los abusos.

Todas las diócesis, al igual que el informe mismo, subrayan que en los últimos años y décadas se han hecho grandes progresos en términos de transparencia. Éste es el camino a seguir, según el tenor de los pareceres.

Seguiremos haciendo expiación por los pecados de nuestro pasado y ofreceremos oraciones y apoyo a todas las víctimas de estas acciones”, manifestó el Obispo de Harrisburg, Mons. Ronald W. Gainer. “Nos comprometemos a proseguir e intensificar los cambios positivos para garantizar que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir nunca más… Quiero que los niños, los padres, los feligreses, los estudiantes, el personal, el clero y el público sepan que nuestras iglesias y escuelas son seguras; no hay nada que tomemos más en serio que la protección de aquellos que atraviesan nuestras puertas”.

Fuente Agencias/Religión Digital

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Corte Suprema chilena rechaza reconocer que una niña tiene dos madres

Sábado, 28 de julio de 2018

parejalesbicaysuhija-768x576El Movilh recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó una apelación interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) para que se reconociera el hecho de que una niña de un año, Martina, es criada por dos madres, las convivientes civiles Mayra Opazo y Constanza Monsalves.

Sin permitir los alegatos solicitados por la abogada del Movilh, Carolina Etcheverry, los ministros Sergio Muñoz Gajardo, Juan Fuentes Belmar, Carlos Aránguiz Zúñiga y los abogados integrantes Ricardo Abuauad Dagah y Julio Pallavicini Magnere, confirmaron así la sentencia dictada el pasado 18 de junio de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En tal fallo, el tribunal había negado por 2 votos contra 1 que el Registro Civil hubiese incurrido en alguna ilegalidad al negarse a inscribir a Martina con dos madres. Aunque el fallo las reconoció como familia, sostuvo que la legislación actual impide ese reconocimiento. Por el contrario, el voto disidente enfatizó que negar la doble maternidad vulnera el Interés Superior del Niño.

“Lamentamos el fallo de la Corte Suprema, pues significa que una niña de un año seguirá viviendo sin que el Estado reconozca a su verdad, a su historia y a sus madres. Si bien a juicio de la sentencia esto es más bien responsabilidad del Poder Legislativo que del Judicial, la Suprema bien pudo dar un paso más allá, al igual como ha ocurrido en tribunales de Argentina, Uruguay o España, donde juezas y juezas han hecho valer los principios de igualdad, no discriminación y de interés superior del niño sobre cualquier otra consideración a la hora de fallar sobre estas temáticas”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.,

El activista anunció que “sin duda recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Mayra, Constanza y Martina alcancen la justicia negada en su propio país y para que el Estado de Chile sea sancionado por este evidente abuso solo explicado en razón de la orientación sexual de la pareja”.

Fuente MOVILH

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Chile: Presidente de la Suprema afirma que opiniones consultivas de la Corte Interamericana de DDHH son vinculantes

Miércoles, 25 de julio de 2018

haroldo_brito-660x394El Movilh valoró la declaración de Haroldo Brito, porque una Opinión Consultiva llama a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y a reconocer los derechos de las familias homoparentales. Esto en momentos cuando la Suprema analiza una causa donde se demanda el reconocimiento de la doble maternidad.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, afirmó ayer que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y generan derechos, según declaraciones dadas a la Fundación Igualitos de Costa Rica y que comenzaron hoy a ser difundidas en Chile por el Movimiento de Integración y Liberación Homsosexual (Movilh).

Las opiniones consultivas orientan, vinculan, generan certezas en el alcance de los derechos”, señaló ayer Brito en Costa Rica, donde asistió a la conmemoración del 40 aniversario de la Corte Interamericana de DDHH.

“Es una gran noticia que el máximo representante del Poder Judicial valide y reconozca públicamente la necesidad de que los Estados respeten los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, en particular porque existe una opinión consultiva a favor de las familias homoparentales y del matrimonio igualitario”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Se trata de la Opinión Consultiva OC-24-7, donde la Corte Interamericana de DDHH llamó el 24 de noviembre del 2017 a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y a reconocer los derechos de familias compuestas por dos madres o dos padre.

Para el vocero del Movilh, Oscar Remetería, la Opinión Consultiva OC-24-7 “sumada a las recientes declaraciones de Brito, tienen doble relevancia al considerar que justo en estos momentos la Corte Suprema analiza un recurso de protección que presentamos para que se reconozca la existencias de dos madres”.

“Es de esperar, en consecuencia, que la Corte Suprema tenga un buen y positivo pronunciamiento sobre esta demanda”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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Chile: Corte Suprema admite a trámite el reconocimiento de la doble maternidad lésbica

Sábado, 30 de junio de 2018

parejalesbicaysuhija-768x576El Movilh, que representa a la pareja, festejó el avance en el Día del Orgullo y de su 27 aniversario.

En un hecho inédito la Corte Suprema acogió a tramitación un recurso de apelación interpuesto por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para que se reconozca la doble maternidad de las convivientes civiles Mayra Opazo y Constanza Monvalves, quienes crían una niña de un año, Martina.

La apelación tuvo lugar luego de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara por dos votos contra uno el reconocimiento de la doble maternidad, sosteniendo que legalmente solo una de las convivientes civiles podía ser reconocida como madre.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “esta buena noticia que conocemos en el Día del Orgullo y cuando nuestra organización cumple 27 años, esperamos que llegue a buen puerto. Martina tiene dos madres, esa la verdad. La justicia no puede negar la verdad, como tampoco oponerse a los derechos humanos y al interés superior del niño. En Chile, no hay norma que impida el reconocimiento de dos madres o dos padres. Solo el prejuicio ampara esa visión”.

En tanto la abogada del Movilh y representante legal de la pareja, Carolina Etcheverry, señaló que se está en presencia de un hecho inédito, pues por primera vez la Corte Suprema analizará la temática con un voto disidente favorable al reconocimiento de la doble maternidad.

En efecto, la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, sostuvo en su voto disidente que “al impedir que una familia homoparental se yerga como familia de una niña que fue gestada mediando inseminación artificial, respecto de la cual, desde luego, nunca habrá un padre que reclame tal calidad, deviene en incumplimiento de las normas internacionales puesto que le estamos negando la posibilidad de preservar su identidad en tanto mediante un reproche jurídico, no aceptamos esta forma de familia y, en consecuencia, dañamos uno de los atributos de su persona”.

Por último, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, adelantó que “en caso de que la Corte Suprema falle contra la apelación, lo cual esperamos no ocurra, es claro que recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que Chile sea sancionado por vulnerar el Acuerdo de Solución Amistosa que firmó con nuestra organización para el reconocimiento de la homoparentalidad”

Fuente MOVILH

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Chile: Derechos de personas trans hacen historia en la Corte Suprema y en el sistema de educación superior

Viernes, 1 de junio de 2018

640x0-noticias-pantallazo-de-twitter-de-movilh-1Por un lado la Corte Suprema autorizó el cambio de nombre y sexo legal de una persona trans sin necesidad de cirugías. Por otro, el Demre permitirá a estudiantes trans rendir la PSU con su nombre y sexo social, mientras la UC, la Usach y la Chile ya implementaron medidas en similar sentido.

Los derechos de las personas trans siguen avanzando en Chile tras inéditos pronunciamientos de la Corte Suprema y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) que marcan un antes y un después en el quehacer de los sistema de justicia y de enseñanza, en forma respectiva.

En efecto, ayer la Cuarta Sala Corte Suprema dictaminó que una persona trans pueda cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de someterse a cirugías, mientras que el DEMRE  autorizó que los estudiantes trans podrán postular a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) con su nombre y sexo social, lo cual a juicio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) refleja un nuevo clima social y cultural que es favorable para quienes tienen una identidad de género diversa.

El fallo de la Corte

Con el voto en contra del magistrado Ricardo Blanco, los jueces Haroldo Brito, Andrea Muñoz y los abogados Leonor Etcheberry y Rodrigo Correa, anularon dos sentencias previas  que se habían negado a cambiar el sexo legal de una persona trans.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez explicó que “esta sentencia es un hito, pues si bien ya existen fallos de tribunales que han posibilitado la rectificación de la partida de nacimiento sin exigir cirugías, es la primera sentencia donde la Corte Suprema refrenda este principio. Esto significa, en la praxis, que desde ahora todos los tribunales deberán autorizar el cambio de nombre y sexo legal sin cirugías”·

Añadió que “tras este gran e histórico fallo de la Suprema se esconde el sufrimiento de una persona que debió sortear tres instancias judiciales para que se reconociera su derecho, así como el esfuerzo de una gran abogada y persona, como lo es Lorena Lorca”, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con años de trayectoria en demandas de rectificación de partida de nacimiento

En el fallo se estableció que exigir cirugías para el cambio de nombre y sexo legal “sería quedarnos en una visión reduccionista que equipara el sexo en términos jurídicos, con solo una de sus exteriorizaciones, en este caso, la presencia de órganos genitales externos masculinos, obviando los mandatos constitucionales y valoraciones legales más importantes en desmedro de la identidad personal del involucrado”.

La Suprema explicó que “aún cuando nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente esta situación, la interpretación de la normativa vigente conduce a sostener, razonablemente, que no es posible rectificar el nombre de una persona sin que éste a su vez corresponda al sexo ahí señalado, de lo contrario la norma del artículo 31 inciso segundo del Registro Civil estaría siendo violentada

En clara crítica a los dos fallos previos de tribunales, la Suprema estableció que “los jueces de instancia cometen un error al señalar que no existiendo norma que regule y autorice la materia, el cambio de nombre y sexo legal de las personas transexuales ha quedado entregado al criterio personal de cada juez en lo civil que conoce del caso, toda vez que la interpretación de las leyes nacionales, como ha señalado reiteradamente nuestra jurisprudencia, debe ser efectuada a la luz de los principios constitucionales y legales, comenzando por el derecho a la identidad y la dignidad de las personas que se encuentran en estrecha vinculación, razón por la cual la primera le pertenece a todas las personas sin discriminación”.

“Las personas transgénero, deben ser siempre tratadas con pleno respeto y garantías a sus derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales. Aunque la categoría ‘identidad de género’ no esté explícitamente mencionada en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha entendido subsumida en ‘cualquier otra condición social’”, puntualizó la sentencia.

PSU para todos y todas

Por su lado, del Demre precisó que “a partir del Proceso de Admisión 2019”, el cual inicia el próximo 4 de junio, “los/las postulantes trans que se inscriban para la Prueba de Selección Universitaria, podrán ser llamados por su nombre social durante la rendición”.

En una guía difundida en el sitio oficial del Demre se explica que “en la ficha de inscripción PSU”, se podrá incluir el nombre social, el cual “será con el que se te identificará en la lista de llamado de la sala en que te corresponda rendir” la prueba.

Con todo, explicó el Demre, “tu nombre legal seguirá figurando en los documentos oficiales y en nuestro sistema para efectos de inscripción, entrega de puntajes, selección y matrícula mientras no se produzca el cambio de la partida de nacimiento”, trámite que debe efectuarse en tribunales.

Para el Movilh “este avance, más el pronunciamiento de la Suprema, habla de un clima social, cultural, académico y jurídico a favor de los derechos trans, que marca un antes y un después para la calidad de vida de este grupo humano. Sin duda, sus condiciones de vida están comenzando a mejorar, y seguirán por ese camino, lo cual emociona y refuerza la lucha para la plena igualdad social”.

Sin ir más lejos, el pasado lunes el director de asuntos estudiantiles de la Universidad Católica, William Young, anunció que los alumnos y alumnas trans podrán inscribir su nombre social en su tarjeta universitaria y correo institucional.

Tal medida se sumó a las anunciadas a comienzos de mayo por la Universidad de Chile, la cual informó que los estudiantes trans podrán inscribirse con su nombre y sexo social en todos sus registros y ser tratados según su géneros en cualquier tipo de comunicación.

En tanto, la Universidad de Santiago anunció hoy que el pasado 25 de mayo  “aprobó la normativa sobre uso del nombre social para estudiantes transgénero en los registros, documentación,  comunicaciones verbales y escritas de esta Casa de Estudios”

“El uso del nombre social se implementará en los documentos internos, tanto en ámbitos curriculares y extracurriculares, tales como: citaciones, memorandos, registros, listados, notas, actas, padrones electorales, constancias de asistencia, entre otros”, señaló la Usach en un comunicado

Notas relacionadas:

Fallo completo de la Suprema aquí

Fuente MOVILH

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Corte Suprema respalda la filiación y adopción homoparental

Martes, 10 de octubre de 2017

 corte_suprema-1024x576En un informe sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario que entregó al Senado. El texto destaca que la aprobación de la norma es un compromiso internacional de Chile ante la CIDH.

Por 10 pronunciamientos contra 5 el Tribunal Pleno de la Corte Suprema entregó al Senado un informe favorable a los derechos de filiación y adopción homoparental contemplados en el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Esto luego de que el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, consultara al máximo tribunal sobre aquellas normas del proyecto que modifican el artículo 30 de la Ley 4.808 sobre Registro Civil y el artículo 24 de la ley 19.620 sobre adopciones de menores, referidos al orden de los apellidos de los hijos/as de matrimonios entre personas del mismo sexo.

El proyecto de la presidenta Michelle Bachelet postula que serán los progenitores quienes decidirán el orden de los apellidos de su primer hijo en común. En el caso de los futuros hijos, el proyecto obliga a seguir la misma regla del primero. Ambas propuestas fueron aceptadas por la Suprema.

“La norma en análisis no merece reparos en cuanto otorga al juez o jueza que conozca del procedimiento de adopción, la atribución de determinar el orden de los apellidos del adoptado, sujetándola a la voluntad de los progenitores, por cuanto resulta una mención necesaria, en el contexto en que se encuentran los adoptantes y razonable, por cuanto no se advierte por qué se habría de sustituir a los progenitores en aquella decisión”, dice el Informe.

Explica que en la actualidad el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil exige que el apellido paterno vaya primero, pero “la adopción por parte de cónyuges del mismo sexo, genera la necesidad de establecer una regla que determine la forma de resolver el punto, lo que se verifica a través de la modificación propuesta”.

El presidente subrogante Milton Juica y el ministro Lamberto Cisternas se manifestaron a favor de las normas consultadas por el Senado, mientras que los jueces Sergio Muñoz Gajardo, Haroldo Brito Cruz, Andrea Muñoz Sánchez y Jorge Dahm Oyarzún apoyaron la totalidad del proyecto de ley, refiriéndose ampliamente al mismo.

Por su lado, los ministros Guillermo Silva Gundelach, Juan Fuentes Belmar, Ricardo Blanco Herrera y Manuel Valderrama Rebolledo presenciaron la sesión que trató el tema, pero no incluyeron consideraciones específicas en el informe despachado al Senado.

Por último, los/as ministros/as Héctor Carreño Seaman, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Rosa Egnem Saldías, Arturo Prado Puga y Patricio Valdés Aldunate se pronunciaron contra la decisión de informar, argumentando un tecnicismo. A su juicio, “ninguna de las normas consultadas queda comprendida en los términos del artículo 77 de la Constitución Política de la República”, la cual faculta a la Suprema a emitir opinión sobre determinados proyectos de ley.

Ministros Muñoz G, Brito, Muñoz S y Dahm

Tales magistrados analizaron en detalle el proyecto de ley de matrimonio igualitario, destacando o resaltando varios puntos del Mensaje Presidencial que lo encabeza.

En ese sentido, sostuvieron que en el Mensaje se establece que el proyecto de ley busca terminar “con discriminaciones odiosas que, sustentadas en prejuicios y arbitrariedades, actualmente impiden que estas personas adquieran el vínculo matrimonial”.

De esa manera, señala la Suprema al citar el Mensaje, se daría fin a “la discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas homosexuales, y que afecta todas sus interacciones con la sociedad; en tanto el matrimonio no es, ni ha sido jamás, una simple regulación de la propiedad, la herencia y la procreación (…) Es en ese sentido, indica que para cumplir con el deber moral, jurídico y con el mandato constitucional se hace necesario extender a las parejas homosexuales, la que se estima como “la más alta forma jurídica de protección a la familia”, esto es, el matrimonio y su estatuto”.

Los ministros recuerdan además que el proyecto de ley “se dicta en el contexto del compromiso que el Estado de Chile ha adoptado de velar para que la legislación promueva la dignidad de todas las personas sin distinción por su orientación sexual o identidad de género, con ocasión del acuerdo de Solución Amistosa, arribado ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las personas que indica y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh. Tiene presente, asimismo, las obligaciones internacionales que surgen a propósito de la sentencia en el Caso Atala Riffo, que constituye un referente a nivel global sobre no discriminación por orientación sexual y en cuanto al reconocimiento de nuevas formas de hacer familia por parte de personas homosexuales

Pero los ministros no solo recordaron o resaltaron lo señalado por el Mensaje del proyecto de ley, pues también emitieron opiniones propias.

A su juicio “las modificaciones al Código Civil lo que hacen es adaptar su lenguaje para darle un carácter igualitario a la institución del matrimonio”

En tal contexto comparten “la conveniencia de establecer una regla que vincule a los progenitores con la decisión que tomaron, en relación al orden de los apellidos, cuando inscribieron a su primer hijo común. Ello va en beneficio de interés superior del niño o de la niña en la medida que contribuye a hacerlo sentir parte de una familia con un mismo origen en relación a los otros hermanos, lo que reafirmará su identidad. Por otra parte, es una regla que concilia este interés de los hijos con la autonomía de la voluntad de los progenitores en la medida que les da la oportunidad que sean ellas o ellos quienes decidan el orden de los apellidos que llevarán sus hijos comunes, ero una vez ejercida dicha facultad deben someterse a esa decisión en beneficio de los niños”.

En este plano, Muñoz y Dahm advirtieron, por último, que de aprobarse el matrimonio igualitario se provocará desigualdad en relación a las parejas heterosexuales, las cuales no pueden decidir el orden de apellidos de los hijos. Por ello, dichos ministros aconsejaron aprobar un proyecto de ley (. (boletín 10.396) que termina con este problema que afecta a las parejas de distinto sexo

Reacción del Movilh

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó ayer los pronunciamientos de la Suprema y en especial de los ministros Sergio Muñoz, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Jorge Dahm

“En su informe los ministros reconocen y respetan la diversidad familiar, lo cual sin duda servirá como argumento para el avance del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en el Congreso Nacional”

El organismo añadió que “el informe cumple además con el compromiso internacional que asumió el Estado de Chile ante CIDH. Esperamos que el Legislativo se ponga también a la altura de estas circunstancias. En la actualidad es muy claro que el Poder Ejecutivo y Judicial están más avanzados que el Legislativo en materia de igualdad de derechos para la diversidad sexual y de género”

Fuente MOVILH

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Presidente de la Corte Suprema chilena aborda con el Movilh el matrimonio igualitario y los derechos de los niños trans

Sábado, 27 de mayo de 2017

reunionTambién se trató la Ley de Identidad de Género y todos los contenidos del Acuerdo por la Igualdad que el Estado asumió ante la CIDH.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, dialogó hoy con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) sobre las diversas demandas y propuestas de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, así como sobre los recientes fallos de tribunales relativos al tema.

En la cita de una hora se abordó especialmente el Acuerdo por la Igualdad que el Estado se selló con el Movilh con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicho Acuerdo el Estado se comprometió a legalizar el matrimonio igualitario, aprobar la ley de identidad de género, permitir la adopción homoparental y mejorar y reformar el Acuerdo de Unión Civil y la Ley Zamudio, entre otros temas.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, comentó que “en una conversación muy franca y grata, Dolmestch enfatizó que ha existido un importante cambio al interior de tribunales que es favorable a los derechos LGBTI, donde las nuevas generaciones juegan un rol de primer orden. Coincidimos en que han surgido nuevas interpretaciones de los jueces que son cada vez más favorables a nuestros derechos, sin discriminaciones basadas en la orientación sexual o la identidad de género”.

En ese sentido, en la cita se trataron los fallos de tribunales y de la Corte Suprema sobre el libro “Nicolás tiene dos papás”, sobre la homo-parentalidad, sobre la identidad de género y sobre los derechos de los niños y jóvenes trans. Especialmente se abordó el fallo del magistrado del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Luis Fernández, quien autorizó el cambio de nombre y sexo legal de una menor de 5 años.

“Aprovechamos la ocasión para expresar nuestro reconocimiento a Fernández y para lamentar que la ONG cristiana Comunidad y Justicia, presentará un demanda por prevaricación contra él por autorizar el cambio de nombre y sexo legal de una niña”, dijo Jiménez.

“Dolmestch fue muy claro en explicar que la prevaricación implica acusar a un juez de ilegalidad. En este contexto, y basado en los antecedentes preliminares sobre el caso que le aportamos, el presidente de la Corte Suprema ve muy difícil que la demanda contra Fernández prospere”, dijo Jiménez.

El dirigente puntualizó que “con la reunión de hoy, Dolmestch ha dado una gran señal de apertura y de respeto a las personas LGBTI, lo cual valoramos profundamente. El Poder Judicial ha venido cambiando para mejor en torno a nuestros derechos humanos y la cita de esta jornada es como un símbolo de tales transformaciones”.

Fuente MOVILH

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La Justicia de Chile ordena a una clínica privada a reconocer y respetar la identidad sexual de una niña trans

Viernes, 18 de noviembre de 2016

clinica_alemanaDefensores de los derechos de las personas LGTB han festejado la resolución, calificándola de un “hito para los derechos de niñas y niños transgéneros”.

La Corte Suprema chilena ha ratificado un fallo que ordena a una clínica privada de Santiago de Chile a reconocer la identidad de género de una niña en la ficha médica, aún cuando la menor no ha cambiado su nombre y sexo legales en el registro civil.

La activista trans del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Paula Dinamarca, precisó que “este fallo marca un hito para los derechos de las niñas y niños trans, pues obliga a respetar la identidad de género desde la más tierna infancia. Y para ello, el fallo argumenta que el interés superior del niño exige respetar la identidad de género, tanto si hubiese o no efectuado un cambio en la partida de nacimiento. Es todo un avance”. También añadió que “desde 2013 el Ministerio de Salud exige a los servicios de salud respetar la identidad de género de las personas trans, por tanto el rechazo de esta clínica a esta exigencia tiene más que merecida su sanción”.

Dinamarca comentó que “fue el pasado 13 de enero cuando la Clínica Alemana notificó por correo electrónico a la familia de la niña que no cambiaría los datos de su ficha médica, aún cuando así lo habían solicitado los padres. Esta medida se mantuvo firme en reuniones posteriores de los padres con representantes de la Clínica”.

En efecto, el 27 de enero anterior, la jefa de atención al cliente de la Clínica Alemana, María Francisca Geisse, señaló por carta a la familia de la niña que “no es posible acceder a la solicitud de la modificación de datos de la ficha clínica y atenciones de urgencia”, pues la información de los pacientes “se asocia a su cédula de identidad”.

Teniendo en consideración la igualdad ante la ley, la no discriminación y el interés superior del Niño, derechos garantizados en la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en forma respectiva, la Corte Suprema finalmente desestimó la postura de la Clínica Alemana,

El Comité de los Derechos Niño de la ONU “espera que los Estados interpreten el término ‘desarrollo’ como un concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”, señaló la Corte al citar la Observación General Número 5 del órgano internacional.

“La actuación de la Clínica Alemana, en orden a no incorporar en sus diversos registros a la niña, con su nueva identidad, establecida por sentencia ejecutoriada, sólo porque no se ha materializado la inscripción correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación (…) resulta completamente infundada, especialmente si se tiene en cuenta que la referida inscripción sólo tiene un sentido de publicidad, la que en caso alguno puede prevalecer sobre la dignidad de la persona, el interés superior del niño y la garantía constitucional de la igualdad; derechos todos que se han conculcado por la recurrida con su negativa caprichosa y antojadiza que sin duda la torna arbitraria, por lo que la acción de protección será acogida”, puntualizó la corte.

Fuente MOVILH

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Transexuales solicitan por primera vez directamente al Registro Civil el cambio de nombre y sexo legal pero este se niega

Lunes, 18 de enero de 2016

transregistro-e1452874015894-1024x768Álex Martínez y Paula Dinamarca

Dos transexuales presentaron la primera solicitud efectuada hasta ahora en Chile, después de que la Corte Suprema indicara que el cambio de nombre y sexo legal debe realizarse en el Registro Civil pero la entidad no acogió la solicitud, señalando que está inhabilitada legalmente.

El Registro Civil se declaró hoy inhabilitado legalmente para cambiar el sexo y nombre legal de un hombre, Alex Martínez, y de una mujer trans, Paula Dinamarca, con lo cual el Estado ha “contravenido las recomendaciones de la Corte Suprema, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de variadas relatorías de la ONU”, señaló hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Martínez y Dinamarca llegaron a eso de las 11:00 horas a la oficina Central del Registro Civil en Santiago y tras consultas a variados funcionarios la repuesta fue una sola: no acogerían su solicitud de cambio de la partida de nacimiento.

“Es muy triste y doloroso que te nieguen el derecho a ser identificado como tú quieres. Yo soy un hombre, así me relaciono con mi entorno, así me ven las personas, pero mi cédula de identidad dice otra cosa. En vez de resolverse esto rápidamente, me envían a tribunales a hacer el trámite como si hubiese cometido un delito”, dijo Martínez.

Dinamarca añadió que “se ha hecho oídos sordos a los derechos humanos de las personas trans. ¿Por qué alguien debería llamarme con un nombre que me menoscaba? El nombre que aparece en mi cédula me humilla, violenta mi dignidad, y el Estado se lava las manos ante esta situación”.

En este contexto, la abogada del Movilh, Melisa Manfredi precisó que próximamente presentará un recurso de protección por estos hechos, teniendo como aval un informe de la Corte Suprema, que dice que el cambio de nombre y sexo legal debe realizarse en el Registro Civil, así como recomendaciones de la CIDH y de la ONU, instancias que exigen que el trámite sea rápido y ágil, lo cual no garantizan los tribunales chilenos.

En efecto, el pasado 20 de noviembre, y en el marco de la tramitación de la Ley de Identidad de Género, la Corte Suprema señaló en un informe enviado al Senado que la rectificación de la partida de nacimiento debía efectuarse en el Registro Civil porque ello “resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial”.

A ello se suma que en la actualidad la Ley 17.344 sobre cambio de nombres y apellido, permite a las personas cambiar su identidad legal, si la otorgada al nacer resulta ridícula, “risibles o menoscaba moral o materialmente”.

El tema fue incluso abordado por el dirigente del Movillh, Rolando Jiménez, con el director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo. “Él nos ha reiterado que están de acuerdo con que el trámite se realice en el Registro Civil, pero claro, argumenta que están de manos atadas por la ley actual que les niega esta facultad”, dijo Jiménez.

“Aquí entonces es el Estado como conjunto el responsable de estos hechos, y si tribunales no acogen el recurso de protección que presentaremos, por cierto que recurriremos a organismos internacionales, nuevamente iríamos al extranjero a buscar la justicia en nuestro propio país”, apuntó Jiménez.

El organismo añadió  que “desde el 2003 que venimos diciendo a todos los gobiernos que el Registro Civil está de acuerdo con nuestra demanda, pero no escuchan”.

Fuente MOVILH

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