Alejandro Angulo Tapia busca cumplir en libertad sus últimos dos años de condena. La Corte Suprema ordenó revisar su petición. El Movilh recordó que, en 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que Angulo Tapia presenta “alto riesgo de reincidencia general y en delitos violentos”, al negarle  en esa oportunidad la libertad condicional.

Alejandro Angulo Tapia, uno de los cuatro asesinos de Daniel Zamudio, recurrió a la Corte Suprema para que le rebajen su condena, según información proporcionada hoy por La Tercera.

“Recurrió al máximo tribunal después de que no fuera considerado para la Comisión de Reducción de Condena”, señaló el medio tras añadir que la “Corte Suprema ordenó revisar” su solicitud.

En tal sentido, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó hoy que Angulo Tapia, insista en rebaja su condena o cumplirla en libertad condicional, “peticiones que, de ser aceptadas, serán un peligro público”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, recordó que “Angulo fue uno de los agresores más brutales de Daniel y su peligrosidad quedó en evidencia incluso cuando estaba tras las rejas, pues desde la cárcel, en 2020, amenazó con asesinar a otras personas”.

En efecto, en un video difundido en 2020 por el Movilh, Angulo señaló: “¿Quieren que me vuelva loco y mate a otro weón?, ¿eso quieren? Están a punto de conocerme, basuras cu…, weón. Conmigo no, conche…, conmigo no. Me han visto muy piola, weón. Les voy a sacar la conch… giles cul weón. Basuras de mierda. Esta ciudad está llena de weones hediondos a pescado. No tienen idea” (sic).

Asimismo, Jiménez recordó que, en octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la libertad condicional solicitada por Angulo Tapia, considerando que presenta “factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado”.

En esa ocasión, la Corte concluyó además que Angulo Tapia presenta “alto riesgo de reincidencia general y en delitos violentos, cuyo es el caso que lo mantiene privado de libertad, esto es, un homicidio calificado de connotación pública. Además, presenta características de personalidad de potencial criminógeno, como problemas de autocrítica y autoconciencia, en espera de iniciar un plan de intervención individual, pues solo recientemente ha mostrado interés por participar en una intervención”.

En octubre del 2013 Patricio Ahumada Garay fue condenado a presidio perpetuo simple, mientras que Alejandro Angulo y Raúl López recibieron 15 años de cárcel y Fabián Mora Mora 7 años por el asesinato de Daniel Zamudio.

Las penas comenzaron a correr desde el 9 de marzo del 2012, fecha cuando los asesinos fueron detenidos, seis días después de que atacaron y torturaron a Daniel.

Fuente MOVILH

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Dos casos recientes sugieren que la era de las escuelas seculares está llegando a su fin.

Por Pema Levy, viernes 2 de mayo de 2025

Este artículo apareció por primera vez en Mother Jones. Se ha vuelto a publicar con el permiso de la publicación.

En los Estados Unidos modernos, la educación religiosa se ofrece en escuelas privadas o en entornos de educación en el hogar. La educación pública, por el contrario, es secular, porque el gobierno no se dedica a patrocinar el adoctrinamiento religioso. Pero en dos casos que la Corte Suprema escuchó durante la última semana, los jueces parecen dispuestos a desechar la educación pública tal como la conocemos y marcar el comienzo de una nueva era en la que el dinero de los impuestos fluye a las escuelas religiosas y la religión puede dictar lo que se enseña en las aulas públicas. Cuando se tomen las decisiones, la educación pública puede cambiar para siempre.

El martes, los jueces escucharon argumentos en el caso de Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, un caso sobre si Oklahoma debe financiar una escuela autónoma religiosa que lleva a cabo instrucción religiosa y organiza actividades religiosas, incluida la misa. En lugar de considerar esto como una afrenta a la separación de la iglesia y el estado, cuatro jueces designados por los republicanos parecieron indignados ante la idea de que un estado financiara una escuela autónoma centrada en la inmersión lingüística o en las artes, pero no una centrada en la instrucción religiosa. Sin reconocer nunca que la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda (“El Congreso no hará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión”) prohíbe la religión patrocinada por el gobierno, varios expresaron un enojo palpable porque permitir solo escuelas autónomas seculares era una forma de discriminación antirreligiosa.

«Lo único que dice la escuela religiosa es: ‘No nos excluyan por nuestra religión‘», dijo el juez Brett Kavanaugh. “Si solicitas admisión en una escuela concertada, ya sea de estudios ambientales, de ciencias, de inmersión en chino o de gramática inglesa, puedes entrar. Y luego, al llegar, dices: «Somos una escuela religiosa». Es algo como, ‘Oh, no, no puedo hacer eso, es demasiado’. «Eso da miedo.» Continuó: «En Estados Unidos, no se puede tratar a las personas, las instituciones y el discurso religioso como si fueran de segunda clase… Y cuando se tiene un programa abierto a todos excepto a la religión… eso parece una discriminación flagrante contra la religión«.

El caso proviene de Oklahoma, donde la ley estatal exige que las escuelas charter públicas sean seculares. Sin embargo, la archidiócesis católica de Oklahoma City y la diócesis de Tulsa buscaron crear la primera escuela autónoma religiosa del país. Llamada Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, sería una escuela en línea que infundiría la enseñanza católica en su plan de estudios y requeriría que los estudiantes asistieran a una programación religiosa. La Junta Escolar Virtual del Estado de Oklahoma otorgó la carta constitutiva, pero el fiscal general republicano de Oklahoma, Gentner Drummond, solicitó a la Corte Suprema de Oklahoma que ordenara a la junta revertir su decisión. «No se trata del libre ejercicio de la religión«, afirmó Drummond. Esto es adoctrinamiento religioso financiado por los contribuyentes y patrocinado por el Estado. Eso es lo que es. Simplemente hay que llamarlo por su nombre.

La Corte Suprema de Oklahoma estuvo de acuerdo en que la carta era ilegal porque la ley de Oklahoma exige que las escuelas charter públicas sean seculares. Entonces la junta y St. Isidore apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La jueza Amy Coney Barrett se recusó porque es amiga de un profesor de derecho que asesoró a la escuela. El resultado de los argumentos orales del miércoles fue cuatro designados por el Partido Republicano que parecían dispuestos a marcar el comienzo de una nueva era de escuelas públicas religiosas y tres designados por el Partido Demócrata que se oponían a tal medida. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el único designado por el Partido Republicano que no reveló sus intenciones, aunque sus preguntas demostraron que era escéptico respecto del argumento contra las escuelas autónomas religiosas.

Los argumentos se centraron técnicamente en si las escuelas charter públicas son en realidad escuelas públicas o entidades privadas. Si son públicos, como los define la ley de Oklahoma, entonces la garantía contra el establecimiento de una religión es un argumento más fuerte. Pero si las escuelas son en realidad privadas, como insiste St. Isidore’s, junto con la junta de escuelas charter y la administración Trump, entonces es más difícil argumentar que las entidades religiosas privadas no deberían tener derecho a los mismos contratos charter que cualquier otra organización. Sin embargo, ya sean públicas o privadas, la cuestión es que las escuelas charter están financiadas por los contribuyentes, lo que significa que el debate más amplio gira en torno a la financiación pública de la educación religiosa y a si se debe integrar la instrucción religiosa en las ofertas educativas estatales.

Los jueces Kavanaugh y Samuel Alito fueron los defensores más vehementes de las escuelas autónomas católicas, sugiriendo repetidamente que la única razón por la que uno podría negar a una institución religiosa fondos fiscales para administrar una escuela es la intolerancia antirreligiosa. Alito llegó incluso a sugerir que el requisito de la constitución de Oklahoma de proporcionar una educación pública secular estaba basado en un sentimiento anticatólico. «Toda esta postura que usted defiende parece estar motivada por la hostilidad hacia religiones específicas«, le dijo Alito a Gregory Garre, ex fiscal general de Estados Unidos que representa a Drummond.

Garre contraatacó. «No creo que el tribunal pueda tratar cualquier prohibición de financiación similar como si estuviera motivada simplemente por la intolerancia«, dijo Garre. «Si lo hiciera, creo, francamente, que la jurisprudencia sobre la cláusula de establecimiento con respecto a las escuelas públicas se derrumbaría«.

Escuchando los argumentos, parece posible que eso sea lo que Alito y algunos de sus colegas quieren. En los últimos años, la mayoría republicana en la corte ha eliminado cada vez más los ladrillos que separan a la Iglesia del Estado, incluso en el ámbito de las escuelas. Aunque la cláusula de establecimiento de la Constitución solía proteger la separación, los jueces conservadores parecen haber decidido que la cláusula de libre ejercicio exige que el Estado no pueda hacer nada para mantenerla: la libertad de religión es cada vez más la libertad de llevar la religión a todos los rincones de la vida estadounidense, incluida la educación pública.

Alito también sugirió que Drummond estaba motivado por prejuicios contra las religiones no cristianas debido a comentarios en los que sugería que los habitantes de Oklahoma podrían aprobar las cartas cristianas, pero no las cartas de religiones que la mayoría ve con sospecha. Garre defendió a su cliente simplemente exponiendo la realidad política de la instrucción religiosa patrocinada por el estado: «Una vez que se abren los programas gubernamentales y se incorpora a la gente para que forme parte del gobierno, y se aprueba una religión, no otra religión, o esta religión, habrá conflictos a raíz de eso«, dijo. «Es, francamente, una de las razones por las que, para empezar, tenemos una cláusula sobre religión en la Constitución«.

Kavanuagh se abalanzó sobre la sugerencia de Garre de que la decisión del gobierno de elegir qué religiones obtendrían escuelas concertadas públicas podría crear «conflictos«.

«Parece que los conflictos también pueden surgir cuando las personas religiosas sienten que están siendo excluidas por ser religiosas«, dijo a Garre. «Creo que se olvida de una parte del país cuando dice que ese tipo de resultado no provocaría conflictos«.

Como lo demostró el comentario de Kavanuagh, los jueces designados por los republicanos parecían sentir que hoy en Estados Unidos son las personas religiosas las víctimas de discriminación y cuyas necesidades son ignoradas.

Los designados demócratas abordaron el caso de manera muy diferente. Parecían considerar claramente que las escuelas charter públicas son escuelas públicas y que Oklahoma tenía el derecho a decidir que sus escuelas públicas debían ser no religiosas. Los jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson compararon la situación con la de un gobierno local que solicita contratos para pintar murales de paisajes en edificios públicos. Si un pintor religioso propusiera un mural lleno de símbolos religiosos, preguntó Jackson, ¿sería una violación de sus derechos religiosos que el gobierno le negara un contrato? ¿Acaso esa persona diría: ‘Me rechazan como pintor por mi religión‘… cuando, en realidad, lo que el Estado está diciendo es: ‘Ofrecemos un beneficio público específico, y ese beneficio es un mural no sectario, un mural secular, y como no lo desean, rechazamos su propuesta’?

La jueza Elena Kagan destacó que, de acuerdo con su fe, las escuelas autónomas religiosas no sólo pueden enseñar las creencias religiosas como un hecho, sino que también deben tratar de respetar los programas de estudio exigidos por el estado y los requisitos de no discriminación. Hoy en día, St. Isidore’s podría prometer enseñar el contenido requerido por la ley de Oklahoma. ¿Pero por qué una comunidad jasídica de Nueva York no pudo lograr que el estado pagara una yeshivá que enseña sólo textos religiosos en yiddish, hebreo y arameo? El abogado de San Isidoro no podía negar la posibilidad.

Más tarde, Kagan le pidió a Garre que compartiera lo que predice que sucedería si la Corte Suprema determinara que los estados deben permitir las escuelas autónomas religiosas, lo que esencialmente marcaría el comienzo de una era de escuelas religiosas públicas.

En primer lugar, todas las leyes de escuelas chárter y el programa federal de escuelas chárter son inconstitucionales, porque exigen que las escuelas chárter sean públicas y no sectarias. Por lo tanto, nos enfrentamos a la confusión e incertidumbre que esto genera, para empezar. A partir de allí, Garre predijo que algunos estados podrían terminar con los programas charter por completo, alterando la educación, mientras que otros impulsarían y darían cabida a los programas charter religiosos. Previó disputas sobre si la ley federal que exige educación para niños discapacitados se aplicaría a las escuelas charter consideradas privadas. Todos los aspectos de este nuevo régimen educativo pasarían por la Corte Suprema. Predijo litigios sobre qué estudiantes pueden asistir, quién puede enseñar («¿puedes tener un profesor gay?«) y, finalmente, sobre el plan de estudios en sí. Las preguntas sobre lo que se puede enseñar no se resolverán a través del proceso democrático local, sino a través de nueve jueces de la Corte Suprema.

Este caso por sí solo sería una bomba si el tribunal ordena que los estados comiencen a financiar las escuelas religiosas a través de sus programas de escuelas charter. Pero este período, la Corte Suprema está preparada para dar un doble golpe. La semana pasada, el tribunal escuchó argumentos en el caso Mahmoud v. Taylor, en el que consideró si los padres religiosos podían excluir a sus hijos de clases que no se ajustaran a sus creencias. Una vez más, la mayoría designada por el Partido Republicano pareció dispuesta a ponerse del lado de los demandantes y permitir que los padres religiosos saquen a sus hijos del aula cuando se enseña material al que se oponen, una política que amenaza con crear una puerta trasera a través de la cual los padres religiosos tienen poder de veto sobre elementos del currículo y el debate en clase.

En cualquier escuela que no pueda acomodar a los niños que abandonan el aula y se les proporcionen materiales alternativos, las preferencias religiosas de una minoría parecen destinadas a dictar el currículo para todos. El resultado probable es la eliminación generalizada del contenido LGBTQ. Los profesores pueden tener miedo de responder una pregunta sobre un político gay, por ejemplo, o incluso de mostrar una foto de su pareja del mismo sexo en su escritorio.

Si los jueces deciden en los próximos meses permitir la exclusión religiosa en las escuelas públicas y la creación de escuelas concertadas religiosas, es difícil imaginar que la educación pública no cambie profundamente. En muchos distritos, las decisiones en conjunto probablemente significarían que las únicas opciones escolares financiadas con fondos públicos serían explícitamente religiosas o limitadas por las preferencias religiosas de ciertos padres.

El presidente Donald Trump, cuya administración ha defendido los intereses religiosos en ambos casos, ha ordenado el cierre del Departamento de Educación y ha amenazado con retener la financiación a las escuelas que participen en programas de diversidad, equidad e inclusión. Pero la capacidad del presidente para dirigir los programas de estudio de las escuelas públicas es limitada, porque la educación pública está controlada principalmente a nivel estatal y local.

La Corte Suprema, por otra parte, puede reformular dramáticamente la educación pública, trascendiendo las fronteras geográficas para tomar decisiones para distritos y escuelas individuales. Cuando se trata de la agenda de la derecha religiosa para devolver la religión a las aulas públicas, no es la administración a quien más hay que temer, sino la Corte Suprema.

Fuente LGBTQNation

Budismo, Comunidad Bahá'í, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Ámbito educativo, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Corte Suprema, EE.UU., Elena Kagan, Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, Gentner Drummond, Gregory Garre, John Roberts, Ketanji Brown Jackson, Oklahoma, Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, Partido Republicano (PR), Primera Enmienda, Religiones, Samuel Alito, Sonia Sotomayor

El senador estatal de Oklahoma, Dusty Deevers (republicano)

Los republicanos en al menos otros cinco estados han presentado resoluciones similares.

Por Daniel Villarreal Miércoles 7 de mayo de 2025

El senador estatal nacionalista cristiano de Oklahoma, Dusty Deevers (R), y el representante estatal, Jim Olsen (R), presentaron una resolución pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque Obergefell v. Hodges, la decisión de 2015 de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Los legisladores republicanos en al menos otros cinco estados han presentado resoluciones similares, todas ellas en gran medida simbólicas y no vinculantes.

La Resolución Concurrente 8 del Senado afirma que el fallo de 2015 del Tribunal Supremo entra en conflicto con el significado original de la Constitución de los Estados Unidos, los principios fundadores del país y «la historia y tradición profundamente arraigadas» con respecto a la regulación estatal de los derechos matrimoniales. También señala que el 75% de los votantes de Oklahoma apoyaron la prohibición de cualquier reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en una medida electoral de 2004.

La resolución se refiere a la decisión de la Corte Suprema como una «intrusión gubernamental injustificada«, acusa al alto tribunal de abusar de «la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda para fabricar derechos sustanciales» y dice que la decisión de 2015 está «socavando las libertades civiles» de los estados «sin ninguna justificación constitucional válida para hacerlo».

«Durante milenios, el matrimonio se ha entendido, tanto en la enseñanza bíblica como en la tradición angloamericana del derecho consuetudinario, como la unión pactada para toda la vida entre un hombre y una mujer«, afirma la resolución. «Obergefell rechazó arbitraria e injustamente y prohibió a los estados reconocer esta definición de matrimonio en favor de su propia definición de matrimonio y una interpretación novedosa y errónea» de la Constitución de los Estados Unidos.

También señala que las juezas demócratas Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan habían oficiado previamente bodas entre personas del mismo sexo antes del fallo y «deberían haberse recusado» del caso Obergefell. Afirma, además, que la decisión ha dado lugar a litigios dirigidos directamente contra propietarios de negocios cristianos que se niegan a acoger a parejas del mismo sexo y ha dado lugar a que los cristianos sean vilipendiados como «intolerantes«.

«Obergefell jugó un papel en la eliminación de las distinciones biológicas en otros ámbitos, amenazando la privacidad, la seguridad y las oportunidades deportivas de las mujeres«, agrega la resolución, estableciendo una conexión dudosa entre el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos civiles de las personas transgénero.

Si la resolución es aprobada por los legisladores estatales, se distribuirán copias de la misma a la Corte Suprema, al presidente del Senado de Estados Unidos, al presidente de la Cámara de Representantes, a los miembros de la delegación del Congreso de Oklahoma y al fiscal general de Oklahoma, afirma la resolución.

Se han presentado resoluciones similares en al menos otros cinco estados: Michigan, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

La resolución de Deevers & Olsen se basa en malas interpretaciones jurídicas

La decisión del tribunal de 2015 se basó parcialmente en el fallo del Tribunal Supremo de 1967 en el caso Loving v. Virginia, que otorgó derechos matrimoniales a parejas heterosexuales formadas por individuos de diferentes etnias raciales.

«Si los derechos se definieran según quién los ejerciera en el pasado, entonces las prácticas recibidas podrían servir como su propia justificación continua y los nuevos grupos no podrían invocar derechos una vez negados«, escribió la Corte Suprema en su decisión de 2015.

La opinión mayoritaria del tribunal también dictaminó que la negativa del gobierno a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo les niega numerosos beneficios del matrimonio, incluida la capacidad de cuidar a los niños y a los miembros de la familia. Las prohibiciones estatales a los matrimonios entre personas del mismo sexo también restringen la capacidad de las parejas del mismo sexo y sus familias de moverse libremente por el país, ya que sus derechos podrían variar en gran medida si se mudaran a un estado antimatrimonial, según el fallo del tribunal.

En tal sentido, el tribunal dictaminó que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo violan tanto la Cláusula del Debido Proceso como la Cláusula de Igual Protección al introducir innecesariamente inestabilidad en las relaciones entre personas del mismo sexo sin ningún interés gubernamental justificable o imperioso.

Si bien algunas empresas cristianas han sido demandadas por negarse a atender a personas LGBTQ+ y parejas del mismo sexo basándose en «creencias religiosas sinceras«, estas demandas se han centrado en cómo tales negativas violan las protecciones de los lugares públicos en las leyes estatales contra la discriminación, que exigen que las empresas traten a los ciudadanos por igual, independientemente de su orientación sexual.

Deevers se ha opuesto durante mucho tiempo a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El mes pasado, en una conversación con Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación Familiar (FRC), certificado como grupo de odio por el Centro de Investigación de la Pobreza del Sur, Deevers afirmó: «El hecho es que Obergefell se opone fundamentalmente a todo esto, y la Constitución simplemente no reconoce el derecho al matrimonio homosexual».

A pesar de esta afirmación, la Corte Suprema cree que las disposiciones de la Constitución sobre igualdad de protección y debido proceso requieren que el gobierno trate a todos los individuos por igual ante la ley, a menos que exista un interés gubernamental imperioso para hacer lo contrario.

«En última instancia, el matrimonio no es una institución del Estado, es una institución de Dios«, dijo Deevers. Ningún fallo de la Corte Suprema que redefina una institución divina queda definitivamente resuelto: ni moral ni culturalmente, ni siquiera constitucionalmente. El tribunal corrupto comparecerá ante Dios para juzgar su decisión.

El sitio web de campaña de Deevers también establece claramente sus creencias anti-LGBTQ+.

«Es indignante que a las drag queens se les permita bailar y perrear para los niños en los desfiles del orgullo y las horas del cuento en nuestro estado«, afirma su sitio web. “Es indignante que las escuelas públicas hayan expuesto a niños de primaria y secundaria a propaganda LGBTQ+. Es indignante que la Teoría Crítica de la Raza y la Teoría Queer dominen muchas de nuestras instituciones públicas. Prometo apoyar la legislación para poner fin a todo esto”.

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Des Moines, Iowa – 5 de marzo de 2023: Manifestación dominical para resistir. 2.000 personas se manifestaron frente al Capitolio del Estado de Iowa en apoyo de los derechos LGBTQ

Una legisladora republicana en Iowa pide a la Corte Suprema que ponga fin al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Obergefell no legalizó la igualdad matrimonial en Iowa, pero este legislador quiere revocarla de todos modos.

Por Alex Bollinger, jueves 8 de mayo de 2025

Iowa se ha unido a una lista creciente de estados donde los legisladores republicanos están presentando resoluciones pidiendo a la Corte Suprema que revoque su decisión de 2015 Obergefell v. Hodges, que legalizó la igualdad matrimonial en los 50 estados.

La senadora estatal de Iowa, Sandy Salmon (R), presentó la S.C.R. 3, que dice que las sentencias judiciales «no son leyes» y, por lo tanto, la decisión Obergefell es «una extralimitación ilegítima«. Se dice que Obergefell contradice la idea de que «la dignidad humana es innata» y proviene específicamente de Dios.

Dice que el matrimonio es «la unión de un hombre y una mujer» y que la Corte «rechazó arbitraria e injustamente esta definición de matrimonio en favor de una interpretación novedosa y errónea de cláusulas clave de la Constitución de los Estados Unidos«.

Si se aprueba, la resolución simplemente establecería que el estado de Iowa cree que la decisión de Obergefell es ilegítima y que copias de la resolución «serán distribuidas a la Corte Suprema de los Estados Unidos«.

Este tipo de resolución se ha convertido en una tendencia para los republicanos en 2025. Resoluciones similares se han presentado en al menos otros seis estados: Michigan, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Oklahoma y Dakota del Sur.

Pero en el caso de Iowa, esta resolución tiene menos sentido. Obergefell no legalizó la igualdad matrimonial en Iowa. Iowa comenzó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en 2009 después de que la corte suprema del estado confirmara un fallo de un tribunal inferior a favor de los derechos LGBTQ+. Esa decisión se basó en la cláusula de protección igualitaria de la constitución estatal y en el precedente legal del estado en materia de derechos civiles.

Esto significa que incluso si la Corte Suprema revoca la ley Obergefell, las parejas del mismo sexo aún podrán casarse en Iowa.

R.C.S. 3 ha sido remitido al Comité Judicial del estado.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Corte Suprema, Dusty Deevers, Elena Kagan, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, Nacionalismo Cristiano, Obergefell v. Hodges, Ocklaho, Oklahoma, Ruth Bader Ginsburg, S.C.R. 3, Sandy Salmon, Tony Perkins

Retrato oficial del Secretario de Defensa, Pete Hegseth (foto del Departamento de Defensa por Chad J. McNeeley)

Ese mismo día, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, cedió en lo referente a la atención médica para personas transgénero.

Por Greg Owen, jueves 24 de abril de 2025

El gobierno de Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que permita que se siga adelante con su prohibición de miembros transgénero del servicio militar.

La solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo surge tras múltiples fallos de tribunales inferiores que frustraron los esfuerzos de la administración para purgar a los militares transgénero de las fuerzas armadas.

En un indicio del creciente desorden en torno a la política y el mandato del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono, el Departamento de Defensa también anunció el jueves que reanudará la atención de afirmación de género para los miembros del servicio transgénero, según un memorando obtenido por POLITICO.

El memorando dice que el Departamento de Defensa está volviendo a la política médica de la era Biden para los miembros del servicio trans basándose en una orden judicial que anuló las restricciones de atención médica de Hegseth por inconstitucionales. Un tribunal federal de apelaciones de California rechazó el esfuerzo del departamento de detener la política mientras su impugnación está pendiente.

En su primer día en el cargo, Trump revocó una orden ejecutiva del presidente Biden que anuló la prohibición militar trans original de Trump, que la Corte Suprema pudo hacer efectiva en 2019 mientras múltiples casos que la impugnaban se abrían paso en los tribunales.

No se llegó a una decisión sobre la constitucionalidad de la prohibición antes de que Biden la eliminara cuando asumió el cargo en 2021.

Trump luego emitió una nueva Orden Ejecutiva, “Priorizar la Excelencia y la Preparación Militar”, que afirma que la identidad de los militares transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal” y es perjudicial para la preparación militar.

A Hegseth, un crítico desde hace mucho tiempo de los militares transgénero, se le ordenó planificar su remoción.

Se produjeron múltiples procesos judiciales que cuestionaron esos planes y dieron lugar a medidas cautelares.

La solicitud del jueves ante el Tribunal Supremo, presentada por el Procurador General D. John Sauer, afirmaba que la última orden que bloquea la prohibición, emitida el martes por un tribunal federal de apelaciones, significa que esta no podría entrar en vigor durante muchos meses, «un período demasiado largo para que el ejército se vea obligado a mantener una política que ha determinado, a su juicio profesional, que es contraria a la preparación militar y a los intereses de la nación«.

Sauer escribió que el tribunal debería permitir que la prohibición entre en vigor en todo el país, con excepciones para los ocho demandantes cubiertos por el fallo del tribunal de apelaciones.

Los abogados que representan a los demandantes, en un caso presentado por Lambda Legal en el estado de Washington, recibieron una semana por parte de la Corte Suprema para responder a la solicitud de la administración.

En ese caso, el juez de distrito estadounidense Benjamin Settle en Tacoma, Washington, escribió que la administración Trump no ofreció ninguna explicación de por qué las tropas transgénero, que han servido abiertamente durante los últimos cuatro años sin ningún efecto evidente en la preparación militar, deberían ser repentinamente prohibidas.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Corte Suprema, Donald Trump, Ejército, Fuerzas Armadas, Homofobia/Transfobia, Joe Biden, Militares Trans, Personas LGTBIQ, Personas trans, Pete Hegseth

Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos posan para su fotografía oficial en la Corte Suprema en Washington, DC, el 7 de octubre de 2022. (Sentados de izquierda a derecha) La jueza asociada Sonia Sotomayor, el juez asociado Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, el juez asociado Samuel Alito y la jueza asociada Elena Kagan. (De pie detrás, de izquierda a derecha) La jueza asociada Amy Coney Barrett, el juez asociado Neil Gorsuch, el juez asociado Brett Kavanaugh y la jueza asociada Ketanji Brown Jackson. Fotografía de OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images.

La mayoría conservadora del tribunal sacó este oscuro caso de tribunales inferiores para promover una agenda de «libertad religiosa«.

Por Greg Owen, sábado 19 de abril de 2025

Un caso presentado por padres cristianos y musulmanes, que se opusieron a la decisión de un distrito escolar de Maryland de aprobar libros con temas LGBTQ+ para uso en el aula, llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Una decisión a favor de los padres podría imponer el requisito de “Don’t Say Gay” (“No digas gay”) en todas las escuelas del país, informa Vox.

Los demandantes en Mahmoud v. Taylor —representados por Becket Fund, un grupo legal con una trayectoria de defensa de la “libertad religiosa” para causas católicas conservadoras— solicitan al Tribunal Supremo que las escuelas notifiquen si sus hijos están a punto de recibir clases con ciertos libros que, según ellos, contienen temas LGBTQ+. Los demandantes también quieren tener la oportunidad de excluir a sus hijos de las lecciones.

Si se concede, el alivio impondría una carga casi imposible a los docentes, quienes tendrían que anticipar cada instancia de discusión de temas LGBTQ+ en sus aulas, notificar a los padres cuando lo hagan y permitir que los estudiantes «opten por no asistir» a la clase mientras dure la conversación.

La decisión de los jueces de intervenir en el caso —que no había llegado a los tribunales inferiores y aún contiene disputas fácticas— está en consonancia con el enfoque proactivo del ala conservadora en cuestiones de libertad religiosa.

Después de que la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett dio a los conservadores una mayoría de 6 a 3 en la corte, cinco jueces dieron a los defensores de la libertad religiosa una victoria en el caso de la (Diócesis Católica Romana de Brooklyn contra Cuomo), dando a las personas que se oponen a las leyes por motivos religiosos un nuevo y amplio derecho a ignorarlas. En la decisión del tribunal de 2022 en el caso Kennedy v. Bremerton School District, se afirmó que los entrenadores pueden dirigir las oraciones cristianas del equipo después de los partidos (aunque la decisión del tribunal tergiversó los hechos del caso).

Los demandantes en Mahmoud v. Taylor argumentan que las escuelas deben notificar a los padres si sus hijos recibirán “instrucción sobre género y sexualidad que viole las creencias religiosas de sus padres” y deben darles la oportunidad de excluir a sus hijos de dicha instrucción.

Pero la Constitución no permite que las escuelas ofrezcan adaptaciones a una religión —en este caso, padres con creencias religiosas anti-LGBTQ+— cuando no ofrece esas mismas adaptaciones a otros grupos religiosos o no religiosos.

El efecto práctico, bajo la ley actual, de que múltiples personas y grupos buscaran alojamiento sería el caos en las aulas.

Esta circunstancia ha estado presente desde hace tiempo en la mente del Tribunal Supremo.

En una opinión contraria sobre un caso escolar de 1948, el juez Robert Jackson advirtió: “Si eliminamos todo lo que sea objetable para cualquiera de estas sectas en pugna o incompatible con cualquiera de sus doctrinas, dejaremos la educación pública en ruinas”.

En 1987, el tribunal siguió el ejemplo de Jackson y decidió en contra de los demandantes en el caso Mozert v. Hawkins County Board of Education. Los demandantes argumentaron que el uso de poderes mágicos descritos en Macbeth de Shakespeare ofendía sus creencias religiosas; Como tal, los padres reclamaron el derecho a elegir lo que sus hijos podían o no leer y aprender en la escuela.

Independientemente de que el Tribunal Supremo siga estando de acuerdo con sus predecesores, este caso reciente que la mayoría conservadora ha sacado del olvido podría determinar si la identidad LGBTQ+ tiene un lugar en la educación pública.

Fuente LGBTQNation

Budismo, Comunidad Bahá'í, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Corte Suprema, Don’t Say Gay, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Islam, Libertad Religiosa, Personas LGTBIQ

El fallo que García Mansilla firmó mientras el Senado rechazaba su pliego. La Corte rechazó considerar como travesticidio el crimen de Diana Sacayan

En octubre de 2020 la Cámara Nacional de Casación descartó el agravante por crimen de odio del transfemicidio de Diana Sacayán. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema sostener ese agravante: la Corte eligió no expedirse al respecto.

Fuente Agencia Presentes

4 de abril de 2025
María Eugenia Ludueña
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó ayer (3 de abril) un recurso impulsado a partir del juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, activista travesti defensora de derechos humanos. Había sido presentado por la fiscalía de juicio (se desarrolló en 2018) y estuvo a cargo de Ariel Yapur y de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y diversidades), cuya titular es Mariela Labozetta. El pedido era sostener la calificación de travesticidio, que se usó por primera vez en esa investigación y fue un punto de referencia para la Justicia local y organismos internacionales.

El mismo día en que el Senado decidió rechazar a los jueces propuestos por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte, uno de ellos, Manuel García-Mansilla, (quien ya había asumido) le puso su firma a esta decisión que elige no fortalecer un marco de protección y reconocimiento a los crímenes de odio, que sí fue consagrado por la Justicia en primera instancia, pero no fue el único.

Por qué fue un juicio y una sentencia histórica

En junio de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires (integrado por lxs jueces Adolfo Calvete, Julio Báez e Ivana Bloch) condenó al hasta ahora único acusado David Marino a prisión perpetua como “coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género”. Fue la primera vez que la categoría de travesticidio logró entrar en una sentencia judicial. Esto fue posible a partir de un proceso de trabajo entre la Justicia y la sociedad civil, que desde la Mesa de Justicia por Diana Sacayan – de la que participaron activismos transfeministas y organizaciones LGBT- impulsó la decisión de nombrar el crimen desde su especificidad. Además de tratarse de un homicidio agravado por mediar violencia de género, se aplicó el inciso que alude a los crímenes de odio.

Diana Sacayán, recibiendo su nuevo DNI de la mano de la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese juicio por primera vez muchas amigas y compañeras de militancia de Diana se pararon ante el tribunal en calidad de víctimas y no de acusadas. Desde México llegó la activista muxe Amaranta Lopez Regalado como testiga experta -propuesta por la querella de Luciana Sanchez en representación del hermano de Diana Say Sacayan- encargada de contar cómo viven  y mueren las personas travestis y trans en América Latina, a causa de la violencia estructural que padecen.

La sentencia reconoció al colectivo travesti trans como uno de los más castigados por la violencia estructural y  de los más criminalizados en América Latina. Entre los logros de un trabajo de organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual, nucleadas en la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, la sentencia de 400 páginas recogió compromisos históricos.

Como era de esperar, el acusado apeló el fallo. En octubre de 2020 la respuesta de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó toda la perspectiva de género que le falta a la Justicia: descartó el agravante por crimen de odio. El argumento -de lxs jueces Jorge Luis Rimondi (presidencia), Patricia M. Llerena y Gustavo A. Bruzzone-fue que no existían evidencias para probar el crimen de odio. A pesar de que a lo largo de la investigación surgieron pruebas que sí daban cuenta de eso, en consonancia con lo que organismos como la CIDH consideran elementos que configuran las violencias por prejuicios.

Qué resolvió el máximo tribunal de Argentina

La Corte resolvió el recurso por el artículo 280 del Código Procesal Penal , herramienta que le permite no tratar el fondo del caso. Es decir, no se metió en el planteo de la fiscalía que pedía se sostenga la calificación por crimen de odio por la identidad de género de Diana, basada en que están en juego tratados internacionales de derechos humanos. 

Más allá de lo que diga la Corte, la sentencia por el travesticidio de Diana Sacayan se usó en diversas instancias a nivel nacional e internacional. Fuentes consultadas por Presentes resaltaron que la sentencia condenatoria (solo por femicidio) quedó firme. Y que lo importante es que la sentencia por travesticidio se dictó. Se trató el caso de manera concreta con perspectiva de género, se habló de un travesticidio, se dictaron medidas reparatorias. 

Existe un voto diferenciado de Lorenzetti en la desestimación de la Corte, donde dice que eso no implica sentar opinión sobre el tema. Así como tampoco lo hizo antes, cuando le tocó pronunciarse al Procurador.

Desde el punto de vista estrictamente técnico el proceso queda vigente, más allá de que la Corte no lo haya tratado. Tampoco lo rechazó, no lo trató, no se metió. Lo cual es toda una declaración de principios en este contexto.

“No me llama la atención la desestimación. Lo asocio con una bajada de línea de este juez, García Mansilla, en consonancia con la agenda de Milei con respecto a los derechos de personas travestis y trans. Y con la avanzada neofascista y transodiante por parte de Donald Trump y otros gobiernos”, dice la activista travesti Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Diana y Lohana.

Guimaraes formó parte de la comisión de Justicia por Diana y es trabajadora judicial. “No me extraña que algunos sectores de la justicia nos sigan discriminando, patologizando o negando el derecho que hemos construido colectivamente a nombrar nuestros crímenes. Detrás de la figura de travesticidio está la memoria de Lohana Berkins que en los Encuentros de Mujeres nos explicaba la necesidad de ponerle un nombre. La violencia contra nosotras no se termina nunca, ni muertas. En el Poder Judicial convivo con las resistencias a la Ley Micaela, de modo que sé que menos aun les va a interesar el asesinato de una trava”.
Guimaraes dice que la noticia le recordó el largo camino recorrido desde el travesticidio de Diana, en octubre de 2015. “No hay nada inocente en esto. Venimos viviendo una avanzada internacional contra los derechos de las personas travestis y trans. Son mensajes cargados de simbolismo en  una sociedad que reniega nuestras existencias y refuerza el estigma. Miren lo que pasa con Sofía Fernandez (asesinada en una comisaría). Parece que las personas travestis y trans no somos merecedoras de una justicia que nos proteja”.

El hermano de Diana, Say Sacayan, junto con las activistas travestis Marlene Wayar y Alma Fernández van a pedir ante organismos internacionales se mantenga firme la calificación de crimen. Así lo anticipó Fernández a este medio.

Desde la organización 100% Diversidad y Derechos repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación «que avaló una sentencia judicial que borra el componente de odio en el asesinato de nuestra compañera Diana Sacayán». Recordaron que la apelación esperaba una decisión desde hace cinco años. ÇEl fallo no sólo niega justicia, sino que llega en un contexto alarmante de retroceso en materia de derechos para la comunidad travesti-trans, con discursos de odio institucionalizados y políticas que eliminan protecciones y reconocimientos históricos».

“Resulta inadmisible que, a cinco años de la apelación, y en medio de un hostigamiento estatal a las personas trans, la Corte Suprema convalide un fallo que niega el carácter estructural de este crimen. La Corte debe estar a la altura de las luchas que dieron lugar al reconocimiento del travesticidio como figura jurídica”, expresó Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos. “La Corte Suprema firmó este fallo el mismo día en que el Senado rechazó el pliego del juez García-Mansilla. Un fallo sin legitimidad, firmado por alguien sin designación constitucional, que niega una verdad histórica: a Diana la mataron por ser travesti. La eliminación del agravante por odio a la identidad de género en el caso de Diana Sacayán no es solo un problema jurídico: es un acto político de invisibilización y revictimización que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.”

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Outlaw, la organización estudiantil LGBTQ+ del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington, DC, condenó recientemente a la Federalist Society, un grupo de expertos políticamente conservador, por organizar un foro en la facultad de derecho sobre la revocación de la decisión Bostock v. Clayton County de la Corte Suprema de Estados Unidos, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo de las personas LGBTQ+. El caso se refiere a la decisión del condado de Clayton de despedir a Gerald Bostock en 2013 debido a su identidad como hombre homosexual; el tribunal finalmente se puso del lado de Bostock.

La Sociedad Federalista es una sociedad jurídica conservadora y libertaria con capítulos en facultades de derecho de todo el país. El debate del 29 de enero se tituló “¿Debería la Corte revocar Bostock?”. Al mismo tiempo, Outlaw organizó un debate titulado “Más allá de Bostock: perspectivas personales y profesionales sobre las leyes antidiscriminación LGBTQ+”.

Una petición que distribuyó el grupo estudiantil afirmaba que el evento estaba “invitando a hacer daño a una comunidad marginada en nuestro campus”, según The Georgetown Voice. La petición continuaba diciendo:

“La libertad de expresión es un derecho importante que debe protegerse. Sin embargo, organizar un debate en el campus sobre los méritos de este caso bien resuelto puede indicar a otros, en este campus y en toda la comunidad en general, que negar protecciones legales a las personas LGBTQ+ es legal y socialmente permisible”.

Además de la petición, Outlaw organizó su propio foro, celebrado al mismo tiempo que el programa de la Sociedad Federalista, sobre el mismo fallo judicial.

Fuente The Georgetown Voice.

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Algunos padres en Maryland dicen que el material de lectura viola sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad religiosa.

Por Greg Owen Martes 21 de enero de 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes 17 escuchar un caso presentado por padres en Maryland que quieren excluir a sus hijos de clases que incluyan contenido LGBTQ+.

Dicen que el material de lectura viola sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad religiosa.

El grupo de padres musulmanes, católicos romanos y ortodoxos ucranianos presentó una demanda por primera vez en 2023 después de que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery abandonaran una disposición de exclusión voluntaria para una clase de alfabetización.

Los padres presentaron una demanda para obtener una orden judicial preliminar para restablecer la opción de no participar, pero el juez rechazó la solicitud, diciendo que era poco probable que el desafío tuviera éxito porque los padres no podían demostrar «que la política de no participar afecta su ejercicio religioso«.

El tribunal superior aceptó escuchar el caso mientras el género y la sexualidad adquieren un papel central en la segunda administración de Trump, y los debates sobre el contenido LGBTQ+ en las bibliotecas y los atletas transgénero en las escuelas siguen reinando en los distritos escolares locales y el Congreso.

El grupo de padres está representado en el desafío ante la Corte Suprema por Becket, un instituto sin fines de lucro dedicado a cuestiones de libertad religiosa. El grupo tiene un historial de litigios anti-LGBTQ+.

(Captura de YouTube)

La decisión del sistema escolar de no permitir las exclusiones voluntarias fue «imponer una ideología de género controvertida» a los alumnos de tres años, dijo el abogado de Becket, Eric Baxter, en una declaración. “La Corte debe dejar en claro que los padres, no el Estado, deben ser quienes decidan cómo y cuándo presentar a sus hijos temas sensibles sobre el género y la sexualidad”, dijo Baxter.

Los planes de estudio y lecciones relacionados con LGBTQ+ se aplican únicamente a los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias del condado de Montgomery.

La política distrital en el distrito escolar más grande del estado cubre libros y lecciones en un plan de estudios de lengua y literatura inglesa recientemente diversificado en 2023. El plan de estudios aborda cuestiones como la raza, la religión y la etnia, e incluye perspectivas LGBTQ+.

El contenido LGBTQ+ incluye títulos de cuentos como “Pride Puppy”, sobre un desfile del orgullo gay, y “Love, Violet”, sobre una niña que tiene sentimientos por una compañera de clase.

La decisión de eliminar la cláusula de exclusión voluntaria inspiró protestas organizadas por una coalición de grupos religiosos. Cientos de personas acudieron a manifestaciones que caracterizaron el plan de estudios como “adoctrinamiento” LGBTQ+.

“Tenemos el derecho religioso de criar a nuestros hijos basándonos en la Biblia”, dijo Soloman Hailemariam, padre de cuatro estudiantes de las escuelas del condado de Montgomery, al sitio de noticias de extrema derecha The Daily Signal en un mitin en julio de 2023.

Los padres alineados con el currículo inclusivo de las escuelas de Maryland también acudieron en masa. “Estamos aquí no tanto para contrarrestar la protesta, sino para mostrar apoyo a la Junta de Educación y lo que están haciendo, y mostrar a los niños queer que van a la escuela aquí que cuentan con apoyo”, dijo John Zittrauer, un contramanifestante en la manifestación del 20 de julio.

La Corte Suprema se ha mostrado comprensiva con los demandantes en materia de libertad religiosa en varios casos recientes, incluido 303 Creative v. Elenis, quien permitió que un diseñador gráfico discriminara a una pareja del mismo sexo, y un entrenador de fútbol de secundaria que rezó en el medio del campo después de un partido.

En julio, un juez designado por Trump para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminó que una escuela de D.C. debe reconocer un capítulo de la Fellowship of Christian Athletes (FCA), una organización que exige que sus líderes se opongan al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fuente LGBTQNation

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A principios de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en el caso United States v. Skrmetti, sobre la ley de Tennessee que prohíbe la atención de afirmación de género para jóvenes trans.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) había presentado un escrito amicus en apoyo de la prohibición de Tennessee. Michael Sean Winters, del National Catholic Reporter, que ha comentado negativamente en el pasado sobre las iniciativas de igualdad trans, sin embargo criticó duramente a los obispos por su argumento.

La conferencia de obispos respalda la prohibición porque preserva la libertad religiosa de los católicos al evitar más disputas judiciales sobre los derechos LGBTQ+. Winters escribe, en parte:

“A nadie le gusta pagar los gastos legales, pero ¿hay una alternativa? ¿Sería mejor para el país si uno u otro bando simplemente ganaran las guerras culturales? ¿Eso constituiría libertad? ¿O justicia? El escrito de la conferencia de obispos de Estados Unidos pide al tribunal que le permita ganar. Eso no sería bueno para la cultura y dudo que realmente sea bueno para la iglesia…

Al comentar la decisión de Hobby Lobby, que extendió a las corporaciones con fines de lucro las protecciones de la libertad religiosa que antes estaban reservadas a las iglesias, la profesora de derecho y teología del Boston College Cathleen Kaveny escribió: «En una sociedad pluralista, la libertad religiosa de una de las partes debe equilibrarse con los derechos y las expectativas legítimas de los demás«. Esto es lo que los abogados de los obispos estadounidenses nunca comprenden ni admiten. Una cosa es reclamar una exención de una ley de aplicación general por motivos religiosos. Insistir, como lo hace en el caso de Tennessee, en que el tribunal está de acuerdo con la iglesia sobre el fondo del asunto porque la conferencia episcopal no se molesta en acudir a los tribunales para sostener su exención hace que la iglesia parezca una acosadora o una conspiradora.

Curiosamente, el escrito de los obispos estadounidenses no destaca los derechos de los padres a tomar decisiones sobre la atención sanitaria de sus hijos. En el caso en cuestión, está claro por qué quieren apoyar una prohibición absoluta de las intervenciones médicas, pero deberían haber reconocido más claramente que la iglesia generalmente se remite a los padres en tales decisiones.

El escrito tampoco destaca los derechos de conciencia de los trabajadores de la salud a no participar en procedimientos que consideren inmorales. La cuestión se complica: los pacientes tienen derecho a esperar que los proveedores de atención médica hagan lo que ellos quieren hasta cierto punto, pero se deben hacer concesiones a una enfermera que no quiera ayudar en un aborto, por ejemplo.

“La Corte Suprema está a favor de la libertad religiosa, pero el argumento presentado por la conferencia de obispos de Estados Unidos resultará ser un paso demasiado lejos. La libertad religiosa es algo grandioso, un logro de la civilización. Puede verse amenazada desde fuera, pero también por argumentos espurios y exagerados desde dentro. El escrito de los obispos de Estados Unidos, si se adoptara, pondría un ojo morado a la libertad religiosa”.

Fuente The National Catholic Reporter

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No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes.

Por Mira Lazine Lunes, 25 de noviembre de 2024

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, se unió a otros 23 estados para presentar un escrito amicus curiae en apoyo de la prohibición de las chicas transgénero en los deportes.

En concreto, el escrito pide a la Corte Suprema que revise y revoque una orden judicial que impuso la prohibición de Arizona a los atletas transgénero por parte del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de los Estados Unidos.

Marshall escribió el escrito junto con el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, y con el apoyo de Alaska, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wyoming.

El tribunal instituyó la orden judicial en septiembre en una decisión de 3 a 0 en respuesta a la Ley de Arizona Save Women’s Sports Act, (Salvar los Deportes Femeninos), que promulgó una prohibición general de las chicas transgénero en los deportes femeninos, independientemente de cuánto tiempo hubieran estado en transición y si estaban tomando bloqueadores de la pubertad. Los demandantes en el caso eran dos chicas transgénero y sus padres que demandaban para revocar la ley.

La jueza Morgan Christen, que redactó la decisión, dijo que “[La ley] permite que todos los estudiantes, excepto las mujeres y niñas transgénero, jueguen en equipos que coincidan con sus identidades de género. Sólo las mujeres y niñas transgénero tienen prohibido hacerlo. Esta es la esencia de la discriminación”.

El escrito amicus curiae presenta varios argumentos a favor de prohibir a las niñas transgénero participar en deportes. Uno de ellos es que sería costoso y difícil para las escuelas implementar políticas que permitan a las niñas transgénero participar en equipos deportivos femeninos, un argumento que ignora la facilidad con la que muchas escuelas en todo el país han implementado políticas favorables a las personas transgénero.

El escrito también sostiene que el sexo no es equivalente a la identidad de género según la Cláusula de Igual Protección de la Constitución, una afirmación que ignora el precedente establecido del caso de la Corte Suprema Bostock v. Clayton County, que dictaminó que las personas transgénero están sujetas a protecciones basadas en el sexo debido a su modalidad de género.

Los fiscales generales luego presentan dos argumentos legales, afirmando que el Tribunal de Circuito tomó su decisión sobre bases erróneas y que otras lecturas de la ley pueden ser más plausibles. También sostienen que se requiere una revisión de base racional para determinar si la demanda de los demandantes es poco inclusiva. Esto significa que se realizaría una revisión adicional, informada por el derecho constitucional, para determinar si el argumento que se está presentando es internamente consistente con la protección igualitaria; si no, se desestimaría.

No está claro si estos argumentos se sostendrán en los tribunales. SCOTUS no ha dado ninguna indicación pública de si aceptará este caso. Ya ha aceptado el caso de Estados Unidos v. Skrmetti, que determinará si los estados pueden prohibir legalmente la atención de afirmación de género para menores.

No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes. Más bien, la evidencia sugiere que la transición nivela el campo de juego.

Sin embargo, el sentimiento anti-trans continúa alimentando la lucha contra los derechos trans. «Nuestra coalición está decidida a preservar los 50 años de trabajo que ampliaron las oportunidades y nivelaron el campo de juego para las niñas y las mujeres en los deportes«, dijo el Procurador General Marshall en un comunicado de prensa.

“Pero la izquierda sigue complaciendo a una pequeña minoría de su base… Los padres de las hijas están indignados con razón por la pérdida de puestos en los equipos y becas universitarias. Como muestran nuestros múltiples escritos ante la Corte Suprema, es hora de volver a la equidad en las oportunidades para los deportes”.

Fuente LGBTQNation

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Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron que las protecciones ampliadas del Título IX del presidente Joe Biden no se pueden aplicar en 26 estados donde hay impugnaciones legales en curso.

El Título IX es una pieza histórica de legislación de derechos civiles que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo en programas educativos o actividades que reciben asistencia financiera federal, y es más conocido por garantizar la igualdad de género en los deportes universitarios.

En abril, Biden finalizó las nuevas normas antidiscriminación (propuestas por primera vez en 2022), que tienen como objetivo proteger a las personas en las escuelas públicas de la discriminación y el acoso basados en el sexo, proporcionando protecciones explícitas para los alumnos LGBTQ+ y prohibiendo expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Sin embargo, antes de que las enmiendas pudieran entrar en vigor, varios estados controlados por los republicanos prometieron rechazar la ley, demandando a la administración Biden y etiquetando la legislación como “ilegal, antidemocrática y divorciada de la realidad”, alegando que pone “a las mujeres en riesgo”.

El viernes (16 de agosto), en una votación de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración de permitir que la mayor parte de las normas del Título IX entren en vigor cuando los tribunales han emitido órdenes judiciales que las bloquean temporalmente.

“En esta situación de emergencia en este tribunal, recae sobre el gobierno, como solicitante, la carga de demostrar, entre otras cosas, una probabilidad de éxito en su… argumento…”, se lee en el fallo. “Sobre la base de este registro limitado, el gobierno no ha proporcionado a este tribunal (con) una base suficiente para refutar las conclusiones provisionales de los tribunales inferiores de que las tres disposiciones que probablemente sean ilegales están entrelazadas con otras disposiciones de la norma y las afectan.

“El gobierno tampoco ha identificado adecuadamente qué disposiciones particulares, si las hay, son suficientemente independientes de la disposición de definición prohibida y, por lo tanto, podrían permanecer en vigor. Además… el Sexto Circuito ya ha acelerado su consideración del caso y ha programado los argumentos orales para octubre.

“El tribunal espera que los tribunales de apelación dicten sus fallos con la debida prontitud. A la luz de todas las circunstancias, el tribunal rechaza las solicitudes del gobierno de suspensión parcial de la ejecución de los autos”.

“Tácticas crueles e hipócritas”

En respuesta, Ria Tabacco Mar, directora del Proyecto de Derechos de las Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que dichas demandas están “utilizando los ataques a los niños trans como una forma de revertir otros derechos de las mujeres y las niñas”.

Continuó diciendo: “Atacar a las personas trans no hace nada para abordar los problemas reales que enfrentan las mujeres y las niñas. Estamos decepcionados de que la Corte Suprema haya permitido que estas tácticas crueles e hipócritas tengan éxito, incluso temporalmente. Seguiremos luchando para que todos los estudiantes aprendan en escuelas seguras e igualitarias”.

Jennesa Calvo-Friedman, abogada senior de la ACLU, dijo: “La nueva guía de la administración Biden es crucial para aclarar las protecciones bajo el Título IX para tantos estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero y otros estudiantes LGBTQ, estudiantes embarazadas y con hijos, y otros estudiantes que enfrentan acoso sexual. Pero incluso sin ella, los estudiantes no están desprotegidos.

“A pesar de lo que hizo hoy la Corte Suprema, los estudiantes aún pueden presentar demandas privadas contra las escuelas para reivindicar sus derechos bajo el Título IX, incluso basándose en su identidad de género o su estado de embarazo o paternidad, incluso en lugares donde la norma está bloqueada.

“Las escuelas deben ser conscientes de que la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso, es ilegal, y los estudiantes aún pueden exigir responsabilidades a las escuelas. Es más, las escuelas no tienen que esperar a que se les imponga un mandato para adoptar prácticas que den la bienvenida a todos los niños. Las políticas transinclusivas siguen siendo legales, y las escuelas pueden –y deben– avanzar con ellas”.

Fuente PinkNews

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Rukshana Kapali. Imagen de Linkedin Nepal

“Las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres“

01 de agosto
Escrito por Sophie Perry

El tribunal más alto de Nepal ha dictaminado que una mujer trans debe ser reconocida como mujer en sus documentos legales sin tener que someterse a una verificación médica.

Rukshana Kapali, estudiante de derecho y activista de derechos humanos que fue nombrada en la lista de las 100 mujeres de la BBC, ha demandado al gobierno nepalí más de 50 veces desde 2021 en un esfuerzo por lograr el reconocimiento de la identidad de género basado en los derechos.

Si bien el histórico fallo de la Corte Suprema ha sentado un precedente para los derechos trans en el país, otras personas transgénero deberán solicitar al tribunal por separado que se reconozca su género sin intervención médica.

Durante más de una década, las autoridades han emitido documentos que enumeran el género como «otro» o «tercer género« basándose en la propia identificación. Sin embargo, las personas que deseen cambiar sus marcadores a «M» o «F» deben someterse a una cirugía de afirmación de género, que normalmente debe realizarse fuera del país, seguida de evaluaciones médicas y exámenes genitales en Nepal.

Kapali es una mujer transgénero y no se le ha permitido registrarse oficialmente en la universidad porque su expediente académico de la escuela secundaria lleva su nombre de nacimiento masculino, mientras que su documento de identidad lleva su nuevo nombre y la designación de género «otro«. Nepal se convirtió en el primer país del sur de Asia en reconocer un tercer género tras un fallo de la Corte Suprema de 2007, pero casi una década después, el atolladero burocrático que ha atrapado a Kapali es demasiado común para los miembros de la comunidad transgénero de Nepal.

Kapali dijo a The Himalayan Times: «Estoy muy contenta y feliz de que este veredicto haya puesto finalmente fin a la discriminación y la estigmatización que enfrenté en todos los lugares a los que fui. Mi vida será fácil a partir de ahora”.

En febrero, Manisha Dhakal, directora ejecutiva de la organización LGBTQ+ Blue Diamond Society, dijo a Human Rights Watch (HRW) que «generaciones de nepalíes transgénero y de tercer género se han enfrentado a barreras y humillaciones debido a lagunas políticas», y añadió: «Necesitamos Cambia ahora. Comenzamos la lucha por nuestra dignidad en 2001 y obtuvimos una importante victoria en la Corte Suprema en 2007, pero el gobierno aún no ha implementado la orden de reconocernos según nuestras identidades”.

Ese mismo mes, Kapali dijo a HRW: “Las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres, y Nepal necesita igualar su reputación como un llamado faro de esperanza para las minorías sexuales y de género con cambios políticos integrales para respetar nuestros derechos.

«Nepal recibió mucho crédito por instituir la opción del tercer género en los certificados de ciudadanía, pero no se implementa de manera consistente y no defiende los derechos de las personas que se identifican como mujeres y hombres»

Fuente PinkNews

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So Seong-wook y Kim Yong-min. Captura de YouTube

Las parejas del mismo sexo consiguen un importante triunfo en Corea del Sur con una histórica victoria judicial

El tribunal decidió que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Corea del Sur falló a favor de las parejas del mismo sexo, garantizando que reciban los mismos beneficios de seguro médico que las parejas heterosexuales. Esta decisión histórica marca una victoria significativa para los derechos LGBTQ+ en el país. La decisión llega después de un fallo del Tribunal Superior de Seúl que dijo que el NHIS debe brindar cobertura conyugal igualitaria a la pareja homosexual So Seong-wook y Kim Yong-min. La pareja presentó una demanda en 2021 contra la agencia después de que cancelara sus beneficios.

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha dictaminado ahora que se respetan los derechos de las personas en relaciones del mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos que a las personas en relaciones heterosexuales.

El fallo histórico establece que las personas en parejas del mismo sexo pueden reclamar los beneficios del Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) de Corea del Sur y que tratar a las parejas del mismo sexo de manera diferente que a las heterosexuales es “un acto de discriminación que… viola la dignidad humana y el derecho a buscar la felicidad”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee-de.

Corea del Sur no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo bajo su ley, por lo que el fallo supone un importante avance en la ampliación de las protecciones y derechos a las parejas del mismo sexo.

El caso que dio lugar a esta sentencia pionera comenzó hace tres años, cuando la pareja gay So Seong-wook y Kim Yong-min demandaron al Servicio Nacional de Seguros de Salud (NHIS, por sus siglas en inglés). El NHIS había cancelado sus beneficios, lo que llevó a la pareja a emprender acciones legales en 2021. El Tribunal Superior de Seúl falló a su favor el año pasado, y ahora el Tribunal Supremo ha confirmado esa decisión.

Aunque no pudieron casarse legalmente, So y Kim celebraron una ceremonia nupcial en mayo de 2019 para celebrar su relación. So se registró con éxito como dependiente de Kim en febrero de 2020, pero el NHIS dijo más tarde que se trataba de un error y revocó los beneficios ocho meses después.

El NHIS solicitó entonces a So que devolviera los beneficios conyugales, ante lo cual la pareja presentó una demanda administrativa. El Tribunal Administrativo de Seúl se puso del lado del NHIS, argumentando que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a los mismos derechos y beneficios que las heterosexuales, lo que So apeló.

Así lo anunció el Tribunal Superior de Seúl en febrero de 2023, pero el NHIS apeló ante el Tribunal Supremo de Corea del Sur, lo que dio lugar al fallo de hoy.

El  presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee-de, no se anduvo con rodeos y afirmó: “Negar a las parejas homosexuales estos beneficios es un acto de discriminación que viola la dignidad y el valor humanos, el derecho a buscar la felicidad, la libertad de privacidad y el derecho a la igualdad ante la ley. El grado de violación es grave”.

Fuera del juzgado, se sucedieron escenas de júbilo mientras So Seong-wook y Kim Yong-min celebraban su victoria. “No podía creerlo cuando escuché el fallo. Estaba extremadamente feliz y comencé a llorar. Tardaron cuatro años en obtener este estatus de dependencia y debemos luchar más duro para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el futuro”, dijo Kim a los periodistas. Y añadió: “Cuando escuché el veredicto, me emocioné tanto que no pude contener las lágrimas”.

“La sentencia de hoy es una victoria histórica para la igualdad y los derechos humanos en Corea del Sur. El Tribunal ha dado un paso importante para desmantelar la discriminación sistémica y garantizar la inclusión de todas las personas”, afirmó Boram Jang, investigador de Amnistía Internacional para Asia Oriental, en una declaración. “Si bien esta decisión es un hito importante, el caso en sí mismo es un recordatorio aleccionador de los largos procesos judiciales que deben soportar las parejas del mismo sexo para obtener derechos básicos que deberían estar universalmente garantizados. Es desalentador que en 2024, las parejas del mismo sexo todavía se enfrenten a barreras tan importantes para la igualdad”, añadió.

Jang dijo que, si bien el fallo es positivo, todavía queda mucho por hacer. “Corea del Sur debe seguir defendiendo la igualdad, la diversidad y la inclusión para garantizar que todas las personas LGBTI puedan disfrutar de un acceso igualitario a la atención médica y a los beneficios de la seguridad social en el país”, afirmó.

“Las autoridades deben tomar ahora medidas adicionales para proteger los derechos de las personas LGBTI en Corea del Sur legalizando el matrimonio igualitario y promulgando una ley integral contra la discriminación. Estas medidas son cruciales para garantizar la igualdad y la dignidad de todos”.

Esta decisión supone un avance significativo para los derechos LGBTQ+ en Corea del Sur, pero aún queda un largo camino por recorrer. La opinión pública sobre cuestiones de género está cambiando gradualmente, pero los matrimonios entre personas del mismo sexo aún no están reconocidos legalmente.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema envía un mensaje contundente sobre la importancia de la igualdad y los derechos humanos. Como bien lo expresó Kim: “El amor triunfa”.

Si bien esta decisión es un hito importante, pone de relieve los desafíos que enfrentan las parejas del mismo sexo para garantizar sus derechos básicos. Los grupos de derechos humanos instan a Corea del Sur a seguir avanzando hacia la igualdad plena.

Por ahora, esta victoria es un faro de esperanza para muchos, demostrando que el amor y la perseverancia pueden generar cambios

Fuente Agencias/LGBTQNation

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La Defensoría presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual el pasado 10 de enero anuló un fallo de primera instancia que había negado la condición de mujer de Claudia Díaz Pérez. El Movilh acusó a la Defensoría “de fomentar la transfobia en el sistema judicial”

Los/as abogados/as de la Defensoría Penal Pública, Carla Pérez Trigo y Humberto Ramírez Larraín, presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el pasado 10 de enero anuló un transfóbico fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, el cual había desconocido la calidad de mujer de Claudia Díaz Pérez solo por ser trans, otorgando gracias a ello una condena menor a su femicida, Julio Alexis Ramis Padilla (39).

Pese a que durante el juicio testigos y el propio femicida reconocieron haber tratado de “maricón” a Díaz Pérez, al tiempo que junto a la Defensoría Penal Pública rechazaron la condición de mujer de la víctima solo porque no había rectificado su partida de nacimiento, los abogados/as Pérez Trigo y Ramírez Larraín negaron en su recurso de queja que el crimen se relacionara con la identidad de género.

Para la Defensoría Penal Pública la Corte Apelaciones de Valparaíso se excedió en sus competencias al anular el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio.

“La sentencia de la Quinta Sala de la I. Corte de Valparaíso, lo que hace es no es invalidar la sentencia por concurrir un motivo absoluto de nulidad, de fundamentación deficiente o contraria a las normas del Código Procesal, sino que decide declarar la nulidad del juicio y la sentencia recaída en él, porque no comparte la interpretación, la valoración probatoria y conclusiones a que arriba el tribunal oral en su sentencia, atribuyéndose una labor exclusiva de los jueces del fondo”, alegó la Defensoría Penal Pública ante la Corte Suprema.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, replicó que “es claro que la para la Defensoría las personas trans no son hombres o mujeres  según se perciban, lo cual es una visión abiertamente transfóbica, contraria a la Ley Zamudio y a la Ley de Identidad de Género”

“Ya fue del todo repudiable que en la defensa de un victimario la Defensoría optara por argumentos transfóbicos. Pero que ahora persista  en su odiosidad a las personas trans, llegando hasta la corte Suprema, convierte a la Defensoría en una de las instituciones más transfóbicas del país. Esperamos que su arremetida de odio no prospere en la Suprema y que pueda realizarse un juicio justo sobre el asesinato de Claudia Díaz, por cierto gracias a la persistencia de la Fiscalía”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH

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Joe Biden   (Foto oficial de la Casa Blanca de Adam Schultz)

Está a punto de superar a Barack Obama en apenas la mitad del tiempo que lleva en el cargo.

Con dos nominaciones judiciales recientes por parte del presidente Joe Biden, su administración podría estar en camino de nombrar un número récord de jueces federales LGBTQ+.

El miércoles 10 de enero, Biden nominó a la jueza Melissa Dubose para el Tribunal de Distrito de Rhode Island. Si es confirmada por el Senado, será la primera jueza LGBTQ+ y la primera persona de color en formar parte de ese tribunal.

También está a la espera de confirmación Nicole Berner, a quien Biden ha nominado para el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito. Berner también abrirá un camino si es confirmada, convirtiéndose en la primera jueza LGBTQ+ en el Cuarto Circuito.

La confirmación tanto de Berner como de Dubose elevaría el número total de jueces LGBTQ+ designados por Biden a 11 sólo en su primer mandato, según el Hoja de Los Ángeles Blade. El presidente Barack Obama nombró al mismo número durante dos mandatos.

Berner es actualmente la asesora general del Sindicato de Empleados de Servicios y, entre otras funciones, ha trabajado como abogada tanto para Planned Parenthood como para el bufete de abogados Jenner & Block. Dubose se ha desempeñado como jueza asociada en el Tribunal de Distrito de Rhode Island desde 2019 y fue fiscal en la Oficina del Fiscal General de Rhode Island de 2005 a 2008. También pasó casi diez años enseñando historia y estudios sociales de Estados Unidos en escuelas secundarias.

Biden ha realizado varios nombramientos históricos LGBTQ+ para el tribunal. En 2021, Beth Robinson se convirtió en la primera mujer LGBTQ+  del país en formar parte de un tribunal de apelaciones de EE. UU., y en 2022, la jueza Alison Nathan se convirtió en la segunda.

Biden se ha hecho conocido en general por nombrar una amplia gama de jueces en todo el país. Además de la diversidad racial y étnica, muchos de los designados por Biden también provienen de entornos progresistas como abogados de derechos civiles y defensores públicos. También nominó a la  jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en formar parte del tribunal más alto del país.

Fuente LGBTQNation

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Maya Gurung y Surendra Pandey se casaron en 2017 pero no pudieron registrarse legalmente.

Es el primer país del sur de Asia que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Nepal, por fin, registró su primer matrimonio entre personas del mismo sexo después de años de disputas legales. Es el primer país del sur de Asia que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Maya Gurung, una mujer transgénero, y Surendra Pandey, un hombre gay, se casaron en 1997 en una ceremonia tradicional hindú, pero no lograron que el gobierno reconociera su matrimonio. Según la ley nepalí, las mujeres transgénero no pueden cambiar de género.

La constitución del país, adoptada en 2015, prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual.

En 2007, la Corte Suprema del país ordenó al gobierno formar un comité para preparar una ley que legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese comité recomendó que el gobierno “otorgue reconocimiento legal al matrimonio entre personas del mismo sexo sobre la base del principio de igualdad” en 2015.

A principios de este año, la Corte Suprema de Nepal ordenó al gobierno reconocer al cónyuge alemán del mismo sexo de un ciudadano nepalí. La pareja, Adheep Pokhrel y Tobias Volz, se casaron en Alemania, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, en 2018, pero las autoridades nepalíes les negaron una visa de no turista para Volz. Pokhrel y Volz llevaron su caso hasta la Corte Suprema, citando una decisión de 2017 que otorgaba una visa de no turista a Leslie Luin Melnik, la esposa estadounidense de una lesbiana nepalí, Suman Panta, así como la orden del tribunal de 2007.

En julio, el tribunal emitió una orden provisional para permitir que las parejas del mismo sexo y otras parejas LGBTQ+ registraran legalmente sus matrimonios. El fallo se adoptó como orden provisional hasta que el parlamento nepalí realice un cambio legislativo oficial que reconozca plenamente el matrimonio igualitario.

Pero los funcionarios se negaron a reconocer el matrimonio de Gurung y Pandey, alegando falta de instrucciones claras. La pareja presentó casos ante el Tribunal de Distrito de Katmandú y el Tribunal Superior, pero sus demandas fueron rechazadas. Pero un cambio en las regulaciones del Ministerio del Interior esta semana permitió a los funcionarios avanzar con el proceso de reconocimiento.

“Después de 23 años de lucha, obtuvimos este logro histórico, y finalmente Maya y Surendra consiguieron registrar su matrimonio en la oficina de la administración local”, dijo Sunil Babu Pant, exparlamentario gay y activista LGBTQ+

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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Varios líderes católicos de la India han elogiado un fallo judicial según el cual el Parlamento de la nación, no sus tribunales, debe decidir si se legaliza el matrimonio igualitario.

P. Jacob Palakkappilly, portavoz del Consejo de Obispos Católicos de Kerala (KCBC), comentó sobre el fallo de la Corte Suprema de la India a Mathrubhumi News, afirmando: “La unión matrimonial, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, es entre un hombre y un mujer con fines de procreación y ese no es el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo”. El estado indio de Kerala tiene la mayor concentración de católicos en la nación de mayoría hindú.

De manera similar, Daniel John, un líder católico en Madhya Pradesh, dijo que si bien las personas LGBTQ+ son “hijos de Dios”, también sostiene que “el matrimonio entre personas del mismo sexo va totalmente en contra de nuestra tradición y cultura”. John continuó diciendo:

«Como cristianos indios, no podemos suscribir ideas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tribunal superior ha hecho lo correcto al desestimar la demanda de estatus legal».

El fallo de la Corte Suprema decepcionó a muchos otros, especialmente a las parejas del mismo sexo, que tenían esperanzas de un fallo favorable dado el reciente progreso en la India hacia la ampliación de los derechos de las personas LGBTQ+. En 2018, el mismo tribunal despenalizó la actividad sexual entre personas del mismo sexo, un acto que anteriormente se castigaba con hasta 10 años de prisión. El año pasado, la Corte Suprema dictaminó que las parejas del mismo sexo pueden recibir prestaciones sociales.

En el fallo del Tribunal sobre este último caso, el presidente del Tribunal Supremo D.Y. Chandrachud explicó: “Es competencia del parlamento y de las legislaturas estatales determinar la ley sobre el matrimonio”. Chandrachud afirmó en el fallo que defender la dignidad de las personas LGBTQ+ y protegerlas de la discriminación será de suma importancia porque, en palabras del juez, “Nuestra capacidad de sentir amor y afecto unos por otros nos hace sentir humanos”.

El fallo de la Corte Suprema afirmó además que “a las personas queer no se les prohíbe celebrar su amor mutuo”, pero no tienen derecho a reclamar el reconocimiento legal de dicha unión. El fallo también afirmó que las personas queer tienen derecho a elegir sus propias parejas y que no se les debería impedir hacerlo.

Más allá de la Iglesia católica, otros líderes religiosos también apoyaron abiertamente el fallo del Tribunal. El UCA News informó: “Los líderes de todas las principales religiones de la India –hindú, musulmana, jainista, sij y cristiana– también se oponen a la unión entre personas del mismo sexo, y varios de ellos insisten en que el matrimonio ‘es para la procreación, no para la recreación’”.

Aún así, los manifestantes se manifestaron contra la decisión frente al edificio de la Corte Suprema. Siddhant Kumar, de 27 años, dijo:

“‘No estamos satisfechos con lo que ha dicho el tribunal. Esto ocurre desde hace años, luchamos por el reconocimiento legal. Tenemos que permanecer fuertes y continuar nuestra lucha’”.

Mientras continúa la campaña por la igualdad de derechos en el matrimonio, el lenguaje de doble cara de la Corte Suprema de la India y de los líderes católicos suena vacío. Intentan afirmar a las personas queer y al mismo tiempo negar su igualdad. Estos mensajes no sustituyen la justicia que merecen las personas LGBTQ+.

—Liam Myers (él/él), Ministerio New Ways, 29 de noviembre de 2023

Fuente New Ways Ministry

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Maya Gurung y Surendra Pandey se casaron en 2017 pero no pudieron registrarse legalmente.

Los tribunales inferiores de Nepal se han negado a registrar el matrimonio de una pareja LGBTQ+, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema

En julio, el juez de la Corte Suprema, Til Pradad Shrestha, dictaminó que los matrimonios entre personas del mismo sexo podían registrarse legalmente, a pesar de que el código civil del país describe el matrimonio como entre un hombre y una mujer.

El fallo se adoptó como orden provisional hasta que el parlamento nepalí realice un cambio legislativo oficial que reconozca plenamente el matrimonio igualitario.

La histórica decisión de la Corte Suprema fue celebrada por parejas del mismo sexo en todo el país.

Sin embargo, al menos una pareja no ha podido avanzar y todavía no puede registrar su matrimonio, desafiando el fallo de la Corte Suprema, según Human Rights Watch.

Surendra Pandey, un hombre cisgénero, y Maya Gurung, una mujer transgénero, se casaron en 2017, pero su registro fue rechazado dos veces: una vez por un tribunal de distrito y otra por un tribunal superior.

Dado que Gurung está reconocido legalmente en Nepal como un hombre, su matrimonio entra en la categoría de matrimonio entre personas del mismo sexo.

La pareja acudió primero al Tribunal de Distrito de Katmandú para registrar su matrimonio, pero cuando les dijeron que el tribunal no tenía la obligación de reconocer su matrimonio, apelaron ante el Tribunal Superior de Patan.

En el Tribunal Superior, Pandey y Gurung fueron nuevamente rechazados y se les dijo que su matrimonio no podía registrarse hasta que el gobierno federal de Nepal cambiara las leyes matrimoniales.

Ahora la pareja está considerando apelar una vez más ante el Tribunal Supremo.

Después del fallo provisional de la Corte Suprema este verano, se instó al gabinete y al parlamento de Nepal a actuar rápidamente para modificar la ley, pero hasta el momento no se han logrado avances oficiales.

Aún así, al negarse a reconocer el matrimonio de Gurung y Pandey y acatar el fallo de la Corte Suprema, los tribunales nepalíes están revirtiendo la reputación del país en cuanto a protecciones legales sobre los derechos LGBTQ+.

Durante años, el país ha sido aclamado como uno de los países asiáticos más progresistas para las personas LGBTQ+, a pesar del retraso en la modificación de leyes obsoletas. De hecho, al negarse a registrar los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar del fallo de la Corte Suprema, los tribunales inferiores están socavando la reputación de Nepal como líder legal en materia de orientación sexual, identidad de género y derechos humanos, y corren el riesgo de violar las protecciones constitucionales para las minorías sexuales y de género. La rápida claridad y la igualdad beneficiarán a las parejas que quieran registrar sus matrimonios.

El primer parlamentario abiertamente gay de Nepal, Sunil Babu Pant, describió la “perseverancia” del gobierno en el avance de las protecciones y derechos LGBTQ+ como “injusto para toda la comunidad minoritaria sexual y de género”.

Cuando finalmente se reconozca el matrimonio de Pandey y Gurung, sueñan con abrir una cuenta bancaria conjunta, compartir la propiedad de la tierra que compraron juntos y, con suerte, adoptar un niño.

La pareja se conoció en 2015 y Pandey insiste en que fue amor a primera vista. Su amor por Gurung lo animó a finalmente confesarse a su hermana, quien no lo aceptó al principio, pero la pareja finalmente se ganó la aprobación de sus familias.

La pareja estuvo rodeada de sus seres queridos en su ceremonia de boda en 2017 en un templo hindú en Katmandú.

Desde entonces, han estado viviendo junto con su perro, Suru, le dicen a la BBC. “Limpiamos nuestro piso juntos, cocinamos juntos. Me gusta mucho la receta de pollo de Maya”, dijo Pandey. Incluso se pelean de vez en cuando, pero se reconcilian con bastante rapidez.

Pandey explicó: “No podemos darnos el lujo de luchar. Necesitamos llevarnos bien porque tenemos una larga vida por delante”.

Fuente PinkNews/BBC

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Es un día trascendental para la comunidad LGBTQ+ de Mauricio, ya que la Corte Suprema del país de África Oriental despenaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El histórico fallo es particularmente significativo ya que muchos de los países vecinos de Mauricio siguen siendo profundamente hostiles hacia la comunidad LGBTQ+ y, en muchos casos, castigan el sexo gay con la pena de muerte.

La Corte Suprema de Mauricio ha declarado “inconstitucional” y “discriminatoria” la criminalización y prohibición de la intimidad entre personas del mismo sexo en el país en un fallo histórico.

La Corte Suprema de la nación falló a favor de la despenalización como parte del caso Ah Seek contra el Estado de Mauricio, en el que Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, presidente de la organización local LGBTQIA+ Collectif Arc-en-Ciel, respaldada por Human Dignity Trust en Londres, actuó como principal demandante. Impugnó la constitucionalidad del artículo 250 del Código Penal de Mauricio, que databa de 1838. La anticuada ley, introducida por los británicos durante el período colonial, criminalizaba las relaciones consensuada sobre entre personas del mismo sexo tipificándola como delito con hasta cinco años de prisión.

La sentencia dictada el miércoles (4 de octubre) enfatizó que Mauricio es un Estado democrático laico y no encuentra ninguna razón justificable para inmiscuirse en la vida privada de las personas LGBTQIA+. En su fallo, los jueces de la Corte Suprema preguntaron: “…¿Existen razones válidas para que el Estado discrimine al demandante por tener relaciones sexuales de la única forma disponible para él?“

El tribunal dictaminó que el artículo 250 del código penal es “discriminatorio” e “inconstitucional” y afirmó que: “penaliza la única manera natural para que él y otros hombres homosexuales tengan relaciones sexuales, mientras que a los hombres heterosexuales se les permite el derecho a tener relaciones sexuales de una manera que les resulte natural”.

“El presente caso se refiere a los aspectos más privados e íntimos de la identidad de los hombres homosexuales, es decir, la manera en que mantienen relaciones sexuales. En consecuencia, deben existir razones particularmente serias para que el Estado interfiera justificadamente con la manera en que los hombres homosexuales eligen tener relaciones sexuales consensuales en privado”.

El tribunal también señaló que la ley de la era colonial no se hizo para reflejar los valores de Mauricio, sino que “heredada como parte de nuestra historia colonial de Gran Bretaña”.

El juez reconoció además que la orientación sexual del demandante es “natural e innata… no puede ser alterada y es una variante natural de su sexualidad”.

De izquierda a derecha: Tim Otty, Abdool Ridwan Firaas Ah Seek y Gavin Glover (Foto cortesía)

El demandante Ah Seek, que inició la demanda en 2019, también comentó sobre el fallo, que supuso un “enorme alivio. A partir de hoy, como ciudadano y ser humano, soy libre de amar a quien quiera sin miedo. Sobre todo, también significa que las próximas generaciones podrán abrazar plena y libremente su sexualidad sin temor a ser arrestadas. Esta victoria es sin duda un paso importante hacia la plena inclusión de nuestra comunidad en la sociedad de Mauricio».

Al comentar sobre el fallo, Téa Braun de Human Dignity Trust declaró: “Esta decisión finalmente derriba 185 años de estigma sancionado por el Estado contra las personas LGBT en Mauricio y envía otro mensaje importante a los países criminalizadores que aún quedan en África y más allá: estas leyes deben ir.»

Tras el anuncio, Human Dignity Trust tuiteó: “ÚLTIMA HORA: Victoria trascendental para los derechos humanos en #Mauricio cuando la Corte Suprema derriba la ley discriminatoria que penaliza la intimidad entre personas del mismo sexo. Mauricio se suma a una lista cada vez mayor de naciones africanas que han despenalizado la actividad sexual entre personas del mismo sexo”.

BREAKING: Momentous victory for human rights in #Mauritius as Supreme Court strikes down discriminatory law criminalising same-sex intimacy. Mauritius joins growing list of African nations that have decriminalised same-sex sexual activity. pic.twitter.com/59Bolp0XaX

— Human Dignity Trust (@HumanDignityT) October 4, 2023

Human Dignity Trust también reconoció que, si bien la ley era “en gran medida obsoleta” y “no había evidencia de que la ley se hubiera aplicado durante muchos años en casos de actividad sexual consensuada entre personas del mismo sexo”, su “mera existencia” constituía una “violación de derechos humanos” que fomentó “nuevos actos de discriminación”.

Al comentar sobre el fallo, afirmaron: “El Trust aplaude esta decisión, así como el trabajo en curso del gobierno para reformar leyes más amplias sobre delitos sexuales para eliminar la discriminación y brindar una protección adecuada contra la violencia sexual.

“Esta victoria eleva a 65 el número de jurisdicciones que criminalizan a las personas LGBTQIA+. Mauricio se suma ahora a otras naciones africanas como Sudáfrica, Botswana, Seychelles y Mozambique, que han erradicado de sus leyes disposiciones criminalizadoras similares de la era colonial”.

The Trust applauds this decision, as well as the ongoing work of the government to reform wider sexual offence laws to eliminate discrimination and provide proper protection against all sexual violence.https://t.co/WQFzbmKItu pic.twitter.com/kZy0wLEan7

— Human Dignity Trust (@HumanDignityT) October 4, 2023

Pliny Soocoormanee, un mauriciano gay y director ejecutivo de la organización de derechos humanos The Peter Tatchell Foundation, explicó su alegría por el fallo: “Estoy encantado de que después de 185 años de criminalización de las personas LGBT en Mauricio, esta ley homofóbica finalmente haya llegado a su fin. Nunca pedimos un trato especial, sólo igualdad y respeto. Puede que Mauricio sea pequeño, pero el mensaje que esto envía al mundo es enorme. La criminalización en todos los países pertenece al pasado. Como mauriciano gay, este día vivirá conmigo para siempre”.

Mauricio ahora se une a naciones africanas como Sudáfrica, Angola, Botswana, Lesoto, Mozambique, Gabón, y Seychelles  para erradicar de su sistema legal las disposiciones de la era colonial. Namibia también está dando pasos en ese sentido. Aún así, buena parte del continente mantiene leyes que las criminalizan, en muchos casos mediante disposiciones heredadas de la época colonial. Un caso especial es el de Sudáfrica, donde a pesar de la LGTBIfobia social el marco jurídico es favorable a los derechos LGTBI, con una Constitución que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y donde el matrimonio igualitario es legal desde 2006.

Mientras tanto, otras naciones africanas mantienen algunas de las estrictas leyes anti-LGBTQ+ del mundo. De los 54 países del continente, sólo 22 han legalizado la homosexualidad. En Mauritania, Somalia y Nigeria la pena máxima por homosexualidad es la pena capital.

Fuente Agencias

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En respuesta a las peticiones presentadas por activistas homosexuales ante la Corte Suprema de la India, el gobierno federal le dijo a la corte que “el reconocimiento legal del matrimonio es solo para las relaciones heterosexuales”.

Anto Akkara
6 de abril de 2023

INDORE, India — La Conferencia de Obispos Católicos de India (CBCI), a menudo en desacuerdo con las decisiones de política social del gobierno nacionalista hindú BJP, ha elogiado al gobierno por oponerse categóricamente a la demanda de legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo en el gobierno federal. Corte Suprema.

El gobierno indio declaró su oposición a la redefinición del matrimonio en una presentación del 12 de marzo ante la Corte Suprema el domingo. Reuters informó que el gobierno ordenó a la corte que rechazara los desafíos al marco legal actual expresados por parejas del mismo sexo. Según Reuters, que vio la presentación, “El Ministerio de Justicia cree que si bien puede haber varias formas de relaciones en la sociedad, el reconocimiento legal del matrimonio es para las relaciones heterosexuales y el estado tiene un interés legítimo en mantener esto”.

El Tribunal ha establecido un banco de constitución de cinco miembros durante una audiencia el 13 de marzo para discutir la fuerte objeción del gobierno. El asunto será discutido el 18 de abril en otra audiencia que será televisada en India.

“Lo que el gobierno indio ha dicho a la Corte Suprema está totalmente de acuerdo con la enseñanza cristiana sobre la relación matrimonial”, dijo el 23 de marzo el padre John Karuvelil, profesor de teología moral en Jnana Deepa Vidyapeeth en Puna, la principal facultad teológica de la India.

El padre Karuvelli señaló: “El objetivo de la sexualidad humana no es simplemente la satisfacción personal, sino la realización humana que solo es posible en su dualidad y complementariedad. Una preocupación por la satisfacción personal es a menudo el resultado de una inversión de la persona en el egoísmo y el egocentrismo. Solo las relaciones heterosexuales pueden proteger la institución y la santidad del matrimonio, los bienes del matrimonio y el florecimiento de la vida familiar por el bien de la sociedad en general”, enfatizó.

La respuesta negativa del gobierno federal al impulso por el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo se transmitió en los titulares de los periódicos publicados en todo el país, antes de la audiencia de la Corte Suprema del 13 de marzo.

“Cualquier cambio en las relaciones humanas debe provenir de la legislatura, no de los tribunales, dice [el gobierno nacional] en su declaración jurada en respuesta a una decisión de la Corte Suprema de examinar las peticiones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo”, dijo el diario nacional hindú, resumiendo la esencia. de la postura del gobierno sobre el tema sensible a nivel internacional.

“La institución del matrimonio tiene una santidad adjunta y en la mayor parte del país, se considera un sacramento, una unión sagrada y un sanskar (cultura). En nuestro país, a pesar del reconocimiento legal de la relación de matrimonio entre un hombre biológico y una mujer biológica, el matrimonio necesariamente depende de costumbres, rituales, prácticas, ethos culturales y valores sociales ancestrales”, informó The Hindu, citando el 46- página declaración jurada del gobierno presentada ante el tribunal supremo de la India.

El gobierno también le recordó al tribunal, según otro informe de The Hindu, que si bien había despenalizado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 2018, no había legitimado el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Estamos felices de que el gobierno haya percibido el estado de ánimo de la gente y haya tomado una posición inequívoca sobre la demanda de legalizar el matrimonio sexual. Esto respalda la postura de la Iglesia”, dijo al Register el arzobispo Felix Antony Machado de Vasai, secretario general de la conferencia episcopal de la India.

“La demanda del matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema importado en este país. La demanda no se escuchó aquí hace 15 años”, señaló el arzobispo Machado, quien vivió durante más de 35 años en los EE. UU. y Europa, incluido un período en el Vaticano como secretario del Dicasterio para el Ecumenismo y el Diálogo.

“La Iglesia mira con compasión a las personas con una actitud sexual no heterogénea y les brinda apoyo pastoral”, dijo el arzobispo Machado. “Pero la Iglesia nunca aprobará el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es entre un hombre y una mujer”.

El 14 de marzo, Kiren Rijiju, el ministro de justicia de la India, defendió la oposición del gobierno a los matrimonios entre personas del mismo sexo y le dijo a The Hindustan Times que está «basado en la tradición y el espíritu de la India».  “Una persona de cualquier sexo puede elegir vivir una vida particular. Pero cuando hablas de matrimonio, es una institución… guiada por diferentes disposiciones y leyes”, dijo Rijju al Times.

“Estoy muy contenta con la posición clara que ha tomado el gobierno sobre este tema delicado”, dijo Estelle D’Souza, secretaria de la Comisión para Personas con Discapacidades de la Arquidiócesis de Bangalore, al Register. “El matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer y sería difícil… aceptarlos (parejas del mismo sexo) como marido y mujer, porque la sociedad india no está preparada para esto”, agregó D’Souza.

Con respecto a la próxima audiencia del 18 de abril, Sunny Kattukaran, una activista pro-vida del grupo pro-vida laico indio V4Life que hace una campaña vigorosa en el país, dijo al Registro: “Sentimos que la Corte Suprema está tratando de estar en los buenos libros de el lobby gay internacional. Es por eso que el tribunal le está dando mucha importancia al caso y ha establecido un tribunal constitucional de cinco miembros, cuya decisión será difícil y difícil de ignorar para el gobierno”.

El psiquiatra católico Antonio Carvalho le dijo al Register que “la corte no puede y debe redefinir la creación y la humanidad. El tribunal solo debe establecer cierta protección para las personas afectadas para que no sean condenadas al ostracismo y perseguidas, sino guiadas por un camino sensato”.

“El gobierno se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo por motivos culturales y también en otros puntos del gobierno porque todas las personas se verán afectadas”, dijo Carvalho. “No es solo una cuestión moral o religiosa, sino que [destruiría] la base misma de nuestra vida social y nuestra nación”.

A pesar de todo, actualmente, las personas LGBTQ+ disfrutan de muchas protecciones legales en India, ya que el país continúa evolucionando hacia la igualdad. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es ilegal tanto en la vivienda como en el empleo, y los estados indios como Tamil Nadu han comenzado a tomar medidas contra la práctica dañina y desacreditada de la terapia de conversión. Aunque se reconocen las identidades trans, las personas todavía enfrentan muchas barreras para que su género legal refleje su realidad vivida.

Aunque es poco probable que la postura del Gobierno cambie, un cambio en la percepción pública hacia las parejas LGBTQ+ podría suponer una victoria para los peticionarios de forma similar a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2018.

Según una encuesta de 2021 de Ipsos, se estima que el 17 % de los indios se identifican como LGBTQ+. El tres por ciento de la población india es homosexual, el nueve por ciento se identifica como bisexual, el uno por ciento es pansexual, el dos por ciento se identifica como asexual y el dos por ciento se identifica con otra etiqueta.

Fuente National Catholic Register/Cristianos Gays

Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Antonio Carvalho, Arquidiócesis de Bangalore, Arquidiócesis de Vasai, Conferencia de Obispos Católicos de India, Corte Suprema, Estelle D’Souza, Felix Antony Machado, Hinduísmo, Iglesia Católica, India, John Karuvelil, Matrimonio igualitario, Sunny Kattukaran, V4Life