Juez impide que Trump niegue subvenciones federales a albergues que atienden a personas trans.
Una coalición de organizaciones sin fines de lucro afirma que el gobierno está “utilizando ilegalmente fondos federales para promover la visión ideológica del presidente.”
John Russell (Él)
28 de julio de 2025,
Una jueza federal ha bloqueado las restricciones anti-DEI y anti-LGBTQ+ impuestas por la administración Trump a las subvenciones federales otorgadas a organizaciones que atienden a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual, jóvenes LGBTQ+ y comunidades sin hogar.
El jueves 24 de julio, la jueza federal de distrito Melissa DuBose concedió una solicitud de orden de restricción temporal que bloquea las condiciones de los programas de subvenciones federales administrados por los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., según informó Advocate. El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada la semana pasada por una coalición nacional de organizaciones sin fines de lucro, representadas por Democracy Forward y otros grupos legales, que impugnan las restricciones.
Como señala el Washington Blade, las nuevas restricciones se implementaron en respuesta a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump destinadas, en parte, a denegar fondos federales a organizaciones con programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y que «promueven» la llamada «ideología de género«.
En su demanda, la coalición señaló que tanto el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) habían implementado nuevas condiciones que prohibían a los beneficiarios utilizar los fondos de las subvenciones para promover programas de DEI e ideología de género. Las restricciones, argumentan en la demanda, ponen a las organizaciones entre la espada y la pared.
«Pueden aceptar las condiciones y cambiar radicalmente su programación, abandonar los métodos de divulgación y los programas diseñados para servir mejor a sus comunidades y arriesgarse a una responsabilidad ruinosa«, afirma la demanda. «O pueden rechazar la financiación y detener los programas financiados, desplazando a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual de viviendas seguras, poniendo fin a programas diseñados para reducir y prevenir la violencia doméstica y sexual, y devolviendo a las calles a familias y niños que anteriormente se encontraban sin hogar«.
Los demandantes argumentan que la administración Trump «está utilizando fondos federales para promover la visión ideológica del presidente«, en violación de la ley y de la separación de poderes de la Constitución de los Estados Unidos.
«El poder ejecutivo no puede utilizar unilateralmente los fondos asignados por el Congreso para programas creados para promover sus propios objetivos políticos«, afirma la demanda. La separación de poderes no lo permite, y en este caso, el Congreso no autorizó a los Departamentos a imponer las nuevas condiciones de financiación.
La demanda argumenta que las nuevas condiciones para la financiación de subvenciones violan los derechos de los demandantes amparados por la Primera Enmienda, «al obligar a los beneficiarios a expresar las opiniones de la Administración sobre género e impedirles promover la diversidad, la equidad y la inclusión, incluso cuando no utilizan fondos federales«. Afirman que las restricciones también violan la Ley de Procedimiento Administrativo, «al entrar en conflicto directo con la legislación vigente o incumplir el procedimiento requerido, y al ser arbitrarias y caprichosas en prácticamente todos los sentidos en que una acción de una agencia puede ser arbitraria y caprichosa«.
En un comunicado de prensa publicado el viernes 25 de julio tras la decisión de DeBose, Democracy Forward indicó que los demandantes en el caso presentarán una propuesta sobre el alcance preciso de la orden de restricción temporal para su revisión por el tribunal.
En una declaración conjunta, las organizaciones expresaron su satisfacción por la decisión de suspender las restricciones de financiación de la administración Trump.
Estas condiciones amenazan con socavar décadas de progreso en el apoyo a sobrevivientes de violencia, jóvenes LGBTQI+ y personas sin hogar. Nuestras organizaciones existen para servir a todos con compasión y equidad, y no nos veremos obligados a elegir entre nuestros valores y misión y las comunidades a las que servimos, afirmaron. La orden judicial es un paso crucial para proteger programas que salvan vidas y garantizar que los proveedores de todo el país puedan continuar su trabajo sin interferencia política.
El fallo de DeBose, afirmaron, confirma lo que sabemos desde hace tiempo: que la ley no permite que ningún gobierno utilice su poder de financiación para obligar a los proveedores de servicios a abandonar sus principios fundamentales.
———
John Russell es escritor y editor y reside en Nueva York. Además de cubrir política y entretenimiento para la Nación LGBTQ, ha escrito para Vanity Fair, Slate, People, Billboard y Out. También escribe sobre cine, televisión y cultura pop en su boletín gratuito Johnny Writes…
Fuente LGBTQNation
Melissa DuBose ha hecho historia como la primera jueza negra y LGBTQ+ en servir en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island.
Joe Biden (Foto oficial de la Casa Blanca de Adam Schultz)
Comentarios recientes