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Chile: Comisión de DDHH de la Cámara citará al Ministro de Justicia y a Gendarmería por torturas a internos LGBTI en las cárceles

Jueves, 2 de agosto de 2018

220px-carmen_hertz_cadizTras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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Juzgado acoge medida cautelar a favor de internos LGBTI torturados por gendarmes

Miércoles, 25 de julio de 2018

gendarmeriaabusos-700x394Se ordenaron una serie de medidas a favor e la interna trans María del Pilar López Barrera y otros 5 internos gays, al tiempo que se ofició al INDH para que indague las condiciones de salubridad donde actualmente se encuentran las víctimas,

El Juzgado de Garantía acogió hoy una medida cautelar a favor de la interna trans María del Pilar López Barrera y de otras cinco personas gays recluidas en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde el pasado 11 de julio fueron torturadas e insultadas por gendarmes en razón de su orientación sexual e identidad de género.

Junto con acoger la cautela de garantía presentada por la Defensoría Penal Pública, el Juzgado acogió que se hiciera parte del proceso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), instancia que está en permanente contacto con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por este caso.

“Una vez más los tribunales acogen recursos a favor de María del Pilar y otros internos LGBTI en medio de permanentes abusos y montajes de Gendarmería que en nada garantizan la calidad de vida de los recluidos/as. Por ello, valoramos que el tribunal encomendará una serie de medidas en el breve plazo, a objeto e paliar las represalias, la homofobia y la transfobia de los gendarmes”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez-

Entre otros puntos, el Juzgado Garantía ofició al Instituto Salud Pública para que repongan los medicamentos de VIH/SIDA que una de las víctimas requiere con urgencia, pero que Gendarmería se había negado a facilitarles, en una nueva muestra de agresión.

A la par, se ofició a Gendarmería para que informe sobre la salubridad e infraestructura en el módulo en donde se encuentran actualmente las víctimas y se ofició a la INDH para que investigue las condiciones del recinto.

“Valoramos profundamente el accionar de la Defensoría Penal Pública, así como la rápida y oportuna intervención del INDH. Dado que hay seis fallos de la justicia favorables a María del Pilar y ninguno de ha cumplido, nos mantenemos al mismo tiempo firmes en nuestra decisión de denunciar en los próximos días a Gendarmería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Una interna trans y 5 gays son torturados por gendarmes en La Serena

Jueves, 19 de julio de 2018

tortura2-225x300Uno de los hechos afecta a María del Pilar López Barrera, quien han ganado en tribunales seis juicios contra Gendarmería por otras torturas en razón de su identidad de género.

Familiares de seis internos del Complejo Penitenciario de La Serena denunciaron hoy ante el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que ayer fueron torturados por gendarmes en medios de insultos en razón de su orientación sexual 2 identidad de género.

Los afectados son los internos gays S.A. R..S, J.A.C.M, F.F.B.M, M.R.L.C, P.E.D.A.V y la trans María del Pilar López Barrera, esta última víctima de permanentes acosos y abusos en los últimos dos años luego de que ganará seis recursos de protección en diversos tribunales del país (incluidos dos fallos de la Corte Suprema) donde Gendarmería fue sancionada por golpear, torturar, insultar y aislar a la mujer en razón de su identidad de género.

“Nuestros familiares fueron golpeados con objetos contundentes y se encuentran aislados en una celda, impedidos de recibir medicamentos que con urgencia requieren para tratar diversas enfermedades. Los abusos de gendarmes siempre se basan en insultos como “maricones”, “caballos” y “fletos” y en negar la identidad de género de María del Pilar”, denunció uno de los parientes al Movilh.

totura3-225x300El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que la situación en gendarmería es peligrosa y alarmante para la población LGBTI, y muy especialmente contra María del Pilar, quien es constantemente víctima de represalias por sus denuncias en tribunales. Esto lo hemos hablado con todas las direcciones nacionales de Gendarmería de los últimos dos años y nada se resuelve”.

Añadió que “la violencia contra la población LGBI se ha vuelto extrema en el último año y es particularmente nociva en las cárceles. Se están viviendo procesos gravísimos y ninguna autoridad del Estado les ha tomado el peso. Los abusos están ocurriendo frente a sus ojos, y ni siquiera tienen la decencia de solidarizar con las víctimas”.

En virtud de lo anterior, el Movilh anunció que “reportaremos los atropellos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y analizaremos la presentación de una demanda contra Gendarmería por desacato, pues no ha cumplido ninguno de los seis fallos que la han obligado a tratar con dignidad a la población penal LGBTI y a respetar el nombre y sexo social de internos e internas trans”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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La administración Trump revierte la normativa que protegía a las personas trans en las cárceles federales

Lunes, 14 de mayo de 2018

trumpNuevo recorte de derechos del colectivo trans a manos de la administración Trump. En esta ocasión le toca el turno a las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama, y que ahora han sufrido una serie de modificaciones que las dejan, en la práctica, revocadas. Para empezar, la administración Trump ordena que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que pierden de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

La normativa instaurada por la administración Obama no era ni mucho menos perfecta, pero suponía un avance importante respecto a la situación anterior. Sin que determinase de forma explícita que todas las personas trans debían ser asignadas a instalaciones correspondientes a su identidad de género, sí que establecía la obligatoriedad de tener esta en cuenta, así como la «vulnerabilidad a la victimización sexual» y sus necesidades médicas y psicológicas. La administración Trump ha decidido sin embargo introducir una serie de cambios. Ahora bien, en lugar de sustituir el documento por otro, lo que hace es interpolar una serie de párrafos en distintos puntos del texto (puedes verlos aquí, señalados en amarillo), de forma que en teoría la normativa sigue vigente, pero en la práctica queda convertida en papel mojado.

Así, por ejemplo, mientras que se mantiene la necesidad de tener en cuenta la identidad de género de la persona reclusa, se introduce la salvedad de que se utilizará el «sexo biológico» como criterio inicial para la asignación. De hecho, el nuevo documento refiere explícitamente que «la designación de una instalación correspondiente a la de la identidad de género del reo se considerará apropiada solo en circunstancias excepcionales» y siempre que en todo caso la persona trans ya haya experimentado una «significativa evolución de su transición» demostrada médica y psicológicamente.

Otro cambio aparentemente mínimo (consiste «solo» en la adición de una palabra) pero que puede tener gran trascendencia es el que atañe al tratamiento médico de las personas trans reclusas. De «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada del reo por el personal médico de la institución» se pasa a «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico necesario podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada…». Un cambio que ha sido interpretado como una forma de facilitar que las cárceles puedan denegar a las personas trans tratamientos que no consideren «necesarios». Resulta obvio el peligro que ello supone: muchas personas trans podrían exponerse a quedar sin tratamientos fundamentales para acomodar sus características físicas a la identidad de género sentida.

Los colectivos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB consideran muy grave la decisión de la administración Trump. «La decisión de no respetar la identidad de género de las personas transgénero es dañina e irrespetuosa. Es una decisión inadmisible que ignora el conocimiento médico y desafía al sentido común. Las personas trans bajo el control de la Agencia [Federal] de Prisiones estarán sometidas a un mayor grado de violencia y discriminación», ha declarado por ejemplo David Stacy, director de Asuntos Gubernamentales de Human Rights Campaign (HRC).

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final.

La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Directora Nacional de Gendarmería ordenará que se acaten los fallos favorables a internas trans

Viernes, 20 de abril de 2018

web-gendarmeria-movilhEl Movilh informó a la recién asumida autoridad que Gendarmería no ha cumplido ninguna de las sentencias de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió hoy con la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, para informarle de los graves atropellos que han padecido internas y gendarmes trans , así como funcionarias lesbianas al interior de la institución.

“En una reunión muy sincera, explicamos a Bendeck que en los últimos tres años Gendarmería experimentó lamentables retrocesos en relación al respeto a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bi, y trans. Se ha tratado de torturas y discriminación contra internos/as, así como de desigualdades laborales hacia los funcionarios que se declaran LGBTI”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “Nueve fallos de tribunales, dos de los cuales son de la Corte Suprema, han exigido a Gendarmería cesar con estos atropellos, pero ninguna sentencia ha sido acatada. Dado que Bendeck recién ha asumido su cargo, consideramos de gran relevancia informarle lo que está ocurriendo”, apuntó Jiménez.

Los abusos en cuestión han tenido lugar en cárceles de Iquique, Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Santiago.

Tras escuchar al Movilh, Bendeck aseguró que ordenará el cumplimiento de todos los fallos, sí como el pleno respeto a la legislación que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Del mismo modo “se avanzará en medidas para prevenir y erradicar los atropellos, para lo cual sostendremos próximamente una reunión de trabajo de tipo más técnica, donde se busquen soluciones conjuntas a los problemas expuestos”.

El Movilh aprovechó la reunión para felicitar a “Bendeck por ser la primera mujer en asumir la dirección de Gendarmería. Su cargo, marca un hito, haciendo historia para el avance de la plena igualdad de género”.

Fuente MOVILH

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El presidente de Filipinas dice que los presos no pueden reformarse porque se vuelven gais

Sábado, 9 de septiembre de 2017

flipinas-duterte-convictos-homosexuales-696x522El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice en un discurso que es imposible reinsertar en la sociedad a un ex-convicto porque en prisión “desarrollan homosexualidad latente” y quieren volver a la cárcel porque tienen comida gratis y les esperan sus amantes.

Cada vez que el presidente de Filipinas abre la boca, sube el pan. Si te quedaste flipando con el hecho de que los americanos eligieran a Trump como presidente ya te digo yo que es que no conoces a Rodrigo Duterte, un señor al que Amnistía Internacional acusó de haberse cargado extrajudicialmente a 700 personas y él dijo que eso era mentira… que mató a 1,700.

Duterte estaba el otro día dando un discurso durante el aniversario de la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Habilidades de Filipinas, la Tesda, cuando se lanzó a defender el sistema judicial del país. Un sistema que hace unos meses reinstauró la pena de muerte. Algo de lo que Duterte está muy orgulloso porque dice que “Ojo por ojo, diente por diente. Es la ley básica de la jungla. Si matas a alguien, lo pagas con tu vida. Es una retribución.

Duterte defendió además que la visión filipina de la justicia era diferente a la versión “positivista” de los países occidentales que “creen que alguien que ha estado en prisión puede ser rehabilitado“; porque según el bueno de Rodrigo alguien que ha estado “10, 15, 20 años en prisión, sin importar lo que le enseñes… buscará más problemas y volverá a la cárcel. Allí serán felices.

¿Y por qué van a querer los presos volver a prisión? Pues mira, es fácil: porque se vuelven homosexuales.

Sí, como lo oyes. Según Duterte cuando un convicto queda en libertad “ya no es productivo” y se pondrá a “robar, disfrutar, emborracharse, montar peleas de gallos” para volver a prisión porque han perdido su identidad” y “han adquirido una homosexualidad latente“.

Dijo Duterte en su discurso que a los criminales: “puedes sacarlos de la prisión y enviarlos al Tesda. Pero ya son monstruos en el sentido de que son incapaces de establecer una relación con una mujer. Desarrollan una aberración en sus mentes. No quieren salir de prisión porque allí tienen comida gratis… y tienen amantes. Quieren volver a la cárcel para estar con sus amantes.

Sí, a este señor le votaron.

Fuente | Manila Times, vía EstoyBailando

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Descienden drásticamente los casos de VIH en prisiones norteamericanas

Jueves, 7 de septiembre de 2017

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Las prisiones norteamericanas consiguen reducir en 2015 el número de reos con VIH a niveles de 1991.

Todo apunta a que lo han conseguido gracias a la realización de pruebas regulares de VIH y a suministrar tratamientos antirretrovirales entre los prisioneros.

La Oficina de Estadísticas Judiciales de Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre el número de presos con VIH en las instituciones penitenciarias norteamericanas y el resultado es, cuando menos, sorprendente: en 2015 el número de reos VIH+ era el más bajo desde 1991, año en que se empezó a recolectar datos sobre este hecho.

Cuando en 1991 dicha Oficina hizo un recuento de los presos VIH+ se contabilizaron 17,680 casos. En 1998 la cifra alcanzó su máximo, sumando 25, 980. A finales de 2015 esa cifra era de 17,150.

Es importante, eso sí, diferenciar entre prisiones estatales y prisiones federales. En las prisiones estatales el número de casos de VIH descendió en 9,300 prisioneros entre 1998 y 2015, mientras que en las prisiones federales, durante esos 17 años, hubo un aumento de 470 casos. Hay que tener en cuenta que en 2015 las prisiones federales contaban con tan solo 1,536 casos en comparación con los 15,610 de las estatales.

De 2010 a 2015 el número de personas VIH+ en general disminuyó un 14% entre los hombres y un 31% entre las mujeres.

El motivo que ha llevado a este descenso es la realización de pruebas de VIH en las prisiones. En 2015 eran 15 los estados que realizaban al prueba a todos los nuevos prisioneros de forma obligatoria; mientras que otros 17 la ofrecían de forma opcional. Esa prueba se ofrece, de forma opcional, cuando un reo abandona la prisión.

La moraleja de todo esto, que a lo mejor te lo estás leyendo y te suena a chino, es que te des cuenta de la importancia de hacerse la prueba del VIH de forma regular. A día de hoy el mayor número de nuevos diagnósticos de VIH se da por las personas que no conocen su estado serológico lo que lleva a, en caso de ser VIH+, no estar en tratamiento y por lo tanto no ser indetectables.

Y recuerda que indetectable = intransmisible.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Tailandia podría abrir la primera prisión del mundo exclusiva para reclusos abiertamente LGTB

Sábado, 11 de febrero de 2017

indiceEl gobierno tailandés ha comenzado a estudiar la posibilidad de abrir un centro penitenciario a las afueras de Bangkok exclusivo para prisioneros abiertamente LGTB. Responsables de las cárceles del país asiático han expresado que la medida es necesaria para proteger a la diversidad sexual de violaciones y asaltos sexuales. Desde 1993 todas las cárceles del país separan dentro de la propia prisión, durante el horario nocturno, a los prisioneros LGTB.

Tailandia está estudiando la posibilidad de abrir el primer centro de reclusión del mundo en el que solo admitirán a los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales que sean condenados a prisión. El país asiático pretende implantar la medida como medida de protección para los ciudadanos LGTB, dado que temen que los mismos sean víctimas de abusos sexuales en las cárceles.

El gobierno de Tailandia estudia la apertura de dicha cárcel como forma de ampliar una normativa creada en 1993 que obliga a los responsables de las prisiones a separar durante las horas nocturnas a los reclusos abiertamente LGTB.

Dichos prisiones ya están siendo separados durante la citada franja horaria ante el temor de que “si no los separamos para dormir […] podrían ser violados o asaltados sexualmente, propagando enfermedades”, según ha indicado Watcharavit Vachiralerphum, uno de los funcionarios encargados de las cárceles tailandesas.

Un recluso gay que fue condenado a 9 años de prisión por falsificación, Chawalit Chankiew, se ha mostrado a favor de la medida, expresando a los medios locales que “hay personas que discriminan a los homosexuales. Si durmiera junto a alguien que odia a los homosexuales podrían violarme”.

Sin embargo, pese al apoyo a la medida por parte de las autoridades penitenciarias y de algunos reclusos LGTB, expertos internacionales en la materia han condenado la implantación de tal medida.

En dicho sentido se ha expresado Jean-Sebastian Blanc, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, manifestando que “la construcción y agrupación en una instalación penitenciaria de todos los reclusos LGTB es como una medida de segregación. Hay una diferencia significativa entre una política de salud pública destinada a prevenir enfermedades transmisibles y la segregación de un segmento de la población en base a su orientación sexual o identidad de género“.

En caso de que el estudio de viabilidad que está llevando a cabo el gobierno del país asiático culmine con la apertura del centro penitenciario exclusivo para personas LGTB, el mismo será abierto en una instalación a las afueras de Bangkok que las autoridades han puesto a disposición para tal fin.

Fuente Towleroand, vía Universogay

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Malta prohíbe las “terapias” reparadoras de la homosexualidad y amplía su ley de identidad de género

Viernes, 9 de diciembre de 2016

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Excelentes noticias desde Malta, que ha aprobado en sede parlamentaria dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convierte en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplía su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta ahora eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

El Parlamento maltés aprobó este lunes dos proyectos de ley llamados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos LGTB. El primero de ellos, la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género, es el primer texto legal de Europa que castiga penalmente las “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. La nueva legislación prohíbe la patologización de cualquier orientación sexual o identidad o expresión de género. Para hacer efectiva esta provisión, establece multas de hasta 5.000 euros y penas de hasta cinco años de prisión para aquel que anuncie, ofrezca o lleve a cabo este tipo de pretendidos tratamientos.

La propuesta de ley había sido oficialmente presentado hace un año por la ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles, Helena Dalli. Tras un plazo de consultas públicas, periodo durante el cual cualquier ciudadano u organización pudo enviar sus alegaciones, el proyecto continuó su tramitación parlamentaria. Fue aprobado en segunda lectura en octubre de este año y en tercera y última lectura el lunes pasado.

A partir de ahora, en Malta estas prácticas serán penalizadas por la ley. El nuevo marco jurídico maltés recoge a través de la Ley de Afirmación de la Orientación sexual, de la Orientación de Género y de la Expresión de Género que ninguna orientación o identidad representa un desorden de la conducta que precise de tratamiento.

Según afirma el ‘Malta Today’, a partir de ahora, quienes intenten cambiar o reprimir a una persona se enfrentarán a multas que oscilarán entre los mil y cinco mil euros o a una pena de cárcel de cinco meses. En el caso de los pisquiatras, las sanciones serán más severas y podrán llegar hasta los diez mil euros y un año de prisión.

Además, la ley se completa rebajando a 16 años la edad mínima en la que una persona puede solicitar un cambio de sexo sin autorización judicial o parental, al tiempo que amplía los derechos de las personas detenidas en materia de identidad de género.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregon, Illinois, Vermont, este mismo año. Estos “tratamientos” son considerados engañosos, porque de acuerdo a la evidencia científica carecen de utilidad. También son muy peligrosos, al poder lesionar gravemente la salud física y mental de las personas que se someten a ellos, empujándolas incluso al suicidio.

Los legisladores malteses también aprobaron definitivamente una reforma de la ya muy avanzada ley de identidad de género vigente en el país. El cambio afecta por una parte a los menores de entre 16 y 18 años, que ya no necesitarán contar con el consentimiento paterno para solicitar la modificación de su género legal en todos los documentos oficiales. Además, se establece que todas las personas en situación de privación de libertad puedan ser ubicadas en una institución penitenciaria acorde a su identidad de género si lo solicitan con una declaración jurada.

Malta sigue dando alegrías en materia de derechos LGTB, y ello a pesar de ser un estado confesionalmente católico, tras aprobar una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo (que permite la adopción homoparental) y sobre todo una ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores. Todo un ejemplo para la comunidad internacional.

Fuente Dosmanzanas/Redacción Chueca

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El Tribunal Supremo da por buena la inhabilitación de un funcionario de prisiones que cortó la coleta de un preso porque era “de maricones”

Viernes, 12 de agosto de 2016

supremo-espac3b1olEl Tribunal Supremo ha dado por buena la inhabilitación de un funcionario de prisiones que en su momento fue condenado a seis meses de cárcel por cortar la coleta a un preso que sufría esquizofrenia argumentando que llevarla era “de maricones”. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2003 en el módulo 4 del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha rechazado el recurso del funcionario, que solicitaba su rehabilitación como empleado público. El alto tribunal considera que no sería aceptable que quien despreció la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atentó contra su integridad moral pueda recuperar la condición funcionarial, aún más teniendo en cuenta la clara relación del delito con la propia función pública que desempeñaba el condenado. “Tratar a un recluso, además enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracción de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administración, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que reviviría de concederse la rehabilitación. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo”, argumenta el Supremo.

El recurrente había perdido su condición de funcionario de prisiones en 2008, una vez la condena penal por los hechos acaecidos cinco años antes fue firme. El ya exfuncionario se había dirigido al preso el 8 de septiembre de 2003 y le había ordenado que se quitara la la coleta porque eso era “de maricones”. “Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondió que ‘no tenía huevos’ y, ante ello, el Sr. N.M. fue a su garita, recogió una navaja que tenía en su mochila, volvió a la sala, cortó la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban allí que nadie había visto nada y que si alguno decía algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello”, relata la sentencia. Se da la circunstancia de que el funcionario llegó a reingresar en Instituciones Penitenciarias, aunque dicho reingreso se declaró nulo (una decisión que tuvo su origen en la apertura de un nuevo expediente disciplinario por conducta presuntamente irregular con una funcionaria).

No podemos sino considerar la decisión del Supremo adecuada. Una persona que, con independencia de la orientación sexual del recluso, haya integrado el lenguaje homófobo en su conducta violenta e irrespetuosa no puede bajo ningún concepto seguir ejerciendo un puesto tan delicado.

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CESIDA denuncia la vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad

Lunes, 8 de agosto de 2016

780x580-notasdeprensa-cesidaInstituciones Penitenciarias ha enviado una circular a las cárceles españolas que recoge el veto a una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos.

Juan Ramón Barrios: “Las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) manifiesta su indignación con la circular enviada desde Instituciones Penitenciarias a las cárceles españolas que veta una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos. Esto es mucho más indignante cuando además este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar. Lo que a juicio de esta entidad supone un deterioro importante para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el sistema nacional de salud, en una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad.

Para Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA “este nuevo ataque a los derechos sanitarios de las personas reclusas es una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad”, además añade “y por lo tanto de sus derechos humanos, porque las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

Además la coordinadora recuerda que alrededor de un 20 % de las personas privadas de libertad en España padecen hepatitis C de las cuales un 27 % está coinfectada por el VIH. Un problema grave que necesita una solución urgente y que no se está abordando de forma prioritaria y con la contundencia necesaria para resolver esta situación que se vive en las cárceles españolas.

CESIDA recuerda además que esta situación se puede ahora agravar si se ponen trabas a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada.

Juan Ramón Barrios afirma que “hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”. Barrios ha señalado que “nos vamos a encontrar con una mayoría de personas con largas condenas y con una condena añadida para su salud y con una minoría de personas reclusas con menores condenas y con delitos de guante blanco que no tendrán problemas económicos para resolver este tema”, por lo que añade “esta será una nueva medida clasista de este gobierno”.

Es por todo esto que desde CESIDA pedimos al Ministerio del Interior que retire esta instrucción de forma inmediata para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y en caso contrario anima a las organizaciones médicas colegiadas a que presenten un recurso contra Instrucción que vulnera los Derechos Humanos, el Reglamento Penitenciario y la autonomía de los profesionales sanitarios en este ámbito. CESIDA por su parte va a solicitar un informe jurídico a su departamento de clínica legal y estudiará, junto a otras organizaciones del ámbito penitenciario, las acciones judiciales para derogar nuevamente esta inhumana instrucción del Gobierno.

Fuente CESIDA

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Acusan a una cárcel de censurar correo con material gay enviado a presos

Miércoles, 30 de marzo de 2016

317089-970x600-1Según el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, desde agosto la prisión ha rechazado correspondencia por ese motivo, como mínimo, en 13 ocasiones, lo que es una violación a los derechos de la Primera Enmienda de los reos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lucha contra una prohibición de cartas, revistas y otra correspondencia que contenga material homosexual enviadas a reclusos de una prisión en Kentucky, informaron reportes de la prensa el miércoles.

El director legal de ACLU en Kentucky, William Sharp, ha escrito al complejo correccional del este de Kentucky para oponerse a la política que prohíbe que los prisioneros reciban artículos que “promuevan la homosexualidad”, según informó el periódico Lexington Herald-Leader.

“A los prisioneros de Kentucky no se les puede negar constitucionalmente el derecho de recibir correo solo porque su contenido se relacione con gente gay o temas de interés para homosexuales… Hacerlo así discrimina a individuos sobre la base de su orientación sexual, negándoles el derecho fundamental de recibir información protegida por la Primera Enmienda“, escribió Sharp en una carta a la alcaidesa, Kathy Litteral.

Sharp dijo que las preocupaciones de seguridad no eran argumentos válidos para retener artículos que mencionen la homosexualidad.

Rodney Ballard, el recientemente designado comisario de correccionales del estado, dijo que no estaba familiarizado con la política, pero que investigaría el tema.

“Vamos a revisar todas las políticas, tanto institucionalmente como en todo el sistema”, dijo Lisa Lamb, portavoz del Departamento de Correccionales.

Fuente Agencia/Cáscara Amarga

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California se hará cargo de una de las primeras operaciones de reasignación de género de una reclusa transexual en los EEUU

Jueves, 13 de agosto de 2015

900x506Shiloh Quine será la una de las primeras reclusas trans estadounidenses en someterse a una operación de reasignación de género mientras cumple condena. Además, el estado de California correrá con los costes de su intervención quirúrgica, que podrían oscilar entre los 15.000 y los 25.000 dólares. Sin embargo, aunque Quine sea la primera mujer trans de California en realizarse la cirugía estando en prisión, su victoria se debe en buena medida a la lucha de Michelle Norsworthy, otra reclusa trans que en abril obtuvo una orden favorable de un tribunal federal. Tanto en el caso de Quine como en el de Norsworthy, los funcionarios de presiones de California habían desestimado las operaciones, previamente, alegando que la reasignación “no es médicamente necesaria”. Tras la sentencia favorable para la operación de Michelle Norsworthy, California se ha comprometido a pagar la intervención de Quine.

Las próximas operaciones de reasignación de género a las reclusas californianas Shiloh Quine y Michelle Norsworthy sientan un importante precedente. Solo en el estado de California se estima que hay unas 400 personas transexuales que reciben tratamiento hormonal. El juez federal de San Francisco Jon Tigar, nombrado por Obama, se asignó el pasado otoño el caso de Shiloh Quine. Tigar considera que si un tribunal federal de apelaciones niega la prescripción médica de reasignación de género de un preso constituiría “indiferencia deliberada” y, en tal caso, se violaría la Octava Enmienda sobre “castigo cruel e inusual”. California ha decidido asumir todos los costes (que ascenderán a una cifra de entre 15.000 y 25.000 dólares) para cerrar la demanda federal.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobaba en junio el matrimonio igualitario y reconocía la discriminación histórica de gais, lesbianas y bisexuales. Sentencias como las que permitirán a las reclusas Quine y Norsworthy someterse a cirugía, sumadas a la aprobación por vía judicial del matrimonio igualitario, indican que la justicia estadounidense ha experimentado una evolución en los últimos tiempos, reflejando el aumento de la sensibilidad social por los derechos de las personas LGTB. Eso no significa, en absoluto, que con estas conquistas se ponga fin a las reivindicaciones, ya que la LGTBfobia sigue generando problemas contra los que hay que seguir lidiando. Ayer, sin ir más lejos, publicábamos la noticia del asesinato de la decimotercera mujer trans en los EEUU, en lo que llevamos de 2015.

En la noche del pasado viernes, el departamento de prisiones de California emitió un breve comunicado en el que se anunciaba que el estado pagaría la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine para resolver así la demanda federal. California reconoce que todos los profesionales médicos que estudiaron su caso “determinaron que esta cirugía es médicamente necesaria para Quine”. Esta mujer trans, que cumplió 56 años el mismo viernes, está en prisión desde 1980, condenada por asesinato en primer grado, secuestro y robo. Como consecuencia de su imposibilidad, hasta ahora, de conseguir su operación de reasignación de identidad de género, los registros oficiales de la prisión estatal de Mule Creek recogen que Quine habría tratado de suicidarse en distintas ocasiones. La última, en 2014, tras haber solicitado la cirugía y habérsela denegado los funcionarios.

La también reclusa trans Chelsea Manning, en la prisión militar de Fort Leavenworth, anunciaba en mayo que trabajaba en la redacción de un proyecto de ley que evitar “estas exclusiones en los planes de gestión de salud, que son ilegales”. Manning está condenada a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense. La autorización por parte del ejército estadounidense para el tratamiento hormonal de Manning fue recogida el pasado mes de febrero por dosmanzanas.

En prisiones equivocadas

En el momento en el que se complete la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine, se autorizará su traslado a una prisión de mujeres. Tanto en los EEUU como en otros países (en los que todavía están más desprotegidas y vulnerables) las personas trans recluidas en centros opuestos a su verdadera identidad de género suelen ser víctimas de la exclusión, cuando no de vejaciones, violencia verbal o física, así como de toda clase de abusos.

El activismo LGTB ha acogido con satisfacción la noticia sobre Shiloh Quine y espera que este caso siente un precedente para futuras personas transexuales recluidas en centros penitenciarios. No obstante, Kent Scheidegger, director de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, con sede en Sacramento, entiende que “un acuerdo no es un precedente, pero supongo que da un poco de munición para que otros tipos puedan decir que ‘si se hizo esto por él, ¿por qué no por mí?’”. Para Scheidegger, “la idea de que la Octava Enmienda represente un beneficio para los presos que no está disponible para el público respetuoso con la ley es algo que mucha gente encuentra ofensivo”.

El frustrado caso de Michelle Kosilek

KosilekEl juez Jon Tigar considera que los casos de Shiloh Quine y Michelle Norsworthy podrían ser un precedente favorable para Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando “problemas de seguridad”, así como una supuesta “fuente de angustia mental” para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres. Estos supuestos ‘temores’ estarían basados en los hechos que motivaron su encarcelamiento: el asesinato en 1990 de la que por aquel entonces fuera su esposa (cuando Michelle Kosilek todavía se identificaba como Robert). En los registros de su prisión constan sus intentos de suicidio y de automutilación genital.

Fuente Dosmanzanas

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