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Población LGBTI+ privada de libertad denuncia falta de protección ante COVID-19

Viernes, 8 de mayo de 2020

cárceles-2Por Alejandra Zani y Verónica Stewart

Foto: Cárcel de Ezeiza/Centro de Información Judicial

Pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

El 24 de abril, un guardia de seguridad del Complejo Penitenciario de Villa Devoto dio positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia generó una enorme preocupación entre los presos que venían exigiendo la falta de insumos para higiene personal y limpieza. A partir de esto, comenzó un motín que terminó con varios heridos y la conformación de una mesa de diálogo entre distintas autoridades, representantes de Derechos Humanos y delegados de los distintos pabellones. Finalmente, esta semana comenzaron a realizar tests de coronavirus en los reclusos.

“Yo llamé al pabellón de Devoto porque estaba preocupado por unos amigos y me comentaron que ya hay chicos infectados por el virus. Pusieron a todo el pabellón en cuarentena, porque allá no hay celda individual, les dieron guantes y barbijos y se hizo el hisopado a todos. Pero entre los tests de la ciudad más los de la cárcel, cuando los resultados estén va a ser un poco tarde. Lo que sucede con el coronavirus en las cárceles es una bomba de tiempo”, cuenta Emiliano. Tal es así que los chicos del Pabellón A debieron organizarse para juntar sus preculios, el salario que perciben por sus tareas diarias, e invertirlo en lavandina y otros insumos de higiene.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, quien también integra la Comisión por la Absolución para Luz, asegura que desde los pabellones decidieron denunciar las irregularidades y la situación que están viviendo. “Están con ganas de contar la situación en la cárcel, que actualmente es sumamente delicada desde que arrancaron los motines en Devoto, y que se replicaron a modo de distintas protestas en otras cárceles. Sabemos que esta situación trae más violencia y represión”, explica Alfonsín a Presentes.

Hace poco, en Facebook se dio a conocer una fanpage con el nombre Gays privados de su libertad en donde los chicos del Pabellón A de Ezeiza realizaron una denuncia por falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. “La situación es preocupante y estresante. Cuando se enteraron de la página conseguimos mágicamente que nos dieran yerba, azúcar y hasta galletitas. Me sorprendió. La calefacción, igual, no anda desde el año pasado”.

El objetivo de la fanpage es que la gente conozca que existe un pabellón LGBTI+ en el penal de Ezeiza y que conozcan lo que sucede adentro. “Ningún organismo de Derechos Humanos, ninguna organización LGBTI+ vino nunca a darnos ninguna ayuda, a conocer a los gays privados de su libertad, porque no todos los que estamos acá somos iguales. Hay diferentes historias y no tienen que meter a todos en la misma bolsa porque esto no es la televisión, somos personas y tenemos derechos”.

Mujeres trans en el penal de Ezeiza

“Desde que comenzaron los motines en Devoto, estamos a la espera de una fuerte represión del sistema penitenciario”, cuenta Dalma Emilce Lobo (40 años), activista travesti que se encuentra privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Acá, siempre voy a estar del lado de mis compañeras, nunca de la policía. Yo estoy presa por ser trans y por ejercer la prostitución. Casi todas mis compañeras están acá por causas armadas o por cuestiones de narcomenudeo. Estamos exigiendo que garanticen nuestra salud, no queremos morir en la cárcel”.

En el año 2000, Emilce fue acusada por tentativa robo y estuvo ocho meses presa hasta que le dictaron falta de mérito. En el año 2007, estuvo detenida en Marcos Paz, donde vivió en un pabellón con personas acusadas por violaciones y abusos deshonestos. Allí se organizó junto a otras nueve compañeras trans para denunciar las diversas violaciones y extorsiones sexuales que los agentes penitenciarios le pedían a cambio de comida, y lograron que las trasladaran a los pabellones divididos por género en Ezeiza.

“Yo soy sobreviviente del sistema penitenciario argentino. Vivo con VIH, un nódulo pulmonar y estoy a la espera de un arresto domiciliario”. De acuerdo a Emilce, actualmente en Ezeiza no se están haciendo los testeos necesarios. El aislamiento en este lugar es imposible. El comedor es un pasillo de dos metros, la cocina y el baño son focos infecciosos, somos 9 chicas trans en un cuarto y nos dan medio litro de lavandina para todas. Las ventanas están rotas, no vienen a arreglarlas, y no dejan entrar a nuestros familiares para que nos depositen nuestra comida. Ya hace unos años hubo personas con tuberculosis asintomáticas y recién se dieron cuenta cuando empezaron a escupir sangre y se las tuvo que trasladar. Acá el virus no va a entrar por la ventana, mi reina”.

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Población de riesgo

Emilce no es la única a la espera de prisión domiciliaria. En el contexto de crisis sanitaria actual, son muchas las compañeras privadas de su libertad con problemas de salud preexistentes que la necesitan. En un nuevo informe presentado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto otras organizaciones regionales se estimó que  en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. “Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante”, explica el informe.

Por otra parte, el pasado 27 de abril, la organización activista RESET – Política de drogas y derechos humanos presentó un amicus curiae, el cual constituye una herramienta judicial que permite a quienes no son parte de una contienda, pero cuya intervención en el debate es valiosa (como es el caso de varias organizaciones de derechos humanos), participar de la misma. En este caso, el documento busca, entre otras cosas, “considerar al colectivo de mujeres trans y travestis como población especialmente vulnerable frente al COVID-19, en un contexto generalizado de hacinamiento, sobrepoblación y crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses.”

Según este pedido, los problemas de salud más frecuentes que padece la población travesti trans son “antecedentes de tuberculosis, complicaciones derivadas del uso de silicona industrial o alguna enfermedad crónica”. El informe de diagnóstico de situación durante el periodo 2018-2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por la organización Otrans registra que el 73.3% de la población travesti trans en penales en la Provincia de Buenos Aires padece algún tipo de enfermedad. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH.

En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET, a Presentes

Arresto domiciliario

Conseguir el arresto domiciliario no es tan sencillo. Por un lado, como explica Aramis, muchos jueces y juezas no van a trabajar con regularidad debido a la pandemia. Por el otro, “el tema de la domiciliaria está atada al acceso a la vivienda, a las mismas dificultades para obtenerla”, agrega Aramis. “Generalmente los domicilios donde se producen los allanamientos son donde vivían”. Por lo tanto, suelen ser las amigas quienes ofrecen sus casas para que las privadas de su libertad que así lo necesiten puedan obtener este beneficio. Como detalla el informe de RESET, “la inmensa mayoría de las mujeres trans y travestis tiene que atravesar enormes escollos para acceder a una vivienda.”

Otro gran problema al que se enfrenta la población carcelaria en este contexto es la prohibición de las visitas. Ante la falta de insumos de parte de los penales, son los vínculos cercanos de los privados de libertad quienes la suplen. Así, son las referentes de los pabellones LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos los que acercan los insumos necesarios. “No son cosas que nos provean dentro del penal”, explica Crystal (36), a Presentes. Crystal obtuvo el 20 de abril, tras complicaciones derivadas de la inyección de silicona, el arresto domiciliario, el cual está cumpliendo en el hogar de una compañera. “En el pabellón en el que yo estaba éramos 64, pero con todo esto que pasó muchas chicas se fueron en libertad. Había 23 infectadas de VIH”, agrega.

Las demoras habituales en el procesamiento de las causas también impiden que quienes lo necesiten reciban el tratamiento médico adecuado. Cuando no hay nadie exigiendo que se aceleren estos procesos desde afuera, los casos avanzan aún más lentamente. Tal como detalla RESET en su pedido de amicus, “la gran mayoría de las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires son migrantes sudamericanas, no suelen recibir visitas y su comunicación y redes interpersonales extramuros son sumamente reducidas lo que acentúa la demora en el acceso a derechos como la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria”. En relación a esto, Aramis cuenta a Presentes que “junto con otrxs amigxs y activistas pasamos el caso de diez chicas para darles domiciliaria que todavía no lo habían pedido. Si no hay nadie atrás monitoreando y demostrando que importa lo que sucede, pasa esto.”

La discriminación, un problema recurrente

A pesar de encontrarse en un pabellón dividido por género, Emilce explica la discriminación está lejos de ser resuelta. “Acá somos discriminadas por las agentes que nos dicen “dónde están los pibes, qué olor a huevos” cada vez que pasan, mientras que los grandes mandatarios afuera se regodean por decir que nos traen a un penal divino. “Después los periodistas se sorprenden cuando ven un facón escondido. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos dejemos matar en un motín? Acá tenemos que defendernos de la violencia de un sistema que nos maltrata constantemente”.

Según detalla el pedido de amicus de RESET, la violación del derecho a la identidad de género, la disposición de prohibiciones reglamentarias cisexistas en el régimen de visitas (que solo tienen en cuenta la familia tradicional y biológicamente constituida), en el uso de indumentaria o cosmética, en el esparcimiento o en el acceso a la trabajo, educación y salud y el ejercicio de la violencia por parte del personal penitenciario en los traslados, en las requisas y durante la estadía en el encierro son algunas de las problemáticas denunciadas en el ámbito judicial provincial, nacional e internacional.”

En Ezeiza, cuenta Emiliano, los pabellones A y B son “los de los homosexuales”. “El B está destinado a extranjeros y mayores de 50. Ellos iniciaron una huelga porque estuvimos sin agua durante varios días. Imaginate lo que es no poder tirar el inodoro por tres días, no poder baldear… En fin, tuvimos que hablar con el director que por suerte es flexible. Acá vinieron a dar un curso de cómo tratarnos, pero ya el curso fue discriminatorio. Nos reíamos, “los putos respiran, toman leche, toman café”, ¿qué enseñaron en ese curso? De nada sirvió, siguen insultándonos por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género”.

En cuanto al pabellón A, explica Emiliano, el servicio penitenciario no los trata adecuadamente. “Nos dicen que somos putos quilomberos, que por ser putos cometemos tales o cuales delitos, y que venimos a hacer lío. Yo estoy a punto de cumplir mi condena y los funcionarios penitenciarios no conocen la historia de cada uno, no están para juzgarnos, para eso está la justicia”.

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Fuente Agencia Presentes

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