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CESIDA denuncia la vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad

Lunes, 8 de agosto de 2016

780x580-notasdeprensa-cesidaInstituciones Penitenciarias ha enviado una circular a las cárceles españolas que recoge el veto a una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos.

Juan Ramón Barrios: “Las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) manifiesta su indignación con la circular enviada desde Instituciones Penitenciarias a las cárceles españolas que veta una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos. Esto es mucho más indignante cuando además este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar. Lo que a juicio de esta entidad supone un deterioro importante para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el sistema nacional de salud, en una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad.

Para Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA “este nuevo ataque a los derechos sanitarios de las personas reclusas es una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad”, además añade “y por lo tanto de sus derechos humanos, porque las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

Además la coordinadora recuerda que alrededor de un 20 % de las personas privadas de libertad en España padecen hepatitis C de las cuales un 27 % está coinfectada por el VIH. Un problema grave que necesita una solución urgente y que no se está abordando de forma prioritaria y con la contundencia necesaria para resolver esta situación que se vive en las cárceles españolas.

CESIDA recuerda además que esta situación se puede ahora agravar si se ponen trabas a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada.

Juan Ramón Barrios afirma que “hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”. Barrios ha señalado que “nos vamos a encontrar con una mayoría de personas con largas condenas y con una condena añadida para su salud y con una minoría de personas reclusas con menores condenas y con delitos de guante blanco que no tendrán problemas económicos para resolver este tema”, por lo que añade “esta será una nueva medida clasista de este gobierno”.

Es por todo esto que desde CESIDA pedimos al Ministerio del Interior que retire esta instrucción de forma inmediata para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y en caso contrario anima a las organizaciones médicas colegiadas a que presenten un recurso contra Instrucción que vulnera los Derechos Humanos, el Reglamento Penitenciario y la autonomía de los profesionales sanitarios en este ámbito. CESIDA por su parte va a solicitar un informe jurídico a su departamento de clínica legal y estudiará, junto a otras organizaciones del ámbito penitenciario, las acciones judiciales para derogar nuevamente esta inhumana instrucción del Gobierno.

Fuente CESIDA

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CESIDA refuerza la concienciación sobre el VIH en Centros Penitenciarios

Jueves, 19 de mayo de 2016

think_tank_penitenciariosGuiones de cortometrajes, murales… propuestas de campañas contra el estigma. 

El 87% de las personas reclusas con VIH están coinfectadas por hepatitis C. 

“Es absurdo a día de hoy que cuando un recluso ingresa en prisión, el médico de la misma no tenga acceso a su historial clínico”.

La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, ha realizado a través del programa Think Tank en Centros Penitenciarios, diferentes talleres con personas privadas de libertad en los últimos meses para diseñar campañas y mensajes que ayuden a concienciar sobre la prevención del VIH y la reducción del estigma asociado a la infección.

En este programa, pionero en España y financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Plan Nacional sobre el Sida, han participado ocho entidades miembros de CESIDA: Adhara Sevilla, Asima de Málaga, Avacos-h de Valencia, ACCAS Burgos, ACCAS Palencia, Escola da Sida de Palma de Mallorca y Asociación Sare de Navarra.

Estas entidades sin ánimo de lucro han trabajado con 290 personas privadas de libertad pertenecientes a los centros penitenciarios de ‘La Moraleja’ de Dueñas en Palencia, Pamplona, Palma, Alhaurín de la Torre, Castellón I y del centro de inserción social Luis Jiménez de Asúa, de Sevilla.

“Ha sido muy enriquecedor y positivo comprobar durante el desarrollo de Think Tank en Centros penitenciarios cómo las personas participantes han asumido la importancia de su papel para hacer frente al VIH”, indica Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA.

Como resultado de esta implicación han surgido propuestas de campañas para sensibilizar sobre la realidad del VIH como guiones para cortos, camisetas contra el estigma asociado a la infección, carteles para redes sociales, frases impactantes para dibujar en paredes y carteles, mural con globos gigantes o folletos y dípticos.

El 87,5 % de las personas internas con VIH presentan también marcadores positivos para el virus de la hepatitis C (VHC) y el 30,1 % de los internos con marcadores positivos para el VHC estaban infectados por el VIH, según datos extraídos de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad penitenciaria 2015, del Ministerio del Interior.

“Con estas cifras sobre la mesa es necesario actuar de inmediato y marcarse una estrategia a medio y largo plazo para frenar las infecciones por VIH y coinfecciones con hepatitis C. Desde CESIDA llevamos a cabo iniciativas innovadoras como esta, adaptadas a diferentes segmentos de la población y trabajamos para que se implemente un pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación “, señala el presidente de CESIDA.

CESIDA insta al Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias a impulsar medidas que garanticen el tratamiento a las personas coinfectadas y que están privadas de libertad. “El VIH en el ámbito penitenciario debe ser una de las políticas públicas que se deberían mejorar ostensiblemente”, recalca Barrios.

Desigualdad en las Comunidades Autónomas

CESIDA denuncia la situación de desigualdad en la atención sanitaria que sufren las personas reclusas en España en concreto en lo que respecta al tratamiento de la hepatitis C, enfermedad con prevalencia superior al 20 % en el medio penitenciario.

A pesar del avance de los últimos meses tras años de bloqueo y de no tratar a las personas reclusas, debido al conflicto de competencias entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas sobre el pago de los tratamientos, siguen habiendo Comunidades Autónomas donde estos tratamientos no son accesibles para la población penitenciaria.

En Galicia tan solo están siendo tratados aquellos reclusos que consiguen una sentencia judicial que obligue a ello. En Castilla y León, las personas privadas de libertad que precisan tratamiento son trasladadas a Madrid, pese a que existe una sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de dicha comunidad que obliga a Instituciones Penitenciarias a costear los fármacos.

Por otro lado, la política de constantes traslados de las personas internas dificulta en la práctica su tratamiento en el resto de Comunidades Autónomas. “Con cada traslado hay que iniciar el proceso de nuevo lo que conlleva un retraso del tratamiento y un mayor coste pues se tienen que realizar todas la pruebas diagnósticas de nuevo”, denuncia Barrios.

Ramón Espacio, miembro de Calcsicova, añade que “Mientras las competencias en sanidad penitenciaria no sean asumidas por la Comunidades Autónomas esto no va a cambiar. Es absurdo a día de hoy que cuando un recluso ingresa en prisión el médico de la misma no tenga acceso a su historial clínico”.

Fuente CESIDA

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El Gobierno justifica la discriminación de las personas con VIH en su acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad

Jueves, 29 de octubre de 2015

noticias_file_foto_1025861_1445859581La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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