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En cárceles de Perú a las mujeres trans las encierran en pabellones de delitos sexuales

Lunes, 19 de octubre de 2020

Danuska, left, holds hand with her friend as she passes by on her way to work. Por Verónica Ferrari

Fotos: Danielle Villasana

La plena ciudadanía sigue siendo una deuda para las mujeres trans en el Perú. Sin un marco legal que las proteja, sin políticas públicas que atiendan sus necesidades, sin una estructura familiar que las respete y acoja desde pequeñas y atravesadas por un sistema social que las empuja a la pobreza y la marginación, son poco probables sus oportunidades de progreso y vida digna. ¿Pero qué pasa cuando no solo se atraviesan estas vicisitudes, sino que también pierden su libertad? ¿Si la capacidad de agencia ya es recortada en la vida pública y privada, cómo viven las mujeres que pierden todo atisbo de ciudadanía al ser encarceladas?

El informe presentado por el Proyecto Únicxs y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado “’Vivir los días’: situación de la población trans femenina en el Penal de Lurigancho” busca acercarse a la realidad de las mujeres trans en situación de carcelería en uno de los penales más hacinados y peligrosos del Perú: el penal de Lurigancho.  Allí van presos no solo los delincuentes considerados más peligrosos, sino también los peruanos más pobres, más racializados, con menos oportunidades en la vida, sin abogados y sin familia.

La investigación, que originalmente fue planteada para realizarse en tres penales, tuvo que reducirse a solo uno por la llegada de la pandemia que trastocó a todos los países del mundo y obligó a tomar medidas especiales para evitar las muertes. El Perú, a pesar de ser uno de los primeros países de Latinoamérica que tomó las medidas más drásticas para frenar las consecuencias mortales del coronavirus, no pudo hacer frente a 20 años de neoliberalismo que fueron desinstalando las capacidades del Estado para brindar seguridad y acceso a derechos a todxs sus ciudadanxs.

Sin respeto por su identidad de género

La situación en los penales se agravó, tanto que hasta el momento no se sabe exactamente qué ha pasado con las 23 personas que se identificaron como mujeres, mujeres trans o travestis en el Penal de Lurigancho y que accedieron a ser encuestadas y entrevistadas. La mayoría de ellas eran adultas jóvenes, sin estudios completos y migrantes internas.

La mayoría también estaba presa por robo, ocurridos cuando realizaban el trabajo sexual, y estaban en el pabellón 3, destinado a quienes cometen delitos sexuales, porque ahí también se destina a los hombres gays, y ellas son identificadas como homosexuales.

DANIELLE_VILLASANA-003-1024x683Con representación legal casi todas, y gracias a las negociaciones de los abogados, recibieron condenas menores a las esperadas, de entre cuatro y seis años. El 70% afirmó tener pareja, una estrategia para estar protegida, aún a costa de ser víctima de abusos del protector, y haber tenido sexo por dinero. Todas han podido acceder a atención de salud, pero ésta es de regular a mala. La salud mental está abandonada por lo que sus cambios de ánimo, depresiones y sentimientos de tristeza no son atendidos, lo que aumenta por las pocas visitas que reciben de sus familiares.

Gianna Camacho García, activista trans y parte del equipo de investigación señala la problemática de no atender la salud mental de las reclusas: “Si ya a un reo no los visita nadie, imagínate a ellas, porque además de ser vulnerables por estar privadas de su libertad, lo son también por ser trans: una doble vulnerabilidad, y psicológicamente no se les trata, se les maltrata más bien, hay asistentas sociales que les prohíben maquillarse, tuvieron a alguien que les leía la biblia y les decían que era pecado el ser como son”.

Violencia física, psicológica y sexual

Según el informe, el 40% de las mujeres trans entrevistadas señaló haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de otros internos. El intentar cortarles el pelo como disciplinamiento es común y asumir que ellas trasmiten VIH, por lo son golpeadas como castigo. La cifra crece cuando se trata de la violencia física ejercida por el personal que debería cuidarlas. 52% señala haber sido maltratada físicamente por los guardias de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Les cobran cupos para poder pasar de un pabellón a otro y las manosean, las insultan y las discriminan. Las obligan a vestirse como hombres y las humillan rebuscándoles sus cosas, desnudándolas y burlándose de ellas. 

La violencia sexual también es un continuo en la vida de las mujeres trans, 57% señala que ha sido abusada por otro interno en forma tocamientos, agresión, chantaje sexual, violación. Pero la cifra es de terror cuando se trata de personal del INPE: 74% afirma haber recibido estas agresiones sexuales de parte de ellos. Entre las violencias vividas están las violaciones en grupo de parte de los internos o el traslado a otros ambientes para ser abusadas sexualmente por funcionarios del INPE.

DANIELLE_VILLASANA-002-1024x682A pesar de estos peligros, la mayoría expresó que prefería quedarse en un penal de hombres, entre las razones variadas que dieron fue que ahí podían tener pareja, algo que no sucedería en un penal de mujeres. Las que expresaron preferir un penal de mujeres señalaron que ahí hubieran estado más tranquilas y con menos discriminación.

Sobre esto, Gianna comenta: “Se les ha recluido en un pabellón en donde están todos los agresores por delitos sexuales: violadores, pedófilos, acosadores, y ahí las meten a ellas y a los homosexuales, para que estén todos juntos, el pensamiento del INPE es que ellas y los gays están relacionados con actos sexuales, con los depravados sexuales. Y ahí tampoco están seguras porque no están en las mismas cuadras, están dispersas en todo el pabellón usando el baño y las duchas sin puertas y desnudándose frente a todos”.

Una académica trans en el pabellón

Ver a una mujer trans realizando una investigación académica resulta impactante para las reclusas, que pueden ver referentes positivos en sus vidas (“me contaban su vida, fue una especie de terapia para ellas”). Pero también para lxs funcionarixs del INPE, quienes trabajan sin enfoque de género.

Gianna señala que lxs funcionarixs están acostumbrados a ver a las chicas trans como reclusas, como personas de lo peor, y que al ver llegar a una mujer trans no en calidad de detenida sino de investigadora, los descoloca y rompe sus parámetros. Así, la activista tuvo que vivir ella también una serie de violencias de parte de lxs funcionarios, como que las mujeres de seguridad no quisieran revisarla antes de entrar a los pabellones “por ser hombre” y no estar operada, y tuviera que ser revisada por el personal masculino en presencia de un médico.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado es el principal agente de violencia a LGBT+ en Perú

Sábado, 21 de septiembre de 2019

APERTURA8-golpiza-998x499Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

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Se llevó a cabo el 1° Encuentro de Liderazgo Político LGBTI

Lunes, 15 de septiembre de 2014

carlos-bruceDel 4 al 6 de setiembre se llevó a cabo en Lima, Perú el Primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y El Caribe, del que participaron decenas de autoridades como congresistas, ministros, regidores y concejales que a la vez son activistas y líderes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. La actividad se llevó a cabo en el campus sur de la Universidad Cayetano Heredia, en la avenida Armendáriz 445, Miraflores.

Durante estas jornadas, los líderes y lideresas analizaron diversos puntos de la agenda política LGBTI y dieron a conocer sus propios balances y sus retos a futuro. Así, por ejemplo, se llevaron a cabo los paneles “La participación política de personas LGBTI en Latinoamérica y el Caribe”, “Liderazgos LGBTI en los partidos políticos” y también se realizaron talleres como “Creación y funcionamiento de equipos de campaña”, “Claves para un buen mensaje de campaña”, entre otros.

El alcalde de Long Beach, Robert García, primer alcalde latino y abiertamente gay de Long Beach (EE.UU) participó junto al congresista peruano Carlos Bruce y la legisladora argentina María Rachid del primer panel del evento, denominado “La visibilidad LGBTI: Un cambio a la construcción de una democracia real. En él, García narró su experiencia como autoridad LGBTI en Estados Unidos.

“Era la primera vez que un latino y además abiertamente gay postulaba a un puesto así en el país y en uno de los estados más grandes. Tenía mucho temor, pero todo resultó excelente. Especialmente la comunidad latina nos apoyó mucho. En Estados Unidos tenemos tres alcaldes LGBTI: en Houston, en Seattle y yo, en Long Beach, indicó García.

Por su parte, el congresista Carlos Bruce, consideró que, pese a la demora en el debate del proyecto de Unión Civil en el Perú, se ha avanzado, pues “al margen de que se apruebe o no, considero que hemos avanzado y demostrado que nuestra identidad de género u orientación sexual no tiene nada que ver al momento de ejercer un cargo público o alguna representación pública, que ser gay no te hace ni mejor ni peor servidor público”.

“Yo tengo una ventaja. He sido ministro de Estado, he sido reelegido congresista, hasta mis adversarios reconocen que hemos realizado un buen trabajo. Si asumir eso significa un costo, pues habrá que asumirlo para tener un país más equitativo”, expresó.

Además, sostuvo el parlamentario, “hemos propuesto a los partidos políticos peruanos crear en sus organizaciones las secretarías LGBTI, una propuesta que ha tenido acogida de diversos partidos, sectores y líderes políticos como el Apra, el Frente Amplio, la Izquierda, Pedro Pablo Kucsynski, Acción Popular no lo ha descartado. El único que, por razones evidentes, no lo ha aceptado, es el PPC”, indicó.

Por su parte, la legisladora argentina María Rachid narró cómo fue el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en su país. También participaron de la inauguración Carlos Cáceres, director IESSDEH de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como los representantes de las instituciones organizadoras del evento: Luis Abolafia, director de Programas Internacionales Gay & Lesbian Victory Institute, EE.UU; Wilson Castañeda, director de Corporación Caribe Afirmativo-Colombia; y Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

Al respecto, Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) expresó que “ha sido una gran experiencia participar del Primer Encuentro de liderazgos LGTBI de América Latina ya que pudimos compartir nuestras experiencias con quienes luchan en todo el continente por más igualdad. La FALGBT ha impulsado grandes cambios en nuestro país y ese trabajo es mirado con enorme atención en todos los países de la región, lo cual nos llena de orgullo. Asimismo pudimos constatar el clima muy positivo que se vive en toda la región, lo que augura un pronto avance de nuestros derechos a nivel continental.”

Fuente: Perú.com, Prensa FALGBT, vía SentidoG

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