Los ocho Mossos d’Esquadra condenados por matar a patadas a Juan Andrés Benítez finalmente se reincorporarán al cuerpo policial en el plazo previsto.

Los grupos de Junts pel Sí, Ciudadanos y PP han unido sus votos en el Parlament para rechazar la expulsión definitiva de los mossos condenados por matar a Juan Andrés Benítez, el chico gay vecino del barrio del Raval. La expulsión del cuerpo policial la habían reclamado la CUP y Catalunya Sí que es Pot y el PSC se ha abstenido.

Los Mossos d’Esquadra que habían matado a Juan Andrés Benítez, conocido empresario del Gayxample Barcelonés, habían llegado a un acuerdo (bastante polémico) con la fiscalía y aceptaban una condena de dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudecia y otro contra la integridad moral a cambio de declararse culpables del asesinato de Benítez. Aún así ellos seguían mostrándose “moralmente convencidos” de haber actuado correctamente puesto que, según su abogado, hicieron lo que les enseñaron según los protocolos establecidos. Los agentes no entraron a prisión, puesto que no tenían antecedentes penales; pero la condena les obligaba a no poder ejercer como policías durante dos años y a no volver a patrullar el Raval en cinco años.

Lo que no se sabía era qué iba a hacer la Generalitat, puesto que el expediente que abrieron sobre el caso estaba a la espera de la sentencia, y el sentido común diría que aunque la sentencia hable de supensión la Generalitat los expulsaría del cuerpo pero contrariamente a lo esperado, ésta archivó la enuncia de la CUP. Recordemos: con acuerdo o sin acuerdo, esos ocho agentes han sido declarados culpables de asesinar a una persona a patadas y puñetazos. Además también han admitido que actuaron de forma desproporcionada y que a pesar de que Benítez estuvo pidiendo un médico y jadeando durante 12 minutos no autorizaron la atención médica.

Pues ya sabemos qué va a hacer la Generalitat: readmitirles y hacer como si aquí no hubiera pasado nada. La CUP y Catalunya Sí que es Pot presentaron hace unos días un paquete de medidas que afectaban al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, entre las que además de la petición de crear un Observatorio independiente sobre la policía o la revisión de los protocolos de actuación, se exigía que se expulsara definitivamente a los Mossos condenados por el asesinato de Benítez. JxSí (PDC y ERC), PP y Ciudadanos han votado en contra de esa propuesta, y el PSC se ha abstenido.

La expulsión de los policías que mataron a Benítez no ha sido el único punto rechazado en el Parlament. Otro de ellos era la creación de un observatorio independiente sobre la policía, con el objetivo de que asumiera las funciones de control, denuncia y transparencia en relación a las vulneraciones de Derechos Humanos. En el caso del observatorio, ha recibido el voto negativo de JxSí, Ciudadanos y PP, además del PSC.

Fuente Cáscara Amarga/EstoyBailando

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Justo tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

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En caso de celebrarse, el juez ha prohibido a los medios que graben o capten imágenes de los acusados durante el juicio.

Los seis Mossos d’Esquadra acusados de homicidio después de que Juan Andrés Benítez muriera consecuencia de una reducción policial la noche del 5 de octubre de 2013 sabrán hoy si finalmente se celebra el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene que decidir si atiende la petición de las defensas de los agentes y expulsa de la causa a la acusación popular, representada por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDH). Las defensas de los Mossos quieren expulsar a la Asociación del caso para allanar el pacto con la Fiscalía y la acusación particular, representada por la hermana de la víctima. Ambas acusaciones aceptarían una condena pactada por homicidio imprudente, que libraría a los agentes de entrar en prisión, a cambio de reconocer los hechos.

La ACDH se opone a este pacto porque lo considera una respuesta insuficiente en proporción a la gravedad del caso y algo “inasumible desde el punto de vista de los Derechos Humanos”, ya que con este pacto se contribuiría a ensanchar la impunidad policial. La Audiencia de Barcelona ya había rechazado expulsar a la acusación popular, pero la defensa de los mossos lo ha elevado al TSJC, cuya decisión podría suponer un precedente para limitar la actuación de la acusación popular en otros procesos judiciales. La Fiscalía y la hermana de Benítez también avalan la expulsión de la acusación popular.

De forma inédita y cuando todavía no se sabe si se celebrará el juicio, el magistrado José Luis Ramírez ha impedido a los medios de comunicación grabar y captar imágenes de la declaración de los acusados, con lo que solamente se podrá oír su voz. La explicación del juez es que no quiere contribuir a convertir el juicio en un espectáculo.

En caso de celebrarse, el juez ha prohibido a los medios que graben o capten imágenes de los acusados durante el juicio.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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Preocupante precedente el que ha sentado la fiscalía al archivar la denuncia presentada por varios colectivos contra el Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Juan Andrés Benítez, empresario gay que murió en octubre tras ser violentamente reducido por un grupo de Mossos d’Esquadra.

Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados en los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Benítez y defendía que fue preciso reducir al empresario al oponerse este con “gran resistencia” a su detención, añadiendo que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”.

Una muestra de serofobia que mereció la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que acabaron presentando una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada de Juan Andrés Benítez que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales.

Los colectivos denunciaron además que la información facilitada por el sindicato incluía incorrecciones y datos tendenciosos (como por ejemplo que el tratamiento postexposición con antirretrovirales debe mantenerse un año, cuando este tipo de tratamientos duran solo 28 días). De nada ha servido, dado que la denuncia ha sido finalmente archivada.

Continúa adelante el proceso por la muerte

Lo que sí continúa adelante es el procedimiento judicial contra los agentes directamente implicados en los hechos. Recordemos que, de acuerdo a la autopsia, Juan Andrés Benítez presentaba traumatismos múltiples sobre la región craneo-facial que dieron lugar a un fallo cardiaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa). Sumado a los testimonios de los vecinos del Raval que presenciaron lo sucedido y a las grabaciones tomadas por algunos de ellos, que mostraban el grado de violencia ejercido, los mossos fueron imputados por la jueza por posibles delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia (la jueza consideró que los agentes pudieron alterar pruebas o el contenido de los atestados) y coacciones (debido a la denuncia de algunos vecinos de que los mossos les exigieron entregar o eliminar algunas de las mencionadas grabaciones). La jueza sí archivó la causa contra el vecino con el que Benítez se había peleado (el incidente que dio lugar a que los mossos acudieran al lugar). Los testigos coinciden en que esta pelea no fue grave, que solo dio lugar a heridas de escasa entidad y que cuando los coches patrulla llegaron al lugar ya había terminado.

Más dura es incluso la valoración de la fiscalía, que acusa a los agentes de homicidio al considerar que su actuación fue “excesiva, desproporcionada y desmesurada” y colocó al empresario “en una clara situación de riesgo y peligro”.

La muerte de Juan Andrés Benítez, de 50 años, supuso un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB.  Benítez, dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Fuente Dosmanzanas

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