El vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, habla y sube el pan. Es automático. Si nos faltara poco con el hecho de que se casó con su novio de 19 años saltándose la normativa municipal que prohíbe casarse los viernes pero, él lo hizo ‘porque yo lo valgo’ y, encima nos dio la chapa con el tema de que se acabaron las disputas en el PP porque han hecho borrón y cuenta nueva y ahora el partido que lidera Mariano Rajoy ‘bendice’ los enlaces entre parejas del mismo sexo, ayer (y sin pestañear) ha explicado que el Partido Popular “asume como propia” la ley del matrimonio homosexual aprobada por el ejecutivo de Zapatero y ha defendido que todas las personas tengan “los mismos derechos y las mismas libertades”. El colmo del cinismo.

En una entrevista en Antena 3, recogidas por Europa Press, Maroto ha declarado que dicha ley se trata de “un principio básico y un paso adelante” en su partido. En referencia a la celebración de su reciente boda con su marido, el dirigente ‘popular’ opina que “ha servido para demostrar que, al igual que España y la sociedad española evoluciona, también lo hacen los partidos”, algo de lo que se alegra “como ciudadano, como militante del PP y como miembro de la dirección“.

Hace unas semanas, al acercarse su “boda”, Maroto declaró también: “Si no hubiese estado de acuerdo con la ley, el PP la habría modificado con su mayoría absoluta. Y si no lo ha hecho es porque considera que esa ley se ajusta a derecho y es asumida y reconocida”.

Hace falta, Javier Maroto, tenerlos muy cuadrados o estar muy preocupados por los resultados de las elecciones generales para decir una cosa como ésta. Han sido siete años en los que cientos de matrimonios tenían el corazón en un puño pensando que en cualquier momento iban a ser ciudadanos de segunda clase, por el recurso que interpuso “ese partido que ahora ha evolucionado y es abierto y democrático” ante el Tribunal Constitucional.

Siempre viene bien refrescar la memoria y recordar algunas de las frases más tristemente célebres que pronunciaron algunos dirigentes del PP en la última década sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo:

“El matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer”. (Mariano Rajoy, 2005)

“Para mí la adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino científica. En lo que todos estamos de acuerdo es que hay que proteger al menor, y, de momento, nadie en el mundo ha dicho que los niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte. Ahí tienen la palabra los científicos”. (Ana Botella, 2003)

“El matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos, porque no garantiza la pervivencia de la especie”. (Jorge Fernández Díaz, 2013)

“No casaré homosexuales porque son personas taradas”. (Lluis Fernando Caldentey, alcalde de Pontons, 2005)

“¿Respetar a los homosexuales? Por supuesto. No hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si algún día descubren su cura”. (Andrea Hermida, Nuevas Generaciones del PP, 2012).

En junio de 2005, el Senado español votó contra el matrimonio homosexual (131 senadores de cuatro partidos contra 119). Cuando el PP presentó el recurso de anticonstitucionalidad, en septiembre de 2005, lo firmaron 72 diputados (el bloque del PP al completo). El tribunal no sentenció hasta 2012 que el matrimonio gay respetaba la Constitución.

La Conferencia Episcopal Española junto con asociaciones pro vida y el sector más rancio y conservador de la España Negra protagonizaron manifestaciones que recorrieron el centro de Madrid bajo el lema “La familia sí importa”.

En junio la ley de matrimonio igualitario se aprobó con 183 votos a favor, 136 en contra y tres abstenciones; cuando el Senado la vetó, en el Congreso levantaron el veto 187 diputados (incluyendo a Celia Villalobos, diputada del PP) y se oponían a levantar el veto y a redefinir el matrimonio 147 diputados (del PP y UDC).

Está claro que ‘Donde dije digo; digo Diego’ pero es que siempre le pasa lo mismo al PP. Todas las bodas no hasta que se casa uno de los suyos, entonces se convierten en los abanderados de las libertades.

Fuente Ragap

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Ni las elecciones catalanas ni los supuestos yihadistas que vendrán disfrazados de refugiados a España según la particularísima forma de pensar del ministro Fernández Díaz: el tema del que no se deja de hablar esta semana en el Partido Popular no es otro que la boda de Javier Maroto con su novio, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, y si es pertinente o no que Rajoy acuda a tan distinguido evento.

Si bien Pablo Casado afirma que no ha oído debates sobre la cuestión en la sede de la calle Génova -demostrando que como Vicesecretario de Comunicación tiene poca labia pero muy mal oído-, el propio exalcalde de Vitoria -que comparte ese absurdo miedo a los yihadistas encubiertos-, ha hecho diferentes reclamaciones sobre su próximo enlace. Defiende que percibe “normalidad” en torno a su boda, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo ya asumido dentro de su partido, y aporta como prueba que la mayoría absoluta de que disfrutan y abusan los populares no ha servido para modificar la ley. También indica que le “gustaría que una boda homosexual dejara de ser noticia en España“.

¿Hablamos o no hablamos de la boda del vicesecretario de Acción Electoral del Partido Popular? Sus dirigentes parecen intentar que pasemos la noticia por alto, escudándose en el respetable pozo sin fondo de la “vida privada”, donde se esconde todo lo personal cuando uno no se permite que sea también político, por mucho que lo sea.

Y así es como Juan Soto Ibars, en su blog de El Confidencial, ha encontrado, con mucha ironía, que el PP está tratando esta cuestión siguiendo su línea habitual: “por ese motivo fueron secretas las reuniones de Aznar con los etarras. Ciertos asuntos problemáticos conviene despacharlos en secreto“.

Pero los mentideros de la política y las redes sociales echan humo. En una rapidísima búsqueda pueden encontrarse tuits ingeniosos como el de @imbecilismo: “lejos de entrar en polémicas, a la boda de Maroto sólo le faltan un par de imputados y que Rajoy coja el ramo”, y otros tan lapidarios como el de Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Partido Popular y uno de sus gais más visibles: “a periodistas y medios varios: La boda de Maroto es una boda, civil para más señas, no es una “boda gay” un poquito de respeto”. Si los mismos responsables del partido nos lo están pidiendo, quizá para que no hablemos de refugiados, de elecciones catalanas, de la reforma salvaje del aborto que condena a la maternidad a mujeres menores de edad, es evidente que habrá que hablar de esta boda.

¿Pero qué clase de boda es ésta? Dice Oyarzábal que no es una “boda gay”. Yo me planteo que hay bodas gitanas y bodas payas, bodas de mañana y de tarde, bodas clásicas, glam, románticas, campestres, étnicas, de temática, de corto y de largo, de gala y de sport, bodas religiosas y por lo civil -y desde que se casó Ana Aznar, por el relevante número de imputados, habría que hablar también de bodas “por lo criminal”-, y bodas hétero y bodas de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Desde el activismo nos hemos empeñado durante años en hablar de Matrimonio Igualitario, para evidenciar que es el mismo matrimonio que une a personas de distinto sexo. Resulta ciertamente un intento muy adecuado de reivindicar la Igualdad, si bien una política realmente asimilacionista, que desdibuja cualquier posible diferencia reivindicable en nuestra forma de construir relaciones.

Pero las bodas suelen llevar apellido, como los que antes he apuntado, y es lógico entender que hay bodas entre personas de distinto sexo y bodas entre personas del mismo: bodas hétero y bodas homosexuales, como afirma el propio Javier Maroto.

Además el mero hecho de llamarlo igualitario ya supone una distinción respecto al modelo, que sigue siendo el matrimonio, sin más, y que recuerda de forma canónica a un hombre blanco y joven vestido de negro y una mujer blanca y joven vestidísima de blanco saliendo de la iglesia de los Jerónimos entre una lluvia de arroz y heteronormatividad.

Lo que parece que molesta en este caso es emplear el adjetivo “gay”, como indica Oyarzábal, un término quizá demasiado activista para una ideología política que se ha distinguido por el odio hacia cualquier persona que se distinga de su norma.

Y dentro de esta norma Popular, ¿debería acudir Rajoy a esta boda? No han pasado aún diez años del vergonzoso recurso contra la reforma del Código Civil que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en España.

Es más: se cumplirá la década el 28 de septiembre, diez días después del enlace de Javier Maroto. Esta semana El Plural, al hilo de la boda, ha querido recopilar algunas frases memorables de relevantes miembros y miembras del Partido Popular sobre nuestro derecho a contraer matrimonio: “es una manía del Gobierno de parecer moderno y no a una reclamación de los homosexuales” (Rajoy), “la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población” (Aznar).

Y añaden, “un hombre y una mujer es una cosa, dos hombres es otra cosa y dos mujeres es otra cosa, como supongo que un trío también será otra cosa” (Botella), “el matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos, porque no garantiza la pervivencia de la especie” (Fernández Díaz), “no casaré homosexuales porque son personas taradas” (Caldentey), “tenemos que acabar con leyes asquerosas” y “yo no tengo nada en contra de los homosexuales; si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero que no digan encima que están orgullosos de funcionar al revés” (Fraga).

Esta semana se esperaba especialmente el comentario sobre este debate interno de Fernández Díaz, posiblemente el miembro más conservador del Consejo de Ministros, que ha llegado a comparar el aborto con el terrorismo.

“Yo no he sido invitado. Esa información es de la A a la Z falsa. Javier Maroto es un buen amigo mío, pero no he sido invitado. Esa información es lisa y llanamente falsa”, decía. Y todo sea que el ministro, enfadado por no haber recibido su invitación, se presente allí como Maléfica para maldecir a los contrayentes…

De Mariano Rajoy, con su característica pasividad a la hora de hacer declaraciones, no sabemos nada. Y es ése el problema porque, si acude a la boda, enfadará a parte de su electorado, ese mismo que quiere recuperar con gestos como colocar como candidato a las elecciones catalanas a Xavier García Albiol, uno de los políticos más ultras de que dispone el Partido Popular, o reformar la ley del aborto para impedir a las mujeres de dieciséis y diecisiete años decidir sobre su propio cuerpo.

Si por el contrario no asiste a la celebración será el otro ala popular la ofendida: jóvenes y no tan jóvenes populares, que hace semanas protagonizaron el #SoyGayYDelPP revolucionando las redes -o así creyeron- empleando la palabra que nos prohíbe Oyarzábal, verán confirmados sus temores: Mariano dará la espalda a sus militantes no heterosexuales.

“El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución” decía Groucho Marx. Rajoy tiene que decidir cómo se comporta, como presidente del Gobierno, de cara a la institución del matrimonio. Haga lo que haga, habrá gente enfadada. Si finalmente se decide a participar en la boda, le animo a asistir como más le convenga: en coche, andando, o sobre un caballo trotando desde donde se encuentre, Barcelona, Madrid o Pontevedra.

Eso sí, tras el pecado contra las creencias de la Igualdad que supuso el recurso de la infamia, lo más adecuado es reconocer que esta decisión lo convierte en un penitente y actuar en consecuencia: llegando al juzgado de rodillas, marcha atrás y con los brazos en cruz. Porque ya sabes, Mariano: en el pecado está la penitencia.

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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OPINIÓN. – Entre el asombro y la perplejidad veo como el Partido Popular de Madrid se ha desnudado y nos deja ver sin tapujos hasta dónde puede llegar en un cinismo sin precedentes, negando los derechos humanos y fundamentales al colectivo LGTBI, para acto seguido decir que trabaja en beneficio del mismo. Discurso al que nos tienen acostumbrados la jerarquía pre-constitucional a Francisco I, que dicen que “Somos el síntoma de una sociedad enferma” apostillando a continuación de que “nos acogen en su seno”. Cierto es que de casta le viene al galgo y hay costumbres que son intrínsecas a lo liberal.

En esta línea, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid nos ha sorprendido este viernes con una nota de prensa en la que anunciaban que ponían en marcha el “Primer Centro Mayores LGTB”. Se refería ni más ni menos que al de la Fundación 26 de Diciembre, no me quiero ni imaginar la cara de su Presidente, Federico Armenteros, al leer esta noticia. La Fundación 26 de Diciembre es una iniciativa ciudadana que lleva muchos años trabajando de forma incansable y de todo el mundo conocida su lucha por lograr un espacio necesario para nuestros mayores, uno de los grandes olvidados de este colectivo.

La labor de Armenteros la conozco bien a lo largo de estos años, así como su colaboración absolutamente necesaria para la inclusión de las personas mayores en la redacción de la Ley Integral de Transexualidad, o en su visita y reunión con el Consistorio de Miraflores de la Sierra y su alcalde, porque es la población donde radicará su residencia para la tercera edad.

Por eso se te pone el ojo como a Mariano Rajoy cuando no dice la verdad; ya que el único apoyo que ha recibido de la Comunidad de Madrid hasta ahora es “hola” y “buenos días“. El Centro de la Calle Amparo está abierto desde hace cerca a un año con los escasos recursos particulares de la Fundación y las aportaciones de mecenas desinteresados. Por eso la visita de este viernes del Consejero Fermosel, además de un despliegue y corte solo digna de cuando se inauguraban los pantanos con el extinto dictador, solo ha sido para apropiarse de una puesta en funcionamiento inexistente ese fin de semana y para comprometerse en que ayudaría a la Fundación pero sin plasmarse en ningún acuerdo cerrado ni firmado. Para que acto seguido la Consejería sacara un comunicado, y aquí paz y en el cielo gloria, que por mucho que se aclare y desmienta luego por las partes afectadas, siempre habrá un sector de la población que no tendrá acceso a ello y permanecerá la falacia. En esto consiste el nuevo modus operandis de la Consejería; ya lo hicieron con el hombre transexual despedido por Nuevo Futuro Siro II, que después de no haber movido un dedo, cuando el sindicato UGT y el PSM consiguió su readmisión por despido improcedente, la Consejería llamó a los medios de comunicación anunciando que lo había resuelto, cuando Daniel, el afectado, no recibió ni un sola llamada de ningún organismo competente de la Comunidad de Madrid.

Así que contemplamos una vez más como el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, se apropia de trabajos que no realiza y que solo vienen a tapar sus vergüenzas, como votar en contra de la Ley Integral de Transexualidad el 14 de mayo, o la PNL contra la LGTBIfobia en el sistema educativo, tumbada por el PP en la Asamblea de Madrid el pasado año.

Llegan tiempos de elecciones y todo vale para el Gobierno de Ignacio González y sus brazos ejecutores como el Señor Fermosel, o la Directora de Servicios Sociales, Doña Carmen Anchuela, la mano necesaria que siempre mece la cuna. Sin olvidarnos del Señor Salvador Victoria, la palabra final en contra de cualquier iniciativa LGTBI que se lleve a la Asamblea de Madrid, si, por inaudito que parezca, el ex Consejero de Asuntos Sociales, el que se hacía fotos con el colectivo LGTBI mostrando su eterna sonrisa Joker. Leer más…

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