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La Cámara de Diputados de Chile repudia los mensajes LGTBfóbicos de HazteOír y de su autobús del odio

Sábado, 7 de octubre de 2017

camila-vallejoCamila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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La justicia da la razón a HazteOír y archiva la denuncia de la Fiscalía por el “autobús del odio”

Sábado, 16 de septiembre de 2017

autobus_transexualEl Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictamina el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Fiscalía.

La decisión se conoce después de que el ministro del Interior declarase que “HazteOír cumple con los requisitos para ser de utilidad pública”.

Negar la existencia de los niños y niñas transexuales y organizar una campaña injuriosa hacia la realidad trans no es un delito de odio para el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ha sobreseído la denuncia de la Fiscalía contra los mensajes tránsfobos de autobús de HazteOír a su paso por la ciudad Madrid, donde el vehículo llegó a ser inmovilizado como medida cautelar. Una inmovilización que ya la Audiencia Provincial de Madrid había levantado en un auto de marcado contenido político, en el que la jueza María Isabel Durantez se ha apoyado ahora para sobreseer la causa. Una noticia de extrema gravedad que demuestra la más absoluta insensibilidad de la justicia española hacia la dignidad de las personas trans.

Recordamos los hechos una vez más. El pasado febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Un desafío que HazteOír ha ganado. La Audiencia Provincial de Madrid levantaba en julio la inmovilización cautelar del ya conocido como “autobús del odio” con un auto de marcado contenido político en el que el juez conservador Eduardo de Urbano llegaba a compararlo con el “tramabús” de Podemos contra la corrupción política  y asegurada que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llegaba a decir. Es decir, que negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado…

El auto hacía suyo, de hecho, todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. 

Quedaba por conocer, en cualquier caso, qué sucedía con la denuncia interpuesta por la Fiscalía. Pues bien, según informa eldiario.es, la jueza María Isabel Durantez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha hecho suyos los razonamientos de la Audiencia Provincial para sobreseer el procedimiento, aun sin haber terminado de investigarlo y pese a que los argumentos del órgano superior solo se referían a la medida cautelar de inmovilización y no al posible delito. En base a estos argumentos, la jueza considera que “no existen motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510.2 del Código Penal”. “Ha de primar la libertad ideológica y de expresión reconocida como derecho fundamental en la Constitución del 78”, añade.

En nuestra modesta opinión, nos encontramos ante una de las noticias más graves de los últimos tiempos en materia LGTB. De nada sirve la existencia de buenas leyes si no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican directamente agresiones físicas (e incluso en este caso hay jueces que se niegan a reconocer el delito de odio). Y no parece que la justicia española, en este terreno, esté por la labor. Y tampoco, por cierto, el Gobierno de España, que esta misma semana se negaba a retirar a HazteOír su privilegiado estatus de entidad de utilidad pública si la justicia no la condenaba.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de España se escuda en el “Estado de derecho” para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios

Jueves, 14 de septiembre de 2017

zoido-parlament-efe_1_630x630El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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El ponente del auto a favor de HazteOír, un magistrado que participó en un encuentro de un “think tank” conservador opuesto al aborto

Martes, 25 de julio de 2017

eduardo-de-urbanoEl pasado sábado día 22,  hacíamos referencia al auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid que levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto que, como ya dijimos, sorprende por hacer suyas tesis de la organización ultraconservadora e incluso permitirse “argumentaciones de tertuliano” al comparar el autobús tránsfobo de HazteOír con el autobús que fletó Podemos denunciando la corrupción. Por eso hemos querido saber quién está detras del auto.

El auto 562/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (que puedes descargar aquí) está firmado por los tres magistrados que componen la sala segunda: Carmen Compaired (presidenta), Rosario Esteban y Eduardo de Urbano. Este último es el que figura como ponente, esto es, el que propone el sentido del auto y el encargado de su redacción. Por eso hemos querido indagar algo más sobre él. Y nos ha bastado una simple búsqueda en Google para saber que Eduardo de Urbano participó en el 38º Encuentro de The Family Watch, un think tank de carácter conservador defensor del modelo de familia tradicional y contrario al aborto.

The Family Watch, de hecho, tiene colgado en YouTube una entrevista al propio De Urbano, identificado como magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, hablando sobre la necesidad de una legislación que desincentive el aborto y favorezca la natalidad, por razones tanto “de orden moral evidente [sic] como económicas (no hemos podido colgar el video porque, desde que lo publicase Dosmanzanas se ha convertido en “privado” y es imposible obtenerlo… ¿por qué será?)

The Family Watch o Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia se define  a sí mismo como “un observatorio, un ‘think tank’, que a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar, alejada de cualquier cuestión ideológica o política, se dedica, desde 2008, a la elaboración de informes, estudios, propuestas y a la organización de jornadas, investigaciones académicas y cualquier otra clase de iniciativas que contribuyan a divulgar y apoyar el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad y a mejorar la calidad de la vida familiar”.

Se trata, en otras palabras, de un lobby conservador, defensor de la familia tradicional y contrario al aborto, que no ha dudado en tratar de ejercer su influencia en el gobierno de Mariano Rajoy. Entre los vídeos de su canal puede encontrarse, por ejemplo, una conferencia de Benigno Blanco, el que fuera presidente del Foro de la Familia y principal agitador de las movilizaciones contra la aprobación del matrimonio igualitario en España, o una entrevista a Annie Franklin, directora de actividades internacionales de Family Watch International, organización homóloga estadounidense que está incluida en el listado de grupos activamente anti-LGTBQ del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles.

Un auto inquietante

Los habrá que piensen que se trata de un dato irrelevante. Que Eduardo de Urbano es muy libre de participar en eventos organizados por entidades en favor de la familia tradicional o de posicionarse contra el aborto. A nosotros, sin embargo, nos resulta como mínimo preocupante que una persona que ha dado muestras de un pensamiento tan conservador en materia moral sea el que haya redactado un auto de esta naturaleza, que enmarca la difusión de lemas negacionistas de la realidad de los menores trans y ofensivos hacia ellos y sus familias en un “debate de ideas”  y asegura que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. ¿Acaso los niños y niñas trans y sus familias no son “un grupo determinado”? Lo son, y de hecho constituyen el grupo más vulnerable dentro del colectivo LGTBI.

Por lo pronto HazteOír, entusiasmada con el auto, ya ha anunciado la reactivación de su campaña tránsfoba con utilización ya no solo de autobuses, sino del espacio aéreo. La batalla legal continuará, muy previsiblemente. Esperemos que alguien con un poco más de sentido común dentro de la justicia española ponga punto final a este dislate y que en el ámbito político haya por fin reacciones contundentes, más allá de lastimeros reproches. ¿Cómo es posible que el gobierno del Partido Popular siga considerando a día de hoy a HazteOír “entidad de utilidad pública”, lo que le permite aprovecharse de considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades?

Fuente Dosmanzanas

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