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La salida del PP del Gobierno de España debería facilitar avances para el colectivo LGTBI pendientes desde el inicio de la legislatura

Sábado, 2 de junio de 2018

rajoy_lgtb_copypedro-sanchezPor primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

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Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

Fuente Dosmanzanas

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El altar de la misa del Papa en Valencia costó 1,5 millones de euros

Domingo, 12 de junio de 2016

benedicto-xi-en-valenciaA algunos se les ha olvidado de que todo comenzó con un borriquillo… Por cierto que, Cañizares mudo ante esto…

El gasto total alcanzó los 22 millones

Ximo Puig: “El PP convirtió la visita en un acontecimiento de corrupción más”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado hoy que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita del Papa a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, mientras que facturó 1,7 millones de euros en alojamientos hoteleros.

Puig ha ofrecido estos datos en la sesión de control de las Cortes en respuesta a una pregunta de Compromís y también ha anunciado una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será “de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos” y aplicará transparencia y control en este sector.

El presidente ha afirmado que el PP convirtió la visita del Papa “en un acontecimiento de corrupción más”, que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una “ausencia general” del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones.

tumblr_mz2cfkgu7y1t2mjifo1_1280El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que las fundaciones han servido para las “mangarrufas del PP” y ha revelado que la Fundación Jaume II El Just pagó 56 facturas a la empresa de catering Thematica Events por 1,6 millones de euros en menos de dos años, por conceptos como organizar el Festival de música de tecla (239.131 euros) o el evento “Multaqa“(100.000 euros).

Ferri ha agregado que esta empresa fue la elegida en agosto de 2005 por la Fundación Palau de Les Arts para la contratación urgente de los actos inaugurales del coliseo, que se abrió en octubre de 2006, a la que pagó 495.000 euros más IVA en un concurso negociado sin publicidad que “huele muy mal”.

El presidente ha afirmado que los “tiempos de vino y rosas” de las fundaciones han acabado “en una enorme resaca”, y ha considerado que el “paradigma” es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con datos “sorprendentes” como el coste de construir el altar o lo pagado por alojamientos hoteleros.

Además, ha asegurado que había “un dopaje institucional” a través de las fundaciones, como en la de Agua y Progreso, creada en 2004 para “abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero”, que se dejó “en el camino” 7,2 millones de euros y que también pagó a la trama Gürtel.

Valencia-Benedicto-XVI-Francisco-Camps_EDIIMA20140208_0031_13El presidente ha explicado que en estos momentos hay once fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (os terceras partes en fundaciones sanitarias), y ha afirmado que hay que dar “un giro de 180 grados” en la gestión “negativa” que han tenido.

Por ello, ha anunciado que la nueva ley del sector público instrumental de la Generalitat “blindará” la equiparación de las fundaciones a los mecanismos de control y tutela financiera del resto de entidades del sector público.

Así, ha adelantado que la creación de una fundación pública exigirá un plan de actuación que incluya un estudio económico financiero, y se creará una comisión de diálogo social que hará una propuesta de negociación colectiva, porque “se han acabado chiringuitos donde cada uno se pone el sueldo que quiere”.

Puig ha añadido que todas las ofertas de empleo y contratación tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana; habrá un Registro de los entes que integran el sector instrumental y una normativa que rija la contratación como en la Generalitat, con cláusulas de responsabilidad social, y estarán sometidas a supervisión continua de la Generalitat.

Ferri ha asegurado que las fundaciones han sido “un buen caldo de cultivo” para los “chanchullos”, como en la Jaume II El Just, que contrató con una empresa del caso Taula, Thematica Events, que servía “tanto para captar contratos de la Administración pública como para blanquear las mordidas que obtenía”.

Ha afirmado que la Fundación fue “saqueada” por Vicente Burgos, ha recordado, quien pagó a Thematica Events 270 euros por un traslado de Simat a Torrelodones, 430 euros por alquilar un vehículo dos días y 364 por el arreglo de desperfectos en el vehículo, pese a ser, ha recordado, una empresa de catering.

Religión Digital/Agencias

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