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Las Cortes Valencianas aprueban, con la abstención del PP, una avanzada ley autonómica de igualdad LGTBI

Viernes, 23 de noviembre de 2018

ley-valenciana-igualdad-lgtbi-300x200ley-valenciana-igualdad-lgtbi-2-300x189Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, BalearesCataluñaExtremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, AragónNavarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

 Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad Valenciana actualiza su cuadro de exclusiones médicas para acceder a la Policía Local y elimina la prohibición a las personas con VIH

Viernes, 26 de octubre de 2018

palau-de-la-generalitat-valenciana-e1316160515984La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera que permite a las personas con VIH que reúnan las condiciones físicas adecuadas optar a una plaza de Policía Local. El mero hecho de ser seropositivo ya no forma parte del cuadro médico de exclusiones, tal y como queda tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decreto 180/2018.

«Tras cinco años de intenso activismo político del Comité Antisida de València y CALCSICOVA, en el marco de la campaña ‘Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo’ de la coordinadora estatal Trabajando en Positivo, se ha modificado por primera vez en el Estado Español el Decreto que restringe el acceso de las personas con VIH a la Policía Local», se felicitan estas organizaciones en un comunicado«Las diferentes reuniones de incidencia política llevadas a cabo desde 2016 por el Comité Antisida de València y CALCSICOVA con la Subdirección General de Seguridad, dependiente de Presidencia [de la Generalitat Valenciana], han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el cuadro de restricciones médicas por el que se regía el protocolo de acceso a los cuerpos de policía, aludiendo al VIH como una enfermedad infecto-contagiosa. Una medida discriminatoria, sin base científica, dado que el ejercicio de esta profesión, y de cualquier otra, no supone ningún riesgo de transmisión del VIH», continúa.

La Generalitat Valenciana da así un paso importante contra la estigmatización de las personas con VIH. No se trata, en cualquier caso, de un gesto voluntarista, sino de la adecuación de una norma anacrónica a la evidencia científica. Los propios especialistas médicos así lo han reclamado en el pasado. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH han reclamado también de forma repetida al Gobierno español la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad ha recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

Confiemos en que el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el papel más sensible a los derechos de las personas con VIH, actúe en ese sentiod cuando antes. Desde Trabajando en Positivo, que coordina entidades de acción frente al VIH de toda España por la inclusión laboral, han expresado su voluntad de continuar trabajando para que la actualización del cuadro de exclusiones en la Comunidad Valenciana «sirva de precedente en otras comunidades autónomas, así como para la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, que aún mantiene barreras explícitas para el acceso de las personas con VIH a las Fuerzas y Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado».

Fuente Dosmanzanas

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La Generalitat valenciana garantiza el derecho del alumnado trans de los centros públicos a su identidad de género

Miércoles, 28 de diciembre de 2016

14693771_712043775614196_4588685433470189568_nEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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Presentado en sociedad el anteproyecto de ley integral de transexualidad de la Comunidad Valenciana

Viernes, 9 de septiembre de 2016

El texto plantea la posibilidad de que la Generalitat Valenciana conceda a las personas trans documentación administrativa adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas y reconoce el derecho de los menores trans al acceso a los tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

El servicio sanitario público de la Comunidad Valenciana, de hecho, ofertará a las personas trans una completa cartera de servicios que incluya la terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías. Quedarán incluidos por ley los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, la cirugía reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

En el terreno educativo, el anteproyecto prevé que los centros escolares de la Comunidad Valenciana deberán garantizar que la documentación administrativa de exposición pública (como las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios) recojan la identidad de género escogida, siempre que los menores cuenten con el consentimiento de sus tutores legales. El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida (incluyendo aseos y vestuarios) y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

En el terreno laboral, el colectivo trans pasará a estar formalmente reconocido entre aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo por lo que en materia de formación, orientación e inserción laboral se trata. Las personas trans también verán reconocida su circunstancia específica en el ámbito social: la Generalitat elaborará un programa marco de actuación para su inclusión a través de los servicios sociales, que además velarán por su protección en el caso de los menores de edad. El anteproyecto de ley también hace referencia a la protección especial en el caso de personas trans jóvenes, mayores, dependientes o con diversidad funcional e incluye medidas en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la cooperación, la comunicación y la seguridad y emergencias. Por último, el anteproyecto dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, para lo que se establece una serie de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

Mònica Oltra: “un cambio estructural en la sociedad”,

El anteproyecto ha sido elaborado por el equipo de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es Mònica Oltra. En su presentación, Oltra ha asegurado que esta ley “va a representar un cambio estructural en la sociedad”“Leyes como la que presentamos, representan un cambio social de profundidad, que atiende una demanda social ampliamente reclamada”, ha afirmado, añadiendo que el nuevo marco normativo abre un camino de cambio “que habla de derechos y de libertades, y seguro que a quien moleste no lo ha entendido, o vive o quiere vivir, en otra época”.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas públicas. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Insertamos a continuación unas imágenes del acto, en el que además de Oltra estaban presentes, entre otras personalidades, la consejera socialista de Sanidad, Carmen Montón, el consejero de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, o el diputado en las Cortes Valencianas y activista LGTB Fran Ferri. José de Lamo, actual director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat y también activista LGTB (fue coordinador del colectivo Lambda) estaba también presentes, y d ehecho fue uno de los intervinientes. Y junto a ellos, numerosos representantes del colectivo trans valenciano:

Y seguimos a la espera de una ley estatal…

La próxima aprobación de la ley valenciana es sin duda una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades) o la madrileña.

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

Fuente Dosmanzanas

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La transexualidad ya no será una patología en la ley de Valencia

Jueves, 14 de julio de 2016

VALENCIA 28 6 15 POLITICA XIMO PUIG PRESIDENTE DE LA GENERALITAT EL NUEVO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA EL SOCIALISTA XIMO PUIG JUNTO A LA QUE SERA SU VICEPRECIDENTA MONICA OLTRA A LA SALIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS TRAS SU TOMA DE POSESION FOTO MIGUEL LORENZOXimo Puig Presidente de la Generalitat y Mónica Oltra vicepresidenta

La nueva ley incluye que la sanidad pública financie la cirugía de reasignación de género, con un coste de 1,2 millones.

En el ámbito educativo, contempla un protocolo específico para abordar esta realidad.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.El Gobierno valenciano ha aprobado el anteproyecto de ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género, que apuesta por que la transexualidad deje de ser una patología, ya que no será considerada “un transtorno, sino una expresión más de la diversidad humana”.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha explicado en rueda de prensa que el objeto de esta futura ley es establecer un marco normativo adecuado para “garantizar el derecho a la autodeterminación de género” de las personas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada en el momento de nacer.

La norma, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra, incluye políticas de atención a las personas trans y medidas en distintos ámbitos contra la discriminación por motivo de identidad o de expresión de género.

En materia sanitaria, se incluyen en la cartera de servicios todas las necesidades de las personas transexuales, como cirugías para la reasignación corporal, que supondrán un coste aproximado de 1,2 millones de euros, apoyo psicológico o terapia hormonal.

En el ámbito educativo, se incluye un protocolo específico para abordar esta realidad en los colegios e institutos y el respeto a la identidad de género de los menores trans, como que las listas de clase recojan la identidad de género escogida por el alumnado, siempre con el consentimiento de sus padres o tutores legales.Además, se respetará la imagen física y la libre elección de la indumentaria del alumnado, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios.

En el terreno laboral y de responsabilidad social, se establecen medidas de no discriminación y el fomento de la contratación de personas trans, mientras que se establece esta realidad como una situación de vulnerabilidad en las políticas de servicios y de inclusión social.Oltra ha explicado que, en el ámbito familiar, se establece la no discriminación por identidad de género en la adopción y en el acogimiento, y se reconoce como violencia familiar cuando dentro de este ámbito no se respete la identidad de género de uno de sus miembros.

El texto plantea además la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria y adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.El anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consejo Jurídico Consultivo, y el objetivo del Consell es que en septiembre pueda entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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El altar de la misa del Papa en Valencia costó 1,5 millones de euros

Domingo, 12 de junio de 2016

benedicto-xi-en-valenciaA algunos se les ha olvidado de que todo comenzó con un borriquillo… Por cierto que, Cañizares mudo ante esto…

El gasto total alcanzó los 22 millones

Ximo Puig: “El PP convirtió la visita en un acontecimiento de corrupción más”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado hoy que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita del Papa a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, mientras que facturó 1,7 millones de euros en alojamientos hoteleros.

Puig ha ofrecido estos datos en la sesión de control de las Cortes en respuesta a una pregunta de Compromís y también ha anunciado una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será “de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos” y aplicará transparencia y control en este sector.

El presidente ha afirmado que el PP convirtió la visita del Papa “en un acontecimiento de corrupción más”, que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una “ausencia general” del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones.

tumblr_mz2cfkgu7y1t2mjifo1_1280El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que las fundaciones han servido para las “mangarrufas del PP” y ha revelado que la Fundación Jaume II El Just pagó 56 facturas a la empresa de catering Thematica Events por 1,6 millones de euros en menos de dos años, por conceptos como organizar el Festival de música de tecla (239.131 euros) o el evento “Multaqa“(100.000 euros).

Ferri ha agregado que esta empresa fue la elegida en agosto de 2005 por la Fundación Palau de Les Arts para la contratación urgente de los actos inaugurales del coliseo, que se abrió en octubre de 2006, a la que pagó 495.000 euros más IVA en un concurso negociado sin publicidad que “huele muy mal”.

El presidente ha afirmado que los “tiempos de vino y rosas” de las fundaciones han acabado “en una enorme resaca”, y ha considerado que el “paradigma” es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con datos “sorprendentes” como el coste de construir el altar o lo pagado por alojamientos hoteleros.

Además, ha asegurado que había “un dopaje institucional” a través de las fundaciones, como en la de Agua y Progreso, creada en 2004 para “abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero”, que se dejó “en el camino” 7,2 millones de euros y que también pagó a la trama Gürtel.

Valencia-Benedicto-XVI-Francisco-Camps_EDIIMA20140208_0031_13El presidente ha explicado que en estos momentos hay once fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (os terceras partes en fundaciones sanitarias), y ha afirmado que hay que dar “un giro de 180 grados” en la gestión “negativa” que han tenido.

Por ello, ha anunciado que la nueva ley del sector público instrumental de la Generalitat “blindará” la equiparación de las fundaciones a los mecanismos de control y tutela financiera del resto de entidades del sector público.

Así, ha adelantado que la creación de una fundación pública exigirá un plan de actuación que incluya un estudio económico financiero, y se creará una comisión de diálogo social que hará una propuesta de negociación colectiva, porque “se han acabado chiringuitos donde cada uno se pone el sueldo que quiere”.

Puig ha añadido que todas las ofertas de empleo y contratación tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana; habrá un Registro de los entes que integran el sector instrumental y una normativa que rija la contratación como en la Generalitat, con cláusulas de responsabilidad social, y estarán sometidas a supervisión continua de la Generalitat.

Ferri ha asegurado que las fundaciones han sido “un buen caldo de cultivo” para los “chanchullos”, como en la Jaume II El Just, que contrató con una empresa del caso Taula, Thematica Events, que servía “tanto para captar contratos de la Administración pública como para blanquear las mordidas que obtenía”.

Ha afirmado que la Fundación fue “saqueada” por Vicente Burgos, ha recordado, quien pagó a Thematica Events 270 euros por un traslado de Simat a Torrelodones, 430 euros por alquilar un vehículo dos días y 364 por el arreglo de desperfectos en el vehículo, pese a ser, ha recordado, una empresa de catering.

Religión Digital/Agencias

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