La Policía Nacional ha recibido una denuncia por estos hechos y ha abierto una investigación por un posible delito de odio. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana ha despedido a la doctora.  La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana ha despedido a una médica de un centro de salud del Puerto de Sagunto (València) que pidió el ingreso forzoso de un paciente por “ser homosexual” y ser “un peligro para los niños”, según ha avanzado este viernes el diario Las Provincias.

Según han explicado a EFE fuentes de la Conselleria, se ha expedientado a la médica y se ha decidido poner fin de manera inminente a la relación laboral con la citada facultativa, que había sido contratada como refuerzo en el marco del plan de vacaciones del personal sanitario. Desde la gerencia del departamento de salud, se ha trasladado al paciente la disculpa en nombre de todo el área sanitaria.

Estas decisiones se han adoptado de forma inmediata tras conocer los hechos, según los cuales, esta doctora llamó a la Policía, que se personó en el centro sanitario, para pedir el ingreso forzoso de un paciente “por ser homosexual“ y por considerarlo “un peligro para los niños”.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias, la médica llamó a mediodía del pasado martes al 112 para decir tenía problemas con un paciente en el centro de salud, que era “un peligro para los niños” y solicitó a la Policía Local que lo llevara a la Unidad de Psiquiatría.

Un agente de la Policía Local le advirtió de que estas manifestaciones podrían ser constitutivas de delito pero la facultativa insistió en que el hombre debía ser atendido en Psiquiatría porque padecía “la enfermedad de la homosexualidad“, de acuerdo con la misma información, que cita el atestado remitido por la Policía al Juzgado de Guardia de Sagunto.

La Policía Nacional ha recibido una denuncia por estos hechos y ha abierto una investigación por un posible delito de odio a raíz de una denuncia presentada en la propia Comisaría de Puerto de Sagunto.

Fuente Agencias

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El servicio Orienta de la Generalitat Valenciana, que asesora y acompaña a personas del colectivo LGTBI, realizó un total de 7.107 atenciones el pasado 2021, ha revelado este viernes el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo. De esas atenciones, 3.174 procedían de la provincia de València, 2.604 fueron en Alicante y 1.329, en Castellón. De Lamo ha dicho que las oficinas Orienta, que funcionan desde 2019, ofrecen “el acompañamiento necesario para que las personas se sientan apoyadas, seguras, respetadas y acompañadas en las decisiones que deseen adoptar”.

La atención psicológica fue el puntal de los servicios que ofrece Orienta. El 41,2 % de las consultas fueron peticiones de intervenciones psicológicas. Según Orienta, muchas personas se acercan al servicio por los aspectos emocionales que dificultan el “desarrollo personal y vital en relación con la realidad LGTBI”. En los últimos tiempos, Orienta ha duplicado los profesionales en psicología a su disposición, algo que han considerado un “acierto” vista la demanda.

El 41,2 % de las consultas fueron peticiones de intervenciones psicológicas, según Orienta

Después de las atenciones psicológicas, los servicios más demandados han sido información y acogida e intervención social. En último lugar se sitúa la intervención legal y jurídica por parte del personal de Orienta. La red también ha creado grupos de ayuda mutua, gestionada y supervisada por sus psicólogos, para atender necesidades más específicas como las de personas trans y los migrantes.

Migrantes y trans, parte importante de las atenciones

Precisamente las personas LGTBI que también son migrantes en la C. Valenciana suponen un 33,7 % de los ciudadanos que han acudido a Orienta. “Muestra también la necesidad de atención a las personas LGTBI procedentes de otros países”, ha recalcado el servicio dependiente de la Generalitat. El 65,5 % de las llamadas fueron procedentes de españoles.

Un 31,6 % de las atenciones fueron para personas que se identificaron como trans

También llama la atención que casi un tercio de las atenciones realizadas por Orienta fueron para personas trans. En concreto fue un 31,6 % -892 hombres trans, 984 mujeres trans y 290 personas trans no binarias-. Se trata de un porcentaje alto en relación al número que, se estima, representan en la sociedad. Otra de las particularidades del desglose de atenciones es que 1.423 atenciones de Orienta correspondieron a familiares o personas cercanas, de lo cual se puede desprender el interés del entorno de personas LGTBI por comprender su realidad. Un total de 2.010 atenciones fueron para gais, 939 a bisexuales, 704 a lesbianas y 54 de ellas, a personas pansexuales.

Un apoyo para los más jóvenes

Los jóvenes son los que más acuden a Orienta, puesto que la mayoría de atenciones, el 33,6 %, estuvieron dedicadas a personas entre 18 y 30 años. Fueron 2.308 los jóvenes adultos valencianos que acudieron al servicio. Pero también los adolescentes, una etapa clave para la sexualidad, representaron una buena cantidad del trabajo de Orienta, al tratarse de 755 atenciones -también se incluye a los niños en la misma categorización-.

El descubrimiento de la identidad sexual también parece una de las ayudas fundamentales de Orienta, puesto que apenas 1.423 atenciones fueron hechas a familiares pero un número bastante superior, concretamente 2.230 llamadas, se identificaron al principio como personas heterosexuales. Sin embargo, no se especifica cuántas atenciones se centraron, de hecho, en la orientación sexual.

Fuente: Levante-EMV, vía KifKif

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El policía local de Benidorm cuya imagen hostigando a una mujer trans alcanzó una gran difusión en redes sociales ha sido detenido, y posteriormente puesto en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad alicantina lo investiga por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o delito contra la integridad moral.

Las vergonzosas imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo de la propia Policía Local de Benidorm, se viralizaban rápidamente el viernes, 1 de mayo. «Te lo digo en serio, eh. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar, cómo vivís? (…) Sí antes jalarías pocas pollas con lo feo que eres, ¿y ahora qué haces?…», le espetaba uno de los agentes a una mujer trans a través de la ventanilla. Aunque las imágenes se viralizaron desde la cuenta del periodista Miquel Ramos, nosotros preferimos insertar el tuit que poco después publicaba en su cuenta el partido valenciano Compromís, que reproduce el vídeo ya con el rostro de la mujer pixelado:

Pedimos colaboración ciudadana para identificar a este individuo y presentar denuncia a la Fiscalía per delito de odio.

¡Esto es una agresión transfóbica intolerable! pic.twitter.com/cOEriK2Yrc

— Compromís (@compromis) May 1, 2020

Inmediatamente comenzaron a producirse reacciones de condena ante las imágenes, como la de la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. «En cuarentena, aunque hay cosas que siguen estando muy presentes como la transfobia, más repugnantes aún si es de alguien que se supone está para dar ejemplo y protegernos», denunciaba Antonelli, también en Twitter.

En cuarentena aunque hay cosas siguen estando muy presentes como la #transfobia, + repugnantes aún si es de alguien se supone está para dar ejemplo y protegernos, un policía Valencia se graba vejando y faltando respeto a una persona trans, esto es un delito de odio agravado #asco pic.twitter.com/34w068rXL6

— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) May 1, 2020

Pero la condena más significativa llegaba de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y máxima autoridad de la comunidad autónoma, que anunciaba, en la misma tarde del viernes, la apertura de un expediente por parte de la Consejería de Justicia, Administración Pública e Interior. «Son absolutamente intolerables las imágenes de transfobia que he visto en un vídeo denigrante. Me provocan indignación y me solidarizo con la persona agredida», publicaba en Twitter:

Són absolutament intolerables les imatges de transfòbia que he vist en un vídeo denigrant. Em provoquen indignació i em solidaritze amb la persona agredida. La @GVAjusticia ja ha emprés accions obrint un expedient. Som un poble respectuós amb una policia local que ajuda la gent. pic.twitter.com/1npOgW6Sdh

— Ximo Puig (@ximopuig) May 1, 2020

Según el comunicado oficial que la propia Consejería difundía, la consejera Gabriela Bravo ordenaba el inicio de una investigación. «Los hechos, denunciados a través de un vídeo en una cuenta de Twitter, muestran a una pareja de agentes de servicio y en su vehículo oficial refiriéndose a esta persona con términos y calificaciones impropias no solo de un agente de seguridad, sino de cualquier ser humano. La consellera Bravo quiere dejar claro que considera ‘inadmisible, intolerable y un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano’ lo que se escucha en dicho vídeo y asegura que desde su departamento ‘no se va a permitir este tipo de vocabulario indecente y ofensivo, y menos aún de un agente de la ley’», expresaba el texto. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba la puesta a disposición de la mujer acosada del servicio Orienta de atención a personas LGTBI.

El Ayuntamiento de Benidorm reaccionaba también el mismo viernes y anunciaba en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente disciplinario a los agentes implicados y su suspensión provisional de funciones. «El Ayuntamiento de Benidorm rechaza los hechos, el contenido lamentable e indignante de las declaraciones recogidas en las imágenes; manifestaciones que constituyen un hecho absolutamente aislado y sin precedentes en nuestra ciudad», añadía. También aseguraba que «considerando que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se dará cuenta a la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos, y depurar posibles responsabilidades».

Finalmente, en la misma noche del viernes el agente responsable de las vejaciones tránsfobas era detenido, quedando en libertad con cargos al día siguiente. Su compañero está siendo también investigado, en este caso, por un posible delito de omisión de socorro. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que se personará en la causa judicial. Según ha afirmado la consejera Bravo, se trata de una situación «intolerable» que «además de atentar contra la dignidad de una persona, atenta contra la imagen de la institución que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y denunciar el delito».

El Observatorio Valenciano reclama unidades especializadas en delitos de odio

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, por su parte, ha exigido la comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como autoridad competente en la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una exigencia compartida por el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya y la Federación Plataforma Trans «Sabemos que a uno de los dos policías se le ha arrestado y que ha pasado a disposición judicial, pero entendemos que este tipo de actuaciones policiales han de ser condenadas y los policías implicados apartados del cuerpo definitivamente del servicio», añade la entidad. «Que solo se denuncie el 10% de las agresiones que se producen es, en gran medida, culpa de estas actitudes contrarias a derecho y perpetuadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Cuántas veces se producen este tipo de agresiones? En este caso, la denuncia era sencilla porque los mismos policías, en una intención clara de jactarse de la víctima, se han grabado. Pero muchas agresiones no se pueden demostrar porque no hay un vídeo que las muestre. La formación de los cuerpos policiales y judiciales se convierte en más necesaria que nunca, para que las personas LGTBI no tengamos miedo a denunciar sea cual sea el sujeto agresor que nos humilla, insulta, amenaza y agrede físicamente», explican desde el Observatorio.

La entidad valenciana, además, reclama la puesta en marcha de unidades de atención a la diversidad en las Policías locales. «La Ley Valenciana LGTBI establece que se crearán en municipios de más de 50.000 habitantes unidades de Policía Municipal especializadas en delitos de odio», explican, añadiendo que no tienen constancia de que así haya sido: «El artículo 42 establece la creación de estas unidades, lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley aprobada por el parlamento valenciano, por lo que solicitaremos la comparecencia en les Corts Valencianes de los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, así como de los responsables de la Consellería d’Igualtat para que expliquen por qué no se han constituido».

Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

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La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera que permite a las personas con VIH que reúnan las condiciones físicas adecuadas optar a una plaza de Policía Local. El mero hecho de ser seropositivo ya no forma parte del cuadro médico de exclusiones, tal y como queda tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decreto 180/2018.

«Tras cinco años de intenso activismo político del Comité Antisida de València y CALCSICOVA, en el marco de la campaña ‘Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo’ de la coordinadora estatal Trabajando en Positivo, se ha modificado por primera vez en el Estado Español el Decreto que restringe el acceso de las personas con VIH a la Policía Local», se felicitan estas organizaciones en un comunicado. «Las diferentes reuniones de incidencia política llevadas a cabo desde 2016 por el Comité Antisida de València y CALCSICOVA con la Subdirección General de Seguridad, dependiente de Presidencia [de la Generalitat Valenciana], han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el cuadro de restricciones médicas por el que se regía el protocolo de acceso a los cuerpos de policía, aludiendo al VIH como una enfermedad infecto-contagiosa. Una medida discriminatoria, sin base científica, dado que el ejercicio de esta profesión, y de cualquier otra, no supone ningún riesgo de transmisión del VIH», continúa.

La Generalitat Valenciana da así un paso importante contra la estigmatización de las personas con VIH. No se trata, en cualquier caso, de un gesto voluntarista, sino de la adecuación de una norma anacrónica a la evidencia científica. Los propios especialistas médicos así lo han reclamado en el pasado. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH han reclamado también de forma repetida al Gobierno español la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad ha recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

Confiemos en que el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el papel más sensible a los derechos de las personas con VIH, actúe en ese sentiod cuando antes. Desde Trabajando en Positivo, que coordina entidades de acción frente al VIH de toda España por la inclusión laboral, han expresado su voluntad de continuar trabajando para que la actualización del cuadro de exclusiones en la Comunidad Valenciana «sirva de precedente en otras comunidades autónomas, así como para la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, que aún mantiene barreras explícitas para el acceso de las personas con VIH a las Fuerzas y Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado».

Fuente Dosmanzanas

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El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad Valenciana dispondrá en breve de una ley integral de transexualidad. Este miércoles ha sido presentado en sociedad el anteproyecto, consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos, y que si todo marcha según lo previsto será ley en pocas semanas, tras su aprobación por el pleno de las Cortes Valencianas. La nueva ley consagra el principio de autodeterminación del género, sin necesidad de prueba psicológica o médica alguna, en todo el ámbito normativo y competencial valenciano. 

El texto plantea la posibilidad de que la Generalitat Valenciana conceda a las personas trans documentación administrativa adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas y reconoce el derecho de los menores trans al acceso a los tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

El servicio sanitario público de la Comunidad Valenciana, de hecho, ofertará a las personas trans una completa cartera de servicios que incluya la terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías. Quedarán incluidos por ley los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, la cirugía reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

En el terreno educativo, el anteproyecto prevé que los centros escolares de la Comunidad Valenciana deberán garantizar que la documentación administrativa de exposición pública (como las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios) recojan la identidad de género escogida, siempre que los menores cuenten con el consentimiento de sus tutores legales. El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida (incluyendo aseos y vestuarios) y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

En el terreno laboral, el colectivo trans pasará a estar formalmente reconocido entre aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo por lo que en materia de formación, orientación e inserción laboral se trata. Las personas trans también verán reconocida su circunstancia específica en el ámbito social: la Generalitat elaborará un programa marco de actuación para su inclusión a través de los servicios sociales, que además velarán por su protección en el caso de los menores de edad. El anteproyecto de ley también hace referencia a la protección especial en el caso de personas trans jóvenes, mayores, dependientes o con diversidad funcional e incluye medidas en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la cooperación, la comunicación y la seguridad y emergencias. Por último, el anteproyecto dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, para lo que se establece una serie de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

Mònica Oltra: “un cambio estructural en la sociedad”,

El anteproyecto ha sido elaborado por el equipo de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es Mònica Oltra. En su presentación, Oltra ha asegurado que esta ley “va a representar un cambio estructural en la sociedad”. “Leyes como la que presentamos, representan un cambio social de profundidad, que atiende una demanda social ampliamente reclamada”, ha afirmado, añadiendo que el nuevo marco normativo abre un camino de cambio “que habla de derechos y de libertades, y seguro que a quien moleste no lo ha entendido, o vive o quiere vivir, en otra época”.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas públicas. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Insertamos a continuación unas imágenes del acto, en el que además de Oltra estaban presentes, entre otras personalidades, la consejera socialista de Sanidad, Carmen Montón, el consejero de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, o el diputado en las Cortes Valencianas y activista LGTB Fran Ferri. José de Lamo, actual director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat y también activista LGTB (fue coordinador del colectivo Lambda) estaba también presentes, y d ehecho fue uno de los intervinientes. Y junto a ellos, numerosos representantes del colectivo trans valenciano:

Y seguimos a la espera de una ley estatal…

La próxima aprobación de la ley valenciana es sin duda una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades) o la madrileña.

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

Fuente Dosmanzanas

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Ximo Puig Presidente de la Generalitat y Mónica Oltra vicepresidenta

La nueva ley incluye que la sanidad pública financie la cirugía de reasignación de género, con un coste de 1,2 millones.

En el ámbito educativo, contempla un protocolo específico para abordar esta realidad.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.El Gobierno valenciano ha aprobado el anteproyecto de ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género, que apuesta por que la transexualidad deje de ser una patología, ya que no será considerada “un transtorno, sino una expresión más de la diversidad humana”.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha explicado en rueda de prensa que el objeto de esta futura ley es establecer un marco normativo adecuado para “garantizar el derecho a la autodeterminación de género” de las personas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada en el momento de nacer.

La norma, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra, incluye políticas de atención a las personas trans y medidas en distintos ámbitos contra la discriminación por motivo de identidad o de expresión de género.

En materia sanitaria, se incluyen en la cartera de servicios todas las necesidades de las personas transexuales, como cirugías para la reasignación corporal, que supondrán un coste aproximado de 1,2 millones de euros, apoyo psicológico o terapia hormonal.

En el ámbito educativo, se incluye un protocolo específico para abordar esta realidad en los colegios e institutos y el respeto a la identidad de género de los menores trans, como que las listas de clase recojan la identidad de género escogida por el alumnado, siempre con el consentimiento de sus padres o tutores legales.Además, se respetará la imagen física y la libre elección de la indumentaria del alumnado, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios.

En el terreno laboral y de responsabilidad social, se establecen medidas de no discriminación y el fomento de la contratación de personas trans, mientras que se establece esta realidad como una situación de vulnerabilidad en las políticas de servicios y de inclusión social.Oltra ha explicado que, en el ámbito familiar, se establece la no discriminación por identidad de género en la adopción y en el acogimiento, y se reconoce como violencia familiar cuando dentro de este ámbito no se respete la identidad de género de uno de sus miembros.

El texto plantea además la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria y adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.El anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consejo Jurídico Consultivo, y el objetivo del Consell es que en septiembre pueda entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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A algunos se les ha olvidado de que todo comenzó con un borriquillo… Por cierto que, Cañizares mudo ante esto…

El gasto total alcanzó los 22 millones

Ximo Puig: “El PP convirtió la visita en un acontecimiento de corrupción más”

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