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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: alarma ante la pérdida de derechos en varios países, mientras que España cae al 11º puesto

Miércoles, 15 de mayo de 2019

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Europa

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

FuenteILGA Europe, vía Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Informe de ILGA sobre la homofobia de Estado en 2019: pequeños avances, pero persistencia de importantes amenazas

Miércoles, 27 de marzo de 2019

6919BB9A-4224-48B9-9807-ADA250256088Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

 Fuente ILGA, vía Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: Malta sigue encabezando la clasificación y España se mantiene en el 9.º puesto

Jueves, 17 de mayo de 2018

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

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ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  •  Adoptar una nueva ley de igualdad que revise el marco existente de leyes contra la discriminación, que proteja expresamente la orientación sexual, las características sexuales y de identidad de género en todas las esferas de la vida.
  • La actualización del marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, de manera que se garantice que el proceso se base en la autodeterminación, esté libre de requisitos abusivos y no contemple límites de edad.

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTB, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: Malta vuelve a encabezar la clasificación, mientras que España baja hasta la 9ª posición

Lunes, 29 de mayo de 2017

rainbow_europe_map_2017-destacada-300x212ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

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Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

  • Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
  • Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
  • Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Estados Unidos se queda sin embajadores abiertamente gais tras el cese fulminante de todos los nombrados por Obama

Miércoles, 25 de enero de 2017

trumpDe un plumazo, Estados Unidos ha perdido todos sus embajadores abiertamente gais. Entre ellos el que fuera hasta hace pocos días embajador en España y Andorra, James Costos. No se trata de una medida específicamente homófoba: lo cierto es que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha ordenado el cese fulminante de todos los embajadores que fueron nombrados por su predecesor, Barack Obama. Un gesto sin precedentes que habla muy claramente de la obsesión de nuevo presidente, Donald Trump, de revertir lo más rápidamente que pueda el legado de Barack Obama.

No es habitual que de forma inmediata un presidente de los Estados Unidos ordene el cese de todos los embajadores nombrados por su predecesor. Es común que los sustituya, al menos a los más destacados, y coloque en su lugar a personas afines, pero por lo general los embajadores permanecen en sus puestos durante un periodo de cortesía de varios meses hasta que tienen sustituto. En el caso de Trump, sin embargo, el afán por deshacerse de cualquier persona sospechosa de simpatizar con su predecesor ha precipitado la salida de numerosos representantes diplomáticos sin que todavía tengan sustituto.

Entre los representantes cesados se encuentran todos los embajadores abiertamente gais que había nombrado Obama: James Costos (España y Andorra), Ted Osius (Vietnam), Ruffus Gifford (Dinamarca), James “Wally” Brewster (República Dominicana) y Daniel Baer (embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE). No son los únicos embajadores gais que nombró Obama: David Huebner, también abiertamente gay, fue embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda y Samoa, pero dejó ese puesto en 2014, mientras que John Berry, embajador en la vecina Australia, lo dejó en septiembre de 2016.

No fue hasta la llegada de Obama a la presidencia que en la diplomacia estadounidense comenzó a romperse el techo de cristal para los hombres gais (el del resto de personas LGTB sigue intacto). Antes de 2008 solo se tiene noticia de otros dos casos: James Hormel (primer embajador estadounidense abiertamente gay, propuesto en 1999 por Bill Clinton como representante en Luxemburgo) y Michael Guest (propuesto por George Bush en 2001 como embajador en Rumanía).

Costos y su pareja, amigos personales de los Obama

De la lista (tampoco demasiado amplia) dos son los nombres que merecen mayor atención por nuestra parte. El primero, James “Wally” Brewster, sin duda el que lo tuvo más complicado debido a la reacción homófoba de una parte de la sociedad dominicana, que se negó a aceptar con normalidad el hecho de que el máximo representante de Estados Unidos en su país fuese abiertamente gay. Es el caso de Nicolás de Jesús López, cardenal arzobispo de Santo Domingo, que lo calificó de “maricón” y llegó a decir de él que era la “esposa de un señor” que debería ocuparse de las labores del hogar.

Más fácil lo ha tenido en España James Costos, al queal margen de su labor estrictamente dimplomática hay que agradecerle la visibilidad de que ha hecho gala junto a su pareja, Michael Smith. Imágenes como la de Costos donando sangre en Madrid, en lo que constituyó una velada crítica a la discriminatoria política de donación en su propio país, o su aparición junto a su pareja en MasterChef Junior en horario de máxima audiencia fueron dos buenos ejemplos. Costos y Smith, amigos personales de los Obama (con los que al parece compartirán en próximos días vacaciones en California) dejan sin duda un buen recuerdo entre el colectivo LGTB de nuestro país.

La obsesión de Trump: liquidar el legado de su predecesor

El gesto de Donald Trump se enmarca, como decíamos arriba, en el contexto de la que es una de sus principales obsesiones: liquidar el legado de Barack Obama a la mayor velocidad que pueda. Un ejemplo simbólico fue la retirada, pocos minutos después de jurar como presidente, de la página que la web de la Casa Blanca dedicaba con Obama los derechos LGTB (de lo que nos hicimos eco casi inmediatamente en redes sociales, y que luego otros muchos medios han destacado).

No fue la única eliminación. También han desaparecido, por ejemplo, las referencias a la lucha contra el calentamiento global o las páginas en castellano. Todo un indicio de por donde pueden ir los tiros de una presidencia que, al margen de lo que suceda con los derechos LGTB en suelo estadounidense, no parece tener el menor interés en desarrollar el papel de promoción de los derechos LGTB en el mundo que la administración Obama sí quiso, al menos tímidamente, poner en marcha.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: Malta encabeza la clasificación, con España ascendiendo hasta la 5ª posición

Sábado, 14 de mayo de 2016

Rainbow-Map-2016Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Informe-ILGA-Europa-2016-porcentajes-1Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Informe-ILGA-Europa-2016-597x1024Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

Informe-ILGA-Europa-2016-EspañaEl informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: ascienden países con LGTBfobia instalada en sus constituciones. España baja a la 6ª posición

Jueves, 14 de mayo de 2015

side_a_rainbow_europe_map_-2015_a3_imageUn año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

  • Reino Unido: 86 %
  • Bélgica: 83 %
  • Malta: 77 %
  • Suecia : 72 %
  • Croacia: 71 %
  • Holanda: 69 %
  • Noruega: 69 %
  • España: 69 %
  • Dinamarca: 68 %
  • Portugal: 67 %
  • Francia: 65 %
  • Islandia: 63 %
  • Finlandia: 62 %
  • Alemania: 56 %
  • Austria: 52 %
  • Hungría: 50 %
  • Montenegro: 46 %
  • Luxemburgo: 43 %
  • Albania: 42 %
  • Irlanda: 40 %
  • Grecia: 39 %
  • Georgia: 36 %
  • República Checa: 35 %
  • Estonia: 34 %
  • Eslovenia: 32 %
  • Andorra : 31 %
  • Bosnia-Herzegovina: 29 %
  • Serbia: 29 %
  • Eslovaquia: 29 %
  • Rumania: 28 %
  • Suiza: 28 %
  • Bulgaria: 27 %
  • Polonia: 26 %
  • Italia: 22 %
  • Liechtenstein: 19 %
  • Lituania: 19 %
  • Chipre: 18 %
  • Kosovo: 18 %
  • Letonia: 18 %
  • Moldavia: 16 %
  • Bielorrusia: 14 %
  • San Marino: 14 %
  • Macedonia: 13 %
  • Turquía: 12 %
  • Mónaco: 11 %
  • Ucrania: 10 %
  • Armenia: 9 %
  • Rusia: 8 %
  • Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

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Andorra equipara las uniones civiles entre personas del mismo sexo a los matrimonios

Sábado, 29 de noviembre de 2014

la-bandera-de-andorraEl Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en la tarde de este jueves, con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la ley que equipara los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con los de los matrimonios, incluyendo la adopción de hijos. La ley, que en otro lugar o momento histórico podría considerarse avanzada, supone la persistencia de una discriminación jurídica en algunas materias, según han denunciado los colectivos LGTB, y en cualquier caso consagra la existencia de dos instituciones distintas en función del sexo de los contrayentes. Menos que antes, pero Andorra seguirá siendo un país en el que la discriminación de las parejas del mismo sexo seguirá siendo una realidad.

Lo comentábamos en mayo: Demòcrates per Andorra, la confluencia de fuerzas de centro-derecha que dispone de la mayoría absoluta en el Consell General, rechazaba la propuesta de la oposición socialdemócrata de aprobar el matrimonio igualitario por considerar que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”. Andorra, recordemos, ya había aprobado en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que les concedía parte de los derechos de los que gozaban las parejas casadas. Los demócratas andorranos se inclinaban por aprobar una ley que equiparase los derechos pero que denominase “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regula la unión entre personas del mismo sexo. El proyecto de matrimonio igualitario rechazado entonces era el resultado de un proceso iniciado un año antes, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Ya en enero de 2013, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra había señalado ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

La solución finalmente adoptada puede considerarse “intermedia”. De hecho, es la ley de matrimonio la que se modifica, para, a continuación del artículo 1.1 (“el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre ellos y fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”) añadir el 1.2, “dos personas del mismo sexo tienen también derecho a casarse, mediante la formalización de una unión civil entre ellos, con los mismos efectos que el matrimonio, y a fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”. El artículo 1.5 también reconoce expresamente el derecho de las uniones civiles a acogerse a la ley de adopción. En definitiva, la ley mejora el marco jurídico anterior y concede a las personas unidas civilmente el estado civil de “casadas”. Sin embargo, según han denunciado colectivos como Gaymz, no sería del todo cierto que la equiparación sea absoluta, ya que leyes como la de sucesiones o como la que permite el reagrupamiento familiar en suelo andorrano hablan específicamente de “matrimonios” y por tanto dejaría fuera a las uniones civiles.

La modificación legal ha contado con el voto favorable de Demòcrates per Andorra, la abstención del Partit Socialdemócrata d’Andorra (PS) y el voto contrario del actual grupo mixto, integrado por tres diputados cercanos a Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP), una formación que se ha desvinculado del grupo común que antes formaba con el PS. Ambos grupos, sin embargo, coinciden en considerar que debe aprobarse una verdadera ley de matrimonio igualitario que acabe con toda discriminación.

Habrá que ver cuales son los próximos pasos, pero ya antes del verano los partidarios del matrimonio igualitario en el Principado anunciaban que se aprobaba finalmente una ley que negase a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre presentarían un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria. Desde la vecina España, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) anunciaba ya ayer que se ponía al servicio de los colectivos LGTB andorranos para ayudarles en lo que fuera necesario.

Fuente Dosmanzanas

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La Plataforma LGTBCat felicita al colectivo andorrano por su incansable lucha y denuncia del conservadurismo del Gobierno del Principado que evita la palabra matrimonio

Jueves, 27 de noviembre de 2014

Bandera_gay_AndorraANTE LA INMINENTE APROBACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA HOY 27 DE NOVIEMBRE DE LA PROPOSICIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE UNIONES CIVILES HOMOSEXUALES

 Las entidades catalanas que forman la Plataforma LGTB.Cat felicita al colectivo LGTB andorrano por su lucha incansable de tantos años en la defensa de los Derechos y la lucha por la no discriminación que ha llevado al gobierno andorrano aprobar la proposición de Ley sobre uniones civiles homosexuales.

 La Plataforma catalana, impulsora de la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, también ofrece su apoyo al movimiento homosexual andorrano en su denuncia ante el conservadurismo gubernamental, que pone en evidencia la presión ejercida por el copríncipe episcopal y jefe de Estado, el obispo de la Seu d’Urgell, que ha impuesto el criterio más intolerante, conservador y estigmatizador para las parejas del mismo sexo.

 Esta propuesta, que también regulará las adopciones de las parejas en dos fases, primero adoptando uno de los miembros de la pareja y luego sumándose el cónyuge como segundo adoptante, no garantiza la igualdad con las parejas heterosexuales.

Eugeni Rodríguez, portavoz del FAGC manifiesta: “La negativa a llamarle MATRIMONIO, supone una grave vulneración de derechos fundamentales, reconocidos en la declaración universal de derechos humanos, como es el derecho a no discriminados. Es fundamental pues que el matrimonio se llame matrimonio.”

Joaquim Roqueta, Presidente de Gais Positius afirma: “El matrimonio igualitario contribuye también a la lucha contra el Sida ya que Todos los éxitos de derechos humanos que tienen que ver con poblaciones en alta vulnerabilidad beneficia la respuesta al VIH porque uno de los problemas más importantes es el estigma y la discriminación

Emilio Ruiz, Presidente del Casal Lambda dice: “¿Por qué si la ley reconoce a las uniones homosexuales los mismos derechos que el matrimonio heterosexual, se debe buscar un nombre diferente para reconocer los mismos derechos? La unión civil es una forma de discriminación , cuando se aplica para diferenciar entre una relación afectiva homosexual de la heterosexual es discriminatorio.”

 Catalina Pallàs, Presidenta de Familias Lesbianas y Gays, expresa: “si damos un nombre diferente a un concepto que ya existe, obviamente ya estamos diferenciando entre uno y otro, no los consideramos iguales. Así pues no sólo estarán vulnerando los derechos de las personas lesbianas, gays y trans, sino que también y sobre todo se estarán vulnerando los derechos de sus niños a tener una familia igual que el resto. Es dejar estos niños en la segunda fila.”

Fuente Gaispositius

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La mayoría de centro-derecha rechaza un proyecto de matrimonio igualitario en Andorra y propone un proceso “gradual y en etapas”.

Lunes, 2 de junio de 2014

Bandera_gay_AndorraAndorra legalizará las uniones homosexuales después de que Demòcrates per Andorra (DA), el grupo con mayoría absoluta en el Consell General (parlamento), haya presentado una proposición de ley con el fin de garantizar los mismos derechos que los del matrimonio heterosexual.

Los Demòcrates han presentado su propuesta después de rechazar en el parlamento una proposición de ley elaborado por el Partit Socialdemòcrata.

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha rechazado con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la toma en consideración de un proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido presentado por la oposición socialdemócrata. El presidente del grupo demócrata, Ladislau Baró, ha justificado la negativa en que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”.

Los demócratas andorranos se inclina por aprobar en este momento una ley que denomine “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regule la unión entre personas del mismo sexo. La oposición socialdemócrata se opone sin embargo a crear dos categorías distintas en función del sexo de los contrayentes. Como ha explicado la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, ello sería contrario al principio de no discriminación. Para Gonzàlez, “una vez más ha vuelto a ganar el criterio más conservador e intolerante” en el seno de Demòcrates per Andorra, una formación política surgida de la unión de diversas fuerzas del centro y la derecha.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Andorra era el resultado de un proceso iniciado hace un año, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Meses antes, en enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra señalaba ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

A favor de mantener la discriminación, “pero menos que la actual”

La iniciativa, sin embargo, ha acabado chocando con la realidad política del Consell General, controlado ampliamente por los demócratas, partidarios en todo caso de un proceso “gradual y en etapas”, según ha expresado el presidente de su grupo parlamentario, Ladislau Baró. Baró ha anunciado la presentación por su grupo de una proposición de ley que reconocería primero las uniones civiles “para no romper los equilibrios y consensos sociales”, más “prudente y evolutiva”. Al menos Baró ha sido honesto y ha reconocido que la nueva situación legal seguiría siendo discriminatoria, “pero mucho menos que la actual”. “Se podría avanzar más, en eso estoy de acuerdo”, ha añadido (Andorra, recordemos, aprobó en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que solo les concede parte de los derechos de los que gozan las parejas casadas).

Un reconocimiento que le ha parecido una “barbaridad” a la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, y que ha provocado la indignación de Maite Bourgeaud, una de las juristas que promovió el proyecto y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa. “Ahora dejo subir a los negros en el autobús, y ya más adelante les dejaré ir a la universidad”, es el símil que ha utilizado para explicar la postura de los demócratas andorranos. “Si ven que hay una discriminación, ¿por qué no la eliminan? ¿Qué quiere decir progresiva? Esto no es aceptable”, ha añadido.

Bourgeaud y el resto de juristas ya han señalado que continuarán dando la batalla política y en los tribunales, y que si Demòcrates per Andorra aprueba finalmente una ley que niegue a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre, o que les niegue el derecho a la adopción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria.

El principal punto de discrepancia, de hecho, se encuentra en el término, pues DA ha optado por la fórmula de unión civil para esquivar de esta forma un posible conflicto con el Copríncipe episcopal (jefe de Estado), el obispo de La Seu d’Urgell (Lleida).

Sin embargo, ni los dos partidos en la oposición ni el colectivo de homosexuales del país aceptan la propuesta al considerar que se queda a medio camino y que no se garantiza la igualdad con las parejas heterosexuales.

En este sentido, desde el PS critican que con la propuesta de DA “se señala con el dedo” y se “estigmatiza” a las parejas del mismo sexo y lamentan que haya imperado el criterio “más conservador e intolerante” entre los Demòcrates.

Quirn también ha mostrado su rechazo al texto de DA, por considerarlo insuficiente, es un grupo de abogados del país que hace meses que ha iniciado una campaña para equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo, además de censurar que se haya optado por la posición “más conservadora”.

El texto que DA acaba de entrar a trámite también regulará las adopciones de las parejas homosexuales, que podrán hacerlo en dos fases: primero adoptará uno de los miembros de la pareja y después se podrá sumar el cónyuge como segundo adoptante.

La oposición tampoco se conforma con la fórmula, ya que insiste en que no garantiza los derechos por igual al resto de parejas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Informe anual sobre los derechos LGTB en Europa: España sube a la tercera posición.

Viernes, 16 de mayo de 2014

ILGA-Mapa-arcoiris-2014-300x216Se ha dado a conocer el habitual informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo que confecciona ILGA Europa. Junto al estudio, como también es costumbre, se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el tercer lugar de la lista, por detrás del Reino Unido y Bélgica. Sin embargo, en el informe se señala la alineación del gobierno español con el sector de la sociedad más reacio al reconocimiento de los derechos LGTB y, en especial, la hostilidad evidente de la alcaldesa de Madrid hacia las celebraciones del Orgullo. Quien repite el último lugar de la clasificación es Rusia, cuyas medidas contra la llamada “propaganda homosexual” siguen pesando de manera ostensible.

Como en el año 2013, la clasificación se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. En esta ocasión, el país que ha experimentado un incremento mayor de su porcentaje de cumplimiento es Malta, debido a sus recientes avances en cuando a los derechos LGTB, como la ley de uniones civiles aprobada el pasado mes de abril.

El Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, aumentando su porcentaje por la aprobación del matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia, aunque no se deja de señalar que aún no es legal en Irlanda del Norte. Sorprende, sin embargo, que Croacia también incremente su calificación tras el referéndum en el que su población reformó su Constitución para prohibir el matrimonio igualitario. Recordamos, como siempre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación. La lista es la siguiente:

  • Reino Unido: 82%
  • Bélgica: 78%
  • España: 73%
  • Holanda: 70%
  • Noruega: 68%
  • Portugal: 67%
  • Suecia: 65%
  • Francia: 64%
  • Islandia: 64%
  • Dinamarca: 60%
  • Malta: 57%
  • Croacia: 56%
  • Alemania: 56%
  • Hungría: 54%
  • Austria: 52%
  • Montenegro: 47%
  • Finlandia: 45%
  • Albania: 38%
  • Eslovenia: 35%
  • República Checa: 35%
  • Estonia: 35%
  • Irlanda: 34%
  • Grecia: 31%
  • Eslovaquia: 31%
  • Serbia: 30%
  • Bulgaria: 30%
  • Suiza: 29%
  • Luxemburgo: 28%
  • Rumanía: 28%
  • Polonia: 28%
  • Georgia: 26%
  • Italia: 25%
  • Lituania: 22%
  • Andorra: 21%
  • Bosnia-Herzegovina: 20%
  • Chipre: 20%
  • Letonia: 20%
  • Liechtenstein: 18%
  • Kosovo: 17%
  • Moldavia: 17%
  • Turquía: 14%
  • San Marino: 14%
  • Bielorrusia: 14%
  • Macedonia: 13%
  • Ucrania: 12%
  • Mónaco: 10%
  • Armenia: 9%
  • Azerbaiyán: 7%
  • Rusia: 6%

Situación en España

Respecto a España, aunque mejore su calificación, subiendo además un puesto en la lista, el informe no deja de reflejar el deterioro de algunos derechos y, sobre todo, el cambio de actitud del partido gobernante. Dice la introducción a la situación española (los hiperenlaces son nuestros):

“A pesar de los avances en favor de los derechos de las personas LGBTI en los últimos años, el nuevo Gobierno de centroderecha, incluyendo a algunos ministros individuales y a la alcaldesa de Madrid, ha demostrado su interés por responder a las preocupaciones de los votantes más conservadores. La recesión económica ha sido un pretexto para reducir la financiación a las ONG clave, y una reforma del sistema de salud también apareció para bloquear los tratamientos de fertilidad para mujeres solteras y lesbianas en el sistema público”.

Aparte de lo destacado en el preámbulo, el informe denuncia el surgimiento de la violencia homófoba, a imitación de los grupos rusos, bajo el nombre de “Proyecto Pilla-Pilla”, aunque también valora cómo fue rápidamente abortada tras la detención de sus líderes. Se significa asimismo la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía del temario escolar, con la consiguiente eliminación de cualquier referencia al respeto a la diversidad afectiva y sexual.

Apartado especial merece la patente animosidad de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hacia la celebración del Orgullo en la ciudad que gestiona, informando de las fuertes multas que ha impuesto a las asociaciones convocantes. Según recoge el informe, dichas asociaciones denuncian la pretensión del ayuntamiento de acabar así con el Orgullo, una fiesta que convoca a más de 1.500.000 ciudadanos.

En cuanto a aspectos positivos, se destaca la salida del armario de la diputada Ángeles Álvarez, la aprobación de la ley integral de transexualidad de Andalucía, la dedicatoria de una plaza en Barcelona a la mujer transexual asesinada Sonia Rescalvo, o el hecho de que España aparezca en la encuesta de Pew Research Center como el país del mundo con mayor aceptación de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Podéis descargaros (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

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