El Gobierno de Andorra tiene intención de eliminar la diferencia «terminológica» entre el matrimonio civil entre personas de distinto sexo y la unión civil entre personas del mismo sexo. Así lo contempla la proposición de ley de la persona y la familia, que han presentado en días pasados representantes de los tres partidos que componen el gobierno andorrano. 

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en noviembre 2014 la ley que hacía posible las uniones civiles entre personas del mismo sexo y concedía a estas los mismos derechos que los de los matrimonios, incluida la adopción conjunta (si bien en su momento activistas LGTBI andorranos advirtieron de la existencia de algunas lagunas debido a la diferencia terminológica). Ahora, más de seis años después, el gobierno andorrano ha decidido dar un paso más y suprimir esta diferencia. Así lo determina el borrador de la proposición de ley de la persona y la familia, que el pasado 10 de marzo presentaron en rueda de prensa conjunta Ester Molné (representante en el Consell General de Demòcrates per Andorra), Sílvia Ferrer (de Liberals d’Andorra) y Carles Naudi (de Ciutadans Compromesos). Se trata de los tres partidos que conforman el actual gobierno andorrano.

Según han explicado Molné, Ferrar y Naudi, la futura ley de la persona y la familia actualiza en un único texto diferentes leyes previas que tienen que ver con la institución familiar, introduciendo diversas reformas como, por mencionar otro ejemplo, la supresión de la obligación de pasar por una separación como fase previa antes de conceder definitivamente el divorcio. En en este contexto que se actualiza la denominación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin que ello signifique ningún cambio en los derechos y obligaciones de quienes la contraen, que pasará a ser la misma que la de los matrimonios civiles entre personas de distinto sexo. En definitiva, existirá una única institución civil, con independencia del sexo de los contrayentes.

Eso sí, la reforma hace uso de un «truco» lingüistico, al menos según se deprende de las declaraciones de los citados representantes políticos (puedes ver aquí la rueda de prensa que concedieron, en catalán). Y es que, salvo que durante su tramitación parlamentaria haya cambios, la ley utilizará el término «casament» para la institución del matrimonio civil, mientras que reservará el término «matrimoni», para el matrimonio canónico religioso. Una diferencia que (así nos parece a nosotros) parece especialmente pensada para que la reforma no levante las iras de la Iglesia católica. Conviene recordar, en este punto, que uno de los dos copríncipes de Andorra (junto al presidente de la República Francesa) es el obispo de la Seu d’Urgell, que previsiblemente no estará muy contento con la reforma. No obstante, hoy día Andorra es una democracia constitucional en la que el papel de los copríncipes está muy limitado. Así, la actual Constitución andorrana prevé mecanismos para que algunas leyes entren en vigor pese a ser sancionadas por un único copríncipe.

Filiación y gestación subrogada

Otra de las reformas que plantea la proposición de ley, según asegura Diari d’Andorra, es el reconocimiento de la filiación en el caso de niños nacidos mediante gestación subrogada en países en los que este procedimiento sea legal. Andorra, al igual que sus vecinas España o Francia, no permite la gestación subrogada en su territorio, pero la justicia andorrana ha reconocido la filiación en varios casos en esta situación (en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Si la propuesta se mantiene durante la tramitación parlamentaria, la futura ley reconocerá de forma explícita esta posibilidad.

Fuente Dosmanzanas

Foto Diari d’Andorra, Fernando Galindo

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