El Ministerio del Interior ha hecho público el informe 2019 sobre evolución de los delitos de odio en España. Un documento que ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año. Los datos no son precisamente tranquilizadores por lo que a la realidad LGTB se refiere: los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que Interior tiene noticia experimentaron un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Solo las categoría de delitos por racismo/xenofobia y antigitanismo (de nueva creación) registraron un aumento mayor.

A lo largo de 2019, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.598 delitos de odio, lo que supone un 8,3% más que en 2018. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (5), aporofobia (12), creencias o prácticas religiosas (66), discapacidad (26), orientación sexual e identidad de género (278), racismo y xenofobia (515), ideología (596), por razón de sexo/género (69), por discriminación generacional (9), por enfermedad (8) y por antigitanismo (14). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio.

Varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2018. Sucede con el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas o la discriminación generacional. En el caso de la discriminación por sexo/género no hay cambios, mientras que en el resto aumentan. La que más, el antigitanismo (pasa de 0 a 14 incidentes registrados), aunque en este caso se debe a un artefacto estadístico, dado que en años precedentes esta categoría no aparecía separada. Los delitos de odio por racismo/xenofobia, por su parte, experimentaron un alza del 20,9% (pasaron de 426 a 515), mientras que los relacionacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima pasaron de 156 a 278 (un 8,6% más).

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.598 en 2019) hay que sumar además 108 infracciones administrativas y otros incidentes (108), hasta sumar un total de 1.706.

Cataluña, Andalucía y Madrid, a la cabeza

Centrándonos ya en los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género, de los 278 contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 42 en Andalucía y 40 en Madrid.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 321, hubo 230 hombres y 89 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 37 de ellas fueron menores de edad. Por el contrario, el Ministerio solo registró dos víctimas mayores de 65 años. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 84,7%) fueron hombres (116, frente a 21 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables fueron de nacionalidad española, pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

Campaña de sensibilización del Ministerio del Interior

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Algo que también sucede en otras categorías de delitos de odio. Es por eso que el Ministerio del Interior, que el pasado 22 de julio presentaba un nuevo protocolo de actuación policial ante los delitos de odio, estrenaba además una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar todos aquellos episodios de los que sean testigos:

El odio nos envenena, representa un riesgo real de fractura de nuestra sociedad…

Desde 2013, los delitos de odio han aumentado un 45% en España

Pero solo 2 de cada 10 son denunciados

No te calles, denuncia #AcabaConElOdio pic.twitter.com/ZcgO0Fy26M

— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2020

El Ministerio del Interior también ha presentado una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.

Puedes descargar el informe completo de Interior pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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A pesar de que las autoridades hablan de una agresión puntual y no de un caso de acoso, la niña que fue víctima de una agresión en un colegio del barrio de San Roca, en Palma de Mallorca, presenta claros síntomas de ser víctima de homofobia por su manera de vestir y su afición a jugar al fútbol, por lo que la tildan de «marimacho».

Hace casi una semana, el miércoles, 5 de octubre, conocíamos la noticia de la dura agresión a una niña de 8 años por parte de hasta 12 de sus propios compañeros de clase del colegio público Anselm Turmeda, en el barrio de Son Roque de Palma de Mallorca, que le provocaban «consecuencias físicas importantísimas», según confirmaba Fina Santiago, portavoz adjunta del Govern, que le llevaban a ser ingresada en el hospital. Mientras que la madre ha denunciado los hechos, solicitando una orden de alejamiento contra los doce presuntos agresores, inspectores de la Consellería de Educación y Universidad investigan los hechos que la hermana de la víctima apunta a que sean de origen homofóbicos, pero a los que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, resta importancia al referirse a «una agresión y no de bullying».

Lo que explica la familia

«Estaban jugando un partido de fútbol y el equipo de mi hermana iba ganando. Cuando sonó el timbre, la niña cogió el balón y paró la jugada para darle la pelota al profesor de Gimnasia, pero el otro equipo quería seguir jugando y se enfadaron, así que uno de los niños le dio una patada y le empujó al suelo», relata Jessica Millán, hermana mayor de la niña agredida. El primero de los agresores, de 14 años «se puso encima de ella de rodillas», mientras los demás le sujetan las manos y le propinan varias patadas en un momento en el que el profesor que debía estar vigilando se había ausentado para resolver otra situación con un alumno con discapacidad. Lo que tampoco consuela a la familia porque «los inspectores de la consejería nos han dicho que tendría que haber dos profesores para vigilar a los alumnos».

A pesar de que el diagnóstico revelaría que la niña sufría «una fisura de costilla, desprendimiento de un riñón, un hematoma en la cabeza y contusiones», el personal del centro no la traslada al hospital, ni siquiera lo comunica inmediatamente a la madre, a quien simplemente le explican que ha habido una trifulca en el patio cuando la va a recoger, a la hora habitual, trasladándose al Hospital de Son Espases al relatarle la niña la tremenda secuencia de lo que le ha sucedido. «No es la primera vez que mi madre ha ido al centro a comunicar que se metían con mis hermanas, ya avisó de que se metían con la niña», explica Jessica, quien rechaza que se trate de un hecho aislado al haber acudido su madre sólo tres días antes a hablar con la directora para denunciar que un niño había insultado y empujado a otra de sus dos hermanas, de 12 años, que estudia en el mismo colegio.

«Los niños que la agredieron eran mucho más grandes que ella, la cogieron de los pelos, la golpearon contra el suelo, y le dieron múltiples patadas. ¿Y si me la llegan a matar? (…). No estaba protegida porque no había ningún mayor y después de los hechos se lo dijo a su tutora. Esta le dijo que esperara porque iban a contar un cuento. Tras esto le dijeron que pusiese los nombres y fuese clase por clase a buscarlos (…). Mi hija tiene muchas pesadillas y ellos van al colegio y hacen su vida normal (…). He hablado con el fiscal y me ha dicho que los menores son inimputables, que no se les puede hacer nada y que ya verán qué hacen (…). En el colegio se han portado muy mal y los padres de los niños solo me han llamado para amenazarme y quitarse la culpa», es parte del desgarrador testimonio de la madre en un programa de televisión, aclarando que la dirección del centro acude a interesarse por el estado de la niña al hospital, aunque asegura que «con la anterior dirección esto no hubiera pasado. Es indignante cómo se han portado con la niña».

Lo que dicen las autoridades

Más que ofrecer consuelo y soluciones, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha dedicado a hacer propaganda del gobierno al afirmar que los niños agresores y sus familias serán «explorados», pero advirtiendo que, debido a su edad, al menos los menores no son imputables, insistiendo en el esfuerzo de la Administración para con los menores en este tipo de situaciones a los que ampara el Plan Estratégico de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que claramente no ha funcionado en este caso. Como tampoco ha sido efectiva la aplicación para móviles, Alertcops, que permite contactar directamente con la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando un niño está siendo sometido acoso o quiere pedir ayuda por otros motivos, que ha recibido hasta 63 peticiones desde que se pusiera en marcha en el verano de 2015. Casi ha culpado a la propia familia de la víctima de lo sucedido, al insistir en que es la sociedad y especialmente las familias, las que tienen que implicarse en «algo que afecta tanto a la sociedad y a la convivencia como es la educación de los niños».

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca sí parece haber mostrado algo más de sensibilidad hacia el suceso al ponerse al servicio de la familia de la víctima y del centro para intervenir en el caso. «La convivencia y la igualdad son valores que no se pueden dejar perder y que debemos continuar fomentado a todos los niveles», explicaban en un comunicado, recordando que «es necesario» que ni las instituciones ni las entidades ciudadanas bajen «la guardia», resaltando la importancia de «evitar usar un lenguaje discriminatorio que contribuya a la estigmatización en vez de fomentar la tolerancia, la convivencia y el respeto mutuo».

Lo que permanece soterrado

Según la hermana mayor de las niñas explica, «a la pequeña le gusta vestir de niño y jugar al fútbol y le insultan y le llaman marimacho, mientras que la otra es un poco más infantil y también se meten con ella (…). Le dijeron que las niñas no pueden jugar al fútbol y que las niñas no valen para nada», señalando que ambas habían recibido «alguna patada» por parte de los mismos agresores, aunque la situación nunca había desembocado en un episodio tan grave por el que ya han sido identificados todos los implicados, quienes están siendo interrogados para esclarecer la situación, concluyendo Jessica que espera que todo esto «no sea en balde, que se tomen medidas y que los niños que le han hecho esto a mi hermana sean expulsados o se haga lo que se tenga que hacer. Las dos hermanas han manifestado su deseo de no volver al colegio, al igual que algunas de sus compañeras abandonaban las clases el viernes pasado, por miedo, al tener conocimiento de los hechos. Los que sí parece que volverán a la escuela sin mayor problema son los menores involucrados en la agresión.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Alertcops, Fina Santiago, Homofobia/Transfobia, Jessica Millán, Jorge Fernández Díaz, Palma de Mallorca, San Roca