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Delegación de la CIDH preocupada por la realidad LGBTI en Colombia

Jueves, 16 de octubre de 2014

mi_debateEn una visita de 5 días a Colombia, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, realizó una visita de 5 días a Colombia, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, en su calidad de relatora sobre los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. Con respecto a la situación de los derechos de la población LGBTI, la delegación informó que se reunió con más de 60 personas, además de defensores y activistas de distintos departamentos, y halló “información preocupante sobre el desplazamiento forzado” que los afecta. La información recopilada servirá para elaborar un informe regional.

El fenómeno se presenta en mayor medida, según la CIDH, particularmente en zonas con presencia de grupos armados. Según relatos, los actos perpetrados por paramilitares y grupos armados ilegales son dirigidos específicamente a personas LGBT debido a su orientación sexual y a su identidad y expresiones de género.

“Causan especial preocupación a la Relatora las denuncias de amenazas contra personas LGBT, defensores y activistas efectuadas por estos grupos armados por medio de mensajes de texto y panfletos, entre otros. En conexión con ello, la Relatora está preocupada por las denuncias de que los mecanismos internos de protección no son eficaces para salvaguardar la vida y la integridad personal de líderes y lideresas comunitarias y activistas LGBT”, señaló el organismo.

Además, la Relatora manifiesta su preocupación por la falta de una política pública integral con respecto a los derechos de las personas LGBTI, así como la ausencia de una ley de identidad de género.

Asimismo, “se informó a la delegación sobre la inclusión de la homosexualidad en los manuales escolares como motivo de expulsión y la supuesta falta de reglamentación estatal en este sentido. Aunque la Corte Constitucional de Colombia ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin distinción le preocupa a la Relatora la información recibida sobre la falta de una implementación efectiva de estas decisiones”, dice.

En su visita, la delegación fue testigo del relato de una joven afrodescendiente quien, después de decirle a su padre que era lesbiana a los 11 años de edad, fue violada durante 14 años por los amigos de su padre, a raíz de lo cual tuvo cinco hijos. “Cuando logró escapar, fue violada varias veces por grupos armados ilegales, con frecuencia frente a sus parejas, para castigarla por su orientación sexual. En consecuencia, fue desplazada internamente varias veces”, señala el informe al referirse al escalofriante relato.

La CIDH llamó al gobierno de Colombia a velar por los derechos de estas poblaciones y subrayó “la necesidad de actuar con la debida diligencia para abordar todas las formas de violencia, incluidas las perpetradas por agentes estatales y no estatales, y de ofrecer reparación a las víctimas con una perspectiva de género”.

Fuente ILGALAC, vía SentidoG

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La Suprema Corte de Justicia de México emite una guía del buen juzgador para la comunidad LGBT

Jueves, 21 de agosto de 2014

pareja-gayUn nuevo protocolo ofrece al personal judicial herramientas en 8 tópicos para proteger los derechos e integridad de las personas LGBT.

Toda discriminación motivada por género y preferencias sexuales está prohibida en el artículo primero de la Constitución Política de México

Una senadora pide el reconocimiento del matrimonio igualitario en distintos Estados de México

Por José Roberto Cisneros Duarte

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) emitió una guía de ocho tópicos para atender problemáticas que involucran a personas de la comunidad LGBT.

El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género pretende orientar al personal del Poder Judicial en situaciones que comúnmente implican discriminación y violencia contra este sector de la población, en temas como el derecho a la identidad, el acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre otros temas.

“(El texto) responde al mandato constitucional y convencional de proteger y garantizar tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como el derecho que todos tenemos a desarrollar libremente nuestra personalidad”, dijo este lunes el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza.

Los lineamientos del máximo tribunal del país no son vinculantes, es decir, que los juzgadores no están obligados a considerar estos estándares pero les ofrece herramientas para proteger a este sector frente a violaciones a sus derechos.

“El objetivo del Protocolo consiste, bajo el principio de máximo respeto a la autonomía e independencia de las y los juzgadoras, en auxiliarlos a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos humanos”, indica el texto.

El documento fue presentado ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, también relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la misma instancia, así como ante funcionarios del Poder Judicial mexicano.

A continuación presentamos los ocho tópicos que la SCJN recomienda a las y los juzgadores tomar en cuenta al tratar casos relacionados con personas de la comunidad LGBT.

 1. El derecho a la identidad de género

La Suprema Corte reconoce que los individuos tienen derecho a definir su identidad propia, cómo cada persona se identifica a sí misma, hombre o mujer, considerando el caso de las personas trans que no sienten que pertenecen al sexo que se les asigna al ser registradas con base en las características de su cuerpo.

El criterio indica que el Estado debe reconocer esta decisión personal, con la posibilidad de modificar sus documentos oficiales y que éstos no reflejen dichos cambios —en respeto a su derecho a la intimidad— ni que se les exija modificar su cuerpo —observando sus derechos de salud y libre desarrollo de la personalidad.

El texto también resalta la necesidad de no criminalizar a los padres y madres que respeten la expresión de género de sus hijos e hijas, y los vistan acorde a ésta.

En el caso de las cárceles, se sugiere considerar el género y la seguridad de las personas. Incluso, cuando una persona trans sea acusada de entrar a baños públicos “que no les corresponden”, se sugiere respetar su derecho a vivir conforme al género que se quiere.

 2. Familia

La Corte reconoce el derecho de las personas a que se respeten las relaciones con sus hijos sin que se interfiera en su familia; se les dé acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas, así como a la adopción de niños y niñas y otras vías de reproducción asistida, sin importar su orientación sexual ni su elección de pareja.

El documento recuerda que la separación de los hijos y los padres no es admisible con base en especulaciones, estereotipos ni generalizaciones —por ejemplo, citando la protección a un niño ante “un posible estigma social”.

En cuanto al establecimiento de una familia, la Suprema Corte aclara que “excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la familia. Tampoco se justifica privar a las parejas homosexuales de los beneficios que el matrimonio reporta.

Establecer una figura específica para la unión de personas del mismo sexo, diferente de la de las parejas de sexo distinto, es dicriminatorio.

El Protocolo sugiere evitar plantear los juicios en términos de género, por ejemplo, preguntando “¿quién es el hombre y quién es la mujer?”.

El documento enfatiza que es necesario garantizar que las personas LGTB no sean discriminadas en el acceso de las vías para fundar una familia. En caso de que así lo decidan, ambos debería poder ser considerados legalmente como padres o madres de un niño o niña; también deberían poder elegir el orden de sus apellidos.

 3. El trabajo

El documento advierte que las personas LGTB están expuestas a acoso en el trabajo, y que la discriminación se manifiesta desde la oferta hasta la promoción e incluso el despido.

El Protocolo plantea que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género no sean aceptadas como criterio para conectar con el perfil o cualidades deseadas. Tampoco se considera válido argumentar que dichas características son percibidas de manera negativa por colegas o clientes.

El documento también advierte que las detenciones por “ultraje a la moral pública” fundadas en la orientación sexual o identidad de género no deben ser usadas para impedir que las personas obtengan un empleo.

 4. Las detenciones arbitrarias

El Protocolo señala que las personas LGBT son víctimas de privación de la libertad por parte de policías bajo el argumento de preservar el orden o la moral públicas ante acciones como besarse en público, arrestos que califica como “inaceptables”.

La Corte recomienda al juzgador preguntarse si una persona heterosexual sería detenida por realizar la misma acción con la que se justifica la detención de un miembro de la comunidad LGTB.

 5. La violencia y la justicia

La SCJN reconoce que las personas LGTB sufren agresiones que van desde insultos, golpizas —en ocasiones propinadas incluso por padres que buscan “corregir” el comportamiento de género— y hasta la muerte.

También menciona “abuso y maltrato” por parte de policías y personal penitenciario, y que este sector encuentra mayores dificultades para acceder a la justicia.

La Corte elogia la existencia de legislaciones locales que contemplan al odio por razón de identidad de género u orientación sexual como un agravante de los delitos contra la vida e integridad física.

El Protocolo advierte que el “el lenguaje de odio y discriminatorio” (que incita a la violencia) es un tipo de discurso no protegido por la libertad de expresión, por lo que se debe limitar este tipo de manifestaciones.

El documento pide a los y las juzgadoras poner atención particular a los crímenes contra personas LGTB, al destacar que éstos suelen ser catalogados como “crímenes pasionales” con lo cual se les resta atención.

 6. La salud

El protocolo advierte a los juzgadores que pueden conocer de situaciones en que se niegue o se atienda de forma deficiente a una persona por su orientación sexual o identidad de género.

También considera un abuso que una persona sea internada en contra de su voluntad para tratar algo relacionado con su sexualidad, pues no ninguna orientación sexual es una “enfermedad” que deba curarse.

La Corte marca como violatorio del derecho a la salud que en cárceles y hospitales públicos y privados se nieguen tratamientos hormonales o quirúrgicos a personas trans; incluso si éstos no están garantizados por la ley.

 7. La libertad de expresión y asociación

Otra violación a los derechos de la comunidad LGBT son las restricciones a la promoción pública de la homosexualidad o la prohibición de marchas, reuniones y creación de agrupaciones.

El protocolo recomienda a los juzgadores vigilar que las asociaciones LGBT no enfrenten dificultades como requisitos adicionales para ser registradas y permitírseles operar.

 8. La educación

La SCJN considera que pueden presentarse casos de discriminación en el acceso o el trato que niños y jóvenes reciben en instituciones educativas; o en el tipo de información que se les presenta (o se les limita) sobre la sexualidad.

Este protocolo señala que no es aceptable que se le niegue el acceso o se le expulse de una institución educativa en virtud de su orientación sexual o su identidad de género, ni por las de sus padres; tampoco que reciba un tratado diferenciado por estas mismas razones… Ni siquiera en el caso de instituciones privadas y/o religiosas.

Además, la Corte considera inadmisible que un maestro sea despedido por compartir con sus alumnos información sobre orientación sexual e identidad de género, ni siquiera cuando se argumente que es pornográfica u obscena.

(iStock by Getty Images).

Fuente: CNN México

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La comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta del crecimiento de la violencia homófoba y tránsfoba en América

Viernes, 7 de marzo de 2014

mapa_americaLeemos en Dosmanzanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación ante los “niveles inquietantes de violencia y ataques brutales” perpetrados en los últimos meses contra personas LGTBI y contra organizaciones y personas que defienden sus derechos en varios países de América. Baste un dato: entre octubre de 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans, 58 hombres gays, dos lesbianas y un hombre bisexual han sido asesinados en el continente. La CIDH insta a los estados a adoptar medidas urgentes y efectivas para enfrentar y prevenir este tipo de violencia.

Haití, Honduras, Nicaragua…

A la luz de la información recabada entre octubre de 2013 y enero de 2014, la CIDH alerta del creciente número de ataques contra organizaciones LGBTI. “Por ejemplo, en Puerto Príncipe, Haití, una ONG LGBTI informó que su oficina fue ferozmente saqueada y que sus miembros fueron atacados físicamente, amenazados y hostigados. Los atacantes les habrían proferido agravios de carácter homofóbico y habrían robado computadoras y materiales”, expresa el comunicado de la CIDH (el informe se refiere en este punto al ataque a la oficina de la organización jamaicana Kouraj, recogido por dosmanzanas en noviembre).

“En Tegucigalpa, Honduras defensoras y defensores de personas LGBTI y de personas que viven con VIH se vieron en la necesidad de cerrar su oficina a causa de ser continuamente objeto de amenazas y ataques. Durante los meses previos, integrantes de la organización habrían sido víctimas de ataques físicos, persecuciones por la calle, ataques por parte de agentes de policía y, en julio de 2013, la hija de una de las lideresas habría sido secuestrada. Otros informes señalan que, en enero de 2014, una pandilla habría ingresado violentamente en la oficina de una organización trans nicaragüense en la ciudad de Managua y habrían atacado a integrantes de la organización, robado materiales y causado daños en el lugar”, continúa el texto.

Chile, Perú, México… pero también Estados Unidos

El comunicado de la CIDH prosigue mencionando ejemplos concretos: “En noviembre de 2013, una mujer trans defensora de derechos humanos fue brutalmente atacada en la puerta de su casa por un grupo de hombres y mujeres en Antofagasta, Chile. En el mismo mes, un hombre trans fue abordado y atacado por un grupo de hombres, cuando se encontraba camino a participar de una actividad para recaudar fondos organizada por una ONG LGBTI en Lima, Perú. La Comisión también manifiesta su preocupación por los obstáculos que encuentran quienes promueven y defienden los derechos de las personas LGBTI. En Monterrey, México, a una organización estudiantil LGBTI le fue denegado el permiso para operar en el campus de una universidad privada con el fin de concientizar sobre la homofobia. En Lima, Perú, una integrante del Concejo Metropolitano de Lima, quien insistía en incluir una referencia explícita a las personas LGBTI en la ley anti-discriminación, fue atacada verbalmente por otro integrante”.

“En California, Estados Unidos, una docente fue supuestamente despedida por defender abiertamente a alumnos LGBTI que estaban siendo víctima de hostigamiento escolar”, añade el comunicado.

Decenas de asesinatos en Brasil

La CIDH ha sido informada de que en los cuatro meses referidos al menos 58 mujeres trans han sido asesinadas en Argentina (2), Belice (1), Brasil (39), Chile (1), Colombia (2), Honduras (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), Estados Unidos (2), Uruguay (1) y Venezuela (3). Distintos informes señalan también que al menos 58 hombres gay habrían sido asesinados en el mismo período en Brasil (50), Chile (3), Cuba (1), Honduras (1), México (2) y Perú (1). Dos lesbianas y un hombre bisexual habrían sido también víctimas de asesinatos en Brasil, país que en números absolutos lidera el ranking de la infamia. Datos que van en la misma dirección que los de Transgender Europe, organización que hace un esfuerzo de monitorización de los asesinatos tránsfobos, y que también ha detectado el altísimo número de los que se cometen en Brasil, aunque en términos relativos, ajustados a su población, el caso de Honduras es especialmente sangrante (la dura realidad de las personas LGTB en ese país centroamericano ha llamado nuestra atención en numerosas ocasiones).

Además de los asesinatos, se han reportado ataques violentos contra mujeres trans en diferentes provincias de Argentina, en Brasil, Colombia y Estados Unidos (2). La CIDH también recibió información de graves ataques contra hombres gays en Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Uruguay.

La CIDH urge a los estados a actuar

La CIDH recuerda que los estados tienen la obligación de investigar estos actos de violencia y sancionar a sus responsables. “En términos generales, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera que la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión”, expresa. La CIDH insta también a los estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “llevar adelante análisis exhaustivos de todas las hipótesis posibles sobre los crímenes cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGBTI y así establecer si el móvil de los mismos fue la actividad de promoción y defensa de derechos humanos de la víctima y a llevar registros de la violencia contra las personas LGBTI”.

La CIDH es un organismo autónomo de la OEA que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Muy recientemente este organismo ha puesto además en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson.

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Una abogada jamaicana, al frente de la Relatoría sobre Derechos LGTBI creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Jueves, 27 de febrero de 2014

Tracy-RobinsonInforma Dosmanzanas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer el nombre de la persona que estará al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, cuya creación recogimos en diciembre. Se trata de la comisionada Tracy Robinson, una abogada con conocimientos sobre derechos LGTB y de la mujer procedente de Jamaica.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. Según la propia CIDH expresó en un comunicado hecho público en noviembre, desde hace varios años este organismo “ha venido recibiendo información preocupante sobre diversas formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas en las Américas por sus orientaciones sexuales e identidades o expresiones de género, reales o percibidas, o porque sus cuerpos difieren de lo que es considerado el cuerpo de una mujer o un hombre”. Es por eso que en 2011 creó una primera unidad que ha llevado a cabo un trabajo de documentación de la situación de las personas LGBT en los países de la OEA, labor que ahora se verá reforzada con una relatoría específica sobre la materia, cuya creación ha sido muy bien acogida por los activistas LGTB de América Latina y el Caribe.

Quedaba por conocer el nombre de la persona que estaría al frente, incógnita que se despejó hace unos días. Se trata de Tracy Robinson, una abogada jamaicana que ha actuado como consultora para organismos como el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres y Unicef, y que ha asesorado a diversos gobiernos del Caribe en temas relativos a género y niñez. Ha sido también editora de la Revista de Derecho del Caribe y ha publicado informes sobre temas de género, derechos sexuales, derechos LGTB, trabajo sexual y derechos de los niños. Robinson, que es una de las siete comisionadas de la CIDH desde enero de 2012, estará también al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres.

Una designación que ha sido celebrada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). En palabras de Pedro Paradiso Sottile, activista gay argentino y secretario de dicha organización, “con su nombramiento se ratifica el histórico compromiso que la CIDH ha asumido para trabajar contra las vulneraciones de derechos cometidas por los Estados en base a la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones de la ciudadanía. Deseamos a la comisionada Robinson una exitosa gestión y renovamos nuestro compromiso para seguir contribuyendo con el trabajo de la CIDH, y especialmente con las iniciativas de esta nueva e histórica Relatoría”.

Jamaica, el país más homófobo de América

Se da la circunstancia de que Tracy Robinson procede de Jamaica, al que muchos consideran el país más homófobo de América. Las relaciones homosexuales masculinas están castigadas con penas de hasta 10 años de cárcel, y aunque apenas se hace uso de esta legislación el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día. En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios, el último de ellos en octubre pasado, cuando cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron como un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

Una realidad ya denunciada por la CIDH, que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado. Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual.

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