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Estados Unidos: presentada una proposición de ley de compensación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de la derogación de la DOMA

Viernes, 28 de junio de 2019

Cropped Approved CFFLa senadora y candidata a las primarias demócratas Elizabeth Warren ha presentado una proposición de ley para revertir la discriminación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de 2013 en Estados Unidos. La medida les devolvería unos 57 millones de dólares en beneficios a los que no pudieron acogerse antes de la derogación parcial de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la Administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. A pesar de que estos enlaces ya eran legales en diez estados, los cónyuges estaban obligados a presentar la declaración de impuestos federal como personas solteras.

Warren presentó por primera vez su proposición de ley en 2017 y la semana pasada inició un nuevo intento de conseguir su aprobación. La norma se fundamenta en la necesidad de reparar la discriminación que sufrieron las parejas del mismo sexo casadas durante la vigencia de la DOMA. Hasta su derogación parcial por el Tribunal Supremo en 2013, la Defense of Marriage Act privaba a estos matrimonios de los beneficios federales disponibles para los de distinto sexo. Entre ellos, los de carácter fiscal. Los cónyuges del mismo sexo casados en los diez estados donde entonces era posible no podían disfrutar de las ventajas de una declaración de impuestos conjunta, porque el Gobierno de Washington no reconocía sus matrimonios.

La medida de la senadora y candidata a las primarias presidenciales del Partido Demócrata beneficiaría especialmente a aquellas parejas con una gran diferencia de ingresos entre sus miembros. Se calcula que se les devolverían unos 57 millones de dólares en impuestos pagados de más. El periodo de cálculo se extiende desde 2004, año en que Massachusetts se convirtió en el primer estado con igualdad matrimonial de Estados Unidos, hasta 2010, ya que el fallo del Supremo de 2013 permitió una retroactividad de tres años. Dos años después, el alto tribunal decretó que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede privar a las parejas del mismo sexo, abriendo definitivamente la institución en todo el país.

La proposición de ley de Warren pone nuevamente de relieve el trato desigual al que, con frecuencia, tienen que hacer frente las parejas del mismo sexo incluso después de la entrada en vigor de una ley de matrimonio igualitario. En dosmanzanas hemos recogido algunos de estos casos. En agosto de 2018, el Tribunal Fiscal de Hamburgo emitía por ejemplo una sentencia que reconocía a las parejas del mismo sexo casadas el derecho a reclamar algunos de los beneficios fiscales de los que no pudieron disfrutar antes de que el matrimonio fuera igualitario en Alemania.

Un caso similar, pero con desenlace negativo, conocimos hace dos años en España. El Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, daba en 2016 su visto bueno al hecho de que las parejas del mismo sexo anteriores a 2005 no pudieran acceder a determinadas reducciones en el impuesto de sucesiones reservadas a parejas casadas. De hecho, el Constitucional español ya había avalado antes la «constitucionalidad» de que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio fuesen discriminadas en su acceso a la pensión de viudedad.

Fuente Dosmanzanas

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La jubilación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy amenaza los derechos conquistados por las personas LGTB

Miércoles, 11 de julio de 2018

anthony-mcleod-kennedy-9362868-1-402El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

romer-vs-evansEn 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

lawrence-vs-texas-300x185En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

ediewindsor-cropwebEdith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

obergefell-vs-hodges-300x200Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

us-news-supremecourt-1-abaCon el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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Starkville celebra su multitudinario Pride

Lunes, 2 de abril de 2018

pride-starkville-696x522Después de que algunos concejalas se negaran a celebrar un Pride y con una demanda judicial de por medio, Starkville celebra su Orgullo y es la manifestación más grande que ha visto jamás la ciudad.

Hace unas semanas contábamos la historia de Starkville, una ciudad de 25.000 habitantes en Mississippi que se había negado a celebrar un Orgullo LGTB+ sin motivo aparente.

Como una inmensa mayoría de la ciudad estaba a favor de que se celebrara el Orgullo, organizado por estudiantes de la ciudad como las universitarias Bailey McDaniel y Emily Turner, y en contra solo hablaron una señora homófoba y el párroco, el único motivo por el que se podía justificar la negativa de algunos concejales a celebrarlo era la LGTBfobia. Eso llevó a organizaciones como la Human Rights Campaign y la ACLU a avisar al ayuntamiento de que les iban a demandar por discriminación, demanda que se hizo real gracias a la ayuda de la prestigiosa abogada experta en derechos civiles Roberta A. Kaplan (que fue la responsable de tumbar la ley de defensa del matrimonio heterosexual); y con el nombre del pueblo dando la vuelta al mundo por todos los motivos equivocados la Junta de Concejales volvió a votar, uno cambió su voto y finalmente se dio visto bueno a la celebración del Orgullo.

Y no es que haya sido un éxito, es que ha sido un exitazo.

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Casi 3.000 personas (recuerda, la ciudad tiene 25.000 habitantes) inundaron las calles de Starkville para celebrar la diversidad en la manifestación más grande que la ciudad ha visto nunca.

Bailey McDaniel, una de las organizadoras, explicó al periódico local que esperaba que esa cantidad de gente fuera un indicador de lo que el Starkville Pride puede llegar a ser en el futuro: “Creo que genera una buena sensación sobre lo que este evento anual puede llegar a ser. Siento que Starkville es mucho mejor gracias a esto, y me siento muy honrada de haber sido capaz de ayudar a esta ciudad a progresar tanto como lo ha hecho.

Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Lynn Spruill, que siempre se mostró a favor de celebrar el Orgullo, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que hubiera tantísima gente y que muchos de los asistentes viajaran desde muy lejos para asistir: “Nunca esperé que viniera tanta gente. Esto nunca habría ocurrido si no hubiéramos tenido la controversia, así que casi estoy agradecida a esa controversia, en el sentido de que se ha convertido en algo más de lo que podría haber sido. Y se ha convertido en algo de lo que podemos estar muy orgullosos.

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A la manifestación, por cierto, no le faltó un grupo de adevenedizos que protestaban en contra de la misma. Un grupo de 10-15 personas pertenecientes a la organización anti-LGTB Consuming Fire Fellowship se plantaron en Starkville con pancartas y camisetas bíblicas que no les sirvieron para nada porque la policía de la ciudad se encargó de mantenerlos a raya para que no molestaran.

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Fuente | Starkville Daily News, vía estoyBailando

 

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Starkville (Mississippi) tendrá su Orgullo LGTB

Martes, 13 de marzo de 2018

starkville-pride-celebration-696x522La Junta de Concejales de Starkville, con una demanda judicial interpuesta por su LGTBfobia, vuelve a votar sobre la celebración de un Orgullo LGTB en la ciudad.

Hace unas semanas  contábamos que en un pueblo de Mississippi llamado Starkville la Junta de Concejales había votado en contra de celebrar este año una manifestación del Orgullo LGTB, a pesar de que todo el pueblo estaba a favor salvo el párroco evangelista y una señora mayor. Los comerciantes, los estudiantes, profesores universitarios, ¡hasta la alcaldesa! querían la manifestación.

Pero los concejales (hombres heteros) votaron que no. Y dado que el pueblo llevaba años sin rechazar propuestas similares y no dieron ningún motivo, se entendió que era un claro caso de LGTBfobia.

starkville-pride-comercioA la gente de Starkville parece que no les ha hecho mucha gracia que la negativa de esos concejales al Orgullo haya acabado siendo noticia internacional. Como tampoco parece que les haya gustado el hecho de que la abogada Robbie Kaplan, experta en luchar por los derechos LGTB+, presentara una demanda al pueblo acusándoles de estar quebrantando los derechos civiles de la población LGTB+ de Starkville.

Y por eso han vuelto a votar, y ahora ha ganado el sí.

Sandra Sistrunk, una de las concejalas del pueblo -que voto que sí en su momento-, pidió a la Junta que volvieran a votar el tema porque la atención de los medios se estaba convirtiendo en “un problema cada vez mayor para la ciudad“ y consideraba que ahora, sabiendo lo que pasa cuando discriminas a la gente, estaban “en una posición en la que podemos emitir un voto más medido y razonado“. Así que la Junta volvió a votar y esta vez hubo un empate: tres señores heterosexuales por un lado diciendo que no, dos señores y una señora (Sandra) diciendo que sí. El empate fue debido a que uno de los concejales que votó que no, David Little, decidió abstenerse porque aunque aseguró seguir estando en contra también creyó que los intereses de la ciudad pasaban por permitir el Orgullo.

¿Cómo se solucionó? Pues con el voto del desempate de la alcaldesa que, obviamente, voto que sí.

lynn-spruill-starkvilleLynn Spruill, la alcaldesa.

Robbie Kaplan, la abogada de las organizadores del Starkville Pride, ha publicado un comunicado en el que explica que esa victoria “no es solo una victoria para nuestras clientas y para la igualdad de su dignidad ante la ley, sino también para los principios que forman el núcleo de nuestro país; no restringimos la habilidad para hablar de una persona estemos o no de acuerdo con lo que tienen que decir“. La abogada aseguró, además, que está deseando asistir a la manifestación.

Desde la Human Rights Campaign, que ya avisaron de que iban a dar todo el apoyo a las organizadores si el caso llegaba a los tribunales, se han mostrado orgullosos de haber colaborado con las organizadores y con Kaplan y han dicho que también se mueren de ganas de ir a la manifestación.

Que será, exactamente, el fin de semana del 23-24 de marzo de este año.

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Fuente | The Dispatch, vía EstoyBailando

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El Starkville Pride demanda a la ciudad por no dejarles organizar un Orgullo LGTB+

Lunes, 5 de marzo de 2018

starkville-pride-1El Starkville Pride demanda a la ciudad de Starkville porque cuatro concejales se negaron a organizar una marcha del Orgullo LGTB+.

La abogada, Roberta A. Kaplan, defendió a Edith Windsor en la batalla contra la DOMA que acabó con la discriminación federal a parejas homosexuales. 

El otro día publicábamos que en la ciudad de Starkville, Mississippi, cuatro concejales habían tumbado la propuesta de celebrar este 2018 el primer Pride de la ciudad. La idea contaba con el apoyo de decenas de comerciantes, estudiantes, profesores de la Universidad, la alcaldesa (que se llevó un buen bochorno) y, obviamente, los miembros del Starkville Pride (liderados por dos universitarias) que esperaban poder salir a desfilar este verano.

A pesar de todo esos cuatro concejales se negaron, en un procedimiento bastante sospechoso (la ciudad llevaba años sin negar este tipo de permisos) que pilló a todo el pueblo (menos al cura y a una señora que no quería que la ciudad se convirtiera en la ciudad “del pecado”) por sorpresa; y ni siquiera dieron un motivo para justificar su rechazo.

starkville-pride-comercioLas organizadoras del Starkville Pride junto a una comerciante que apoya la manifestación.

Desde el Starkville Pride su presidenta, Bailey McDaniel, ya avisó de que la cosa no se iba a quedar ahí y que estaban en contacto con varias organizaciones como la ACLU o la Human Rights Watch. Ahora McDaniel ha comenzado la lucha: ayer mismo presentó la demanda federal en la que denuncian a la ciudad por lo que consideran es “una violación de libro de la Primera Enmienda y trato discriminatorio basado únicamente en un prejuicio anti-LGTB. Además el equipo legal que ha redactado la demanda cree que los concejales también han violado la Cláusula de Protección de Igualdad de la Decimocuarta Enmienda.

Lo que parecía una noticia sin demasiada importancia puede convertirse en un enorme caso de derechos civiles de la comunidad LGTB+ en Estados Unidos. Prueba de ello es que la abogada que defiende al Starkville Pride es Roberta A. Kaplan, que representó a la activista Edith Windsor cuando decidió llevar la DOMA (la Ley de Defensa del Matrimonio) a los tribunales y consiguió una gran victoria para el colectivo al asegurarse de que las parejas homosexuales no quedaban fuera de los beneficios federales que tenían las heterosexuales.

Basándonos únicamente en el contenido de su discurso, específicamente en el hecho de que están orgullosos de ser gais, a estas estudiantes se les está negando el derecho a expresarse de forma pública” ha explicado Kaplan, que ha añadido que tiene confianza en que el tribunal federal “dé la vuelta” a esta acción inconstitucional y se permita que se celebre el Orgullo.

Queríamos tener un día que celebrar la inclusividad“, ha declarado McDnaiel, “Pero sin ningún tipo de explicación o aviso, toda una comunidad ha visto cómo se le niegan sus derechos constitucionales. Nos gustaría pensar que este tipo de comportamiento lleno de odio e intolerancia no representa a la comunidad de Starkville y esperamos que corrijan la decisión.

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De izda a dcha, David Little, Roy A. Perkins, Lynn Spruill (alcaldesa) y Henry Vaughn. Los tres hombres votaron en contra…

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Fallece el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia, enemigo pertinaz de los derechos LGTB

Jueves, 18 de febrero de 2016

supreme-court-justices-john-roberts-antonin-scaliaEl juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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Los matrimonios homosexuales en EEUU tendrán los mismos beneficios que los heterosexuales en todo el país

Martes, 14 de julio de 2015

matrimonio_gay_usa_copyEl Supremo legalizó el matrimonio igualitario el pasado 26 de junio en todo el país, un fallo histórico que anuló la potestad de los estados para prohibir esas uniones y convirtió al matrimonio gay en un derecho constitucional.

Las parejas del mismo sexo tendrán los mismos beneficios matrimoniales que las heterosexuales en todos los estados de EE.UU. después de que el Gobierno diera esta orden a las instituciones judiciales, en cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que legalizó las uniones entre personas del mismo sexo el 26 de junio.

La fiscal general, Loretta Lynch, ha anunciado en una declaración que ha instruido al personal del Departamento de Justicia para que trabaje con las diferentes agencias judiciales con el fin de “garantizar que el fallo (del Tribunal Supremo) tenga entero cumplimiento en todo el Gobierno federal”.

La nueva orden afecta principalmente a dos agencias del Gobierno que hasta ahora tenían limitaciones a la hora de gestionar los beneficios para las parejas del mismo sexo- la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Me enorgullece anunciar que los programas clave para veteranos, personas mayores y discapacitados, que hasta ahora no tenían efecto para las parejas que vivían en estados que no reconocían estas uniones, ahora darán reconocimiento federal a todos los matrimonios en todo el país”, afirmó Lynch.

Las agencias del Gobierno trabajan en este momento para instruir a sus trabajadores sobre cómo deben implementarse esos cambios.

Este anuncio llega poco más de un año después de que el predecesor de Lynch, Eric Holder, ordenara garantizar los máximos beneficios dentro de la ley a estas parejas, es decir, que se proveyeran en función del estado donde se habían casado y no de dónde residían.

La desigualdad fiscal que provocaba que unos estados reconocieran estas uniones y otros no es una de los mayores injusticias denunciadas por los homosexuales, que hasta ahora no podían presentar en muchos casos declaraciones de la renta conjuntas, reclamar herencias o recibir exenciones de impuestos.

La trascendencia de la histórica legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos va mucho más allá del derecho a casarse, puesto que asegura además el trato igualitario de todos los ciudadanos con respecto a la paternidad legal, el reconocimiento de derechos tras el fallecimiento del cónyuge o beneficiarse de la cobertura médica de la pareja.

Hasta que se produjo la decisión del Supremo, por cinco votos a favor de la legalización y cuatro en contra, trece estados del país tenían prohibidas las uniones legales entre homosexuales, y en algunos de ellos ha habido tribunales que se han resistido a acatar el fallo.

Lynch calificó en su declaración de “histórica” esa “decisión del Tribunal Supremo (…) de que todas las parejas tienen los mismos derechos de participar en la institución del matrimonio, ya sean sus miembros del mismo sexo o de sexos opuestos”.

El Gobierno había defendido abiertamente su postura a favor del matrimonio entre homosexuales después de que en mayo de 2012 el presidente Barack Obama se convirtiera en el primer mandatario de la historia del país en apoyar este tipo de uniones.

En su primera campaña, Obama defendió la derogación de la Ley en Defensa del Matrimonio (“Defense of Marriage Act” o DOMA), promulgada en 1996 por otro presidente progresista, Bill Clinton.

Hace dos años, en otro fallo histórico, el Supremo declaró inconstitucional una parte clave de esa ley, la que impedía que las personas del mismo sexo casadas en los estados donde era legal hacerlo lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Con el último fallo del Supremo, no será posible que en la nación se repita una situación como la que vivió Jim Obergefell, un ciudadano que denunció al estado de Ohio por no reconocer en el certificado de defunción de su marido John Artur -con quien había contraído matrimonio en Maryland-, que estaban casados.

“El fallo del Supremo afirma lo que millones de ciudadanos en todo el país ya sabíamos que era verdad en el fondo de nuestro corazón- que nuestro amor es igual”, dijo el 26 de junio Obergefell, cuya infatigable lucha ya forma parte de la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Fuente Agencias

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Candidatos republicanos a la Casa Blanca: todo un compendio de políticos homófobos

Viernes, 8 de mayo de 2015

índiceA la espera de que políticos con un perfil algo más moderado, como Jeb Bush o Chris Christie, den el paso, el catálogo de candidatos que optan a la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales de 2016 no es precisamente alentador desde el punto de vista LGTB. Los dos últimos en incorporarse han sido Ben Carson, que en su momento comparó homosexualidad con pederastia y zoofilia, y Mike Huckabee, que relacionó el avance en los derechos LGTB con la matanza escolar de Sandy Hook.

El primer republicano de peso en anunciar su candidatura fue Ted Cruz, senador por Texas, un político fuertemente conservador que en 2014 propuso junto a su compañero Mike Lee un proyecto de ley cuyo objetivo era impedir a la administración estadounidense reconocer los beneficios federales a los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente contraídos cuando cambiaran su residencia a un estado que no admite el matrimonio igualitario. El objetivo, según expresó Cruz, era “salvaguardar la capacidad de los estados para preservar el matrimonio tradicional para sus residentes” después de que el Tribunal Supremo derogase la sección 3 de la DOMA, la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El siguiente senador republicano en anunciar su candidatura fue Rand Paul, senador por Kentucky, un político que se beneficia de la popularidad entre las bases republicanas de su padre, el “libertario” Ron Paul, que fue candidato a la nominación republicana en dos ocasiones (la última de ellas en 2012, aunque ya en los años ochenta lo intentó como candidato libertario). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario, Rand Paul ha heredado la posición de su padre, que siempre mostró un relativo respeto hacia el matrimonio igualitario, defendiendo que debía ser cada estado el que decidiese si aprobarlo o no. Rand Paul, de hecho, llegó a manifestarse públicamente a favor de la sentencia del Supremo que derogó la mencionada sección 3 de la DOMA, al entender que iba precisamente en esa dirección.

Distinto fue el posicionamiento de Marco Rubio, senador por Florida y tercer congresista en anunciar su candidatura, que sí criticó abiertamente la decisión del Supremo y que de forma consistente se ha opuesto a los derechos LGTB. Hace pocos días, por ejemplo, declaraba que el solo hecho de considerar que la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo es “ridículo y absurdo”.

Carly Fiorina es por el momento la única mujer republicana en dar el paso. Fiorina es sobre todo conocida por haber sido la presidenta ejecutiva de Hewlett-Packard, y aunque no se le conocen declaraciones recientes sobre el matrimonio igualitario, hace apenas 5 años se definía como favorable a la aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos para prohibirlo. También se mostró en su momento favorable a la ya extinta Proposición 8, que en su momento ilegalizó el matrimonio igualitario en California, y más recientemente ha criticado a los que se oponían a la polémica legislación homófoba de Indiana. En definitiva, de Fiorina, una candidata de la que no se conoce aún demasiado, lo que sí se puede decir es que es una enemiga declarada de los derechos LGTB.

Carson y Huckabee, dos “joyitas” homófobas

Pero sin duda son las dos últimas incorporaciones al plantel las que destacan por su virulencia homófoba. Ben Carson, un prestigioso neurocirujano de ideas ultraconservadoras, aseguró en 2013 que “el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se trata de un pilar fundamental de la sociedad bien establecido. Y ningún grupo, ya sean homosexuales, ya sea NAMBLA [siglas en inglés para la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños, una organización de pedófilos], ya se trate de quienes creen en el bestialismo, o quien quiera que sea, puede cambiar esa definición”. Bien es cierto que ante la reacción provocada acabó pidiendo disculpas. “Aunque creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, hay maneras mucho menos ofensivas de expresar esta posición. Espero que todos pondrán una vida entera de servicio por encima de estas palabras pobremente elegidas”, aseguró días mas tarde.

Mike Huckabee, por su parte, es un viejo enemigo de los derechos LGTB. Exgobernador de Arkansas, candidato a la nominación republicana en 2008, y muy conocido por sus posiciones ultraconservadoras, Huckabee llegó a relacionar el avance de estos con la terrible matanza de niños en la escuela Sandy Hook, en Newtown (Connecticut). “Descartamos la noción de ley natural y la noción de que existen absolutos morales, para luego extrañarnos cuando los chicos fabrican su propia moralidad y matan a niños inocentes (…) Empequeñecemos y despreciamos a la familia natural compuesta por un padre y una madre que educan responsablemente a las nuevas generaciones, para después expresar nuestra consternación porque los muchachos no sientan una conexión real con su familia o incluso con el concepto de familia”, escribía entonces.

Otros candidatos, minoritarios

Existen algunos otros candidatos minoritarios a la nominación republicana, pero hemos optado por limitar la lista a los políticos de primera línea que entrarán sin duda en liza en el debate nacional.

Entre estos candidatos minoritarios se encuentran desde Jack Fellure, que propone la criminalización de la homosexualidad, la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas y la prohibición del alcohol (en 2012 Fellure fue de hecho candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido de la Prohibición) hasta Mark Everson, contrario a la pena de muerte, favorable a la legalización de los inmigrantes indocumentados y con una posición aparentemente comprensiva hacia el matrimonio igualitario (“el poder del amor puede vencer algunos importantes obstáculos”, afirma crípticamente en su página web, aunque no se define expresamente sobre el tema).

Fuente Dosmanzanas

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Tras escuchar argumentos a favor y en contra del matrimonio igualitario, el Supremo de Estados Unidos mantiene el suspense

Jueves, 30 de abril de 2015

SCOTUSScheduledLos nueve miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han escuchado este martes 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Como es habitual en estos casos, los analistas han examinado con lupa todas y cada una de las preguntas que los magistrados han hecho a las partes. No parece haber sorpresas: el juez que según las previsiones inclinará la balanza hacia uno u otro lado, Anthony Kennedy, ha hecho observaciones comprometidas para las dos partes. También lo ha hecho John Roberts, a priori alineado con los conservadores. El proceso, como hemos señalado en entradas anteriores, puede significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el país o la regresión hacia una situación de profunda desigualdad jurídica en función del estado en el que se viva.

El Tribunal Supremo anunciaba en enero que en este primer semestre de 2015 revisaría el fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2014 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.  En los dos primeros casos, las sentencias se referían a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, falló en sentido contrario, al considerar que la decisión o no de autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales (en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos), como sí han considerado el resto de circuitos que se han pronunciado hasta el momento  (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) y casi todos los jueces federales que han fallado ya sobre el asunto.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

  1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
  2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

A priori: resultado muy ajustado (5-4 a favor, 5-4 en contra…)

¿Cuál es el equilibrio de poder, en este caso? La mejor referencia es la de junio de 2013, cuando el Tribunal Supremo, por 5 votos contra 4, consideró que la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En aquella ocasión fallaron a favor los cuatro jueces considerados de perfil liberal (Stephen Breyer, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor) y Anthony Kennedy, cuyo voto resultó decisivo y que fue, de hecho, el ponente de la sentencia. En contra fallaron los cuatro jueces de perfil más conservador (Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y el actual presidente del Supremo, John Roberts).

Tras los argumentos orales… ¿Dos posibles votos oscilantes?

court5Pero, ¿qué ha pasado este martes? Sin entrar en mucho detalle, los analistas señalan que, a tenor de las preguntas que han hecho a las partes, la clave estará en dos jueces: el propio Anthony Kennedy, cuyo voto podría volver a ser el decisivo, y John Roberts, que hace dos años prefirió inclinarse en contra de los intereses de los matrimonios del mismo sexo. Ambos han hecho preguntas incómodas para los dos partes.

Anthony Kennedy ha provocado cierta inquietud en los partidarios del matrimonio igualitario al considerar, al dirigirse a Mary Bonauto, abogada de las parejas, que el matrimonio ha sido entendido durante “milenios” como una unión entre un hombre y una mujer. “Es difícil para el Tribunal llegar y decir ahora: ‘bueno, nosotros lo sabemos mejor’”. Kennedy, sin embargo, también se mostraba inquisitivo con John Bursch, que representaba a los estados que prohíben el matrimonio igualitario, al que le pedía explicar por qué el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan casarse pone en peligro el matrimonio tradicional. También se ha mostrado preocupado por cómo la prohibición del matrimonio igualitario afecta a los hijos de parejas homosexuales. Kennedy ha afirmado además que “el propósito fundamental del matrimonio es dignificar a las parejas, algo que se niega a las parejas del mismo sexo”.

John Roberts, por su parte, ha mostrado también su preocupación por lo que ha considerado un cambio profundo de la institución del matrimonio, pero por otro lado ha pedido explicaciones a los contrarios al matrimonio igualitario. “Si Sue ama a Joe y Tom ama a Joe, y Sue puede casarse con él pero Tom no… ¿Por qué no estamos hablando de una situación de discriminación sexual?”, se ha preguntado.

Más previsibles han sido las manifestaciones del resto de magistrados, tanto de los más conservadores como de los más liberales. Entre estos últimos han destacado algunos comentarios de Ruth Ginsburg, uno de los votos seguros a favor del matrimonio igualitario, que ha destacado que ya en el pasado la definición de matrimonio ha cambiado, pasando de ser una institución en la que había una parte dominante y otra subordinada a ser una institución igualitaria entre las partes.

En definitiva, nada está claro. El resultado podría ser un 5-4 a favor de la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario (sería el resultado más coherente con el de hace dos años sobre la DOMA), un 5-4 en contra, o incluso un 6-3 a favor, en caso de que Kennedy mantenga argumentaciones alineadas con la sentencia que él mismo redactó en 2013 y Roberts decida dar la sorpresa.

La solución, a finales de junio…

Fuente Dosmanzanas

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Los republicanos no gastarán recursos del Congreso en contra del matrimonio igualitario

Martes, 17 de febrero de 2015

partido-republicanoJohn Boehner, presidente del Congreso de los Estados Unidos y miembro del Partido Republicano, ha indicado a la prensa que el Congreso respetará la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Los republicanos, en el año 2011, gastaron más de 2 millones de dólares en contra de la igualdad.

El Partido Republicano, formación política que controla el Congreso de los Estados Unidos, ha dado a conocer qué tiene pensado hacer en caso de que el Tribunal Supremo respalde la igualdad en el matrimonio.

El Congreso de los Estados Unidos tiene un grupo de asesoría legal que ya usó en el año 2011 para impedir la derogación de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), una medida que limitaba el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer.

El Congreso de los Estados Unidos usó a dicho grupo de asesoría legal por encargo del Partido Republicano, el cual también controlaba en el año 2011 el Congreso. La decisión supuso el gasto de 2 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para impedir la igualdad de las parejas homosexuales en el matrimonio.

John Boehner, presidente del Congreso y miembro del Partido Republicano, ha manifestado a la prensa que, en esta ocasión, no gastarán ningún dólar para esta cuestión.

Boehner ha expresado que los republicanos respetarán la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, alegando que “no vamos a intervenir en este tema. El tribunal decidirá por si mismo, para eso está”.

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La fiscal general de Florida presenta una moción para mantener la prohibición al matrimonio igualitario

Sábado, 20 de diciembre de 2014

Pam_BondiLa fiscal general de Florida, Pam Bondi interpuso la solicitud ante el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Clarence Thomas, magistrado encargado de tramitar este tipo de recursos legales que se producen en los estados de Florida, Alabama y Georgia.

Bondi presentó el pasado martes una moción de emergencia para mantener la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo hasta pasado el próximo 5 de enero, informó el martes una fuente judicial.

Esta maniobra del estado de Florida tiene lugar después de que el tribunal de apelaciones de Atlanta se negara, a principios de mes, a mantener en suspenso más allá del 5 de enero en una sentencia que considera ilegal la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, como había pedido la fiscal general.

Según la oficina de Bondi, la prohibición del estado debe mantenerse para evitar confusión mientras apela la decisión del juez de distrito Robert Hinkle, quien en agosto pasado anuló la prohibición del matrimonio igualitario en Florida, una resolución que sin embargo quedó en suspenso pendiente de la apelación por parte de la fiscal general.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló que la moción presentada por Bondi “no les produce extrañeza”, teniendo en cuenta que el gobernador de Florida, Rick Scott, y la fiscal general “han luchado para impedir que parejas de enamorados y comprometidos puedan casarse o que sus matrimonios sean reconocidos en Florida”.

Pero Daniell Tilley, abogado especializado en materia LGBT, aseguró que la ACLU mantiene la “esperanza” de que el Supremo rechace la petición para aplazar las resoluciones ya dictadas por los jueces de Florida.

Los electores de Florida votaron una enmienda en 2008 que prohíbe los matrimonios entre parejas del mismo sexo y define el matrimonio como la sola unión entre un hombre y una mujer.

Pero en junio de 2013 el Tribunal Supremo dio un paso decisivo a favor del matrimonio igualitario al declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, en inglés), que definía el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer” e impedía, por tanto, que los homosexuales casados en los estados donde es legal lograr reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Fuente Cáscara amarga

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Las elecciones de “medio término” en Estados Unidos, en clave LGTB: sombras, pero también algunas luces

Martes, 11 de noviembre de 2014

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009El pasado martes Estados Unidos celebró de nuevo elecciones legislativas. Como cada dos años, los electores renovaron la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Tuvieron lugar además elecciones locales de diversa índole en numerosos estados. El resultado, una victoria global republicana, que obviamente no puede interpretarse como una buena noticia en clave LGTB, pero cuyo análisis en profundidad arroja también algunos aspectos que pueden considerarse positivos.

Una reflexión general, en primer lugar. Curiosamente, pese a la acumulación de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario, se ha tratado de la primera vez en muchos años que el tema ha quedado fuera del debate político a nivel nacional. Entre otras razones, por la propia voluntad de los republicanos de evitar una oposición frontal. Una decisión que parece haberles beneficiado electoralmente, y cuya lectura resulta positiva: los republicanos ya no necesitan hacer bandera de la oposición al matrimonio igualitario para ganar elecciones. De hecho, entre los analistas cada vez está más extendido el convencimiento de que el establishment republicano da por hecho que la vía judicial acabará por extender el matrimonio igualitario a todo el país y ha decidido pasar página. Otra cosa, por supuesto, es lo que opinen sus bases más extremistas.

Buen ejemplo de que la oposición al matrimonio igualitario y a otros derechos LGTB ya no es necesariamente definitoria de lo que significa ser republicano es que -como ha destacado los medios LGTB estadounidenses- por primera vez en la historia una legisladora republicana que durante su último mandato se ha mostrado abiertamente favorable al matrimonio igualitario y ha actuado en favor de los derechos LGTB ha sido reelegida. Se trata de Susan Collins, senadora por Maine, cuya participación fue decisiva en la derogación del “Don’ ask, don’ tell”, la ley que prohibía a los militares homo y bisexuales hacer visible su orientación sexual.

Otro dato interesante es que pese a la victoria republicana por primera vez en la historia las encuestas a pie de urna muestran que entre los que acudieron a votar hubo más partidarios del matrimonio igualitario (49 %) que opositores al mismo (48 %). Hace cuatro años, en las últimas elecciones legislativas de “medio término” (aquellas que no coinciden con elecciones presidenciales) los porcentajes fueron del 41 % (favorables) frente al 53 % (opositores). Este tipo de encuestas sobre preferencias paralelas de los votantes son habituales en Estados Unidos y permiten hacerse una idea ajustada de hasta qué punto cambia la importancia que los votantes dan a unos aspectos sobre otros. En este caso, parece confirmarse la idea de que el matrimonio igualitario ha dejado de marcar una línea divisoria clara entre los votantes demócratas y republicanos.

La misma encuesta muestra otro dato ya conocido: las nuevas generaciones han pasado ya la página de esta discusión. El 66 % de los votantes de menos de 30 años son ya favorables al matrimonio igualitario. Hace cuatro años este porcentaje, aunque ya mayoritario, solo llegaba al 52 %.

Lo malo…

El pleno control republicano del Congreso impedirá casi con total seguridad que durante los próximos dos años tengan lugar avances en materia LGTB por vía legislativa a nivel federal. En la práctica, sin embargo, la situación no será muy distinta a la de los últimos cuatro años, durante los cuales los republicanos ya han controlado la Cámara de Representantes y bloqueado iniciativas como la ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo), aprobada por el Senado hace ahora un año.

El nuevo Congreso contará además con varios legisladores republicanos fuertemente homófobos, como Glenn Grothman (nuevo representante por Wisconsin) o Jody Hice (nuevo representante por Georgia), que se unirán a otros ya presentes en Washington. En cualquier caso, parece previsible que durante los próximos dos años los republicanos dediquen su esfuerzo a horadar los logros legislativos de la presidencia Obama, y en este terreno -el estrictamente legislativo- lo cierto es  en materia LGTB poca marcha atrás puede haber porque pocos avances han tenido lugar. Y no parece probable que a estas alturas logros como la derogación del “Don’t ask, don’t tell” o la ”Matthew Shepard Act”, la ley que permitió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en las categorías contempladas por la legislación federal de crímenes de odio, puedan tener marcha atrás (las dos contaron además con apoyo de una parte de los republicanos).

Más probable parece que, en el actual escenario político, la lucha contra los derechos LGTB se repliegue de nuevo al escenario de los estados, donde los republicanos más conservadores pueden considerarse más legitimados para promover “exenciones” de tipo discriminatorio.

El nombre propio: Maura Healey

Desde el punto de vista LGTB, si debe destacarse un nombre propio, y para bien, es el de la abogada demócrata Maura Healey, elegida nueva fiscal general del estado de Massachusetts con el 63 % de los votos. Healey, abiertamente lesbiana, se convierte en la primera persona LGTB en ocupar este cargo en cualquiera de los 50 estados del país.

Healey, que durante los últimos años ha trabajado como asistente de la anterior fiscal general, Martha Coakley, fue de hecho la persona que lideró el primer desafío legal de un estado (Massachusetts) contra la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Fue en 2009. El desafío dio lugar a la que fue primera sentencia de inconstitucionalidad de la DOMA emitida por un juez federal.

Fuente Dosmanzanas

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Una sentencia desfavorable al matrimonio igualitario puede forzar al Supremo de Estados Unidos a pronunciarse de forma definitiva

Lunes, 10 de noviembre de 2014

daughtery_sutton_cookx400Desde la izquierda: Sixth Circuit Judges Martha Craig Daughtrey, Jeffrey S. Sutton, and Deborah Cook

Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves por primera vez en Estados Unidos una prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo y argumentó que el tema no debe ser dirimido en una corte de justicia.

Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones del 6º Circuito, en una sentencia que contradice las ya emitidas por otros circuitos, ha rechazado por dos votos a uno que la prohibición del matrimonio igualitario por los estados viole la Constitución de los Estados Unidos. Por el momento, la decisión mantiene vigente la prohibición del matrimonio igualitario en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, y dispara las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazó pronunciarse sobre el tema, tenga finalmente que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), ha decidido sobre sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Ya durante la fase de audiencia, en función de las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces, quedo relativamente claro que Daughtrey era favorable a confirmar las sentencias previas, dando vía libre al matrimonio igualitario, mientras que Cook era contraria. La duda era la postura que finalmente adoptaría Sutton, un juez nominado por George Bush hijo y confirmado por el Senado en 2003. El juez Jeffrey S. Sutton desestimó las decisiones de tribunales inferiores que consideraban inconstitucionales las leyes de esos cuatro estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Sutton ha centrado su argumentación no en el fondo de la cuestión si no en quién debe decidir si se permiten o no estas uniones. En su opinión, la legalidad del matrimonio de parejas homosexuales no puede determinarla una “corte intermedia” como la suya, sino “el menos rápido, pero normalmente fiable, trabajo de los procesos democráticos del estado”.

Una decisión a contracorriente

Finalmente Daughtrey y Sutton han optado por contradecir las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se han pronunciado (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que han hecho lo propio (por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana). El 6ª Circuito considera así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto al derecho a la igual protección recogido en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La sentencia del 6º Circuito se enmarca dentro de la denominada corriente “originalista”, que defiende limitarse, en la interpretación del texto constitucional, a la que se supone era la intención original de los redactores del texto. La 14ª enmienda, conviene precisar, data de 1868 y se redactó como una forma de resolver algunas de las dudas constitucionales que planteaba el final de la esclavitud una vez terminada la Guerra de Secesión. Posteriormente ha servido como base para decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la que en 1973 dio protección constitucional a las mujeres para abortar.

El 6º Circuito llega a argumentar en su sentencia (que puedes descargar aquí) que la “tradición” justifica que la legislación del matrimonio permanezca bajo el control de los estados e incluso introduce de nuevo en el argumentario factores como la “procreación” o la “crianza de los hijos” para justificar que haya estados que prefieran mantener el matrimonio como una institución exclusiva de parejas heterosexuales. “Imaginen una sociedad sin matrimonio… Quizá las personas no necesiten el estímulo del gobierno para tener relaciones sexuales, o para mantener la especie. Pero sí necesitan el apoyo del gobierno para crear y mantener relaciones estables en la que los hijos puedan florecer“, expresa la sentencia…

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito -que cubre cuatro estados del centro del país: Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky- la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En la decisión de este jueves, que se aprobó por dos votos contra uno, la corte dijo que mientras que la definición de matrimonio claramente estaba cambiando en Estados Unidos, las sentencias de los tribunales no eran la forma apropiada para realizar ese cambio. Según la sentencia, el sistema federal del país hace que los estados se conviertan en “laboratorios de experimentación”, permitiendo “a un estado innovar de una manera (y) a otro, de otra”. Además, los jueces opinaron que una herramienta como la votación sería el mejor método para el cambio. “Cuando los tribunales no dejan que el pueblo resuelva los nuevos temas sociales como este, perpetúan la idea de que los héroes en estos eventos de cambio son los jueces y abogados”, dice la sentencia.

Es casi seguro que este fallo contrario al matrimonio homosexual derive en la presentación del caso a la Corte Suprema, que recientemente decidió no considerar un caso sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.

Vía directa al Supremo

scale.phpCaben ahora dos posibilidades de recurso: los demandantes podrían solicitar que la decisión fuera revisada en pleno por los 16 jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente acudir al Tribunal Supremo. Según las informaciones más recientes, esta última parece ser la opción preferida. El Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazaba pronunciarse sobre las apelaciones que entonces le habían sido presentadas y daba de esa forma vía libre al matrimonio igualitario en varios estados, parece que no tendrá en esta ocasión otro remedio que agarrar el toro por los cuernos y poner orden, al existir jurisprudencia claramente contradictoria y no quedar ya estamentos judiciales intermedios.

La sentencia del 6º Circuito, de hecho, retrotrae la situación a la de hace unos meses, cuando todos los observadores daban por hecho que el alto tribunal no tendría más remedio que pronunciarse. Declaraciones como las de la magistrada del Supremo Ruth Ginsburg (uno de los votos considerados “seguros” a favor del matrimonio igualitario), aludiendo a que si todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones eran unánimes no había necesidad de que el Supremo se precipitara, habían hecho pensar sin embargo que la cuestión podría quedar resuelta  sin intervención del Supremo. Pero conviene recordar que en esas mismas declaraciones Ginsburg daba gran importancia a la sentencia del 6º Circuito, que ya muchos analistas consideraban sería desfavorable al matrimonio igualitario. Así ha sido.

En caso de que el Supremo decida aceptar la apelación, deberá dilucidar si el derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio goza de protección por la 14ª enmienda, y por tanto no hay estado que pueda impedir su celebración. En el caso de que el Supremo se pronunciara en contra, cada estado podría decidir celebrar o no bodas en su territorio.

Hay que recordar de todas formas que el Supremo ya se ha pronunciado de forma parcial sobre el matrimonio igualitario. Fue en 2013, cuando declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares donde fuera legal). Una sentencia que está en el origen de toda la escalada judicial, y que echando la vista atrás ha resultado pieza clave en el avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional y las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo. La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata.

El mes pasado, el gobierno federal dijo que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo en seis estados donde hasta ahora no lo hacía, por lo que ya son en total 32 estados de los 50 donde estas uniones se reconocen, además de en el Distrito de Columbia.

Mientras, en Misuri, sentencia favorable al matrimonio igualitario

MissouriLo cierto es que pese a la sentencia del 6º Circuito la marcha hacia la extensión del matrimonio igualitario en Estados Unidos continúa a velocidad de crucero. El último estado en contar con una sentencia favorable es Misuri, donde el juez federal Ortrie D. Smith ha considerado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este estado. Como en caso anteriores, el propio juez mantiene cautelarmente suspendida la aplicación de la sentencia (que puedes descargar aquí) hasta que se decida la segura apelación. Se da la circunstancia de que en Misuri ya se habían emitido dos sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque de la mano de jueces estatales.

Además de Misuri, otros estados donde en este momento están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario son Florida  (11º Circuito) y Texas (5º Circuito). También en Kansas ha habido sentencia favorable, pero en este caso el Circuito de Apelaciones a cuya jurisdicción permanece el estado (el Décimo) ya ha fallado a favor del matrimonio igualitario, lo que complica que la prohibición se alargue mucho más allá del 11 de noviembre, fecha que el juez puso como límite para que se formalizaran recursos.

Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

FuenteDosmanzanasSentidoG  y Cáscara amarga

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Bill Clinton insta a los homosexuales “a seguir luchando” por sus derechos

Jueves, 30 de octubre de 2014

climtonEl ex presidente de los estados unidos, Bill Clinton, elogió la pasada noche al colectivo LGBT por la velocidad y fuerza de su movimiento en la lucha por sus derechos, y les instó a seguir luchando por la igualdad ante las recientes victorias para los defensores del matrimonio gay. Pero también tuvo una advertencia para el colectivo,no deben conformarse, no caer en la complacencia, hay que luchar siempre, hay barreras que aún deben ser superadas. Nunca he visto un movimiento tan fuerte por la lucha de derechos civiles, al menos en nuestro país, que se mueva tan lejos y tan rápido como este”. No es la primera vez que Bill Clinton muestra su apoyo al colectivo LGBT.

Hay que recordar que desde principios de octubre, el número de estados que permiten el matrimonio homosexual se ha disparado de 19 a 32, además del distrito de Columbia. Clinton ha expresado públicamente su arrepentimiento por firmar la Ley de Defensa del Matrimonio en 1996, que define el matrimonio como entre un hombre y una mujer y que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló en 2013.

“Sería importante, aunque peligroso, si tenemos el mejor modelo de libertad, justicia e igualdad, el tipo de cosas que la gente quiere y donde todo el mundo quiere vivir destacó Clinton.

El ex presidente también tuvo palabras para Uganda, dijo que le rompía el corazón que el país africano se arriesgase a perder ayuda extranjera debido a los repetidos intentos de aprobar una ley para encarcelar a los integrantes del colectivo LGBT. “me encanta Uganda, he hecho un montón de trabajo allí. He tratado de ayudarles con el SIDA, y uno objetivos con la iniciativa Clinton Global es la construcción de escuelas fabulosas allí”.

“Se me rompe el corazón que pongan en riesgo todo lo que se puede conseguir por su empeño en demonizar y encarcelar a los gays. Es un era inestable, las políticas de identidad de cualquier tipo son poderosas y pueden apoderarse de la confianza de aquellas personas que no están acostumbradas a velar con lo desconocido” analizó el ex presidente.

Bill terminó su discurso con una tajante conclusión la mayor amenaza para el futuro de nuestros hijos y nietos es el veneno de la política de identidad que predica que nuestras diferencias son mucho más importantes que aquellos que nos une como seres humanos.

Fuente Ragap

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos debatirá este mes si aborda de una vez por todas la discusión del matrimonio igualitario

Sábado, 13 de septiembre de 2014

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosConfirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en FloridaIdaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

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Nueva sentencia favorable al matrimonio igualitario, avalada esta vez por uno de los jueces más prestigiosos de Estados Unidos

Sábado, 6 de septiembre de 2014

Posner, Richard 08-10Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, FloridaIdaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosLo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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Un juez federal de Luisiana rompe la tendencia y considera constitucional que los estados prohíban el matrimonio igualitario

Viernes, 5 de septiembre de 2014

índiceTodos los analistas coincidían en que tenía que suceder en algún momento, y finalmente ha sido este miércoles 3 de septiembre. Por primera vez desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, un juez federal ha considerado que el hecho de que un estado prohíba el matrimonio igualitario no viola la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido -posiblemente no podía ser de otra manera- en Luisiana, un estado del sur profundo. El propio juez, en su sentencia, reconoce no obstante que otras instancias superiores pueden decidir lo contrario.

El juez Martin Feldman (en la fotografía) es el primero de los numerosos jueces federales que se han pronunciado sobre la materia que en su sentencia (a la que puedes acceder pinchando aquí) considera que la libertad de los estados para legislar el matrimonio está por encima de las consideraciones de los demandantes, y que la prohibición del mismo a las parejas del mismo sexo no supone una violación del derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En este sentido, Feldman adopta un criterio contrario al que anteriormente han adoptado jueces federales de Colorado, FloridaIdaho, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia o Wisconsin (sentencias emitidas por jueces federales. Ni siquiera incluimos en esta lista las sentencias emitidas por jueces estatales).

En Oregón y Pensilvania las sentencias favorables al matrimonio igualitario adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario.  Y ya hay, no lo olvidemos, dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han ratificado tres sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (las sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (la sentencia referida a Virginia).

Pero hay más Cortes de Apelaciones pendientes de pronunciarse. El 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado por ejemplo a las partes. También lo ha hecho ya el 7º Circuito, que debe decidir sobre Indiana y Wisconsin.

Los argumentos de Feldman…

La sentencia de Feldman (un juez de 80 años nominado en 1983 por Ronald Reagan y confirmado ese mismo año por el Senado) supone un primer contratiempo en la carrera judicial en favor de la igualdad de todas las parejas en el acceso al matrimonio en Estados Unidos, y que previsiblemente el Tribunal Supremo tendrá que dirimir más pronto que tarde.

Sus argumentos no son por otra parte especialmente llamativos, en tanto que se alinean con la postura clásica que en su día incluso sirvió para defender el matrimonio igualitario en los estados más “liberales”: que la legislación matrimonial es competencia de los estados (Luisiana aprobó en 2004 incluir la prohibición del matrimonio igualitario en la Constitución estatal por un 75 % de los votos) y que los derechos en litigio no son derechos fundamentales que gocen de protección constitucional a nivel federal.

Martin Feldman, eso sí, no duda en hacer un guiño a los más conservadores al preguntarse en su sentencia si la consideración del matrimonio igualitario como un derecho fundamental no forzaría a que después se reclamara también el matrimonio entre una tía y una sobrina, una tía y un sobrino, dos hermanos, un padre y un hijo o dos menores. “Todas esas uniones estarían sin duda alguna igualmente comprometidas en su amor y voluntad de cuidar uno del otro, al igual que los demandantes”, expresa Feldman. Los demandantes, en este caso, son varias parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones en las que el matrimonio igualitario es legal pero cuya unión no es reconocida en el estado de Luisiana.

… y su reconocimiento de que no tiene la última palabra

Pese a todos sus argumentos, no deja de llamar la atención un párrafo de la sentencia en la que el propio juez da muestras de no estar convencido de que su criterio sea el que definitivamente se imponga, al reconocer expresamente que “muchos otros tribunales tendrán la oportunidad de discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo: tribunales de apelación, y en un momento determinado, el Tribunal Supremo. La decisión de este tribunal, aunque fundamentada, no es más que una entre muchas”.

¿La venda antes que la herida? Veremos lo que sucede finalmente…

Fuente Dosmanzanas

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Un juez declara inconstitucional la prohibición del matrimonio gay en Florida

Sábado, 23 de agosto de 2014

6a00d83451b26169e201a511ab7897970cEs el cuarto magistrado federal que anula la enmienda aprobada en el 2008

Nueva sentencia de un juez federal declarando inconstitucional la prohibición del matrimonio en un estado de los Estados Unidos, y no precisamente poco importante. Florida se suma a la ya larga lista de estados en los que se han producido sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque su ejecución queda de momento paralizada hasta que se decidan los recursos. Con Florida, además, se abre la puerta a que el 11º Circuito de Apelaciones (con jurisdicción también sobre los estados de Georgia y Alabama) tenga que pronunciarse sobre la materia… si es que antes no lo hace el propio Tribunal Supremo.

Un juez federal declaró hoy inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida , informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de ese estado. El pasado 4 de agosto un juez del condado de Broward, al norte de Miami, declaró inconstitucional la misma ley, y el pasado 25 de julio una jueza de Miami falló a favor de una demanda presentada este año por seis parejas de homosexuales que buscaban anular la prohibición de estas uniones en Florida.

El juez Robert L. Hinkle anuló la prohibición del matrimonio homosexual, pero esta resolución queda en suspenso pendiente de la apelación por parte del estado de Florida.

Según la ACLU de Florida, que interpuso la demanda en nombre de ocho parejas, una mujer viuda residente de Fort Myers y la organización SAVE, el magistrado argumentó que la «razón fundamental del estado para negar el reconocimiento de los matrimonios no tiene ninguna base racional». En su decisión, el juez sostuvo que, «al negar a los demandantes el derecho fundamental a contraer matrimonio, la prohibición del matrimonio de Florida viola el debido proceso y las cláusulas de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos», según ACLU.

La argumentación del juez Hinkle (cuya sentencia puedes descargar aquí) es similar a la de sentencias previas en otros estados, al considerar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida (aprobada por referéndum en 2008) viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. No nos resistimos, sin embargo, a reproducir su inicio, que nos parece especialmente significativo (la traducción es propia):

Los fundadores de esta nación establecieron en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos que uno de sus objetivos era asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad. Pero la libertad ha llegado más lentamente para unos que para otros. Fue en 1967, casi dos siglos después de que la Constitución entrara en vigor, cuando el Tribunal Supremo anuló las leyes estatales que prohibían el matrimonio interracial, protegiendo así la libertad de las personas que habían elegido como pareja en sus vidas alguien de una raza diferente. Ahora, casi 50 años después, los argumentos que defendían la prohibición del matrimonio interracial nos parecen obvios pretextos racistas. Debe ser difícil para aquellos que no vivieron esa época entender que entonces hubo quienes los defendieron de forma honesta. Cuando dentro de 50 años las personas echen la vista atrás, los argumentos de los que ahora defienden igual de honestamente la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo parecerán obvios pretextos discriminatorios. Y los que no hayan vivido esta época se preguntarán cómo es posible que alguien los defendiera”.

Hinkle deja cautelarmente en suspenso la aplicación de la sentencia hasta que se decida la probable apelación o hasta que el Tribunal Supremo aclare definitivamente la situación.

Eso sí, la suspensión no afecta al caso de Arlene Goldberg, la mujer que solicitaba ser formalmente reconocida como la viuda de Carol Goldwasser, la que fue su pareja durante 47 años y con la que contrajo matrimonio en 2011 en Nueva York. El juez considera que en este caso no hay razón de peso que alegar para oponerse al reconocimiento y ordena que se proceda a la modificación del certificado de defunción

«Estoy muy contenta de que el estado al que consideramos nuestro hogar pronto reconocerá que lo que Carol y yo tuvimos fue un matrimonio», afirmó Arlene Goldberg, que presentó la demanda después de que falleciera su esposa y compañera durante 47 años, Carol Goldwasser.

Hinkle es el cuarto juez del sur de Florida que anula la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo por considerarla inconstitucional. Los electores de Florida votaron una enmienda en el 2008 que prohíbe el matrimonio gay y lo define como sólo la unión entre un hombre y una mujer. Pero en junio del 2013 el Tribunal Supremo dio un paso decisivo a favor del matrimonio homosexual al declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que definía el matrimonio como «la unión entre un hombre y una mujer» e impedía, por tanto, que los homosexuales casados en los estados donde es legal lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Fuente La Voz de Galicia

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Se acelera la espiral judicial: en un año el matrimonio igualitario podría ser realidad en todo Estados Unidos

Lunes, 11 de agosto de 2014

matrimonio-gay-euLa batalla judicial por el matrimonio igualitario en Estados Unidos ha llegado a un punto en el que no hay día que no se produzcan novedades. Hacemos hoy una recapitulación de lo sucedido esta semana. En Florida, son ya cuatro los jueces que consideran inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado. En el nivel federal, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha comenzado a estudiar las sentencias favorables al matrimonio igualitario en cuatro estados (Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee) mientras que las sentencias apeladas que ya han sido confirmadas llegan a las puertas del Tribunal Supremo. Una de cuyas integrantes, por cierto, ha vaticinado una próxima resolución…

Florida: ya hay cuatro sentencias

En Florida, la batalla ha comenzado a librarse en la justicia estatal. La última vez que hacíamos alusión a ese estado comentábamos que ya eran dos los jueces, en los condados de Miami-Dude y Monroe, los que habían declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, aunque habían dejado sus sentencias en suspenso en previsión de que fueran apeladas. Pues bien, ya hay dos jueces más que han fallado en el mismo sentido. Un tercer juez lo hacía el lunes, en el condado de Broward, y una cuarta jueza lo hacía el martes, en el condado de Palm Beach. En este último caso, a diferencia de los otros tres, el fallo se refiere en exclusiva al demandante, el viudo de un hombre con posesiones en Florida. La pareja se casó en Delaware, donde sí es legal el matrimonio igualitario, pero Florida no reconoce esta boda, por lo que pone impedimentos al cónyuge viudo para actuar en representación del fallecido. La jueza Diana Lewis le ha dado la razón al demandante (puedes descargar aquí la sentencia) y ha ordenado a Florida reconocer este matrimonio. En este caso, además, la jueza no ha considerado necesario dejar en suspenso la sentencia.

Habrá que ver qué sucede en el ámbito de la justicia estatal de Florida, aunque en cualquier caso también aquí la discusión llegará a la justicia federal. Ya hay, de hecho, un caso pendiente de juicio, referido a una pareja gay casada en Canadá en 2009 a la que Florida no reconoce su matrimonio.

Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, en el alero

Si ascendemos ya al nivel federal, y en concreto al nivel de las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) esta semana está siendo noticia el proceso de audiencia abierto por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), y que debe decidir sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligan a reconocer matrimonios celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias permanece en suspenso mientras se decide la apelación.

La decisión será tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Se espera que la decisión, favorable o desfavorable, sea adoptada por dos votos contra uno. Tras analizar las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces durante la audiencia, se espera que sea Sutton el que desempate. A día de hoy no hay fecha prevista para conocer el fallo, aunque no se espera una gran demora.

A día de hoy, además de estos cuatro estados, están pendientes de ser revisadas por las Cortes de Apelaciones sentencias ya emitidas y favorables al matrimonio igualitario en Texas, Arkansas, Idaho, Indiana y Colorado. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde el 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque aquí no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y en muchos otros estados hay ya demandas presentadas ante la justicia federal, por lo que es previsible que esta lista aumente.

Utah y Oklahoma, a las puertas del Supremo

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosPase lo que pase en el 6º Circuito, lo que está ya claro es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está obligado a pronunciarse más pronto que tarde. Y es que, no lo olvidemos, ya hay dos Cortes de Apelaciones que han ratificado sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (una sentencia referida a Virginia).

Utah ha sido de hecho el primero en apelar al Supremo (puedes descargar aquí el documento de apelación, firmado por el gobernador y el fiscal general del estado). El “estado mormón” podía haber solicitado la revisión del caso por el pleno de todos los jueces que integran la Corte de Apelaciones, pero ha optado por acudir directamente al Supremo.

Pero la petición de Utah no es la única. Oklahoma también ha optado por ignorar al pleno de la Corte de Apelaciones y dirigirse directamente al Supremo. En este caso, el documento de apelación (que puedes descargar aquí) está firmado por una funcionaria judicial del condado de Tulsa. Por lo que se refiere a Virginia, ni gobernador ni fiscal general tienen intención de apelar, pero una funcionaria judicial ya ha solicitado que la suspensión cautelar de la sentencia se prolongue hasta que el Tribunal Supremo aclare la cuestión (y teniendo en cuenta los antecedentes es muy probable que la obtenga).

¿La decisión final, en 2015?

Sea por la sentencia de Utah, sea por la Oklahoma o sea por la de cualquier otro estado, todos los analistas ven ya probable que el Tribunal Supremo acepte revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país.

Una expectativa que se ha visto reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”. El Supremo podría optar por no aceptar ninguno de los casos (de hecho, así hace con la inmensa mayoría de los procesos que le llegan), lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones, pero no parece que este vaya a ser el caso.

En sus declaraciones, Ginsburg establecía un paralelismo entre este caso y la prohibición del matrimonio interracial, que no se declaró inconstitucional hasta 1967, para aclarar que en este caso el Supremo no se demoraría tanto como entonces. Una comparación que parece por cierto muy oportuna, y que hace sospechar que ella misma será una de las magistradas que se pongan del lado del matrimonio igualitario.

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De hecho, cuando el Supremo declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), antecedente que puede considerarse punto de origen de todo este proceso, Ginsburg fue una de las que se posicionó a favor (entonces fueron 5 votos contra 4. Y a día de hoy, la composición del Supremo sigue siendo la misma que entonces).

Fuente Dosmanzanas

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Por tercera vez la sentencia de un juez declara inconstitucional la prohibición del matrimonio entre homosexuales y es suspendida en Florida,

Jueves, 7 de agosto de 2014

noticias_file_foto_836116_1407226153Apelar, apelar y apelar. Por tercera vez un juez de Florida ha declarado inconstitucional el veto al matrimonio gay y por tercera vez el Estado ha recurrido la sentencia, que quedará suspendida hasta que la Corte de Apelaciones y, previsiblemente, la Corte Suprema de Estados Unidos, decidan sobre la cuestión. En esta ocasión ha sido un juez del condado de Broward, Dale Cohen, el que ha dado la razón a los defensores del matrimonio gay. La demandante, Heather Brassner, había contraído una unión civil con Megan Lade en el estado de Vermont. Ahora, esa relación se ha roto y Brassner quiere poder tramitar ese divorcio, y casarse de nuevo con su actual pareja en Florida.

La primera sentencia en Florida a favor del matrimonio gay se produjo el pasado 17 de julio, cuando un juez del condado de Monroe falló a favor de las parejas demandantes y autorizó que comenzaran los matrimonios gays en el estado de manera inmediata. Sin embargo, la fiscal general, Pam Bondi recurrió inmediatamente la sentencia. Los activistas demandaron entonces que la apelación la realizara un juez federal, para que la sentencia aplicara a todo el estado y no solo a un condado. El día 25 de ese mismo mes otra sentencia, esta vez en el condado de Miami, volvía a dar la razón al colectivo LGBT, tras la demanda impuesta por seis parejas. Pero la sentencia de la jueza Sarah Zabel también acabó recurrida y suspendida.

Florida aprobó el veto al matrimonio gay mediante un referéndum en el año 2008 que cambiaba la Constitución del Estado para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Desde la anulación de la ley federal, la DOMA, que establecía esa misma definición a través de todo el estado, se han sucedido las sentencias que anulan los vetos al matrimonio gay que se habían aprobado en distintos territorios, principalmente en el sur de Estados Unidos.

Fuente Ragap

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