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Trump quiere que el homófobo Ken Cuccinelli lidere el sistema de inmigración

Viernes, 31 de mayo de 2019

Ken-CuccinelliSegún se informa, el presidente Donald Trump planea instalar a Ken Cuccinelli, el ex fiscal general de Virginia que trató de prohibir el sexo anal y oral consensuado, como director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Se dice que el Presidente había planeado contratar a Cuccinelli para coordinar la política fronteriza, pero ahora lo nominará para que lidere todo el sistema de inmigración. El actual director de la agencia, L. Francis Cissna, renunció a su puesto el viernes (24 de mayo) según el Washington Post, sucumbiendo a la presión de la administración Trump. Sin embargo, parece poco probable que Cuccinelli obtenga la aprobación necesaria del Senado.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha expresado anteriormente su aversión a Cucuinelli cuando estaba siendo presentado como posible candidato a secretario de Seguridad Nacional. “He expresado mi, digamos, falta de entusiasmo por uno de ellos… Ken Cuccinelli”, dijo McConnell en una sesión informativa el 11 de abril.

Como fiscal general de Virginia, Cuccinelli hizo campaña para aferrarse a las leyes contra la sodomía que prohibían el sexo anal y oral entre adultos con consentimiento de cualquier orientación sexual. La prohibición estuvo en vigor hasta 2013, cuando un panel de tres jueces dictaminó que era inconstitucional sobre la base de una decisión de la Corte Suprema de 2003. Cuccinelli quería usar la ley para procesar a un hombre de 47 años que había tenido sexo oral consensual con dos mujeres de 16 y 17 años -por encima de la edad de consentimiento en Virginia. Presentó una apelación ante el Tribunal Supremo para que se restableciera la prohibición, pero fue denegada.

Anteriormente, Cuccinelli había llamado a las relaciones entre personas del mismo sexo “intrínsecamente malas”. Creo que en un país de derecho natural es apropiado tener políticas que reflejen eso”, dijo durante su campaña de 2009 para fiscal general.

En 2015, Cuccinelli también se unió contra la igualdad matrimonial, diciendo a NPR: “Esto no es bueno para nuestro país”. Al calificar de “arma” la sentencia del Tribunal Supremo que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, añadió: “Verán en los próximos años dónde se va a descertificar a la gente. Sacerdotes y pastores van a tener sus licencias para casarse con personas que les han sido arrebatadas porque no van a realizar matrimonios del mismo sexo. Verás asaltos a médicos, psicólogos, psiquiatras y enfermeras por sus opiniones.”

En mayo de 2018 se reveló que los inmigrantes LGBT+ retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen tasas más altas de agresión sexual que los heterosexuales. Aunque los inmigrantes LGBTQ+ constituyeron sólo el 0,14 por ciento de los detenidos del ICE en el año fiscal anterior, representaron más del 12 por ciento de las presuntas víctimas de agresión y abuso sexual. “Estas personas, particularmente las mujeres transgénero, son extremadamente vulnerables al abuso, incluyendo la agresión sexual, mientras están bajo custodia”, escribió la demócrata Kathleen Rice en una carta a la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.

Fuente Cromosomax

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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la Ley de Igualdad para proteger a las personas LGTBI contra la discriminación

Martes, 21 de mayo de 2019

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.

El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».

La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.

Ley-de-Igualdad-Estados-Unidos

Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.

Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.

La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».

A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».

Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans

Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.

La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».

Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».

Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

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Encuestas-leyes-proteccion-LGTB-Estados-Unidos-por-estado

 

Fuente Dosmanzanas

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La jubilación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy amenaza los derechos conquistados por las personas LGTB

Miércoles, 11 de julio de 2018

anthony-mcleod-kennedy-9362868-1-402El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

romer-vs-evansEn 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

lawrence-vs-texas-300x185En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

ediewindsor-cropwebEdith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

obergefell-vs-hodges-300x200Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

us-news-supremecourt-1-abaCon el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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