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La jubilación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy amenaza los derechos conquistados por las personas LGTB

Miércoles, 11 de julio de 2018

anthony-mcleod-kennedy-9362868-1-402El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

romer-vs-evansEn 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

lawrence-vs-texas-300x185En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

ediewindsor-cropwebEdith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

obergefell-vs-hodges-300x200Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

us-news-supremecourt-1-abaCon el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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Jeff Sessions, uno de los políticos en activo más claramente anti-LGTB de los Estados Unidos, confirmado por el Senado como nuevo fiscal general

Sábado, 11 de febrero de 2017

jeff-sessionsYa es oficial. Jeff Sessions, senador republicano por el estado de Alabama, es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, cargo de gran importancia en la administración de ese país (equivalente al de ministro de Justicia en otros gobiernos). Tras ser propuesto por el nuevo presidente, Donald Trump, este miércoles recibía la confirmación del Senado. Sessions, uno de los políticos en activo más abiertamente anti-LGTB, releva en el cargo a Loretta Lynch, que por el contrario demostró ser una activa defensora de la igualdad. Un cambio que simboliza lo profundo del viraje político que Estados Unidos ha experimentado. Para mal. 

Jeff Sessions no es precisamente un desconocido en la política estadounidense. Durante los ochenta fue fiscal en el sur de Alabama. Fue incluso propuesto como juez, pero tras ser acusado de realizar una serie de comentarios de tipo racista hacia los negros no logró ser confirmado. Ello no truncó su carrera política: en 1994 fue elegido fiscal general del estado de Alabama y desde 1996 es senador por ese estado, uno de los más socialmente conservadores de todo el país.

Ello hace que se conozcan perfectamente todos sus posicionamientos en materia LGTB durante las últimas tres décadas. Y aunque podrían resumirse en una sola frase (opuesto frontalmente a cualquier avance), no está de más repasarlos:

  • En primer lugar, la posición que posiblemente mejor define su homofobia: Jeff Sessions se ha opuesto públicamente y de forma reiterada a la célebre sentencia de 2003 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Lawrence vs. Texas. Para los que no la conozcan, se trata de la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales en Estados Unidos (hace ahora un año hablamos de ella con cierta extensión, al referirnos a la muerte de Antonin Scalia, uno de los jueces del Supremo que se opuso). No es de extrañar: siendo fiscal general de Alabama, el propio Sessions recurrió en 1996 a la legislación que castigaba las relaciones homosexuales en ese estado. Lo hizo con el objeto de impedir la celebración de una reunión de estudiantes LGTB (no lo consiguió: un juez federal acabó permitiendo que tuviera lugar).
  • Siendo senador, Jeff Sessions se opuso reiteradamente a la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a las personas LGB ser miembros del Ejército a no ser que mantuviesen en secreto su orientación sexual.
  • Sessions también ha sido uno de los enemigos más encarnizados del matrimonio igualitario. Hasta el punto de que en 2004 fue uno de los promotores de una iniciativa de reforma constitucional para prohibirlo. De haber tenido éxito (hoy parece imposible, pero en aquel momento la opción estuvo realmente sobre la mesa) hoy día la Constitución de los Estados Unidos tendría una enmienda que hubiera definido el matrimonio como una institución estrictamente heterosexual. Por supuesto, en 2015, después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio, Sessions criticó duramente la sentencia, que calificó como un acto de “suprema arrogancia” de los cinco jueces que votaron a favor por oponerse a las convicciones “que han definido el curso de la civilización occidental”.
  • Por supuesto, Sessions se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa contra la discriminación de las personas LGTB, incluyendo la mera inclusión de los delitos por orientación sexual o identidad de género en la categoría de crímenes de odio a nivel federal (algo que no se consiguió hasta 2009, con la aprobación de la “Matthew Sephard Act”. A la que Sessions se opuso con su voto).
  • Jeff Sessions también se ha opuesto activamente a cualquier iniciativa de financiación con fondos federales de programas de educación sexual para prevenir la infección por VIH y otras ITS.

Todos los senadores republicanos y un demócrata votan a favor

Este es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, propuesto por Donald Trump (que incluso llegó a barajar su nombre como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia) y confirmado por el Senado, con el voto de todos los senadores republicanos (incluso los supuestamente “moderados”) y del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, de convicciones conservadoras pese a su adscripción oficialmente demócrata.

Si ya el perfil de Sessions es fuertemente homófobo, su nombramiento adquiere un valor especialmente simbólico de la era Trump si se tiene en cuenta que su antecesora Loretta Lynch, primera mujer afroamericana en desempeñar ese cargo, trabajó activamente en favor de los derechos de las personas LGTB. La rotundidad de su posicionamiento frente a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte marcó, en este sentido, un antes y un después. Lynch, de hecho, presentó una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su entonces gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Una demanda a la que mucho nos tenemos espera un futuro oscuro con Sessions como fiscal general.

Fuente Dosmanzanas

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Fallece el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia, enemigo pertinaz de los derechos LGTB

Jueves, 18 de febrero de 2016

supreme-court-justices-john-roberts-antonin-scaliaEl juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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El Senado de Michigan da por bueno un texto legal que sigue castigando con 15 años de prisión el delito de sodomía

Miércoles, 10 de febrero de 2016

noticias_file_foto_1027083_1454931813Esta es la cara de la homofobia, se llama Rick Jones y es un político republicano del Senado de Michigan que fue sheriff del condado de Eaton. También es el promotor del proyecto de ley SB 219. Se trata de un paquete de leyes sobre protección animal que penalizará a aquellas personas que abusan de las mascotas que adoptan. Ante esta norma que supuestamente pretende proteger a los animales se esconde una encubierta inconstitucionalidad del sexo anal. Una de las cláusulas de la normativa, aprobada en el Senado de Michigan este pasado viernes, castigará con hasta 15 años de prisión los delitos sexuales anales y orales en este estado norteamericano.

El Senado del estado de Michigan ha validado la reforma de una ley que incluye penas de prisión de hasta 15 años para el delito de sodomía, a pesar de ser inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró este tipo de leyes inconstitucionales. Aunque en realidad la reforma iba encaminada a endurecer las penas por abuso contra los animales, el ponente no ha querido eliminar la sección del texto legal que hace referencia a la penalización de la sodomía, por temor a que su proyecto fuera rechazado.

El senador estatal de Michigan Rick Jones presentó ante la cámara alta un proyecto de ley para reformar las secciones del Código Penal del estado que hacen referencia al abuso y la explotación de los animales, con el fin de endurecerlas. La reforma lleva el nombre de “Ley Logan”, en memoria de un husky siberiano que había sido sacrificado brutalmente vertiéndole ácido. La citada cláusula tiene por objeto modificar el código penal sobre “bestialismo y la sodomía”, dos prácticas que llega a equiparar la nueva normativa de Michigan. “Una persona que comete el delito abominable y detestable contra la naturaleza de la humanidad o contra cualquier animal es culpable de un delito castigado con pena de prisión de 15 años”, afirma el texto. Pero si el acusado ya es un delincuente sexual o ha cometido violaciones pueden llegar a ser punibles con la pena de muerte.

Entre los delitos penados en las secciones del Código Penal dedicadas a penalizar el abuso contra los animales está el de bestialismo, recogido en la sección 158. Pero el texto legal equipara las relaciones “contra el orden de la naturaleza” llevadas a cabo con un animal y las que se realicen con otra persona. Esta es la reforma de la sección 158 propuesta y aprobada por el Senado de Michigan (tachado el texto anterior a la reforma y en mayúsculas el posterior y definitivo):

158. Cualquier UNA persona que cometiera COMETA el abominable y detestable crimen contra la naturaleza, ya sea con un ser humano o con un animal, podrá ser SERÁ culpable de un delito grave, que se castigará con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, de no más de 15 años, o si dicha persona EL ACUSADO FUERA UN DELINCUENTE SEXUAL en el momento de dicha LA infracción, podrá ser SERÁ un delito castigado con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, por un período indeterminado, cuyo mínimo será de 1 día y su máximo la cadena perpetua.

Es decir, en el mismo párrafo, totalmente equiparados, se penalizan el bestialismo y las relaciones consensuadas entre personas adultas que incluyan sexo oral o sexo anal, tal como la jurisprudencia ha interpretado el “crimen contra la naturaleza con un ser humano”. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en 2003 que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados eran inconstitucionales, por lo que no pueden ser aplicadas.

La polémica normativa suscitó las quejas de algunos senadores pero Jones argumentó que la eliminación de la cita que prohíbe la sodomía pondría en peligro todo el proyecto de ley. Por ello, se preguntó al senador estatal Rick Jones por qué no había tachado también del párrafo el inciso “ya sea con un ser humano” y dejar tan solo la referencia al bestialismo como delito punible, de tal forma que el Código Penal se adaptara definitivamente a lo establecido por el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos.

La respuesta del senador evidencia la LGTBfobia profunda que sigue existiendo en muchos de los representantes políticos de los Estados Unidos: “En el momento en que cruzase esa línea y empezara a hablar de esas cosas, ni siquiera me iban a escuchar. Nadie quiere tocar eso. He preferido no plantear siquiera ese asunto, porque sé lo que pasaría. Tendríamos a dos lados enfrentados gritando y terminará con una gran pelea que no es necesaria, porque eso es inconstitucional”.

El senador estatal Jones estaría a favor de una reforma para eliminar del Código Penal todos los artículos que estén en conflicto con sentencias del Tribunal Supremo y sean, por lo tanto, inconstitucionales, pero no de centrarse específicamente en la referencia a la sodomía, pues “si nos centramos en eso, la gente se sube por las paredes”. Otra cosa sería, en su opinión, “si se presentara un proyecto de ley para que todo lo declarado inconstitucional sea eliminado de los textos legales de Michigan, probablemente yo votaría a favor, pero, ¿estropear este proyecto de ley de protección a los animales que todo el mundo quiere? No”.

La “Ley Logan” aún tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes estatal, donde, según la organización de defensa de los derechos civiles New Civil Rights Movement, hay muchas posibilidades de que se enmiende para que la referencia a la sodomía sea eliminada. Sin embargo, es sintomático que el Senado de Michigan no haya tenido problemas en aprobar un texto legal que incluye párrafos declarados inconstitucionales y que suponen una afrenta directa al derecho a la intimidad de todas las personas y especialmente hacia el colectivo LGTB.

“Ningún grupo político se atreve a modificar el texto. Es preferible ni siquiera plantear el tema porque sabemos lo que pasaría. Terminaría con una gran confrontación entre los senadores que terminarían en el mismo punto: Que la sodomía es inconstitucional”, aseguran desde un movimiento de derechos civiles con sede en Michigan.

Al día de hoy, doce estados norteamericanos todavía conservan legislaciones anti-sodomía en sus textos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las prohibiciones eran inconstitucionales en 2004.

Si consideras que leyes como estas deberían ser eliminadas de los textos oficiales en todo EE.UU, te animamos que le escribas al senador Rick Jones para explicarle los motivos por los que esta norma es totalmente inapropiada. Pincha sobre este enlace para ponerte en contacto con este senador por Michigan.

El fin de la penalización de la homosexualidad en los Estados Unidos

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia.

Sin embargo, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, conocida en lo sucesivo como Lawrence vs. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

En la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

Leyes inconstitucionales aún presentes en los textos legales

Sin embargo, ese tipo de leyes aún forman parte de los textos legales de 14 estados, aunque sean inaplicables. La sodomía, tanto en parejas de distinto como del mismo sexo, aún aparece como un delito en las legislaciones de Idaho, Utah, Michigan, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. En Montana, Kansas, Oklahoma y Texas solo se considera delito cuando la pareja es del mismo sexo.

Aunque no sean aplicables, aún pueden darse casos como el ocurrido en Baton Rouge, Luisiana, donde en febrero de 2015 fue detenida una pareja del mismo sexo por mantener relaciones sexuales en un coche, acusados sus miembros del delito de “copulación carnal antinatural”, una de esas leyes inconstitucionales que todavía no han desaparecido de los textos legales.

Por supuesto, el juez de distrito no admitió los cargos, y el jefe de Policía de Baton Rouge se vio obligado a emitir un informe en el que recordaba a sus agentes que no debían detener a nadie bajo esos cargos, a la vez que pedía disculpas a la pareja detenida por “el error cometido”.

Fuente Ragap/Dosmanzanas

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