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Jeff Sessions, uno de los políticos en activo más claramente anti-LGTB de los Estados Unidos, confirmado por el Senado como nuevo fiscal general

Sábado, 11 de febrero de 2017

jeff-sessionsYa es oficial. Jeff Sessions, senador republicano por el estado de Alabama, es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, cargo de gran importancia en la administración de ese país (equivalente al de ministro de Justicia en otros gobiernos). Tras ser propuesto por el nuevo presidente, Donald Trump, este miércoles recibía la confirmación del Senado. Sessions, uno de los políticos en activo más abiertamente anti-LGTB, releva en el cargo a Loretta Lynch, que por el contrario demostró ser una activa defensora de la igualdad. Un cambio que simboliza lo profundo del viraje político que Estados Unidos ha experimentado. Para mal. 

Jeff Sessions no es precisamente un desconocido en la política estadounidense. Durante los ochenta fue fiscal en el sur de Alabama. Fue incluso propuesto como juez, pero tras ser acusado de realizar una serie de comentarios de tipo racista hacia los negros no logró ser confirmado. Ello no truncó su carrera política: en 1994 fue elegido fiscal general del estado de Alabama y desde 1996 es senador por ese estado, uno de los más socialmente conservadores de todo el país.

Ello hace que se conozcan perfectamente todos sus posicionamientos en materia LGTB durante las últimas tres décadas. Y aunque podrían resumirse en una sola frase (opuesto frontalmente a cualquier avance), no está de más repasarlos:

  • En primer lugar, la posición que posiblemente mejor define su homofobia: Jeff Sessions se ha opuesto públicamente y de forma reiterada a la célebre sentencia de 2003 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Lawrence vs. Texas. Para los que no la conozcan, se trata de la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales en Estados Unidos (hace ahora un año hablamos de ella con cierta extensión, al referirnos a la muerte de Antonin Scalia, uno de los jueces del Supremo que se opuso). No es de extrañar: siendo fiscal general de Alabama, el propio Sessions recurrió en 1996 a la legislación que castigaba las relaciones homosexuales en ese estado. Lo hizo con el objeto de impedir la celebración de una reunión de estudiantes LGTB (no lo consiguió: un juez federal acabó permitiendo que tuviera lugar).
  • Siendo senador, Jeff Sessions se opuso reiteradamente a la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a las personas LGB ser miembros del Ejército a no ser que mantuviesen en secreto su orientación sexual.
  • Sessions también ha sido uno de los enemigos más encarnizados del matrimonio igualitario. Hasta el punto de que en 2004 fue uno de los promotores de una iniciativa de reforma constitucional para prohibirlo. De haber tenido éxito (hoy parece imposible, pero en aquel momento la opción estuvo realmente sobre la mesa) hoy día la Constitución de los Estados Unidos tendría una enmienda que hubiera definido el matrimonio como una institución estrictamente heterosexual. Por supuesto, en 2015, después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio, Sessions criticó duramente la sentencia, que calificó como un acto de “suprema arrogancia” de los cinco jueces que votaron a favor por oponerse a las convicciones “que han definido el curso de la civilización occidental”.
  • Por supuesto, Sessions se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa contra la discriminación de las personas LGTB, incluyendo la mera inclusión de los delitos por orientación sexual o identidad de género en la categoría de crímenes de odio a nivel federal (algo que no se consiguió hasta 2009, con la aprobación de la “Matthew Sephard Act”. A la que Sessions se opuso con su voto).
  • Jeff Sessions también se ha opuesto activamente a cualquier iniciativa de financiación con fondos federales de programas de educación sexual para prevenir la infección por VIH y otras ITS.

Todos los senadores republicanos y un demócrata votan a favor

Este es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, propuesto por Donald Trump (que incluso llegó a barajar su nombre como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia) y confirmado por el Senado, con el voto de todos los senadores republicanos (incluso los supuestamente “moderados”) y del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, de convicciones conservadoras pese a su adscripción oficialmente demócrata.

Si ya el perfil de Sessions es fuertemente homófobo, su nombramiento adquiere un valor especialmente simbólico de la era Trump si se tiene en cuenta que su antecesora Loretta Lynch, primera mujer afroamericana en desempeñar ese cargo, trabajó activamente en favor de los derechos de las personas LGTB. La rotundidad de su posicionamiento frente a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte marcó, en este sentido, un antes y un después. Lynch, de hecho, presentó una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su entonces gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Una demanda a la que mucho nos tenemos espera un futuro oscuro con Sessions como fiscal general.

Fuente Dosmanzanas

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Carolina del Norte no deroga la tóxica ”ley de los baños”

Viernes, 23 de diciembre de 2016

mccrory_y_coopEl gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Esta ley, la primera de su tipo, catapultó a Carolina del Norte al centro del debate sobre los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y fue la causante de cientos de millones de dólares en pérdidas económicas y la exclusión del Estado en la celebración de grandes eventos deportivos como el Partido de las Estrellas de la NBA.

Con McCrory derrotado, la ciudad de Charlotte daba por hecho que se iba a derogar la HB2 y comenzó negociaciones para eliminar su ordenanza municipal, que ahora sería innecesaria. Y antes de salir del gobierno los republicanos anunciaron una sesión especial de los legisladores para eliminar la HB2, excusándose en que esa ley sólo existía por ordenanzas como la de Charlotte y que además todo había sido culpa de “la izquierda radical“. El ayuntamiento de Charlotte, la ciudad más grande del Estado, votó el pasado lunes la eliminación de las medidas locales de no discriminación que provocaron la aprobación de la HB2, pidiendo a su vez la derogación inmediata de la ley estatal. “Ahora que la ordenanza de Charlotte finalmente ha sido derogada, la privacidad en nuestras duchas, baños y vestuarios es restaurada y protegida por la ley estatal anterior”, dijo McCrory en una declaración grabada en video. Así, tras el acuerdo, el pasado lunes el consejo de Charlotte votaba por unanimidad la derogación de los artículos que entraban en conflicto con la HB2. Tan solo dejaban en vigor aquellos que prohibían al ayuntamiento establecer contratos oficiales con empresas que no establecieran medidas antidiscriminatorias para sus trabajadores LGTB. Pero eso no bastó a los republicanos, que querían una derogación sin excepciones, y acusaron a la “enloquecida izquierda” de Charlotte —refiriéndose a los representantes demócratas del municipio— de haberles engañado.

El gobernador electo actual, el demócrata Roy Cooper, dijo que contaba con garantías de que los líderes legislativos republicanos apoyarían la derogación de la “ley de los baños”. “Espero que mantengan su palabra”, dijo Cooper en un comunicado, señalando que la derogación ayudará a recuperar los trabajos y eventos perdidos en el boicot. Por ello, este miércoles siguiente, en un nuevo pleno, el consejo derogaba el articulado restante. Aun así, el gobernador electo Roy Cooper hizo unas declaraciones en las que se lamentaba de que los republicanos hubieran roto el acuerdo, a pesar de los esfuerzos realizados en Charlotte.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

 La Human Rights Campaign también ha protestado por la vergonzosa forma de actuar de los republicanos y desde Lambda Legal y la ACLU acusan al gobernador de jugar al juego de “la gallina política” (ya sabes, a ver quién se atreve a llegar más lejos). “Mientras la HB2 siga en los libros, miles de personas LGTB que llaman hogar a Carolina del Norte, especialmente las personas transgénero, seguirán siendo discriminadas y nunca podrán sentirse seguras. Éste ha sido un ejercicio contraproducente que ha confirmado al resto del país que Carolina del Norte quiere seguir enfrascada en esta disputa divisoria“. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, afirmaba con contundencia que “hoy, la confianza pública ha sido traicionada una vez más. Los legisladores han enviado un mensaje claro: Carolina del Norte sigue cerrada para los negocios. Sus vergonzosas acciones y las promesas que han roto someten a los ciudadanos LGTB de Carolina del Norte a una discriminación establecida por el Estado, que contribuye a un ambiente de acoso y violencia, y continuará infligiendo un daño significativo a la reputación y la economía del estado. Hoy ha quedado claro que la crueldad de los líderes republicanos hacia los ciudadanos LGTB, especialmente las personas transexuales, de Carolina del Norte no conoce límites. Por nuestra parte, seguiremos luchando para derogar la HB2 y proteger a los ciudadanos de Carolina del Norte, haciendo lo que sea necesario”.

Por cierto, que desde la NCAA y la NBA han dicho que su negativa a organizar eventos deportivos en el estado sigue vigente mientras no se elimine por completo la HB2.

Durante este año, la NBA y los principales eventos deportivos universitarios excluyeron a Carolina del Norte como sede en sus agendas. Además, artistas como Bruce Springsteen, Maroon 5 y Pearl Jam cancelaron varios conciertos y compañías como PayPal Holdings y Deutsche Bank desecharon planes de inversión para la creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado.

Fuente: Gay Star News | Pink News, vía Cáscara Amarga/EstoyBailandoEstoyBailando

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El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, reconoce finalmente su derrota en las pasadas elecciones

Sábado, 10 de diciembre de 2016

Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239A pesar de que Pat McCrory se negaba a reconocer su fracaso electoral, finalmente ha terminado por admitir su derrota frente al demócrata Roy Cooper, quien asume su cargo de gobernador en enero, teniendo como uno de sus objetivos la derogación de la Ley HB2 sobre la restricción del uso del cuarto de baño a las personas transexuales.

De infarto fue el escrutinio de las elecciones que auparon a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero no todos los republicanos lo celebraron de la misma manera porque, si bien ha obligado a un recuento de los votos posponiendo el final de su período como gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory perdía frente el demócrata Roy Cooper, de 59 años de edad y natural de Nashville, que firmará el cargo el 1 de enero siendo uno de sus primeros propósitos el de revocar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT de su predecesor en el cargo.

El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, ha reconocido finalmente su derrota en las pasadas elecciones, tras largos días de recuento de votos en gran parte de los condados del estado. McCrory es conocido por su empecinada LGTBfobia, que le llevó a aprobar y mantener una de las legislaciones más discriminatorias de los Estados Unidos, la conocida HB2. El nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, ya ha declarado su intención de “acabar el trabajo” que han hecho los electores y derogar la infame ley. No lo tendrá fácil, dado que los republicanos sí han conseguido renovar el control de la legislatura del estado.

Tras pedir recuentos en 52 de los 110 condados que componen el estado de Carolina del Norte, y cuatro semanas después de que se celebraran las elecciones el pasado 8 de noviembre, el ya gobernador cesante Pat McCrory ha reconocido la victoria de su oponente, el hasta hoy fiscal general Ray Cooper, que presentó su candidatura por el Partido Demócrata. Lo ha hecho por medio de este vídeo, en el que declara que “a pesar de las cuestiones que deben tener respuesta respecto al proceso de votación, personalmente creo que la mayoría de nuestros ciudadanos han hablado y ahora debemos hacer todo lo que podamos para apoyar al gobernador número 75 de Carolina del Norte, Roy Cooper. Estoy orgulloso de que nuestro equipo deje este estado en un lugar mucho mejor que cuando llegamos a la oficina”:

Pat McCrory se ha convertido así en el primer gobernador de Carolina del Norte en perder una reelección. Pero lo ha hecho por un estrecho margen de unos 10.000 votos de diferencia de entre los más de 4.700.000 emitidos, a pesar de la polémica que ha rodeado su mandato en los últimos tiempos. La aprobación de la ley HB2, que discriminaba a las personas LGTB y afectaba especialmente a las personas transexuales, puso al gobernador en el ojo del huracán. Una ley infame que McCrory defendió a capa y espada, aun cuando las encuestas reflejaban que el 43 % de los ciudadanos de Carolina del Norte se oponía al texto legal, que tan solo apoyaba un 32 %.

roy-cooperSu aprobación arrastró al estado a grandes pérdidas económicas, debido al boicot de empresas y corporaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo. Un estudio del William Insitute de la Universidad de California estimaba que, por cada año que la ley estuviera en vigor, el estado de Carolina del Norte perdería 5.000 millones de dólares. La oposición de los principales directores ejecutivos de empresas, artistas y organizaciones deportivas ha dado un golpe a la imagen comercial de Carolina del Norte, lo que ha llevado a las empresas a retirarse de la expansión en el estado, traducido en un considerable impacto negativo sobre Carolina del Norte, tal y como advertían a los políticos de Texas que habían anunciado su intención de copiar las mismas leyes discriminatorias. Quizás por ello, el ya gobernador electo, Roy Cooper, ha declarado que “con estas elecciones, Carolina del Norte está en en el buen camino para recuperar su reputación. Acabemos el trabajo y revoquemos la HB2”“Creo que la mayoría o todos los legisladores entienden el severo impacto económico de la Ley HB2 que está teniendo sobre nosotros y que necesitamos hacer algo al respecto”, declara Cooper en una entrevista. Un impacto que, a pesar de todo, ha sido discutido por algunos republicanos, que continúan defendiendo la ley alegando que proporciona privacidad a los menores que hacen uso de los cuartos de baño y los vestuarios en los centros de enseñanza.

Su victoria en Carolina del Norte ha sido celebrada por los líderes de Human Rights Campaign y Equality North Carolina que habían centrado sus esfuerzos en derrotar a McCrory con la movilización del colectivo LGBT en lo que se estiman habrían sido hasta 255.000 votantes.

El presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, expresó en un comunicado que “el reinado de discriminación de Pat McCrory finalmente ha terminado. El apoyo obstinado y temerario de McCrory a la HB2 le ha costado estas elecciones, y su derrota envía una poderosa advertencia a los legisladores de todo el país de que los ataques a las personas LGTB no serán toleradas. Esperamos con interés trabajar con el gobernador electo Roy Cooper y los legisladores imparciales para derogar HB2. Ya es hora de reparar el daño infligido a la gente, la reputación y la economía de Carolina del Norte”.

Está perfectamente claro que la gente de Carolina del Norte quiere que esta legislación desaparezca”, declara Chris Sgro, director ejecutivo de Equality North Carolina, esperando que los políticos trabajen a favor de Cooper y deroguen la ley tan pronto como sea posible.

El empecinamiento en la discriminación

La conocida HB2, fue promulgada en marzo de este 2016 por Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.

El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB. El fiscal general de Carolina del Norte y ahora gobernador electo, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tenía la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta era denunciada.

La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. A parte del All-Star, McCrory también ha visto como importantes figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company,  Itzhak Perlman, Ringo Starr o Cyndi Lauper han cancelado sus conciertos o han donado su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones han trasladado su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank han cesado en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 han apoyado la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. La respuesta de la administración federal fue rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. La fiscal instaba a que “en lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva”.

Derogar la ley no será fácil

Además de la educación, las energías renovables y la justicia criminal, también la revocación de la ley de la restricción del uso del cuarto de baño a personas transexuales en escuelas y edificios gubernamentales, conocida como Ley HB2, es uno de los objetivos de Roy Cooper, que quizás tendrá que esperar hasta el año que viene. Y e que Roy Cooper no lo tendrá fácil: pese a perder las elecciones a gobernador, los republicanos renovaron en noviembre su mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y tendrán mayoría a favor del veto en la Cámara y el Senado en 2017. Y aunque varios legisladores republicanos entre los que con toda probabilidad estará Cecil Brockman, que salía del armario con la intención de concienciar a sus compañeros de partido, han manifestado después de todo lo sucedido que ya no están a favor de la ley HB2, ello no parece suficiente para proceder lisa y llanamente a su derogación. Los activistas LGTB locales, no obstante, se muestran moderadamente esperanzados ante la posibilidad de que se alcance algún tipo de compromiso. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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El Supremo de Estados Unidos decidirá si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no permiten usar el baño de chicos

Jueves, 3 de noviembre de 2016

4194699w-640x640x80El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

barack-obamaEn paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

images4Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Juez federal de EE UU frena una orden de Obama a favor de transexuales

Viernes, 26 de agosto de 2016

Reed-OConnor_bigObama emitió la instrucción en mayo con el objetivo de frenar la discriminación contra las personas transexuales en los centros educativos.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

Nuevo episodio en la batalla por los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Un juez federal ha paralizado la aplicación de la directiva para que los estudiantes trans de los centros educativos públicos puedan utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La norma impulsada por la administración Obama iba a empezar a aplicarse con el comienzo del curso escolar.

El juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitió el pasado domingo una medida cautelar (preliminary injuction) que deja en suspenso, justo antes de que empiece el curso escolar, la orden de la administración Obama que insta a los centros educativos públicos a que permitan al alumnado trans hacer uso de las instalaciones acordes con su identidad. La sentencia de O’Connor es la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación el pasado mes de mayo, que indicaban a la comunidad educativa que las leyes antidiscriminación por razón de sexo deben aplicarse también a las diferentes identidades de género, una decisión que ha provocado polémica en EE.UU.

Una visión que no comparte el magistrado, que cree que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla: lo cual, en opinión de O’Connor, contradice estatutos y textos regulatorios existentes a nivel de los estados. El departamento de Educación replicó que las directrices se limitaban a aclarar la interpretación que hace la administración federal de las normativas antidiscriminación y que la retirada de fondos públicos sería solo la última medida tras un proceso judicial.

El juez federal de distrito de Fort Worth (Texas), Reed O’Connor, emitió una orden restrictiva preliminar al asegurar que los funcionarios federales no habían seguido los procedimientos adecuados a la hora de redactar la directiva. “Este caso presenta la difícil cuestión de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y los de la privacidad personal al usar los baños, duchas, vestuarios y otras instalaciones íntimas, a la vez que se garantiza que ningún estudiante está innecesariamente marginado”, afirmó O’Connor en el texto judicial.

Expertos legales consultados por The New York Times limitan el alcance de la resolución del juez O’Connor, porque no afecta a otros frentes judiciales sobre derechos trans que están abiertos actualmente. El propio magistrado, nominado en su momento por el expresidente George W. Bush, advierte de que no se ha dicho la última palabra “este complicado asunto político” y reconoce la “dificultad de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y su privacidad personal” con la garantía de que “ningún estudiante es innecesariamente marginado”.

La decisión del juez se produce después de Texas y otros doce estados apelaran contra la directiva federal por considerarla inconstitucional.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el bloqueo al asegurar que se trata de “la última extralimitación federal de la Administración del presidente Barack Obama”. “El presidente está tratando de modificar las leyes aplicadas por los representantes electos por los ciudadanos, y amenaza con retirar fondos federales de escuelas para forzarlas a cumplir”, indicó en un comunicado.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

En mayo, el Gobierno de EE.UU. envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para que permitieran a los estudiantes transexuales elegir el baño de acuerdo a su identidad de género, y recordó que la discriminación por identidad sexual está prohibida.

Desde que entró en vigor, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el género con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad

El argumento federal es que la palabra “sexo” en debates sobre cuestiones de discriminación también cubre la “identidad de género”, y defiende que los centros educativos que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo.

Esa norma ha provocado protestas, campañas de boicot y demandas legales, especialmente en estados de tradición más conservadora.

Dos batallas legales se están librando actualmente sobre este mismo asunto. Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch anunciaba en mayo una demanda federal contra la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, que entre otras cosas prohíbe a las personas trans escoger los baños públicos acordes con su identidad. Además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo del país prohibió temporalmente a un adolescente trans, Gavin Grimm, poder usar el baño de chicos de su instituto. En abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito con sede en Richmond (Virginia) le había dado la razón a Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La sentencia del Supremo revoca temporalmente la de la Corte de Apelaciones y supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

A pesar de que estos dos frentes siguen abiertos, la medida cautelar de O’Connor supone una nueva victoria para las fuerzas homófobas y tránsfobas que han hecho del derecho a usar los baños acordes con la propia identidad sexual su caballo de batalla en los últimos meses. Así lo consideran diversas organizaciones de derechos civiles que han emitido un comunicado oponiéndose al fallo del juez federal: “Una sentencia de un solo juez en un circuito no puede anular los años de jurisprudencia a nivel nacional que establecen que los estudiantes transgénero tienen el derecho a ir a la escuela sin ser discriminados”. El fiscal general de Texas, por el contrario, se ha felicitado por la medida, ya que en su opinión el presidente Obama “intenta reescribir las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

Una directiva para atajar la discriminación del alumnado trans

baños_transexuales_obamaLa directiva aprobada por el departamento de Educación el pasado mes de mayo y enviada a todos los distritos escolares del país estipula que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

La estrategia del “pánico transexual”, trasfondo de la polémica

La sentencia de O’Connor, como la del Supremo hace unas semanas, supone un cierto jarro de agua fría para las organizaciones LGTB. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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La administración Obama avisa: las escuelas que reciben fondos federales deben respetar la identidad de género de sus estudiantes trans

Miércoles, 18 de mayo de 2016

fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que anunciaba la presentación de una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte por su reciente ley anti-LGTB que entre otras cosas prohíbe a las personas trans usar los baños públicos que corresponden a su identidad de género, el Departamento de Educación de los Estados Unidos acaba de emitir una importante directiva que recuerda a los centros educativos que reciben financiación federal que deben permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La administración Obama ha decidido plantar cara, con las armas con las que cuenta, a los potentes sectores tránsfobos. 

La directiva, enviada este viernes por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país, recuerda que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Más recientemente, en abril de este año, un fallo de la Corte federal de Apelaciones de 4ª Circuito (con sede en Richmond, Virginia, y con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) determinó que efectivamente existió una violación de la legislación federal en el caso de un chico transexual de Gloucester (Virginia), al que su instituto obligó a usar un baño separado de los que usan el resto de estudiantes. Aunque el caso se encuentra aún en los tribunales, esta primera decisión favorable de una Corte federal fue muy bien recibida por las organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

Junto a la directiva, el Departamento de Educación también ha emitido otro documento más amplio que orienta a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Carolina del Norte, escenario de la batalla

Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239A lo que estamos asistiendo, como hemos venido informando en anteriores entradas, es al recrudecimiento de la guerra en torno a los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos después de la derrota que las fuerzas homófobas y tránsfobas sufrieron a manos del Tribunal Supremo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. La ley de Carolina del Norte, en este sentido, puede considerarse la primera gran victoria de estas fuerzas. Se trata, posiblemente, de la más regresiva de las aprobadas en Estados Unidos contra las personas LGTB. El texto prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes, como la que ya había sido aprobada en Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que pudieran utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado, a semejanza de lo que ocurrió hace unos meses en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa, enarbolando el mito del “depredador sexual de niñas disfrazado de mujer”. En ambas cámaras, controladas por los republicanos, el resultado fue abrumadoramente mayoritario. El texto fue luego promulgado por el gobernador republicano Pat McCrory, que hizo oídos sordos a las peticiones para que lo vetara (como han hecho por ejemplo sus colegas de otros estados como GeorgiaIndiana o Dakota del Sur con leyes parecidas, influidos sin duda por la amenaza de graves pérdidas económicas si se terminaban promulgando).

Loretta_Lynch,_official_portraitEn Carolina del Norte, sin embargo, y pese a que la ley ha encontrado fuerte contestación social y puede suponer la pérdida de importantes inversiones económicas, el gobernador McCrory ha decidido convertirla en el eje de su campaña para la reelección el próximo noviembre, confiado en que le reportará el apoyo masivo de los electores conservadores. Y ello pese a que no todos sus compañeros del Partido Republicano parecen entusiasmados con la ley. Es el caso del ya seguro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que hace pocas semanas mostraba abiertamente su desacuerdo con una norma que consideró innecesaria.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Par McCrory apuesta fuerte por convertir este tema en uno de los más importantes de la campaña electoral, convencido de que “el pánico transexual en los baños” es una carta ganadora para los republicanos. El gobernador, al que la administración federal exigió que paralizara la aplicación de la ley, no ha dudado en acudir a los tribunales. La reacción de la administración Obama no se ha hecho esperar: la fiscal general Loretta Lynch, ella misma natural de Carolina del Norte, anunciaba hace unos días la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles (Hace pocos días nos referíamos con detalle a este discurso).

La batalla acaba de comenzar, y es de largo recorrido.

Fuente Dosmanzanas

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Nueva batalla por los derechos civiles: el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Carolina del Norte, a los tribunales por su ley anti-LGTB

Martes, 17 de mayo de 2016

Loretta_Lynch,_official_portraitRotundo posicionamiento de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que este lunes 9 de mayo anunciaba la presentación de una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte, precisamente su estado natal, por negarse a cumplir el requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de paralizar la aplicación de su recientemente aprobada ley anti-LGTB, conocida ya en todo el mundo por su prohibición a las personas transexuales de usar los baños que corresponden a su identidad de género.

Lo hemos explicado en anteriores entradas. La ley de Carolina del Norte es posiblemente la más regresiva de las aprobadas en Estados Unidos contra las personas LGTB. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las existentes, como la que ya había sido aprobada en Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que pudieran utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado, a semejanza de lo que ocurrió hace unos meses en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa, enarbolando el mito del “depredador sexual de niñas disfrazado de mujer”. En ambas cámaras, controladas por los republicanos, el resultado fue abrumadoramente mayoritario. El texto fue luego promulgado por el gobernador republicano Pat McCrory, que hizo oídos sordos a las peticiones para que lo vetara (como han hecho por ejemplo sus colegas de otros estados como GeorgiaIndiana o Dakota del Sur con leyes parecidas, influidos sin duda por la amenaza de graves pérdidas económicas si se terminaban promulgando).

En Carolina del Norte, sin embargo, y pese a que la ley ha encontrado fuerte contestación social y puede suponer la pérdida de importantes inversiones económicas, el gobernador McCrory ha decidido convertirla en el eje de su campaña para la reelección el próximo noviembre, confiado en que le reportará el apoyo masivo de los electores conservadores. Y ello pese a que no todos sus compañeros del Partido Republicano parecen entusiasmados con la ley. Es el caso del ya seguro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que hace pocas semanas mostraba abiertamente su desacuerdo con una norma que consideró innecesaria.

La aplicación de la ley, sin embargo, ha encontrado un serio obstáculo: la rotunda oposición de la administración Obama, que la semana pasada requería oficialmente al estado de Carolina del Norte que suspendiera su aplicación al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles). Un razonamiento que coincide, por cierto, con una reciente decisión de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que dio la razón a un adolescente transexual al que su instituto no permite usar los baños de chicos (se da la circunstancia de que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito tiene también jurisdicción sobre Carolina del Norte).

Demandas cruzadas

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense  dio al estado de Carolina del Norte (que vencía este lunes), el gobernador McCrory no solamente se ha negado a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandaba al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones.

La respuesta de la administración Obama ha sido rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. Puedes leer aquí (en inglés) su discurso íntegro, que reproducimos más abajo en vídeo. Nosotros nos quedamos con sus últimos párrafos:

En lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva. No ha pasado aún tanto tiempo desde que algunos estados, incluyendo Carolina del Norte, tenían otras advertencias en baños, fuentes de agua y lugares públicos para mantener lejos a los diferentes*. Esos días oscuros ya pasaron, pero no sin dolor y sufrimiento y sin que se luchara para cambiar las cosas. Escribamos esta vez una historia diferente. No actuemos movidos por el miedo y la incomprensión, abandonando los valores de inclusión, diversidad y respeto por todo lo que hace grande a nuestro país.

Déjenme también dirigirme directamente a las personas trans. Algunas de ustedes han vivido libremente durante décadas. Otras todavía se preguntan cómo llevar las vidas que les ha tocado vivir. Pero no importa lo aisladas o asustadas que hoy puedan sentirse, el Departamento de Justicia y toda la administración Obama quieren que sepan que las vemos, que estamos con ustedes, que haremos todo lo que podamos para protegerlas de ahora en adelante. Sepan, por favor, que la historia está de su parte. Este país se fundó sobre las promesa de derechos iguales para todos, y siempre nos hemos esforzado por acercarnos cada vez más a esa promesa, poco a poco, día a día. Puede que no sea fácil, pero juntos lo conseguiremos.

* Lynch hace en esta frase una clara referencia a las leyes contra la segregación racial, que en su momento fueron objeto de otra batalla entre la administración federal y los estados del sur.

Fuente dosmanzanas

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En 25 estados de EE.UU. la adopción conjunta de parejas casadas del mismo sexo se considera ‘incesto’

Sábado, 7 de noviembre de 2015

adopcion_homosexualA pesar de la Corte Suprema de Norteamérica declaraba legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo en los 50 estados el pasado mes de junio de 2015, todavía hay parejas que se enfrentan a obstáculos legales antes de que puedan casarse y tiene que ver con los hijos y sus derechos de herencia. Al menos, en 25 estados  mantienen vigentes leyes que no contemplan los derechos de adopción conjunta para parejas homosexuales así que legalmente podrían ser tratadas igual que las relaciones incestuosas en caso de casarse. Técnicamente podrían enfrentarse a condenas de diez años de prisión. En Ragap tenemos claro que los hijos de familias LGBTI solo tienen un problema: la homofobia externa.

Algunos jueces de los tribunales estatales han permitido que las parejas del mismo sexo que están en esta situación queden anuladas las adopciones antes de que se celebren los enlaces. Sin embargo, otros jueces se han negado a revocar las adopciones para las personas en esta situación debido a que sentarían precedentes legales en la adopción en el que sólo los suscriptores están autorizados a la anulación para evitar el abandono de los hijos en común.

El senador demócrata por Pennsylvania, Bob Casey, ha escrito al Departamento de Justicia para solicitar a la Procuradora General, Loretta Lynch, que emita una disposición jurídica a los tribunales que instruyen anular esas disposiciones para que las parejas del mismo sexo tengan iguales derechos que las heterosexuales.

“En los casos de adopción de este tipo, la ley ha cambiado dramáticamente desde las adopciones que se llevaron a cabo”, explica el senador Casey en una carta fechada el 2 de noviembre. “Para garantizar la dignidad de todas las parejas LGBTI, sin importar su estado de adopción actual, debemos asegurarnos de que todas las partes conozcan sus opciones ante la ley. Le agradezco su atención en este asunto y espero su respuesta‘, concluye la carta del senador.

Las parejas del mismo sexo no disponían más que de una opción legal de adopción por parte de sus compañeros adultos para proteger sus derechos antes de que se aprobara el matrimonio igualitario en los 50 estados.

Fuente Ragap

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Los matrimonios homosexuales en EEUU tendrán los mismos beneficios que los heterosexuales en todo el país

Martes, 14 de julio de 2015

matrimonio_gay_usa_copyEl Supremo legalizó el matrimonio igualitario el pasado 26 de junio en todo el país, un fallo histórico que anuló la potestad de los estados para prohibir esas uniones y convirtió al matrimonio gay en un derecho constitucional.

Las parejas del mismo sexo tendrán los mismos beneficios matrimoniales que las heterosexuales en todos los estados de EE.UU. después de que el Gobierno diera esta orden a las instituciones judiciales, en cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que legalizó las uniones entre personas del mismo sexo el 26 de junio.

La fiscal general, Loretta Lynch, ha anunciado en una declaración que ha instruido al personal del Departamento de Justicia para que trabaje con las diferentes agencias judiciales con el fin de “garantizar que el fallo (del Tribunal Supremo) tenga entero cumplimiento en todo el Gobierno federal”.

La nueva orden afecta principalmente a dos agencias del Gobierno que hasta ahora tenían limitaciones a la hora de gestionar los beneficios para las parejas del mismo sexo- la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Me enorgullece anunciar que los programas clave para veteranos, personas mayores y discapacitados, que hasta ahora no tenían efecto para las parejas que vivían en estados que no reconocían estas uniones, ahora darán reconocimiento federal a todos los matrimonios en todo el país”, afirmó Lynch.

Las agencias del Gobierno trabajan en este momento para instruir a sus trabajadores sobre cómo deben implementarse esos cambios.

Este anuncio llega poco más de un año después de que el predecesor de Lynch, Eric Holder, ordenara garantizar los máximos beneficios dentro de la ley a estas parejas, es decir, que se proveyeran en función del estado donde se habían casado y no de dónde residían.

La desigualdad fiscal que provocaba que unos estados reconocieran estas uniones y otros no es una de los mayores injusticias denunciadas por los homosexuales, que hasta ahora no podían presentar en muchos casos declaraciones de la renta conjuntas, reclamar herencias o recibir exenciones de impuestos.

La trascendencia de la histórica legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos va mucho más allá del derecho a casarse, puesto que asegura además el trato igualitario de todos los ciudadanos con respecto a la paternidad legal, el reconocimiento de derechos tras el fallecimiento del cónyuge o beneficiarse de la cobertura médica de la pareja.

Hasta que se produjo la decisión del Supremo, por cinco votos a favor de la legalización y cuatro en contra, trece estados del país tenían prohibidas las uniones legales entre homosexuales, y en algunos de ellos ha habido tribunales que se han resistido a acatar el fallo.

Lynch calificó en su declaración de “histórica” esa “decisión del Tribunal Supremo (…) de que todas las parejas tienen los mismos derechos de participar en la institución del matrimonio, ya sean sus miembros del mismo sexo o de sexos opuestos”.

El Gobierno había defendido abiertamente su postura a favor del matrimonio entre homosexuales después de que en mayo de 2012 el presidente Barack Obama se convirtiera en el primer mandatario de la historia del país en apoyar este tipo de uniones.

En su primera campaña, Obama defendió la derogación de la Ley en Defensa del Matrimonio (“Defense of Marriage Act” o DOMA), promulgada en 1996 por otro presidente progresista, Bill Clinton.

Hace dos años, en otro fallo histórico, el Supremo declaró inconstitucional una parte clave de esa ley, la que impedía que las personas del mismo sexo casadas en los estados donde era legal hacerlo lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Con el último fallo del Supremo, no será posible que en la nación se repita una situación como la que vivió Jim Obergefell, un ciudadano que denunció al estado de Ohio por no reconocer en el certificado de defunción de su marido John Artur -con quien había contraído matrimonio en Maryland-, que estaban casados.

“El fallo del Supremo afirma lo que millones de ciudadanos en todo el país ya sabíamos que era verdad en el fondo de nuestro corazón- que nuestro amor es igual”, dijo el 26 de junio Obergefell, cuya infatigable lucha ya forma parte de la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Fuente Agencias

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Recordatorio

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