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Biden quiere llevar a cabo acciones legales contra las leyes anti-trans de los estados republicanos

Jueves, 15 de abril de 2021
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EyyAea7XIAEebiEEl presidente Joe Biden (centro), la vicepresidenta Kamala Harris (izquierda) y el fiscal general Merrick Garland (derecha). Foto: Adam Schultz / Casa Blanca

El presidente Biden y el fiscal general Merrick Garland podrían considerar emprender acciones legales, declaró la Casa Blanca. Pero no están anunciando ninguna decisión, todavía.

 La Casa Blanca respondió a preguntas sobre el potencial de cualquier acción legal que se tome contra estados donde los legisladores están promulgando leyes anti-trans en todo el país.

La secretaria de prensa Jen Psaki no podía prometer que se llevaría a cabo ninguna acción legal, pero enfatizó que el presidente Joe Biden todavía considera que los proyectos de ley son ilegales según la ley federal y que “ciertamente puede” pedirle al Fiscal General Merrick Garland que ordene al Departamento de Justicia que busque litigios.

Chris Johnson, corresponsal de Washington Blade en la Casa Blanca, le preguntó a Psaki en la rueda de prensa de la Casa Blanca el 8 de abril, “a pesar de las advertencias [de que] los proyectos de ley contra las personas transgénero son una forma ilegal de discriminación sexual, varios estados han promulgado medidas legales contra los jóvenes transgénero “.

Johnson señaló específicamente que la llamada “Arkansas Save Adolescents From Experimentation”-“Ley Arkansas Salve a los Adolescentes de la Experimentación (SAFE)”, que prohibirá que se brinde o incluso se ofrezca atención de afirmación de género de cualquier tipo a los jóvenes trans en el estado. Eso incluye cirugía (a la que los jóvenes trans rara vez se someten antes de los 18 años), terapia hormonal y bloqueadores reversibles de la pubertad.

El proyecto de ley fue vetado por el gobernador. Asa Hutchinson (R), pero el veto fue posteriormente anulado por la supermayoría republicana en la Legislatura de Arkansas.

“¿Contactará el presidente con el Fiscal General para emprender acciones legales contra estas medidas?” preguntó.

Psaki respondió: “No puedo quedarme aquí y predecir acciones legales. Obviamente, esa sería una decisión que tomarían el Departamento de Justicia y el fiscal general ”. “Lo que puedo decir”, continuó, “es que la opinión del presidente es que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley sin importar su identidad de género u orientación sexual. Eso es fundamental para la forma en que él hará las leyes: abogar por las leyes, debería decir “.

Ese punto de vista también guiará “cómo se comunicará sobre sus puntos de vista sobre los derechos de las personas transgénero en el país y, ciertamente, cuál es su punto de vista en lo que respecta a las acciones del gobierno”.

En una pregunta de seguimiento a eso, Johnson preguntó si Biden se comunicaría con el Fiscal General sobre el asunto.  Psaki respondió: “Ciertamente puede”, pero ella reiteró: “No tengo nada que predecir para ti en este momento”.

La respuesta posterior de la Casa Blanca a las preguntas sobre la ola de legislaciones y propuestas anti-trans en todo el país se produce cuando muchas legislaturas se preparan para votar sobre medidas anti-trans esta semana. A pesar de que la mayoría demócrata en el Congreso de los Estados Unidos y la actual administración presidencial es demócrata, la mayoría de las legislaturas estatales y las gobernaciones estatales están controladas por republicanos.

Una vez que las medidas se conviertan en ley, si el Departamento de Justicia no las cuestiona, es probable que los problemas recaigan en las personas trans o los defensores trans para que los cuestionen en el poder judicial. El poder judicial es responsable de decidir si los actos ejecutivos o legislativos son legales y constitucionales o no.

A partir de ahí, el proceso judicial puede llevar las disputas hasta la Corte Suprema, pero eso podría llevar años. Además, la administración Trump, que se opuso a los derechos trans y promulgó prohibiciones trans a nivel federal, nombró a muchos jueces conservadores para cargos en tribunales federales. Eso incluye a tres de los jueces de la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Merrick Garland, el recientemente confirmado Fiscal General de Biden, aún no ha tomado ninguna medida o emitido una respuesta a las propuestas.

Durante sus audiencias de confirmación, Garland dijo que aún no había decidido si las personas trans deberían poder competir en deportes de acuerdo con su identidad de género. “Hasta ahora no he tenido la oportunidad de considerar este tipo de asuntos en mi carrera”, le dijo al Comité Judicial del Senado, “pero estoy de acuerdo en que es una pregunta difícil”.

Sin embargo, también dijo que “es trabajo del Departamento de Justicia” proteger a las personas trans de la violencia, en respuesta al Sen. Cory Booker (D-NJ) cuando se le preguntó sobre las tasas de violencia que enfrentan las personas trans de color de manera desproporcionada en todo el país. “Para mí está claro que este tipo de actividad de odio tiene que terminar, y sí, tenemos que ponerle recursos”, respondió Garland. “Estos son crímenes de odio y el trabajo del Departamento de Justicia es detenerlos”.

La Casa Blanca advirtió previamente a los estados que están considerando proyectos de ley contra las personas transgénero que esos proyectos de ley son ilegales según la ley federal. “El presidente cree que los derechos trans son derechos humanos y que nadie debe ser discriminado por motivos de sexo. Esta no solo es la ley del país, es su propia opinión profundamente arraigada ”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una conferencia de prensa en marzo.

Fuente LGBTQNation

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El Supremo de Estados Unidos decidirá si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no permiten usar el baño de chicos

Jueves, 3 de noviembre de 2016
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4194699w-640x640x80El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

barack-obamaEn paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

images4Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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