El presidente Donald Trump no apoya la Ley de Igualdad, dijo un funcionario anónimo de la Casa Blanca al Washington Blade.

El informe, publicado el lunes (13 de mayo), sugiere aún más obstáculos en el camino para que la legislación que extendería la Ley de Derechos Civiles de 1964 incluya la identidad de género y la orientación sexual como categorías protegidas contra la discriminación a nivel federal.

El proyecto de ley, que fue presentado en marzo y está programado para ser votado en el pleno de la Cámara de Representantes el viernes (17 de mayo), aseguraría que las personas LGBT+ no puedan ser discriminadas en áreas que incluyen alojamiento e instalaciones públicas, educación, fondos federales, empleo, vivienda, crédito y el sistema de jurado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado introdujeron la Ley de Igualdad de 2019 que prohibiría la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, el 13 de marzo de 2019 en Washington, DC. (Mark Wilson/Getty Images)

La definición de alojamiento público del proyecto de ley incluye “exposiciones, recreación, ejercicio, diversión, reuniones, exhibiciones, bienes, servicios, programas y servicios de transporte” y prohíbe explícitamente denegar a un individuo el acceso a “una instalación compartida, incluyendo un baño, un vestuario y un vestidor, que esté de acuerdo con su identidad de género”.

El alto funcionario de la administración le dijo al Washington Blade en una declaración por correo electrónico: “La administración Trump se opone absolutamente a cualquier tipo de discriminación y apoya la igualdad de trato de todos; sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras venenosas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de la conciencia”.

La declaración llega días después de que casi 100 activistas conservadores instaran a los legisladores conservadores a oponerse a la Ley de Igualdad en una carta fechada el 10 de mayo.

Los conservadores se oponen a la Ley de Igualdad porque temen que socave las libertades religiosas, ya que los individuos u organizaciones ya no podrán rechazar o despedir a las personas LGBT+, independientemente de sus creencias.

Entre los 93 firmantes de la carta se encuentran ex miembros de la administración Reagan, así como representantes de organizaciones como el Consejo de Investigación Familiar, la Alianza para la Defensa de la Libertad, el Consejo para la Libertad y la Asociación Americana de la Familia, todos los cuales fueron etiquetados como grupos de odio por la organización de monitoreo Southern Poverty Law Center debido a su ideología anti-LGBT.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también expresó su oposición a la Ley de Igualdad en una declaración oficial publicada el lunes.

“Al oponerse a esta legislación de derechos civiles de sentido común, Donald Trump se asegura de que las personas LGBTQ permanezcan en riesgo de ser despedidas o de que se les niegue la vivienda en la mayoría de los estados”, dijo Chad Griffin, presidente de la Campaña de Derechos Humanos del grupo de derechos LGBT+, en respuesta al informe de Washington Blade en una declaración.  Añadió: “La comunidad LGBTQ, y todos los estadounidenses, merecen un presidente con el coraje y la decencia para firmar este proyecto de ley, y continuaremos el trabajo urgente para aprobar la Ley de Igualdad y reemplazar a Donald Trump con un presidente pro-igualdad que la firme y la convierta en ley”.

Actualmente, sólo tres republicanos en la Cámara de Representantes figuran entre los 240 copatrocinadores del proyecto de ley: Brian K. Fitzpatrick de Pensilvania, John Katko de Nueva York y Jenniffer González-Colon de Puerto Rico.

El congresista de Illinois Dan Lipinski, el único demócrata en la Cámara de Representantes que no apoya la Ley de Igualdad, recientemente se enfrentó a las críticas del grupo de medios LGBT+ GLAAD para apoyar la legislación.

Se espera que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara, donde los demócratas tienen la mayoría, pero se enfrentará a una batalla más dura en el Senado controlado por los republicanos. Si el proyecto de ley pasa ambos votos, el presidente Trump puede negarse a firmarlo.

Fuente Cromosomax

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Sally Field se ha tomado un descanso de intentar conseguirle a su hijo Sam Greisman una cita con Adam Rippon, para intentar conseguirle protecciones contra la discriminación en los 50 estados.

La estrella de Brothers & Sisters y su hijo son parte de un nuevo video de la Campaña de Derechos Humanos en apoyo de la Ley de Igualdad, un proyecto de ley ante el Congreso que prohibiría la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en todos los 50 estados.

Se espera que la ley pase por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero es probable que se enfrente a una dura batalla en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 55-45.

En el vídeo publicado el lunes (25 de marzo), Field explica: “Este es un cambio que no se trata sólo del gobierno, sino que sería el gobierno haciendo un movimiento tan importante para cambiar la forma en que la gente piensa, las mentes y los corazones. Mientras sea honrado, lucharé para que Sam, y los hijos y nietos y hermanas y hermanos de todos, sean protegidos en todos y cada uno de los Estados Unidos.” Y añade: “Estoy orgullosa de ser estadounidense por la Ley de Igualdad”.

Greisman dice: “La Ley de Igualdad extiende la protección de los derechos civiles a las personas LGBTQ en todo el país. Si yo o cualquier otra persona LGBTQ subiera a su auto y condujera desde LA, donde estoy ahora, a DC, sus derechos podrían cambiar dependiendo de los estados por los que hayan pasado”.

30 estados no tienen leyes que protejan a las personas LGBT+ de la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, lo que significa que la Ley de Igualdad es vital para proporcionar protección a las personas en esos estados.

Greisman agrega: “Tuve la suerte de crecer en Los Ángeles, donde la gente LGBTQ tiene protección. No tenía miedo de que me negaran nada sólo por la comunidad en la que crecí. Necesitamos que todo el Congreso apoye esto porque creo que envía un gran mensaje al sentir que estás a salvo y que no eres menos que eso. Hacerles saber a esos niños que sus derechos son los mismos que todos los demás, y que no deben ser discriminados en base a quiénes son y a quiénes aman“.

Hablando de su hijo, Field añade: “El viaje de Sam fue diferente al de sus hermanos mayores. Estar con él, verlo finalmente poder ser todo lo que la naturaleza pretendía que fuera, no fue un camino fácil para él. Quería ser como sus hermanos mayores y la naturaleza le había dado otros dones“.  Añadió que la homofobia social había mantenido a Greisman alejado de su sueño de la infancia de ser un locutor de deportes, diciéndole: “No hay razón por la que no pudieras haberlo hecho. Aún podrías hacerlo, si quisieras”.

Otras estrellas que participan en la serie de videos de HRC incluyen a Karamo Brown, Adam Rippon, Shea Diamond, Alexandra Billings, Charlie y Max Carver, Dustin Lance Black, Jamie Lee Curtis, Jane Lynch, Jesse Tyler Ferguson y Nyle DiMarco.

Los galardonados directores Dustin Lance Black y Paris Barclay filmaron la campaña.

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Chad Griffin, dijo: “Los defensores y artistas que aparecen en la serie de videos de HRC’Americans for the Equality Act’ amplifican el coro de voces que instan al Congreso a aprobar la Ley de Igualdad. La dura realidad es que los estadounidenses LGBTQ todavía enfrentan una discriminación real y persistente en sus vidas diarias, y el Congreso debe aprobar la Ley de Igualdad para protegerlos. Estamos agradecidos a estos increíbles campeones por usar sus voces y plataformas para ayudar a asegurar que todas las personas sean tratadas por igual bajo la ley, sin importar quiénes sean o a quién amen”.

Fuente Cromosomax

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La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (D-CA),

Muchos de los empleadores más grandes de los EE.UU. han respaldado la Ley de Igualdad, un proyecto de ley que será reintroducido en el Congreso y que añadiría protecciones federales contra la discriminación de las personas LGBT+.

Actualmente es legal discriminar a las personas LGBT+ en 30 estados de los EE.UU. debido a las protecciones desiguales a nivel estatal, ya que los esfuerzos para aprobar leyes de derechos civiles LGBT+ en todo el país se han estancado en el Congreso durante décadas.

La Ley de Igualdad, que ampliaría las leyes existentes de derechos civiles para cubrir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, será reintroducida en la Cámara de Representantes la próxima semana en un intento por salir del punto muerto.

Hablando con los periodistas el jueves (7 de marzo), Pelosi dijo: “La próxima semana, estaremos lanzando nuestra Ley de Igualdad para terminar con la discriminación para la comunidad LGBTQ y estaremos lanzando nuestra iniciativa para proteger a los Soñadores y a las personas con estatus de protección temporal en nuestro país. Dijimos estas cosas durante la campaña, y lo estamos haciendo y le estamos diciendo al público sobre los caminos que estamos tomando para convertirlas en ley y hacer una diferencia en las vidas del pueblo estadounidense“.

Líderes empresariales se unen para apoyar la Ley de Igualdad. Antes de la reintroducción de la Ley de Igualdad, 161 de los mayores empleadores del país se han unido para apoyar la legislación.

La Coalición Empresarial para la Ley de Igualdad de la Campaña de Derechos Humanos incluye compañías con una combinación de 8.5 millones de empleados en todo Estados Unidos, y una combinación de $3.7 trillones en ingresos.

La coalición une a famosos rivales corporativos como Coca-Cola y Pepsi; Google, Apple y Microsoft; Facebook y Twitter; Kellogg’s y Hershey y Target y Amazon.

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Chad Griffin, dijo: “[Estas compañías] están enviando un mensaje fuerte y claro de que ha llegado el momento de la plena igualdad federal. Al apoyar a la comunidad LGBTQ y unirse a la lucha para aprobar la Ley de Igualdad, estas compañías están exigiendo la plena igualdad federal para los más de 11 millones de personas LGBTQ en este país que merecen ganarse la vida, criar a sus familias y vivir sus vidas libres de discriminación. Estos empleadores líderes saben que proteger a sus empleados y clientes de la discriminación no es sólo lo correcto, sino que también es bueno para el negocio“.

La aprobación de la Ley de Igualdad es vital, dicen los líderes empresariales. Kevin Walling de The Hershey Company dijo:“Si nuestra nación va a competir en un escenario global, nuestras leyes federales deben asegurar que todos los empleados sean tratados con el mismo respeto”.

Mark King de Kellogg’s dijo: “Creemos firmemente en la diversidad, la igualdad y la inclusión en el lugar de trabajo, en el mercado y en las comunidades donde trabajamos y vivimos. El apoyo a la Ley de Igualdad demuestra nuestro compromiso continuo de crear un ambiente en el que todos los empleados sean incluidos, tratados con dignidad y respeto, y estén capacitados para alcanzar su pleno potencial”.

Fuente Cromosomax

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El candidato de Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, se está sometiendo al escrutinio de los senadores estadounidenses, que deben confirmar su nombramiento para que sea efectivo. En el curso del examen senatorial, al candidato le han preguntado por su opinión respecto a la sentencia que permitió el matrimonio igualitario en los Estados Unidos y sobre el fin de la discriminación legal de las personas LGTBI. Kavanaugh, sin embargo, ha eludido responder a ambas cuestiones.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Su candidatura ha sido celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

La nueva composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense ha quedado, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto, aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

Al estar en manos de la mayoría republicana en el Senado, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido reuniones con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, habría que esperar a ver qué sucede en las próximas elecciones de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado. Según las encuestas la batalla está muy reñida y existen posibilidades de que el control de la cámara alta vuelva a los demócratas. Si así fuera, estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Fuente Dosmanzanas

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Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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En una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. La decisión, respaldada por 7 de los 9 jueces del Supremo, supone un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva. Un análisis de la sentencia, en cualquier caso, permite concluir que podría haber sido mucho peor. Explicamos por qué.

Refrescamos en primer lugar los antecedentes del caso, que se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final ha sido 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se han inclinado de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se han alineado con el pastelero. ¿Qué ha pasado? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. Los siete jueces que han votado a favor de la sentencia, cuyo ponente ha sido precisamente Kennedy, señalan que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según su interpretación, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del estado no atendieron como debían a los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

El Supremo entiende, en este sentido, que desde el principio hubo menosprecio y falta de objetividad hacia Phillips, y este es el motivo por el cual falla a su favor, sin que la sentencia ponga en duda el derecho del estado de Colorado a proteger a sus ciudadanos de la discriminación. El texto de la sentencia establece, en este sentido, sus propios límites, al advertir que no puede considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas y que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente al caso del pastelero. «El resultado de futuros casos como este en otras circunstancias deberá ser discutido en los tribunales, todo ello en el contexto de entender que estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las sinceras creencias religiosas y sin que se humille a las personas homosexuales cuando demandan bienes y servicios en un mercado abierto», expresa literamente la sentencia.

En definitiva, todo apunta a que el Supremo ha llegado a un compromiso entre conservadores y centristas para emitir un fallo de alcance limitado que si bien da la razón al pastelero lo hace por una razón formal, y no de fondo. Un compromiso que no supone un cambio significativo del statu quo jurídico, a diferencia de lo que habría sucedido si se hubiera dado la razón a cualquiera de las partes por 5 votos contra 4 pero utilizando los argumentos de fondo de una o de la otra parte. Así ha sido recibido, de hecho, por grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign. «Los extremistas antiLGBTQ no han conseguido la ‘licencia para discriminar’ que andaban buscando. La sentencia de hoy no modifica las ya duraderas leyes de derechos civiles de nuestra nación», ha declarado su presidente, Chad Griffin.

En cualquier caso, aunque sobre el papel no signifique un retroceso expreso, a nadie se le oculta que la sentencia supone un revés para el avance de los derechos LGTB en Estados Unidos. Los conservadores la venderán como un triunfo, que animará a muchos negocios a intentar discriminar a parejas del mismo sexo incluso en estados cuyas leyes locales las protejan contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Parejas que en último término tendrán que seguir acudiendo a los tribunales para ver respetados sus derechos. Y más en un momento regresivo en materia LGTB como el que está viviendo Estados Unidos tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal, de la mano de la administración Trump.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), representantes de Craig y Mullins, la pareja nunca llega a discutir con Phillips el diseño o mensaje que debía llevar la tarta, por lo que según ellos, la libertad de expresión del artista pastelero no se habría puesto en cuestión. La juez Ruth Bader Ginsburg, una de las que han votado en contra de la sentencia, explica que «cuando una pareja contacta con una pastelería para un pastel de bodas, el producto que buscan es un pastel que celebre su boda, no un pastel celebrando bodas heterosexuales o bodas del mismo sexo, y ese es el servicio que se les negó».

Activistas LGBT califican de “peligrosa” la decisión de la Corte de EEUU

Grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGBTIQ calificaron de “frustrante”, “discriminatorio”, “potencialmente dañino” y como un “retroceso” la decisión 7-2 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, tras conocerse el fallo, la pareja conformada por Charlie Craig y Dave Mullins, a quienes Phillips les negó un pastel, aseguraron: “La decisión de hoy significa que nuestra lucha contra la discriminación y el trato injusto continuará. Siempre hemos creído que en Estados Unidos no se le debe rechazar en un negocio abierto al público por ser quien eres. Presentamos este caso porque nadie debería tener que enfrentar la vergüenza y la humillación de que nos digan ‘no servimos a los de su clase’. Seguiremos luchando hasta que nadie lo haga”.

Para la firma de abogados Pro-LGBT Lambda Legal esta decisión si bien es limitada, ya que solo aplica a los hechos específicos de este caso exclusivamente, de igual manera “invita a la discriminación y los esfuerzos adicionales para justificar la retención de servicios de personas LGBTQ. Esto alentará todo tipo de estrategia por parte de organizaciones anti LGBTQ bien financiadas que quieran crear excepciones a las leyes de no discriminación (…) La Corte hoy le ha dado la espalda a un precedente de larga data y ofreció no solo aliento, sino también una hoja de ruta para aquellos que negarían los derechos civiles a las personas LGBTQ y a las personas que viven con el VIH”.

Aseguraron que seguirán luchando para que esta “desgarradora” y “exasperante decisión” se entienda por lo que es: “un fallo estrecho limitado a hechos únicos que no pueden usarse para justificar la discriminación en ningún otro contexto”, declaró la firma.

Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, el lobby antiLGBTIQ no puede abrazar esta decisión como una “licencia para discriminar”. Ni el dictamen cambia las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, sin embargo, es una campanada de que las personas LGBTIQ “enfrentan niveles alarmantes de discriminación en todo el país y los esfuerzos de HRC para avanzar en la igualdad son más urgentes que nunca”.

La presidenta y CEO de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación o GLAAD (por sus siglas en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Sarah Kate Ellis dijo: “Aunque la libertad de religión es un valor estadounidense, la discriminación no lo es. Si bien esta decisión no cambia las protecciones existentes de los derechos civiles, deja la puerta abierta para que las exenciones religiosas se utilicen contra las personas LGBTQ”.

Pantallazo @glaad | Foto: Uso Permitido

El LGBTQ Victory Institute dijo: “Hoy es un día triste para Estados Unidos y especialmente para los jóvenes LGBTQ que crecieron creyendo en el movimiento inevitable hacia la equidad y la justicia para nuestra comunidad. Si bien la Corte Suprema emitió un veredicto estricto centrado exclusivamente en el tratamiento de un pastelero de Colorado por parte de una agencia estatal, los opositores de la igualdad lo utilizarán para tratar de abrir las compuertas. Las fuerzas homofóbicas sobreinterpretarán intencionalmente el fallo y desafiarán las leyes existentes contra la discriminación al negar el servicio a las personas LGBTQ en aún más situaciones, negándoles la cena en un restaurante, el alojamiento en un hotel o el alquiler de un apartamento”.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo: “Este caso nunca fue solo sobre un pastel de bodas. Se trataba de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, tenían derecho a celebrar su amor sin enfrentar discriminación. El Partido Demócrata cree que ningún individuo tiene una licencia para discriminar. Creemos en la dignidad de cada ser humano. Y seguiremos luchando por la igualdad de las personas LGBTQ en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la vivienda y la atención médica hasta los baños y salas de juntas, las panaderías y las urnas”.

El bufete de abogados anti-LGBT Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti LGBT listado, celebró el fallo. “Jack sirve a todos los clientes; simplemente se niega a expresar mensajes o celebrar eventos que violan sus creencias profundamente arraigadas”, dijeron.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La Administración de Donald Trump evita reconocer el mes de junio como el del Orgullo LGBT por segundo año consecutivo, alineándose con su predecesor republicano, George W. Bush, y en oposición a los gestos habituales de los presidentes demócratas, Bill Clinton y Barack Obama. 

Si el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos recuerda este viernes, 1 de enero, la magnitud de los huracanes Irma y María, alertando de la posibilidad de que se repitan este año huracanes de idéntica magnitud, Donald Trump omite cualquier referencia al Orgullo LGBT en el mes de junio, por segundo año consecutivo y remarcando la diferencia de los presidentes demócratas con respecto a los republicanos. Nada nuevo si tenemos en cuenta que el 45.º presidente de los Estados Unidos se ha dedicado a recortar los derechos de las personas homosexuales y transexuales desde que firmara su cargo, justa y precisamente todo lo contrario que promete durante su campaña para convertirse en presidente. Lo contrarío había sido realmente la noticia.

«¡Gracias a la comunidad LGBT! Lucharé por vosotros mientras Hillary atrae a más gente para amenazar vuestras creencias y libertades», publica Trump en los tiempos en que sí se acuerda del mes del Orgullo LGBT, en junio de 2016, durante su campaña presidencial, después de haber prometido ser un republicano amigo del colectivo. En la Convención Nacional Republicana de ese mismo año llega a destacar el tiroteo en el club Pulse de Orlando, para convertirse en el primer candidato republicano a la presidencia que se dirige desde su podio directamente ala comunidad LGBT. «Como vuestro presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una odiosa ideología extranjera», declara Trump en aquel momento.

Pero el último presidente estadounidense se adelanta a la época de huracanes para que el viento pueda llevarse sus palabras, porque nada más firmar el cargo como presidente, elimina en un par de horas cualquier referencia de la comunidad LTBT de la página de la Casa Blanca, iniciando un paulatino retroceso de los derechos de las personas homosexuales y transexuales:

— Disuelve el Consejo Asesor Presidencial sobre sida y VIH, en marcha desde 1995

— Declara el 1 de diciembre com el Día Mundial de la Lucha contra el sida, pero sin mencionar a la comunidad LGBT, el principal colectivo afectado por este virus

— Numerosos cargos de su gabinete son abiertamente reconocidos por su homofobia y su lucha contra los derechos de los homosexuales, como su vicepresidente, Mike Pence, sin ir más lejos.

— Los primeros 100 días de su gobierno ya constatan lo poco gay friendly de su Administración, en los que deroga la directiva sobre el uso de los cuartos de baño de Obama que protegía a los menores transexuales, su decreto contra la entrada de los musulmanes incluye a los refugiados LGBT y firma una orden ejecutiva que permite la discriminación laboral del colectivo LGBT.

— El efecto Donald Trump se materializa en el aumento de la discriminación, según un estudio de GLAAD, de la misma manera que los crímenes de odio se relacionan con el votante de Trump, según el FBI, mientras el Gobierno se empeña en el veto a las personas transgénero en el ejército o la derogación de varias órdenes ejecutivas de Obama que protegían frente a la discriminación laboral del colectivo y su intención de dar rienda suelta a la libertad religiosa.

«A diferencia de la administración Trump, el Partido Demócrata respalda a las comunidades LGBTQ en todo Estados Unidos y en todo el mundo y nos enorgullece celebrar el Mes del Orgullo (…). Creemos que nadie debe enfrentar la discriminación, la intimidación o la violencia debido a quiénes son o a quién aman. Y nunca dejaremos de luchar por la igualdad que todo ser humano merece», declara Lucas Acosta, director de Medios LGBTQ para el Comité Nacional Demócrata. Desde que el mes de junio fuera proclamado Mes del Orgullo LGBT por primera vez en junio de 1999 por Bill Clinton, tan solo Barack Obama ha continuado con esta tradición, evitando hacerlo tanto Trump como su predecesor republicano, George W. Bush, marcando quiénes son los amigos y los enemigos del colectivo LGBT en los Estados Unidos, mientras que en las redes sociales se celebra el Mes del Orgullo LGBT en todo el mundo.

«Está claro que evitar el reconocimiento del Mes del Orgullo es intencionado, tal como lo fue el año pasado (…). Trump y Pence están obsesionados con borrarnos. Pero no seremos borrados, y en noviembre, la Casa Blanca tendrá un rudo despertar en su flagrante discriminación», asegura Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, particularmente en un año en el que se ha dedicado a recordar cada mes por algún aspecto, como marzo era reconocido como el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal, abril como el Mes de la Segunda Oportunidad y mayo como el Mes Nacional de aptitud Física y Deportes. Sin embargo, lejos de hacer la mínima referencia al Orgullo LGBT, este mes de junio es recordado para la Administración Trump como el Mes Nacional de la Propiedad de Vivienda, el mes Nacional del Océano, el Mes de las Grandes Actividades al Aire Libre y el Mes de la Herencia Nacional Caribeño-Estadounidense.

Fuente Universogay

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Como ya anunciábamos hace unos días, tras ser aprobada por la Cámara Baja y el Senado, el gobernador de Hawái, David Ige, firma la ley mediante la que se prohiben las terapias de conversión a menores de edad en el denominado estado aloha, que se convierte en el duodécimo de los estados que prohiben estas medidas en los Estados Unidos.

El gobernador de Hawái, David Ige, firma este viernes, 25 de mayo, una ley mediante la que prohibe que psiquiatras, trabajdores sociales, asesores médicos y terapeutas familiares o matrimoniales recomienden las terapias de conversión a menores de edad. Con esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, Hawaii se convierte en el duodécimo de los estados en prohibir las terapias de conversión en los Estados Unidos. «Abrumadoras investigaciones científicas han demostrado que la ‘terapia de conversión’ no es efectiva y con frecuencia tiene un impacto psicológico duradero y dañino en los menores. Esta práctica no es médica ni éticamente apropiada», declara Ige en un comunicado.

«El propósito de esta Ley es proteger el bienestar físico y psicológico de los menores, incluidos las personas jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de orientación sexual al regular la conducta de un estado específico con licencia. Personas que brindan asesoramiento profesional a menores de menos de dieciocho años y que prohíben a estos profesionales involucrarse, intentar participar o publicitar los esfuerzos de cambio de orientación sexual en personas menores de dieciocho años», explican en el proyecto de ley que ha sido defendido principalmente por los demócratas, que dominan la Cámara Baja, donde ha sido aprobado con los únicos votos en contra de dos republicanos. También la Cámara Alta aprobaba holgadamente prohibir las terapias de conversión, al encontrarse con un único voto en contra, el del demócrata Mike Gabbard, líder de la Alianza para el Matrimonio y los Valores tradicionales, que anteriormente habría estado haciendo campaña contra el matrimonio igualitario.

Con la aprobación de esta ley también se crea un grupo de trabajo de orientación sexual para proporcionar ayuda profesional a los menores que buscan asesoramiento en cuestiones relacionadas con la orientación sexual. «Agradecemos a los muchos defensores, aliados, padres y sobrevivientes que hablaron en contra de esta práctica abusiva e instamos a sus funcionarios electos a adoptar estas protecciones cruciales. También agradecemos al Gobernador Ige y a la Legislatura del Estado de Hawái por promulgar esta legislación para proteger a los jóvenes LGBTQ del estado», declara Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

Con esta medida, Hawái se une a Maryland, que también aprobaba hace menos de dos semanas una ley similar y cuyo gobernador republicano, Larry Hogan, firma una ley promovida por un senador demócrata mediante la que se prohíben las terapias de conversión en menores de edad en su estado.

Siguiendo la postura de otros estados, Larry Hogan, gobernador republicano del estado de Maryland, ratifica la medida ya aprobada por la Cámara Baja del estado para prohibir las terapias de conversión a menores de edad en su estado este mismo martes, 15 de mayo, haciendo de su estado el undécimo que prohíbe este tipo de prácticas homofóbicas. Que pretender alterar la orientación sexual de una persona a través de terapias psicológicas ampliamente desacreditadas por las asociaciones médicas y de salud mental. Los partidarios de la medida están convencidos de que de esta manera contribuyen a proteger a los menores de edad de la depresión, la ansiedad y los potenciales intentos de suicidio que provocan este tipo de prácticas.

«Creo que es fantástico, porque salvará las vidas de los jóvenes en nuestro estado (…). Para los jóvenes LGBT, es una situación demasiado prevalente, y es un avance significativo decir: ‘¿Sabes qué? Sé quién eres’», declara Richard Madaleno, senador demócrata y promotor de un proyecto de ley que ha sido apoyado también por algunos republicanos, como la delegada Meagane Simonaire, que llegó a compartir con la Cámara Baja el dolor que sintió cuando sus padres le recomendaron las terapias de conversión al revelar que era bisexual. La mera idea de que sus padres pensaran que podrían «arreglarla» fue suficiente para caer en una profunda depresión. «Estoy muy orgullosa del duro trabajo de todos», asegura Simonaire, mostrándose orgullosa de que un gobernador republicano haya firmado esta ley.

«Sabemos que 700.000 personas en los Estados Unidos han pasado por terapia de conversión, y 78.000 adolescentes la pasarán en los próximos cinco años, y esto nos está acercando a cero», declara Mathew Shurka, un activista que ha estado haciendo campaña por la prohibición de las terapias de conversión después de haber estado cinco años sometido a ellas, cuando tenía entre 16 y 21 años de edad.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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La Cámara de Representantes de Maryland vota a favor de una ley para prohibir las terapias de conversión, siguiendo los pasos del estado de Washington, cuyo gobernador aprobaba la una ley equivalente la semana pasada. 

En una votación celebrada este miércoles, 4 de abril, los legisladores del estado de Maryland votan a favor de prohibir que terapeutas y profesionales sanitarios practiquen las denominadas «terapias de conversión homosexuales» a menores de edad después de que la Delegada Republicana, Meagan Simonire, desvelara el sufrimiento personal que había padecido cuando siendo adolescente sus padres reaccionan buscando este tipo de soluciones para ella tras salir del armario. De esta manera Maryland sigue los pasos del estado de Washington, cuyo gobernador, Jay Inslee, firma la misma prohibición la semana anterior.

El gobernador de Maryland ratificará la ley contra las terapias de conversión

«Este tema no es sobre republicanos o demócratas ni conservadores o liberales. No se trata de valores religiosos. Se trata de la decencia humana básica. Se trata del hecho de que es imposible arreglar algo que nunca se rompió en primer lugar», declara Simonaire antes de la votación en la Cámara de Representantes, en la que el proyecto de ley 95-27 quedaba a probado. Si bien unos días antes el padre de Simonaire, Bryan Simonaire, senador estatal, votaba en contra de esta medida, advirtiendo que obligaría a los jóvenes que quieren asesoramiento a buscar la ayuda de profesionales sin licencia, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, ya ha adelantado que tiene la intención de ratificar esta ley con su firma.

«Si este proyecto de ley aleja que incluso sólo un niño no tenga que pasar por eso, valdrá la pena compartir hoy mi historia con ustedes», asegura Simonaire después de relatar el «significativo dolor, autodesprecio y profunda depresión» que supuso para ella el simple hecho de que sus padres buscaran terapeutas que pudieran «arreglarla» una vez les desvela que se siente atraída por una persona de su mismo sexo cuando es adolescente.

Las terapias de conversión están ampliamente desacreditadas por las asociaciones médicas y de salud mental como la Organización Mundial de Psiquiatría, que las condenaba oficialmente hace dos años. Con esta ley se califican estas terapias como conductas no profesionales, lo que llevaría a quienes las practiquen a enfrentarse a medidas disciplinarias por parte de la junta estatal de licencias.

Washington prohibe las terapias de conversión

«Hoy prohibimos el abuso de nuestros hijos (…). Siempre hemos creído en los derechos civiles en nuestro estado. Creemos en la tolerancia para todos», declara el gobernador de Washington, Jay Inslee, tras firmar la semana anterior el proyecto de ley que prohibe a los terapeutas con licencia aplicar las terapias de conversión a menores de edad, que entrará en vigor el próximo mes de junio. Los terapeutas que infrinjan esta nueva medida se enfrentan a sanciones que van desde multas económicas hasta la revocación o suspensión de su licencia, medidas que no afectarán significativamente a aquellos asesores sin licencia que trabajan habitualmente con organizaciones religiosas sigan aplicando estas denominadas terapias.

Esta nueva ley envía «un mensaje profundo a las personas LGTBQ en todas partes que son amadas, valoradas y protegidas por la ley», declara Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaing en Washington, que se una a otros 10 estados que ya han prohibido las terapias de conversión.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y  Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C., así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Además, California se plantea juzgar como prácticas fraudulentas las “terapias” para curar la homosexualidad. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

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La Human Rights Campaign anuncia la creación de la Iniciativa HRC Rising, una inversión de 26 millones de dólares para luchar contra las políticas discriminatorias de la administración Trump.

El objetivo de la HRC es influir en las elecciones al senado de 2018 y asegurar que los candidatos con historiales LGTBfóbicos son derrotados.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca muchos fueron los que señalaron que a pesar de lo negativo que resultaba ese hecho en parte iba a favorecer la lucha por los derechos civiles porque Trump iba a indignar a tanta gente que cada vez más personas querrían sumarse a la lucha para cambiar el mundo y terminar con la discriminación y la intolerancia.

Eso precisamente es lo que ha hecho la Human Rights Campaign, que acaba de anunciar la creación de la iniciativa HRC Rising, que supondrá una inversión histórica de 26 millones de dólares en un esfuerzo por influir en las elecciones al senado estadounidense de 2018. Con ese dinero la HRC ayudará a que en estados clave como Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada se elijan senadores que se comprometan a luchar contra las políticas discriminatorias de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas).

Para conseguir sus objetivos desde la HRC ya han contratado a 20 personas a tiempo completo que se unen a otras 12 personas trabajando en esta inciativa y que se dedicarán a analizar el campo político, organizar voluntarios, coordinar organizaciones, comunicaciones y medios digitales. La HRC siempre ha sido una organización muy activa en la vida política estadounidense y su intención es conseguir que esos 10 millones de votantes LGTBI (un 5% de todo el electorado) demuestren que son uno de los bloques de votantes más importantes de la nación. Además quieren desarrollar un “Modelo de Votante Igualitario”: aliados del colectivo que se opongan a los candidatos que ataquen los derechos civiles de las personas LGTBI.

La iniciativa HRC Rising es la culminación de todas las medidas que los 3 millones de miembros activos de la organización por todo el país han ido desarrollando desde enero, dos meses después de que Trump y Pence se convirtieran en Presidente y Vicepresidente del país. Una de las cosas que hicieron fue crear una “sala de guerra” en la que se dedican activamente a analizar todas las medidas discriminatorias de la administración y coordinar esfuerzos en el mundo real y en el virtual para luchar contra candidaturas de políticos con historial de LGTBfobia como Mark Green o derogar acciones ejecutivas que iban contra el colectivo.

Fuente | HRC, vía EstoyBailando

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La Human Rights Campaign anuncia que Meryl Streep será la galardonada en 2017 con el Ally for Equality Award por su apoyo constante al colectivo LGTB.

Meryl Streep será galardonada con el premio Ally for Equality Award 2017 de la Human Rights Campaign, la organización más grande de Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles de la población LGTBQWERTY, y cada cierto tiempo entregan premios. Porque todos sabemos que la mejor forma de conseguir mejorar tus relaciones públicas es organizar una entrega de premios y por eso nosotros nunca hemos hecho ninguna. Pero todo se andará.

El Ally for Equality Award (Premio al Aliado por la Igualdad) es un premio que ya tienen Jennifer Lopez, Teri Polo, Sally Field, Whoopi Goldberg, P!nk o el ex-alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (entre otros) y básicamente reconocen el papel de personas que no forman parte del colectivo LGTB pero han utilizado su influencia para apoyar públicamente al colectivo. Lo que viene a ser pues eso, un aliado.

Y como ha explicado el presidente de la HRC, Chad Griffin, Meryl Streep “ha utilizado su voz para apoyar a la comunidad LGTB. Ya fuera a través de interpretaciones icónicas que han elevado la visibilidad de las personas LGTBQ o hablando de forma valiente en pro de la igualdad, Meryl Streep ejemplifica la verdadera naturaleza de lo que significa ser un aliado de nuestra comunidad.”

La entrega del premio será el próximo 11 de febrero en Nueva York.

Fuente: Gay Star News, vía EstoyBailando

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El gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

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A pesar de que Pat McCrory se negaba a reconocer su fracaso electoral, finalmente ha terminado por admitir su derrota frente al demócrata Roy Cooper, quien asume su cargo de gobernador en enero, teniendo como uno de sus objetivos la derogación de la Ley HB2 sobre la restricción del uso del cuarto de baño a las personas transexuales.

De infarto fue el escrutinio de las elecciones que auparon a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero no todos los republicanos lo celebraron de la misma manera porque, si bien ha obligado a un recuento de los votos posponiendo el final de su período como gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory perdía frente el demócrata Roy Cooper, de 59 años de edad y natural de Nashville, que firmará el cargo el 1 de enero siendo uno de sus primeros propósitos el de revocar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT de su predecesor en el cargo.

El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, ha reconocido finalmente su derrota en las pasadas elecciones, tras largos días de recuento de votos en gran parte de los condados del estado. McCrory es conocido por su empecinada LGTBfobia, que le llevó a aprobar y mantener una de las legislaciones más discriminatorias de los Estados Unidos, la conocida HB2. El nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, ya ha declarado su intención de “acabar el trabajo” que han hecho los electores y derogar la infame ley. No lo tendrá fácil, dado que los republicanos sí han conseguido renovar el control de la legislatura del estado.

Tras pedir recuentos en 52 de los 110 condados que componen el estado de Carolina del Norte, y cuatro semanas después de que se celebraran las elecciones el pasado 8 de noviembre, el ya gobernador cesante Pat McCrory ha reconocido la victoria de su oponente, el hasta hoy fiscal general Ray Cooper, que presentó su candidatura por el Partido Demócrata. Lo ha hecho por medio de este vídeo, en el que declara que “a pesar de las cuestiones que deben tener respuesta respecto al proceso de votación, personalmente creo que la mayoría de nuestros ciudadanos han hablado y ahora debemos hacer todo lo que podamos para apoyar al gobernador número 75 de Carolina del Norte, Roy Cooper. Estoy orgulloso de que nuestro equipo deje este estado en un lugar mucho mejor que cuando llegamos a la oficina”:

Pat McCrory se ha convertido así en el primer gobernador de Carolina del Norte en perder una reelección. Pero lo ha hecho por un estrecho margen de unos 10.000 votos de diferencia de entre los más de 4.700.000 emitidos, a pesar de la polémica que ha rodeado su mandato en los últimos tiempos. La aprobación de la ley HB2, que discriminaba a las personas LGTB y afectaba especialmente a las personas transexuales, puso al gobernador en el ojo del huracán. Una ley infame que McCrory defendió a capa y espada, aun cuando las encuestas reflejaban que el 43 % de los ciudadanos de Carolina del Norte se oponía al texto legal, que tan solo apoyaba un 32 %.

Su aprobación arrastró al estado a grandes pérdidas económicas, debido al boicot de empresas y corporaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo. Un estudio del William Insitute de la Universidad de California estimaba que, por cada año que la ley estuviera en vigor, el estado de Carolina del Norte perdería 5.000 millones de dólares. La oposición de los principales directores ejecutivos de empresas, artistas y organizaciones deportivas ha dado un golpe a la imagen comercial de Carolina del Norte, lo que ha llevado a las empresas a retirarse de la expansión en el estado, traducido en un considerable impacto negativo sobre Carolina del Norte, tal y como advertían a los políticos de Texas que habían anunciado su intención de copiar las mismas leyes discriminatorias. Quizás por ello, el ya gobernador electo, Roy Cooper, ha declarado que “con estas elecciones, Carolina del Norte está en en el buen camino para recuperar su reputación. Acabemos el trabajo y revoquemos la HB2”.  “Creo que la mayoría o todos los legisladores entienden el severo impacto económico de la Ley HB2 que está teniendo sobre nosotros y que necesitamos hacer algo al respecto”, declara Cooper en una entrevista. Un impacto que, a pesar de todo, ha sido discutido por algunos republicanos, que continúan defendiendo la ley alegando que proporciona privacidad a los menores que hacen uso de los cuartos de baño y los vestuarios en los centros de enseñanza.

Su victoria en Carolina del Norte ha sido celebrada por los líderes de Human Rights Campaign y Equality North Carolina que habían centrado sus esfuerzos en derrotar a McCrory con la movilización del colectivo LGBT en lo que se estiman habrían sido hasta 255.000 votantes.

El presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, expresó en un comunicado que “el reinado de discriminación de Pat McCrory finalmente ha terminado. El apoyo obstinado y temerario de McCrory a la HB2 le ha costado estas elecciones, y su derrota envía una poderosa advertencia a los legisladores de todo el país de que los ataques a las personas LGTB no serán toleradas. Esperamos con interés trabajar con el gobernador electo Roy Cooper y los legisladores imparciales para derogar HB2. Ya es hora de reparar el daño infligido a la gente, la reputación y la economía de Carolina del Norte”.

“Está perfectamente claro que la gente de Carolina del Norte quiere que esta legislación desaparezca”, declara Chris Sgro, director ejecutivo de Equality North Carolina, esperando que los políticos trabajen a favor de Cooper y deroguen la ley tan pronto como sea posible.

El empecinamiento en la discriminación

La conocida HB2, fue promulgada en marzo de este 2016 por Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.

El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB. El fiscal general de Carolina del Norte y ahora gobernador electo, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tenía la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta era denunciada.

La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. A parte del All-Star, McCrory también ha visto como importantes figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company,  Itzhak Perlman, Ringo Starr o Cyndi Lauper han cancelado sus conciertos o han donado su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones han trasladado su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank han cesado en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 han apoyado la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. La respuesta de la administración federal fue rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. La fiscal instaba a que “en lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva”.

Derogar la ley no será fácil

Además de la educación, las energías renovables y la justicia criminal, también la revocación de la ley de la restricción del uso del cuarto de baño a personas transexuales en escuelas y edificios gubernamentales, conocida como Ley HB2, es uno de los objetivos de Roy Cooper, que quizás tendrá que esperar hasta el año que viene. Y e que Roy Cooper no lo tendrá fácil: pese a perder las elecciones a gobernador, los republicanos renovaron en noviembre su mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y tendrán mayoría a favor del veto en la Cámara y el Senado en 2017. Y aunque varios legisladores republicanos entre los que con toda probabilidad estará Cecil Brockman, que salía del armario con la intención de concienciar a sus compañeros de partido, han manifestado después de todo lo sucedido que ya no están a favor de la ley HB2, ello no parece suficiente para proceder lisa y llanamente a su derogación. Los activistas LGTB locales, no obstante, se muestran moderadamente esperanzados ante la posibilidad de que se alcance algún tipo de compromiso. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Michael Jordan durante un partido de los Charlotte Hornets

La norma, promulgada en marzo por el gobernador republicano Pat McCrory, exige a las personas usar los baños públicos de acuerdo a su sexo de nacimiento y no a su identidad de género.

“¿Ahora tengo que mostrar mi certificado de nacimiento para ir al baño?”, se preguntaba Mavis, una enfermera que no quiso dar su apellido. “Es simplemente ridículo“, comentó el pasado lunes la mujer de 45 años a AFP en Raleigh, capital de Carolina del Norte. Este jueves, un grupo de activistas de derechos humanos aumentaron su presión para exigir la revocación de la ley, mientras un grupo de legisladores demócratas se reunía con el gobernador republicano. La discusión hervía después de que el martes se filtrara a la prensa una versión corregida de la ley, cuyas enmiendas los defensores de los derechos de los LGBT consideran insuficientes.

A última hora del jueves se sumó la NBA, cuya influencia en este estado del sureste de Estados Unidos tiene peso específico: la ciudad de Charlotte será sede del All Star Weekend en febrero de 2017. “No apoyamos la versión del proyecto de ley que entendemos está actualmente en el Congreso. Seguimos comprometidos con nuestros principios rectores de inclusión, respeto mutuo y protección equitativa para todos”, escribieron la NBA y los Charlotte Hornets en un comunicado conjunto.

In response to reports regarding the NBA’s involvement in amended HB2 legislation currently before NC legislature pic.twitter.com/YSDETM7UyV

— NBA (@NBA) 30 de junio de 2016

  El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había dicho hace dos semanas que la ley era “problemática”, pero no detalló si consideraba buscar otra sede.“No ha habido ninguna nueva decisión sobre el All Star Game de la NBA de 2017”, terminó el comunicado de este jueves.  

Encouraged by the @NBA‘s statement & hope lawmakers will finally come to the table and do what’s right: #RepealHB2 https://t.co/nfacNDFejm — Chad Griffin (@ChadHGriffin) 30 de junio de 2016

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign -ONG que lucha por los derechos de los LGBT-, escribió en Twitter que se siente “alentado por el comunicado de la NBA”.

Fuente Cáscara Amarga

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El monumento incluye el Stonewall Inn bar, en el barrio Greenwich Village, una pequeña plaza vecina y sus alrededores, donde en 1969 se iniciaron las primeras protestas, luego conocidas como la Stonewall Uprising, reprimidas por la policía.

El presidente Barack Obama designó el primer monumento nacional LGBT este viernes, honrando el bar de Nueva York, donde comenzó el germen de lo que hoy en día se conoce como el Orgullo LGTB, y su área circundante, considerada la cuna del movimiento por los derechos de los gays en Estados Unidos.

“La designación creará la primera unidad oficial del Servicio Nacional de Parques dedicada a contar la historia de los estadounidenses LGBT”, según el comunicado de la Casa Blanca.

Grupos de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros se congratularon por el anuncio.

“El monumento nacional Stonewall rendirá homenaje a los valientes individuos que enfrentaron la opresión y ayudaron a encender la chispa en un movimiento para poner fin a la injusta discriminación contra la gente LGBTQ”, dijo el presidente del grupo Campaña por los derechos humanos, Chad Griffin, en un comunicado.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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Nathan Deal, gobernador de Georgia

De haber sido aprobado, protegería a líderes religiosos y a propietarios de negocios que se nieguen a dar servicios a homosexuales si consideran que contradice sus creencias religiosas.

“Ley de libertad religiosa” de Georgia permitiría la discriminación contra personas homosexuales.

Hollywood se había unido para rechazar el proyecto de ley homófobo de Georgia, destino muy apreciado en Hollywood para rodajes por sus jugosos incentivos fiscales.

Como recordaban desde Human Rigths Campaign, existen cerca de 200 proyectos de ley discriminatorios contra el colectivo LGTB, que afectan a 32 estados de los Estados Unidos, aún pendientes de resolución. Por eso, el goteo de este tipo de proyectos, que mayoritariamente se escudan en la supuesta defensa de la libertad religiosa, es constante. En estos últimos días se han aprobado tres de esas leyes, que en meyor o menor medida afectan a los derechos de las personas LGTB. En Carolina del Norte y Kansas han recibido el respaldo final de sus gobernadores y han sido promulgadas. En Georgia, sin embargo, la ley que hubiera permitido negar prestaciones, servicios y empleo a las personas LGTB por razones religiosas ha sido vetada por su gobernador, aunque aún puede debatirse el levantamiento de ese veto.

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, dijo que vetarría el proyecto legislativo que protege a los detractores de los matrimonios entre personas del mismo sexo después que varias compañías amenazaran con boicotear al estado si se convertía en ley.

Pero la Cámara de Representantes del estado desoyó los consejos del gobernador y aprobó definitivamente el proyecto de ley, haciéndoselo llegar posteriormente para su promulgación. Desde todo el país llegaron voces de protesta por la aprobación de la ley LGTBfoba, sobre todo, al menos por su repercusión, por parte de grandes empresas, corporaciones y equipos deportivos. La lista incluía a Atlanta Braves, Atlanta Falcons, Atlanta Hawks, Dell, Disney,Dow Chemical Company, la Cámara de Comercio de Georgia, Hilton, Intel, Intercontinental Hotels, Live Nation Entertainment, Marriott, Marvel, MailChimp, Metro Atlanta Chamber, Microsoft, la liga de fútbol americano (NFL), Paypal, Salesforce, Square, Time Warner, Turner, Twitter, Unilever, The Weinstein Company, Virgin, Yelp, AMC, Viacom, Starz, 21st Century Fox, Lionsgate, Netflix, CBS, Sony, Comcast y MGM.

Disney y su filial Marvel amenazaban con dejar de rodar en Georgia producciones como Guardianes de la Galaxia 2. La NFL informaba que, de promulgarse la ley, Atlanta no acogería la Superbowl en 2019, quizás el acontecimiento deportivo más importante de Estados Unidos. Estudios de televisión y cine radicados en Georgia, como Tyler Perry Studios, comunicaban que cambiarían su sede de estado si se aprobaba “el fanatismo”. Figuras del espectáculo expresaban su indignación y solicitaban su veto el gobernador.

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Compañías como Nike, Apple, Amazon, American Airlines o Microsoft, se alían para formar parte de una coalición para promover acciones contra la discriminación LGTB en los Estados Unidos.

Un total de 60 altos cargos de compañías como Nike, Apple, Amazon, American Airlines y Microsoft han firmado la Coalición Empresarial para la Ley de Igualdad, más conocida como Equality Act. “Estos líderes empresariales demuestran una verdadera iniciativa para poner fin a un status quo que deja en riesgo de despido a la comunidad LGTB en una mayoría de estados a los que se les niegan los servicios o les despiden sólo por ser quienes son o a quién aman”, declaraciones de Chad Griffin, presidente de la Campaña de Derechos Humanos.

La HRC (Human Rigths Campaign) es el lobby en favor de los derechos LGTB más respetado y mejor situado de los Estados Unidos, que ha conseguido un gran apoyo corporativo en favor de una pieza capital pendiente de aprobación en el Congreso: la Ley de No Discriminación al Empleado, conocida como ENDA (Employment Non-Discrimination Act). Treinta y dos estados de la unión carecen de protección contra la discriminación por orientación o identidad sexual.

La legislatura de Washington aprobó una ley contra la discriminación LGTB en 2006, siendo el senador Ed Murray su principal promotor. Una ley que se encuentra actualmente en el punto de mira de quienes pretenden restringir el acceso a lugares públicos de ciudadanos transexuales.

La lista de firmantes del Acto de Igualdad incluye compañías de raíces mormonas, como Marriott Internacional Inc, fabricantes de napalm, como Dow Chemical, y compañías que gastan millones de dólares en luchar en favor del etiquetado de los alimentos modificados genéticamente, como Monsanto, Coca Cola, PepsiCo y General Mills. Los empresarios relacionados con la tecnología han sido siempre grandes defensores de los derechos LGTB. El director ejecutivo de Amazon, Jeff Benzos, fue noticia en 2012 cunado prometió dos millones y medio de dólares para apoyar el referéndum del matrimonio igualitario; el co-fundador de Microsoft, Bill Gates, y el entonces director ejecutivo de la compañía, Steve Ballner, donaron 100.000 dólares cada uno para la misma campaña.

El arranque de la campaña por la Ley de Igualdad se produjo en otoño del año pasado, en la sede de Amazon, contando con el apoyo de la líder demócrata Nancy Pelosi. La cena de la Campaña por los Derechos Humanos que se celebra anualmente en Seattle tuvo como patrocinadores a Alaska Airlines, Microsoft, Nordstrom, Starbuscks y Recreational Equipment Inc.

La propuesta de Equality Act firmada por estas compañías incluye protección permanente bajo la ley federal para ciudadanos gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, afectando a áreas como la vida laboral, el acceso a espacios públicos, la vivienda, la educación, servicios financieros y jurídicos y programas financiados por el gobierno. A continuación la lista de los firmantes:

— Abercrombie & Fitch Co.— Accenture— Airbnb Inc.— Amazon.com Inc.— American Airlines— American Eagle Outfitters— Apple Inc.— Best Buy Co. Inc.— Biogen— Boehringer Ingelheim USA Corp.— Broadridge Financial Solutions Inc.— Brown-Forman Corp.— CA Technologies Inc.— Caesars Entertainment Corp.— Capital One Financial Corp.— Cardinal Health Inc.— Choice Hotels International Inc— Corning Inc.— CVS Health Corp.— Diageo North America— Dropbox Inc.— EMC Corp.— Facebook Inc.— Gap Inc.— General Electric Co.— General Mills Inc.— Google Inc.— Hewlett-Packard Co.— Hilton Worldwide Inc.— Hyatt Hotels Corp.— IBM Corp.— Intel Corp.— Johnson & Johnson— Kellogg Co.— Levi Strauss & Co.— Marriott International Inc.— MasterCard Inc.— McGraw Hill Financial— Microsoft Corp.— Mitchell Gold + Bob Williams— Monsanto Co.— Moody’s Corp.— Nike Inc.— Oracle Corp.— Orbitz Worldwide Inc.— PepsiCo Inc.— Qualcomm Inc.— Replacements Ltd.— Salesforce— Sodexo Inc.— Symantec Corp.— T-Mobile USA Inc.— Target Corp.— Tech Data Corp.— The Coca-Cola Company— The Dow Chemical Co.— The Hershey Company— Twitter Inc.— Unilever— WeddingWire Inc.

Fuente Agencias

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Kody Partridge, izquierda, y su esposa Laurie Wood celebran después de que la legislatura de Utah aprobara una ley contra la discriminación homosexual, este miércoles 11 de marzo del 2015. Foto: AP

Activistas y religiosos mormones del Estado norteamericano de Utah han han unido esfuerzos para conseguir que se prohíba la homofobia, bifobia y transfobia en la región.

La legislatura de Utah, de mayoría republicana, dio su aprobación final este miércoles por la noche una ley contra la discriminación de sus residentes homosexuales, bisexuales y transexuales, un texto respaldado por la Iglesia mormona.

La Cámara de Representantes del Estado aprobó por 65 votos contra 10 aprobar la medida desvelada la semana pasada. El Senado regional lo aprobó este viernes.

La propuesta obtuvo el poco habitual apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en el estado y que ayudó a acelerar el paso de la medida en la cámara. El gobernador Gary Bergert, un republicano miembro de la iglesia, indicó que firmará el documento.

Algunos críticos conservadores han alegado que la propuesta, limitada al empleo y la vivienda, no va lo bastante lejos para proteger los derechos religiosos. No aborda cuestiones de discriminación más espinosas, como si un negocio puede negarse a servir a alguien por motivos religiosos, como por ejemplo un fotógrafo de bodas que se opone a trabajar en un enlace entre personas del mismo sexo. Además, las voces discordantes señalan que la ley crea protecciones especiales para personas homosexuales y transgénero.

La iglesia mormona dijo apoyar por completo la ley, que sigue los principios esbozados en su petición de que se aprueben normas que equilibren los derechos religiosos y las protecciones de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

La ley ilegalizaría basar las contrataciones, despidos y otras decisiones de empleo en la orientación sexual o identidad de género. También sería ilegal negarse a vender o alquilar, negar un préstamo para vivienda o basar otras decisiones sobre vivienda en ese criterio.

Ya habíamos conocido que la Iglesia Mormona y la Human Rights Campaign, una organización defensora de los derechos humanos, han respaldado un proyecto de ley que pretende prohibir en el Estado de Utah la discriminación que sufren los ciudadanos en base a su orientación sexual o identidad de género que se extendería a la protección del empleo y la no discriminación en la vivienda. El presidente HRC Chad Griffin se alegra con el apoyo al proyecto de ley por parte de la Iglesia Mormona.

Dijo Griffin que “Este es un momento extraordinario para el estado de Utah, para los estadounidenses LGBT, y para la Iglesia Mormona, que, mediante el apoyo a esta legislación, muestra una voluntad de alinearse con los demás en el lado correcto de la historia. El deseo mostrado por la Iglesia Mormona para trabajar hacia un terreno común debería servir de modelo para otras tradiciones de fe aquí en los Estados Unidos “.

La medida impediría que la población de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales pueda ser discriminada en el ámbito laboral y en el inmobiliario, intentando evitar que una empresa pueda dejar de contratar o despedir a alguien en base a su condición de LGTB.

General, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) Chad Griffin, Gary Bergert, Human Rights Campaign, Movimiento de los Santos de los Últimos Días (Mormones), Sarah Warbelow, Utah

Randy Berry, quien actualmente es cónsul en Holanda, promoverá el respeto a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, dijo el secretario de Estado, John Kerry.

A principios de este año la Casa Blanca incluyó por primera vez la protección de los derechos de la comunidad LGBT en su estrategia formal de seguridad nacional.

Estados Unidos ha nombrado al que será su rimer enviado especial en defensa de los derechos humanos de las personas LGTB en el mundo. Se trata de Randy Berry, un diplomático de carrera (desde 2012 es cónsul general en Ámsterdam) adscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones en defensa de los derechos LGTB.

Estados Unidos nombró el lunes a su primer enviado internacional para los derechos de los gays, un veterano diplomático que se encargará de encabezar los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la discriminación contra integrantes de la comunidad LGBT en el extranjero.

Según la biografía que aún puede leerse en la web del consulado de los Estados Unidos en Ámsterdam, Randy Berry,  quien actualmente es cónsul en Holanda, es funcionario del servicio exterior estadounidense desde hace muchos años, ha estado destinado con anterioridad en países tan dispares como Nueva Zelanda, Nepal, Bangladesh, Egipto, Uganda o Sudáfrica. Habla castellano y árabe, es abiertamente gay, y desde su nueva posición como enviado especial por los derechos LGTB tendrá como misión potenciar los esfuerzos de su país para “avanzar hacia un mundo libre de violencia y discriminación contra las personas LGTB”, según expresaba el secretario de Estado John Kerry en el comunicado en el que hizo público el nombramiento.

“La defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas LGTB forma parte del núcleo de nuestro compromiso con el avance de los derechos humanos a nivel global, el corazón y la conciencia de nuestra diplomacia. Es por eso que vamos a trabajar para revocar las leyes que penalizan la conducta consensual del mismo sexo en países de todo el mundo. Es por eso que vamos desarrollar nuestra capacidad de responder rápidamente a la violencia contra las personas LGTB, y es por eso que estamos trabajando con los gobiernos, con la sociedad civil y con el sector privado a través del Fondo Global para la Igualdad para apoyar los programas de avance de los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo”, añade el texto. El Fondo Global para la Igualdad (Global Equality Fund) es un programa del Departamento de Estado creado en 2011 -cuando Hillary Clinton estaba a su frente- cuyo objetivo es precisamente potenciar los derechos LGTB mediante ayudas a organizaciones de todo el mundo que les permitan desarrollar iniciativas en ese sentido. Dijo aemás, que una de sus prioridades será la eliminación de las leyes que criminalizan las preferencias de las personas del mismo sexo en 75 países.

El Departamento de Estado informó que había planeado designar a un diplomático abiertamente gay.

El nombramiento de Berry como enviado especial es la medida más reciente impulsada por Obama para convertir la defensa de los derechos de la comunidad LGBT como parte destacada de sus esfuerzos por defender esas garantías en todo el mundo. En 2011, la entonces secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton dijo durante un discurso en Ginebra que “los derechos de los gays son derechos humanos y viceversa“. A principios de este año la Casa Blanca incluyó por primera vez la protección de los derechos de la comunidad LGBT en su estrategia formal de seguridad nacional.

El nombramiento de Berry ha sido muy bien acogido por organizaciones de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign, que ha alabado la buena disposición de John Kerry y del propio Obama en este campo. Para Chad Griffin, su presidente, supone una excelente oportunidad de reforzar desde los Estados Unidos a todas las personas y organizaciones que luchan a favor de los derechos LGTB en el mundo.“Los países que colocan a las personas de la comunidad LGBT en la mira del peligro deben saber que Estados Unidos no se hará de la vista gorda”, dijo Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

El anuncio se hace en una situación en la que se presta mayor atención a los derechos de las personas transgénero. En su primera gira como secretario de Defensa, Ash Carter dejó entrever que estaba dispuesto a aceptar a integrantes de esa comunidad en las filas de las fuerzas armadas.

El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest dijo el lunes que el presidente Barack Obama aceptó de buen grado los comentarios de Carter y está de acuerdo en que todos los estadounidenses en capacidad de servir en las fuerzas armadas deben tener la oportunidad de hacerlo.

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Aprovechando el estreno de The Imitation Game, la película biográfica sobre el héroe de la Segunda Guerra Mundial Alan Turing, se ha iniciado una campaña, en la que participa su protagonista Benedict Cumberbatch, cuyo objetivo es conseguir que el indulto que otorgó la reina Isabel II al matemático se extienda a todos aquellos que fueron condenados como él por las ominosas leyes contra la homosexualidad vigentes en el Reino Unido hasta 1967. Se estima que entre 50.000 y 70.000 hombres fueron víctimas de esa infamia, de los cuales aún habría 15.000 supervivientes.

El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II otorgó el indulto póstumo a Alan Turing, que fue condenado por realizar actividades homosexuales en 1952. Turing había contribuido de manera definitiva a la derrota del nazismo con su genio matemático, salvando miles de vidas al descifrar el código secreto de comunicación del Ejército alemán. Sin embargo, obtener el indulto no fue sencillo. Tras unas disculpas oficiales ofrecidas a Turing por el entonces primer ministro Gordon Brown en 2009, la condonación se denegaba repetidamente, ya que, en opinión de los responsables gubernamentales “Alan Turing fue debidamente condenado por lo que en aquellos tiempos se consideraba un delito”.

Finalmente, en junio de 2013 el gobierno británico, a través de Lord Ahmad of Wimbledon, anunció su cambio de opinión en la Cámara de los Lores, declarando que la iniciativa propuesta por el demoliberal Lord Sharkey de conceder un indulto oficial a Turing contaría con el apoyo de la coalición de gobierno una vez llegase a la Cámara de los Comunes. Y así, el día de Nochebuena de 2013, se promulgaba por la reina el indulto, firmado por el ministro de Justicia, en el que se declaraba que la vida del genio matemático “se vio ensombrecida por su condena por actividad homosexual, una sentencia que hoy se consideraría injusta y discriminatoria y que ahora ha sido anulada. El doctor Turing merece ser recordado y reconocido por su fantástica contribución a los esfuerzos durante la guerra y su legado a la ciencia. Un indulto de la reina es un merecido homenaje a un hombre excepcional”.

El indulto a Turing, como se puede ver, fue a título personal, por lo que no es aplicable a quienes tuvieron que sufrir su misma suerte. A todo ellos, al igual que al matemático, se les daba a elegir entre la castración química o ir a la cárcel. Turing, como es conocido, eligió lo primero y terminó suicidándose tras un año sometido a un tratamiento hormonal con estrógenos para eliminar su libido, que le causó impotencia y el crecimiento de pechos femeninos. Los condenados por aquellas execrables leyes que aún sobreviven pueden solicitar la eliminación de esas condenas de sus antecedentes. En el historial de los fallecidos, sin embargo, permanecerá esa lacra.

Iniciativa para un indulto generalizado

Por ello se ha iniciado una campaña dirigida a que el Gobierno británico otorgue un indulto generalizado a todos aquellos que sufrieron esas sentencias “que hoy se considerarían injustas y discriminatorias”, por la injusticia intrínseca de los hechos y no como un premio amargo y póstumo a quien salvó miles de vidas con su genio.

La iniciativa ha partido de, entre otros, el actor y activista abiertamente gay Stephen Fry, que inquería con elocuencia: “¿Se debía indultar a Alan Turing solo porque fue un genio? ¿Y qué ocurre con los otros entre 50.000 y 70.000 hombres que fueron encarcelados, castrados químicamente, vieron arruinadas sus vidas o cometieron efectivamente suicidio a causa de las leyes que sufrió Turing? Si hay un sentimiento generalizado de que debía ser perdonado, ¿no se debe lo mismo a todos esos hombres cuyos nombres fueron destruidos en vida, pero que todavía tienen familia? Aquella fue una ley horrible, maliciosa y espantosa que permitió tanto el chantaje como la miseria y la angustia. Turing se erige como una figura simbólica de su época, de la misma manera que lo fue Oscar Wilde, que sufrió de manera similar”.

A la iniciativa se ha sumado Benedict Cumberbatch, el actor que protagoniza la recientemente estrenada película biográfica sobre el matemático, The Imitation Game. Cumberbatch añadía a los argumentos de Fry: “Alan Turing no solo fue procesado, sino que sin duda alguna fue empujado a poner fin a su propia vida de manera temprana por una sociedad que le criminalizó por buscar el amor que merecía, como hacen todos los seres humanos”.

Chad Griffin, director de Human Rights Campaign, la mayor organización de defensa de los derechos LGTB de los Estados Unidos, se ha sumado a la campaña, aprovechando la difusión que la película está teniendo en su país tras las nominaciones a los Oscar. Griffin ha utilizado la cartelería de la película, con la imagen de Cumberbatch caracterizado de Turing, al que ha añadido el siguiente texto: “¿Cuál fue su crimen? Winston Churchill dijo que Alan Turing hizo la mayor contribución individual a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su crimen fue ser gay. Más de 49.000 hombres y mujeres homosexuales fueron perseguidos en Inglaterra bajo la misma ley. Turing fue indultado por la reina Isabel II en 2013. Los demás no. Honra a esta película. Honra a este hombre. Y honra el movimiento para traer justicia a los otros 49.000″.

Los duques de Cambridge declinan participar en la iniciativa

Quienes han declinado participar en la campaña han sido los duques de Cambrigde,  Guillermo y Catalina, a quienes Stephen Fry había invitado públicamente a sumarse en una carta abierta, dirigida al Gobierno, publicada por The Guardian. El texto decía: “Las leyes homófobas del Reino Unido hicieron intolerable la vida de generaciones de hombres homosexuales y bisexuales. Corresponde a los líderes jóvenes de hoy en día, incluyendo al duque y la duquesa de Cambridge, reconocer esta lacra en nuestra historia y no permitir que vuelva a producirse. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Su Majestad para iniciar un debate sobre la posibilidad de un indulto para todos los hombres, vivos o ya fallecidos, que fueron condenados como Alan Turing”.

El portavoz de los duques de Cambridge, sin embargo, informaba de que la pareja declinaba hacer ningún comentario al respecto por tratarse de un asunto que atañía al Gobierno.

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