La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Respect for Marriage Act (Ley del Respeto al Matrimonio), que pretende blindar el derecho al matrimonio igualitario e interracial ante una posible revisión por parte del Tribunal Supremo de las sentencias que los permitieron. La nueva ley haría obligatorio el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde fueran legales tanto por parte de la administración federal como de los estados que los hubiesen prohibido. Supone la derogación de la DOMA (Defense of Marriage), que impidió que la administración federal reconociera el matrimonio igualitario hasta la sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional su prohibición. La DOMA no puede aplicarse desde dicha sentencia, pero aún continúa en vigor. Aunque en la Cámara de Representantes varios congresistas del Partido Republicano han votado a favor de la Respect for Marriage Act, la duda estriba en si sucederá lo mismo en el Senado y se alcanzará una mayoría suficiente para evitar el bloqueo de la minoría (conocido como filibusterismo).

En la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha revertido el derecho de las mujeres y hombres gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo, el juez Clarence Thomas expresó, en su opinión concurrente al fallo, su voluntad explícita de abordar de la misma manera cualquier caso que llegue ante el Supremo y que permita reconsiderar el fallo que en 2015 hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país.

El temor a que esa voluntad fructifique en algún momento, ha hecho que se haya planteado una iniciativa legal por parte del Partido Demócrata para proteger en el ámbito federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo o interraciales, en el supuesto de que una nueva situación otorgue a los estados la posibilidad de prohibirlos. La Respect for Marriage Act recoge los mecanismos que permitirían esa protección. También supone la derogación definitiva de la DOMA, la ley que en su momento impidió el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo celebrados en los estados donde estaban permitidos. Aunque en el fallo del Tribunal Supremo sobre el famoso caso Windsor fue declarada inconstitucional y no puede aplicarse, en realidad el texto aún sigue en vigor, por lo que en una nueva situación hubiera podido volver a entrar en funcionamiento.

En realidad, si una nueva sentencia revocara la que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario y se volviera a la situación anterior, el Congreso estadounidense no podría obligar a los estados a legislar en un sentido u otro, pues invadiría sus competencias. Pero la Respect for Marriage Act sí hace exigible que todos los estados reconozcan los matrimonios celebrados legalmente en cualquier territorio, independientemente de si su legislación los permite o no. También establece que todos serán reconocidos por la administración federal.

A la iniciativa del Partido Demócrata se han sumado algunos congresistas del Partido Republicano, con lo que la nueva ley ha sido aprobada en la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso estadounidense) por una holgada mayoría de 267 votos a favor y 157 en contra. Los votos favorables se corresponden a la totalidad de congresistas demócratas (220) más 47 congresistas republicanos que se han alejado de las posiciones extremistas que hoy dominan su partido.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, era muy expresiva respecto a las intenciones de los extremistas republicanos: «Debemos actuar ahora para defender el matrimonio entre personas del mismo sexo e interracial del fanatismo y el extremismo a raíz de la decisión Dobbs [la sentencia sobre el aborto]. Con los derechos matrimoniales ahora directamente en el fuego cruzado de los republicanos, los demócratas están contraatacando con firmeza. Con una Respect for Marriage Act que marque un hito, nos aseguramos de que la igualdad matrimonial siga siendo la ley del país ahora y para las generaciones venideras».

El Senado y el filibusterismo

Para que la Respect for Marriage Act pueda entrar en vigor, necesita ser aprobada también en el Senado (la cámara alta), donde actualmente los representantes demócratas y republicanos cuentan con el mismo número de senadores (50). El voto decisivo en una situación de empate lo tendría la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, es previsible que la situación se complique, dada la capacidad de un senador o grupo de senadores de ejercer el denominado «filibusterismo», maniobra parlamentaria que consiste en la prolongación indefinida del debate. Esto hace imposible que una ley se apruebe a no ser que cuente con una mayoría reforzada de 60 senadores. En este momento, solamente la aprobación de los presupuestos y la ratificación de nombramientos judiciales pueden aprobarse por una mayoría menor de 60 senadores sin que el filibusterismo lo impida.

Eso supone que a los 50 senadores demócratas deberán unirse 10 republicanos para impedir que el más que probable filibusterismo de los extremistas de su partido agote las posibilidades de aprobación de la ley. Algo que no parece fácil en el actual contexto político estadounidense.

La obsesión del juez Clarence Thomas

Ya en su opinión particular discrepante en el caso Obergefell v. Hodges (la sentencia sobre el matrimonio igualitario que lleva el nombre de una de las parejas demandantes), el juez Clarence Thomas insistió en que el derecho al matrimonio era una cuestión política y no judicial, por lo que los estados deberían tener la última palabra al respecto. También expresó su pesar por lo que, según su criterio, suponía de desprecio a la libertad religiosa. Pero llegaba aún más lejos, al negar que la desigualdad derechos civiles suponga una pérdida de su dignidad para los afectados. Estas fueron las palabras del único miembro afroamericano del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: «El corolario de este principio es que la dignidad humana no puede ser socavada por el gobierno. Los esclavos no perdieron su dignidad (más de lo que pierden su humanidad) porque el gobierno permitiera que fueran esclavizados. Los detenidos en campos de internamiento no perdieron su dignidad porque el gobierno les confinara allí. Y a quienes les niegan beneficios gubernamentales ciertamente no pierden su dignidad porque el gobierno se los niegue. El gobierno no puede conceder la dignidad, y no la puede quitar».

En 2020, cuando el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite el recurso de Kim Davis (la funcionaria que se convirtió en heroína del movimiento homófobo tras ingresar en prisión por desobedecer la orden de emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo), el juez Thomas volvió a arremeter contra el matrimonio igualitario. En su opinión discrepante, afirmaba que la sentencia que instauró el matrimonio igualitario en todo el país «amenaza la libertad religiosa de muchos estadounidenses que creen que el matrimonio es una institución sagrada entre un hombre y una mujer». También calificaba a Kim Davis como «una de las primeras víctimas» de la supuesta persecución a la libertad de religión que consagró la aprobación del matrimonio igualitario e instaba al Tribunal Supremo a revisar la histórica sentencia para que prevalezca el derecho a la libertad religiosa (protegido por la Primera Enmienda) frente al derecho a contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo.

Finalmente, el juez Thomas ha aprovechado la reciente sentencia sobre al aborto para expresar, en su opinión concurrente, su oposición al derecho al debido proceso protegido por la 14ª enmienda de la Constitución tal como se ha entendido en determinadas sentencias del alto tribunal. Efectivamente, tanto el matrimonio igualitario como el aborto, junto a otras cuestiones que han sido legalizadas para todo el país por el Tribunal Supremo, han sido consideradas protegidas por la Constitución en sucesivas sentencias no porque el texto de esta haga mención expresa a ellas, sino porque se consideran amparadas por su 14ª enmienda, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos al «debido proceso» y a la protección igualitaria de sus derechos con independencia de la jurisdicción en la que residan. En su alegato, el magistrado cita específicamente los casos Griswold v. Connecticut de 1965 (derecho a obtener anticonceptivos); Lawrence v. Texas de 2003 (derecho a realizar actos sexuales privados y consentidos, que supuso la despenalización de la homosexualidad); y Obergefell v. Hodges, de 2015 (derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo). Según el juez Thomas, «en casos futuros, deberíamos reconsiderar todos los precedentes del debido proceso sustantivo de este Tribunal, incluyendo Griswold, Lawrence y Obergefell, debido a que cualquier decisión sobre el debido proceso sustantivo es ‘demostrablemente errónea’».

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, por 224 votos a favor (tres de ellos de representantes republicanos, el resto demócratas) y 206 en contra (todos republicanos) la Ley de Igualdad («Equality Act»), una ley que consagra el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en ese país, y lo que es más importante, modifica una serie de importantes leyes para garantizar su implementación práctica en materia de empleo, vivienda, crédito, educación o servicios públicos. La ley, cuya aprobación definitiva se consideraría histórica, queda pendiente de lo que suceda ahora en el Senado, donde los demócratas disponen de una mayoría muy justa, lo que les obligará, si realmente quieren aprobar la ley, a activar la denominada «opción nuclear» en materia legislativa para permitir la aprobación por un solo voto de diferencia.

Hacía años que la situación política en Estados Unidos no era tan favorable a la aprobación de leyes en favor de los derechos LGTBI: con un presidente y una vicepresidenta recién elegidos dispuestos a promoverlas (y sobre todo a no vetarlas) y una mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso. Hay que remontarse a los dos primeros años de presidencia de Barack Obama para encontrar un escenario así, con la diferencia que  por aquel entonces Obama no estaba tan comprometido con los derechos LGTBI como sí lo están ahora Joe Biden y Kamala Harris. De hecho, bajo la presidencia de Obama el primer intento de sacar adelante una ley de este tipo no tuvo lugar hasta 2015, año en el que los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. No fue, de hecho, hasta mayo de 2019 cuando la Equality Act obtuvo por primera vez el respaldo de la Cámara de Representantes, ya bajo control demócrata, pero el dominio republicano del Senado hizo imposible su aprobación definitiva. Sobra decir que el proyecto contaba además con la oposición del entonces presidente, Donald Trump.

Una situación que ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones presidenciales y legislativas del pasado noviembre. Sin embargo, solo hay garantías de un escenario favorable durante dos años más: en noviembre de 2022 volverán a celebrarse elecciones legislativas y se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese momento, los republicanos pueden hacerse de nuevo con el control de alguna o de las dos cámaras, cerrando de nuevo la vía legislativa en lo que al avance de los derechos LGTBI se refiere.

Por eso es tan importante que la Equality Act se apruebe cuanto antes. Una ley que consagrará el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en todos aquellos aspectos que dependen del nivel federal de la administración, algo que hasta la fecha ha sido imposible por vía legislativa, siendo los tribunales los que de una forma u otra han impulsado (o frenado) dicho principio. El ejemplo más reciente, en esta ocasión en un sentido favorable, tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género por 6 votos contra 3.

Si la Equality Act es aprobada por el Senado y el presidente Joe Biden la rubrica, este principio se hará extensivo no solo al trabajo, sino a otros aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el crédito bancario, la educación, el uso de espacios públicos, la prestación de servicios públicos, el desarrollo de programas financiados con fondos federales o la institución del jurado. Para ello, la ley detalla en su articulado una serie de reformas a leyes ya vigentes, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley de Selección y Servicios de Jurado y varias leyes relacionadas con el empleo dependiente o relacionado con la administración federal. La ley también será de aplicación en aspectos relacionados con el servicio prestado por tiendas minoristas y otros servicios privados regulados por la reglamentación federal. Puedes acceder al texto del proyecto de ley en este enlace.

¿De qué depende la aprobación por el Senado?

Una vez que la Equality Act ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, es ahora el turno del Senado, donde demócratas y republicanos están empatados a 50 senadores cada uno. Los demócratas cuentan, eso sí, con el voto de calidad de la presidenta del Senado, capaz de deshacer el empate, y que no es otra que la vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, no es todo tan sencillo. La actual reglamentación del Senado obliga a que, para cerrar el trámite de una nueva ley, el proyecto en discusión cuente con una mayoría de 60 votos, no de 50+1. Mientras no se disponga de dicha mayoría, los que se oponen a la ley pueden prolongar sine die la discusión (mecanismo conocido como «filibusterismo»). El Senado puede modificar dicha reglamentación por 50+1 votos, pero en este caso sería necesario el voto unánime de todos los demócratas, algo que hoy por hoy no parece asegurado (hay al menos dos senadores demócratas, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, que se oponen a derogar la norma procedimental que permitiría a los republicanos ejercer el filibusterismo.

En próximas semanas veremos hasta qué punto las convicciones de los demócratas son suficientemente sólidas en materia de igualdad como para poner fin al filibusterismo legislativo, dado que parece altamente improbable que diez senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar la Equality Act por 60 votos. Cabe recordar, en este sentido, que los republicanos no tuvieron problema alguno en activar en 2017 la «opción nuclear» y poner fin a la posibilidad de filibusterismo cuando de elegir a los jueces del Tribunal Supremo propuestos por Donald Trump se trató. Y ya antes, en 2013, los propios demócratas habían hecho lo mismo con la confirmación por el Senado de otros nombramientos judiciales.

De lo que no cabe duda es de que si la Equality Act es aprobada por el Congreso, Joe Biden la firmará. Así lo dejaba muy claro en su perfil de Twitter, en el que el presidente de Estados Unidos animaba a los senadores a aprobar la ley haciendo alusión al aspecto sobre el que más ruido están haciendo sus opositores: los derechos de las personas trans (¿nos suena en España, verdad?). «Los derechos trans son derechos humanos, y la Cámara de Representantes lo ha dejado claro hoy aprobando la Equality Act. Es la hora de que el Senado haga lo mismo», tuiteaba Biden:

Transgender rights are human rights — and the House made that clear today by passing the Equality Act.

Now it's time for the Senate to do the same.

— President Biden (@POTUS) February 26, 2021

Fuente Dosmanzanas

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