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La policía ugandesa arresta a veinte personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar

Miércoles, 8 de abril de 2020

uganda-1758988_960_720Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Solicitantes de asilo LGBT deportados ilegalmente por el Reino Unido ‘violados en grupo’ en Uganda

Jueves, 1 de agosto de 2019

171103-Woodruff-Ugandan-lesbian-refugee-hero__bm5tlrUna mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresará al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La joven de 26 años llegó al Reino Unido en 2011 y presentó una solicitud de asilo sobre la base de su sexualidad. Su solicitud fue rechazada en 2013 y fue deportada rápidamente bajo el sistema de detención acelerada del Ministerio del Interior, que se cerró en 2015 después de que el Tribunal Supremo dictaminara que era “estructuralmente injusto”.

Tras una apelación, un juez dictaminó que la PN debía ser devuelta al Reino Unido, ya que las dos semanas que se le habían concedido en el marco del sistema de vía rápida para luchar contra su caso no eran suficientes. El gobierno está apelando la decisión.

En los seis años que ha pasado en Uganda, PN ha dado a luz a un niño que, según ella, es el resultado de una violenta violación en grupo. “Una noche estaba durmiendo, la gente vino, golpearon la puerta, robaron todo y me violaron. Estaba sola en la habitación”, le dijo a The Independent. “No pude decírselo a la policía porque no quiero que sepan quién soy.”

Después de huir de su casa y mudarse a un nuevo lugar, PN le pidió a un médico que interrumpiera su embarazo, pero se le dijo que podría perder la vida durante el procedimiento.

PN dijo que tenía 17 años cuando huyó por primera vez al Reino Unido después de que su abuela fuera asesinada a causa de su sexualidad. “Me quedaba con mi abuela y la gente conocía mi sexualidad, así que me hacían daño a mí y a la chica con la que estaba. Luego le quitaron la vida a mi abuela porque me conocían”, dijo. “Murió a causa de mi sexualidad. Me buscaban y yo me escapé y encontraron a mi abuela allí en nuestra casa, cuando regresé mi abuela estaba acostada, muerta”.

corrective-rapeDesde que regresó a Uganda, PN dijo que ha quedado aterrorizada de que la misma gente la encuentre. Durante su estancia en Uganda ha sido apoyada financieramente por el grupo Movement for Justice, con sede en el Reino Unido, y emocionalmente por la organización benéfica Sexual Minorities Uganda.

Karen Doyle, organizadora nacional del Movimiento por la Justicia, dijo a The Independent que el sistema de vía rápida que vio a PN deportado es un “escándalo a la par de Windrush. “Miles de solicitantes de asilo que fueron sometidos a un proceso injusto y que ahora mismo podrían estar viviendo con miedo, encarcelados o asesinados”, dijo Doyle.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Protesters-outside-Uganda-009-460x214Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Una mujer de Uganda «renuncia» a su condición de lesbiana en televisión y una activista replica que «la religión es un veneno»

Jueves, 2 de agosto de 2018

hqdefaultLa declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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Activistas LGTB ugandeses plantan cara para celebrar el Orgullo 2018

Jueves, 5 de abril de 2018

uganda-1758988_960_720Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.

En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.

No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.

Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.

No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.

La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión

presidente-uganda-castiga-homosexualidad-perpetua_ediima20140224_0627_4Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidada finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.

Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.

Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.

Objetivo: Orgullo 2018

Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.

Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.

El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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El Lehendakari Urkullu reafirma el compromiso del Gobierno Vasco contra la “discriminación” del colectivo LGTBI

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

20171211191840_rene-cassin-2017-efe_foto610x342El Gobierno Vasco reconoce con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, recogía este lunes el Premio René Cassin 2017de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización vasca Ortzadar LGTB fue la que propuso en su momento la candidatura de Sexual Minorities Uganda, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el continente africano, a pesar de las amenazas y la persecución a la que tienen que hacer frente con frecuencia los activistas que se integran en ella (especialmente en Uganda). La entrega del galardón se enmarcaba en los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado domingo 10 de diciembre. Mugisha ha denunciado que “sufrimos discriminación social e institucional. Solo por ser gay, en Uganda puedes ser arrestado y encarcelado”. Por ello, el activista añade que están comprometidos a “no parar hasta lograr la igualdad”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmado este lunes, con motivo de la entrega del ‘Premio René Cassin 2017‘ a la ONG Sexual Minorities Uganda, el compromiso del Gobierno Vasco con la lucha contra la “discriminación” por razón de identidad de género y orientación sexual. “Con este premio reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África; Euskadi hoy se hermana con todas ellas y muestra su empatía”decía el lehendakari, Iñigo Urkullu, al entregar el Premio René Cassin 2017 a Sexual Minorities Uganda. A la cita celebrada en Lehendakaritza (sede de la presidencia de Euskadi), asistieron todos los consejeros del Gobierno Vasco, además del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

El activista trans Víctor Mukasa fue el promotor en 2004 de Sexual Minorities Uganda. Actualmente, la organización está formada por 18 asociaciones que luchan contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Uganda y en el resto del continente africano. El director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha (que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz), recogía el mencionado galardón, acompañado de Diane Sydney Bakuraira (también miembro de la entidad premiada).

Urkullu ha presidido la ceremonia de entrega de este galardón del Gobierno autonómico a Sexual Minorities Uganda, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI en África.

El jurado del ‘Premio René Cassin‘, con el que el Ejecutivo reconoce cada año la labor de personas y entidades en el ámbito de los derechos humanos, ha destacado el trabajo esta organización para denunciar de la situación de la comunidad LGTBI en algunos países de África y en Uganda, en particular, y su defensa del respeto de los derechos de estas personas.

En su intervención, Urkullu ha explicado que este galardón supone un reconocimiento del trabajo de “todas las personas que luchan por la igualdad y el derecho a la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.

 “Realidad invisible”

El lehendakari ha reafirmado “la empatía, la solidaridad y el compromiso” del Gobierno Vasco con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Además, ha mostrado su reconocimiento por la labor que desarrolla Sexual Minorities Uganda para “dar a conocer una realidad que les resulta invisible, desconocida o lejana” a muchas personas.

Urkullu ha recordado que los integrantes de esta organización trabajan en unas condiciones muy “complicadas”, dado que, en países como Uganda, “la diversidad sexual es un delito penado con cadena perpetua”.

El lehendakari ha recordado que el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Dicho artículo añade que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Historia de la ONG

La ONG Sexual Minorities Uganda se fundó en 2004 por el activista transgénero Victor Mukasa, y está integrada por 18 organizaciones de distinto signo, que luchan por el reconocimiento y el respeto de la dignidad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

La situación de las personas LGTBI en algunos países de África es especialmente dramática. En muchos países están perseguidas penalmente, incluso -como en el caso de Uganda- con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Sexual Minorities Uganda brinda espacios seguros a las personas LGBTI; promueve iniciativas vinculadas a su empoderamiento afectivo e identitario; asesora frente a las enfermedades de transmisión sexual; y trabaja en el ámbito de los medios de comunicación y la denuncia social.

El premio ha sido recogido por el director ejecutivo de la entidad, Frank Mugisha, que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Mugisha ha estado acompañado por Diane Sydney Bakuraira, perteneciente también a Sexual Minorities Uganda.

El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno Vasco con el fin de “reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los valores de los derechos humanos en la sociedad”. El premio es un homenaje a René Cassin, nacido en Bayona en 1887, y al que se le considera el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente EiTB, Portal Irekia del Gobierno Vasco, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

El Orgullo Gay de Uganda, aplazado tras amenazas del Gobierno

Martes, 9 de agosto de 2016

28064_represion-violenta-manifestacion-ugandaLos organizadores de la Gay Pride de Kampala anunciaron el viernes el “aplazamiento” del evento y afirmaron que el ministro de la Ética de Uganda, país notoriamente homófobo, había amenazado con detener a todos los participantes.

Estamos habituados a relacionar el Orgullo LGTB con lo lúdico. Como un evento activista y concienciado que está envuelto en festividad y alegría. Una concepción que compartimos con otros países occidentales pero que está a años luz de como se vive en otras regiones donde el Orgullo LGTB se relaciona con agresiones, prohibición y silencio. Este es el caso de países como Rusia, Turquía, Serbia… y Uganda donde este pasado fin de semana la celebración del Orgullo LGTB ha terminado con quince detenidos.

Como ya publicamos el pasado sábado, el intento de celebración el Gay Pride en la capital ugandesa ha vuelto a sufrir un nuevo revés. Después de que el pasado viernes una veintena de personas que asistían a un desfile de moda fueran detenidas, la organización de este acto reivindicativo han tenido que aplazar, sin apuntar a ninguna otra fecha futura . La celebración del Orgullo LGTB de Uganda ha terminado con fuertes medidas policiales. Los cuerpos de seguridad ugandeses han arruinado el evento al detener durante una redada en un club nocturno a quince personas a las que han acusado de reunirse de forma clandestina para promover la homosexualidad. En Uganda, donde la homosexualidad todavía es ilegal, la celebración del Orgullo ha terminado una vez más con varios activistas entre rejas. Así lo ha declarado Clare Byaruhanga, activista LGTB, que ha declarado a la agencia Reuters que la policía del país entró por la fuerza en una fiesta que se estaba celebrando en un club de Kampala y ha acusado a los organizadores del evento de promover la homosexualidad. Las fuerzas de seguridad trasladaron a los detenidos a una Comisaría cercana al club, donde pasaron unas dos horas retenidos hasta que fueron puestos en libertad sin cargos. Sin embargo, Byaruhanga ha denunciado que los quince arrestados sufrieron insultos y burlas durante la detención, y que el personal de seguridad intentó “averiguar si los individuos transgénero eran realmente mujeres u hombres en un proceso que fue muy degradante”.

orgullo_gay_ugandaEl pasado jueves, 4 de agosto por la noche durante el tercer día de celebración del Orgullo LGTB ugandés, la policía interrumpió la celebración del Orgullo LGTB en Kampala, la capital ugandesa, llevando a cabo una redada en el Club Venom. El evento que tenía lugar en ese momento era la coronación de Mr./Ms./Mx. Uganda Pride, el cual fue interrumpido por la redada de la policía. Los asistentes permanecieron retenidos en el local durante aproximadamente hora y media, tiempo durante el cual fueron golpeados y sometidos a humillaciones. Además, se les hicieron fotografías y se les amenazó con difundirlas públicamente (algo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores en ese país, como cuando acción el tabloide Red Pepper dio a conocer 200 nombres de personas LGTB o que apoyaban sus derechos). Algunos testigos aseguran que el trato fue mucho más cruel hacia las personas transexuales. La tensión del momento fue tal que un joven saltó desde un sexto piso con la intención de escapar de la policía. Se encuentra hospitalizado en estado grave.

Al menos 16 personas fueron finalmente detenidas y llevadas a comisaría. Entre los detenidos se encuentran activistas del país como Frank Mugisha y Pepe Julian Onziema, dirigentes de la organización Sexual Minorities Uganda (SMUG) y Clare Byarugaba de Chapter Four Uganda, organización ugandesa a favor de los derechos humanos que lucha contra de la legislación homófoba del país.  Entrada la noche, alrededor de la 1:20 de la madrugada, los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.

Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rigths Watch, han denunciado estas actuaciones policiales, mostrando que los cuerpos de seguridad están para proteger el derecho a la asociación pacífica y asamblea de cualquier ciudadano, y no para violar estos derechos. Por su parte, la policía se defiende alegando que no se les había informado de la celebración de este acto y que creían que se estaba celebrando una boda homosexual, lo cual violaría las leyes homófobas del país. Los organizadores del evento aseguran que sí se les había informado debidamente, al igual que de los actos celebrados en días anteriores, en los que no tuvo lugar ningún tipo de incidente.

“En tanto que comité, decidimos postergar los eventos restantes”, previstos el sábado y domingo, indicaron los organizadores, que se mostraron optimistas acerca de las actuales negociaciones con “altos responsables del gobierno”. “Comunicaremos las nuevas fechas en cuanto hayan concluido las negociaciones”, precisaron.

La decisión fue adoptada después de una reunión del abogado de los organizadores, Nicholas Opiyo, con el ministro de la Ética, Simon Lokodo, y un representante de la policía.

31804_uganda-pride-2015El letrado aseguró que el ministro ordenó la anulación de las actividades y les advirtió de que si se celebraban la policía detendría a todos los participantes y serían movilizados ciudadanos para “defender los valores morales de Uganda”.

El ministro, que no reaccionó por el momento a estas afirmaciones, habría declarado que “si los participantes fueran golpeados, ellos tendrían toda la culpa”, según Opiyo.

La homofobia está muy extendida en Uganda. Acosos e intimidaciones a los homosexuales son corrientes en este país donde se desarrolla un cristianismo evangelista muy beligerante contra el movimiento LGBT.

La comunidad internacional ha vertido duras críticas al endurecimiento de las políticas en el país. Y es que Uganda ha aprobado una ley antigay que incluye la cadena perpetua como una de las penas establecidas para impedir la homosexualidad. Sin embargo, el Tribunal Constitución derogó la legislación alegando dificultades legales.

A pesar de las amenazas de los parlamentarios, que han advertido de que la ley podría volver a ser aprobada, los analistas han indicado a Reuters que la presión ejercida por la comunidad internacional frenará cualquier propuesta similar. 

Una comunidad que no se puede esconder entre excusas y subterfugios. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias.

Uganda, donde las relaciones llamadas “contra natura” son castigadas con cadena perpetua por una ley de la época de la colonización británica, adoptó en diciembre de 2013 una nueva legislación que reprime sobre todo la “promoción de la homosexualidad” y vuelve obligatoria la denuncia de homosexuales.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Agencias/Cáscara amarga/Dosmanzanas/Redacción Chueca

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El Parlamento de Uganda aprueba la ley que controlará las ONG y permitirá disolver las asociaciones LGTB

Sábado, 5 de diciembre de 2015

uganda_parliament_-_the_east_african_0El Parlamento ugandés ha aprobado por unanimidad una ley que permitirá al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o que luchan contra la propagación del VIH. La ley también establece penas de prisión para quienes prosigan con la labor de las organizaciones que no hayan obtenido la autorización gubernamental. Las asociaciones LGTB temen convertirse en el principal objetivo de la nueva normativa, mientras pende sobre el colectivo la amenaza de una nueva ley que endurecerá el trato penal de la homosexualidad, tras la finalmente infructuosa aprobación de la anterior, anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley había sido presentado a principios de año, y finalmente ha sido aprobado el pasado 26 de noviembre con el voto unánime del Parlamento. Todas las ONG o asociaciones comunitarias deberán obtener permiso para constituirse, que podrá ser denegado por el Gobierno si decide que el grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin queda sin definir.

La ley también otorga poder a la administración para disolver ONG existentes, si se estima que son contrarias a ese “interés público” indefinido o son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Los dirigentes o miembros de las ONG que no hayan obtenido autorización o hayan sido disueltas podrán ser castigados con penas de prisión si continúan con su labor.

Según Ruth Nankabirwa, jefa del grupo parlamentario del partido gubernamental, el objetivo de la nueva ley es “ayudar a que las ONG trabajen en un entorno mejor, ya que, como gobierno, apreciamos el trabajo que hacen estas organizaciones. El proyecto de ley capacita a las ONG en lugar de restringir sus actividades“.

Los miembros de las ONG y asociaciones comunitarias, sin embargo, expresan su más honda preocupación, temiendo que la ley se utilice para censurar a organizaciones que denuncien problemas como la corrupción o la pobreza. Para Human Rights Watch, “la vaguedad e imprecisión del texto hace vulnerables a las ONG y las incitará a la autocensura por temor a no cumplir con los requisitos”. Nicholas Opiyo, director de la organización de defensa de las libertades civiles Chapter Four, estima que la aprobación de la ley “ataca el corazón mismo de la formación de organizaciones cívicas, restringe el espacio cívico y el derecho de asociación”. Para Peter Kamalingin, director de la ONG Oxfam Uganda, la nueva ley socava la causa misma por la que existimos y la causa misma por la que seguimos comprometidos, en cuanto a la superación de la injusticia y la pobreza”.

Quienes están particularmente preocupados con su aplicación son los miembros de ONG y asociaciones de defensa de los derechos LGTB o de lucha contra la propagación del VIH, que temen ser su principal objetivo. Kikonyogo Kivumbi, representante de las minorías sexuales de Uganda que están en alto riesgo de contraer VIH, advertía durante el proceso de aprobación que “el proyecto de ley hará que las organizaciones LGBTI y de trabajadores del sexo vean cerrados sus centros y que sus dirigentes sean encarcelados. Esto pone en peligro no solo a ellos y a sus comunidades, sino a la población de Uganda en general”.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

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Sentencia de culpabilidad para el entrenador de fútbol ugandés acusado por sodomía

Viernes, 11 de septiembre de 2015

Uganda-Red-Pepper-OutingUn tribunal de Kampala ha emitido veredicto de culpabilidad contra Chris Mubiru, exentrenador del equipo de fútbol Sports Club Villa de la capital ugandesa y de la selección nacional, por un delito de “sodomía”. La pena, que se dará a conocer en los próximos días, podría ser de cadena perpetua según el Codigo Penal vigente en Uganda.

El caso,  se remonta a 2012, cuando el infame tabloide Red Pepper publicó unas fotografías de Mubiru manteniendo supuestamente relaciones sexuales con uno de sus jugadores. Bajo el titular “Smoked Out” (“Al descubierto”), el tabloide se jactaba en portada de haber “pillado” al entrenador “sodomizando a jugadores”. En el interior, más imágenes con textos describiendo las escenas de la forma más homófoba, destinados claramente a incendiar la opinión pública. Recordamos que en enero de 2011 fue asesinado el activista gay David Kato (su asesino fue condenado a 30 años de cárcel, una de las pocas noticias positivas que nos han llegado de aquel país). Kato era uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (una publicación local), acompañados del titular “Hang Them” (“a la Horca”).

Un año más tarde de la aparición de las fotos en Red Pepper, Mubiru fue detenido. La policía alegó que no pudo arrestar al entrenador en su momento por no hallarse en el país. Una vez detenido, y tras cuatro horas de interrogatorio, el acusado siguió negando repetidamente ser quien aparece en las fotos y vídeos que el tabloide hizo llegar a las fuerzas de seguridad. Los portavoces policiales instaron a cualquiera que pudiera tener acusaciones contra el entrenador a presentar la correspondiente denuncia, en busca de testigos que sostengan sus acusaciones.

Algún tiempo después comenzaba el proceso contra Mubiru por “conocimiento carnal” del futbolista Emmanuel Nyanzi. Las pruebas presentadas por la acusación habrían sido, al parecer, cremas dermatológicas y analgésicos localizados por la policía en el domicilio del entrenador. La fiscalía da por hecho que este drogó a su presunta víctima y utilizó ambos productos para facilitar los supuestos encuentros sexuales. Este habría sido además sometido a la tortura de los “exámenes anales” para determinar su posible homosexualidad. El tribunal exoneró a Mubiru de los cargos por sodomía con otro hombre, George Oundo, porque el acto habría tenido lugar con consentimiento mutuo. Con todo, el condenado se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua, que se dará a conocer el próximo día 18 de septiembre.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se puso en marcha otra iniciativa el año pasado para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

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Un proyecto de ley para controlar a las ONG podría prohibir las asociaciones LGTB en Uganda

Viernes, 24 de abril de 2015

uganda_gay_rightsUna nueva iniciativa legislativa podría volver a poner en el punto de mira a la comunidad LGTB de Uganda. El Gobierno presidido por Yoweri Museveni ha presentado un proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, con su redacción actual, podría suponer la disolución de cualquier grupo de lucha por los derechos LGTB o de lucha contra el VIH.

Cada pocos meses, la homofobia de Estado revive en Uganda. En esta ocasión de manera indirecta, por medio de una iniciativa destinada a dotar de poderes al ministerio del Interior para “supervisar, aprobar, inspeccionar y disolver” cualquier ONG o asociación comunitaria. Los criterios para prohibir una organización son que sus actividades sean contrarias al Gobierno o a “la dignidad del pueblo de Uganda”. Si el Parlamento aprueba la ley, cualquier asociación deberá pedir permiso para constituirse; la autorización podrá ser denegada si el ministerio opina que la formación del grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin definir.

Una formulación vaga cuya interpretación podría abrir perfectamente una vía legal para perseguir y castigar con penas de hasta ocho años de prisión a los dirigentes de organizaciones LGTB, entre otras, que no se disuelvan si no cuentan con el permiso gubernamental. Así lo ha denunciado Human Rights Watch (HRW), quienes alertan de que la nueva ley podría “negar la misma esencia de la libertad de asociación y expresión”. HRW explica que las ONG pro derechos humanos y contra la corrupción se encuentran cada vez con más dificultades para llevar a cabo su trabajo, y que la aprobación de esta iniciativa haría imposible esta tarea. Desde Sexual Minorities Uganda (SMUG) también temen que este “peligroso” proyecto los dejaría “sin ninguna oportunidad de continuar su labor y su activismo.

Y esta es la situación del “paraíso” ugandés …

Y es que, como casi todo el mundo conoce, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda es terrible y, además, se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad; una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

 

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Alemania amenaza con expulsar a dos refugiados ugandeses, uno gay y otra lesbiana, argumentando que Uganda “ya los protege”

Martes, 17 de febrero de 2015

media.media.55f9edf7-f957-404a-b3a9-b3aaed5e5fab.normalizedUna noticia indignante  que nos llega de Alemania. Kyabangi y Sekulima, dos jóvenes homosexuales procedentes de Uganda y que llevan cerca de cuatro años viviendo en Múnich, podrían ser expulsados después de que sus solicitudes de asilo hayan sido denegadas. ¿El motivo? Que las autoridades alemanas consideran, contra toda evidencia de la espantosa realidad que viven las personas LGTB, que el Gobierno ugandés protege a las personas LGTB.

Las historias de estos dos refugiados son similares, en su dureza, a las de muchos jóvenes LGTB en Uganda. Kyabangi, de 35 años, nació en una localidad cercana a Kampala. Su primera novia fue asesinada en plena calle, solo por ser lesbiana. Para evitar un matrimonio forzoso exigido por la mayoría de su entorno social y familiar, la joven huyó a la capital ugandesa. Allí, tras un periodo breve de calma, su homosexualidad salió a la luz y comenzó la pesadilla: chantajes, pérdida de su negocio y su domicilio y la humillación de encontrarse su imagen por todo el barrio impresa en panfletos con su nombre y la palabra “sodomía”. Gracias a la ayuda de una comunidad religiosa, Kyabangi consiguió un pasaporte y pudo huir del país en verano de 2011.

Sekulima, el otro joven amenazado de expulsión, tiene 30 años y gozaba de una buena posición social en Uganda como jefe de control de calidad de una empresa de equipamiento médico. Cuando su superior se enteró de su homosexualidad, fue despedido sin más contemplaciones. La noticia se difundió y Sekulima fue víctima de dos ataques violentos: lo golpearon en la mandíbula y lo apuñalaron en el costado. Temiendo que la próxima agresión le costara la vida, logró huir a Alemania y en el centro para refugiados de Múnich conoció e hizo amistad con Kyabangi.

Ambos refugiados tardaron un tiempo en poder explicar el motivo de su solicitud de asilo debido a las terribles experiencias sufridas en Uganda. Pero con el tiempo y la ayuda de los voluntarios de las organizaciones LGTB muniquesas Sub y LeTRa, consiguen integrarse en su nuevo país, aprender el idioma y hacer amigos, e incluso participar en los principales eventos LGTB de la ciudad. Sekulima planea estudiar ingeniería biomédica y Kyabangi, formarse como electricista. Unos proyectos de futuro que ahora podrían truncarse por la decisión de la Agencia Federal de Migración y Refugiados (BAMF) de devolverlos a Uganda; país donde, en contra del erróneo criterio de la BAMF, corren peligro de muerte.

La decisión puede, sin embargo, ser recurrida ante la justicia y los jóvenes cuentan para ello con el apoyo legal y económico de Sub y LeTRa. A esta posibilidad se agarra Sekulima, que por lo demás, se encuentra consternado. “En Holanda y en Finlandia han reconocido como perseguidos a varios amigos gays. Y cuando los políticos alemanes viajan a Uganda, condenan la discriminación. Pero a nosotros nos dicen: no hay ningún problema”. El joven lo tiene claro: “No quiero vivir más como un animal. No me quiero esconder más. Para eso, mejor morir”.

Y esta es la situación del “paraíso” ugandés …

Y es que, como casi todo el mundo conoce, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda es terrible y, además, se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad; una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. El ejemplo más reciente de esta situación, de los numerosos que desgraciadamente existen, lo recogíamos hace apenas dos semanas.

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Uganda: intento de linchamiento de nueve hombres homosexuales, posteriormente detenidos y torturados

Lunes, 2 de febrero de 2015

uganda_gay_rightsSegún denuncian asociaciones de defensa de los derechos humanos, nueve hombres homosexuales han sido detenidos en Uganda tras ser perseguidos por una horda de homófobos que pretendían lincharlos. La policía, con la excusa de salvarlos del ataque, procedió a su arresto oficial y a someterlos a la infame tortura de los exámenes anales, con los que pretendían demostrar su homosexualidad. Tras cinco días de encarcelamiento y maltrato, los nueve hombres fueron finalmente puestos en libertad, pero sus vidas corren grave peligro al verse obligados a regresar a sus domicilios, por lo que las asociaciones de derechos humanos buscan desesperadamente fondos para poder encontrarles un refugio seguro.

Rainbow Health Foundation es una organización que en Uganda provee de recursos médicos a hombres que mantienen sexo con hombres. Según sus responsables, el pasado 15 de enero el equipo de detección de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) de la fundación ofrecía sus servicios en un hospital, como parte de un programa auspiciado por el ayuntamiento, por el que se trataba de ofrecer asistencia a jóvenes del entorno rural.

Algunos de los jóvenes que se habían sometido a las pruebas de ETS aprovecharon el viaje a la ciudad para visitar a un amigo, sin sospechar que eran seguidos por un grupo de fanáticos que decidieron darles caza, al parecer provenientes de su mismo lugar de origen. El grupo irrumpió en la casa donde estaban de visita y atacaron a los allí presentes. Pero la policía, al parecer alertada de que se preparaba una “caza” de homosexuales, había seguido al grupo homófobo y entró en el domicilio logrando poner a los jóvenes a salvo.

Según Dismus Aine Kevin, director de Rainbow Health Foundation , una vez que los jóvenes habían sido conducidos a las dependencias policiales, una multitud creciente se agolpó en el exterior gritando “no tengáis misericordia con ellos”. Dismus Aine afirma que “la turba enfurecida dejaba claro que deseaba derribar las puertas de la comisaría”. La situación llegó al extremo de que la policía decidió trasladarles a sus oficinas centrales, tras solicitar refuerzos, pues la multitud furiosa no paraba de crecer “por minutos”.

Allí, los jóvenes fueron conducidos a celdas, donde pasaron la noche. Rainbow Health Foundation solicitó el apoyo legal de la organización Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), que provee de defensa a quienes pertenecen a minorías marginadas. Los miembros de HRAPF acudieron al día siguiente a comisaría para negociar la puesta en libertad de los jóvenes, sin obtener éxito alguno. La policía les informó de que los nueve iban a ser detenidos oficialmente por practicar la sodomía, y que les mantendrían encarcelados hasta que concluyera la investigación.

Desde Rainbow Health Foundation trataron de apelar a los responsables del ayuntamiento, con quienes habían acordado su programa de atención, y fueron recibidos por el alcalde. No solo no hubo ninguna colaboración por su parte, sino que, tras confirmar los hechos, el alcalde les espetó que hubiera deseado “que hubieran matado al menos a dos de ellos para que los demás aprendieran la lección”.

El sábado 17 de enero, finalmente, Dismus Aine Kevin logró el permiso para visitar a los nueve jóvenes detenidos. Según su testimonio, “habían sido torturados y atormentados pero seguían aguantando. Hicimos algunas bromas para poner una sonrisa en sus caras. Hacía daño verlos a todos tan indefensos. Les habían sometido a un examen médico, incluido un examen anal y a preguntas sobre su sexualidad”. Los exámenes anales son considerados una inequívoca forma de tortura y degradación, además de no tener ningún sentido desde el punto de vista científico.

El equipo legal de HRAPF siguió presionando para obtener la libertad de los jóvenes, hecho que se produjo el pasado día 20, aunque aún deben presentarse periódicamente en las dependencias policiales. Sin embargo, desde Rainbow Health Foundation alertan de que los jóvenes, debido a su falta de medios económicos, han tenido que volver a su población de origen, donde también residen los fanáticos que intentaron su linchamiento. Por ello, están solicitando la provisión de fondos para que puedan encontrar un refugio seguro. Asimismo, han requerido a los medios que no revelen en sus noticias datos como el lugar donde se desarrollaron los hechos o el de residencia de las víctimas, por evidentes motivos de seguridad.

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad.

Fuente Dosmanzanas

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Uganda: un tribunal desestima los cargos contra el activista LGTB Sam K. Ganafa

Jueves, 30 de octubre de 2014

sam-ganafa-fbUn tribunal ugandés ha desestimado los cargos contra el activista LGTB Sam K. Ganafa, que fue detenido hace un año acusado de propagar el VIH. Ganafa, director ejecutivo de Spectrum Uganda Iniciatives y presidente de la coalición Sexual Minorities Uganda, se enfrentaba a unos cargos que podían suponer su condena a cadena perpetua. La corte, sin embargo, ha fallado a su favor después de que la Fiscalía no haya podido presentar prueba alguna que le inculpara.

Sam K. Ganafa es director ejecutivo de Spectrum Uganda Iniciatives, una organización que se ocupa de ofrecer información y asesoramiento sobre el VIH a los hombres que practican sexo con hombres, a la vez que lucha por la defensa de los derechos LGTB en el país africano. Desde su cargo, Ganafa ha abierto las puertas de la sede de la organización a todos aquellos que han necesitado cobijo, sobre todo a las personas LGTB que se han quedado sin hogar debido a su orientación sexual. Se trata de una persona conocida y respetada por la comunidad LGTB como un modelo a seguir, siendo uno de los pocos hombres homosexuales de edad avanzada que viven su orientación sexual abiertamente en Uganda.

Ganafa, según informó la policía en su día, fue denunciado por un joven llamado Disan Twesiga, que le acusaba de haberle sodomizado e infectado con el VIH. Los activistas de Kampala, sin embargo, sospechaban que se trataba de un montaje destinado a desacreditarle socialmente y dar un golpe de gracia al activismo LGTB en Uganda. La detención se produjo a principios de noviembre de 2013, en el propio domicilio de Ganafa, siendo también arrestados los invitados que se encontraban presentes en ese momento. Tras la instrucción preliminar, todos ellos fueron puestos en libertad bajo fianza. Posteriormente, tan solo se mantuvieron los cargos contra Ganafa. El activista contó para su defensa con el trabajo del bufete Onyango & Co. Advocates, que fue contratado por Sexual Minorities Uganda.

Ganafa fue sometido, a instancias de la Fiscalía, a una prueba forzada de VIH. Sin embargo, cuando el juicio debía iniciarse, el ministerio fiscal pidió un aplazamiento tras otro. Este 8 de octubre, casi un año después de su detención, la Fiscalía solicitaba una nueva demora al tribunal. Pero en esta ocasión, ante la falta de pruebas que sostuvieran la acusación, la corte ha decidido desestimar los cargos contra Sam K. Ganafa definitivamente.

Satisfacción… y prudencia

El activista se mostraba satisfecho por esta decisión, dejando el siguiente comentario en su página de Facebook: “La actuación del tribunal es una buena señal, porque ha sido independiente y abre así una ventana de esperanza para todos nosotros. Esperamos también que se tomen las mismas medidas en otros casos que actualmente están ante los tribunales. Rezo para que los tribunales eviten posibles presiones del lobby antigay. Con la misma postura independiente, el Tribunal Constitucional revocó la anterior ley homófoba, citando la falta de quórum en su aprobación. Es bueno para el pueblo de Uganda que se respeten los derechos humanos de las minorías sexuales. Sé que va a tomar tiempo el que la mayoría aprecie la diversidad sexual dentro de nuestra sociedad y de la humanidad”.

Ganafa considera, sin embargo, que no se debe bajar la guardia ante los homófobos: “Con respecto a mi seguridad personal, sigue siendo una prioridad, ya que algunos de nuestros adversarios se han comprometido a atacar de nuevo. Eso quiere decir que tanto yo como muchos otros tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que se nos acercan”.

Fuente Dosmanzanas

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Última Hora: El Tribunal Constitucional de Uganda ha derogado la Ley contra la Homosexualidad del país hoy viernes 1 de agosto de 2014.

Viernes, 1 de agosto de 2014

noticias_file_foto_834323_1406893665El Tribunal Constitucional de Uganda ha derogado la Ley contra la Homosexualidad del país hoy viernes 1 de agosto de 2014.

Es derogada por una cuestión de forma, sin entrar al fondo del asunto.

Los activistas LGBT de Uganda creen difícil que el Parlamento vuelva a aprobarla.

La norma condenaba a cadena perpetua a los homosexuales y prohibía asociarse a este colectivo

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Buena noticia la que conocíamos este 1 de agosto. El Tribunal Constitucional de Uganda ha anulado la ley aprobada en diciembre por el Parlamento de ese país en que endurece el trato penal a las personas homosexuales, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua, y castiga además a las personas y organizaciones que les presten ayuda o soporte. La decisión, adoptada por unanimidad, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión y se limita a considerar que la votación del texto por el Parlamento no se ajustó a las normas procedimentales.

El Tribunal Constitucional de Uganda ha invalidado este viernes la ley por la que se condenaba a cadena perpetua a los homosexuales y prohibía la existencia de asociaciones de gays y lesbianas. La norma fue aprobada por el presidente Yoweri Museveni en febrero de 2014.

Con vítores y aplausos han acogido los activistas LGBT y por los derechos humanos la sentencia del Tribunal Constitucional de Uganda que ha dado esta mañana la razón a los demandantes y ha invalidado la legislación contra la homosexualidad que fue aprobada el pasado mes de febrero en el país. Ha sido un defecto de forma, la falta de quórum en el Parlamento en el momento de aprobarse la ley, lo que ha invalidado todo el proceso. “Primera victoria: El juez está de acuerdo con los demandantes en que no había quórum cuando la ley contra la homosexualidad se aprobó. Dice que fue una ilegalidad. Segunda victoria: la corte declara el proceso entero de aprobar la ley anti homosexualidad como nulo”, ha explicado en Twitter el activista ugandés Andrew Mwenda.

El tribunal ha estimado que la normativa es anticonstitucional ya que no contó con el mínimo de votos necesarios, al menos el respaldo de un tercio de los parlamentarios presentes en el momento de la votación, el pasado 20 de diciembre, según informaron corresponsales del portal Buzzfeed presentes en la sala en el momento de la sentencia. El tribunal responde así a la petición de 10 activistas en derechos humanos, académicos y políticos de la oposición. El Gobierno también había recibido la presión internacional, en particular de Estados Unidos que anunció sanciones como la prohibición de la entrada al país de las autoridades ugandesas.

edit-18384-1406882250-18El activista Anti-LGBT  Martin Ssempa (derecha) en Tribunal  Constitucional el 30 de julio con su hijo (centro). ISAAC KASAMANI/AFP / Getty Images

Los jueces han desestimado los argumentos de la abogada del Estado, Patricia Mutesi, que consideró que no había evidencia de que no existiera quórum. Los jueces recuerdan que hasta tres parlamentarios llamaron la atención sobre la falta de quórum, incluyendo el vicepresidente Amama Mbabazi, sin que la portavoz de la cámara, Rebecca Kadaga, atendiera la petición. Por lo tanto considera nulo todo el proceso judicial. La demanda la habían presentado diez activistas respaldados por colectivos como el de Minorías Sexuales de Uganda. La sentencia anula totalmente la ley, que solo podría reinstaurarse si se repitiera todo el trámite parlamentario, lo que por el momento elimina la prohibición de la homosexualidad. La ley endurecía las penas de cárcel para las relaciones entre personas del mismo sexo y obligaba a los ciudadanos a delatar a quienes mantuvieran relaciones homoeróticas. Todo eso queda ahora anulado.

Pese a todo la noticia ha sido recibida con entusiasmo por los defensores de los derechos humanos en Uganda y muy especialmente por los activistas LGTB que habían recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. “Soy oficialmente legal”tuiteaba Frank Mugisha, director de Sexual Minorities Uganda, nada más conocer la noticia. ”Ya no soy una criminal. Hoy hemos hecho historia”declaraba también en su perfil de Twitter Kasha Nabagesera, de la organización Freedom and Roam Uganda. No es de extrañar esta alegría. La noticia supone, incluso en el peor de los casos, un importante alivio temporal: los partidarios de la ley pueden volver a proponerla, pero deberá procederse a la tramitación parlamentaria completa. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que desde que en 2009 se propuso endurecer la legislación contra los homosexuales hasta que la ley fue aprobada pasaron casi cinco años.

Por otra parte, el marco jurídico es muy distinto: una cosa es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estén tipificadas en el Código Penal ugandés, como ya sucedía antes, y otra que se criminalice la propia realidad homosexual, se persiga a aquellas personas que hacen activismo o que simplemente ayudan o dan soporte a personas homosexuales bajo la acusación de “promover la homosexualidad” e incluso que los ciudadanos que simplemente conozcan la existencia de una relación homosexual estén obligados a denunciarla.

1406893039_370769_1406893809_noticia_normalActivistas por los derechos de los homosexuales, en el Constitucional en Kampala. / AFP

Sin embargo, la derogación de la ley no acaba con la persecución de la homosexualidad en el país, donde todavía se considera delito. La homosexualidad se condena con la cárcel y la normativa de Museveni establecía además la cadena perpetua y la prohibición de las asociaciones LGTB. Aunque la decisión permite a los homosexuales volver a hacer su vida cotidiana, no se descarta una oleada de violencia homófoba ante la postura del Constitucional.

Según un estudio de las Minorías Sexuales de Uganda, desde que se votó la ley se ha registrado un incremento del acoso, el chantaje, los desalojos y la tortura hacia los homosexuales. El Proyecto de Refugiados de la Ley también ha visto censuradas varias de sus actividades por “promover la homosexualidad”, según el Gobierno.

Alivio para Museveni en vísperas de su encuentro con Obama

No lo expresará públicamente, pero de lo que pocos observadores dudan es de que la noticia habrá sido recibida con alivio por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba.

Una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le ha traído más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior, y que lastraba su próxima visita a Washington, prevista para dentro de unos días con motivo de la primera cumbre África-Estados Unidos.

Temor a represalias por parte de los homófobos

Como era de esperar, la noticia ha sido recibida con indignación por los defensores de la ley. Es el caso del pastor evangélico Martin Ssempa, uno de los propagadores del odio homófobo más conocidos del país, que de hecho ha acusado al presidente Museveni de estar detrás de la decisión del Constitucional y ha pedido al Parlamento que investigue si se ha vulnerado la independencia judicial.

El principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado por cierto con la derecha religiosa estadounidense) confía por su parte en que el fiscal general de Uganda apelará la sentencia y en que al final “la moral del pueblo de Uganda prevalecerá”.

Una indignación que los activistas LGTB temen que se pueda trasladar los próximos días a las calles en forma de pogromo contra las personas homosexuales, como ya ha advertido Kasha Nabagesera. No sería de extrañar, teniendo en cuenta el clima de odio desatado en Uganda desde la entrada en vigor de la ley ahora anulada, periodo durante el cual se han producido decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

A continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa de Fundación Triángulo con fecha 1 de Agosto de 2014.

En los cinco meses transcurridos desde que Uganda adoptó la ley, que imponía una pena de hasta cadena perpetua por la homosexualidad y tipificaba como delito la defensa de los derechos LGBT, los y las LGBT ugandeses han vivido bajo la amenaza constante de ser detenidos o sufrir violencia.

El tribunal anuló la ley por razones de procedimiento, diciendo que no era válida porque no había quórum en el Parlamento cuando se aprobó la legislación el 20 de diciembre. (El quórum es el requisito de que al menos un tercio de los miembros están presentes cuando se realice una votación). El tribunal se pronuncia sobre una petición presentada por un grupo de 10 activistas de derechos humanos, juristas y políticos de la oposición.

El tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo de si las leyes anti-LGBT violan los derechos humanos básicos, por lo que el código de la sodomía preexistente, que se impuso cuando Uganda era una colonia británica, se mantiene en su lugar.

Para Miguel Ángel Sánchez, responsable del programa ÁfricaLGBT de Fundación Triángulo: “Es una magnífica noticia. La ley era una vergüenza para Uganda y ha sido el recurso de los propios ugandeses ante el tribunal lo que ha logrado que se anule. Cuando se aprobó la ley los diputados homófobos se saltaron el procedimiento, solo buscaban su propio interés. Ahora se ha puesto al descubierto su trampa. Felicitamos a los grupos LGBT y de Derechos Humanos ugandeses. Ese es el camino correcto, apoyar desde los países del norte la lucha por la igualdad de los propios ciudadanos de Uganda y de otros países. No intentamos imponer nuestra visión, sólo exigimos respeto a los Derechos Humanos en todo el mundo. Son los ciudadanos gais, lesbianas, trans, o simplemente gente de bien, los que exigen a sus gobiernos que cese la corrupción y la violencia contra las personas homosexuales y transexuales”.

Fuente El País, Ragap , Dosmanzanas y Universogay

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Un informe denuncia el extraordinario incremento de los ataques a personas LGTB en Uganda

Miércoles, 14 de mayo de 2014

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Dos hombres esperan a ser juzgados por homosexualidad

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda denuncia el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se promulgó la nueva ley que incrementa las penas para los delitos relacionados con la homosexualidad. Desde su aprobación, se han producido 162 de estos incidentes, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denuncia el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad.

Hasta el 20 de diciembre de 2013, fecha de aprobación de la ley (aunque fue finalmente promulgada por el presidente Yoweri Museveni en febrero de 2014), se habían reportado tan solo 8 de estos ataques en todo el año, mientras que en 2012 fueron un total de 12. Como indica el informe, “esto supone un incremento de entre el 750 % y el 1900 % respecto a los años anteriores, un aumento que solo puede explicarse por la aprobación de la ley y el ambiente virulentamente homofóbico que engendró”.

La ley aprobada castiga a las personas que mantengan relaciones homosexuales con 14 años de cárcel, pena que podrá llegar a ser de cadena perpetua en los casos calificados como de “homosexualidad agravada”. Además prohíbe la denominada ”promoción de la homosexualidad”, lo que hace imposible la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales, e incluso castiga a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien a las autoridades.

Según el trabajo de Sexual Minorities Uganda, “la aprobación de la ley ha dado autoridad a una cultura de homofobia extrema y violenta, por la cual los agentes estatales y no estatales son libres para perseguir a las personas LGBTI de Uganda con total impunidad”. Como prueba de esa persecución, el informe describe cómo al menos cuatro hombres acusados de conducta homosexual fueron secuestrados y torturados. También denuncia que en 29 de los casos las víctimas previamente habían sido “sacadas del armario” por los medios de comunicación.

Símbolo terrible del estado de angustia en que pueden llegar a vivir los homosexuales ugandeses es el suicidio de un adolescente de 17 años el pasado mes de abril, que ingerió veneno hasta morir, pues sentía que su vida “ya no tenía valor”. Otros, como se ha constatado en al menos 25 casos, optan por el exilio, buscando asilo en las vecinas Ruanda y Kenia.

Jonathan Cooper, de la organización londinense Human Dignity Trust, que ofrece apoyo legal por todo el mundo a quienes son objeto de persecución, opina que “este informe muestra el precio humano que se paga cuando la comunidad LGBTI se convierte en un objetivo así. En lugar tener la capacidad de seguir adelante con sus vidas, mientras disfrutan de la posibilidad del amor y la intimidad que todas las personas deberían esperar, los ugandeses LGBTI son vilipendiados, degradados y menospreciados”.

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