Human Rights Watch y Padres de Lesbianas y Gays (PFLAG-Uganda) publicaron un breve documental y una narración sobre la lucha de las madres ugandesas para proteger a sus hijos.

Las madres ugandesas se manifiestan para demostrar que apoyar los derechos de las personas LGBT no es incompatible con la familia ni con los valores africanos.

Por Greg Owen, jueves 8 de mayo de 2025

En vísperas del Día de la Madre el domingo y ante el riesgo de sanciones penales por «promoción de la homosexualidad«, un grupo de madres ugandesas de personas LGBTQ+ se reunirán el jueves para pedir protección, dignidad e igualdad de derechos para sus familias, señalaron hoy Human Rights Watch and Chapter Four Uganda.

La protesta se produce bajo la sombra de la draconiana Ley Anti-Homosexualidad de Uganda, que incluye la pena de muerte por «homosexualidad agravada» y hasta 20 años de prisión por «promover la homosexualidad«. Los actos definidos como “homosexualidad agravada” incluyen la actividad sexual con personas discapacitadas, seropositivas y mayores de 75 años, sin que el consentimiento para el acto sexual constituya una defensa contra la acusación. Esta categoría también se aplica a delitos como la violación de un niño o un adulto y el incesto. La ley también castiga la “homosexualidad en grado de tentativa“, con penas de hasta 10 años de prisión, mientras que la “homosexualidad agravada en grado de tentativa” puede ser castigada con hasta 14 años de cárcel. La legislación también intensifica la censura de las cuestiones LGBTQ+, donde las personas pueden ser castigadas con una multa o cinco años de prisión por “promover la homosexualidad”o utilizar dispositivos electrónicos con “fines homosexuales“. Alguien que simplemente defienda los derechos de las personas LGBTQ+ también podría ser condenado a 20 años de cárcel, y los propietarios que alquilen a sabiendas a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

El proyecto de ley denominado «Matar a los gays» se convirtió en ley en mayo de 2023 y fue confirmado por el Tribunal Superior de Uganda en abril de 2024. La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

«Las madres ugandesas están alzando la voz para demostrar que apoyar los derechos de las personas LGBT no es incompatible con la familia ni con los valores africanos«, afirmó Larissa Kojoué, investigadora de Human Rights Watch. La Ley contra la Homosexualidad no solo pone en peligro a las personas LGBT, sino que también ejerce una gran presión sobre sus familias, en particular sobre las madres, quienes suelen ser las principales cuidadoras y a menudo soportan las consecuencias emocionales y sociales del dolor de sus hijos.

Junto con la manifestación, Human Rights Watch y PFLAG-Uganda publicaron un breve documental y una narración sobre la lucha de las madres para proteger a sus hijos.

«Estas madres están demostrando lo que significan el coraje y el cuidado bajo la represión«, dijo Clare Byarugaba, fundadora de PFLAG-Uganda. Sus experiencias ponen de relieve cómo la ley anti-LGBT de Uganda perjudica no solo a las personas, sino a familias enteras, a quienes el país tiene la obligación de proteger según el Artículo 19 de la Constitución de Uganda. Su mensaje se basa en la esperanza de que su resistencia inspire a otros en África a solidarizarse y crear un entorno seguro para todos.

La protesta se produce antes de un informe de Human Rights Watch que examina el impacto de la Ley Antihomosexualidad. Después de que la ley entró en vigor en mayo de 2023, grupos locales informaron que la comunidad LGBTQ+ en Uganda experimentó un aumento de ataques y discriminación por parte de funcionarios gubernamentales, justicieros y otros que describieron la homosexualidad como «degenerada» y producto de nefastas influencias occidentales.

El presidente Yoweri Museveni felicitó a los legisladores que resistieron «la presión internacional y protegieron el tejido moral de Uganda durante la aprobación del proyecto de ley«.

En una carta solicitando a Museveni que no firme la legislación en 2023, un grupo de siete madres ugandesas escribió: «No somos promotoras de ninguna agenda; somos madres ugandesas que hemos tenido que superar muchos de nuestros propios prejuicios para comprender, aceptar y amar plenamente a nuestros hijos«.

Un aumento de abusos contra la comunidad LGBTQ+ comenzó en Uganda incluso antes de que se firmara el proyecto de ley “Matar a los gays”, incluyendo ataques de turbas, violaciones, extorsiones y torturas. La firma de Museveni en la legislación solo envalentonó y respaldó legalmente esos sentimientos anti-LGBTQ+ en desafío a las organizaciones de derechos humanos y a los gobiernos occidentales.

Las personas LGBTQ+ han sido detenidas y arrestadas sumariamente basándose en «consejos» de los vecinos. En enero del año pasado, el destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, Steven Kabuye, fue apuñalado y abandonado por muerto frente a su casa por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días.

En octubre, Open for Business, una coalición de empresas globales dedicadas a la inclusión LGBTQ+, publicó un informe sobre el impacto de la ley en la economía de la nación del este de África.

«Se estima que en los doce meses siguientes a la aprobación de la AHA, Uganda ha sufrido pérdidas económicas de entre 470 y 1.600 millones de dólares«, según el informe. Esta última cifra equivale al 3,2% del producto interno bruto (PIB) del país.

En 2023, el presidente Joe Biden anunció la expulsión de Uganda de un pacto comercial entre Estados Unidos y África por “graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos” tras la implementación de la ley Kill the Gays. Pidió la derogación de la ley.

En una inusual victoria legal para las personas LGBTQ+ del país, el Tribunal Superior de Uganda falló en noviembre a favor de un grupo de 20 hombres homosexuales que fueron torturados por la policía en 2020. Sus arrestos se produjeron después de que una residencia privada fuera «invadida por una turba«, según el fallo.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Ugandahabía llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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El Papa Francisco se sentó con la defensora LGBTQ+ de Uganda, Clare Byarugaba

El Papa Francisco se reunió con un activista LGBTQ+ de Uganda y durante la conversación condenó una vez más la discriminación contra las personas LGBTQ+.

La activista Clare Byarugaba publicó en X (antes Twitter) sobre la audiencia. Ella tuiteó:

“Es un honor conocer a @Pontifex. Informé sobre el impacto ruinoso de las *dos leyes anti-derechos LGBTIQ en una década* #AHA23 de Uganda y las graves violaciones de derechos humanos que conllevan. Reiteró;- La discriminación es un pecado y la violencia contra las comunidades LGBTIQ es inaceptable #RepealAHA23″

Byarugaba es funcionaria de DEI para el grupo de libertades civiles de Uganda Chapter Four, que incluye la orientación sexual y el género en su misión.

Su tweet hacía referencia a la Ley Anti-Homosexualidad de 2023 (AHA23) del país. Si bien para entonces la homosexualidad ya estaba criminalizada en Uganda, esa nueva ley intensificó los castigos, como la imposición de la pena de muerte por la llamada «homosexualidad agravada«, cadena perpetua por cualquier actividad sexual entre personas del mismo sexo y posible terapia de conversión forzada. También apuntó a personas simplemente por «promover» la homosexualidad, lo que posiblemente afecte no sólo el trabajo por los derechos LGBTQ+, sino también la defensa del VIH/SIDA.

Varios líderes católicos ugandeses finalmente aplaudieron la Ley Anti-Homosexualidad después de años de idas y venidas sobre si los obispos deberían apoyar dicha legislación. El canciller de la archidiócesis de Kampala, p. Pius Male, agradeció al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, por firmar la legislación, señalando que supuestamente alineaba la ley de Uganda con la Biblia. Los políticos católicos, incluida la presidenta del Parlamento, Anita Annet Among, y el legislador clave Charles Onen, desempeñaron un papel decisivo en la aprobación de la ley. Alrededor del 40% de la población de Uganda es católica, la segunda población católica más grande de África.

Sin embargo, muchos otros católicos dentro y fuera del país han desafiado la ley desde que fue propuesta por primera vez hace una década. Uno de esos católicos, Juan Carlos Cruz, un amigo gay del Papa y sobreviviente de abuso sexual por parte del clero, aparece en un video adjunto que presenta a Byarugaba a Francisco. Después de que se aprobara la Ley contra la Homosexualidad el año pasado, Cruz comparó cómo respondieron los prelados ugandeses con las repetidas objeciones del Papa Francisco a las leyes de criminalización anti-LGBTQ+. Escribió, en parte:

«Sin embargo, a pesar de las palabras del Papa, los obispos católicos de Uganda permanecen notablemente silenciosos sobre este tema. También guarda silencio el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano que supervisa las diócesis y los obispos en Uganda. Su silencio crea un vacío lleno de miedo, discriminación y deshumanización. Como líderes morales y espirituales, sus palabras (o la falta de ellas) pueden moldear la opinión pública, ya sea legitimando estas leyes inhumanas o desafiándolas”.

En 2023, durante una visita apostólica a Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, el Papa Francisco declaró explícitamente dos veces que «ser homosexual no es un delito« y «le diría a quien quiera criminalizar la homosexualidad que está equivocado«. Francisco explicó que el verdadero pecado en el debate sobre la homosexualidad es cuando alguien enfrenta discriminación por su identidad.

En una declaración publicada por Chapter Four Uganda, BByarugaba explicó que durante su audiencia el Papa no sólo condenó la discriminación sino que alentó la defensa LGBTQ+ para oponerse a las violaciones de derechos humanos. Ella afirmó:

«Su Santidad @Pontifex reiteró que la discriminación es un pecado y la violencia contra las personas LGBTI es inaceptable. Dijo que la Iglesia nunca debería discriminar. Camina con todos aquellos a quienes se les ha negado su dignidad. Además, nos animó a defender nuestros derechos”.

Dr. Frank Mugisha, un defensor LGBTQ+ de Uganda con antecedentes católicos, agregó sus propios comentarios en las redes sociales, diciendo que la audiencia del Papa con Byarugaba envía «un fuerte mensaje a los ugandeses anti-derechos y anti-gays«.

The Holy Father, Pope Francis, meets with Ugandan LGBTQ activist Clare Byarugaba, sending a strong message to anti-rights and anti-gay Ugandans 🏳️‍🌈. pic.twitter.com/IPWudxib2Y

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) August 14, 2024

Hasta ahora, el Papa Francisco se negó a condenar específicamente la ley de Uganda o las acciones específicas de cualquier nación en lo que respecta a la criminalización. Pero con un Papa para quien las reuniones y los gestos son a menudo más reveladores que sus palabras, esta última audiencia es una señal clara de que rechaza la Ley Anti-Homosexualidad y, quizás más aún, la forma en que los católicos han sido cómplices en su aprobación.

Los defensores católicos LGBTQ+ de todo el mundo deberían seguir su aliento para seguir trabajando contra la discriminación y por la protección de los derechos de las personas LGBTQ+.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry , 15 de agosto de 2024

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Los organizadores de la Gay Pride de Kampala anunciaron el viernes el «aplazamiento» del evento y afirmaron que el ministro de la Ética de Uganda, país notoriamente homófobo, había amenazado con detener a todos los participantes.

Estamos habituados a relacionar el Orgullo LGTB con lo lúdico. Como un evento activista y concienciado que está envuelto en festividad y alegría. Una concepción que compartimos con otros países occidentales pero que está a años luz de como se vive en otras regiones donde el Orgullo LGTB se relaciona con agresiones, prohibición y silencio. Este es el caso de países como Rusia, Turquía, Serbia… y Uganda donde este pasado fin de semana la celebración del Orgullo LGTB ha terminado con quince detenidos.

Como ya publicamos el pasado sábado, el intento de celebración el Gay Pride en la capital ugandesa ha vuelto a sufrir un nuevo revés. Después de que el pasado viernes una veintena de personas que asistían a un desfile de moda fueran detenidas, la organización de este acto reivindicativo han tenido que aplazar, sin apuntar a ninguna otra fecha futura . La celebración del Orgullo LGTB de Uganda ha terminado con fuertes medidas policiales. Los cuerpos de seguridad ugandeses han arruinado el evento al detener durante una redada en un club nocturno a quince personas a las que han acusado de reunirse de forma clandestina para promover la homosexualidad. En Uganda, donde la homosexualidad todavía es ilegal, la celebración del Orgullo ha terminado una vez más con varios activistas entre rejas. Así lo ha declarado Clare Byaruhanga, activista LGTB, que ha declarado a la agencia Reuters que la policía del país entró por la fuerza en una fiesta que se estaba celebrando en un club de Kampala y ha acusado a los organizadores del evento de promover la homosexualidad. Las fuerzas de seguridad trasladaron a los detenidos a una Comisaría cercana al club, donde pasaron unas dos horas retenidos hasta que fueron puestos en libertad sin cargos. Sin embargo, Byaruhanga ha denunciado que los quince arrestados sufrieron insultos y burlas durante la detención, y que el personal de seguridad intentó «averiguar si los individuos transgénero eran realmente mujeres u hombres en un proceso que fue muy degradante».

El pasado jueves, 4 de agosto por la noche durante el tercer día de celebración del Orgullo LGTB ugandés, la policía interrumpió la celebración del Orgullo LGTB en Kampala, la capital ugandesa, llevando a cabo una redada en el Club Venom. El evento que tenía lugar en ese momento era la coronación de Mr./Ms./Mx. Uganda Pride, el cual fue interrumpido por la redada de la policía. Los asistentes permanecieron retenidos en el local durante aproximadamente hora y media, tiempo durante el cual fueron golpeados y sometidos a humillaciones. Además, se les hicieron fotografías y se les amenazó con difundirlas públicamente (algo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores en ese país, como cuando acción el tabloide Red Pepper dio a conocer 200 nombres de personas LGTB o que apoyaban sus derechos). Algunos testigos aseguran que el trato fue mucho más cruel hacia las personas transexuales. La tensión del momento fue tal que un joven saltó desde un sexto piso con la intención de escapar de la policía. Se encuentra hospitalizado en estado grave.

Al menos 16 personas fueron finalmente detenidas y llevadas a comisaría. Entre los detenidos se encuentran activistas del país como Frank Mugisha y Pepe Julian Onziema, dirigentes de la organización Sexual Minorities Uganda (SMUG) y Clare Byarugaba de Chapter Four Uganda, organización ugandesa a favor de los derechos humanos que lucha contra de la legislación homófoba del país.  Entrada la noche, alrededor de la 1:20 de la madrugada, los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.

Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rigths Watch, han denunciado estas actuaciones policiales, mostrando que los cuerpos de seguridad están para proteger el derecho a la asociación pacífica y asamblea de cualquier ciudadano, y no para violar estos derechos. Por su parte, la policía se defiende alegando que no se les había informado de la celebración de este acto y que creían que se estaba celebrando una boda homosexual, lo cual violaría las leyes homófobas del país. Los organizadores del evento aseguran que sí se les había informado debidamente, al igual que de los actos celebrados en días anteriores, en los que no tuvo lugar ningún tipo de incidente.

«En tanto que comité, decidimos postergar los eventos restantes», previstos el sábado y domingo, indicaron los organizadores, que se mostraron optimistas acerca de las actuales negociaciones con «altos responsables del gobierno». «Comunicaremos las nuevas fechas en cuanto hayan concluido las negociaciones», precisaron.

La decisión fue adoptada después de una reunión del abogado de los organizadores, Nicholas Opiyo, con el ministro de la Ética, Simon Lokodo, y un representante de la policía.

El letrado aseguró que el ministro ordenó la anulación de las actividades y les advirtió de que si se celebraban la policía detendría a todos los participantes y serían movilizados ciudadanos para «defender los valores morales de Uganda».

El ministro, que no reaccionó por el momento a estas afirmaciones, habría declarado que «si los participantes fueran golpeados, ellos tendrían toda la culpa», según Opiyo.

La homofobia está muy extendida en Uganda. Acosos e intimidaciones a los homosexuales son corrientes en este país donde se desarrolla un cristianismo evangelista muy beligerante contra el movimiento LGBT.

La comunidad internacional ha vertido duras críticas al endurecimiento de las políticas en el país. Y es que Uganda ha aprobado una ley antigay que incluye la cadena perpetua como una de las penas establecidas para impedir la homosexualidad. Sin embargo, el Tribunal Constitución derogó la legislación alegando dificultades legales.

A pesar de las amenazas de los parlamentarios, que han advertido de que la ley podría volver a ser aprobada, los analistas han indicado a Reuters que la presión ejercida por la comunidad internacional frenará cualquier propuesta similar. 

Una comunidad que no se puede esconder entre excusas y subterfugios. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias.

Uganda, donde las relaciones llamadas «contra natura» son castigadas con cadena perpetua por una ley de la época de la colonización británica, adoptó en diciembre de 2013 una nueva legislación que reprime sobre todo la «promoción de la homosexualidad» y vuelve obligatoria la denuncia de homosexuales.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Agencias/Cáscara amarga/Dosmanzanas/Redacción Chueca

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