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Los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando Retana desempeñaba el cargo de fiscal adjunto de la provincia de Cartago, en Costa Rica, que fue acusado de llamar “mariconcito” a un subalterno y de acosar laboralmente a la víctima con una constante actitud homofóbica.

Uno de los hechos más destacados que provocaron la acusación contra Retana fue el momento en el que el subalterno recibió amenazas a la vida de su abuela por una causa que llevaba. El fiscal adjunto expresó a otro empleado que eso le pasaba al compañero por “no comportarse como hombre”. Después, Retana llamó al ofendido y le dijo “que no era un riesgo lo que está viviendo, que no fuera mariconcito, que fuera valiente, que lo acontecido le pasaba porque lo observaban como el eslabón más débil de la cadena de fiscales”, según se detalla en el acta del Consejo.

El Consejo Superior del Poder Judicial dictó la sentencia definitiva el pasado 9 de octubre. Aquí se condenaba a Retana a ocho días de suspensión de empleo y sueldo. Dicho organismo público resolvió una apelación interpuesta por la defensa de la víctima tras un fallo del Tribunal de la Inspección Judicial.

En primera instancia, Retana había sido condenado a una suspensión de un mes como consecuencia de las acusaciones de discriminación y acoso laboral. Sin embargo, dicho acoso no pudo ser probado por los abogados defensores de la víctima, suceso que redujo la condena a 8 días.

En contraposición a esto, Retana también había sido señalado por acoso laboral contra otros seis fiscales, suceso que el Consejo Superior del Poder Judicial y la Inspección Judicial no dieron por cierto.

“Se evidencia una conducta agresiva y homofóbica del encausado para con el ofendido, situación que este Consejo no puede obviar, ignorar o aceptar”, dijo el órgano en su fallo.

En su defensa, el Fiscal de Alajuela agregó “Yo tengo muchísimos años de tener a cargo despachos y nunca he discriminado a nadie”. Además, Retana defendió  públicamente su inocencia en el periódico La Nación. Este medio de comunicación llamó también al afectado, quien ahora es juez, y él confirmó que puso la queja, pero prefirió no ahondar en lo sucedido.

El funcionario atribuyó las acusaciones en su contra a que, cuando llegó a Cartago, reorganizó la oficina con el fin de “dar un mejor servicio”. Indicó que los empleados rechazaban los cambios y que estos se volvieron en su contra en forma de acusaciones supuestamente falsas.

“Yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas; jamás voy a discriminar a un funcionario porque tiene una diversidad sexual diferente: en eso soy muy respetuoso (…). Yo estuve prácticamente seis meses ahí y me retiré por petición mía al fiscal general”, manifestó.

Milena Conejo, integrante del Consejo Superior, resaltó que en el Poder Judicial hay políticas que protegen los derechos de las personas en razón de su orientación sexual y que, en este caso, se consideró la trayectoria del funcionario para fijar el castigo.

Fuente Cáscara Amarga

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