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Visto para sentencia el juicio contra los «Pilla-Pilla», el grupo que a finales de 2013 se dedicó a «cazar» homosexuales y difundir en vídeo cómo los humillaban

Sábado, 23 de noviembre de 2019

1516210488_671881_1516210903_noticia_normalEl pasado viernes quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers el juicio contra los «Pilla Pilla», el infame grupo homófobo que, a imitación de los neonazis rusos de Occupy Pedofilyaj, se dedicó a finales de 2013 a hostigar, en los alrededores de Barcelona, a homosexuales con los que contactaban a través de chats. La Fiscalía solicita penas de 21 años de prisión para sus dos cabecillas, acusados de tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad, además de condenas de 15, 6 y 2 años de prisión para otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

El juicio se celebró la pasada semana y en él se personaron además como acusación particular la Comisió Unitària 28 de Juny (que agrupa a diversos colectivos LGTBI catalanes), la FELGTB, la Fundación Triángulo y el Movimiento contra la Intolerancia, representados por la abogada Laia Serra. Las sesiones del juicio, en cualquier caso, no han arrojado sorpresas sobre lo que ya se conocía. El «proyecto Pilla-Pilla», liderado por el joven de origen ucraniano Mikola Zatkalnitsky, alias «El Rusky», fue desarticulado por los Mossos d’Esquadra a finales de 2013. Durante aquellos días, su actividad alcanzó gran eco en redes sociales, gracias a su supuesta finalidad «cazapederastas», aunque pronto quedó claro que no era más que un grupo homófobo creado a imitación de Occupy Pedofilyaj, una red de grupúsculos rusos responsables de numerosos episodios de violencia contra personas LGTBI especialmente activa en esa época y con la que de hecho compartían simbología: un puño cerrado con el pulgar hacia arriba, aunque doblado. Los acusados, sin embargo, han mantenido que su intención era solo la de perseguir pederastas.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, describía en su acusación al menos tres ataques acreditados del grupo a víctimas en Granollers, todos ellos con el objetivo de «atemorizar, humillar y represaliar» a hombres homosexuales valiéndose de la «notable desproporción» de su fuerza numérica. Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo concertaba un encuentro con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, con preguntas vejatorias sobre su condición sexual, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a una cámara que era un «pederasta». Les obligaba además a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder quedar libres. La mecánica era, en este sentido, calcada a la de los neonazis rusos, cuyos vídeos el propio Mikola Zatkalnitsky compartía en su perfil de VKontakte, principal red social rusa (en la que por desgracia sigue siendo posible acceder a numerosas de estas grabaciones en las que se maltrata a homosexuales).

El líder de Occupy Pedofilyaj, recordemos, era Maxim Martsinkevich, alias «Tesak», un famoso neonazi ruso que ya antes había sido el inspirador de Format 18, organización racista que pocos años antes se había hecho muy conocida por sus salvajes agresiones a ciudadanos no rusos. Martsinkevich fue condenado en 2014 a 5 años de prisión en su propio país, mientras que otros 6 integrantes de Occupy Pedofilyaj fueron condenados en 2015, también en Rusia, a entre 3 y 6 años de prisión.

Volviendo a los «Pilla-Pilla», hay que tener en cuenta que, también a imitación de los neonazis rusos, al maltrato del momento se unía el hecho de que los vídeos eran luego difundidos para escarnio de las víctimas, algo que la Fiscalía considera que causó un daño irreparable en su honor y en su dignidad. El fiscal destaca además que los ataques causaron un estado de alarma social entre el colectivo homosexual, que temió por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Por todo ello, además de las penas de cárcel, el fiscal reclama indemnizaciones por valor de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y la prohibición de acercarse a un kilómetro de distancia. Por cierto, que meses después de la desarticulación del grupo se supo de su conexión con una agresión racista ocurrida en el metro de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia espera una sentencia justa

En declaraciones a dosmanzanas, Ton Mansilla, asesor jurídico del Observatori contra l’Homofòbia, ha expresado su esperanza en que el juicio derive en unas condenas justas. «Desde el Observatori valoramos muy positivamente que todas las acusaciones coincidieran en remarcar el agravio que supuso el ‘Proyecto Pilla-Pilla’ contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, así como el potencial lesivo de los hechos, que va más allá de las víctimas concretas», ha declarado. «Las entidades LGTBI esperamos una sentencia justa en términos de derechos humanos y de protección de las minorías, que mande un mensaje claro contra la impunidad de los grupos de extrema derecha, y a la vez suponga un paso más para romper el silencio de las víctimas de la LGTBIfobia. Tal y como remarcó la abogada de la acusación popular, Laia Serra, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a los delitos de odio, según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha añadido Mansilla.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) espera una sentencia ejemplar ya que se trata de un juicio contra la homofobia de la extrema derecha.  Recuerda que la FELGTB, Movimiento contra la Intolerancia y Fundación Triángulo se presentaron como acusación popular junto a la Comisión Unitaria 28 de junio de Cataluña y participarán en el proceso como testigos.
La vocal de delitos de odio de FELGTB, Arantxa Mirandal, recuerda que relacionar la homosexualidad con la pederastia es una estrategia recurrente de la ultraderecha para desacreditar a las personas LGTBI y fomentar la LGTBIfobia. “Aún podemos recordar como Vox Massamagrell declaró a través de su cuenta de twitter el pasado verano que la celebración del Orgullo impone a los más pequeños una ideología que fomenta la pederastia”, explica.
En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, defiende que “ante la normalización de los discursos de odio y el enaltecimiento de la LGTBIfobia en la esfera pública, necesitamos más que nunca una Ley Estatal LGTBI que, a través de la pedagogía, prevenga el odio a las personas LGTBI y garantice medidas de protección y reparación a las víctimas de violencia y discriminación debido a su orientación afectivo-sexual y/o a su identidad de género”.
FELGTB recuerda que, aunque entre el 60 y el 80% de los delitos de odio e incidentes discriminatorios contra personas LGTBI no se denuncian, solo en 2018, se registraron en España más de 600 agresiones contra miembros del colectivo.

Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas/FELGTB

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El Vaticano aprueba el procedimiento para juzgar a los obispos que encubran a pederastas

Viernes, 12 de junio de 2015

lucha-contra-los-abusos-en-la-iglesia_560x280Francisco y el G9 crean la figura de un “superfiscal” responsable de la lucha contra los abusos

Se creará un tribunal para actuar contra los prelados por “abuso de poder, omisiones o coberturas”

Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis

Se acabó la impunidad de los obispos encubridores de abusos sexuales a menores. El papa Francisco ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, informó hoy el Vaticano.

Así, se creará un tribunal para juzgar a los obispos que actúen con negligencia en casos de abuso sexual contra menores o que no den un seguimiento adecuado a las denuncias que les llegan, en el marco de una reforma de los tribunales vaticanos.

De este modo, Francisco ha instituido una sección especial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, confluyente con el departamento disciplinar actual de este organismo vaticano competente en la imputación de obispos que comenten abusos sexuales, que estará coordinada por un arzobispo con la función de secretario cuya identidad no se ha desvelado.

Esta nueva regulación prevé en concreto que todos los obispos del mundo que encubran casos de abusos sexuales a menores sean juzgados en tribunales vaticanos.

Las propuestas fueron autorizadas por el pontífice después de ser presentadas por el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal Sean O’Malley, y examinadas y aprobadas en estos días por el “C9”, el grupo de cardenales que está ayudando al papa en la reforma de la Curia.

El pontífice, según explicó el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aprobó cinco propuestas en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía.

La primera es que en este tipo de delito será competencia de tres congregaciones, la de los Obispos, la de la Evangelización de los Pueblos y la de las Iglesias Orientales, que podrán recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso de poder.

Será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente de este delito en los obispos y se creará una nueva sección judicial en su interior dotada de personal fijo que trabajará ante el Tribunal Apostólico para estos casos.

El papa nombrará además un secretario para ayudar al prefecto (fiscal) respecto a estas nuevo procedimiento y quien será, de hecho, el responsable de esta nueva sección judicial, según explicó Lombardi. Una figura muy parecida a la de un “superfiscal” responsable de la lucha contra los abusos.

“Esta sección y el personal se ocuparán también para los procesos penales por abuso de menores y de adultos vulnerables por parte del clero, añadió el portavoz.

Este nuevo procedimiento será aprobado para los cinco próximos años, tras los que se valorará su eficacia.

Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por ello, en la última reunión del C9, O’Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.

O’Malley había pedido en aquella ocasión al papa y a la Comisión de cardenales que se está ocupando de la reforma de la Curia soluciones sobre “procedimientos” también del tipo jurídico y “competencias” para actuar cuando se crea existan casos de “abuso de poder, omisiones o coberturas” por parte de los responsables eclesiales ante delitos de abusos sexuales.

(Rd/Agencias)

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En Costa Rica suspenden temporalmente a un fiscal por comentarios homofóbicos contra un subalterno

Sábado, 15 de noviembre de 2014

Edwin-Retana-tramite-JORGE-ARCE_LNCIMA20140721_0019_3Los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando Retana desempeñaba el cargo de fiscal adjunto de la provincia de Cartago, en Costa Rica, que fue acusado de llamar “mariconcito” a un subalterno y de acosar laboralmente a la víctima con una constante actitud homofóbica.

Uno de los hechos más destacados que provocaron la acusación contra Retana fue el momento en el que el subalterno recibió amenazas a la vida de su abuela por una causa que llevaba. El fiscal adjunto expresó a otro empleado que eso le pasaba al compañero por “no comportarse como hombre”. Después, Retana llamó al ofendido y le dijo “que no era un riesgo lo que está viviendo, que no fuera mariconcito, que fuera valiente, que lo acontecido le pasaba porque lo observaban como el eslabón más débil de la cadena de fiscales”, según se detalla en el acta del Consejo.

El Consejo Superior del Poder Judicial dictó la sentencia definitiva el pasado 9 de octubre. Aquí se condenaba a Retana a ocho días de suspensión de empleo y sueldo. Dicho organismo público resolvió una apelación interpuesta por la defensa de la víctima tras un fallo del Tribunal de la Inspección Judicial.

En primera instancia, Retana había sido condenado a una suspensión de un mes como consecuencia de las acusaciones de discriminación y acoso laboral. Sin embargo, dicho acoso no pudo ser probado por los abogados defensores de la víctima, suceso que redujo la condena a 8 días.

En contraposición a esto, Retana también había sido señalado por acoso laboral contra otros seis fiscales, suceso que el Consejo Superior del Poder Judicial y la Inspección Judicial no dieron por cierto.

“Se evidencia una conducta agresiva y homofóbica del encausado para con el ofendido, situación que este Consejo no puede obviar, ignorar o aceptar, dijo el órgano en su fallo.

En su defensa, el Fiscal de Alajuela agregó “Yo tengo muchísimos años de tener a cargo despachos y nunca he discriminado a nadie”. Además, Retana defendió  públicamente su inocencia en el periódico La Nación. Este medio de comunicación llamó también al afectado, quien ahora es juez, y él confirmó que puso la queja, pero prefirió no ahondar en lo sucedido.

El funcionario atribuyó las acusaciones en su contra a que, cuando llegó a Cartago, reorganizó la oficina con el fin de “dar un mejor servicio”. Indicó que los empleados rechazaban los cambios y que estos se volvieron en su contra en forma de acusaciones supuestamente falsas.

“Yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas; jamás voy a discriminar a un funcionario porque tiene una diversidad sexual diferente: en eso soy muy respetuoso (…). Yo estuve prácticamente seis meses ahí y me retiré por petición mía al fiscal general”, manifestó.

Milena Conejo, integrante del Consejo Superior, resaltó que en el Poder Judicial hay políticas que protegen los derechos de las personas en razón de su orientación sexual y que, en este caso, se consideró la trayectoria del funcionario para fijar el castigo.

Fuente Cáscara Amarga

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