Corte Suprema de Chile

La demanda fue presentada por el Movilh ante la CIDH con los patrocinios de los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic, luego de de que la Corte Suprema reafirmara un fallo de la Corte de Apelaciones que no considera discriminatorio o injurioso señalar que el activismo LGBTI abusa de niños y promueve la prostitución infantil, pues ello es parte de la libertad de expresión

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) demandó hoy al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar inofensivo y no discriminatorio que se asocie falsamente las demandas y luchas del activismo LGBTIQ+ con el abuso de niños y la prostitución infantil.

La demanda contra el Estado fue redactada y patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic luego de que la Primera Sala de la Corte Suprema confirmara este año un fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones que había anulado una histórica sentencia de primera instancia del 25 Juzgado Civil de Santiago, el cual había condenado a la Catedral Evangélica por daño moral al Movilh.

En concreto, la iglesia había sido condenada luego de que el entonces director del del  Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, Cristián Nieto, señalara en la Catedral que con la derogación “del artículo 365 del Código Penal se pretende despenalizar la ley conocida como la ley sodomítica. El Movilh está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida, sea consentida, ¿y qué significa ser consentida?, que un niño diga `sí, yo tengo ganas de estar con este señor”. (..) Se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente, que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón que él desea, por mantener una relación sexual con ese adúltero, o ese pecador, comprándose a ese niño”.

Las declaraciones fueron luego reproducidas por la  Catedral Evangélica a través de su canal oficial de Youtube.

Si bien el 25 Juzgado Civil de Santiago consideró que tales afirmaciones adjudicaban un delito al Movilh, eran discriminatorias y  no se enmarcaban ni en la libertad de culto; pues eran disputa político-legislativa; ni en la libertad de expresión, en tanto dañaban la dignidad del Movilh y sus activistas; la Octava Sala de la Corte de Apelaciones dijo todo lo contrario. Que en ningún caso las afirmaciones de la Catedral denostaban o dañaban al Movilh, que se enmarcaban en la libertad de culto y estaban protegidas por la libertad de expresión. Ello luego lo reafirmó la Suprema.

En la demanda presentada ahora  contra el Estado de Chile los abogados Colombara y Marelic, calificaron de “sorprendente” el fallo de la Suprema, en tanto, “viene a considerar que cualquier discurso en el marco de la Libertad de Expresión brinda inmunidad a la homofobia”. Así se tergiversa el sentido de la Libertad de Expresión, en el marco de un caso donde los  “dichos homofóbicos no son negados” por el Poder Judicial y, pese a ello, no adopta medidas.

Acto seguido, se precisó que el fallo de la Suprema vulneró “las normas contenidas en los artículos 1.1, 8, 12, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, los cuales garantizan la no discriminación, las garantías de un juicio justo, la igualdad ante la ley y la protección judicial, en forma respectiva.

La demanda, señalaron Colombara y Marelic “debe abordar una pregunta jurídica central. ¿Puede el Poder Judicial desestimar de plano una demanda civil por expresión homofóbica considerándola un discurso protegido? Y la respuesta es no, no puede”

“Si el Poder Judicial pretende desestimar una demanda civil, debe hacerlo en base a la ponderación de los elementos y no considerar un rechazo a nivel teórico, en el entendido que presuntamente la Libertad de Expresión otorga inmunidad para decir lo que se quiera causando el daño que se quiera”, puntualizó la demanda.

El encargado de Derechos Humanos  del Movilh, Ramón Gómez, apuntó que “esperamos en el extranjero alcanzar la justicia negada en nuestro país. La violencia en redes sociales y el frontis de nuestra sede contra nuestros/as activistas tras el fallo de la Suprema incrementó a lo largo de este año, con más de 5 mil insultos donde se nos trata de abusadores, de peligrosos para la infancia, solo por exigir la derogación del artículo 365 del Código Penal. Este es uno de los fallos más funestos y homofóbicos de la Suprema, que retrocedió mil pasos en todo lo avanzando en derechos LGBTI en el Poder Judicial desde el 2015. Esperamos que el Estado no salga impune de este abuso.”

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, Convención Americana de Derechos Humanos, Cristián Nieto, Iglesias Evangélicas, MOVILH, Ramón Gómez

En el recurso patrocinado por el Movilh se alega que Gendarmería se niega a incluir el nombre y sexo social de las personas trans en correos electrónicos y registros internos que están a la vista de otras personas, violentando así la Ley Zamudio.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una funcionaria administrativa de Gendarmería presentó un recurso de protección contra la institución por negarse a respetar su nombre y sexo social.

La abogada del Movilh, Paz Becerra, precisó que en febrero pasado la trabajadora comunicó a la institución su transexualidad y comenzó a adecuar su estética a la identidad de género que la representa, lo cual derivó en “actitudes y comentarios transfóbicos en su contra, provenientes de algunas jefaturas y de compañeros de trabajo”.

En virtud de ello, el Movilh solicitó por escrito a Gendarmería que investigara los acosos transfóbicos, que capacitara a todos sus funcionarios en diversidad sexual sexual y de género y que adoptara las medidas necesarias para respetar el nombre y sexo social de la trabajadora.

Si bien Gendarmería accedió a buena parte de las demandas, se negó a que el nombre y sexo social de la trabajadora fuesen respetados en el corree electrónico y los registro internos a los cuales tienen acceso otros funcionarios, argumentando que para ello la mujer debía primero cambiar su identidad legal.

La abogada Becerra precisó que tal exigencia es “arbitraria e ilegal”, pues contraviene la no discriminación por identidad de género garantizada en la Ley Zamudio, así como diversos fallos de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no cambiado su identidad legal.

De igual manera, apuntó la abogada en el recurso, con su actuar Gendarmería violentó diversos principios constitucionales; como son el derecho la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, además de transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “doblemente repudiable es que en los últimos dos años Gendarmería de Chile ha sido obligada una docena de veces por tribunales a respetar el nombre y sexo social de las y los internos trans. Con lo ocurrido ahora a una de sus trabajadores, es claro que esta institución nada ha entendido de los fallos de los tribunales y, por el contrario, persiste con su tradicional, peligrosa y perjudicial transfobia”.

Por todo, “esperamos un fallo favorable y que de una vez por todas Gendarmería respete los derechos humanos de sus trabajadores/as y de los internos/as”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Convención Americana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Daniela Andrade, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Paz Becerra

Vida Integra se negó a respetar el nombre y sexo social, pese a que ello es ilegal y ya existen fallos donde se ha sancionado a clínicas por violentar la identidad de género.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una programadora computacional, Daniela Venegas, presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Centro de Salud Vida Integra, al que acusa de discriminarla en razón de su identidad de género.

En la acción legal, patrocinada por la abogada Carolina Etcheverry, se establece que desde un año y medio Venegas venía tratándose en Vida Integra para adecuar su cuerpo a su identidad de género, razón por la que contaba con atención de endocrinólogos y fonoaudiólogos, entre otros especialistas.

Desde un inicio, Venegas consiguió que se respetará su nombre y sexo social tanto el trato, como en sus ficha médica, pero toda cambió radicalmente el 1 de agosto pasado, tras realizarse exámenes en una sucursal de Vida Integra ubicada en Las Condes.

“Una hora después de la realización de los exámenes recibí una llamada de una trabajadora del centro médico que cuestionó el hecho de que mi nombre social de mi ficha clínica no coincidiera con el nombre legal en mi previsión de salud. Me dijo, sin dar ninguna razón, que no permitiría el uso de mi nombre social en la ficha del sistema y que lo cambiaría por el legal, lo cual finalmente hizo”, relató Venegas.

Añadió que “me he presentado en reiteradas ocasiones en Vida Integra para que se respete mi nombre social y se restituya en el sistema, pero solo he recibido un trato indiferente, poco empático, indolente y en algunas ocasiones burlesco. Me ha discriminado tratándome de “señor” y vociferando mi nombre legal frente a otros”.

Etcheverry explicó que los hechos descritos constituyen discriminación en razón de la identidad de género, y en cuanto tal, violentan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley garantizada en la Constitución. Del mismo modo, precisó, se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos y las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El dirigente trans del Movilh, Álvaro Troncoso, apuntó que “la falta de respeto con el nombre y sexo social de las personas trans vulnera la no discriminación por identidad de genero garantizada en la Ley Zamudio, así como los precedentes sobre denuncias similares efectuadas en tribunales, por lo que esperamos la máxima sanción contra Vida Integra” .

En efecto, 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago falló contra  la Clínica Alemana ordenándola a respetar la identidad de género de una niña trans, luego de vulnerar sus derechos al impedir que fuera inscrita con su nombre y sexo social en su ficha clínica.

El recurso de protección ya fue declarado admisible.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Álvaro Troncoso, Carolina Etcheverry, Centro de Salud Vida Integra, Chile, Convención Americana de Derechos Humanos, Corte de Apelaciones de Santiago, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Daniela Venegas, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Vida Integra

El Movilh denunció la vulneración a la vida, a la salud, al bienestar y a la dignidad humana consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a Gendarmería de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturar a internos LGBTI, los cuales son además repetidamente insultados en razón de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto se denunciaron las agresiones que el pasado 11 de julio un grupo de gendarmes del Centro Penitenciario de La Serena propinó a la interna trans María del Pilar López Barrera y a otros cinco reclusos gays, algunos de los cuales quedaron con evidentes lesiones en su cuerpo, tras ser humillados por ser LGBTI y/o vivir con VIH. La situación fue tan dramática, que Gendarmería impidió que los reclusos enfermos accedieran a sus medicamentos.

En su denuncia el Movilh recordó que informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH) han revelado situaciones indignas y precarias al interior del Centro Penitenciario de La Serena.

“Los baños del interior de la celda (de castigo) se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salubridad, con el inodoro, lavatorio y ducha en mal funcionamiento. Por lo tanto, no hay disponibilidad de agua potable durante el periodo de encierro. Los aparatos no son limpiados con regularidad, tampoco existe basurero ni sistema de ventilación. Los baños presentan mal olor y marcas de humedad”, señala el INDH.

Añade que se han recibido denuncias de uso de gas pimienta contra internos/as, los cuales además han recibido “golpes de puño y/o pies por parte de gendarmes mientras permanecían castigados. Respecto a la posibilidad de contactarse con sus abogados/as, todos respondieron negativamente”.

Junto con solicitar una medida cautelar, el Movilh precisó que los hechos descritos vulneran el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para acceder a la terapia antirretroviral para internos con VIH se configura una vulneración del artículo 5, pero también del derecho a la vida (artículo 4) y del Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (articulo 10)”, finalizó la denuncia del Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Centro Penitenciario de La Serena, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Americana de Derechos Humanos, Gendarmería, María del Pilar López Barrera

El Movilh lamentó el posicionamiento del Ejecutivo, pues la actual legislación si otorga ese derecho a los menores de 14 años, mientras que la Corte Interamericana de DDHH ha sido enfática en señalar que nega el cambio de sexo y nombre legal violenta el interés superior del Niño. 

El Gobierno expuso hoy su postura sobre la Ley de Identidad de Género en la Comisión Mixta que preside la senadora Adriana Muñoz, advirtiendo que a su juicio los menores de 14 años ni siquiera podrán pedir el cambio de su nombre y sexo legal

La visión del Ejecutivo fue expuesta por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien asistió al ex Congreso Nacional acompañado del Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En relación a los mayores de 14 años y menores de 18 años, el Ejecutivo propuso que puedan cambiar su nombre y sexo legal en tribunales de familia, en compañía de sus padres/madres, así como de “antecedentes médicos, psicológicos y sociales”

En relación a los niños y niñas, el Ejecutivo enfatizó que “los menores de 14 años no podrán requerir el cambio registral”. “Entendemos que se pueden producir situaciones que afecten a niños, pero cuando aquello se produce lo que nosotros propiciamos es que los padres se hagan cargo, y las autoridades de salud y educación puedan acompañar a los padres ofreciéndoles los servicios en la medida que puedan tener la asistencia que requieren en un momento que puede ser muy difícil”, sostuvo Larraín,

De esa manera, se busca negaría incluso el derecho básico a la solicitud y tramitación judicial, lo cual no cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comisión Mixta, ni de los movimientos LGBTI. “Nosotros queremos incorporar a los niños, niñas y adolescentes en la ley”, enfatizó Muñoz

En tanto, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), enfatizó que impedir el cambio se sexo registral a menores de 14 años “violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, el Interés Superior del Niño, lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los fallos de nuestros propios tribunales”, enfatizó el Movilh.

Si bien “valoramos los esfuerzos del Ejecutivo para llegar a un consenso con su propia coalición, lamentamos su propuesta de excluir a menores de 14 años, en tanto niega una identidad natural de niños y niñas, lo cual impide su desarrollo sano y armónico. Además es una propuesta regresiva, pues busca boicotear un derecho ya existente: niños y niñas de 5 años han cambiado su nombre y sexo legal en los tribunales de familia”.

Además, el Ejecutivo desarrolló la propuesta sin los movimientos sociales, pese que el Estado firmó un compromiso ante la CIDH para trabajar la Ley de Identidad de Género junto a las organizaciones sociales. “Esta es una grave falta al acuerdo internacional”, precisó el Movilh, organismo que desarrollará nuevas gestiones ante el Ejecutivo en torno a estas materias.

En la sesión de hoy también expuso Walter Heyer, quien se auto-define como “ex trans” y “experto en identidad de género”. “Sin embargo, no hay nada que demuestre su experiencia de vida, salvo que es un aliado de los líderes del Bus del Odio y colabora con su trabajo. Es un transfóbico reconocido a nivel mundial. Es decir, un fraude”, denunció el Movilh.

En la misma línea que Heyer se manifestó la endocrinóloga Francisca Ugarte, quien volvió a oponerse a la inclusión de niños y niñas trans en la ley, sin citar ninguna fuentes científica que justifica su postura.

En lado opuesto, es decir a favor de la plena igualdad para las personas, expusieron hoy OTD, la Fundación Renaciendo y el abogado Jorge Barrera.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Adriana Muñoz, Cambio registral, Comisión Mixta, Convención Americana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ex trans, Francisca Ugarte, Fundación Renaciendo, Gonzalo Blumel, Hernán Larraín, Homofobia/Transfobia, Jorge Barrera, Ley de Identidad de Género, Lorena Recabarren, Menores transexuales, MOVILH, OTD, Walter Heyer