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El PRC y Ciudadanos rechazan la petición de anular comparecencias innecesarias e impiden, en la práctica, la aprobación de la ley LGTBI de Cantabria

Sábado, 23 de febrero de 2019

B9FF74F7-6867-4396-AD62-F2E5B386FA0BCantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Cantabria aprueba el anteproyecto de ley autonómica de igualdad LGTBI, que aún debe superar un ajustado calendario parlamentario

Lunes, 29 de octubre de 2018

psoe-bambrilla-alega-lara-revilla_ediima20170503_0433_5La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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Cantabria promueve una ley de identidad de género para menores transexuales

Viernes, 5 de mayo de 2017

psoe-bambrilla-alega-lara-revilla_ediima20170503_0433_5La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El gobierno del Partido Regionalista y el PSOE, presidido por Miguel Ángel Revilla no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

Los niños transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal.

El Gobierno de Cantabria quiere tener aprobada una ley regional que garantice la “plena integración” de las personas LGTBI “antes de que acabe el año”. Para lograrlo, ha presentado un anteproyecto en el que se prevé la igualdad de acceso de lesbianas y bisexuales a la reproducción asistida, así como tratamiento hormonal para menores transexuales.

Además, el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla formado por Partido Regionalista de Cantabria y PSOE no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, la socialista Eva Díaz Tezanos, y una representante del colectivo Alega en la comunidad autónoma, Kiara Bambrilla, han presentado el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, una norma que se va a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que saldrá a información pública durante 20 días.

El texto podrá consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria y en la web Cantabria Participa para la realización de aportaciones. El anteproyecto se someterá a una tramitación interna en las consejerías para que en “el más breve plazo posible llegue al Parlamento” cántabro, donde Díaz Tezanos espera que salga adelante con la unanimidad de los cinco grupos (Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos).

 Otro de los aspectos que se establecen en este texto es que “para favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación”, la Administración regional proveerá “a toda persona que lo solicite de acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Se pretende, según ha explicado Díaz Tezanos, garantizar los derechos de los menores transexuales a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante la infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y, con este fin, se establecen medidas sanitarias, educativas y de atención social.

En materia educativa, la ley obliga a los centros educativos a garantizar que el profesorado y personal se dirija al menor transexual por el nombre y la identidad de género que elija en todas las actividades docentes y extraescolares, incluidos lo exámenes.

Junto a ello, se respetará su imagen física y la vestimenta elegida, así como el acceso y uso de las instalaciones de acuerdo con esa norma, incluidos los aseos y vestuario.

Por último, se garantiza la confidencialidad de los datos del menor y la adecuación de toda la documentación administrativa conforme a la identidad elegida.

En el ámbito sanitario, se prevé que los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad fijado por criterio médico.

También se establece que, en el caso de que los padres o tutores legales se nieguen a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la resolución correspondiente “en aquellos casos en los que, por causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor, se entienda que dicha decisión es contraria al mayor beneficio para su vida o salud”.

La ley también contempla un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad, que incluirá la atención psicológica a la persona intersexual, o a su familia si fuera necesario, y los tratamientos requeridos de acuerdo con el género con el que se identifica.

Además, “se evitará siempre que sea posible la intervención médica inmediata, quirúrgica y hormonal que tengan el objetivo de lograr la normalización sexual para ajustarse a las normas físicas del binarismo de género”, ha explicado Díaz Tezanos, “y se velará por la erradicación de modificación genital en bebés recién nacidos en un momento en que se desconoce la identidad real de la persona intersexual”.

Además, el texto establece medidas en el ámbito de la contratación pública, incluyendo cláusulas que garanticen que las empresas contratantes respeten la igualdad de oportunidades y la no discriminación a personas LGTB, priorizando la contratación a aquéllas que favorezcan estas medidas. Además, se incluyen iniciativas destinadas a evitar la discriminación en el ámbito laboral y en el cultural, de ocio, de turismo y en los medios de comunicación.

En el anteproyecto de ley, se concretan sanciones con tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) y se prevén multas económicas que pueden llegar hasta los 30.000 euros, además de multas accesorias, como, por ejemplo, la prohibición de acceder a ayudas públicas, el cierre o suspensión del servicio y la inhabilitación temporal.

Entre las infracciones leves figura, por ejemplo, el uso de “expresiones vejatorias” por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género contra las personas o familias de éstas de forma intencionada o cualquier discriminación contra ellas que no se consideren graves o muy graves. Infracciones graves se considerarán, entre otras acciones, la emisión intencionada de expresiones vejatorias de “LGTBfobia en los medios de comunicación” , en discursos o intervenciones públicas y también el impedir realizar trámites, acceder o permanecer en servicios o establecimientos para el público por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Muy graves serán el acoso o comportamiento agresivo en función de la orientación o identidad sexual; las represalias contra persona que denuncien o hayan intentado impedir cualquier discriminación por estas causas. En esta categoría se incluyen la aplicación de terapias aversivas que supongan un “intento de conversión, anulación o supresión” de una determinada orientación o identidad sexual o el despido o expulsión de un persona de su trabajo, centro educativo, asociación o entidad por estas razones.

Fuente Cáscara Amarga

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