Las entidades lamentan que desde el Gobierno no se esté propiciando la participación de la sociedad civil en el reglamento que desarrolla sus funcionamiento y competencias

Entidades de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por catorce entidades referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, valoran positivamente que el Consejo de Ministros aprobara ayer el nombramiento de María Teresa Verdugo, fiscal especializada en delitos de odio, para desempeñar la función de Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, a quien felicitan y tienden la mano para colaborar en el cumplimiento de su cometido una vez su nombramiento sea refrendado por el Congreso de los Diputados.

El 12 de julio de 2022 se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza, al considerarlo un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus mandatos centrales la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, de entablar acciones judiciales en los casos más graves de discriminación y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

Retrasos en el nombramiento y falta de participación de la sociedad civil

El nombramiento se ha producido con más de dos años de retraso, dado que la Ley establecía que este organismo debía establecerse como muy tarde en enero de 2023. Las entidades lamentan este retraso, pues han podido comprobar que sin este organismo es prácticamente imposible aplicar esta ley y resarcir a las personas que sufren discriminación en su día a día.

Asimismo, la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato ha expresado su malestar porque el Gobierno no esté propiciando la participación de la sociedad civil en el desarrollo reglamentario del funcionamiento y competencias de este organismo, pese a haberlo solicitado por carta en reiteradas ocasiones desde que se aprobó la Ley. Entienden, como organizaciones especializadas en el acompañamiento a las víctimas de las distintas formas de discriminación, que deberían ser consultadas en este proceso para aportar desde su conocimiento y experiencia. Por este motivo, las organizaciones han registrado en el día de hoy una petición conjunta de información pública en virtud de lo establecido en la Ley de Transparencia, pidiendo información sobre el desarrollo de este reglamento, así como sobre los canales de consulta pública que van a propiciarse.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, CONVIVE – Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Federación Estatal LGTBI+, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.

Fuente FELGTBI+

General Accem, Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, Asociación Rumiñahui, Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, CEAR, CERMI, CESIDA, CONVIVE – Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Federación Estatal LGTBI+, Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo, Movimiento por la Paz (MPDL), Provivienda, Red Acoge, Save the Children

Los obispos españoles ven con «inmenso dolor» el acuerdo UE-Turquía

La CEE ve «irrisoria» la cantidad de personas acogidas, y se ofreció formalmente al Gobierno

El director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, el jesuita José Luis Pinilla, recordó que los obispos españoles han mostrado desde el primer momento «inmenso dolor« por cómo la Unión Europea aborda la crisis de refugiados, a través de acciones como, por ejemplo, el acuerdo con Turquía.

Pinilla dijo a Servimedia que los obispos sostienen que «detrás de estos flujos migratorios, en continuo aumento, está siempre la inhumanidad de un sistema económico injusto en el que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien común, o la violencia y la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre».

También subrayó que desde la CEE se denunció en su día la «irrisoria» cantidad del cupo de refugiados, y que ya en 2013 la CEE se ofreció formalmente al Gobierno a acoger migrantes en esa situación.

Por ello, la Iglesia española cree necesario «mantener un discurso común» en la UE para sensibilizar en defensa de los derechos de refugiados e inmigrantes y «a avanzar en el cultivo de una cultura de acogida e integración de estos hermanos», como promueven tanto los obispos como las organizaciones católicas Cáritas, Confer, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz.

Asimismo, los obispos reiteran que hacen suyas las palabras del Papa, invitando a «ayudar a personas que huyen de la guerra y de la violencia, como los cien de refugiados ya trasladados en Italia, entre los cuales niños enfermos, personas discapacitadas, viudas de guerra con hijos y ancianos».

Según recuerda Accem, organización que trabaja por el asilo y los refugiados, hace justo un año, la UE acordó permitir el reasentamiento de 22.504 personas refugiadas que se encontraban en campos fuera de las fronteras europeas. A fecha 30 de junio, según datos del Ministerio del Interior, habían sido acogidas en España 187 personas reubicadas desde Grecia e Italia, y 118 personas habían sido reasentadas, procedentes de Turquía y Líbano. En total, 305 personas.

Fuente Agencias/Religión Digital

General, Iglesia Católica Accem, Caritas, Comisión Episcopal de Migraciones, Compañía de Jesús, CONFER, José Luis Pinilla, Justicia y Paz, Refugiados, Turquía, Unión Europea