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Estados Unidos vota contra resolución de la ONU que condena la pena de muerte a homosexuales

Martes, 16 de octubre de 2018

irangaysEstalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

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Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

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Estados Unidos vota en contra de una resolución de la ONU para acabar con la pena de muerte a homosexuales

Miércoles, 4 de octubre de 2017

consejo-ddhh-onu-696x464Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

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La homofobia de estado no remite: frente a mínimas mejorías en el terreno penal, crecen los países que limitan la libre expresión de la realidad LGTB

Miércoles, 17 de mayo de 2017

informe-ilga-2017-homofobia-211x300Madrid se suma al Día contra la LGTBIfobia

“Somos. Amamos. Y punto”, mensaje de Bilbao contra la homofobia

La Asamblea de Extremadura conmemora el Día Internacional contra la LGBTIfobia

España sigue retrocediendo en la defensa de los derechos LGTB

La Unión Europea pide a los gobiernos del mundo que defiendan los derechos de LGTB

El PSOE reclama “el fin de la penalización” de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad en todo el mundo

Es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Una buena fecha para recordar que, según la nueva edición del informe anula de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), más de 70 países siguen castigando penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo y, lo que resulta igual de preocupante, cada vez más países incorporan a su ordenamiento jurídico normas que limitan la visibilidad y la libre expresión pública de las personas LGTB y de las entidades que las defienden. 

Desde su primera edición en 2006, el informe de ILGA sobre Homofobia de Estado ha ofrecido una amplia recopilación anual de datos útiles y creíbles sobre las leyes que afectan a las personas en todo el mundo sobre la base de su orientación sexual. Es un documento que utilizan tanto defensores de derechos humanos, investigadores u organizaciones de la sociedad civil como agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En este momento, y según el informe de ILGA, 72 estados aún criminalizan los actos sexuales de personas del mismo sexo entre adultos que consienten: en 45 de estos estados la ley se aplica también a las mujeres. ILGA tiene datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato supone una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía el año pasado, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, repetimos, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

Tres pequeños países se han descolgado a lo largo del pasado año de esta lista infame. En ambos casos lo recogimos en nuestra página: se trata de  Nauru, Belice y de Seychelles.

Pena de muerte, posible en 13 estados

La pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

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Leyes contra la “promoción” y de “moralidad”: 19 estados

Pese a la levísima mejoría por lo que a la consideración penal de las relaciones homosexuales se refiere, este año hay empeoramiento en el número de países que tienen en su ordenamiento jurídico leyes contra la “promoción” de las relaciones sexuales no tradicionales o de “moralidad” dirigidas a reprimir la expresión pública de las realidades del mismo sexo y trans, que han pasado de 17, según el contaje de 2016, a 19. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Catar, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Rusia, Siria, Somalia, Tanzania y Túnez.

“Con el continuo aumento en el uso de dispositivos digitales, el despliegue de estas leyes se hace aún más siniestro”, expresa Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA. “El caso actual de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de tales abusos, ya que los supervivientes han expresado temores de que las cuentas de los medios sociales de hombres percibidos como homosexuales o bisexuales están siendo hackeadas y usadas para identificar y contactar a otros que aún no han sido detenidos”, ha asegurado. Chechenia, conviene aclarar, no figura como estado independiente en el informe de ILGA, al ser una república de la Federación Rusa.

Estados Unidos: límites a la discusión de la realidad LGTB

Aunque Estados Unidos ha quedado oficialmente fuera de la lista previa de 19 estados, ILGA sí que recuerda en su informe que varios de sus estados han promovido normas que restringen o condicionan la discusión de las relaciones y los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En algunos estados, los materiales escolares y los contenidos que allí se instruyen deben hacer hincapié en que “la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable para el público en general” (Alabama y Texas); abstenerse de sugerir que “el sexo homosexual” puede ser seguro (Arizona); explicar que hoy en día se sabe que “la participación en actividad homosexual” es “la principal responsable” de la transmisión del sida (Oklahoma) o referirse a las “relaciones homosexuales” solo cuando se imparten conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual (Carolina del Sur), entre otros.

Barreras contra las ONG: 25 estados

Otros 25 estados plantean barreras a la formación, establecimiento o registro de ONG relacionadas con la orientación sexual. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Catar, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malawi, Omán, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Rusia, Siria, Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen.

El lado positivo

El informe también señala algunos datos positivos. Es cierto que 72 estados contienen disposiciones legales que protegen contra la discriminación en el empleo basándose en la orientación sexual, 63 han promulgado diversas leyes de no discriminación, tanto amplias como específicas, mientras que 43 contemplan en sus legislaciones la orientación sexual de las víctimas como circunstancia agravante de los crímenes de odio y 39 prohíben la incitación al odio por motivos de orientación sexual. Sin embargo, si se mira la letra pequeña del informe, se puede comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de normas aprobadas en años anteriores, lo que no permite considerar que en estos momentos esta sea ni mucho menos una tendencia significativa.

Por lo que se refiere al matrimonio igualitario, son 23 los estados que lo contemplan en todo o en parte de su territorio, mientras que otros 28 contemplan en sus legislaciones otras formas de unión entre personas del mismo sexo.

En definitiva, como la propia ILGA reconoce, pese a la existencia de algunos avances, “es una verdad ineludible que la plena igualdad para las personas lesbianas, gais y bisexuales está, desafortunadamente, muy lejos de ser alcanzada”. La lucha debe continuar.

Puedes descargar el informe completo de ILGA en castellano sobre Homofobia de Estado (213 páginas)  en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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Fe activista contra la LGTBIfobia episcopal

Lunes, 27 de febrero de 2017

soy-homosexual-tengo-hijos-soy-catolico1Por su interés publicamos este artículo que hemos leído en Público:

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales

El discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos

Las posibilidades de vivir un cambio sustancial no es esperable a corto plazo

Personas católicas del movimiento LGTBI asumen el reto de desmontar la lectura con la que la doctrina oficial condena a la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, una posición excepcionalmente replicada dentro de las comunidades de creyentes.

Por, Meritxell Rigol

Una pequeña cruz de plata le cuelga del cuello con una fina cadena. En la muñeca, una goma de pelo color cielo junto a un rocío crean una pulsera que hace pensar en la bandera del orgullo trans, casualidad o no. Marta Siscar, de hecho, dice que no cree precisamente, en las casualidades. Proveniente de una familia que no era de ir a misa, encuentra que pasar años dentro de la Iglesia -desde que se acercó de pequeño a hacer de monaguillo hasta ingresar al seminario-, no lo ha sido una, de casualidad. “Si mi trayectoria ha sido la que ha sido es porque Dios ha querido que yo fuera trans y creyente, y poder dar testimonio de las dos cosas juntas”, explica convencida.

O ser cura o vivir como la mujer que era. Hace seis años que Marta tuvo que escoger qué parte de sí misma pesaba más. “Yo no he perdido la vocación sacerdotal y, si algún día se pueden ordenar mujeres, me plantearé volver al seminario”, explica en unos momentos en que ya no mantiene la relación con los curas que tenía cerca. “Ya no puedo hablar con ninguno de ellos, me ven como una loca, como una endemoniada…”, lamenta, con un punto de sarcasmo.

58ac25b92df63-r_1487796539577-0-35-640-365En Barcelona, donde se trasladó desde su Valencia natal al dejar el seminario, Marta no se ha ligado a una comunidad católica, sino que acude a una u otra parroquia una vez a la semana. Se dedica a la música como directora de coro -ahora, sin órgano-, echa un cable a la administración de la Fundació Enllaç -de apoyo a personas mayores LGTBI- y es activista de Generem!, la asociación impulsora de la Plataforma Transforma la salut, la iniciativa que ha promovido los cambios para despatologitzar el modelo de salud para las personas trans en Cataluña. Un reto similar lo ve, también, de cara a la Iglesia.

“Me da igual que haya cuatro obispos que digan tonterías sin fundamento bíblico sobre las personas trans y la homosexualidad, escudándose en un par de pasajes fuera de contexto, aunque con la voluntad de controlar a la sociedad. Lo que hace falta es hacer una relectura de las escrituras desde el contexto actual “, reivindica Marta Siscar, que cursó los dos primeros años de la carrera de teología, antes de abrirse la puerta del armario.

“Tonterías” o “sandeces”, son términos coincidentes con los que personas católicas y, al mismo tiempo, activistas del movimiento de defensa de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales se refieren a las tesis LGTBIfobicas que son predicadas desde el Vaticano en las parroquias de los barrios. Aunque se esfuerzan en diferenciar la posición fundamentalista de la jerarquía contra las realidades no heteronormativas de la realidad que viven las personas LGTBI en las comunidades católicas, el discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos de los hombres de Iglesia y es la perspectiva que empapa a buena parte de los creyentes.

Asignatura pendiente de la comunidad católica

11566085593_1051a9e493_z“Aunque siempre hay excepciones, la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género es tabú todavía, y en muchas parroquias se prefiere guardar silencio y discreción. Es una asignatura pendiente de la comunidad católica que, tarde o temprano, deberá afrontar con amor, valora Alejandro Pastor, dinamizador del grupo de fe y espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bissexuals (FELGTB).

La pluralidad a la que apelaba el Arzobispado de Barcelona ante las muestras de rechazo por la celebración de la conferencia del escritor gay Philippe Ariño, organizada hace poco más de una semana en la Parroquia de Santa Ana, es un argumento que cae con la práctica de la institución, por norma, en cualquiera de las diócesis.

Ninguna perspectiva que contradiga la tesis ortodoxa adoptada y difundida por Ariño, según la cual negarse a las relaciones afectivo-sexuales con personas del mismo sexo es la única opción cristiana que tienen gays y lesbianas, no es autorizada en el marco eclesial. Un ejemplo bastante cercano lo encontramos en la prohibición, el pasado marzo en la parroquia de Sant Medir de Barcelona, de una conferencia de Krzysztof Charamsa, el sacerdote de la Congregación para la Doctrina de la Fe expulsado del Vaticano, después de que, en la víspera del Sínodo de Familia, a finales de 2015, hiciera público que era gay y reivindicara su “felicidad y orgullo” junto a su pareja.

obispos-go-homePreguntados por este caso, desde el Arzobispado de Barcelona mantienen que la convocatoria “fue suspendida por el rector de la parroquia después de que el conferenciante fuera apartado tanto del dicasterio romano como del sacerdocio”. Sin embargo, la conferencia prevista se celebró unos pasos más allá de la parroquia del barrio de la Bordeta -en un local no eclesial-. Allí, como en muchos otros espacios fuera de la Iglesia, Charamsa se situó en el polo opuesto de la doctrina oficial para defender que la abstinencia de vida afectiva exigida a las personas homosexuales es “inhumana”.

“¿Con qué derecho me dicen con quién me debo acostar y con quién no? ¿Y con quién tengo que vivir y con quién no? Hago daño a alguien? He sido profesora de religión y nunca he estudiado nada en la carrera de teología que me haga sentir contradicción por ser católica y lesbiana “, asegura Amada Rodríguez, miembro de LGTBEbre y de la Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Catalunya. “A mi hija la bautizamos, yo le he hecho catequesis, en las noches rezamos … Con mi mujer hemos cuidado esta dimensión y la mía ¿no es una familia cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué somos dos mujeres?”, expresa con indignación.

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco fue una declaración que, si bien generó revuelo, no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI. “Varios sacerdotes y profesores de teología no dominados por una ideología fundamentalista, que no hayan estudiado en universidades como las del Opus, comparten un discurso de recuperación del cuerpo, en el que no se ve como contrapuesto al espíritu y pecaminoso, sino como un elemento más para estar contentos de la creación y por tener relaciones con la trascendencia”, remarca Jordi Valls, consiliario de la Asociación de Cristianos LGTBI (ACGIL), entidad miembro de la plataforma LGTBIcat, impulsora de la ley catalana contra la LGTBIfobia.

Valls asegura que una relectura no represiva de la sexualidad, que comprende y respeta la diversidad fuera del heteronorma, puede sentirse en confesionarios y en despachos de consejeros espirituales, pero que “no tiene ningún altavoz”. “Ni lo escriben ni lo predican públicamente, porque es imposible salirse del dogma en el sistema perverso que ha instalado en esta institución total. Se debe tener gran valentía o un trabajo bien atado fuera de la Iglesia para poder decir lo que piensan “, añade.

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Silencios cómplices

Consciente del peso que tienen las tesis LGTBIfòbiques a las comunidades católicas, Amada Rodríguez reconoce que, en los entornos eclesiales, es donde más le cuesta visibilizarse como lesbiana. Aunque opta por moverse en ellos “con pies de plomo”, dice, después de 25 años con su pareja y de haber formado una familia lesbomarental.

“Sabes lo que hay y me genera incomodidad pensar en encontrarme en la parroquia con una situación que me dolería mucho”, justifica. “Mi mujer y yo habíamos vivido armariozizadas y, al adoptar a Mila, incluso dejé de frecuentar la parroquia, porque sentía cierta inseguridad de lo que nos podrían decir, pero al final tener una hija nos ha hecho mostrarnos tal como somos; no podíamos dejarle el trabajo que teníamos que hacer nosotros”, explica. En la práctica, sin embargo, asegura que nunca han vivido un ataque lesbofobia en su palabradedios1-940x742Los resultados de una encuesta global sobre actitudes ante las personas LGTBI, llevada a cabo el año pasado por la ILGA, la federación mundial de organizaciones por los derechos de las personas LGTBI, recoge que, sin importar la insistencia con que las voces representantes de las religiones condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, grandes franjas de las poblaciones no ven conflicto entre tales creencias religiosas y el deseo sexual entre personas del mismo sexo. “Esto sugiere que los argumentos anti LGTB basados en dogmas religiosos reciben una atención desproporcionada. Dicho de otro modo: las cosas están cambiando, más lentamente de lo que esperamos, pero cambian”, concluye el informe, elaborado a partir de las respuestas de más de 700 personas de cada uno de los 54 estados incluidos.

A los resultados en España, un 50% de las personas encuestadas declara que el deseo entre personas del mismo sexo no le genera un conflicto con sus creencias religiosas. Es el porcentaje más alto obtenido de los 12 estados europeos encuestados (Ucrania, Croacia, Rusia, Serbia, Portugal, Polonia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia e Irlanda, además de España). La media europea cae hasta el 35%.

El grueso de personas que declara que sí encuentra conflicto se limita a un 10% en el caso español, el porcentaje más reducido de los estados europeos encuestados. La media europea obtenida doble la cifra.

“Como ocurre en la sociedad en general, en las comunidades cristianas los niveles de homofobia y transfobia crecen en las personas que no conviven con personas LGTBI y bajan cuando conviven, sin embargo, a no ser que estén dominadas por ideologías fundamentalistas, como la del OPUS o los Legionarios, la mayoría de comunidades no excluyen las personas LGTBI “, asegura Valls. Ahora bien, el consiliario de ACGIL reconoce que cuesta encontrar a alguien que, públicamente, “se levante a favor de los derechos de las personas LGTBI” y que corte, así, el eco de LGTBIfòbia episcopal que impregna las parroquias.

“El mensaje oficial tiene mucha influencia en las personas vinculadas a la Iglesia y hay mucha gente sufriendo esto desde el armario, porque la mayoría no tiene formación como para ser capaz de decir a obispos y cardenales que la LGTBIfòbia no tiene ningún sentido bíblico”, lamenta Marta Siscar, y añade: “La poca implicación de las personas LGTBI católicas en la Iglesia, donde somos muy minoritarias, se explica porque, para muchas personas, resulta más fácil apostatar, dejarlo de lado”.

El discurso ortodoxo en las bases

gay_marriage_usa_2El impacto del discurso oficial, que entiende las prácticas homosexuales y las identidades transgénero como “desórdenes” del “orden natural” -según el cual mujer y hombre son seres opuestos y complementarios-, es fuente de LGTBIfobia y dolor para muchas personas creyentes, que reciben de la doctrina de la Iglesia un mensaje de rechazo frontal a su identidad. Por ello, es habitual que personas que no responden a la heteronormatividad perciban como irreconciliable ser lesbiana, gay o trans y, a la vez, católica.

Romper la idea de contradicción entre fe religiosa e identidad de género u orientación sexual no heteronormativas motivó una campaña de la sección europea de la ILGA, hace unos meses, bajo el lema Gay vs. God. El objetivo ha sido contribuir a derrumbar mitos sobre religión e identidades LGTBI y “defender que no se trata de elegir un bando, sino que ambas piezas son partes profundas de la identidad de muchas personas”. “La compañía, que amamos y lo que creemos no puede justificar nunca la negación de los derechos humanos a nadie”, reivindica la ILGA.

Rechazo de los obispos a la ley contra la LGTBIfobia

10246628_670162999705965_4433119449604008436_nLa negación de los derechos de las personas LGTBI llevó a los obispos catalanes a pronunciarse en contra de la ley para erradicar la LGTBIfobia, aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento de Catalunya en octubre de 2014 –con los únicos votos en contra del PP y de Unió Democràtica de Catalunya. El gran éxito del movimiento LGTBI en el país fue considerado, para los obispos, como “desacertado”, al advertir en ella “graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia”.

Actualmente, los grupos parlamentarios del Congreso estudian un proyecto de ley por los derechos de las personas LGTBI, presentado el pasado septiembre por la FELGTB. La organización confía en que no acabe el año sin tener la ley, inspirada en la decena de leyes autonómicas contra la LGTBIfobia hasta ahora aprobadas al Estado.

Atendiendo a los precedentes, la presión ruidosa del sector más conservador de la sociedad, movilizado en torno a las premisas de la Conferencia Episcopal, es esperable que sea una de las líneas del nuevo capítulo de avance de los derechos de las personas LGTBI que puede empezar a escribirse . “Mientras que la bondad y el respeto son el corazón de las religiones, líderes y autoridades que buscan el apoyo de los sectores más conservadores de sus sociedades interpretan la religión de forma excluyente para justificar violencia y discriminación”, valora Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

Las activistas situadas en la incómoda bisagra entre el movimiento LGTBI y las comunidades católicas coinciden en apuntar que las posibilidades de vivir un cambio sustancial en la posición de la doctrina católica no es esperable a corto plazo, pero no renuncian a ir provocando un efecto revulsivo en las bases de la Iglesia. “La jerarquía católica está tan equivocada y genera tanto sufrimiento que a las entidades LGTBI nos toca luchar, también, por el derecho humano a la libertad religiosa”, defiende Amada Rodríguez, aunque el rebote -cabreo y dolor comprensibles, dice- que es habitual encontrarse en los colectivos LGTBI al hablar con ellos de religión.

Fuente Público

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El tailandés Vitit Muntarbhorn, primer experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB

Miércoles, 5 de octubre de 2016

1437358680El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha nombrado al tailandés Vitit Muntarbhorn experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, tiene una trayectoria dilatada al servicio de Naciones Unidas. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. 

Lo recogimos en su momento como noticia de especial relevancia. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaba por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. La propia votación para aprobar la creación de este puesto lo demuestra, de hecho: se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

Tres meses después de que se aprobara la creación de esta figura se ha conocido por fin el nombre de la persona que la encarnará. Se trata del tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

ILGA, “encantada” con el nombramiento

Un nombramiento que ha sido celebrado por organizaciones LGTB y de defensa de los derechos humanos. Valga como ejemplo la reacción de ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales), la organización “paraguas” de colectivos LGTB más importante del mundo, que se ha mostrado literalmente “encantada”. “Es particularmente apropiado que él sea nombrado para este cargo en el décimo aniversario de los Principios de Yogyakarta, que él ayudó a escribir en 2006”, han declarado Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA.

“Tenemos muchas ganas de trabajar con el profesor Muntarbhorn en los próximos años. Nunca ha habido una necesidad más urgente de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. Atacadas, discriminadas, dirigidas y invisibilizadas, nuestras comunidades necesitan un aliado como el profesor Muntarbhorn para asegurar que el que ‘todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, como la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente, sea una realidad y no solo un sueño”, ha expresado por su parte Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

¿Cuáles serán sus funciones?

Vitit Muntarbhorn cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

  • Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
  • Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
  • Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
  • Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
  • Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
  • Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esperamos de todo corazón que el nombramiento de Muntarbhorn, primero de este tipo que aprueba Naciones Unidas, sirva para mejorar de forma efectiva la situación de las personas LGTB en todo el mundo. Hace mucha falta.

Fuente Dosmanzanas

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