Ya han tenido lugar en Rusia las primeras repercusiones por la aplicación de la ley que castiga la llamada «propaganda» de la homosexualidad y las identidades trans en todos los ámbitos, promulgada el pasado 5 de diciembre por el presidente Vladimir Putin. Aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso por unanimidad, la nueva ley prohíbe cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria .

Museos cerrados, libros censurados, páginas web bloqueadas o espectáculos prohibidos. Son la consecuencia de la aplicación de la nueva ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» vigente en Rusia desde el pasado 5 de diciembre. Se trata en realidad de una serie de enmiendas a la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales ante menores», en vigor desde 2013, con el objetivo de hacer desaparecer del ámbito público cualquier referencia no derogatoria de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.

Una ley aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas

El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), en julio del pasado año. Todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, presentándose como impulsores 400 de los diputados de la Duma. Fue sometido a votación en primera lectura en la cámara baja el 27 de octubre, siendo aprobado por unanimidad. El 24 de noviembre se volvió a votar en segunda lectura, alcanzando de nuevo el voto unánime de los 394 diputados presentes. El 2 de diciembre fue respaldada por todos los miembros del Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento), para finalmente ser promulgada por el presidente Vladimir Putin el día 5 del mismo mes. Para los activistas LGTBI, esta unanimidad de diputados y grupos parlamentarios es una muestra más de la falsa pluralidad del sistema político ruso y de su gobierno autocrático.

La nueva ley castiga la propaganda de las relaciones no tradicionales en todos los ámbitos y ante cualquier audiencia. También se ha añadido la penalización de cualquier información que pueda promover entre los menores el «deseo de cambiar de sexo». Términos engañosos para impedir informar sobre las realidades trans a los menores de edad. A estas penalizaciones se suma la del castigo de la promoción de la pederastia, con la intención expresa de equiparar la información positiva sobre las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con el abuso de menores. Las sanciones pueden alcanzar los 400.000 rublos (6500 euros, 6600 dólares) para los ciudadanos y los 5.000.000 de rublos (81.500 euros, 82.100 dólares) para las entidades como asociaciones y empresas. Las multas también se aplican a ciudadanos extranjeros, que pueden ser detenidos durante 15 días antes de dictarse su expulsión del país.

Las repercusiones de la invisibilización social

El significado de lo que se considera «propaganda» no se detalla en la ley, dejando en manos de los jueces, muy afines al Gobierno, una amplia interpretación del concepto. Queda prohibida cualquier expresión pública que sea positiva, o incluso neutra, de la homosexualidad, bisexualidad o realidades trans. Afecta a los medios de comunicación tradicionales; a las obras de carácter artístico (literatura, cine, teatro, espectáculos de todo tipo, televisión…); páginas web y redes sociales; y también a la reivindicación pública de los derechos LGTBI. Según algunos activistas, aunque quizás se permita la existencia de clubes o lugares de diversión frecuentados por personas LGTBI, la expresión de afecto en público, como besarse o caminar de la mano podrán ser declarados como «propaganda».

Como repercusión por la entrada en vigor de la ley, se han cancelado espectáculos de drag, se han publicado libros que tratan relaciones entre personas del mismo sexo con párrafos enteros tachados, las tiendas han eliminado de sus estanterías los libros con personajes LGTBI, se ha cerrado un museo dedicado a la historia de las reivindicaciones de las minorías sexuales, negocios dirigidos a estas minorías se han visto obligados a cerrar por no poder exhibir sus productos y varios grupos de defensa de los derechos LGTBI han decidido dejar sus actividades. Por su parte, el Roskomnadzor (organismo encargado de la vigilancia en las redes y calificado por algunos como «policía política») ha sido investido de un poder pleno para declarar el cierre de páginas webs o censurar las redes sociales sin necesidad de orden judicial.

 Agentes extranjeros o traidores a la patria

The Sphere Foundation, la entidad legal que estaba detrás de la mayor organización LGTBI del país, Russia LGBT Network, que denunció las torturas y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia, fue denunciada en su día como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia. Con ello se perseguía el cierre de la organización, puesto que la denominación de «agente extranjero» se aplica a quienes colaboran con fuerzas del exterior para dañar o desprestigiar al Estado ruso. Es una definición que proviene del poder ejecutivo y no puede ser recurrida ante los tribunales. En Rusia, es el equivalente a «espía» o «traidor a la patria», términos de especial gravedad en la actual situación de guerra tras la agresión perpetrada contra Ucrania.

En los prolegómenos de la aprobación de la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» se ha multiplicado este tipo de discurso que relaciona la reivindicación de los derechos LGTBI o la expresión pública de su existencia con la colaboración con los enemigos de Rusia. De esta manera, el propio presidente Putin, el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin o el principal propagandista progubernamental, Vladimir Solovyov, han propagado discursos en los que definen los derechos de las personas LGTBI como influencia extranjera o incluso entre las razones para la invasión de Ucrania.

El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».

Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, declaraba lo siguiente al presentar el proyecto de ley: «Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a quienes quieren llevar una vida normal. Todo lo demás es pecado, sodomía, oscuridad y nuestro país lucha contra ello». Volodin invitó a los diputados de todas las facciones políticas a firmar como coautores del proyecto de ley. Ni un solo parlamentario se negó. El líder de la facción Rusia Justa, Sergey Mironov, explicaba su apoyo: «La propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales es una guerra. Es una guerra espiritual de información, una guerra ideológica».

El mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, exponía el siguiente discurso ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».

Con este tipo de discursos de odio, de vejación y señalamiento públicos, deben convivir a diario las personas LGTBI rusas.

Fuente Dosmanzanas

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La demandante del caso era Neringa Dangvydė Macatė, una autora de cuentos infantiles de nacionalidad lituana. Aunque falleció en 2020, su madre continuó el proceso judicial para conseguir hacer justicia. En 2013, la Universidad de Ciencias de la Educación de Lituania publicó uno de sus libros, Amber Heart (Gintarinė širdis), que contiene una serie de cuentos infantiles dirigidos a niños de nueve y diez años, con financiación parcial del Ministerio de Cultura lituano (puedes descargar el libro, traducido al inglés, desde The Amber Heart, una página web creada para difundir el caso). Se trata de una adaptación de los cuentos de hadas tradicionales, pero que incluye personajes de diferentes grupos étnicos y con discapacidad intelectual y que aborda temas como la estigmatización, el acoso escolar, las familias divorciadas o la inmigración. Además, dos de los cuentos incluyen entre sus personajes dos parejas del mismo sexo que contraen matrimonio, motivo por el cual el Ministerio de Cultura, que había contribuido a su publicación, lo denunció ante la Oficina de Inspección de Ética Periodística.

Conviene recordar, en este punto, que en marzo de 2010 había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual a menores (a cosa no quedó ahí, de hecho: en octubre de 2010 entró en vigor otra reforma que prohíbe la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual dirigidos a toda la población, y no solo a menores).

Volviendo a Ambert Heart, la Oficina de Inspección de Ética Periodística de Lituania consideró que en efecto el libro de cuentos violaba la mencionada normativa referida a menores y solo podía ser distribuido con una advertencia de que su contenido no era adecuado para menores de 14 años. La distribución del libro fue así paralizada durante un año hasta que se reinició con dicha advertencia. Su autora acudió a los tribunales de Lituania, donde no consiguió revertir la censura. Es más, en una argumentación absolutamente kafkiana, el Tribunal Regional de Vilna llegó a considerar que presentar modelos de familia alternativos a los tradicionales podría considerarse un acto discriminatorio por parte de la propia autora, abiertamente lesbiana, contra aquellas personas que defienden valores diferentes a los suyos propios.

Tribunal de Estrasburgo: la censura homófoba violó la libertad de expresión

Neringa Dangvydė Macatė, y después del fallecimiento de esta en 2020 su madre, con la participación como terceras partes, entre otras organizaciones, de ILGA-Europa, llevaron finalmente a Lituania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un fallo unánime considera, que en efecto, el Estado lituano violó el artículo 10 de la Conevnción Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad de expresión, al bloquear la distribución del libro.

Por otra parte, la argumentación del alto tribunal, tal y como ha sido reproducida en su nota de prensa, mantiene que restringir por «inapropiado o perjudicial» el acceso de los niños a información sobre relaciones entre personas del mismo sexo únicamente por el hecho de mostrar estas relaciones en ausencia de otros elementos, demuestra la preferencia de las autoridades por unos tipos de relaciones y de familias como socialmente más aceptables y valiosas, algo «incompatible con las nociones de igualdad, pluralismo y tolerancia inherentes a una sociedad democrática». Una vez expresada esta argumentación, una mayoría de 12 jueces frente a 5 consideraron que una vez comprobada la violación del artículo 10 no había necesidad de valorar separadamente si el acto de censura violó también el artículo 14 del Convenio, que prohíbe la discriminación.

El alto tribunal condena a Lituania a indemnizar con 12.000 euros a la madre de la escritora y a abonarle, además, otros 5.000 euros en concepto de costas.

La LGTBIfobia de Estado en Lituania: sombras y alguna luzLa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una gran noticia, dado que Lituania, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, se adelantó a otros países como Rusia o Hungría a la hora de limitar la información positiva sobre homosexualidad a menores sin que eso le supusiera sanciones de ningún tipo. Lo sucedido con el mencionado cuento, además, no es el único ejemplo de LGTBIfobia de Estado en ese país.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a las mencionadas leyes. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas. Un caso, por cierto, que también acabó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ya supuso una primera condena contra Lituania hace ahora tres años.

Confiemos en que esta serie de condenas mueva a Lituania a dar marcha atrás y poner fin a su legislación homófoba. En este sentido, resulta al menos esperanzador que en noviembre de 2015 el Parlamento lituano decidiese no seguir el ejemplo de Rusia y eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» aún más restrictiva. Y en 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

Por otra parte, en febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La situación sin embargo, fue corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

En noviembre de 2020, el recién elegido Gobierno de coalición de Lituania acordó promover un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo, al que se opone el Presidente de la República Gitanas Nausėda.

Según la ley de la UE, todos los estados miembros deben “facilitar” a los ciudadanos LGBT+, lo que significa que deben mantenerse libres de discriminación. La homosexualidad solo se despenalizó en el país de mayoría católica en 1993, y la constitución todavía define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Gitanas Nausėda, presidente de Lituania, ha expresado abiertamente su creencia en lo que él llama valores familiares tradicionales. Se ha manifestado en contra de lo que denominó “propaganda de género “ y ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. “Como presidente de la República de Lituania, usaré mis poderes para asegurarme de que así sea”, dijo en un mitin en mayo de 2021, mientras los ciudadanos protestaban contra un proyecto de ley que permitiría las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y Rishi Sunak, primer ministro británico.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno conservador británico ha decidido bloquear la ley escocesa de autodeterminación de género, recién aprobada por el Parlamento de Escocia. Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ‘Scotland Act’ de 1998, la histórica ley que devolvió a la nación escocesa su capacidad legislativa y que permite a los escoceses ejercer su autogobierno, que el Gobierno británico adota una decisión así. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado la decisión como «ataque frontal a nuestro demócraticamente elegido Parlamento escocés». Una crisis constitucional de calado que muestra hasta qué punto la transfobia ha calado el tejido institucional británico.

La ley escocesa de identidad de género, aprobada definitivamente el pasado 22 de diciembre por 86 votos a favor, 39 en contra, ninguna abstención y 4 ausencias, permite a las personas trans mayores de 16 años ver reconocida su identidad de género tras presentar una autodeclaración firmada, sin necesidad de aportar ningún tipo de informe médico o psicológico ni de acreditar tratamientos quirúrgicos y/o hormonales previos. De esta forma, la ley despatologiza la transexualidad e implementa el principio de autodeterminación de género, que instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, han reconocido ya y que diversos estados han implementado ya.

Aun así, la ley escocesa se han enfrentado a una dura oposición por parte del lobby transexcluyente, especialmente poderoso en Reino Unido: tanto el Partido Conservador como sectores significativos del Partido Laborista han asumido postulados contra el principio de autodeterminación de género, mientras que el activismo transodiante goza de gran predicamento en los medios de comunicación británicos y es defendido por personalidades de cierto prestigio social, como la escritora J. K. Rowling. La firmeza de una mayoría de diputados del SNP (Partido Nacionalista Escocés) y del gobierno de Nicola Sturgeon, en este sentido, han resultado fundamentales para que Escocia sí haya sido capaz de aprobar una legislación que supera la anacrónica ‘Gender Recognition Act’ aprobada en 2004 por el Parlamento británico y todavía vigente en Reino Unido, que sí obliga a las personas trans a tener un diagnóstico de «disforia de género» y a que un panel de «expertos» autorice o deniegue el reconocimiento legal de su género. La ley escocesa, eso sí, ha estado sometida a un escrutinio sin precedentes y ha tenido que introducir una serie de salvaguardas expresas para que solo se puedan beneficiar de ellas las personas nacidas o con residencia legal en Escocia y no interfiera con otras leyes británicas en materia de igualdad.

No ha bastado, sin embargo, con todas las salvaguardas incluidas expresamente en la ley. El Gobierno británico, a través de su secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, ha anunciado su intención de aplicar por primera vez desde la devolución de poderes a Escocia la ‘Sección 35’ (una especie de artículo 155 a la británica…), que permite al Gobierno británico bloquear la entrada en vigor de una ley aprobada por el Parlamento de Escocia, y ha exigido a este reforma la ley. Una decisión que está en la línea de los postulados tránsfobos expresado en ocasiones anteriores por el primer ministro conservador, Rishi Sunak, pero que abre una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. «Se trata de un ataque frontal a nuestro democráticamente elegido Parlamento escocés y su capaidad de tomar sus propias decisiones sobre las materias que nos fueron devueltas. El Gobierno de Escocia defenderá la legislación junto al Parlamento de Escocia. SI este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha expresado en Twitter la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon:

This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 16, 2023

La trayectoria Tránsfoba del Primer Ministro británico Rishi Sunak

En noviembre ya informábamos de los planes del Primer Ministro del reino Unido Rishi Sunak, quiere eliminar los derechos de las personas transexuales en Reino Unido. Según informaban varios medios, el primer ministro Rishi Sunak está planeando eliminar las protecciones legales para las personas trans de la Ley de Igualdad de 2010. Según The Telegraph, Sunak tiene previsto “revisar la Ley de Igualdad para dejar claro que sexo significa sexo biológico y no género”.

En la actualidad, la ley protege a las personas de la discriminación tanto por razón de sexo como de “reasignación de género”. En virtud de esta última, las personas trans están protegidas independientemente de que se hayan sometido o tengan previsto someterse a una transición médica, e independientemente de que dispongan o no de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG), el documento por el que una persona puede cambiar su género legal.

Los cambios propuestos por Sunak pondrían en riesgo a las personas trans, en particular a las mujeres trans. “También significaría aclarar que la autoidentificación de las personas transgénero no tiene fuerza legal, lo que significa que las mujeres transgénero no tienen derecho legal a acceder a instalaciones solo para mujeres”, afirma el informe del Telegraph.

El informe también dice que Sunak planea otorgar a los padres mayores derechos en lo que respecta a las clases de Educación Sexual y de Relaciones (RSE) luego de las quejas a los padres se les ha negado el acceso a materiales sobre una variedad de temas, incluidos los materiales transgénero.

Un portavoz de Downing Street le dijo al periódico que proteger a las mujeres y las niñas es una prioridad para la administración del Sr. Sunak.

A raíz de esta noticia, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó que “el nuevo primer ministro no debe ceder y renunciar a los derechos humanos de las personas trans”. Y agregó: “Los derechos trans deben ser protegidos”.

The new Prime Minister must not cave and surrender the human rights of trans people.

Trans rights must be protected. https://t.co/t0wJlMU0Fr

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 1, 2022

Y es que el historial de derechos LGBTQ+ del primer ministro no es alentador y lo acaba de demostrar con esta actuación de bloqueo a la ley escocesa… En una declaración reciente, Sunak prometió cumplir con el manifiesto de 2019 del Partido Conservador. Dicho manifiesto decía que el partido “combatiría enérgicamente el acoso y la violencia contra todos los grupos religiosos y contra las personas LGBT”.

Sin embargo, en la primera de las dos carreras recientes por el liderazgo Tory, se informó que Sunak quería lanzar un “manifiesto por los derechos de las mujeres” y tenía la intención de prohibir que las mujeres trans compitieran en categorías deportivas femeninas.

En junio, declaró que consideraría retirar al Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Además, Sunak ya ha realizado acciones cuestionables a los ojos de la comunidad LGBTQ+ como primer ministro con la reelección de Kemi Badenoch en su nuevo gabinete como Ministra de la Mujer y la Igualdad. Badenoch ha sido criticada repetidamente por comentarios anti-trans y hay informes de que ha detenido el trabajo para prohibir la práctica ampliamente desacreditada de la “terapia de conversión”.

Las Iglesias, a favor y en contra

La Iglesia de Escocia respalda la eliminación del diagnóstico de disforia como parte de la reforma de la ley de género.  La Iglesia de Escocia ha respaldado los planes del gobierno para suspender las evaluaciones fisiológicas obligatorias para las personas trans que buscan obtener un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC). Sin embargo, la iglesia no ha mostrado el mismo apoyo a las medidas que reducirían la edad mínima para obtener un certificado de 18 a 16 años.

El representante de la Iglesia de Escocia, David Bradwell, dijo que los líderes religiosos están “convencidos de la evidencia de que es necesario eliminar el diagnóstico médico”, según The Herald Scotland. “A la luz de los últimos 18 años de experiencia, creemos que es correcto que Escocia considere un nuevo enfoque del proceso, uno que ponga mayor énfasis en las necesidades pastorales y emocionales de la persona que solicita un Certificado de Reconocimiento de Género”, dijo Bradwell.

También señaló que eliminar la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género “reducirá el estrés y tendrá un beneficio psicológico para las personas que lo soliciten. Los largos tiempos de espera actuales en las clínicas de identidad de género del NHS significan que esperar un diagnóstico puede prolongar el período que alguien tiene que esperar para obtener un resultado”.

Si bien la iglesia parecía estar a favor de terminar con el requisito actual para un diagnóstico de disforia, Bradwell sugirió que los líderes estaban divididos cuando se trata de reducir la edad mínima para recibir un certificado de reconocimiento de género a 16 años.

Sin embargo, los obispos católicos escoceses hasta ahora se han opuesto sin éxito al  proyecto de ley destinado a ayudar a los jóvenes transgénero que eligen la transición.

La Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) “haría que la transición de género sea menos degradante, intrusiva y traumática”, según la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El proyecto de ley pasó una primera votación en el parlamento del país la semana pasada.

Antes del debate, los líderes de la iglesia escocesa reiteraron su oposición de años al proyecto de ley que, de aprobarse, ya no exigiría un diagnóstico de disforia de género para poder hacer la transición legalmente, reduciría el requisito de que las personas hayan “vivido” su identidad de género de dos años a tres meses, y reduciría la edad para las cirugías de afirmación de género de dieciocho a dieciséis años.

La Oficina Parlamentaria Católica de la Conferencia Episcopal Escocesa emitió una declaración sobre el proyecto de ley sugiriendo que “plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los niños y las personas vulnerables, y los espacios seguros para las mujeres y las niñas”. Los funcionarios de la iglesia dejaron en claro que se oponen a la legislación anterior que también permitía a las personas hacer la transición legal de género. Según Crux:

“La Oficina Parlamentaria Católica agregó que la propuesta del gobierno introducirá un sistema de autoidentificación, que permitirá a una persona cambiar su sexo legal sin la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género o tener que ver a un médico.

“‘Eliminar este requisito, y la importante supervisión médica que lo acompaña, inevitablemente reducirá la oportunidad de atención médica, apoyo y protección cruciales para las personas vulnerables, incluidos los niños’, dijo el documento.

“La Oficina también señaló que reducir la edad mínima de 18 a 16 años e introducir un sistema de autoidentificación pondrá a más niños y jóvenes en el camino de intervenciones electivas irreversibles, incluida la cirugía. . .

“El documento informativo también señaló que muchas organizaciones de mujeres han registrado su propia preocupación de que las reformas propuestas aumentarán los riesgos para la seguridad de las mujeres y las niñas”.

Sobre este último punto, los funcionarios de la iglesia dijeron que el proyecto de ley “aumentaría el riesgo de que los actores de mala fe se aprovechen del sistema propuesto”.

Los obispos de Escocia se han opuesto a gran parte de la legislación positiva LGBTQ propuesta en los últimos años, incluida la oposición a la Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) desde al menos 2020. El año pasado, los obispos se unieron a los cristianos conservadores para evitar que las protecciones contra los delitos de odio se amplíen para incluir personas LGBTQ+ porque los obispos temían que restringiera su capacidad para hacer declaraciones negativas LGBTQ. En años anteriores, los líderes de la iglesia escocesa se opusieron al matrimonio igualitario y trataron de proteger el derecho de las agencias de servicios sociales religiosos a discriminar a las personas LGBTQ+.

La votación en el parlamento escocés no estuvo exenta de polémica. De hecho, el tema de la igualdad transgénero ha perturbado la política en el Reino Unido en general. Sin embargo, lo más importante es que una votación inicial fue exitosa y las protecciones para los jóvenes trans avanzaron. Los líderes de la iglesia escocesa deberían reconsiderar las falsedades y los mitos en los que se basan sus argumentos contra el proyecto de ley. Pero, si eligen no hacerlo, al menos deberían considerar el daño que su oposición les hace tanto a las personas trans como a la iglesia, especialmente cuando es casi seguro que perderán esta pelea.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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(La Alta Corte de Barbados ha derogado las leyes contra la sodomía y la indecencia grave que castigaban las relaciones sexuales entre varones. Herederas de la legislación vigente en el período en que fue colonia británica, la sodomía podía ser castigada hasta con la cadena perpetua, y la indecencia grave con hasta diez años de prisión. Aunque raramente se aplicaban en los casos de relaciones consensuadas entre adultos, ambas tenían un efecto intimidatorio para la comunidad LGTBI de la isla. Barbados se convierte así en el tercer país caribeño en derogar las leyes contra la homosexualidad en este año, junto a Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, en una estrategia de las organizaciones LGTBI caribeñas que está consiguiendo grandes frutos. De esta manera, el número de países y territorios del mundo en los que están penalizadas las relaciones homosexuales desciende a 67.

El pasado lunes 12 de diciembre, la Alta Corte de Barbados comunicó su decisión de derogar los artículos de la Ley de Delitos Sexuales que castigaban la sodomía y la indecencia grave. El texto de la sentencia completa se dará a conocer el próximo mes de enero.

El artículo 9 de la citada ley establecía: «Toda persona que cometa sodomía será culpable de un delito y podrá ser condenada a cadena perpetua». Por su parte, el artículo 12 definía lo siguiente: «Un acto de ‘indecencia grave’ es un acto, ya sea natural o antinatural, por parte de una persona que implique el uso de los órganos genitales con el fin de excitar o satisfacer el deseo sexual». Si el acto de indecencia grave se cometía con una persona mayor de 16 años, se castigaba hasta con 10 años de prisión. Cabe señalar, no obstante, que estos artículos eran raramente aplicados en los casos de relaciones consensuadas entre adultos.

La demanda ante el alto tribunal fue interpuesta por dos activistas LGTBI de Barbados, la organización local Equals y la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE en sus siglas en inglés). Respondía a una estrategia conjunta de activistas LGTBI de la región para impugnar todas las leyes contra la homosexualidad que persisten en las antiguas colonias británicas. Esta iniciativa ya ha logrado grandes frutos, con la anulación el pasado verano de las leyes contra la homosexualidad de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Están pendientes de resolución las demandas presentadas en Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Dominica. Al margen de esta estrategia conjunta, existe otra demanda de este tipo en Jamaica.

Todavía no ha habido ninguna comunicación al respecto del Gobierno de Barbados, por lo que se ignora si la resolución de la Alta Corte será recurrida, como sucedió en el caso de Trinidad y Tobago. Si así fuera, le correspondería resolver a la Corte de Apelaciones de Barbados y, en última instancia, a la Corte de Justicia del Caribe.

En todo caso, en este año 2022 se han despenalizado las relaciones homosexuales en cuatro países: Antigua y Barbuda en el mes de julio, San Cristóbal y Nieves a finales de agosto y Singapur, por decisión del poder legislativo, a finales de noviembre.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), Antigua y Barbuda, Barbados, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Equals, Homofobia, LGTBIfobia, San Cristóbal y Nieves

Aunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Navarra, País Vasco, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Global Interfaith Network logo y Arch. Alick Banda

Los defensores LGBTQ+ han criticado duramente la carta queerphobic de un arzobispo de Zambia en la que afirmaba que los líderes del gobierno no estaban aplicando suficientemente las leyes de criminalización. Significativamente, los defensores arraigaron su crítica utilizando una lente de descolonización.

La The Global Interfaith Network–Red Interreligiosa Global, un grupo de defensa con sede en Sudáfrica, desafió al Arzobispo Alick Banda de Lusaka en una declaración reportada por 76 Crimes. Más de 100 organizaciones, en su mayoría africanas y líderes LGBTQ+, firmaron después de que Banda leyera su carta anti-LGBTQ+ en las parroquias, lo que también provocó que la Conferencia de Obispos Católicos de Zambia reafirmara su apoyo a la criminalización.

La declaración establece que sus firmantes «deploran» la carta del arzobispo, que creen que «proporcionará una mayor justificación y apoyo para quienes ejercen violencia contra la comunidad LGBTIQ+». La declaración continuó:

“Los líderes religiosos son los pastores de sus rebaños y tienen la responsabilidad de brindar orientación, cuidado y apoyo a la comunidad de fe. Aunque entendemos que para el Arzobispo de Lusaka las sexualidades del mismo sexo y las identidades de género no normativas son desconocidas, no creemos que sea apropiado, especialmente en un contexto en el que las personas ya están marginadas y sujetas a violencia y discriminación, que el Arzobispo (en efecto desde el púlpito) puso su sello de aprobación sobre más violencia.

“Es desde una perspectiva cristiana que reflexionamos sobre los efectos de tales declaraciones en los zambianos LGBTI. ¿Qué significa para su sentido de seguridad y salud mental? Se enfrentan a sus padres y familias. Incluso las instituciones supuestamente inductoras de esperanza, como las iglesias, figuran como sus cazadores, para cazarlos”.

La declaración señala que las leyes anti-LGBTQ+ de Zambia son el resultado de la colonización británica, y señala que la constitución de la nación incluye protecciones contra la discriminación para otras clases protegidas. Citando avances en la interpretación bíblica que han socavado las lecturas contra los homosexuales, la declaración también explica:

“La afirmación de que la diversidad sexual es ‘no africana’ es refutada por prácticas tradicionales bien investigadas en algunas comunidades, como las mujeres que tienen maridos femeninos y los hombres que tienen esposas masculinas; y líderes religiosos tradicionales africanos que están habitados por un ancestro del sexo opuesto y, por lo tanto, exhiben características de ese sexo, incluida su elección de pareja íntima. Las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas siempre han sido parte de nuestras comunidades y familias en el contexto africano y afirmar que las personas LGBTIQ+ son una importación «occidental» es falso e históricamente inexacto.

“En el contexto africano, la sexualidad humana generalmente ha sido concebida como un don divino que afirma la vida y que abarca holísticamente diversas relaciones humanas y expresiones sexuales que conducen al placer sexual y la renovación, así como, en algunos casos, a la procreación.

“En las tradiciones africanas, la diferencia sexual nunca ha sido motivo de exclusión de la vida familiar y comunitaria. Castigar a las personas por su diferencia sexual negándoles el derecho a la plena participación en la sociedad es una noción colonial promovida por la extrema derecha religiosa y aquellos a quienes han cooptado, y es claramente antiafricana”.

La declaración establece que “enfrentar la fe y la sexualidad entre sí es una falsa dicotomía”, que perjudica no solo a las personas LGBTQ+, sino a todas las personas de fe. Concluye:

“La gente de Zambia, al igual que la gente del continente africano, merece la oportunidad de ver a la humanidad más allá de la heterosexualidad. Esa oportunidad tiene el potencial de recuperar la historia del pueblo africano de lidiar con la diversidad, una oportunidad de comprender más allá de la narrativa común de la deshumanización”.

La declaración de Global Interfaith Network es oportuna e importante, no solo como una respuesta necesaria al arzobispo Banda. Amplifica una verdad a menudo demasiado oculta en los debates sobre los sentimientos anti-LGBTQ+ en Zambia y otras naciones previamente colonizadas: fueron los colonizadores europeos quienes introdujeron muchas de las leyes de criminalización. La descolonización es un proceso y una herramienta utilizada por muchas comunidades, y en el discurso de los derechos LGBTQ+, los defensores también deben confiar en ella.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 24 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Los ciudadanos cubanos han votado favorablemente en referéndum el nuevo Código de las Familias, que abre la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. La participación ha sido del 74,01 % y los votos favorables han representado el 66,87 % de los emitidos. Una cifra acorde con las encuestas previas, pero que también refleja el peso de las iglesias católica y evangélica, firmes opositoras a los derechos de las personas LGTBI, que han conseguido la oposición a la nueva ley de un 33,13 % de los votantes. Con este resultado, a la espera de que la nueva ley entre en vigor, Cuba se ha convertido en el 34º país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario.

El extenso texto contempla, además de matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la prohibición del matrimonio infantil, así como la regulación de vientres de alquiler.

La nueva normativa incluye el siguiente apartado:

Artículo 197. Matrimonio.

1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos.

2. Constituye una de las formas de organización de las familias y se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, deberes y capacidad legal de los cónyuges.

3. El matrimonio solo produce efectos legales cuando se formaliza ante el funcionario competente.

Dos tercios de los votantes cubanos han respaldado en referéndum el Código de las Familias promovido por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que abre la puerta a la legalización del matrimonio igualitario y la gestación subrogada en la isla, según datos oficiales.

La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, ha comparecido este lunes ante los medios para confirmar que el 66,87 por ciento de los votos válidos, más de 3,9 millones, avalaban la actual reforma, frente al 33,13 por ciento, más de 1,9 millones, que dijeron ‘no’. Los datos, que ya se dan por irreversibles pese a que aún resta concluir el recuento en algunas circunscripciones, sitúan el nivel de participación cerca del 74 por ciento. La responsable del CEN ha felicitado a la población por su implicación en el proceso, informa la prensa oficial.

Los datos, que ya se dan por irreversibles pese a que aún resta concluir el recuento en algunas circunscripciones, sitúan el nivel de participación cerca del 74 por ciento. La responsable del CEN ha felicitado a la población por su implicación en el proceso, informa la prensa oficial.

El anuncio de los resultados ha coincidido con una reunión encabezada por Díaz-Canel para examinar la evolución del huracán Ian y tanto el presidente como el resto de asistentes han aplaudido tras la confirmación de la victoria del ‘sí‘, como consta en un vídeo difundido en redes sociales por la propia Presidencia, bajo la premisa de que «el amor ya es ley» en Cuba.

Ganó el Sí. Se ha hecho justicia. Aprobar el #CódigoDeLasFamilias es hacer justicia. Es saldar una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos, cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta Ley. A partir de hoy seremos una nación mejor. #ElAmorYaEsLey ❤️🇨🇺 pic.twitter.com/O5o0Hi2cm1

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 26, 2022

Díaz-Canel también ha expresado en Twitter su «alegría» por los primeros resultados, aunque ha advertido de que Cuba entra en una «desafiante semana» por la llegada de Ian.

El oficialismo cubano había hecho campaña en favor del ‘sí’, mientras que en el lado contrario se ha situado la Iglesia Católica y un sector de la oposición que cuestionaba la mera participación en la consulta, por considerarla una forma de legitimar al actual Gobierno. Es destacable la fuerte oposición tanto de la Iglesia católica como de las cada vez más influyentes Iglesias evangélicas. La gestación del nuevo código se ha producido, precisamente, después de que la presión de los grupos religiosos impidiera que el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluyera en la recientemente aprobada Constitución cubana.

Se trata también del referendo en el que la opción respaldada por el Gobierno cubano ha tenido un menor apoyo. El número total de votos, incluidos el parte básico y los ciudadanos que pudieron votar desde el exterior, ascendió a 8.447.467. De este censo, ejercieron su derecho a voto 6.251.786 personas.

El referendo sobre el Código de las Familias ha sido el primero para una ley particular y el tercero en general que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.

El extenso texto, ley marco sobre el derecho familiar que reforma a la vigente, de 1975, contempla, además de matrimonio igualitario y los vientres de alquiler, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil, además de abordar la violencia de género.

Antes de ser aprobado en julio de este año por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), la versión 25 del Código de las Familias fue ampliamente consultada por la población cubana entre febrero y abril en 79.000 reuniones por barrios y municipios. Este es el único proyecto que ha ido a referendo de entre las 70 normas jurídicas actualizadas a raíz de la introducción de la nueva Constitución, a diferencia de otras leyes, como el Código Penal. Fue publicado en la Gaceta Oficial el 22 de julio de este año.

El matrimonio igualitario en América y el mundo

Aun así, tras la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba, a la espera de su entrada en vigor, son 11 los países del continente americano donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010) , Nueva Zelanda (2013), Brasil(2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Australia (2017),      Taiwán (2019), Ecuador (2019) , Costa Rica (2020) y Chile (2021)  y Cuba (2022). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

En todo el mundo, ya son 34 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes al grupo americano:

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal(2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Suiza (2021) y Eslovenia (2022) y Andorra (pendiente de entrada en vigor) (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Agencias/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Adopción, Asamblea Nacional de Cuba, Código de las Familias, Código de las Familias (Cuba), Cuba, Iglesia Católica, Iglesias evangéicas, LGTBIfobia, Matrimonio igualitario, Referendum

El Europride de Belgrado se ha celebrado definitivamente, a pesar de la prohibición gubernamental inicial. Desde el día 12 de septiembre se han sucedido distintos eventos y actos hasta culminar en la manifestación del día 17, que hordas de LGTBIfobos trataron de asaltar enfrentándose con bombas de humo y artefactos incendiarios a un dispositivo policial de 5200 agentes. Mientras el colectivo LGTBI celebraba y reclamaba el respeto a sus derechos humanos, las fuerzas policiales procedían a la detención de más de 60 personas que trataban de impedírselo. Por su enorme significado simbólico y la extraordinaria valentía de los participantes, la organización del Europride lo ha calificado como el más importante de su historia.

El pasado 28 de agosto el presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, anunciaba la cancelación del Europride de Belgrado debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa y de grupos de extrema derecha, que en días anteriores habían convocado manifestaciones y actos en contra de la celebración, en las que incluso se habían producido amenazas de muerte.

Desde la organización del Europride se negó la posibilidad de la cancelación, debido a su carácter de compromiso internacional adquirido por el Gobierno serbio. Los responsables del Orgullo de Belgrado también referían que el presidente Vučić carecía de autoridad constitucional para conculcar el derecho a manifestación, competencia exclusiva del Ministerio del Interior. También desde organismo como el Consejo de Europa o la Comisión Europea se instó al Gobierno serbio para que el Europride se celebrara con normalidad.

Así, el día 12, día previsto inicialmente para el arranque de la celebración del Europride, empezaron a sucederse con normalidad más de 120 actos y eventos a lo largo de la semana, tal como se habían programado. No se produjo en ninguno de ellos ningún altercado. Sin embargo, el Ministerio del Interior dictaminó la prohibición de la Marcha del Orgullo que debía tener lugar el día 17, así como las manifestaciones que habían convocado para el mismo día los LGTIfobos. No obstante, los responsables del Orgullo de Belgrado asumieron que esa prohibición solo se refería al recorrido previsto, por lo que recurrieron la medida ofreciendo otro alternativo, a pesar de que no había tiempo para su autorización.

Hasta que el mismo día 17, la primera ministra Ana Brnabić, abiertamente lesbiana, comunicó que ella personalmente autorizaba la Marcha, desplegando un efectivo de 5200 policías para «garantizar la seguridad de todos en las calles de Belgrado hoy». Pero el despliegue policial se mostró insuficiente. Los agentes tuvieron que enfrentarse a hordas de violentos que les arrojaron granadas lacrimógenas y bombas incendiarias. Algunos de los asaltantes trataban de llegar hasta la Marcha al grito de «Matad a todos los maricones».

Unos pocos se apostaron ante una iglesia ortodoxa y gritaron el saludo nazi «Sieg Heil» al paso de los manifestantes, mientras se hacían sonar las campañas en protesta por la Marcha. En total se produjeron 64 detenciones y 10 policías resultaron heridos.

Aun así, según datos de los organizadores, más de 7000 personas lograron el hito de celebrar el primer Europride de los Balcanes, a pesar de las amenazas, los ataques violentos y una lluvia persistente. Una manifestación festiva en la que la música y los gritos a favor de los derechos LGTBI acallaron los insultos y proclamas de ideología nazi. Lamentablemente, algunos activistas LGTBI fueron agredidos a la salida del concierto de clausura, a pesar de la presencia policial, y otro participante fue objeto de agresión en un local. Las investigaciones están en curso.

Still feeling off kilter from yesterday’s Belgrade Pride. Difficult to put into words.

These idiots standing in front of a church shouting nazi slogans… in 2022??

Absolute solidarity with all Balkan queer people. https://t.co/3HRrTHNn5L pic.twitter.com/DJQdggVPX1

— Rob Holley (@robholley) September 18, 2022

Por ello, la presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitió el siguiente comunicado:

Cuando nuestros miembros votaron hace tres años para que Belgrado acogiera el Europride, sabíamos que habría problemas y una gran oposición. Pero por eso el Europride es tan importante, y puede tener un efecto transformador en una ciudad y en su comunidad LGBTI+. Cuando el Europride comenzó en Londres en 1992, Belgrado era la capital de Yugoslavia, un país que se estaba desmoronando y cayendo en la guerra civil. Que el 30º aniversario del Europride haya podido celebrarse aquí demuestra el poder de nuestro movimiento.

Debemos reconocer que las dificultades a las que se enfrentaron los organizadores en las últimas semanas fueron causadas por los inflamados comentarios del presidente serbio, y luego por la falta de respeto a las libertades y derechos básicos por parte de la primera ministra y la policía. El rescate de última hora de la primera ministra ayer fue demasiado poco y demasiado tarde. Ahora puede mostrar su liderazgo garantizando que todos los que atacaron a nuestros participantes sean llevados ante la justicia.

El Europride de Belgrado pasará a la historia como un punto de inflexión para la igualdad LGBTI+ en Serbia y en toda la región de los Balcanes Occidentales. Demostramos que el Orgullo no es una amenaza para nadie, y mientras nosotros marchamos pacíficamente, fueron la extrema derecha, los nacionalistas y los cristianos fundamentalistas quienes se enfrentaron a la policía.

Felicito al Orgullo de Belgrado y a todos los que han participado en un evento excepcional.

La siguiente cita paneuropea en defensa de los derechos de las personas LGTBI tendrá lugar el año que viene en Malta.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Aleksandar Vučić, Ana Brnabic, Asociación Europea de Organizadores del Orgullo, Belgrado, Comisión Europea, Consejo de Europa, EuroPride, Iglesia Ortodoxa, Kristīne Garina, LGTBIfobia, Orgullo LGTBI, Serbia, Violencia LGTBIfoba

 Los Mossos d’Esquadra han detenido a lo largo de los últimos días a seis personas vinculadas con delitos de odio por LGTBIfobia ocurridos en el entorno del metro de Barcelona. Cinco de ellos están relacionados con una agresión ocurrida el pasado 28 de mayo, en la que la víctima sufrió una fractura de la nariz. La sexta persona ha sido detenida por su presunta participación en un delito de amenazas graves contra un trabajador del metro.

Según informan los propios Mossos en un comunicado de prensa, el primero de los hechos investigados sucedió en abril, cuando la Unidad Central de Odio y Discriminación de la policía autónomica catalana tuvo conocimiento de la existencia de un incidente homófobo perpetrado contra un trabajador del metro de Barcelona. Según denunció este, el agresor, de 19 años de edad, protagonizó una serie de altercados en la zona de acceso de la parada de metro cuando iba con un patinete eléctrico, por lo que fue recriminado por el trabajador. En ese momento, el agresor empezó a proferir insultos homófobos y le amenazó de muerte mientras esgrimía una navaja automática. «Como consecuencia de la gravedad de los hechos denunciados, la unidad especializada del cuerpo de Mossos d’Esquadra encargada de este tipo de investigaciones graves inició una investigación que permitió comprobar el delito, identificar plenamente al autor de los hechos y, finalmente, detenerle el pasado día 13 de septiembre», informan los Mossos. A raíz de la agresión, la víctima ha sufrido consecuencias psicológicas por las que tuvo que estar de baja laboral.

La segunda investigación se originó a raíz de la agresión que sufrió un joven pasajero del metro el pasado 28 de mayo. A las 06:30 horas de ese día, dos chicos se encontraban sentados en el suelo de un vagón de la línea 1, en dirección Santa Coloma, cuando en la estación de Marina subieron un grupo de jóvenes que comenzaron a verter contra ellos insultos homófobos, además de escupirles. Cuando las víctimas les recriminaron su actitud, los agresores comenzaron a golpear a uno de los chicos, al que le provocaron una fractura nasal. El pasado 13 de septiembre, agentes de la Unidad de Investigación del Área de Seguridad del Transporte Metropolitano (ASTMET) detuvieron a los presuntos autores tras una investigación que gracias al visionado de las cámaras de seguridad y de otros indicios supuso su identificación y localización.

Las detenciones de estos agresores ocurren varias emanas después de que el autor de otra agresión homófoba en el metro de Barcelona, ocurrida en esta ocasión en enero de 2019, fuese finalmente condenado a tres años y medio de cárcel. Veremos qué sucede con estas nuevas agresiones.

LGTBIfobia en Cataluña, cifras preocupantes

Hace poco más de dos semanas informábamos también de la detención de otros tres jóvenes en Roses (Girona) como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de amenazas después de que durante dos años hayan estado acosando a otro joven por su orientación sexual.

Y es que los delitos de odio por LGTBIfobia no se frenan. El pasado marzo recogíamos como los episodios de discriminación contra personas LGTBI constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en Barcelona, la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones habían supuesto el 16% del total. La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 173 incidentes.

Fuente Dosmanzanas

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Fuente FELGTBI+

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Los Mossos d’Esquadra han detenido en Roses (Girona) a tres jóvenes, dos de ellos menores, como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de amenazas después de que durante dos años hayan estado acosando a otro joven por su orientación sexual.

Según informan los Mossos en un comunicado, no fue hasta el pasado mes de julio cuando agentes de la policía autonómica catalana recibieron la denuncia de la víctima, un chico que llevaba alrededor de dos años soportando insultos y amenazas de carácter homófobo por parte de un grupo de jóvenes de Roses. Una situación que se reproducía prácticamente a diario, incluso en su puesto de trabajo. Tras la correspondiente investigación de los hechos, finalmente los Mossos identificaron y detuvieron el pasado jueves a tres presuntos agresores. Uno de ellos, de 20 años ha quedado en libertad con cargos después de comparecer ante el juzgado de instrucción de guardia de Figueres. Los otros dos, menores de edad, han declarado ante la Fiscalía de Menores de Girona.

Además de los tres detenidos, los Mossos también han tomado declaración a otras dos personas como investigadas por los mismos hechos.

En su comunicado, los Mossos d’Esquadra insisten en la importancia de las víctimas de delitos de odio y discriminación denuncien formalmente los hechos. «Es el primer paso para poder asesorar y hacer un seguimiento de la víctima, recopilar toda la información relacionada con los hechos y recoger el máximo de pruebas e indicios», explican.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

El pasado marzo recogíamos como los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en Barcelona, la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones habían supuesto el 16% del total. La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 167 incidentes. Ayer mismo recogía dos nuevas agresiones sucedidas durante las fiestas del barrio de Sants, en Barcelona. Una a un chico que denunciaba en sus redes sociales haber sido golpeado tras besarse con otro chico y otra a una pareja de chicas que volvía a su casa.

Un jove gai denuncia agressió homòfoba ahir diumenge 28 d'agost . Dijous 25 es va fer públic un episodi de violència lesbofòbica, totes dues incidències es van produir a la Festa Major de Sants. Condemnen aquestes violències masclistes i LGTBI-FÒBIQUES i a disposició víctimes. pic.twitter.com/MFFZb6ZrKQ

— Observatori contra l'LGTBI-fòbia (@Observatori_cat) August 29, 2022

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo caso de violencia homófoba en el seno de una familia. Un matrimonio (él pastor de un culto evangélico) ha sido acusado por la Fiscalía de maltratar de forma repetida a su hijo y a la pareja de este por ser gais.

La noticia la ha difundido la agencia EFE y la han recogido Heraldo de Aragón y Nius. Según la versión del hijo, a la que la Fiscalía da credibilidad, este se vio obligado a abandonar su domicilio familiar en Terrassa (Barcelona) a principios de 2017 ante la marcada homofobia de sus padres, temeroso de que estos llegaran a ser conscientes de su homosexualidad. Los padres se personaron en repetidas ocasiones en el instituto del chico, tensionando la situación hasta el punto de que tuvo lugar una reunión en el propio centro en la que el hijo, acompañado de personal docente, explicó finalmente a sus padres que era gay y que tenía pareja.

El hecho de que el hijo estuviera arropado por personal docente no calmó a los padres, que no aceptaron la situación y continuaron acosándolo con argumentos abiertamente homófobos y diciéndole que si se arrepentía «Dios lo iba a curar». Tiempo después el hijo, acompañado de su pareja, concertó una cita con los padres en plena calle para que estos le devolvieran documentación, encuentro en el que hubo insultos, forcejeos y golpes.

La Fiscalía atribuye a los padres dos delitos contra la integridad moral o alternativamente de lesiones contra la integridad de la persona y, además, uno de maltrato y otro de lesiones, solicitándo dos años y cuatro meses de cárcel para el padre, pastor evangélico, y año y medio para su esposa. Por lo que se refiere al episodio del forcejeo, sobre el que hay denuncias cruzadas, la Fiscalía pide la absolución de los dos jóvenes y limita la acusación a los padres del chico.

Fuente Dosmanzanas

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Casi al mismo tiempo del comunicado alentador del primer ministro de Singapur, se producían las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Mali, Mahamadou Kassogué. El ministro maliense presidía unas jornadas en las que debatía con distintos sectores sociales la próxima reforma del Código Penal, en las que la criminalización de las relaciones homosexuales tuvo un especial protagonismo. Los participantes en el debate trataban de conciliar el hecho de que la homosexualidad sea socialmente rechazada en una sociedad predominantemente islámica y sin embargo no esté sancionada legalmente.

Al final de las jornadas el ministro Kassogué, que calificó las relaciones homosexuales como «antinaturales», declaró lo siguiente: «Nuestro sistema de justicia no acepta la práctica de la homosexualidad, pero no ha habido nunca ninguna sanción. Estas jornadas nos han permitido tomar resoluciones para que la homosexualidad sea castigada en Mali». La solución será castigarla, aunque sin nombrarla, encuadrándola en una categoría general de actos indecentes y contra natura entre personas del mismo sexo.

Efectivamente, ni el Código Penal de 2001 ni su predecesor, el Código Penal de 1961, estipulan disposiciones relativas a los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo. No obstante, en determinados momentos algunas milicias islamistas del norte del país han tratado de aplicar la sharía o ley islámica y castigar la práctica de la homosexualidad con la pena de muerte.

Antiguo fiscal del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, Kassogué forma parte del actual Gobierno encargado de la transición a la democracia después del golpe de Estado militar de 2021. Es significativo y altamente preocupante que el titular de la cartera de Justicia y Derechos humanos incardine en ese proceso de democratización la penalización por primera vez de las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha anunciado la cancelación del Europride de Belgrado programada para los días 12 a 18 de septiembre. El mandatario serbio ha reconocido que ha sido la presión ejercida por los grupos de extrema derecha y la Iglesia ortodoxa la que le ha conducido a tomar esa decisión. Desafortunadamente, ha equiparado esas presiones espurias con la exigencia del mantenimiento de sus compromisos internacionales por parte de la organización del Europride, a quien ha espetado: «no se puede conseguir todo y ya está». La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo estima que el presidente serbio no tiene autoridad para cancelar un evento ajeno, lo que además significaría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías sexuales. Por lo tanto, tanto la organización del Europride como los activistas LGTBI serbios consideran que el evento no ha sido cancelado y tendrá lugar en las fechas previstas. Desde distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, se ha instado al Gobierno serbio a que colabore en la celebración del Europride protegiendo los derechos fundamentales de reunión y manifestación frente a posibles agresores.

El pasado sábado 27 de agosto, el presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, compareció en una conferencia de prensa rutinaria en la que trató de asuntos como la prolongación del cargo de primera ministra de la abiertamente lesbiana Ana Brnabić o las medidas a tomar de cara al invierno en cuanto a las necesidades energéticas del país. Pero también aprovechó la ocasión para anunciar la «cancelación o aplazamiento» del Europride 2022, que iba a tener lugar en Belgrado desde los días 12 a 18 de septiembre con una gran manifestación programada para el día 17.

Vučić confirmó que tanto los grupos de extrema derecha como la Iglesia ortodoxa habían presionado para que la celebración fuera cancelada. Efectivamente, en días pasados se habían producido manifestaciones de protesta en Belgrado por parte de los LGTBIfobos e incluso amenazas provenientes de algún obispo ortodoxo. El presidente serbio consideraba que la celebración del Europride, por tanto, no era segura.

Sin embargo, en la comparecencia equiparó esas presiones y amenazas a la seguridad con las exigencias por parte de los organizadores del Europride de que mantuviese su compromiso y velase por los derechos de las minorías. «No se trata de qué presiones sean más fuertes», espetó, «es que en algún momento no se puede conseguir todo, y ya está». Posteriormente aseguró que deseaba que el evento tuviera lugar en «tiempos más felices».

La presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitía el siguiente comunicado, lleno de contundencia:

Ni los anfitriones del Europride 2022, el Orgullo de Belgrado, ni nosotros, como licenciadores, vamos a cancelar el Europride de Belgrado.

El derecho a celebrar el Orgullo ha sido declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Cualquier intento de «prohibir» un Orgullo es una violación de los artículos 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Serbia como miembro del Consejo de Europa.

Aparte de la ilegalidad de tal prohibición, hay que señalar que quienes se oponen al Europride en Belgrado están utilizando viejos tópicos, inexactitudes y francas mentiras para desacreditar lo que es, de hecho, una celebración de los derechos humanos y la igualdad. Dicen que estamos en contra de los valores familiares, cuando todos nosotros venimos de una familia y muchos de nosotros tenemos nuestras propias familias. Dicen que somos maltratadores de niños, cuando todos nos mantenemos firmes contra todo tipo de maltrato infantil. Afirman que las autoridades serbias han invertido 40 millones de euros en el Europride, a pesar de que el evento cuesta una fracción de esa cantidad y no recibe fondos gubernamentales. Cada una de sus afirmaciones es una mentira, y tratar de prohibir el Europride significaría que las autoridades han caído en sus mentiras.

El Europride de Belgrado no se cancelará y reunirá a miles de personas LGBTI+ de toda Europa con personas LGBTI+ de Serbia y de los Balcanes occidentales en general. Aportará muchos millones de dinares a la economía local y permitirá a Serbia demostrar que está en el camino de ser una nación europea progresista y acogedora. Lo que deben hacer las autoridades serbias es mantenerse firmes frente a estos matones, y proteger el evento.

El activista serbio Marko Mihailović aseguraba por su parte en las redes sociales: «El Estado no puede cancelar el Europride , solo puede tratar de prohibirlo, lo que sería una clara violación de la Constitución, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prohibiciones del Orgullo de los años 2011, 2012 y 2013 que fueron declaradas inconstitucionales. ¡El Orgullo tendrá lugar como estaba previsto el 17 de septiembre. a las 17 horas frente a la Asamblea Nacional!»

Reacciones internacionales

Desde el anuncio del presidente serbio se han sucedido de manera inmediata y contundente las reacciones de distintos organismos internacionales. Christophe Lacroix, relator general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hacía unas declaraciones, casi advertencias, en los siguientes términos:

A las personas LGBTI todavía se les hace sentir con demasiada frecuencia que tienen algo que ocultar. Los actos del orgullo son una fuente vital de fuerza y solidaridad, y dan una visibilidad crucial a la lucha por la igualdad LGBTI. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en repetidas ocasiones, y como la Asamblea volvió a subrayar en enero, el Orgullo no es un problema: prohibirlo sí lo es. Las autoridades deben apoyar activamente estos actos y permitir que se celebren con seguridad. Deben respetarse tanto la igualdad como la libertad de expresión y de reunión. Serbia ha avanzado mucho desde los años en que los requisitos de seguridad se utilizaban como falso pretexto para prohibir los actos del Orgullo. Acoger el Europride representa un hito importante en ese camino. La interferencia política desde las más altas esferas, presionando a las instituciones democráticas para que privilegien las supuestas preocupaciones por la seguridad nacional por encima de la promoción activa de la igualdad en la sociedad, representaría un grave retroceso tanto para la democracia como para los derechos humanos en Serbia. Europa está mirando. No se equivoquen.

El actual presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, hacía a su vez las siguientes manifestaciones:

La libertad de reunión y la prohibición de la discriminación son libertades fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su calidad de Presidente del Consejo de Europa, Irlanda reconoce los derechos LGBTQI como derechos humanos y anima a Serbia a apoyar y facilitar un Europride pacífico y seguro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, instaba en redes sociales al Gobierno serbio a que facilitase la celebración del Europride, al igual que hacía su homóloga sueca, Ann Linde.

Recordemos que Serbia ha solicitado el ingreso en la Unión Europea y está bajo un continuo escrutinio del cumplimiento de los requisitos previos imprescindibles para su incorporación.

Por su parte, Françoise Jacob, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Serbia, destacaba el Europride como «una oportunidad para celebrar los fundamentos de una sociedad fuerte y progresista basada en la equidad social, la igualdad de todos los derechos, la solidaridad, la amistad y el amor». También calificaba la cancelación del evento como «una violación del derecho a la libertad de reunión garantizado por la Constitución serbia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional serbio en años anteriores. Iría en contra de los compromisos internacionales de Serbia en materia de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La Iglesia ortodoxa y la extrema derecha prorrusa exhiben su poder en Belgrado

Al día siguiente de las declaraciones del presidente serbio, se celebraba una procesión ortodoxa por las calles del Belgrado correspondiente a una determinada festividad. Sin embargo, previamente se había difundido que el acto religioso se celebraría en protesta por la celebración del Europride y para «salvar a Serbia».

De hecho, la procesión la encabezan dirigentes De la Iglesia ortodoxa y miembros de la rama serbia del grupo de extrema derecha ruso llamado «Lobos nocturnos», que apoya incondicionalmente a Vladimir Putin. Los participantes exhibían cruces e iconos religiosos junto a pancartas con el texto «Salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia» y enarbolaban banderas rusas.

El obispo ortodoxo Nikanor Bogunović se dirigió a los miles de manifestantes, expresando su satisfacción por la decisión tomada por el presidente de cancelar lo que calificó de «profanación de nuestro país, nuestra iglesia y nuestra familia». También aseguró que la población serbia estaría dispuesta a salir a la calla para oponerse a «quienes pretenden destruir los valores de Serbia».

Fuente Dosmanzanas

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Los jefes tradicionales de unos poblados de la zona oriental de la República Democrática del Congo condenaron a siete mujeres trans a ser convertidas en esclavas y trabajar como tales en los campos. La condena se produjo después de años durante los que las mujeres fueron objeto constante de vejaciones, agresiones sexuales e incluso mutilaciones, y tras ser amenazadas con ser quemadas vivas en una hoguera pública. Afortunadamente, las siete mujeres lograron huir y han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko, una organización de defensa de los derechos LGTBI que también ha tenido que abandonar su sede debido a las amenazas de muerte recibidas.

El activista congoleño Jérémie Safari, líder de la organización de defensa de los derechos LGTBI Rainbow Sunrise Mapambazuko, ha detallado la historia de siete mujeres trans que se vieron obligadas a huir de sus poblaciones por haber sido condenadas a la esclavitud tras años de agresiones y vejaciones. Las mujeres vivían en la región de Kivu del Sur, un emplazamiento en donde durante décadas ha habido enfrentamientos entre partidarios de la República Democrática del Congo y leales a la vecina Ruanda. La zona sigue supervisada por las tropas de Naciones Unidas en una misión de paz denominada MONUSCO.

Según relata Safari, las mujeres habían huido de Walumgu y otras poblaciones de los alrededores, y fueron reconocidas por un miembro de Rainbow Sunrise Mapambazuko en la zona de la capital de la región, Bukavu, cuando estaban siendo atacadas por unos jóvenes. Afortunadamente, pudo ofrecerles refugio en las dependencias de la organización, aunque el emplazamiento es provisional y precario porque ellos mismos tuvieron que huir de su sede en el mes de junio debido a las amenazas de muerte que estaban recibiendo.

Las mujeres contaron cómo durante años fueron maltratadas por sus vecinos, que las consideraban culpables de «transgredir las normas y costumbres locales y de vivir de forma antinatural. Se les acusaba de envenenar los campos, de hacer infecunda la tierra y, en general, de embrujar a la población». Por ello, sufrieron frecuentes vejaciones, insultos e incluso les arrojaron piedras. Pero la situación empeoró cada vez más hasta que fueron perseguidas, agredidas sexualmente y mutiladas. Algunos miembros de la comunidad de Walumgu reclamaron que fueran quemadas vivas en una hoguera pública, pero los jefes tradicionales de los poblados propusieron como alternativa el que fueran esclavizadas y trabajaran en ese estado en una parcela de dos hectáreas.

Después de cuatro días de estar sometidas a esclavitud, las siete mujeres lograron escapar y recorrieron a pie unos treinta kilómetros hasta alcanzar los alrededores de Bukavu, donde han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko.

Las siete mujeres son un ejemplo más de las vejaciones, agresiones y maltratos de los que son objeto las personas trans alrededor de todo el mundo.

Fuente Dosmanzanas

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La policía de Maldivas ha detenido a 4 hombres e investiga a otros 34 relacionados con la grabación en vídeo de relaciones homosexuales. Los detenidos se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años y, posiblemente, a recibir 100 latigazos en aplicación de la sharía o ley islámica. Entre los detenidos e investigados se encuentran figuras relevantes de la política y la sociedad de Maldivas. Desde organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch se denuncia que la motivación real de las detenciones se debe a la presión de grupos extremistas islámicos.

El pasado mes de julio se produjo la detención del ciudadano bangladesí MD Alamgiri, que había publicado en redes sociales imágenes en vídeo en las que mantenía relaciones sexuales con tres hombres diferentes. La finalidad, según la investigación policial, sería la extorsión. Una vez identificados los hombres que aparecían en las imágenes, se procedió a su arresto. Entre los detenidos, además de Alamgiri, se encuentran Nazim Abdul Sattar, hermano del actual presidente del Parlamento maldivo y expresidente del Gobierno Mohamed Nasheed, y un funcionario del Departamento de Control de Drogas de la Policía.

Según informaba el comisario de Policía encargado del caso, Mohamed Hameed, en los vídeos incautados a Alamgiri se ha identificado de momento a otros 34 hombres, aunque el total de personas que aparecen en los mismos supera las 250. La intención de Hameed es la de detener por ahora al resto de 34 hombres ya identificados y posteriormente a todos aquellos que sean reconocidos. Como algunos de los investigados son de nacionalidad extranjera, se ha procedido a retirar un total de 18 pasaportes. También ha sido destituido un asesor principal del Centro para el Sagrado Corán y han sido cesados un empleado del Parlamento, un empleado de Aduanas, un profesor y un imán. «El proceso para identificar a los implicados y tomar medidas contra ellos está en marcha en varias fases. Por lo tanto, no podemos decir cuándo concluirá la investigación. Una vez que se completen los casos, los enviaremos a la Fiscalía General para que se presenten cargos», concluía Hameed. Los detenidos se enfrentan a las penas de prisión establecidas en el Código Penal más el castigo corporal correspondiente en aplicación de la sharía o ley islámica.

El informe de ILGA detalla la legislación en Maldivas respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo de la siguiente manera:

El artículo 411 (a) (2) del Código Penal (Ley No. 6) (2014) tipifica como delito el «coito ilícito», que se comete cuando una persona mantiene actos sexuales con una persona del mismo sexo.

«Coito entre personas del mismo sexo» se define como: a) La inserción por parte de un hombre de su órgano sexual o de cualquier otro objeto en el ano de otro hombre para su satisfacción sexual; o la inserción en la boca de otro hombre del pene de un hombre; o b) La inserción de un órgano de una mujer o de cualquier objeto en la vagina o el ano de otra mujer para su satisfacción sexual.

Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de prisión de entre seis meses y ocho años. También pueden resultar en un castigo adicional de 100 latigazos.

El artículo 412 (c) del Código Penal tipifica como delito el «contacto sexual ilícito» con una persona del mismo sexo, lo que incluye actos indecentes para obtener satisfacción sexual, distintos de los previstos en el artículo 411 (a) (2). Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de cárcel de entre seis meses y ocho años

Para Human Rights Watch, existe una relación entre estas detenciones y la presión ejercida por grupos extremistas islámicos. Líderes de estos grupos habían protestado públicamente por que se hubieran difundido los vídeos de contenido homosexual sin que se produjera ningún arresto, mientras algunos de sus miembros permanecían detenidos por sus ataques en la celebración del Día Internacional del Yoga, al que consideran una celebración de la idolatría y el politeísmo.

Graeme Reid, director del Programa de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Human Rights Watch, emitía el siguiente comunicado: «Las autoridades de Maldivas deberían abandonar inmediatamente las investigaciones injustas y aparentemente motivadas políticamente, y en su lugar acatar las normas internacionales sobre protección de derechos. El Gobierno debe derogar las leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que discriminan a los ciudadanos gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, a los inmigrantes y a los turistas, y son una receta para el abuso. La detención de cuatro hombres por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo muestra la naturaleza arbitraria de estas leyes discriminatorias. Las leyes dejan a la gente expuesta al chantaje y a otros abusos, y se convierten fácilmente en una herramienta política en la que los procesados se llevan la peor parte. El gobierno debe derogar las leyes inmediatamente».

Fuente Dosmanzanas

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Miles de personas se han manifestado en Belgrado para protestar contra la celebración del Europride en la capital serbia el próximo mes de septiembre. La manifestación ha sido precedida por unas incendiarias declaraciones del obispo ortodoxo de Banat, quien en días anteriores prometió maldecir a todos los participantes en el evento LGTBI y aseguró que, si tuviera un arma, la usaría para detenerlo. Por su parte, los partidos de extrema derecha nacionalista y religiosa han defendido que la manifestación  «no es solo contra el Orgullo de la Euro-OTAN, sino también en apoyo de Rusia y del mantenimiento de Kosovo y Metohija como parte de Serbia». El Europride, que se celebrará por primera vez en una ciudad del sureste de Europa, llega más de 20 años después de que en 2001 tuviera lugar el primer Orgullo de Belgrado, también conocido como el «Orgullo sangriento» por la extrema violencia con que las hordas de LGTBIfobos atacaron a los participantes.

El pasado domingo 14 de agosto, entre 5000 y 10.000 personas (según las diversas fuentes) se congregaron en las calles de Belgrado para protestar contra la celebración del Europride en la ciudad durante los días del 12 al 18 de septiembre. La manifestación dio comienzo frente al Patriarcado de la Iglesia ortodoxa serbia y concluyó ante la iglesia de San Marko. Los manifestantes portaban pancartas con textos fuertemente LGTBIfobos, como «¡No queremos un desfile gay ni la ocupación por parte de Occidente!», «No renunciamos a los lugares sagrados» y «Mantened vuestras manos alejadas de nuestros hijos».

En días previos, Nikanor Bogunović, obispo ortodoxo de la región de Banat—que comprende zonas de Serbia, Rumanía y Hungría—, se había mostrado indignado con la celebración del Europride en la capital, asegurando que los participantes «vendrán a Belgrado y alardearán y profanarán la ciudad de Belgrado, la santa ciudad serbia». El obispo amenazó con «maldecir a todos los que organicen y participen en algo así». «Puedo hacer todo eso. Si tuviera un arma, la usaría, usaría esa fuerza si la tuviera, pero no la tengo», concluyó.

Balkan Insight ha informado de que se ha publicado un vídeo en Youtube en el que se ve al obispo Nikanor de pie frente a una iglesia y arremetiendo contra las personas LGBTQI y el EuroPride.

https://twitter.com/reznikwsws/status/1558369966965276673?s=21&t=_0IbeBtVn8py8BQr4wGvAw

Estas declaraciones incendiarias fueron tomadas también como un ataque personal contra la primera ministra de Serbia, la abiertamente lesbiana Ana Brnabić, que además es de origen croata. Así, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, declaró a los medios locales que los insultos del obispo iban dirigidos a la primera ministra del país, Ana Brnabić, que es lesbiana. «El obispo Nicanor se insultó a sí mismo y a nuestra Iglesia, humilló a nuestra Iglesia, mucho más de lo que hizo Ana Brnabić o cualquier otra persona», dijo el presidente.

Según los medios, la manifestación fue convocada por la Asociación para la Preservación del Alfabeto Cirílico «Dobrica Eric» y otros grupos que se declaraban ortodoxos, bajo el lema «Para proteger a la familia». Sin embargo, han sido partidos de extrema derecha nacionalista y religiosa como Dveri quienes más se han felicitado por su celebración. Su líder, Boško Obradović, la ha calificado como «la mayor protesta de la oposición de los últimos años celebrada en Belgrado que no está controlada por nadie del Partido Progresista Serbio o del anterior Gobierno». Según escribía Obradović en las redes sociales, la manifestación «no es solo contra el Orgullo de la Euro-OTAN, sino también en apoyo de Rusia y del mantenimiento de Kosovo y Metohija como parte de Serbia».

Today in Belgrade 50,000 people to defend the traditional values ​​of the family and to say no to Europride scheduled for September in Serbia. The European media will never show this manifestation. pic.twitter.com/Hbms8fJdgV

— RadioGenoa (@RadioGenoa) August 14, 2022

Los organizadores del EuroPride condenaron al obispo por incitar a la violencia. «No hay nada que ver aquí, sólo un obispo que incita a la violencia contra las personas LGBTI+. ¿Qué ha pasado con esos valores «cristianos» de paz, amor y comprensión?», publicó la organización en las redes sociales.

El Europride llega por primera vez a un país del sureste de Europa, en una ciudad en la que la celebración del Orgullo comenzó en 2001 con grandes ataques violentos contra los participantes que ocasionaron que se le conozca como el «Orgullo sangriento». Aquella violencia dio paso a años de ostracismo, hasta que la marcha del Orgullo LGTB de Belgrado resucitó en 2010. Ese año los contramanifestantes LGTBIfobos volvieron a protagonizar graves incidentes, que dejaron un saldo de más de cien heridos. Tanto el año anterior (2009), como los siguientes (2011, 2012 y 2013) el Orgullo llegó a ser convocado pero fue finalmente prohibido por las autoridades debido, precisamente, a las amenazas de los homófobos. Volvió a celebrarse, por fin, en 2014, sin contratiempos graves, más allá de algún conato homófobo menor alejado de la zona de celebración. A partir de entonces, tanto en 2015 como en 2016, el Orgullo de la capital serbia se celebró sin incidentes graves y con una presencia cada vez más destacada de personalidades políticas. En el de 2016, de hecho, estuvo presente la propia Ana Brnabić, siendo ya ministra de Administraciones Públicas, y en 2017 lo hizo ostentando el cargo de primera ministra.

Serbia despenalizó la homosexualidad en 1994, pero los matrimonios gay y las adopciones por parte de padres del mismo sexo siguen siendo ilegales. Una encuesta realizada en 2020 por IDEAS y GLIC reveló que alrededor del 60% de las personas LGBTQI habían denunciado abusos físicos y emocionales en el último año.

Serbia se situó en el puesto 23 de la clasificación de ILGA-Europa de 49 países de Europa en lo que respecta a los derechos del colectivo LGBTQI.

Fuente Dosmanzanas/Agencias

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El Gobierno de Uganda ha suspendido las actividades de SMUG (Sexual Minorities Uganda), la principal organización de defensa de los derechos de las personas LGTBI.Utilizando un subterfugio legal, la administración ugandesa trata de acallar cualquier voz que se oponga a la persecución de las minorías sexuales, en un país donde las relaciones homosexuales están castigadas con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según Frank Mughisa, director ejecutivo de SMUG, la suspensión está dictada por grupos homófobos y tránsfobos que se han infiltrado en la administración ugandesa.

El pasado 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda se puso en contacto con la organización SMUG para ordenarle el cese inmediato de sus actividades por no estar registrada como ONG. Según Stephen Okell, supervisor de la agencia gubernamental, SMUG estaba funcionando «ilegalmente».

Sin embargo, SMUG emitió un comunicado en el que informaba de cómo fue rechazada su solicitud de inscripción debido a que consideraron que su nombre, que hacía referencia a las minorías sexuales, era «inapropiado». Esa negativa fue recurrida ante los tribunales, que corroboraron la decisión de la agencia.

El comunicado de SMUG es el siguiente:

Declaración sobre el cese de las actividades de Sexual Minorities Uganda por parte de la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

El miércoles 3 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el organismo gubernamental que regula las ONG en Uganda, suspendió las actividades de Sexual Minorities Uganda por no estar registrada en la Oficina de ONG.

Cabe señalar que en 2012, Frank Mugisha y otros solicitaron a la Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB), en virtud del artículo 18 de la Ley de empresas de 2012, el registro del nombre de la entidad propuesta. En una carta fechada el 16 de febrero de 2016, la URSB rechazó la solicitud de registro del nombre «Minorías Sexuales de Uganda» por considerar que dicho nombre era «indeseable y no registrable que la empresa propuesta se constituya para defender los derechos y el bienestar de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer, que se dedican a actividades etiquetadas como actos delictivos en virtud del artículo 145 de la Ley del Código Penal». Una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Uganda.

La negativa a legalizar las operaciones de SMUG, que buscan proteger a las personas LGBTQ que siguen sufriendo una gran discriminación en Uganda, fomentada activamente por líderes políticos y religiosos, fue un claro indicador de que el gobierno de Uganda y sus organismos son inflexibles y tratan a las minorías sexuales y de género ugandesas como ciudadanos de segunda clase. Esto compromete aún más los esfuerzos para exigir mejores servicios sanitarios y agrava el ya de por sí inestable ambiente para la comunidad LGBTQ.

«Se trata de una clara caza de brujas arraigada en la homofobia sistemática que está alimentada por los movimientos antigay y antigénero que se han infiltrado en las oficinas públicas con el objetivo de influir en la legislación para borrar a la comunidad LGBTQ».

Frank Mugisha, activista gay ugandés.

El articulo 145 del Código Penal al que se refería la URSB es el que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Existe, además, un proyecto de ley para endurecer aún más esas penas, aprobado por el Parlamento de Uganda en mayo de 2021, que fue devuelto por el presidente Yoweri Museveni para solventar algunos problemas de procedimiento, pero que aún está en trámite parlamentario.

SMUG, como coordinadora y proveedora de amparo legal ha sido decisiva en que los tribunales ugandeses hayan sido renuentes a aplicar el artículo 145, obligando incluso a que la policía utilice subterfugios como el incumplimiento de las medidas de protección contra la epidemia de la COVID-19 para efectuar redadas y detenciones masivas. También fue quien logró que los tribunales impidieran la publicación de listas de personas LGTBIpara su escarnio social. Un miembro destacado de SMUG fue el recordado activista David Kato, que fue brutalmente asesinado en su domicilio en 2011.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, como Council for Global Equality, OutRight Action International y Pan Africa ILGA han condenado firmemente la suspensión de las actividades de SMUG. Por su parte, en su cuenta de Twitter, SMUG ha compartido un mensaje contundente: «Volveremos».

https://twitter.com/smug2004/status/1555594875168608257?s=21&t=zefUgjr2UkBr-WXzH0BnkQ

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El ministro de Justicia e Interior del Gobierno de Singapur ha informado de que se está estudiando la derogación del artículo 377-A del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales entre varones, pero blindando completamente la definición actual del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer ante posibles desafíos legales en los tribunales. La Iglesia católica presiona para que esa definición permanezca, aunque se atisba un pequeño avance en su postura al no oponerse directamente a la despenalización de la homosexualidad. Desde el activismo LGTBI, la prioridad reside precisamente en la desaparición definitiva del artículo 377-A sin que, por el momento, se promueva la revisión de la definición del matrimonio.

El ministro de Justicia e Interior de Singapur, Kasiviswanathan Shanmugam, informó a través de las redes sociales de que su Gobierno está revisando actualmente la reforma del Código Penal para derogar el artículo 377-A, que castiga las relaciones homosexuales entre varones hasta con dos años de prisión. A su vez, aclaró que esta reforma iría unida a un blindaje aún mayor de la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, para que no pueda ser impugnada en los tribunales. «Ahora estamos estudiando la mejor manera de lograr este equilibrio», concluyó el ministro.

El artículo 377-A, heredero de la legislación colonial británica, solo se está aplicando en la práctica en los casos en que las relaciones sexuales entre varones sean públicas, no en el ámbito privado, al ser definidas como actos de «indecencia grave». Sin embargo, sigue suponiendo un evidente caso de discriminación, puesto que el mismo criterio no se aplica a las relaciones heterosexuales. En varias ocasiones, la Alta Corte de Singapur ha rechazado declararlo inconstitucional, puesto que la Carta Magna del país asiático no protege específicamente contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. La derogación de la sección 377-A queda así en manos del poder legislativo.

Por su parte, la Iglesia católica, con cierta influencia en un país mayoritariamente budista, se opuso en su día a la despenalización de las relaciones homosexuales con una carta pastoral en la que se prevenía contra la posibilidad de que a la derogación del artículo 377-A siguieran nuevas reivindicaciones de la comunidad LGTB, como el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En esta ocasión, tras las declaraciones del ministro de Justicia e Interior, la archidiócesis de Singapur ha emitido un comunicado en el que aplaude y apoya «la clara articulación del gobierno de su posición sobre el matrimonio y estamos seguros de que están buscando salvaguardar su posición actual de la ley que define el matrimonio como entre un hombre y una mujer.  Esperamos que se reconozcan y mantengan las salvaguardias sobre el matrimonio y nuestra libertad de proclamar y enseñar sin miedo ni favor lo que creemos». Sin calificar de ningún modo la pretensión de despenalizar las relaciones homosexuales, pero sin expresar su oposición, la archidiócesis exige que las personas LGTBI respeten «nuestro derecho a mantener nuestra posición sobre el matrimonio y que la unidad familiar esté formada por un padre, una madre y sus hijos». De hecho, tras oponerse a derogar la ley nacional que criminalizaba la homosexualidad, el futuro cardenal de Singapur busca la bienvenida a las personas LGBTQ en la Iglesia.

Para la organización singapurense de defensa de los derechos LGTBI Oogachaga, no hay planes inmediatos de reclamar reformas respecto al matrimonio, siendo la derogación del artículo 377-A la prioridad. Para los activistas de Pink Dot SG, la redefinición del matrimonio «solo se producirá a través de la educación y el cambio de los corazones y las mentes. El propio Gobierno ha reconocido que las políticas deben reflejar las normas cambiantes. Solo esperamos que los cambios que están contemplando dejen espacio para que la sociedad siga manteniendo conversaciones de buena fe sobre estos temas».

Una sociedad muy conservadora

Singapur es una ciudad-estado del sudeste asiático, con una economía capitalista fuertemente desarrollada. Poblada por diferentes grupos étnicos y religiosos, la mayor parte de su población es de origen chino, aunque hay una elevada proporción de malayos e indios. La religión más practicada es el budismo, si bien existen importantes minorías musulmana y cristiana. Es, en cualquier caso, una sociedad globalmente muy conservadora.

Singapur no despenalizó hasta 2007 tanto el sexo oral como el sexo anal, pero solo para heterosexuales. Las relaciones homosexuales masculinas siguen penalizadas como «actos de indecencia» de acuerdo a la ya mencionada sección 377-A del Código Penal, aunque en la práctica no se persiguen, siempre y cuando se practiquen, como se dijo anteriormente, en privado. De hecho, en 2006 se anunció una reforma para despenalizarlas que nunca se llegó a materializar.

En 2015, el Gobierno de Singapur emitió un informe para Naciones Unidas en el que defendía el mantenimiento de la penalización de las relaciones homosexuales masculinas calificándola de «equilibrada» al no aplicarse al ámbito privado.

Esperemos que las declaraciones actuales del ministro de Justicia e Interior sean reflejo de una auténtica voluntad del Gobierno y que el artículo 377-A sea finalmente derogado.

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado el Código de las Familias, que recoge el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, fijando el 25 de septiembre como la fecha en que se someterá a referéndum vinculante para su implantación definitiva. Aunque el nuevo código cuenta con el respaldo del Gobierno y del Partido Comunista, también se enfrenta a la fuerte oposición tanto de la Iglesia católica como de las cada vez más influyentes Iglesias evangélicas. La gestación del nuevo código se ha producido, precisamente, después de que la presión de los grupos religiosos impidiera que el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluyera en la recientemente aprobada Constitución cubana.

El pasado 22 de julio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias, que debería sustituir a la legislación vigente al respecto desde hace 47 años. El proyecto de ley se perfiló con la colaboración de la ciudadanía a través de consultas populares y reuniones que produjeron la modificación de cerca de la mitad del primer anteproyecto, según los datos ofrecidos por el diario gubernamental Gamma. Las principales modificaciones afectaron, precisamente, a la definición de la institución del matrimonio y la filiación.

Las nuevas leyes ampliarán los derechos matrimoniales a las parejas LGBTQ+ y permitirán reconocer como padres a otros adultos que no sean las madres y padres biológicos de los niños, informó the Washington Post.  

El nuevo código de familia se sometió a una consulta pública a principios de este año, en la que las autoridades afirmaron que el 62% de los cubanos estaban a favor de los cambios.

Sin embargo, esta cifra fue inferior a la de referendos anteriores. La nueva Constitución fue aprobada con el 86% de los votos en 2019 sin incluir el matrimonio igualitario y algunas propuestas políticas en referendos anteriores recibieron el apoyo de alrededor del 95% de los votantes.

La Constitución cubana aprobada en 2019 define el matrimonio como «una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos». Un texto deliberadamente ambiguo que dejaba la definición precisa de la institución matrimonial en manos de la legislación.

Cumpliendo con ese mandato constitucional, el título VI del Código de las Familias, referente al matrimonio, recoge en primer lugar el artículo 197, con la siguiente redacción:

Artículo 197. Matrimonio.

1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos.

2. Constituye una de las formas de organización de las familias y se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, deberes y capacidad legal de los cónyuges.

3. El matrimonio solo produce efectos legales cuando se formaliza ante el funcionario competente.

En cuanto a la adopción homoparental, el nuevo código se refiere siempre a los cónyuges, cuando esa figura es necesaria, sin establecer diferencia alguna a su sexo o género. Es decir, el nuevo Código de las Familias recoge la definición del matrimonio que se incluía en el anteproyecto de reforma de la Constitución, pero que la presión de las confesiones religiosas impidió que se materializara.

Para poder ser implementada, la nueva normativa deberá ser aprobada en referéndum vinculante, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre (una semana antes entre los cubanos residentes en el exterior). La pregunta sometida a consulta será: «Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?», y deberá recibir más del 50 % de los votos emitidos.

Al presentar el código para su votación en la Asamblea Nacional, el ministro de Justicia cubano, Oscar Silvera Martínez, dijo que la medida promovía «el amor, el afecto, el cuidado, la sensibilidad, el respeto a los demás y la armonía de nuestras familias», informó Reuters.

El ministro se pronunció en Twitter después de que el Parlamento aprobara la decisión de celebrar el referéndum, calificando la votación de «día histórico»: «Es el resultado de mucho trabajo y, en particular, de la contribución de nuestro pueblo«, escribió e instó a los cubanos a votar por la medida.

#Hoy es un día histórico: la @AsambleaCuba aprobó el #CódigoDeLasFamilias!!!! Es el resultado de mucho trabajo y, en especial, del aporte de nuestro pueblo. Ahora en referendo votemos SÍ por un Código inclusivo y protector. #SomosCuba #CubaEsAmor @CubaMinjus pic.twitter.com/p5oiuZ1ExT

— Oscar Silvera Martínez (@OscarCubaMinjus) July 22, 2022

Según el ministro de Justicia cubano, Óscar Silvera Martínez, «estamos en presencia de un Código que es para el beneficio de todos, lo que patentiza su carácter inclusivo, protector y de igualdad, que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, y permite solucionar los conflictos que acontezcan y ejercer los derechos reconocidos en ese ámbito, atendiendo a las características, situaciones y posibilidades de cada persona».

Ria Acosta Cruz y Gabriela Alfonso, una pareja del mismo sexo que vive en La Habana, dijeron a Reuters que era su derecho humano poder casarse y adoptar niños. «La oportunidad que nos da es la del matrimonio», dijo Alfonso. «El hecho de poder optar juntos a ciertas cosas y ciertos trámites legales que necesitamos como pareja y no como personas independientes».

Acosta añadió que se trata de un «matrimonio«, ya que la pareja de homosexuales ha construido una vida en común, pero quieren que se reconozca legalmente su relación y su futura familia. «Tenemos los planes juntos, la economía junta«, dijo. «No es justo que no exista esta posibilidad».

El texto ha recibido el apoyo tanto de los miembros del Gobierno cubano como de los distintos movimientos sociales que forman parte del Partido Comunista en el poder. Sin embargo, mientras otros plebiscitos contaban con un apoyo abrumador en las encuestas, siempre por encima del 95 %, en este caso el respaldo popular que reflejan es de apenas un 62 %. Esto se debe, sin duda, a la fuerte oposición de la Iglesia católica y de las Iglesias evangélicas.

Rechazo de las Iglesias católica y evangélica

En un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, durante el proceso de aprobación del Código de las Familias, los integrantes de la institución religiosa afirmaban: «Creemos que nuestro pueblo, en la materia que nos atañe, fue muy claro en la discusión previa a la aprobación de la Constitución actual del 2019. Es una constatación innegable que la mayoría de los cubanos quiso que se mantuviera la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal y como aparece en el actual Código de Familia de 1975». También acusaba al proyecto de ley de estar «permeado por lo que se conoce como ‘ideología de género’» y solicitaba que los artículos del texto afectados por esa supuesta ideología fuesen sometidos a referéndum por separado.

Desde las Iglesias evangélicas la oposición no es de menor calibre. Una de sus plataformas más populares es la llamada «A la escuela sin ideología de género», que se formó para paralizar una reforma educativa que, en su opinión, quería llevar a las escuelas lo que ellos definen como ideología, consiguiendo el apoyo de más de 140.000 ciudadanos. Su coordinador, Óscar Rivero, exponía en una entrevista: «El aspecto más nocivo es el mal llamado matrimonio homosexual. Tratar de reconocer a dos personas del mismo sexo como matrimonio, consideramos que es erróneo, porque el matrimonio en su concepto es que está destinado al fin de la procreación, uno de sus fines que garantizan el relevo generacional en la sociedad. En la consulta popular de la Reforma Constitucional ya hubo una mayoría de electores que expresaron no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. Nosotros queremos que se mantenga el código vigente, de que el matrimonio es entre hombre y mujer. No es correcto tampoco la legalización de la homosexualidad. En la homosexualidad no está perseguida, pero no tiene sentido que se legisle, sino que quede como una opción de la libertad de las personas».

A pesar de las encuestas levemente favorables al nuevo Código de las Familias, la influencia de ambas confesiones religiosas en la población cubana hace temer que sus seguidores se movilicen mayoritariamente. Sobre todo si inciden en que el texto legal defiende la «ideología de género» y la «legalización de la homosexualidad», lo que quizás ocasionaría que el resto de la ciudadanía no se movilizase con la misma intensidad.

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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