El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha prolongado nuevamente por tres años el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el costarricense Víctor Madrigal-Borloz. La prórroga ha contado con la fuerte oposición de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en cuya representación ha hablado el representante de Pakistán, nación presente en el consejo. Por supuesto, no se trata de una objeción a la persona de Victor Madrigal-Borloz, sino a la existencia misma del mandato, al considerar que la discriminación y la violencia por motivo de la orientación sexual e identidad de género no contravienen los derechos humanos.

El mandato del experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue creado en junio de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un periodo de tres años. Su primer titular fue el tailandés Vitit Muntarbhorn, que ocupó la plaza desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, cuando tuvo que renunciar por razones de salud. En enero de 2018 fue reemplazado, tras la pertinente votación en el consejo, por el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, que ocupa el puesto en la actualidad.

En junio de 2019 se produjo la primera prórroga del mandato por otros tres años, que vencían en junio de este año. Por ello, el pasado 7 de julio se procedió a la votación dentro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para una nueva prolongación de tres años. Según la nota de prensa del consejo, la resolución aprobada exhorta a los estados «a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a determinadas personas por su orientación sexual e identidad de género, y a que adopten medidas eficaces para prevenir los actos de violencia y discriminación; decide prorrogar por un período de tres años el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género; pide al experto independiente que siga informando anualmente sobre el cumplimiento de su mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General».

Antes de su aprobación, se presentaron 13 enmiendas al texto, de las que solo se aprobó una. Durante todo el proceso y desde los días previos, se hizo evidente la encarnizada hostilidad de la Organización para la Cooperación Islámica, que defiende los intereses en Naciones Unidas de sus 57 países integrantes, todos ellos de mayoría musulmana o con una población significativa de quienes profesan esta creencia. De los 57 países integrantes de la OCI, 56 de ellos son miembros de Naciones Unidas (la excepción es Palestina) y 14 forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de estos países, encabezado por Arabia Saudí, Nigeria y Egipto, rechazaba expresamente la utilización de los términos «orientación sexual», «transgénero» y «hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres».

En representación de los países de la OCI (con excepción de Albania), hizo su discurso el embajador ante Naciones Unidas de Pakistán, Khalil Hashmi, que aseguraba no poder «apoyar los esfuerzos encaminados a inventar nuevos derechos sobre la base de preferencias sexuales personales». También argumentaba la no existencia de un «consenso universal sobre el concepto de orientación sexual e identidad de género, y este concepto no está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como motivo de discriminación o violencia».

A estas alegaciones, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Jerome Bonnafont, respondía: «Demasiados países se escudan en el pretexto de valores específicos para mantener una legislación discriminatoria».

La votación

La resolución de prórroga del mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue aprobada por 23 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Dieron su voto favorable: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, República Checa, Ucrania y Venezuela.

Votaron en contra: Camerún, Catar, China, Costa de Marfil, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Indonesia, Libia, Malasia, Malawi, Mauritania, Pakistán, Senegal, Somalia y Sudán.

Se abstuvieron: Armenia, Benín, India, Kazajistán, Namibia, Polonia y Uzbekistán.

En la votación en contra, a los 14 países pertenecientes a la OCI se unieron China, Eritrea y Malawi. El único país de la Unión Europea que no votó a favor fue Polonia, que se abstuvo.

Satisfacción y preocupación del experto independiente renovado

El reelegido Víctor Madrigal-Borloz declaró que en su campaña para renovar el mandato participaron más de 1100 organizaciones LGTBI de 174 países y el «capital político» de decenas de estados. También criticó el «posicionamiento político muy desafortunado» que niega la existencia de discriminación en todos los países, incluidos los de la OCI. Según Madrigal-Borloz, esos estados están incumpliendo con «sus obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos» en cuanto a la protección de violaciones de derechos de las personas bajo su jurisdicción y de sus propios nacionales.

El renovado experto independiente afirmó que su campo de trabajo es «muy volátil», pues «cada día hay un cambio político que abre una posibilidad y cierra otra. Así que mi trabajo es mantener una visión general de esas oportunidades y asegurarme de aprovechar las que existen». En cuanto a su renovación, añadió: «Me parece que la comunidad internacional ha seguido comprendiendo hasta qué punto las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans y de género diverso son objeto de violencia y discriminación».

En su cuenta oficial de Twitter, acompañada de una fotografía con los colores del arcoíris muy presentes, dejaba fijado un tuit con el siguiente texto: «Encantado de saber que el @UN_HRC acaba de renovar el mandato del #IESOGI; con la misma humildad y el mismo orgullo que el primer día para seguir sirviendo a las personas, comunidades y pueblos afectados por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género».

Delighted to learn that the @UN_HRC has just renewed the mandate of the #IESOGI; as humbled & honoured as the first day to continue serving persons, communities and peoples affected from discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity.@free_equal pic.twitter.com/qAMvbNgAWQ

— Victor Madrigal-Borloz (@victor_madrigal) July 7, 2022

También desde su cuenta oficial de la misma red social, la embajada de España en la ONU expresaba su satisfacción por la prórroga del mandato:

Hoy el @UN_HRC ha renovado el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género de 🇺🇳.

¡Enhorabuena, @victor_madrigal! 👏

Cuentas con el apoyo de @SpainUN para seguir trabajando por la protección e inclusión de todas las personas #LGTBI 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/OQNFRHRDZS

— España en la ONU (@SpainUN) July 7, 2022

Funciones y trabajo realizado

Las funciones y métodos del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, según consta en el sitio oficial del Consejo de Derechos Humanos, son las siguientes:

En el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género figura el estudio de las formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes:

• La evaluación de la aplicación de las normas de derechos humanos.
• La determinación de las mejores prácticas y las deficiencias.
• La sensibilización sobre estas cuestiones.
• La identificación y el abordaje de las causas profundas de la violencia y la discriminación.
• El diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso.
• La facilitación y el respaldo de la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

Métodos de trabajo

En cumplimiento de su mandato, el experto independiente:

• transmite llamamientos urgentes y cartas de transmisión de denuncias a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• realiza visitas de investigación a los países; y
• presenta informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre las actividades del mandato, las tendencias y los métodos de trabajo.

Los informes emitidos por el experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido los siguientes:

• 2017: Legislación sobre la despenalización y la lucha contra la discriminación.
• 2018: Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (en castellano).
• 2019: Recogida y gestión de datos como medio para sensibilizar sobre la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género.
• 2020: Prácticas de las llamadas «terapias de conversión».
• 2021: El género en el derecho internacional y regional de los derechos humanos, la jurisprudencia y los procesos internacionales.

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Los antecedentes

En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.

La respuesta de la Comisión EuropeaA nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.

Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.

Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.

Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum

Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.

La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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Este 1 de julio ha entrado en vigor en Florida la Ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1557), conocida popularmente como la ley «Don’t say gay» porque establece la prohibición de educar o informar sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas. La ley fue promulgada por el gobernador del estado Ron DeSantis en marzo de este año, y en los meses transcurridos desde su promulgación a su entrada en vigor los grupos LGTBIfobos ya han ido tomando medidas como aviso de cuáles serán sus efectos. En numerosos centros educativos se han eliminado carteles que promocionaban la tolerancia y el respeto a la diversidad, se ha comunicado a los profesores LGTBI que no pueden tener fotos de sus parejas del mismo sexo en sus mesas de trabajo o despachos y se han confeccionado listas de libros que incluyen personajes LGTBI para ser eliminados de aulas y bibliotecas.

La Ley de Derechos de los Padres en la Educación, cuya nomenclatura es HB 1557, es un texto que en su mayor parte recoge el derecho de los padres de los alumnos a ser informados de cualquier aspecto de tinte educativo o sanitario que afecte a sus hijos. Qué servicios sanitarios ofrecerán las escuelas, qué normativas regirán, qué materias se impartirán, etc.

Lo destacable es que, en medio de esas normativas genéricas sobre información y salud, se incluyó en la sección 1ª el artículo 3 con el siguiente texto:

No podrá impartirse en las aulas enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género, por parte del personal de la escuela o de terceros, desde el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales.

Es de señalar la mezcla de concreción y ambigüedad en ese breve artículo, puesto que concretamente prohíbe que la educación sobre la orientación sexual e identidad de género se imparta a menores de entre 3 y 8 años, pero ambiguamente establece que para el resto de estudiantes, de entre 9 y 17 años, también se prohíbe la educación en estas materias de una manera «no apropiada» para su edad. Esto deja amplio margen a la especulación y la manipulación por parte de quienes se oponen a los derechos de las personas LGTBI. El articulado de la ley también permite a los padres de los alumnos presentar demandas contra profesionales y centro educativo si estiman que se están incumpliendo las normas que establece.

El activismo LGTBI avisó de las consecuencias, que ya se están sufriendo

Tras la primera lectura del proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, saltaron todas las alarmas tanto entra la oposición del Partido Demócrata como entre las asociaciones de defensa de los derechos LGTBI. El proyecto de ley inmediatamente empezó a conocerse popularmente como «Don’t say gay» (No digas gay), un elocuente resumen de lo que el artículo 3 conlleva: la invisibilización de las personas LGTBI en el sistema educativo.

Ante las protestas de oposición y activistas LGTBI, los ponentes del proyecto de ley se defendieron acusándolos de «alarmismo» y asegurando que la ley no era un ataque a los estudiantes, empleados o padres homosexuales o transexuales. Sin embargo, los hechos demostraron inmediatamente lo contrario. En los meses que han transcurrido desde la aprobación de la normativa estatal hasta su entrada en vigor el 1 de julio, se han sucedido la confusión inicial, el temor a las denuncias en la dirección y el profesorado en los centros educativos, y, sobre todo, la acción directa de los LGTBIfobos.

Así, por ejemplo, en el condado de Palm Beach el superintendente escolar Mike Burke, eludiendo el proceso habitual de revisión de material, ordenó la retirada de libros con personajes LGBTI, alegando su preocupación por las implicaciones de la ley. Además, instruyó a directores de centro y educadores de su distrito para que buscasen más libros con estos contenidos y procediesen también a su retirada.

En todos los distritos escolares de Florida se tomaron medidas como la eliminación de cualquier referencia a la defensa del colectivo LGTBI en los discursos de graduación o en los anuarios escolares. En las escuelas públicas del condado de Orange se impartieron incluso seminarios sobre la aplicación de la HB 1557 en los que se aconsejó a los administradores de los centros que quitaran las pegatinas con los colores del arcoíris y el mensaje «espacio seguro» que habían sido repartidas por los colectivos LGTBI. También indicaron que debían impeler a los educadores LGBTI a que retiraran las fotos familiares de sus escritorios y que evitaran hablar de sus seres queridos en el trabajo, por temor a incumplir la nueva normativa y hacer frente a demandas.

En este sentido, la ley «Don’t say gay» guarda una profunda semejanza con la llamada ley contra «la propaganda homosexual» vigente en Rusia. Con la peregrina excusa de la protección a la infancia, impiden la visibilidad de las personas LGTBI en todos los espacios públicos, incluso los virtuales, pues todos ellos pueden ser frecuentados por menores. Así, al prohibir la enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género a los menores de 8 años, en realidad se está prohibiendo en todo el ámbito educativo, puesto que estos menores estudian en el mismo centro escolar que los demás.

En total, Equality Florida, un grupo de defensa de los derechos LGBTI, declaró que había recibido más de 50 quejas de informes de censuras contra el colectivo LGBTI desde el mes de marzo. Todo ello antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, estaba ocurriendo exactamente lo que la oposición y los defensores de los derechos LGTBI habían denunciado desde el primer momento.

Una ley estrella para una candidatura de extrema derecha

Presentado en primera lectura en la Cámara de Representes del estado el 11 de enero de este 2022, el proyecto de ley HB 1557 de Derechos de los Padres en la Educación fue aprobado por los distintos comités hasta que se presentó de nuevo ante la cámara para la inclusión de enmiendas. Ninguna de las que afectaban al artículo 3 fue estimada. Finalmente, el texto fue aprobado en tercera lectura en la cámara baja estatal el 24 de febrero por 69 votos a favor y 47 en contra. Inmediatamente fue remitida al Senado estatal.

Tras la primera lectura y el paso por los comités senatoriales, de nuevo en segunda lectura fueron rechazadas todas las enmiendas, aún las que solo pedían una mayor claridad del artículo 3. El 8 de marzo, en tercera lectura, fue aprobada por el Senado de Florida por 22 votos favorables contra 17 desfavorables. El 28 de marzo fue presentada para su promulgación al gobernador DeSantis, que la firmó ese mismo día, si bien, tal como estipulaba la propia ley en su último artículo, no entraría en vigor hasta el 1 de julio.

Esta ley conocida popularmente como «Don’t say gay» es uno de los proyectos estrella del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano del ala más extremista del partido, que es un firme candidato a disputar a Donald Trump las primarias del Partido Republicano previas a las próximas elecciones presidenciales. Con este proceso electoral interno en el punto de mira, se sucede la aprobación de leyes y normativas que consigan el apoyo del ala más derechista del partido, ahora mayoritaria. Este empeño incluso le hizo enfrentarse a una de los mayores activos de Florida, el grupo Disney, por su posición contraria a la ley, llegando incluso a provocar que la compañía de entretenimiento pierda muchas de las ventajas legales de las que disfrutaba en el estado.

Así, otras de sus leyes de propaganda, que entró en vigor el mismo día, es la Ley de Libertad Individual, que impide que se explique en las aulas el racismo histórico y el ideario del supremacismo blanco, ofreciendo una visión sesgada e inexacta sobre la historia estadounidense.

Sin abandonar el ámbito educativo, el gobernador DeSantis ha promulgado recientemente otra ley que obligará a profesores y estudiantes de las universidades públicas a declarar públicamente sus ideas políticas, con la amenaza de que los centros podrían perder su financiación si en conjunto de las respuestas no es satisfactorio, con la excusa de promover la «diversidad intelectual» en los campus.

Aunque para muchos es evidente la inconstitucionalidad de todas estas leyes, todos temen que una iniciativa judicial en contra de ellas pueda acabar en el Tribunal Supremo y obtener su aprobación, dada su actual composición de mayoría ultraconservadora.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre emitió este comunicado por la entrada en vigor de la ley «Don’t say gay» en Florida:

Hoy, algunos de los estudiantes y familias más vulnerables de Florida tienen más miedo y menos libertad. Al entrar en vigor la vergonzosa ley estatal «Don’t say gay», los funcionarios estatales que dicen defender la libertad están limitando la libertad de sus conciudadanos simplemente por ser ellos mismos. Ya se ha informado de que se están retirando las pegatinas de «espacio seguro» de las aulas. A los profesores se les ha ordenado que no lleven prendas con los colores del arcoíris. A los profesores LGBTI se les ha impelido a que retiren las fotos familiares de sus esposos y esposas —fotos familiares muy queridas como las que hay en mi propio escritorio.

Esto no es una cuestión de «derechos de los padres». Esto es, simple y llanamente, discriminación. Forma parte de una inquietante y peligrosa tendencia nacional de políticos de derechas que atacan cínicamente a estudiantes, educadores y personas LGBTI para obtener ventajas políticas. Fomenta el acoso y amenaza la salud mental, la seguridad física y el bienestar de los estudiantes. Censura a los profesores y educadores que quieren hacer lo correcto y apoyar a sus alumnos. Y debe terminar.

El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en las aulas. El Departamento de Educación supervisará esta ley, y se anima a cualquier estudiante o padre que crea que está sufriendo discriminación a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento. Nuestra Administración seguirá luchando por la dignidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y familias de Florida y de todo el país.

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Este sábado, 2 de julio, tuvo lugar un nueva edición del Orgullo LGTBI de Londres. Una edición muy especial, en la que se conmemoraba el 50 aniversario de la primera marcha del Orgullo que tuvo lugar en la capital británica. El Orgullo de Londres 2022, además de una presencia masiva de asistentes, nos dejó algunas imágenes para recordar: la cabecera, al frente de la cual repetían algunos de los activistas que ya estuvieron presentes en la marcha de 1972; la activa participación del alcalde de Londres o el elenco de la serie Heartstopper, con Joe Locke a la cabeza, haciendo la peineta a un grupo de homófobos que protestaban.

Más de un millón de personas, según las cifras de la alcaldía de Londres, participaron en el Orgullo 2022 de la capital británica. Una marcha en la que ocuparon un lugar muy especial un grupo de activistas que ya participó, hace 50 años, en la primera grna movilización del Orgullo. «We’re here, we’re queer, we won’t disappear», fue uno de los cánticos que entonaron:

50 years ago they marched. Today they march again. #AllOurPride #GLF pic.twitter.com/jvY6Qz1LDA

— Pride in London (@PrideInLondon) July 2, 2022

Otra de las imágenes que nos ha dejado el Orgullo 2022 fue la del alcalde de Londres, el laborista y musulmán Sadiq Khan, participando como un manifestante más en la marcha:

.@SadiqKhan arriving at #prideinLondon pic.twitter.com/NSw50Cyaea

— Tom Copley (@tomcopley) July 2, 2022

El alcalde de Londres, por cierto, aprovechó la ocasión para reivindicar los derechos de las personas trans y denunció la utilización política que de la comunidad trans se está haciendo en su país (donde las campañas de odio transexcluyente han conseguido, por mencionar un ejemplo, que las personas trans queden fuera del proyecto del Gobierno para prohibir las pseudoterapias «de conversión»):

Trans rights are human rights. 🏳️‍⚧️

London is a place where we respect and celebrate all gender identities, and support trans communities in the ongoing fight for equality. #PrideInLondon #AllOurPride pic.twitter.com/iHOPmRZAGj

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 2, 2022

Aunque sin duda las imágenes que más recorrido han tenido han sido las del elenco de la popular serie Heartstopper, una deliciosa aproximación a la adolescencia LGTB, que no dudó, con su protagonista Joe Locke a la cabeza, en bailar y hacer la peineta ante un grupo de homófobos que protestaban por la celebración del Orgullo:

The stars of Heartstopper absolutely loving it as anti-LGBT protesters are challenged by a young Pride supporter #Pride pic.twitter.com/7uUwaG9MXW

— Scott Beasley (@SkyScottBeasley) July 2, 2022

Por cierto, a quien le interese conocer mejor la historia del Orgullo de Londres en imágenes, y en general la historia del movimiento LGTBI en Reino Unido, tiene a su disposición un excelente material con diferentes colecciones fotográficas en la web de Bishopgate Institute. Aquí puedes encontrar, por mencionar un ejemplo, una copia del programa del primer Orgullo de Londres (una fotocopia de 4 folios mecanografiados), del que ahora se han cumplido 50 años.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Bishopgate Institute, Discriminación, Heartstopper, Homofobia, Joe Locke, LGTBIfobia, Londres, Orgullo LGTBI, Reino Unido, Sadiq Khan, Series, Televisi

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos principales sindicatos españoles, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral. El acuerdo propone, entre otras medidas, utilizar la negociación colectiva para garantizar la igualdad en los procesos de selección, contratación y promoción; asegurar que en sus beneficios sociales las empresas no dejen fuera a las familias LGTBI o implantar protocolos para prevenir y erradicar el acoso por LGTBIfobia.

Según puede leerse en el acuerdo firmado, que puedes descargar aquí, los dos principales sindicatos españoles proponen incidir en la protección de las personas LGTBI+ migrantes; garantizar un mayor apoyo institucional a las personas LGTBI+ con discapacidad u otras circunstancias añadidas que amplíen la posibilidad de discriminación; dar apoyo a la prohibición de las pseudoterapias «de conversión»; reforzar los derechos sociosanitarios de las personas LGTBI+; comprometerse en la lucha contra los delitos de odio y los discursos que los promueven e impulsar políticas para la defensa de los derechos de las familias LGTBI+, entre otros objetivos generales.

Ya en un plano más específicamente laboral, Comisiones Obreras y UGT acuerdan también compartir una estrategia de introducción de la lucha contra la discriminación LGTBIfóbica en la negociación de los convenios colectivos, a través del impulso de seis puntos:

• Establecer medidas que permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos, estableciendo criterios objetivos que alejen la posibilidad de
  discriminación.
• Promover que cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia, incluya a las familias y parejas conformadas por personas LGTBI+, eliminando cualquier redacción que
  pueda dar lugar a una discriminación directa o indirecta.
• Establecer programas y proyectos de sensibilización en la empresa respecto al derecho de igualdad del colectivo LGTBI+, y especialmente respecto a las medidas de igualdad acordadas.
• Formación específica y obligatoria a mandos intermedios y representantes legales de los trabajadores.
• Incorporar en la elaboración de evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención de salud laboral la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, garantizando el establecimiento de actuaciones.
• Establecer protocolos de actuación con una serie de contenidos mínimos ante casos de discriminación y acoso por LGTBIfobia.
• Evaluación períodica entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores de las medidas implementadas.

La Organización Internacional del Trabajo llama a la inclusión de las personas LGTBI

El acuerdo firmado en España por sus dos principales organziaciones sindicales, que saludamos y esperamos ver aterrizar cuanto antes, casi coincide en el tiempo con la publicación, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de una guía que tiene como finalidad, precisamente, la de proporcionar orientación «para iniciar y apoyar los esfuerzos encaminados a fomentar ambientes de trabajo inclusivos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+)».

«En muchos países los trabajadores LGBTIQ+ se enfrentan a experiencias diarias de violencia, acoso, estigma y discriminación, y a menudo se les deniega oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo. La OIT tiene por objeto promover el trabajo decente para todos, sin dejar a nadie a atrás. Si bien esto es sumamente importante para respetar los derechos humanos y laborales de todos, incluidas las personas LGBTIQ+, los estudios realizados han mostrado continuamente el valor de invertir en diversidad en el lugar de trabajo. Se ha demostrado que los beneficios de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la inclusión mejoran la productividad en el lugar de trabajo, la satisfacción laboral, el bienestar personal y social, y la moral general de la fuerza de trabajo», explica el documento, que puedes descargar aquí en castellano, francés e inglés.

Un documento que se suma, por ejemplo, a los estándares de buenas prácticas para proteger los derechos de las personas LGBTI que han sido publicados por Naciones Unidas (puedes descargar un PDF con información más detallada aquí).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ámbito laboral, CC OO, Discriminación, LGTBIfobia, Naciones Unidas, OIT, UGT

Este 3 de julio se cumplió un año del asesinato de Samuel Luiz. Dos de sus asesinos, menores de edad, han sido ya condenados. Otros cinco acusados están a la espera de juicio. La muerte de Samuel, víctima de una terrible paliza, puso de manifiesto no solo la brutalidad que tantas veces acompaña al odio homófobo, sino la hipocresía de una sociedad que seguramente se encuentra a nivel global entre las más tolerantes del mundo en materia LGTBI, pero en la cual las fuerzas de seguridad se resistieron inicialmente a admitir la motivación homófoba y no pocos medios de comunicación, opinadores y participantes en redes sociales llegaron a negarla expresamente.

Haremos un breve recordatorio de lo sucedido aquella fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Samuel Luiz, un joven auxiliar de enfermería, disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en un local de A Coruña. Cerca de la hora del cierre Samuel salió a fumar junto a una de sus amigas, de nombre Lina. En ese momento hicieron una videollamada a otra amiga, testigo a distancia del inicio de la agresión. Un grupo de jóvenes que se encontraban cerca pensaron que los estaban grabando y les gritaron. Samuel y su amiga intentaron explicarles que no era así, pero uno de ellos le espetó directamente a Samuel «O paras de grabar o te mato, maricón». «¿Maricón de qué?», se revolvió entonces Samuel, antes de recibir varios golpes.

La agresión no se detuvo ahí, pese a que el agresor se alejó de Samuel en ese primer momento. Samuel, consciente y en un estado relativamente bueno pese a las contusiones, pidió a Lina que buscara su móvil, que se le había caído (luego se supo que lo robó uno de los agresores). Instantes después, sin embargo, el agresor volvió acompañado de cerca de una docena de personas, varias de las cuales lo acorralaron y golpearon brutalmente pese a los gritos de horror de su amiga, al grito de «¡maricón de mierda!». Samuel intentó escapar y corrió durante unos 200 metros, pero los agresores lo alcanzaron, lo derribaron y continuaron pateándolo con saña, hasta que quedó inconsciente y se dejó de mover. En ese momento los agresores se dispersaron. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, intentaron defender a Samuel durante la paliza, pero no pudieron hacer nada ante la turba y de hecho Ibrahima recibió varios golpes. Aunque los profesionales sanitarios intentaron reanimarlo de forma denodada, Samuel fallecía esa misma noche debido a la gravedad de los golpes recibidos. Además del traumatismo craneoencéfalico severo, presentaba contusiones y hematomas por todo el cuerpo.

La Policía Nacional pudo identificar, durante los días siguientes, a la mayor parte del grupo agresor. Utilizaron para ello las declaraciones de varios testigos (al menos uno de ellos conocía de vista a alguno de los agresores), además de imágenes grabadas con móviles por algunos testigos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. El hecho de que en ese momento en Galicia fuese necesario dar el DNI para acceder a locales de ocio debido a la pandemia de covid-19 fue también de ayuda. Las pruebas de ADN también fueron importantes para reforzar la acusación de algunos de los detenidos.

El siguiente vídeo, minutado por eldiario.es, pertenece a unas de las cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido desde la distancia:

La actuación posterior de los agresores

De hecho, las declaraciones de testigos e implicados permitió reconstruir el comportamiento de los agresores tras matar a Samuel. De forma resumida (este artículo de eldiario.es lo explica con detalle) hubo dos reuniones en las horas siguientes en las que hablaron del linchamiento. La primera de ellas, apenas una hora después, en un parque situado lejos del lugar de la agresión en la otra punta de la ciudad. Una testigo escuchó parte de una conversación en la que uno de los agresores que fueron luego detenidos se refirió a Samuel como «puto maricón, si era un maricón de mierda».

La siguiente reunión tuvo lugar algo más tarde, en otro parque cercano. Al parecer ya eran plenamente conscientes de que Samuel estaba muerto. En esta reunión el grupo acordó eliminar las pruebas que pudieran existir en sus teléfonos móviles y redes (los esfuerzos para conseguir recuperarlos, de hecho, son una de las causas de la demora del procedimiento).

Dos menores, ya condenados

Aunque las informaciones llegaron a hablar de la detención de 13 sospechosos, tras la investigación policial los acusados formalmente del crimen fueron finalmente siete personas: cinco mayores de edad (cuatro hombres y una mujer) y dos menores. Cabe señalar que uno de los adultos acusados no fue detenido hasta el mes de septiembre.

Los dos menores fueron condenados por asesinato el pasado mes de abril a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes personadas. En estos momentos, hay tres varones en prisión provisional y la única mujer detenida fue puesta en libertad con medidas cautelares.

Por lo que se refiere a los mayores de edad, están a la espera de un juicio se celebrará con jurado. Tres de ellos se encuentran en prisión preventiva y otros dos (entre ellos la mujer) en libertad vigilada. Tanto Fiscalía como acusaciones particulares solicitan que sean condenados por asesinato. A dos de ellos se les atribuye además un posible delito de odio. El que se quedó con el móvil de Samuel está acusado además de otro delito de robo con violencia.

Quizá el único elemento positivo que podemos encontrar en lo sucedido es que Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, los dos senegaleses que intentaron evitar la muerte de Samuel, consiguieron regularizar su situación en España y un puesto de trabajo en la empresa Puertas Betanzos, cuyo propietario quedó impresionado tras conocer su historia.

Negación de la homofobia y rabia en el colectivo LGTBI

Pasado el tiempo pocas dudas persisten ya sobre lo sucedido y sobre el papel que la homofobia jugó en el asesinato de Samuel. Sin embargo, muy especialmente durante los primeros días tras su muerte, tanto fuentes policiales como medios de comunicación, opinadores, columnistas y participantes en redes sociales (algunos de ellos no precisamente anónimos…) se esforzaron por evitar calificar como homófoba la agresión sufrida por Samuel. Incluso negaban expresamente que así hubiera sido. Se agarraban para ello a argumentos tan endebles como el hecho de que la víctima no hubiera revelado su condición de gay a su familia, sin tener en cuenta sus condicionantes familiares (Samuel, de origen brasileño, pertenecía a una familia de fuertes convicciones evangélicas). O declaraciones de su propio padre, reticente a que el colectivo LGTBI considerase a Samuel un símbolo.

Todo ello como si el hecho de que la víctima de una agresión homófoba no haya verbalizado ante su familia su condición de gay obligase a aportar pruebas extraordinarias de «gaicidad». O como si no supiéramos que las agresiones por LGTBIfobia se dirigen contra toda aquella persona percibida como LGTBI, incluyendo a personas heterosexuales con expresión de género no normativa.

Por lo que se refiere a la acusación por delito de odio, no sabemos que sucederá una vez se celebre el juicio. En cualquier caso, lo decíamos hace un año y nos ratificamos ahora: las personas LGTBI sabemos que muchas investigaciones policiales y/o procesos judiciales se inclinan finalmente por invisibilizar el componente homófobo de muchas agresiones a no ser que la evidencia sea abrumadora. Pero en la España actual las agresiones por LGTBIfobia pocas veces son la consecuencia de una decisión planificada en frío y plasmada documentalmente. En sociedades como la nuestra las mayoría de las agresiones son el fruto explosivo del odio acumulado. Un odio alimentado por discursos de deshumanización del diferente que tras una época de relativa calma vuelven a escucharse de la boca de políticos y líderes de opinión y que son amplificados, cada vez con menos reservas, por medios y redes. En la mayor parte de las situaciones, ese odio queda contenido por la fuerza de los usos y costumbres, pero estalla cuando encuentra la oportunidad. El desencadenante puede ser cualquiera. Incluso un incidente banal que con otras personas no tendría mayores consecuencias, pero con una persona LGTBI supone un estallido de violencia que revela la LGTBIfobia que lo trasciende.

Sea como sea, lo que nadie puede ya evitar es que el asesinato de Samuel actuase como revulsivo del activismo LGTBI, que en las semanas que siguieron fue capaz de movilizar en las calles a multitudes nunca vistas en concentraciones y manifestaciones de protesta (Orgullos aparte). En el caso de Madrid, lamentablemente, desembocando en una intervención policial absolutamente desproporcionada (curiosamente, pocas semanas después, una manifestación neonazi de carácter homófobo tenía lugar en el barrio de Chueca sin que este caso nadie hiciera nada por evitarlo. Pero esa es otra historia…).

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Testigo del tiroteo mortal en Oslo fuera del club LGBTQ+: “Le dispararon a una persona frente a nosotros”

Dos personas han muerto y otra veintena está heridas, tres de ellas graves, como consecuencia de los disparos recibidos la pasada madrugada en el exterior de un bar de ambiente gay de Oslo (Noruega). El autor de los disparos, que ha sido ya acusado de asesinato, intento de asesinato y terrorismo, fue detenido poco después por la Policía. Se trata de un ciudadano noruego de origen iraní que cuenta con antecedentes policiales.

Según aseguran múltiples testigos, el detenido comenzó a disparar a la 01:14 de la madrugada, en plena calle, contra las personas concentradas en el exterior del pub London, un conocido local de ambiente gay, y de dos locales aledaños: el club de jazz Herr Nilsen y un establecimiento de comida para llevar. «Ví llegar a un hombre con una mochila. Sacó una pistola y comenzó a disparar», ha declarado uno de los testigos, periodista de profesión.

Un hombre ha sido acusado de terrorismo después de matar a dos personas y herir al menos a 19 fuera de uno de los lugares LGBTQ+ más grandes de Noruega en Oslo.

El hombre de 42 años fue arrestado y acusado de asesinato, intento de asesinato y actos terroristas por abrir fuego fuera del bullicioso distrito de vida nocturna de Oslo, dijo la policía de la ciudad.

Se informó de disparos a la 1:14 a. m. hora local del sábado (25 de junio) en tres lugares, incluido el popular club nocturno queer London Pub, el club de jazz Herr Nilsen y una comida para llevar.

Tres de los heridos resultaron gravemente heridos. En medio de una ráfaga de pánico cuando la gente huyó de los lugares o se escondió en los sótanos, 10 personas resultaron gravemente heridas y 11 sufrieron heridas leves.

En tres minutos, los oficiales de OPS Politiet Oslo detuvieron a un sospechoso, dijo a los periodistas el jefe de tareas de la policía, Toire Barstad. No se supo de inmediato ningún motivo, dijo Barstad. No identificó al sospechoso y se negó a decir qué tipo de arma se había utilizado en el ataque.

Christian Hatlo, abogado de la policía, dijo a los periodistas que el hombre bajo custodia es un ciudadano noruego de Irán con antecedentes por delitos menores.

Las autoridades están investigando el tiroteo como un ataque terrorista debido a la escala de la escena del crimen y el vertiginoso número de muertos y heridos. “Parece haber tenido la intención de crear miedo en la población”, dijo Hatlo.

Alrededor de 40 personas habían presenciado el tiroteo. Entre ellos se encontraba Olav Ronneberg, reportero policial de la emisora pública noruega NRK. “Vi a un hombre llegar a la escena con una bolsa, tomó un arma y comenzó a disparar”, dijo al medio. “Estaba en el bar exterior de Londres cuando sucedió. Acabo de darme cuenta de que se disparó un tiro y me golpeó un fragmento de vidrio”, dijo un cliente de un bar de Londres. “Había más y más y más disparos, así que escapé a la barra interior y traté de conseguir la mayor cantidad posible conmigo”, dijo. “Al principio la gente no entendía lo que estaba pasando, pero luego hubo pánico”.

(Terje Pedersen/NTB/AFP vía Getty Images)

Canceladas las celebraciones del Orgullo LGTBI

Aunque por el momento la Policía noruega no ha facilitado detalles sobre si el atentado tenía una motivación LGTBIfoba expresa o buscaba causar terror indiscriminado en la que es una zona de animada vida nocturna de Oslo, el hecho de que esta semana estén teniendo lugar las celebraciones del Orgullo LGTBI en la capital noruega y de que el pasado sábado por la mañana estuviera previsto celebrar la marcha que les da cierre hace temer lo peor. El pub London, por otra parte, es un conocido local de ambiente gay que luce orgulloso la bandera arcoirís en su exterior.

De hecho, los organizadores han anunciado la cancelación de la marcha por recomendación de la Policía noruega.

El tiroteo arrojó un espectro de miedo en Oslo solo unas horas antes de que la calle se llenara de arcoíris, vítores y celebraciones. Aumentando el temor de que el tiroteo haya sido programado para apuntar a los noruegos LGBTQ+ antes del Orgullo de Oslo.

El desfile anual del Orgullo de Oslo, el punto culminante de un festival de 10 días que comenzó el 18 de junio, estaba programado para el sábado a las 12:00 p. m. en Pride Park en Spikersuppa.

Pero los organizadores confirmaron en Facebook que, por consejo de la policía, todos los eventos del Orgullo de Oslo han sido cancelados.

“Seguiremos la recomendación de la policía y nos cuidaremos entre todos. Estamos enviando cálidos pensamientos y amor a los familiares, a los que resultaron heridos y a otros afectados”, dijeron Inger Kristin Haugsevje, líder del Orgullo de Oslo, e Inge Alexander Gjestvang, líder de FRI, la Organización Noruega para la Diversidad Sexual y de Género, en un comunicado conjunto. declaración.

“Pronto volveremos a estar orgullosos y visibles, pero hoy compartiremos nuestras celebraciones del Orgullo desde casa”.

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Desafiante y espontáneo “Desfile del orgullo LGBTQ+” después tras el tiroteo de Oslo

La comunidad LGBTQ+ de Noruega se ha mantenido desafiante frente a un tiroteo masivo frente a un lugar LGBTQ+ en Oslo al organizar un desfile del orgullo “espontáneo“.

Solo unas horas antes del desfile anual de Orgullo de la ciudad capital, un ciudadano noruego de 42 años de Irán abrió fuego en tres ubicaciones en el Distrito de la Vida nocturna de Oslo en las primeras horas del sábado (25 de junio).

Dos fueron asesinados y al menos 10 heridos graves en un incidente investigado como un acto de terrorismo.

El Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega (PST) elevó su nivel de alerta de terror de “moderado” a “extraordinario“, el nivel más alto, después del ataque, informó NRK.

Se cree que el sospechoso es un islamista radicalizado que padece problemas de salud mental, dijo el jefe interino de PST, Roger Berg, en una conferencia de prensa de las 2pm. Era conocido por los servicios de seguridad desde 2015.

Si bien el motivo no estaba claro, Oslo Pride canceló un desfile programado para las 12 p.m., ya que uno de los tiroteos tuvo lugar fuera del pub de Londres, uno de los lugares LGBTQ+ más grandes de la ciudad.

“Instamos a toda Noruega a mostrar solidaridad y marcar el orgullo en casa, en sus vecindarios“, dijo el líder del Orgullo, Inger Kristin Haugsevje, en un comunicado de Facebook.

Negarse a resistirse ante un tiroteo masivo, miles de personas LGBTQ+ protestaron en Oslo, Noruega. (Rodrigo Freitas/Getty Images)

Con Oslo Pride cancelado, innumerables banderas de orgullo y ramos de flores se dejaron fuera del Pub de Londres para un memorial improvisado.

El primer ministro Jonas Gahr y el ministro de finanzas, Trygve Slagsvold Vedum, así como los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon presentaron sus respetos en la escena del tiroteo.

Miles de personas se reunieron en la tarde para marchar en silencio a lo largo de Rosenkrantz hacia el pub de Londres que pronto se convirtió en una alegre celebración del espíritu comunitario, con, por supuesto, Lady Gaga saliendo por los altavoces.

“Ver a la gente llorar, animar y ser valiente para ir a las calles es lo más hermoso que presencié“, dijo un manifestante.

Después de que Oslo Pride fue silenciado, una comunidad LGBTQ+ desafiante salió a las calles. (Rodrigo Freitas/Getty Images)

Los asustados clientes en el pub de Londres quedaron atrapados dentro del sótano durante 10 minutos cuando el sospechoso puso el asedio al club nocturno, así como al Herr Nilsen Jazz Club y una comida para llevar.

Un testigo le dijo a PinkNews que “entraron en pánico” y las personas se apresuraban a esconderse debajo de las mesas mientras el vidrio se rompía a su alrededor. Les dijeron que no podían irse fuera de una salida durante 10 minutos, ya que alguien había sido “disparado justo frente a nosotros”.

Los políticos de Noruega se han quedado lidiando con algo que la nación rara vez ha experimentado: un tiroteo masivo.

Store describió el tiroteo como un “ataque cruel y profundamente impactante contra personas inocentes”.

“No sabemos qué estaba detrás de este terrible acto”, continuó en la declaración de Facebook, “pero para las personas queer que ahora tienen miedo y de luto, todos estamos contigo”.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega se arrodillan en un memorial improvisado frente al ministro de finanzas noruegas, Trygve Slagsvold Vedum (2R) y el primer ministro Jonas Gahr Store. (Javad Parsa/NTB/AFP a través de Getty Images)

La ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde, dijo que el tiroteo fue un “ataque contra la libertad de amar a quien quieras”.

Erna Solberg, líder del Partido Conservador del Partido de la Oposición de Noruega, se hizo eco de los comentarios de Linde.

“Es un ataque a la libertad de amar a quien quieras”, escribió, y agregó: “En Noruega, debería ser seguro amar a quien quieras y nadie debería asustarnos de ser un país abierto, generoso e inclusivo”.

El alcalde de Oslo, Raymond Johansen, lo llamó “horrible” y “horroroso“. “Hoy íbamos a celebrar el amor con una gran fiesta en el Desfile del Orgullo por las calles de Oslo. Ahora el dolor está eclipsando todo ”, dijo. “Pero nos uniremos hoy, mañana y todos los días posteriores. Por el derecho a amar a quien quieras “.

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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Una nueva agresión homófoba ha sido denunciada en Cataluña, en esta ocasión en Santa Coloma de Gramenet. La agresión tuvo lugar en la pasada madrugada, durante la verbena de Sant Joan en el barrio de Las Oliveras de la localidad catalana. El joven agredido, que perdió el conocimiento mientras era golpeado, ha necesitado diez puntos de sutura en el labio.

La víctima, de nombre Víctor, volvía a su casa junto a su primo cuando se acercó a pedir fuego a tres jóvenes. «Aquí fue donde empezó todo», cuenta el propio Víctor en un post de Instagram. «Sin decirme nada recibí un puñetazo en la boca al grito de ‘maricón de mierda’ y caí inconsciente al suelo. Desde aquel momento no recuerdo nada de la noche y he de dar las gracias a que mi primo estaba ahí conmigo y él pudo contar lo que pasó. Después de caerme al suelo los tres empezaron a darme patadas y a insultarme mientras yo estaba sangrando inconsciente en el suelo. Fue ahí cuando mi primo se acercó a ellos pensand0 ‘ahora me toca a mí’. Los chicos le dijeron que si gritaba o hacía algo, el siguiente era él y se fueron corriendo con mi riñonera», continúa el joven agredido.

«Mi primo tuvo que tumbarme de lado para que no me tragase mi propia sangre y me ahogara. Y ya fue cuando pidió ayuda y llamaron a la policía y la ambulancia. Yo desperté en el hospital sin recordar absolutamente nada. Y la verdad, mejor…», añade.

Los Mossos d’Esquadra, ante los que Víctor ha interpuesto la correspondiente denuncia, han abierto una investigación por delitos de lesiones, robo violento y odio y discriminación e intentan identificar a los autores.

Insertamos a continuación el post en el que Víctor ha denunciado públicamente lo sucedido, acompañando su testimonio de varias fotos. «Esta publicación la hago pública para visibilizar que estas cosas siguen pasando y que, al final, tengo que dar las gracias por no haber acabado peor y poder explicarlo», asegura:

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

Hace pocas semanas recogíamos como los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en Barcelona, la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total. La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 107 incidentes.

Fuente Dosmanzanas

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Fuente FELGTBI+

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Un círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a Iratxe Otero, una mujer trans de 29 años, en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife). Se enfrenta ahora a una pena de cárcel de entre doce años y medio (la que solicita la Fiscalía) y quince años (la que solicita la acusación particular), que será decidida por el juez. 

Según informa el tinerfeño Diario de Avisos, para la decisión del jurado resultaron claves las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial Chaparral, en la barriada de Costa del Silencio de Arona, donde fue encontrado el cádaver de la mujer, y que mostraban al acusado arrastrando su cuerpo. En el momento de su detención, horas después de ser hallado el cadáver, el ahora declarado culpable presentaba además heridas compatibles con los intentos de defensa de Iratxe Otero antes de morir estrangulada. El jurado descartó el atenuante de alcohol y drogas que la defensa del acusado había esgrimido durante el juicio.

Durante la semana del juicio, el alcalde socialista de Arona, José Julián Mena, Mena se reunió con la familia de la joven trans asesinada. La reunión se realizó con el claro objetivo de reiterar a la familia de Iratxe Otero la solidaridad del pueblo de Arona.

Como contamos en su momento, el cádaver de Iratxe Otero, de origen colombiano, fue encontrado en la madrugada del sábado 26 de diciembre de 2020 en un pasillo del centro comercial Chaparral en avanzado estado de descomposición. Antes habría permanecido en un club de karaoke del centro comercial antes de ser trasladado a la zona común. La noticia del hallazgo del cádaver recibió en un primer momento un inadecuado trato mediático, ya que la Guardia Civil, en la información inicialmente trasladada a los medios, se refería a la mujer que finalmente fue identificada como Iratxe Otero en masculino, circunstancia que mereció la condena de activistas y colectivos trans.

Asesinatos de personas trans en España

Precisamente el asesinato de Iratxe Otero fue el que hizo que España apareciese de nuevo en 2021 en la macabra lista de países en los que se han registrado asesinatos de personas trans y género-diversas, según el registro que cada mes de noviembre hace público Transgender Europe con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans.

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas en este registro desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado, aparte de los de Iratxe Otero, han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que en este caso un jurado popular absolvió al único acusado); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado de 2020. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática.

Fuente Dosmanzanas/El DigitalSur

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H @PlataformaTrans @MireiaMataSlsna

— Tina Recio (@Tina__recio) March 10, 2022

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Prou agressions! Prou discursos d’odi que generen violència! Ens concentrem a la plaça @LHAjuntament per mostrar el nostre suport i afecte a la veïna de #LHospitalet. Continuem treballant per una ciutat diversa i lliure de discriminació. Estem amb tu, #NoEstasSola #StopLGTBIfobia pic.twitter.com/MekY9ZkVEv

— Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) March 10, 2022

Fuente Dosmanzanas

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Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario

Las críticas tanto internas como internacionales a la ley aprobada el pasado 8 de marzo por la mayoría conservadora del Congreso de Guatemala, que endurece aún más el aborto, prohíbe tanto el matrimonio igualitario como cualquier unión entre personas del mismo sexo e ilegaliza la educación en materia de diversidad sexual y de género, han llevado al presidente del país a pedir su retirada y asegurar que no la refrendará si llega a su mesa.

La ley «para la protección de la vida y la familia» es un compendio de todas las posiciones reaccionarias en materia de diversidad sexual y de género, a la que estigmatiza como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano» [sic]. En consecuencia, prohíbe explícitamente tanto el matrimonio igualitario como cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y cualquier tipo de medida educativa que suponga aceptar «como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad»  o que «sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

A este ataque a la diversidad sexual y a la libertad de cátedra en educación se le suma el endurecimiento de las condenas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Guatemala, la interrupción del embarazo solo está permitida en el caso en el que la vida de la madre corra peligro. El resto de abortos no amparados por este supuesto tienen una pena de prisión establecida de uno a tres años de cárcel, que con la nueva ley se amplía desde los cinco hasta los diez años de prisión. A su vez, se incrementan las penas para médicos y demás personas que participen en la interrupción del embarazo no deseado de una mujer que no cumpla el supuesto de peligro para la madre.

La aprobación de la ley, que tenía lugar precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, coincidía en el tiempo con la celebración de un evento en el que Guatemala era declarada «Capital Iberoamericana Provida» y en el que el presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei, invitaba a «proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas». Los legisladores que aprobaron la ley defendieron que esta era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana». Una incongruencia que parece preocupar más a los legisladores cristianos que los 24 muertos de la comunidad LGTB en Guatemala en 2019, los 19 asesinados en 2020 (pese al encierro decretado en el país a causa del coronavirus) o las 28 víctimas contabilizadas hasta octubre de 2021, unos asesinatos que siguen aumentando hasta el día de hoy.

Sin embargo, la intensa reacción tanto interna como exterior a la aprobación de la ley parece haber dado un vuelco a la situación. Las protestas de numerosos colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, las críticas del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (que ha asegurado que la ley viola varios acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Gobierno del país centroamericano) y la repercusión negativa de la noticia a nivel internacional, seguramente mucho mayor de la esperada por sus promotores, ha provocado que el presidente Giammattei se desvincule ahora del texto, al afirmar que no fue una iniciativa de su gobierno y que «nada tiene que ver» con la declaración de Guatemala como «Capital ProVida de Iberoamérica».

Es más, el presidente guatemalteco asegura que la ley «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República» por lo que ha pedido a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su archivo, asegurando que si no es así y el texto acaba por llegar a su despacho lo vetará.

Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.

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Más de 33 años desde la muerte de Scott Johnson, catalogada inicialmente como un suicidio, los hechos empiezan a aclararse. En 2018, la policía australiana por fin admitió que el estadounidense fue víctima de un delito de odio, como siempre defendió su hermano Steve. Dos años después era arrestado un hombre de 49 años, Scott White, como principal sospechoso de la muerte de Scott Johnson. Ahora, White ha confesado por fin el crimen, que se enmarca en una serie de asesinatos homófobos cometidos en Sídney y alrededores por bandas de jóvenes y que quedaron en su mayoría impunes por la desidia policial.

Scott Johnson era un joven estadounidense de 27 años, que se encontraba en Australia completando su doctorado en Matemáticas y que había solicitado el permiso de residencia para continuar en el país. En diciembre de 1988 su cuerpo fue encontrado, desnudo, al pie de un acantilado en las afueras de Sídney. Se trataba de una zona cercana a un área de cruising, a la que muchos homosexuales de la época acudían para contactar y mantener relaciones. El caso fue despachado por la policía de la época como un suicidio, a pesar de que no existían razones aparentes para que el joven tomara esa decisión.

Su hermano Steve, residente en Estados Unidos, siempre estuvo convencido de que Scott fue víctima de un delito de odio. Su hipótesis no era descabellada: era la época más dura de la pandemia del sida, en la que había florecido entre ciertos grupos de Sídney una cultura de odio hacia los homosexuales y las agresiones estaban a la orden del día. Pese a lo cual no existía en las autoridades la sensibilidad que hoy existe ante los delitos de odio homófobo.

Bien fuese porque Scott fue arrojado al vacío por sus asesinos, bien porque cayó cuando huía de sus agresores, su hermano estaba convencido de que su muerte fue violenta. Durante años, de hecho, el propio Steve Johnson, hoy un adinerado empresario tecnológico, gastó de su propio bolsillo cerca de un millón de dólares en intentar conseguir pistas que le permitiesen abrir el caso. Pese a lo cual, hasta 2018, las autoridades australianas siempre se habían negado. Ese año, sin embargo, la propia policía australiana admitía por fin como muy probable que Scott Johnson fuese víctima de un delito de odio cometido por dos o más agresores y decidía reabrir la investigación.

En mayo de 2020, la policía arrestaba a un hombre de 49 años, Scott White, bajo la acusación de ser el autor del asesinato. El pasado 10 de enero, White cambiaba su declaración de «no culpable» a «culpable». Aunque sus abogados alegaron que el acusado tenía problemas mentales, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso lo declaró culpable de los hechos. La confesión se había realizado, explicó, «en voz alta y clara, y de una manera enérgica y con determinación». El arrestado permanecerá bajo custodia hasta recibir su sentencia el próximo 2 de mayo. Steve Johnson ha manifestado su «alivio» por la confesión. «Pienso en mi hermano y en las muchas personas que lo querían e intentaron conseguir este resultado», declaró.

Una época negra sobre la que por fin se arroja luz

Las nuevas noticias sobre la muerte de Scott Johnson, posiblemente la más mediática de todas, están sirviendo en cualquier caso para rescatar del olvido lo sucedido durante una época en la que la violencia homófoba estuvo a la orden del día en Nueva Gales del Sur, sobre todo en las zonas de cruising, y durante la cual numerosas personas LGTB (sobre todo hombres que buscaban relaciones sexuales con otros hombres) fueron víctimas de agresiones e incluso asesinatos que en su momento quedaron impunes. Entre 1989 y 1999, por ejemplo, hay documentados cerca de 80 asesinatos homófobos en la zona, de los cuales 30 permanecen sin resolver.

El Parlamento de Nueva Gales del Sur, de hecho, decidió en 2018 abrir una investigación parlamentaria que saque a la luz la verdad sobre los delitos de odio cometidos contra la comunidad LGTB entre los años 1970 y 2010, algo que familiares y amigos de las víctimas llevaban años reclamando. El informe final de la comisión motivó la apertura de una investigación judicial en noviembre del año pasado.

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Al menos una decena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Les Alfàbegues de Bétera (Valencia) han sido expulsados del centro tras protagonizar una agresión de carácter homófobo a un profesor, según ha informado À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Los hechos se produjeron después de que el profesor, Miquel Álvarez, interviniese para detener la protesta con banderas de España que un grupo de alumnos protagonizaba en el patio del centro en respuesta a que otras dos alumnas exhibiesen el día anterior una bandera arcoíris.

Según la narración de los hechos que hace À Punt, el miércoles de la pasada semana dos alumnas salieron al patio del centro portando una bandera arcoirís, lo que desembocó en una espontánea manifestación de apoyo que el mismo profesor que fue agredido al día siguiente les pidió detener por alterar la normalidad del centro. En cualquier caso, lo sucedido no gustó a otro grupo de alumnos, que respondieron al día siguiente acudiendo con banderas rojigualdas, lo que a su vez desembocó en otra numerosa movilización y en momentos de tensión. Miquel Álvarez intentó de nuevo detener lo que estaba sucediendo, con la significativa diferencia de que en esta ocasión el docente resultó agredido por alumnos de este segundo grupo, que le lanzaron objetos, le agarraron del pelo y le dirigieron insultos alusivos a su orientación sexual.

Los hechos, de una indudable gravedad, habrían desembocado por el momento en la expulsión de una decena de alumnos del grupo agresor, si bien la Consejería valenciana de Educación ha declinado dar más información, al involucrar a menores de edad. El caso, además, está ya en manos de la Fiscalía de Menores. La Consejería de Educación sí que ha activado Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (PREVI), que entre otras medidas contempla asesoramiento y asistencia jurídica gratuita al profesorado.

Ya se conocen algunas reacciones significativas a lo sucedido en Bétera, algo que por otra parte refleja a la perfección cómo el discurso de odio, aireado de forma creciente desde las tribunas políticas y mediáticas de este país, va calando también entre los más jóvenes.  La alcaldesa de la localidad, Elia Verdevio, ha condenado la agresión. «Desde el Ayuntamiento apostamos por la diversidad, la igualdad, la no discriminación y la convivencia de nuestros vecinos y vecinas independientemente de la orientación sexual y la identidad de género», ha declarado. Sindicatos docentes como STEPV (Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià) o la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano han condenado también la agresión y se han puesto a disposición del profesor agredido y del centro. «Por fortuna, hechos como estos no son habituales en los centros educativos, pero desgraciadamente no es casualidad que una agresión tan grave como esta que se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial», ha expresado STEPV en un comunicado. «Hechos como dste constatan la necesidad de seguir haciendo esfuerzos, poner todos los recursos necesarios e implicar a toda la sociedad para avanzar hacia la convivencia. El discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha pasa factura introduciendo crispación y polarización en todos los entornos de la sociedad y en todas las edades», lamentan por su parte desde Comisiones Obreras.

El profesor agredido: «el discurso de odio está latente»

Miquel Álvarez, el profesor agredido, ha concedido una entrevista a À Punt, el medio que adelantó en exclusiva la noticia, en la que ha dado algunos detalles sobre lo sucedido. En concreto, ha aclarado que su petición a los alumnos de que retiraran las banderas rojigualdas no se debía a que estas fueran banderas de España, sino a que las estaban utilizando como provocación hacia otro sector del alumnado que el día anterior habían exhibido la bandera arcoirís el el patio, que por cierto él también pidió que se guardaran (sin ser por ello agredido). Álvarez considera que los adolescente simplemente están reproduciendo el discurso de odio que ven cada vez más presente en la sociedad. «El discurso de odio está latente y solo falta una chispa como esta para que se encienda todo», se ha lamentado.

«Yo no tengo miedo de seguir yendo a trabajar, hace ya años que soy docente y sé que hay que coger el toro por los cuernos y pensar que no van a poder contigo. Mi trabajo es ser docente y seguiré siéndolo, cueste lo que cueste», ha añadido, al tiempo que ha agradecido el apoyo recibido.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. À Punt, Bandera Arcoiris, Bétera, Comunidad Valenciana, Delitos de Odio, Educación, Elia Verdevio, FE-CC OO, Homofobia/Transfobia, IES Les Alfàbegues, LGTBIfobia, Menores, Miquel Álvarez, STEPV, Valencia, Violencia LGTBIfoba

Dos mujeres han sido condenadas por un delito de odio por dirigir insultos homófobos a un hombre en Villalón de Campos (Valladolid). El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha impuesto una condena de un año de cárcel y 960 euros de multa a a la más joven, Montserrat G.M., de 46 años, y de ocho meses de cárcel y 840 euros de multa a su madre, Antonia M.G., de 74 años. 

Según informa El Huffington Post, los hechos sucedieron el pasado 5 de octubre en torno al mediodía, cuando la víctima, tras haber acompañado a una amiga a su casa, se topó con las ahora condenadas, a las que ya conocía y que con anterioridad le habían dedicado insultos homófobos. Las ahora condenadas, sin mediar enfrentamiento previo, se dirigieron a él como «maricón», y al recriminarles su actitud y decirles que no iba a tolerar más insultos por su parte, la más joven de las dos mujeres comenzó a gritarle insultos del tipo de «maricón de mierda» y÷», vete para casa a dar por culo a tu padre». La madre se mostró algo más calmada, pero aun así se dirigió a él varias veces repitiendo el insulto «maricón» varias veces.

La víctima decidió en esta ocasión denunciar lo sucedido, denuncia que ha resultado en una condena de las dos mujeres como autoras de un delito contra los derechos fundamentales, aunque con una pena algo inferior a la solicitada por el fiscal (que había pedido para ambas quince meses de prisión y multa de 2.700 euros). Cabe destacar que al ser la pena de cárcel inferior a los dos años queda en manos del juez la decisión si enviarles efectivamente a prisión, en función de sus antecedentes y expectativas de comisión de nuevos delitos.

La sentencia considera suficientemente probados los hechos y entre las circunstancias de lo sucedido valora especialmente que las condenadas se dirigieran hacia el denunciante por su expresa condición de homosexual, así como que los insultos revelaban «un propósito que excede de la persona del denunciante, dirigiendo sus expresiones a la totalidad del colectivo homosexual a quien se quiere ver en un manicomio, como si se tratara de enfermos mentales». También incide en el hecho de que aunque la iniciativa partiese de la mujer más joven, su madre en ningún momento reprochó a su hija esa reacción, sino que la secundó repitiendo varias veces el insulto «maricón» en un tono de voz más calmado, «algo que consigue ese efecto publicitario que el delito de odio busca, el altavoz por el que se llega al mayor número de personas posibles con afán denigratorio».«

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Antonia M.G., Castilla y León, Delitos de Odio, El Huffington Post, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Montserrat G.M., Valladolid, Villalón de Campos, Violencia LGTBIfoba

Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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Imagen de la Virgen María LGBT+ distribuida por Elżbieta Podleśna (Amnistía Internacional)

Tres activistas LGBT+ en Polonia han sido absueltos una vez más de los cargos de “ofender creencias religiosas” por carteles de la Virgen María con un halo de colores del arcoíris.

Los carteles se distribuyeron en la ciudad de Płock en 2019 para protestar contra la creciente hostilidad anti-LGBT+ de la influyente Iglesia católica de Polonia, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de derecha.

Las tres mujeres responsables, identificadas como Elżbieta, Anna y Joanna, enfrentaban una posible sentencia de dos años de prisión cada una si eran declaradas culpables de su activismo pacífico. En marzo del año pasado fueron absueltas, pero la fiscalía apeló esa decisión.

El miércoles (12 de enero), un tribunal desestimó la apelación, según Amnistía Internacional.

Catrinel Motoc, principal activista de Europa de Amnistía Internacional, dijo que la decisión es un “gran alivio” pero que no “oculta el hecho de que estas tres mujeres nunca deberían haber sido juzgadas en primer lugar.mLa distribución de carteles de la Virgen María con un halo de arcoíris nunca debe criminalizarse, por lo que es correcto que se rechazara la apelación contra su absolución”, dijo Motoc.

Continuó: “Desde el inicio del caso en su contra, más de un cuarto de millón de personas se han pronunciado para exigir que las autoridades retiren los cargos en un caso que se ha convertido en el símbolo de algunas de las tendencias contra los derechos humanos más inquietantes de Polonia. .

“No solo se está reduciendo el espacio para la libre expresión, el activismo y la protesta pacífica, sino que el clima de homofobia en el país está empeorando en medio de un aumento de los delitos de odio, la introducción de zonas ‘libres de LGBTI’ por parte de los ayuntamientos y los intentos de prohibir las marchas del Orgullo. .”

Motoc agregó que el caso ha “revelado una fea veta de homofobia patrocinada por el estado”. Afirmó que también había expuesto cómo el sistema de justicia penal de Polonia está “siendo utilizado para atacar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos simplemente por su activismo. Las autoridades polacas deben finalmente poner fin a su caza de brujas contra estos y otros activistas”, dijo.

Another human rights win! We are going to celebrate this now. Thank you all for your support. pic.twitter.com/Vl8kH32uLu

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Los fiscales argumentaron en la audiencia de apelación que el primer tribunal no fue lo suficientemente crítico con las acciones de las mujeres, según una transmisión en vivo de Twitter de la rama polaca de Amnistía Internacional.

Argumentaron que la Virgen María es un “símbolo importante para los católicos y no para los ateos y otros” y que el trío “lo sabía”.

Elżbieta, una de las tres activistas enjuiciadas, argumentó ante el tribunal que “la homosexualidad ya no está en la lista de trastornos mentales” por lo que lo que “está sucediendo en este tribunal va en contra de la ciencia y la dignidad”, según los tuits de Amnistía Polska.

“Es un escándalo para mí”, dijo. “No quiero que [fobias] y [prejuicios] estén presentes en el discurso público o incluso dominantes”.

Ella continuó: “La comunidad cristiana en Polonia, la comunidad católica, no es homogénea. Lo que representas es la parte extrema. Tienes ambiciones de cambiar la ley, de castigar a quienes no lo permitan. Polonia es [un] estado secular”.

"Christian community in Poland, Catholic community, is not homogenous. What you represent is the extreme part of it. You have ambitions to change the law, to punish those, who will not allow that. Poland is secular state".

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Anna le dijo al tribunal que su continua lucha por los derechos LGBT+ en Polonia ha atraído la atención mundial y dijo que “el mundo nos ha escuchado y ha escuchado nuestra batalla. No te llevarás nada más que aire porque cada vez es más difícil respirar libremente en Polonia”, dijo.

Agregó que la comunidad LGBT+ “no está protegida por el estado” y dijo que “no existe tal cosa como [un] crimen de odio basado en la orientación sexual”.

Según Amnistía Polska, el juez del caso tenía “objeciones a la calidad de la apelación” y finalmente la desestimó.

También subrayó la “importancia de la objetividad en tales procedimientos” y la necesidad de “igual acceso al espacio público por todas las partes”.

El caso Rainbow Virgin Mary intensifica la atención sobre los derechos LGBT+ en Polonia.

Polonia se ha enfrentado a un escrutinio mundial cada vez mayor después de que casi 100 gobiernos municipales o locales, casi un tercio del país, se autoproclamaron “libres de la ideología LGBTI”.

Los derechos LGBT+ en Polonia ya eran pocos y distantes entre sí. Las protecciones contra la discriminación solo existen (teóricamente) en el empleo, el país no ha legalizado el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no pueden adoptar o someterse a FIV en Polonia.

El parlamento de Polonia también está debatiendo una ley de “propaganda LGBT+” similar a las vistas en Hungría y Rusia. La cámara baja del parlamento del país debatirá el proyecto de ley el martes (12 de enero).

La reforma, denominada “Lex Czarnek” o “Ley de Czarnek”, daría al superintendente escolar el poder de vetar cualquier material didáctico proporcionado por organizaciones benéficas u otras organizaciones externas. Los superintendentes también podrían despedir a los directores sin previo aviso si no cumplen.

El Parlamento Europeo ha declarado a la UE una “zona de libertad LGBTIQ” en protesta simbólica contra las políticas discriminatorias promovidas en Polonia.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció en julio que emprendería acciones legales contra Polonia por sus leyes anti-LGBT+.

La comisión dijo que Polonia enfrentará acciones después de que “no respondió de manera completa y adecuada a su consulta sobre la naturaleza y el impacto de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGBT'”.

Los funcionarios de la UE creían que estas declaraciones violaban potencialmente la ley de la UE con respecto a la no discriminación por orientación sexual.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Amnistía Internacional/Cristianos Gays

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