Casa Diversa, el centro comunitario trans llegó a alojar a 30 personas.
Foto: Jessie Insfran.

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La activista trans paraguaya Yren Rotela denunció amenazas de muerte. Las organizaciones exigen que sean investigadas y piden garantías.

La activista trans paraguaya, Yren Rotela, denunció que recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica el domingo 29 de agosto cerca de la medianoche. “No valés nada, te vas a morir”, fue una de las frases que recibió de parte de una persona que aún no fue identificada.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 20 de Central Ciudad de J. Augusto Saldívar. Desde diversas organizaciones se comunicaron con Rotela y también desde la Dirección de Derechos Humanos (DDHH) de la fiscalía del Ministerio Público.

“Me acosté a dormir, me levanté a tomar agua y veo que mi celular estaba sonando. En ese momento atiendo el teléfono y me habla una voz gruesa, parecía esos que ponen un aparato para cambiar la voz. Directamente me habla por mi apellido, Rotela: ‘No valés absolutamente nada. Te vas a morir puto de mierda’”, contó la defensora de DDHH y agregó que luego de manifestarle a la persona que iba a hacer una denuncia, le respondió que sus “días ya están contados”.

Anteriormente, Rotela había estado preguntando sobre la muerte de una compañera también trans y ella cree que el llamado puede estar relacionado con esto. “Vengo averiguando sobre el homicidio ocurrido en Pedro Juan Caballero -una zona muy peligrosa- de una compañera trans, Soledad Fernández. A ella la mataron con nueve balazos y hasta ahora no hay respuesta de quién fue”, contó a Presentes.

Yren tiene 40 años y hace 24 que milita por los derechos humanos. “Desde entonces lo que hice fue querer dejar un país un poco mejor de lo que me tocó a mí”, dijo a Presentes la fundadora de Casa Diversa, el primer hogar de Paraguay para víctimas LGBT* de violencia.

Exigen al Estado garantías para Yren y el activismo

La Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (Red Lactrans) repudió las amenazas y hostigamiento contra la lideresa, y pidió al Estado “garantías para que Yren y todxs lxs activistas de Paraguay puedan seguir luchado por los derechos humanos“.

No es la primera vez que Yren recibe amenazas y hostigamiento. En 2007 atentaron contra su vida: le dispararon ocho tiros, y tres impactaron en su cuerpo. “Yo siempre denunciaba las coimas, los abusos. Y para mí fueron policías. También en el 2015 un oficial uniformado me apuntó en la cabeza con su arma y gatilló, pero parece que estaba con seguro. Siempre digo que tiene que ver con mis denuncias, con mi lucha como defensora porque yo no tengo ningún problema con nadie”.

Maricarmen Sequera, co-directora de TEDIC, una organización que promueve los derechos digitales, explicó que en este caso se trata de una “violencia telemática”. Las leyes paraguayas definen la violencia telemática como “la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación”.

Qué se puede hacer en Paraguay ante este tipo de amenazas

Sequera agrega que más allá de esta calificación, “en el código penal se encuentran las figuras legales de extorsión o acoso por las que una persona puede hacer la denuncia ante la policía o la fiscalía más cercana a su barrio”.

“Por un lado -dice Sequera- se puede hacer la acción penal. Por otro lado también se puede invocar la ley 5777/16 que es contra toda forma de violencias contra la mujer”. Y advierte que en el caso de Yren, en un gobierno tan conservador como el de Paraguay, esta figura es probable que no pueda usarse, por más que ella se identifique como mujer.

También aclara: “si bien este caso se puede resolver en términos tecnológicos y/o jurídicos, la comunidad trans recibe todo el tiempo este tipo de violencia”.

Defensoras y defensores de ddhh desprotegidxs en Paraguay

Rotela lo sabe bien y describe el escenario: “El contexto no es muy fácil para las defensoras y defensores, es un poco hostil en el sentido de que tampoco tenés seguridad. A veces las propias autoridades transmiten un discurso de odio, transfóbico, violento, entonces ¿qué esperar? La sociedad recibe que somos una amenaza para las familias. Los y las defensoras de DDHH están muy desprotegidxs en ese sentido”.

“En América Latina el acceso a la justicia es un problema cuando estamos hablando de violencias o delitos que afectan a las personas y específicamente a grupos vulnerables (LGTB, comunidades indígenas, campesinas)”, resume Sequera. Y agrega: “La violencia es estructural. Ante la ausencia de un Estado que no garantiza los derechos, Yren y todas las mujeres se encuentran en una situación de soledad, de no recibir las garantías constitucionales que tienen que tener todas las personas”.

“La violencia digital es real”

Yren, al igual que otrxs activistas, también padeció violencias en el ámbito digital. Fernanda Carlés, coordinadora de proyectos de TEDIC, menciona algunas recomendaciones que hacen desde la organización para tener en cuenta al usar internet. “Ni las plataformas ni el Estado ofrecen buenas garantías para este tipo de situaciones, por ese motivo trabajamos mucho desde el ámbito de prevención y cuidado para evitar brindar más información de la que uno debería brindar en línea”, introdujo.

En primer lugar es importante “tratar de mantener la separación entre lo que es el perfil público del privado”, si bien “muchas veces es complicado porque una como activista suele tener un perfil público”. Por otro, resalta la importancia de registrar y documentar.

No hay dudas… y tenemos pruebas. La #ViolenciaDigital es tan real como cualquier otra forma de violencia. Hacé clic y accedé a nuestra investigación al respecto 🌐➡ https://t.co/t4260hBItj #LaViolenciaDIgitalEsReal #ViolenciaDeGénero
Con el apoyo de @webfoundation pic.twitter.com/N6fVm3ISXj

— TEDIC (@TEDICpy) September 2, 2021

“A veces se piensa que el ataque o la violencia digital no es tan real como si pasara en el mundo físico, pero la verdad es que lo que ocurre en ambos espacios está conectado. Entonces recomendamos documentar este tipo de cosas, más que nada para tener pruebas por si se llega a la instancia donde se requiere realizar algún tipo de denuncia”, detalló.

Ante casos de amenazas, acoso u hostigamiento online existen dos vías de denuncias. “La primera es la denuncia en las plataformas, que lo que logra es bajar el contenido o bloquear la cuenta de la persona que está siendo violenta. Aunque este mecanismo muchas veces no responde en tiempo y forma al asunto. Por otro lado, la denuncia ante la fiscalía. Para este tipo de denuncias es super importante la documentación: hacer print de pantalla, por ejemplo”. Sequera pone la atención en que “no solamente hay que tener una mirada de sanciones, victimistas, sino también de prevención y contención. “La reparación no tiene que ser solamente encontrar al agresor y que esa persona pague su culpa, sino también que el Estado se haga responsable y cuide desde la educación y el respeto a todas las personas que estamos habitando en este territorio”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

Al asumir sus identidades, todas dejaron de ir a la escuela. Algunas nunca llegaron a ir. Del seno de Casa Diversa, el albergue para personas LGBTI+ víctimas de violencia, y por iniciativa de las residentes nace la Escuela Transformando, un espacio donde se estudia Matemática, Ciencia y Comunicación, pero también Derechos Humanos y Educación Sexual Integral para personas trans.

En la Escuela Transformando les profesores son voluntaries. No hay uniformes, maestros homofóbicos, ni baños con género. Las materias se eligen en función a los gustos y la disponibilidad horaria de cada alumne. Aunque la propuesta inicial consiste en que les alumnes se incorporen, eventualmente, al sistema educativo formal, la escuela LGBTI+ funcionará como un lugar de preparación y empoderamiento para encarar las barreras de la educación tradicional.

“Venimos insistiendo en la dirección de educación permanente para adultos mayores porque queríamos tener un espacio educativo, pensando en chicas como Araceli o Moria que no leen ni escriben. No queremos que las adolescentes lleguen a la adultez sin antes alfabetizarse. El año pasado tuvimos una profesora que se llama Wilfrida, que empezó a darle clases a algunas chicas. Ahí dijimos ‘bueno, ya que no existe una educación ni un lugar seguro para nosotras, vamos a educarnos antes’”, expresa Yren  Rotela, activista de Panambi por los derechos trans.

El año pasado, las residentes de Casa Diversa, ubicada en San Lorenzo, una ciudad a 13 kilómetros de Asunción, recibieron talleres de artes plásticas, teatro, maquillaje y peluquería. Conversando, se dieron cuenta de que todas querían aprender algo más y se les ocurrió abrir una escuela que les permita recuperar la fe en la educación. Entonces, empezaron una campaña por redes sociales para recibir libros, cuadernos y útiles escolares.

La organización Mil Solidarios del Bañado Sur, encabezada por el pa’i Oliva (padre, en guaraní) donó pupitres, un pizarrón y un escritorio para la Escuela Transformando. “Él es un gran aliado y compañero. Fue la única persona que nunca me rechazó. Me habló con cariño y me apoyó desde que lo conocí”, contó Yren.

Transformando es una iniciativa autogestionada y busca desestigmatizar a las materias que culturalmente son adjudicadas a las chicas trans. Por eso, lxs alumnxs tienen la posibilidad de asistir a clases de fotografía, cocina, oratoria, escritura y ortografía, entre otras. De momento, la escuela tiene una capacidad de 30 personas y son, en su mayoría, personas trans que parten de contextos diferentes. Cuatro de ellas tienen que terminar el bachillerato y, el resto, debe empezar la primaria. Las que viven en Casa Diversa tendrán la facilidad de acceder a las clases en su casa.

Un sistema que no está preparado

Yren explica que el bullying es un factor determinante para la deserción escolar y la fobia a la educación. “Sabemos que hoy la violencia hacia nosotras es altísima en este sistema y si no estás empoderada no vas a resistir. Por algo digo que hasta hoy sigo teniendo errores ortográficos. A veces me olvido de poner una S, una coma, un punto. Hay cosas que no aprendí por culpa del modelo educativo que no respeta las identidades y los gustos de las personas”, sostiene.

Y es que el sistema educativo paraguayo no ofrece a las personas trans las condiciones de inclusión que están consagradas en la constitución nacional. La ley de Educación Inclusiva tiene por objeto remover las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Así como garantizar la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal.

El año pasado, Casa Diversa se reunió con representantes del Ministerio de Educación y Cultura pero les ofrecieron espacios que no están preparados para las personas LGBT. “Queremos estar incluidas en el sistema educativo pero ellos no tienen respeto hacia nuestra identidad. ¿A qué le llaman educación inclusiva? ¿Hay protocolos de cuidado? ¿Qué garantías de seguridad nos ofrecen? A veces son los profesores, a veces la estructura y a veces el alumnado. ¿Cómo hacemos para aguantar todo eso? Es muy molesto ir a resistir ahí adentro en lugar de ir a aprender”, cuestiona la defensora de derechos humanos.

Dueñas de su futuro

El trabajo sexual es la principal actividad económica de las personas trans en Paraguay. Según explica Rotela, el 99% de elles se dedica a la prostitución. La espiral de la violencia comienza en las familias, cuando son expulsadxs del interior de sus hogares en edad escolar. Desde ese momento, la identidad de género comienza a ser motivo de expulsión de todo los demás ámbitos de sus vidas, incluyendo el mercado laboral. Y en la calle reciben todo tipo de abusos.

“A mí lo que me preocupa mucho es el tema de la calle. No estoy en contra del trabajo sexual pero sí en contra de la manera en la que lo ejercemos nosotras en esta inseguridad. La policía viene, te fastidia, te coimea, te violenta. También está la gente que nos grita, nos insulta, nos tira botellas. El porcentaje más alto de asesinatos de personas trans fue en calle. Y es difícil sacarles a las personas ya mayores pero me preocupa la adolescencia, que vuelva a tener esa única alternativa”, manifiesta Yren.

Moria es de Villa Hayes, tiene 32 años y nunca fue a la escuela. Su mamá tuvo muchos hijos y no tuvo los medios para enviarlos al colegio. “A mis 12 ya se dieron cuenta que era diferente a los muchachos, por mis gestos, cómo me comportaba. Me echaron de mi casa y empecé a trabajar como jardinera en la casa de una señora que se llamaba Isabel. Ella me enseñó todo lo que sé: a hablar, normas de comportamiento, cómo sentarme en la mesa, cómo tratar a la gente, todo. Se llamaba Isabel”, narra Moria. 

Isabel quiso enviarla a la escuela nocturna, pero terminaba tarde y le daba miedo que fuera sola. Cuando Moria cumplió los 15, su cuidadora falleció y tuvo que comenzar a “hacer calle”, como le dice ella. Hace cuatro meses se incorporó a Casa Diversa y desde entonces tiene nuevas amigas, se comunica más con otrxs, participa de charlas y, sobre todo, dice, se siente mejor. Le encanta todo lo que tenga que ver con la costura porque la tranquiliza, pero también quiere aprender a leer para no tener que volver a ejercer la prostitución.

Isabel Moreno tiene 39, es presidenta de la Asociación Escalando y socia fundadora de Panambi. Cuando tenía 15 comenzó a transicionar, y como su papá no la aceptaba, decidió dejar su casa y los estudios. “Al irme de mi barrio tuve que empezar a hacer calle. Para mí es importante terminar el colegio porque quiero seguir una carrera y abandonar el trabajo sexual. Hay muchas chicas que se destruyen en la calle, pasamos por mucha violencia”, relata.

Hoy, después de años de activismo, pudo volver a vivir con su padre, con el que mantienen buenas relaciones. “Yo, la verdad, quiero superarme en la vida. Me siento segura cursando acá, siento que voy a estar en mi espacio, a gusto, me voy a sentir cómoda”, expone Isa.

Además de Panambi, Escalando se suma como organización de apoyo a la escuela. Luego de instalar su oficina comenzarán a enseñar a les alumnes la técnica del sublimado con unas máquinas, para hacer tazas, pines, calcomanías, remeras, banderas y bolsos y, así, arrancar microemprendimientos. Estas iniciativas aportan otras perspectivas a la realidad a la que son habitualmente arrojadas.

“Fuimos descubriendo que, además de todo esto y del cuidado de la salud mental de las chicas, un abrazo puede calmar mucho. A veces nosotras no queremos que nos abrace la gente o que nos besen en la mejilla porque nosotras nunca tuvimos ese afecto. Trato de cuidar todos los detalles en la escuela para que se quieran quedar. Que se enamoren y que busquen lo que les guste y decidan seguir hasta el final”, aseguró Yren.

Clases a distancia y biblioteca popular

El inicio de la cuarentena obligatoria obligó a la Escuela Transformando a posponer varias de sus clases presenciales. La semana pasada se reanudó el plan de alfabetización de las personas trans que viven en Casa Diversa, con las medidas sanitarias correspondientes. Les alumnes de fotografia cursan los miércoles a distancia, de 15 a 17 horas; Teatroterapia con el profesional del teatro paraguayo, Omar Mareco los lunes y jueves, de 17 a 19 y se sumaron algunas materias urgentes como primeros auxilios.

Entre las iniciativas que nacieron en el encierro, también surgió la biblioteca popular de Casa Diversa. A partir de una serie de donaciones de útiles y libros escolares, les residentes del refugio LGBT levantaron de cero una biblioteca para que la comunidad se acerque, lea e intercambie libros. Las cajas de madera se convirtieron en estantes de colores llenos de libros y macetas con plantas.

Según cuentan las organizadoras, el fin es incentivar a las personas de la diversidad sexual y de género a la lectura y, cuando la pandemia lo permita, tener un café literario. Con el apoyo de amigxs, aliadxs y colaboradorxs, la Escuela Transformando va camino a cambiar la historia de las personas LGBTI+ en Paraguay.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Paola Benítez Ramírez, una mujer trans de 24 años, fue víctima de un crimen de odio el lunes 25 de junio en su departamento, ubicada al lado de Casa Diversa, el refugio para personas LGBT víctimas de violencia, (Avenida del Agrónomo y Cabo Verde, del barrio San Roque) en la ciudad de San Lorenzo, a 14 kilómetros de Asunción. La fiscal Mirtha Rivas de la unidad 3 de San Lorenzo, a cargo de la investigación, imputó a Miguel Cabral Cardozo por lesión grave y solicitó prisión preventiva pero el juez le dio prisión domiciliaria.

“Estoy a los inicios del proceso, voy a citar a los testigos y analizar los antecedentes. Yo necesito que un forense me diga el grado de las lesiones que sufrió para avanzar con la investigación. El acusado se abstuvo de declarar, solo se le tomaron los datos personales con su abogado defensor”, informó la fiscal Mirtha Rivas en diálogo con Presentes.

Cerca de las 18 horas, Cabral Cardozo, de 19 años, llegó al departamento que Paola comparte con otras tres compañeras y recibió el servicio sexual que acordaron previamente. De acuerdo a la información que pudo acceder Presentes, Cabral se rehusó a pagar lo convenido porque, en sus palabras, pensó que iba a estar “con una mujer”. Aprovechó que Paola se estaba vistiendo para golpearla en la cabeza varias veces, primero con una silla, luego con un vaso de vidrio y la hirió en el ojo con la rodilla.

“Eso de confundirnos con una mujer es famoso en los hetero gua’u (supuestamente, en guaraní). Porque piden una cosa y después salen pidiendo de más sin pagar lo que corresponde. Él consiguió su número de un sitio de anuncios de trans, la llamó por teléfono, hicieron una cita y vino. Quería un servicio, la Paola se lo dio, le pagó, después quería otro tipo de servicio y la Pao le dijo que eso le costaba más dinero. Ahí salió la reacción animal de este hombre”, expresa Tami Tossi, amiga de Paola.

“Alejate porque le voy a matar”

Cuando Cabral comenzó a agredirla, Paola pidió auxilio y la primera en escuchar los gritos fue Liz Paola, que estaba en la habitación de al lado. Liz bajó las escaleras para advertir lo que ocurría a las demás que, en ese momento, se encontraban en Casa Diversa. Todas intentaron entrar a la habitación, golpearon y gritaron a través de la puerta pero Cabral no abría.

La activista trans Yren Rotela estaba en una transmisión en vivo por Facebook cuando escuchó los gritos. “Yo ahí corro y me subo encima de un lavatorio que da a la ventana y la veo en el piso. Él me mira y me dice: ‘alejate porque le voy a matar’”, cuenta Rotela.

Alcanzó a ver que él estaba encima de la cama y Paola en una esquina en el piso. Tenía algo en la mano que en ese momento no logró identificar pero pensó que se trataba de un cuchillo. De acuerdo al relato de las residentes, Cabral entraba y salía de la pieza, como nervioso, y cuando comenzó a amenazar a las demás, Yren lo filmó con el celular de una de las chicas. En el video se puede ver al hombre diciendo que quería “llegar a un acuerdo”.

“Me hizo revivir todos los momentos difíciles que pasé”

“Yo me desesperé y mandé a cerrar el portón del corredor porque tenía miedo de que él salga. Te juro que cuando lo miraba también miraba a Blas Enrique Amarilla el día en que intentó matarme; me hizo revivir todos esos momentos difíciles que pasé”, expresa la cofundadora de Panambi y directora de Casa Diversa.

Según cuenta, su compañera envió el video a varios grupos de WhatsApp que se viralizó al poco tiempo. Yren le hablaba al agresor para tranquilizarlo y le suplicaba que dejara salir a Paola de la habitación: “Si no la dejás salir, esa chica se va a morir”. Recién entonces Cabral la sacó del departamento arrastrándola del pelo, la arrojó al pasillo y se volvió a encerrar.

Entre todas, se acercaron a Paola para levantarla pero se desvaneció en la escalera. Le hablaban y no respondía, llamaron siete veces al 911. Tuvieron que salir a la calle a pedir ayuda hasta que vieron pasar a un policía en moto. El oficial ingresó, y pidió que nadie tocara a la víctima porque tenía la cabeza ensangrentada y fue a buscar a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar, asistieron a Paola y la llevaron al Hospital General de San Lorenzo. Los agentes de la Comisaría 1ª Central hicieron varios intentos de golpear la puerta del departamento donde Cabral estaba encerrado. Tanto Yren como Tami confirman que, cuando finalmente salió, tenía puesta una ropa diferente, limpia, también se había bañado y cambiado el tapabocas. La policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría. Más tarde, las compañeras de Paola se percataron de que su billetera no estaba y encontraron el celular de la víctima en una propiedad privada.

Mientras Tami y Paola fueron al hospital, Yren hizo la denuncia esa misma noche en la comisaría. El parte médico indica que Paola tuvo un traumatismo de cráneo, producto de las lesiones que le produjo el golpe de la silla y cortes con el vaso. “Fue algo muy fuerte. Yo creo que este chico vino preparado, trajo una mochila, lastimó a nuestra amiga y cuando vino la policía ya estaba todo cambiado de ropa. Si no estábamos nosotras otra iba a ser la historia”, dice Tami. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Yren y Paola fueron a declarar.

Una ola de violencia mediática  

Miguel Cabral confesó en declaraciones a la prensa local que había golpeado a Paola con una silla. Según su versión, él se encontraba en el domicilio de Paola esperando ómnibus de pasajeros y que fue “invitado por una mujer para ingresar a un departamento. Pero que una vez en el recinto “se dio cuenta” de que se trataba de una persona trans. La nota trata a Paola con el nombre que le asignaron al nacer.

En Paraguay siguen resonando los 61 casos de asesinato de personas trans que no recibieron  investigación ni condena desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. El año pasado, en un juicio histórico, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Fue la primera condena en el país por el asesinato de una persona trans. Sin embargo, la ley contra toda forma de discriminación y la ley de identidad de género siguen siendo deudas pendientes con la democracia.

El programa de televisión paraguayo El Repasador ridiculizó el intento de transfemicidio de Paola en la edición del 16 de junio. A través de comentarios violentos de les panelistas hacia la identidad de género de las personas trans, la música y los efectos con los que enmarcaron el video que grabó Yren cuando la encontraron Paola luego de ser torturada, el programa dedicó todo un segmento a la revictimización y burla del caso.

“Desde las diversidades trans lamentamos que los medios masivos de comunicación sigan con sus etiquetas negativas y epítetos peyorativos y ofensivos donde exponen a las risas, las burlas, chistes e insultos”, escribió Yren desde su muro de Facebook y expresó su preocupación hacia las expresiones de supuestos profesionales en áreas como ciencias sociales y jurídicas, que validan la discriminación y transgreden las normas éticas del periodismo.

Televisión antiderechos y con invitadas neonazis 

Esta no es la primera vez que El Repasador se ensaña en contra del colectivo LGBT: el programa es conocido por su postura antiderechos y con antecedentes de discriminación hacia colectivos feministas, disidencias y LGBTIQ+. Incluso, el año pasado invitó como panelista a Sara Winter, política neonazi que fue detenida el lunes en Brasil por manifestaciones antidemocráticas contra el Congreso y la corte suprema.

En la Ley N° 5777 de protección integral de la mujer incluye la violencia mediática y la define como la “acción ejercida por los medios de comunicación social, a través de publicaciones u otras formas de difusión (…) que promuevan la cosificación, sumisión o explotación de mujeres o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable”.

Organizaciones como Aireana, Diversxs Asunción y Panambi se expresaron en repudio al programa. La asociación de travestis, transexuales y transgéneros Panambi puso a disposición de los medios una guía para comunicar en diversidad para el tratamiento informativo de noticias sobre personas trans con enfoque de derechos.

 El Comité de Derechos Humanos (CDH) recomendó al Estado Paraguayo proteger a las personas trans contra toda forma de discriminación e investigar sistemáticamente los casos de violencia contra ellas.

“Las personas trans no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ningún espacio, no tenemos nada. Yo me asusté mucho cuando él nos dice ‘váyanse de acá o sino le mato a tu amiga’ mientras escuchábamos como la otra gemía de dolor pidiendo auxilio. No le deseo a nadie ver a una amiga de la manera en que yo vi a Paola. Ojalá la Justicia haga su trabajo”, recuerda Tami.

Pero la Constitución Nacional es clara. En su artículo 46 estipula que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos: “No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. Así como el artículo 25, del derecho a la libre expresión de su personalidad, que expresa que las personas son libres de formar su propia identidad.

*Casa Diversa recibe aportes al número: (+595)982601004. También el grupo activista por la resistencia de las trans-travesti y no binarie, Transitar Paraguay, está recaudando fondos para solventar los gastos hospitalarios, tratamiento y medicamentos de primera necesidad de Paola. Reciben donaciones que incluyen artículos de higiene personal y analgésicos. El número disponible para giros Personal es: (+595)986220246.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

“Oñondive jejahei’yre, la injusticia nos mata”, fue el lema que eligió la articulación del Paro de Mujeres Paraguay para marchar por el día internacional de la eliminación de violencia contra las mujeres. Con una sensación térmica de 40 grados, más de cinco mil mujeres rurales, indígenas, travestis, trans, gays, lesbianas y no binaries marcharon desde la Plaza Italia (Asunción), hasta la Plaza de la Democracia.

La marcha partió poco después de las 19 horas y comenzó por Ygatimi hasta la calle Chile donde se encontraban las intervenciones artísticas. Delante de la sede del Ministerio Público se colgaron los nombres y los rostros de los feminicidas de las 46 mujeres asesinadas en el 2019, y la protesta acompañó con el cántico: “poder judicial, corrupto y criminal”.

Alejandra Villalba es trabajadora sexual y promotora de Panambi. Hace dos años, hubo un robo en su parada en la ciudad de San Lorenzo y, sin ninguna prueba, la esposaron, la metieron en la patrullera y la llevaron a la comisaría. Estuvo detenida 3 días. Pero no la iban a dejar ir, tuvo que pagar a un abogado para que la liberen. “Yo creo que no hay ninguna justicia para las personas trans. Por cualquier cosa nos tratan de delincuentes y nos criminalizan”, contó Alejandra a Presentes.

La activista recordó que este año la discriminaron en varias oportunidades. Hace unos meses se encontraba cerca de la municipalidad de Capiatá en su zona de trabajo y entre cuatro policías la presionaron para que se retire porque no querían que se la viera allí. “Yo dependo de eso para sobrevivir. Creo que es un atropello de las fuerzas policiales”, continúa.

“Los jueces y fiscales siempre solicitan nuestra prisión” 

“Hay una inoperancia judicial, estatal y un prejuicio muy alto que simplemente nos encarcelan para darnos castigo por nuestra identidad. A esta altura deberíamos tener medidas alternativas a una prisión domiciliaria como a cualquier otra persona. Los jueces y los fiscales siempre solicitan nuestra prisión como un castigo por nuestra identidad. El castigo para nosotras siempre es la cárcel o la muerte”, explica Yren Rotela, presidenta de Panambí quien además, junto con la activista Mariana Sepúlveda, trabaja como facilitadora judicial.

Según el registro del observatorio de violencia, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), que se construye a partir del relevamiento de casos que difunde la prensa en 2019 hubo 45 femicidios. Pero la mañana de la marcha trascendió un nuevo caso en el barrio de Santa Lucía, de Asunción. Los transfemicidios, sin embargo, no se cuentan.

Por eso, en el 2013 Yren escribió por primera vez una lista con los nombres de las personas trans asesinadas que la comunidad trans e investigadoras pudieron confirmar. Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo 62 casos de asesinato de personas trans y solo una condena por transfemicidio.

Xonorika, activista de Transitar manifestó que cuando las excluyen de lo social, las excluyen también de la cultura y de la política. “No te mata solo un balazo, te matan precarizando tu vida. El mundo activamente genera condiciones para exterminarnos. Yo insto a que la gente cis se pregunte por qué no hay gente trans en las universidades, por qué no están en sus espacios. Estaría lindo que la propia gente de la comunidad se dé cuenta de que se puede hacer más al respecto. No esperar a que los cambios vengan desde el Estado. Tiene que hacerse algo al respecto porque es urgente. El genocidio trans es real”, expuso.

Primera condena por un transfemicidio 

Este año, por primera vez en Paraguay, hubo una condena por el  asesinato de una persona trans. El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque (a 10 km de Asunción) declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel.

“El caso de Romina fue histórico porque fue la primera vez que hubo una sentencia sobre un homicidio y un crimen de odio, pero no fue un regalo del Estado. Nosotras las mujeres trans y las mujeres en la diversidad, nos manifestamos y luchamos sin cansancio exigiendo justicia. Yo creo que no podemos parar porque queremos justicia por todos los asesinatos. Queremos que paren el feminicidio, el transfeminicidio y el travesticidio”, expresó Yren.

“El caso de Romina (Vargas) es la forma más explícita de violencia. Que te quiten la vida. Estuve acompañando ese proceso y lo que me llamó la atención fue cómo el juez, que era un hombre cis, en ningún momento podía mencionar la palabra «transfobia». Yo me pregunto qué otras formas de reconocer justicia hay aparte de la penalización. Creo que esa es otra discusión y me parece interesante que tiene que ver con un proceso muy largo de la comunidad trans de luchar por justicia”, reflexionó Xonorika.

Las manifestantes bailaban y cantaban “señor, señora, no sea indiferente, se matan a travestis en la cara de la gente”, al ritmo de la batucada de Aireana. Entre platillos, bombos y colores, sobresalió un nuevo elemento en la movilización: la bandera wiphala, como símbolo de solidaridad a la lucha y resistencia de los pueblos indígenas en Bolivia.

El recorrido terminó en la Plaza de la Democracia donde se llevó a cabo el festival del 25NPy. Por el escenario pasaron varies intérpretes, entre elles, destacó la escena final de Cabaret Trans, una obra de Panambi que busca sensibilizar por medio del arte a la sociedad y a los órganos del Estado sobre las situaciones cotidianas de violencia que sufren las personas Trans. La pieza artística fue dirigida por Omar Mareco, coreografiada por Antonio Otazo, y el guión fue escrito por las mismas actrices.

«Siempre ñande hina las pecadoras. Pecadores los sacerdotes pedófilos, pecadores los profesores universitarios acosadores, pecadores los que niegan nuestra identidad, los que critican nuestra apariencia. En lugar de preocuparse de cosas mucho más importantes. Los feminicidios, por ejemplo, que hoy suman 46 en lo que va del año. Lastiman a los niños, niñas y adolescentes, pero ha’ekuera hina (nosotres somos) pro vida y pro familia”, comienza el número musical Fabu Olmedo.

Cabaret Trans estuvo lleno de mensajes políticos. Al finalizar el musical, las artistas miraron hacia la pantalla donde se proyectaron los titulares de los portales de noticias con los transfeminicidios de los últimos años. Romina; Nikol; Naomi; Andrea; los nombres que se repiten y se multiplican todos los años.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Villalba, Asunción, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Día internacional de la eliminación de violencia contra las mujeres, Mariana Sepúlveda, Panambi, Paraguay, Paro de Mujeres Paraguay, Personas trans, Transitar, Yren Rotela

Por Juliana Quintana

Soledad Fernández, de 42 años, fue asesinada el lunes 7 de octubre por la noche detrás de la Villa del Sol, un condominio cerrado de camino a la localidad de Zanja Pyta, vecina de Pedro Juan Caballero (Amambay). Soledad, trans que hacia el final de su vida pidió que se la volviera a llamar Marcelino Soler, se encontraba acompañada por Leonardo Miranda De Oliveira cuando un hombre cis encapuchado los comenzó a seguir. De acuerdo a las declaraciones posteriores de Miranda, el hombre les dijo que se trataba de un asalto pero inmediatamente disparó a Soledad.

Los 9 disparos de revólver Calibre 22 quedaron dentro del cuerpo. Según se informó a Presentes, la fiscalía trasladó el cuerpo hasta la morgue del hospital regional de Pedro Juan Caballero. El médico forense constató que las heridas estuvieron ubicadas en la zona del tórax, cuello, boca, costilla  izquierda y espalda.

La fiscal a cargo del caso, Sandra Díaz, en diálogo con Presentes, explicó que el homicidio  fue efectuado por un hombre, todavía sin ser identificado, de aproximadamente 20 años. “Yo asumo que, primero, le disparó parado y después mientras caía, recibió más disparos porque tiene heridas en la boca y en el cuello. Se comprobó el tipo de arma porque se extrajeron las balas que quedaron en el cuerpo. Hallaron una en la cabeza y tres en el cuerpo”, refirió.

Alrededor de las diez de la noche, lxs vecinxs escucharon varios disparos y vieron a un hombre huyendo a pie del lugar en donde se encontraba el cuerpo. Acudieron al lugar agentes policiales de la subcomisaría segunda del barrio Villa Industrial, quienes comunicaron el hecho a los responsables del Ministerio Público y al forense. El viernes, Leonardo Miranda prestó declaración policial para dar más información acerca del atacante.

“Leonardo contó que corrió del susto cuando el hombre disparó. Un vecino de la zona, que era un ex policía, escuchó lo ocurrido y llamó a los agentes. Según el testigo, ese día más temprano se reunieron con Marcelino cerca de las 19 horas y salieron a caminar por el barrio Villa Industrial. Fue allí que apareció el hombre y asesinó a Soledad. Yo me imagino que buscaba asesinar a Marcelino. Los familiares nos van a dar más información para el transcurso de la semana”, relató Laura Panderi, asistente fiscal.

«Homicidio doloso»

La fiscal caratuló a la causa como un homicidio doloso y mencionó que todavía no se puede hablar de un crimen de odio y que, si bien aún se desconoce el móvil del homicidio. La activista de Panambí Yren Rotela aseguró que era muy querida por los ciudadanos de Pedro Juan.

“Yo conocí a Soledad en el 2009 porque era una referente de Panambi en Pedro Juan Caballero en ese tiempo. Ese año fue hacer un trabajo con la población ahí. También fue promotora de salud, sé que pasó por muchas cosas”, expresó Yren y contó que desde que se involucró en el evangelismo comenzó a cambiar su mirada hacia el colectivo. En la Iglesia le decían que porque era travesti “vivía como vivía”.

“Yo entiendo que cuando uno se aferra a la vida buscando alguna forma de sobrevivir. Muchas veces, cuando vivís en un contexto, siendo mujeres trans, no tenemos alternativa laboral, no tenemos estudios y tenemos que soportar mucha violencia, discriminación. Se te cierran muchísimo las puertas. Ella entró en depresión y buscó refugio en la espiritualidad. Lo cual me parece muy bien, pero eso la hizo volver a su identidad masculina socialmente afectada”, recuerda Yren.

Hace una semana de que Yren Rotela y Mariana Sepúlveda celebraban el fallo del Tribunal de Justicia de Luque por el transfemicidio de su compañera, Romina Vargas. La condena a Blas Amarilla, por el caso de Romina marcó un hito en la Justicia paraguaya al tratarse de la primera condena por el asesinato de una persona trans en Paraguay.

“Con el caso de Romina trabajamos un año para que el fiscal entienda todo el contexto en el que vivimos. Muchas de mis compañeras pueden ser personas que están delinquiendo pero, ¿por qué? porque caemos en una situación de criminalización. Obviamente no lo justifico, pero un robo no puede ser razón de asesinato”, consideró la activista.

“Conocí a Soledad cuando trabajábamos en las calles. Ella era compañera mía. Luego yo me separé de mi zona de trabajo porque comencé a estudiar Derecho. Me da mucha impotencia lo que le sucedió porque, lastimosamente, en Paraguay no hay ninguna ley que nos ampare”, lamentó su compañera Nicol González Gauto.

La ley contra toda forma de discriminación sigue siendo una deuda pendiente en el país. De ser verificado el crimen de odio, se trataría del transfemicidio número 62 en transición democrática.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Foto: Jess Insfrán 

Aunque Paraguay es uno de los países sujetos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos, todavía las personas trans deben atravesar por una serie de obstáculos legales para cambiar su nombre asignado al nacer por falta de una ley de identidad de género. La activista trans Mariana Sepúlveda, luego de haber ganado la primera instancia judicial en el trámite de cambio de nombre en la cédula de identidad paraguaya, llegó a la Corte Suprema.

Luego del fallo de la jueza Karen Leticia González, que salió favorable a la Constitución y conforme al derecho internacional, la Cámara de Apelaciones sometió el caso a una opinión consultiva de la Corte. El fallo fue apelado por la fiscala Sara González Valdez, quien alegó que la resolución de la magistrada viola el artículo 56 de la ley 1266/1987 del Registro Civil que establece: “El Oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos o que puedan inducir a error sobre sexo, ni más de tres nombres”.

Sin ley que lo prohíba, con marco internacional que lo avala 

En Paraguay hoy no existe una ley que prohíba a una persona trans cambiar su nombre. Además, los argumentos de la Fiscalía colisionan con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que el país suscribe. En el marco de la opinión consultiva solicitada por la República de Costa Rica, la Corte IDH señaló que las personas tienen derecho a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género tanto en los registros, como en los documentos de identidad.

“La fiscalía utiliza fundamentos completamente arcaicos, trans-odiantes y fuera del derecho constitucional e internacional. Pero el Ministerio Público es el único órgano estatal, hasta ahora, que ha promovido la discriminación flagrante y abiertamente, no el Poder Judicial. Al contrario, hay que destacar la resolución de primera instancia de la jueza, eso es histórico. El problema es que esa resolución ahora puede quedar sin efecto porque la fiscalía apeló”, dijo a Presentes Maximiliano Mendieta, abogado defensor de derechos humanos.

“La ley está como una protección al menor de edad”

“Esta ley es inaplicable al caso de Yren y Mariana porque, el registro civil interviene solo cuando papá, mamá, uno o ambos, van a inscribir a su hijo o hija. La ley está como una protección al menor de edad. En este caso estamos hablando de dos personas mayores que solicitan el cambio de su nombre a través del juez. Entonces, ya no interviene el oficial del registro civil porque el cambio lo hace el juez o la jueza”, sostuvo Diego Molina, el abogado de Mariana, en diálogo con Presentes.

El caso de Mariana es paradigmático porque, a diferencia del caso de Yren Rotela, el juicio fue tratado como un traspaso de “nombre masculino” a “femenino”. El nombre de Yren no aparece en ninguna lista taxativa de nombres. “La fiscalía le dio un trato diferenciado a los dos casos. El de Yren no se trató tanto como un nombre masculino que se convirtió en femenino, el de Mariana sí. Yren lo que hizo fue invertir su nombre”, explicó Molina.

“¿Quién define lo que es de hombre o de mujer?  Acá lo que pasa es que la religión y el machismo está sobre todo. Carlos Benítez mandó una nota a los magistrados para que retrasen el cambio de nombre porque eso altera el orden público y las buenas costumbres, además del derecho de terceros. Que es completamente absurdo. El problema es que estamos acostumbrados al uso de nombres masculinos o femeninos pero ese es un concepto binario y machista”, manifestó Mariana.

Un caso que marcaría un precedente histórico

“La Corte Suprema de Justicia, en este momento, tiene fuego”, opina Mendieta. El encargado de los informes anuales sobre discriminación y violencia hacia las personas trans de la Asociación Panambi considera que estamos ante un “juicio histórico” que marcará un cambio de paradigma en Paraguay, ya sea por una resolución positiva o negativa.

“En este momento, siglo XXI, año 2019, el tema más importante para sentar precedente por parte del sistema interamericano de derechos humanos es, definitivamente, la violación de las personas LGBTI, como lo fue en los 90 los pueblos indígenas o como lo fue en los 80 los desaparecidos. En cada década hubo sentencias muy importantes de la corte. Yo creo que en este momento, la corte está frente al tema más importante de su época”, afirmó Mendieta.

Victoria en primera instancia

El año pasado, la jueza en lo Civil y Comercial, Karen González, resolvió hacer lugar a la demanda civil planteada por Mariana. Por sentencia definitiva N° 22, del 20 de febrero ordenó la rectificación del acta de nacimiento y dispuso el cambio de nombre. Señaló el artículo 25 de la Constitución que garantiza el pluralismo ideológico y establece que “toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen”.

La magistrada resaltó que, en el expediente, se acreditó la afectación de la dignidad y personalidad de Mariana, en detrimento de su integridad psíquica y emocional, cuyo cuidado, según lo instaurado por el artículo 4° de la Carta Magna, es una tarea encomendada al Estado. Además, según el artículo 46 se deben remover los obstáculos que propician conductas desiguales o discriminatorias.

“La gente se burla por nuestros nombres en el ámbito de la salud, de la educación y del trabajo. Cuando se dan cuenta de que somos biológicamente hombres y rechazamos el poder por el sometimiento de nuestro sexo, nos disciplinan. Para cualquiera, cambiarse el nombre es un trámite administrativo. En cambio, nosotras tenemos que llegar a las instancias más elevadas de la justicia”, enfatizó Mariana.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana, desde Asunción

Fiomara Wiegueth era una trans de 22 años. El sábado a la noche un taxista la atropelló en la avenida Fernando de la Mora, cerca de la Terminal de Ómnibus de Asunción, y la dejó morir. En esa zona muchas trans expulsadas del ámbito educativo y del mercado laboral, sobreviven ejerciendo el trabajo sexual, como Fiomara. La fiscala de la causa, Patricia Calabrese, dijo a Presentes que el taxista fue imputado por homicidio culposo y omisión de auxilio.

De acuerdo a una persona que fue testigo presencial -cuyos datos no fueron revelados por la fiscalía porque podría comprometer a la investigación-, después de atropellar a la joven, el taxista se bajó del vehículo, vio a la víctima en el suelo, todavía viva, y huyó. Esta persona fue quien llamó a la ambulancia y a la policía.

“El testigo presencial dice que vio desde su ventana que el taxista la atropelló, se bajó del vehículo, miró y se fué. Le hicieron el alcotest y determinaron que no estaba alcoholizado”, expresó la fiscala Calabrese.

Mientras un equipo de trabajadorxs de la salud intentaba reanimar a Fiomara, uno de los paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) descendió de la ambulancia -se presume fue a buscar algunos insumos de trabajo- y fue arrollado por un motociclista que venía a alta velocidad. El hombre que iba al mando de la motocicleta y la mujer que lo acompañaba terminaron dentro del vehículo de emergencias. El paramédico que llegó a auxiliar a Fiomara finalmente sobrevivió.

Cuando se enteraron de lo ocurrido, los padres de Fiomara, Eusebio Martínez y Ninfa Eva Servián viajaron desde Coronel Oviedo (a 150 km de Asunción) y atravesaron por una serie de obstáculos burocráticos antes de que se les permitiera retirar el cuerpo de su hija. “Ese día, nosotros llegamos a Asunción como a la una de la tarde, y el cuerpo llegó como a las seis, ni tuvimos tiempo de ir a hacer la denuncia. En la fiscalía barrial Número 1 nos negaron todo porque no llevamos su partida de nacimiento. Aunque nosotros habíamos llevado una copia de su cédula de identidad, no querían entregarnos el cuerpo”, manifestó Eusebio. “Ese día se entregó el cuerpo (de Fiomara) a los familiares que vinieron de la ciudad de Coronel Oviedo para identificarla. También ya se solicitó examinar las cámaras de seguridad de la zona”, dijo la fiscala Calabrese.

“Queremos saber qué fue lo que pasó con Fiomara”

Ni bien se enteró de lo ocurrido, la activista trans Yren Rotela impulsó una red de ayuda por redes sociales para financiar el sepelio y el traslado de Fiomara a Coronel Oviedo. Yren fue, también, quien se comunicó con sus padres y les entregó lo recaudado en Casa Diversa donde le hicieron un homenaje pequeño y una despedida.

“Estamos cubriendo todos los gastos de la funeraria y del sepelio pero nadie se comunicó con nosotros. Todavía no nos explicaron qué fue lo que pasó ahí”, contó Eusebio. La familia hacía seis meses que no tenía novedades de su hija. La última vez que habían tenido contacto, ella contó que quería hacer un viaje a San Pablo, Brasil. Los padres aseguraron que, “luego de nueve meses de duelo”, volverán a Asunción para hacer los trámites referentes a la investigación.

“Esta es una clara muestra de la criminalización, la discriminación y el estigma que se tiene hacia las personas trans. Queremos que la Fiscalía se mueva, queremos justicia. Queremos saber qué fue lo que pasó con Fiomara”, concluyó Yren.

Fuente Agencia Presentes

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