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Amenazas a activista trans Yren Rotela: exigen garantías a Paraguay

Martes, 14 de septiembre de 2021

yrenrotelaaepLa activista trans paraguaya Yren Rotela denunció amenazas de muerte. Las organizaciones exigen que sean investigadas y piden garantías.

La activista trans paraguaya, Yren Rotela, denunció que recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica el domingo 29 de agosto cerca de la medianoche. “No valés nada, te vas a morir”, fue una de las frases que recibió de parte de una persona que aún no fue identificada.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 20 de Central Ciudad de J. Augusto Saldívar. Desde diversas organizaciones se comunicaron con Rotela y también desde la Dirección de Derechos Humanos (DDHH) de la fiscalía del Ministerio Público.

“Me acosté a dormir, me levanté a tomar agua y veo que mi celular estaba sonando. En ese momento atiendo el teléfono y me habla una voz gruesa, parecía esos que ponen un aparato para cambiar la voz. Directamente me habla por mi apellido, Rotela: ‘No valés absolutamente nada. Te vas a morir puto de mierda’”, contó la defensora de DDHH y agregó que luego de manifestarle a la persona que iba a hacer una denuncia, le respondió que sus “días ya están contados”.

Anteriormente, Rotela había estado preguntando sobre la muerte de una compañera también trans y ella cree que el llamado puede estar relacionado con esto. “Vengo averiguando sobre el homicidio ocurrido en Pedro Juan Caballero -una zona muy peligrosa- de una compañera trans, Soledad Fernández. A ella la mataron con nueve balazos y hasta ahora no hay respuesta de quién fue”, contó a Presentes.

Yren tiene 40 años y hace 24 que milita por los derechos humanos. “Desde entonces lo que hice fue querer dejar un país un poco mejor de lo que me tocó a mí”, dijo a Presentes la fundadora de Casa Diversa, el primer hogar de Paraguay para víctimas LGBT* de violencia.

Exigen al Estado garantías para Yren y el activismo

La Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (Red Lactrans) repudió las amenazas y hostigamiento contra la lideresa, y pidió al Estado garantías para que Yren y todxs lxs activistas de Paraguay puedan seguir luchado por los derechos humanos“.

No es la primera vez que Yren recibe amenazas y hostigamiento. En 2007 atentaron contra su vida: le dispararon ocho tiros, y tres impactaron en su cuerpo. “Yo siempre denunciaba las coimas, los abusos. Y para mí fueron policías. También en el 2015 un oficial uniformado me apuntó en la cabeza con su arma y gatilló, pero parece que estaba con seguro. Siempre digo que tiene que ver con mis denuncias, con mi lucha como defensora porque yo no tengo ningún problema con nadie”.

Maricarmen Sequera, co-directora de TEDIC, una organización que promueve los derechos digitales, explicó que en este caso se trata de una violencia telemática. Las leyes paraguayas definen la violencia telemática como “la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación”.

Qué se puede hacer en Paraguay ante este tipo de amenazas

Sequera agrega que más allá de esta calificación, “en el código penal se encuentran las figuras legales de extorsión o acoso por las que una persona puede hacer la denuncia ante la policía o la fiscalía más cercana a su barrio”.

“Por un lado -dice Sequera- se puede hacer la acción penal. Por otro lado también se puede invocar la ley 5777/16 que es contra toda forma de violencias contra la mujer”. Y advierte que en el caso de Yren, en un gobierno tan conservador como el de Paraguay, esta figura es probable que no pueda usarse, por más que ella se identifique como mujer.

También aclara: “si bien este caso se puede resolver en términos tecnológicos y/o jurídicos, la comunidad trans recibe todo el tiempo este tipo de violencia”.

Defensoras y defensores de ddhh desprotegidxs en Paraguay

Rotela lo sabe bien y describe el escenario: “El contexto no es muy fácil para las defensoras y defensores, es un poco hostil en el sentido de que tampoco tenés seguridad. A veces las propias autoridades transmiten un discurso de odio, transfóbico, violento, entonces ¿qué esperar? La sociedad recibe que somos una amenaza para las familias. Los y las defensoras de DDHH están muy desprotegidxs en ese sentido”.

“En América Latina el acceso a la justicia es un problema cuando estamos hablando de violencias o delitos que afectan a las personas y específicamente a grupos vulnerables (LGTB, comunidades indígenas, campesinas)”, resume Sequera. Y agrega: “La violencia es estructural. Ante la ausencia de un Estado que no garantiza los derechos, Yren y todas las mujeres se encuentran en una situación de soledad, de no recibir las garantías constitucionales que tienen que tener todas las personas.

“La violencia digital es real”

Yren, al igual que otrxs activistas, también padeció violencias en el ámbito digital. Fernanda Carlés, coordinadora de proyectos de TEDIC, menciona algunas recomendaciones que hacen desde la organización para tener en cuenta al usar internet. “Ni las plataformas ni el Estado ofrecen buenas garantías para este tipo de situaciones, por ese motivo trabajamos mucho desde el ámbito de prevención y cuidado para evitar brindar más información de la que uno debería brindar en línea”, introdujo.

En primer lugar es importante “tratar de mantener la separación entre lo que es el perfil público del privado”, si bien “muchas veces es complicado porque una como activista suele tener un perfil público”. Por otro, resalta la importancia de registrar y documentar.

“A veces se piensa que el ataque o la violencia digital no es tan real como si pasara en el mundo físico, pero la verdad es que lo que ocurre en ambos espacios está conectado. Entonces recomendamos documentar este tipo de cosas, más que nada para tener pruebas por si se llega a la instancia donde se requiere realizar algún tipo de denuncia”, detalló.

Ante casos de amenazas, acoso u hostigamiento online existen dos vías de denuncias. “La primera es la denuncia en las plataformas, que lo que logra es bajar el contenido o bloquear la cuenta de la persona que está siendo violenta. Aunque este mecanismo muchas veces no responde en tiempo y forma al asunto. Por otro lado, la denuncia ante la fiscalía. Para este tipo de denuncias es super importante la documentación: hacer print de pantalla, por ejemplo”. Sequera pone la atención en que “no solamente hay que tener una mirada de sanciones, victimistas, sino también de prevención y contención. “La reparación no tiene que ser solamente encontrar al agresor y que esa persona pague su culpa, sino también que el Estado se haga responsable y cuide desde la educación y el respeto a todas las personas que estamos habitando en este territorio.

Fuente Agencia Presentes

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Covid-19 agravó riesgos y violencias hacia defensores y defensoras de derechos humanos

Jueves, 18 de febrero de 2021

informeFrontLine07-819x1024Ilustraciones: Patricio Oliver

Un informe de Front Line Defenders, organización que brinda protección a personas en riesgo, muestra las violencias que defensoras y defensores LGBTI+ y trabajadoras sexuales resistieron en pandemia. “Derechos de las personas LGBTIQ+ y de las trabajadoras sexuales: defensores y defensoras en riesgo durante la COVID-19” también documenta las redes y acompañamientos que pusieron en marcha en medio de la crisis mundial por Covid-19.

Durante la presentación de la versión del informe en español de Front Line Defenders, que se realizó hoy en un encuentro que se transmitió por las redes sociales, Bárbara Delgado, presidenta de la Asociación Trans Panameña; Leida Portal, coordinadora de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad de Perú; Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans de México y Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR) de Argentina coincidieron: las violencias que ya experimentaban se agudizaron en pandemia. Y se hicieron aún más evidentes las urgencias, sobre todo de trabajadorxs sexuales, personas LGBTI+ y de las personas que defienden los derechos humanos de estas comunidades. En el encuentro moderado por Alma Magaña de Fondo Semillas, destacaron la importancia de la colectividad para hacer frente a esta crisis.

Nos enfrentamos a la discriminación, estigma, violencia y si tenemos COVID la discriminación es más fuerte. La población LGBT+ es la más vulnerable, marginada y discriminada, dijo Ana Karen López Quintana (Tamaulipas, México) en la presentación

“Estamos expuestas a violencia permanente por denunciar a la policía y acompañar a las compañeras”, agregó Georgina Orellano, desde Buenos Aires, donde tiene sede AMMAR.

“En el Perú las compañeras sufren violencias y están pasando hambre durante la pandemia. Los tratamientos retrovirales están escasos y niegan los medicamentos, advirtió Leida Portal, representante de la organización Miluska Vida y Dignidad y fundadora de la Red PLAPLERTS.

Ana Karen añadió que “el gobierno se enfocó en el COVID-19 y luego se olvidó de personas con diabetes, cáncer. Vamos a las casas, hacemos apoyo domiciliario. Las personas trans de tercera edad se ven aún más discriminadas.

Las voces de estas activistas y defensoras de ddhh forman parte a la investigación de Front Line Defenders, que se realizó a través de entrevistas a distancia a más de 50 defensoras y defensores en Argentina, México, Perú, Ecuador, Tanzania, Uganda, Hungría, El Salvador, Malaui, Zimbabue, Suazilandia, Sri Lanka e Indonesia, entre abril y agosto de 2020.

Conclusiones principales

Entre sus conclusiones da cuenta del aumento en la inestabilidad económica y habitacional, de ataques físicos, acoso, difamaciones y agresiones sexuales ejercida por las fuerzas de seguridad contra las y los defensores de derechos humanos. También de los riesgos que enfrentaron a la infección y muerte por Covid-19. Además, documenta el trabajo que realizan defensoras y defensores LGBTI+  y trabajadorxs sexuales para acompañar y sostener a sus comunidades. Otro de sus aportes es que visibiliza las conexiones entre la salud pública, la justicia económica y la sexualidad como “indisolublemente ligadas a la seguridad de los/as defensores de derechos humanos”.

Algunas de las conclusiones del informe afirman:

  • Por ser visibles (como personas LGBTI+ o trabajadorxs sexuales) el riesgo de discriminación aumentó en pandemia.
  • La crisis por Covid-19 incrementó el número de personas LGBTI+ y trabajadoras sexuales sin techo. Provocó una demanda en refugios donde también fueron víctimas de redadas; arrestos; violencia policial; ataques de la sociedad y agresiones sexuales.
  • Disminuyeron los recursos para proporcionar alimentos y refugio a sus comunidades.
  • El cierre de clínicas de salud gestionadas por la comunidad empeoró el acceso a la salud, medicación, y seguimientos y prevención de enfermedades.
  • El cierre de fronteras y clínicas ocasionó que personas trans no accedieran de manera segura a su tratamiento de reeemplazo hormonal o tuvieran que suspenderlo.
  • Defensoras y defensores experimentaron agotamiento físico y psicológico, sentimiento de insuficiencia, culpa y fracaso.
  • Fueron blanco de campañas de difamación y sufrieron ataques físicos violentos tras discursos de odio que responsabilizaron a DDH, personas LGBT y trabajadorxs sexuales como responsables de la propagación de la covid-19.
  • DDH dieron respuesta a llamadas de emergencia de sus comunidades, tuvieron que trabajar en las calles y enfrentarse al acoso, discriminación y criminalización por su labor.
  • Lxs DDH trans estuvieron en riesgo por la violencia policial y acoso en los países donde se implementaron restricciones de movilidad por género. Estas medidas fueron implementadas en Perú, Colombia y Panamá.

 

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron al activista trans colombiano Mateo López Mejía

Miércoles, 8 de julio de 2020

1593956634_296239_1593957038_noticia_normal_recorte1Fotos: www. elquindiano.com

El activista trans colombiano Mateo López Mejía fue asesinado el 4 de julio. Tenía 25 años. Cuando le dispararon, se encontraba en Circasia, departamento del Quindío (Colombia), preparando una comida comunal para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

Según relatan los medios locales, un desconocido se acercó y lo ejecutó sin mediar palabra. Mateo murió en el acto. Esto sucedió en una cancha de fútbol del barrio La Esmeralda cuando colaboraba con una actividad para repartir comida.

“Era un gran amigo que incluso nos ayudó mucho en campaña con su chispa y su alegría. Personalmente lamento mucho la muerte de “Mateito”, dijo la alcaldesa de Circasia, Ana Yulieth Díaz Ubaque quién contó cómo él activaba por toda la población que necesite ayuda, sea LGBT+ o no. Desde el municipio emitieron un comunicado repudiando el hecho.

En muchos medios colombianos la identidad de Mateo fue vulnerada al tratarlo en femenino, y muchas veces brindando el nombre que le fue asignado al nacer.

Sandra Martínez, líder LGBT+, explicó que el día domingo se hicieron plantones para reclamar justicia por todos los crímenes contra el colectivo LGBT+. En los últimos días el activismo de la diversidad había realizado dos protestas pacíficas reclamando por derechos y respeto.

Martínez expresó: ““Reprochamos el asesinato de esta gran Líder, hombre trans. Nos tiene muy triste que nos sigan matando. Hace muchos años vienen asesinando a las personas gay, lesbianas, hombres y mujeres transgénero y no ha pasado nada por detener esto”. Al momento no hay detenciones ni se han informado investigaciones sobre el asesinato de Mateo.

Cada mes son asesinadxs al menos 13 líderes sociales en Colombia, según datos recopilados por Hacemos Memoria (proyecto de la Universidad de Antioquia que investiga, discute y propone un diálogo público sobre el conflicto armado y las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Colombia). El informe cruzó datos de los cinco principales listados que documentan ataques contra defensorxs de derechos humanos e identificó que al menos “565 personas que ejercían algún liderazgo social en sus comunidades fueron asesinadas entre el 26 de septiembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, en Cartagena, y el 18 de febrero de 2020.

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Fuente Agencia Presentes

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