El gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 32331, aprobada por el Congreso, que prohíbe a las personas trans usar baños públicos acordes a su identidad. Por el mismo tema la congresista Susel Paredes afronta una denuncia insólita.

15 de mayo de 2025
Gianna Camacho
Edición: María Eugenia Ludueña

LIMA (Perú). En un nuevo golpe a la comunidad trans, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32331 que, entre otros puntos, “prohíbe el ingreso y el uso de los servicios sanitarios de uso público a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio”.

La Ley 32331 dice tener como objetivo fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes, sin embargo, sus intenciones parecen otras. La iniciativa legislativa había sido presentada por la bancada de Renovación Popular (RP),  partido que cuenta entre sus filas con pastores evangélicos. Estas personas ya se han mostrado en contra de los derechos de los colectivos LBTQIA+ y desde 2021 han venido presentando una serie de proyectos de ley que afectan directamente a los derechos humanos de la diversidad sexogenérica.

Para Taki Robles, mujer trans y directora de la Asociación Civil de Mujeres Trans Amigas por Siempre del Perú, es una Ley llena de prejuicios pero también un acto de discriminación a las identidades de género trans.  “Es una ley transfóbica, que no solamente atenta a nuestro derecho al uso de los servicios públicos,  como son los baños, sino que también nos expone a la violencia y nos coloca en una condición de vulnerabilidad”, dice Taki a Presentes. Y ejemplifica: “Si yo, con identidad femenina, siguiendo lo que dice la ley ingreso a un baño de hombres, y hubiera, de casualidad, una persona menor de edad, estaría también atentando contra los objetivos de esta ley. Y por ende, también sería causal de sanción”, advierte la activista.

El uso de los baños, una y otra vez

En 2023, tras la denuncia de una ciudadana cristiana sobre los baños del aeropuerto Jorge Chávez, el almirante Jorge Montoya (RP) propuso prohibir la colocación en espacios y lugares públicos letreros ambiguos que puedan inducir a error o confusión por parte de lxs usuarixs para el acceso a los servicios higiénicos de hombres y mujeres.

Eso fue en alusión a los letreros del aeropuerto que precisaban que al baño de mujeres podía ingresar “toda persona con identidad femenina”, mientras que al baño de varones “toda persona con identidad masculina”. El proyecto de Ley no prosperó en ese entonces. Pero ante la presión mediática, Lima Airport Partners, empresa operadora de los aeropuertos en el Perú, cambió los letreros, aunque no como los conservadores pedían . Desde noviembre de 2023 dicen que son para “mujeres en su diversidad” u “hombres en su diversidad”.

El debate del uso de baños por parte de personas trans se retomó en febrero de este año cuando la Comisión de Mujer y Familia, presidida por María Córdova Lobatón (RP), puso en agenda la discusión del proyecto de Ley que Fortalece el Derecho a la Indemnidad Sexual de los Niños y los Adolescentes. La iniciativa fue presentada por el congresista cristiano evangélico Alejandro Muñante (RP).

Tras una exposición de motivos, basados principalmente en creencias religiosas, prejuicios y estigmas sobre la población trans, la Comisión aprobó el proyecto de Ley. Lo hizo sin presentar ningún dato o cifras que demuestren un argumento falaz y discriminatorio:  las personas trans son potenciales agresoras sexuales y que por eso hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes de ellos, ellas y elles.

De esta manera, el proyecto de ley quedó listo para ser debatido y votado en el pleno del Congreso peruano.

La insólita denuncia contra la congresista Susel Paredes por defender derechos 

Susel Paredes, congresista y activista LGBT Susel Paredes,  denunciada por defender los derechos humanos de las personas trans en Perú.

El 31 de marzo, en el marco del Día de la Visibilidad Trans, la congresista Susel Paredes realizó un evento con la participación de 50 mujeres trans activistas, quienes estuvieron en el hemiciclo del Congreso discutiendo sobre acciones legales y comunitarias a implementar para prevenir que atenten contra sus derechos.

Al finalizar la reunión, varias asistentes utilizaron los servicios higiénicos aledaños al espacio en el que estaban. Al identificarse como mujeres utilizaron los baños destinados para ellas. Sin embargo, funcionarios del despacho de la congresista Milagros Jaúregui de Aguayo (RP) “alertaron” sobre ese hecho. Jáuregui es pastora y como congresista que ya ha tenido expresiones discriminatorias hacia las personas  LBTQIA+.

“Se presentó nuevamente un acto inaceptable y una falta de respeto hacia los derechos de las mujeres. Por segunda vez, se permitió que hombres ingresaran a los baños designados exclusivamente para trabajadoras. Este evento, representa una clara violación a la privacidad y dignidad de las mujeres que laboran en esta institución”, dijo la pastora Jáuregui de Aguayo. Y denunció a Susel Paredes ante la Comisión de Ética del Congreso por el uso de los baños.

La denuncia prosperó. Aprobaron investigar a Paredes Piqué por permitir que personas trans usen baños que difieren de su género biológico, solicitando una suspensión de 120 días sin remuneración. Susel Paredes además es una parlamentaria abiertamente lesbiana y activista por los derechos de la diversidad sexual. En 2019 y tras una larga lucha, ella y su pareja Gracia Aljovín fueron reconocidas como el primer matrimonio igualitario entre dos mujeres legalmente aceptado en Perú.

Qué dice la Ley y por qué vulnera los derechos de las personas trans

Alentados por la declaración de Jáuregui, varios congresistas conservadores, exmilitares y religiosos aceleraron el proceso de votación de la Ley presentada un mes antes, y dos días después del evento. El 2 de abril se puso en debate ante el pleno, donde obtuvo 104 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Finalmente la ley fue firmada y promulgada por Dina Boluarte el 13 de mayo.

Votación en el Congreso de Perú de la Ley de Indemnidad Sexual, nro. 32331. (pincha sobre la foto para ampliarla)

La Ley aprobada cuenta con 5 artículos: (1) objeto de la Ley, (2) derecho a la indemnidad sexual, (3) obligaciones del Estado, (4) protección de la indemnidad sexual en medios de comunicación y publicidad, y (5) acceso y uso de servicios sanitarios de las edificaciones de uso público.

Precisamente el artículo 5 es el que vulnera exclusivamente a las personas trans ya que les prohíbe usar un baño distinto a su sexo biológico.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y aliados se han mostrado en contra de la medida hacia la parlamentaria Susel Paredes, y contra el ataque que está recibiendo la población trans, una de las más vulneradas del Perú.

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Tras el repudio y lucha del activismo de la diversidad sexual local e internacional.

Fuente Agencia Presentes

Agencia Presentes

Alfonso Silva Santisteban.

El Ministerio de Salud de Perú tuvo que deshacer su decisión de catalogar el «transexualismo» y el «travestismo» como trastornos mentales. La clasificación se adoptó en decreto oficial el 10 de mayo. El argumento fue que era una manera de que la comunidad trans pudiera acceder a la seguridad médica. La ley especificaba como elegibles para los servicios públicos y privados de salud mental a quienes tuvieran «trastorno de identidad de género».

Esta medida contradecía la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990. En un hito histórico, se dejó de considerar la «disforia de género» como una enfermedad mental.

El decreto generó un repudio inmediato del activismo de la diversidad y organismos de derechos humanos locales e internacionales que se manifestaron para revertir la medida.

«Esto ha sido a consecuencia del trabajo de activistas y defensores de derechos humanos LGBT de todo el país», dijo la periodista y activista trans Gianna Camacho.

Cabe destacar que no es solo porque el @Minsa_Peru lo haya decidido así. Fue importante el compromiso y el tiempo de cada unx de los que estuvimos en las reuniones técnicas con ellos. De esta manera comprobamos que juntos, hermanxs LGBTQIA+, somos más fuertes 💪🏼 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 https://t.co/jMsvSeYhkK

— Gianna Camacho García (@periodistatrans) June 25, 2024

En Perú no existe una ley de de identidad de género y los sectores conservadores que gobiernan se oponen a cualquier avances de derechos para las personas LGBTI+.

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Las protestas estallaron en Perú después de que las personas trans, no binarias e intersexuales fueran clasificadas como enfermas mentales, tras un decreto del Ministerio de Salud del gobierno.

Activistas de la diversidad sexual se plantaron frente al Ministerio de Salud del país el viernes (17 de mayo), coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), para exigir al gobierno que derogue el decreto.

Aunque la homosexualidad es legal en Perú y existen algunas leyes de discriminación, el país todavía no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El decreto, firmado por la presidenta peruana Dina Boluarte, define el “transexualismo” y el “trastorno de identidad de género en niños” como enfermedades mentales.

Presenta el “travestismo de doble rol”, el “travestismo fetichista” y “otros trastornos de identidad de género”  bajo la misma luz.

El decreto ha provocado revuelo, ya que Jheinser Pacaya, director de OutfestPerú, anteriormente publicó en X/Twitter que la comunidad transgénero del país sudamericano no descansará hasta su derogación.

Los manifestantes también realizaron manifestaciones frente a la embajada de Perú en Quito, la capital del vecino Ecuador.

Durante las protestas, que también marcaron el Día Internacional Contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), un día que tiene sus raíces en mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, la gente sostenía pancartas que expresaban su oposición a la legislación.

Otros se reunieron para tumbarse sobre mantas rojas, creando lo que parecía un mar de sangre, mientras sostenían carteles en contra del decreto.

La semana pasada, cientos de personas se reunieron en la capital, Lima, para protestar. “Nuestras vidas también son valiosas, vuestra indolencia nos está matando”, decía una pancarta.

En un comunicado la semana pasada, el Ministerio de Salud dijo que, a pesar del decreto, las personas LGBTQ+ no deberían ser sometidas a las llamadas terapias de conversión y señaló una resolución de 2021 que protege contra esta práctica.

Una encuesta de Ipsos del año pasado encontró que el 81 por ciento de los peruanos cree que los hombres y mujeres transgénero enfrentan una “gran” discriminación en la sociedad.

Fuente PinkNews

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La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud (MINSA) emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como un padecimiento mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Esto contradice la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que…

Fuente Agencia Presentes

Gianna Camacho

La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud (MINSA) emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como un padecimiento mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Esto contradice la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990

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“Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”, explica Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú.

La comunidad LGBTI exige acciones concretas

La polémica desatada el pasado viernes hizo que diversas organizaciones LGBTI+ se pronunciaran a través de redes sociales. El Ministerio de Salud contestó con un comunicado al día siguiente.

Sin embargo, Manuel Siccha, abogado e integrante de la comunidad LGBT,  hace hincapié en que esta expresión de rechazo a la estigmatización de la diversidad de género y sexualidad debe respaldarse con acciones concretas que protejan los derechos y la dignidad de las personas LGBTI.

“Instamos al Congreso de la República a ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano. Además, cabe la propuesta para que desde la Comisión de Salud del Congreso se abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada”, detalla Manuel.

Acciones a futuro 

Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.

“Es imperativo que se considere la actualización del sistema de clasificación al CIE-11, que se alinee con estándares internacionales y refleje de manera precisa y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad», puntualiza Manuel Siccha.

Estas acciones se suman a las que actualmente pide la comunidad trans, como una Ley de Identidad de Género o el acceso a Salud Integral Trans.

¿Este decreto supremo beneficia a las personas trans?

Diferentes especialistas de la salud peruanos han comentado a través de redes sociales que el  contenido detallado del Decreto Supremo Nº 009-2024-SA es beneficioso para la comunidad trans ya que ahora podrán recibir tratamiento hormonal gratuito.  Sin embargo, esta aparente acción positiva tiene un gran costo legal y social, puesto que le da a los antiderechos LGBT un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental debido a su identidad de género.

De esta manera se verían truncados los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres en el Documento Nacional de Identidad. Tendrían problemas para acceder a un trabajo formal, además de exponerlas a maltrato por parte de los profesionales de la salud que atienden en los centros médicos a nivel nacional.

Más preocupante aún es que esta acción por parte del Estado le ha abierto la puerta a las llamadas ‘terapias de conversión’. Ya que bajo la excusa de que “necesitan ser curadas”, las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos, deshumanizantes que hoy por hoy son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos.

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La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.

Fuente Agencia presentes

Verónica Ferrari

Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.

“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

Antecedentes

Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.

En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.

Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.

Contra la memoria

La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.

“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.

Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.

“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.

Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.

Las denuncias judiciales

María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.

«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.

El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Público investigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.

«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.

En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.

Complicidad del Estado

La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:

“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.

A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.

«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.

***

Nosotros añadimos esta imagen para que se conozca a estos fascistas:

De izquierda a derecha: Ricardo Alvarado, José Luis García, Flor de los Milagros Contreras, Roger Ayachi y Álvaro Subiria, miembros de ‘La Resistencia‘ o ‘La Insurgencia‘. (Foto: Twitter)

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BUENOS AIRES, Argentina. “Nunca había visto algo así. Es un nivel de represión y un ocultamiento internacional propio de una dictadura. El Ejército está haciendo masacres. Los gobiernos latinoamericanos deberían tener otra postura ante lo que es un verdadero levantamiento del pueblo peruano contra el gobierno de facto de Dina Boluarte. Si no la repudian, la están legitimando”.

Alejandrina Barry es hija de desaparecidos de la dictadura cívico militar argentina que comenzó en 1976 y diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días viajó a Perú junto a su compañero, el diputado nacional Alejandro Vilca (Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS). Alejandrina es vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y él integra la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación. En esos espacios institucionales exigirán el pronunciamiento contra Boluarte. Luego de una semana en ese país, Barry afirma a Presentes: “A pesar de las matanzas, la unidad de obreros, estudiantes, campesinos e indígenas es una fuerza profunda que puede afectar a los dueños del poder”.

Apenas aterrizada desde Lima, la legisladora y militante de derechos humanos describe que “hay más 60 muertos en 60 días. Y esa es la cifra oficial. Terminan las marchas y el Ejército persigue a los manifestantes y los matan. No terminamos de contabilizar a los muertos; hay desaparecidos, torturados. Las causas judiciales son tremendas porque están basadas en el andamiaje legal que dejó la época de (Alberto) Fujimori. Te meten preso por terrorismo”.

Alejandrina Barry reunida con trabajadores en Perú, febrero de 2023.

– ¿Cómo caracteriza políticamente el estallido en Perú?

–Es un levantamiento popular muy grande a partir del golpe de Dina Boluarte, que metió preso al presidente Pedro Castillo. En ese momento se desarrolla un proceso de movilizaciones que exceden al propio Castillo. Tiene que ver con profundas y postergadas demandas donde los pueblos originarios y las comunidades campesinas tienen un rol muy importante. Es una crisis económica y social con discriminación. Boluarte ha dicho que la región movilizada de Puno no es Perú y luego ordena una brutal represión. Es muy importante la participación estudiantil en las movilizaciones y también del movimiento obrero.

Alejandrina cuenta que cuando llegaron a Perú, el jueves 9 de febrero, había una huelga general de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP). Era una huelga muy cuestionada, no se llamaba a una movilización desde 1977. Pero desde las bases fue una marcha de enorme participación.

Qué demandan las movilizaciones en Perú

– Están debatiendo la necesidad de coordinar tanta efervescencia. En el sur, donde están las comunidades, el nivel de manifestación es aún mayor, de la mano de más intensa represión. Las consignas son por la renuncia de Dina Boluarte, hay una bronca enorme que potencia las movilizaciones por los asesinatos y las matanzas, junto con las demandas económicas, sociales y de derechos políticos. Plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente libre y soberana, para terminar con la Constitución de (Alberto) Fujimori que garantiza la riqueza concentrada en las manos de siempre, y que relega a las comunidades originarias que en Perú tienen un peso fundamental. Piden más democracia porque la criminalización a la protesta es constante. Esta es la base del levantamiento popular.

– ¿El día de esa huelga no hubo represión porque había veedores extranjeros?

–Soy hija de desaparecidos y nunca había visto algo así. Cuando llegás hay tanques del Ejército, la marcha fue de 7 mil personas y había 11 mil policías. Son operativos intimidantes para meter terror a la población. Creo que no reprimieron porque estaba el movimiento obrero organizado movilizándose.

Desinformación y cerco mediático

– Mencionó la desinformación. ¿Esa turbiedad conspira contra la impunidad con que se maneja Boluarte?

– Eso es lo más grave, en las dictaduras la prensa tergiversa o silencia. Ahora descubrieron las masacres de Ayacucho y de Puno. La información oficial había dicho que el 15 de diciembre los manifestantes querían tomar el aeropuerto, que los militares reprimieron de manera defensiva y que los manifestantes se habían matado entre ellos. Las investigaciones de la fiscalía ahora salen a la luz y dan cuenta de que el Ejército persiguió a los manifestantes en las calles de su región y los fusiló, ni siquiera en el lugar de los hechos. Esto es lo que hay que difundir a nivel internacional. En el caso de Puno, reprimieron hasta en el velatorio de las víctimas. Por este cerco de desinformación hicimos una marcha con la comunidad peruana acá para exigir a todos los gobiernos latinoamericanos, a la Celac que se reunió en Argentina, que haya condena a lo que pasa en Perú. En el caso de Brasil hay un hecho gravísimo, está enviando gases lacrimógenos a Perú, los compró (Jair) Bolsonaro, pero Lula podría haberse negado a mandarlos. La exigencia es que Alberto Fernández rompa relaciones con el gobierno de Dina Boluarte y que condene el golpe y la represión al pueblo peruano.

– ¿Esa represión incluye desapariciones, torturas y un alto grado de clandestinidad?

–Se sabe que hay más de 60 asesinados, con Alejandro Vilca nos reunimos con miembros de las comunidades y denuncian desapariciones, y que las detenciones se hacen con métodos de torturas. En las delegaciones donde están los campesinos y los originarios pareciera que vale todo, pero también reprimen a los estudiantes. Un hecho muy grave es la intervención militar en la Universidad de San Marcos porque los estudiantes habían abierto las puertas a los campesinos para que pudieran alojarse. Hubo 200 detenidos cuando ingresó el Ejército con tanques. La Coordinadora de Derechos Humanos explicó que las causas iniciadas a quienes protestan están basadas en artículos sobre terrorismo. Hay más de 100 procesados por ese delito, o por apología de ese delito cuando están participando de las movilizaciones.

– Están aplicando en andamiaje legal heredado del fujimorismo.

– Así es. Recordemos que Perú tiene 21 mil desaparecidos desde la década de los años 80. Hay mucha solidaridad, los comerciantes de la zona apoyan las colectas para que se puedan realizar las movilizaciones hacia Lima. Una mujer que había juntado dinero para eso fue acusada de ser parte de una organización criminal, lo que significa 36 meses de prisión. Es como si acá fueras encarcelado como criminal por organizar un fondo de lucha o de huelga.

– ¿Cómo vieron la situación de los heridos?

–Apuntan a la cabeza, los que perdieron un ojo no tienen cobertura médica y el sistema de salud no los atiende, no tienen atención médica. El Estado avala todo esto y no hay un sólo policía o militar siquiera investigado. Es una impunidad total, es sentir en carne propia lo que fue la dictadura en Argentina. Por el contrario, en medio de la represión les dieron un bono a los policías para premiarlos.

La persecución a las personas LGBTI

– ¿Supo del asesinato de una joven trans, Ruby Ferrer?

–Sí. Es tremenda la persecución a la comunidad LGBTI, el gobierno de Castillo se decía progresista pero era antiderechos. Ahora es todo peor. La comunidad LGBT+ y las mujeres vienen remando desde antes. Decir que sos feminista significa persecución. Ni hablar si decís que sos de izquierda.

#Ahora exigiendo justicia por las chicas trans extorsionadas y asesinadas, casos q suelen suceder en la jurisdicción de la comisaría de Alfonso Ugarte @PoliciaPeru necesitamos saber q acciones q están tomando. Exigimos la misma rapidez q en el caso de San Miguel pic.twitter.com/YeJ1QUiYV7

— Gianna Camacho García (@periodistatrans) February 15, 2023

– ¿Cuál es su conclusión tras estos días en Perú?

– Hay que apoyar el proceso de movilización del pueblo peruano porque es un gran ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina. Sentí estar viviendo la dictadura genocida en Argentina, en mi caso cuando desaparecen a mis padres yo estaba apropiada, y la prensa montaba una campaña para ocultar los hechos. Por eso es tan importante romper el cerco mediático que hay sobre estos crímenes de terrorismo de Estado contra el pueblo peruano. No podemos permitir que se siga perpetuando con impunidad este nivel de represión y de matanzas, es esencial la condena internacional. El miércoles 22 vamos a hacer una audiencia en el Congreso con Alejandro Vilca, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a la comunidad peruana, donde daremos a conocer estos informes que trajimos. Y entregaremos a las comisiones de derechos humanos.

– ¿Ven alguna relación con el levantamiento en Chile de 2019?

–Sí, como decían en Chile no son 30 pesos son 30 años, son demandas postergadas por décadas. Me encontré con hijas de desaparecidos en Perú, que siguen haciendo excavaciones para saber dónde están los cuerpos de sus padres, no hubo investigación ni mucho menos castigo a los culpables. Hay una precarización enorme de la vida. El 85 por ciento de la población en Perú trabaja de manera informal y de sol a sol. Las demandas de la población indígena son centrales, recién a partir de los años 70 han podido votar. Hay un movimiento obrero muy importante, por algo el Ejército mantiene rodeadas las minas. Si pararan los mineros y los portuarios de Perú cambiaría la situación. Obreros, campesinos, estudiantes e indígenas son una fuerza profunda que podría afectar a los dueños del poder. Ellos debaten cómo ganar esta pelea, que empieza con la caída de Dina Boluarte y terminar estas masacres. Sigue con pensar cómo construir una sociedad diferente, sobre nuevas bases, pensar en una Asamblea Constituyente libre y soberana pero sobre la base de un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y de las comunidades indígenas.

21 de febrero de 2023

Adriana Meyer

Edición: María Eugenia Ludueña

 

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Fujimori, Alejandrina Barry, Alejandro Vilca, Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Dina Boluarte, Homofobia/Transfobia, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Pedro Castillo, Personas LGTBIQ, Perú, Rubi Ferrer