El gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 32331, aprobada por el Congreso, que prohíbe a las personas trans usar baños públicos acordes a su identidad. Por el mismo tema la congresista Susel Paredes afronta una denuncia insólita.

15 de mayo de 2025
Gianna Camacho
Edición: María Eugenia Ludueña

LIMA (Perú). En un nuevo golpe a la comunidad trans, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32331 que, entre otros puntos, “prohíbe el ingreso y el uso de los servicios sanitarios de uso público a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio”.

La Ley 32331 dice tener como objetivo fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes, sin embargo, sus intenciones parecen otras. La iniciativa legislativa había sido presentada por la bancada de Renovación Popular (RP),  partido que cuenta entre sus filas con pastores evangélicos. Estas personas ya se han mostrado en contra de los derechos de los colectivos LBTQIA+ y desde 2021 han venido presentando una serie de proyectos de ley que afectan directamente a los derechos humanos de la diversidad sexogenérica.

Para Taki Robles, mujer trans y directora de la Asociación Civil de Mujeres Trans Amigas por Siempre del Perú, es una Ley llena de prejuicios pero también un acto de discriminación a las identidades de género trans.  “Es una ley transfóbica, que no solamente atenta a nuestro derecho al uso de los servicios públicos,  como son los baños, sino que también nos expone a la violencia y nos coloca en una condición de vulnerabilidad”, dice Taki a Presentes. Y ejemplifica: “Si yo, con identidad femenina, siguiendo lo que dice la ley ingreso a un baño de hombres, y hubiera, de casualidad, una persona menor de edad, estaría también atentando contra los objetivos de esta ley. Y por ende, también sería causal de sanción”, advierte la activista.

El uso de los baños, una y otra vez

En 2023, tras la denuncia de una ciudadana cristiana sobre los baños del aeropuerto Jorge Chávez, el almirante Jorge Montoya (RP) propuso prohibir la colocación en espacios y lugares públicos letreros ambiguos que puedan inducir a error o confusión por parte de lxs usuarixs para el acceso a los servicios higiénicos de hombres y mujeres.

Eso fue en alusión a los letreros del aeropuerto que precisaban que al baño de mujeres podía ingresar “toda persona con identidad femenina”, mientras que al baño de varones “toda persona con identidad masculina”. El proyecto de Ley no prosperó en ese entonces. Pero ante la presión mediática, Lima Airport Partners, empresa operadora de los aeropuertos en el Perú, cambió los letreros, aunque no como los conservadores pedían . Desde noviembre de 2023 dicen que son para “mujeres en su diversidad” u “hombres en su diversidad”.

El debate del uso de baños por parte de personas trans se retomó en febrero de este año cuando la Comisión de Mujer y Familia, presidida por María Córdova Lobatón (RP), puso en agenda la discusión del proyecto de Ley que Fortalece el Derecho a la Indemnidad Sexual de los Niños y los Adolescentes. La iniciativa fue presentada por el congresista cristiano evangélico Alejandro Muñante (RP).

Tras una exposición de motivos, basados principalmente en creencias religiosas, prejuicios y estigmas sobre la población trans, la Comisión aprobó el proyecto de Ley. Lo hizo sin presentar ningún dato o cifras que demuestren un argumento falaz y discriminatorio:  las personas trans son potenciales agresoras sexuales y que por eso hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes de ellos, ellas y elles.

De esta manera, el proyecto de ley quedó listo para ser debatido y votado en el pleno del Congreso peruano.

La insólita denuncia contra la congresista Susel Paredes por defender derechos 

Susel Paredes, congresista y activista LGBT Susel Paredes,  denunciada por defender los derechos humanos de las personas trans en Perú.

El 31 de marzo, en el marco del Día de la Visibilidad Trans, la congresista Susel Paredes realizó un evento con la participación de 50 mujeres trans activistas, quienes estuvieron en el hemiciclo del Congreso discutiendo sobre acciones legales y comunitarias a implementar para prevenir que atenten contra sus derechos.

Al finalizar la reunión, varias asistentes utilizaron los servicios higiénicos aledaños al espacio en el que estaban. Al identificarse como mujeres utilizaron los baños destinados para ellas. Sin embargo, funcionarios del despacho de la congresista Milagros Jaúregui de Aguayo (RP) “alertaron” sobre ese hecho. Jáuregui es pastora y como congresista que ya ha tenido expresiones discriminatorias hacia las personas  LBTQIA+.

“Se presentó nuevamente un acto inaceptable y una falta de respeto hacia los derechos de las mujeres. Por segunda vez, se permitió que hombres ingresaran a los baños designados exclusivamente para trabajadoras. Este evento, representa una clara violación a la privacidad y dignidad de las mujeres que laboran en esta institución”, dijo la pastora Jáuregui de Aguayo. Y denunció a Susel Paredes ante la Comisión de Ética del Congreso por el uso de los baños.

La denuncia prosperó. Aprobaron investigar a Paredes Piqué por permitir que personas trans usen baños que difieren de su género biológico, solicitando una suspensión de 120 días sin remuneración. Susel Paredes además es una parlamentaria abiertamente lesbiana y activista por los derechos de la diversidad sexual. En 2019 y tras una larga lucha, ella y su pareja Gracia Aljovín fueron reconocidas como el primer matrimonio igualitario entre dos mujeres legalmente aceptado en Perú.

Qué dice la Ley y por qué vulnera los derechos de las personas trans

Alentados por la declaración de Jáuregui, varios congresistas conservadores, exmilitares y religiosos aceleraron el proceso de votación de la Ley presentada un mes antes, y dos días después del evento. El 2 de abril se puso en debate ante el pleno, donde obtuvo 104 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Finalmente la ley fue firmada y promulgada por Dina Boluarte el 13 de mayo.

Votación en el Congreso de Perú de la Ley de Indemnidad Sexual, nro. 32331. (pincha sobre la foto para ampliarla)

La Ley aprobada cuenta con 5 artículos: (1) objeto de la Ley, (2) derecho a la indemnidad sexual, (3) obligaciones del Estado, (4) protección de la indemnidad sexual en medios de comunicación y publicidad, y (5) acceso y uso de servicios sanitarios de las edificaciones de uso público.

Precisamente el artículo 5 es el que vulnera exclusivamente a las personas trans ya que les prohíbe usar un baño distinto a su sexo biológico.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y aliados se han mostrado en contra de la medida hacia la parlamentaria Susel Paredes, y contra el ataque que está recibiendo la población trans, una de las más vulneradas del Perú.

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Por Vero Ferrari

Angie Mimbela del Águila, una joven trans de 26 años, fue asesinada la madrugada del 9 de febrero en el distrito de Villa El Salvador, uno de los más pobres de Lima. Ella caminaba por las avenidas Juan Velasco Alvarado con Pachacútec cuando se le acercó un hombre, forcejearon y la apuñaló.

La joven mujer caminó cerca de 100 metros y estuvo con vida más de 45 minutos pidiendo ayuda mientras se desangraba, pero ni los transeúntes ni el personal de Serenazgo que llegó por las llamadas de los vecinos le prestó el soporte necesario. Según vecinos, el personal de la municipalidad se negó a recoger el cuerpo de Angie y llevarlo a un hospital, dejándola morir sobre el pavimento.

“No sabemos quién ha sido, solamente sabemos que ha sido como un ajuste de cuentas, porque lo han acuchillado desde allá abajo, donde la sangre, todo el camino que ha recorrido, y se ha derivado allá, que no lo han querido auxiliar, porque esa es la verdad él estaba con vida, 45 minutos con vida y Serenazgo no lo quiso levantar ni llevar a ningún hospital, por qué, porque era gay, lo veían ahí, lo dejaron morir”, señaló una vecina a la prensa.

Cuando la Policía llegó al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales. Según el parte policial, el primo de la víctima manifestó que Angie se encontraba en situación de prostitución y que esa zona era su lugar de trabajo.

Para la activista Taki Robles, directora ejecutiva de la organización dedicada a proteger a mujeres trans “Amigas por siempre”, el asesinato de Angie es un crimen de odio: “Todo exceso de violencia y de maldad contra nosotras es un crimen de odio, porque no es casual que alguien venga, te quiera arranchar la cartera y luego te corte el cuello. Además, es un crimen de odio hacia una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, y así hay muchos casos de mujeres trans que han sido asesinadas y la policía no investiga, ni lo va a hacer. A nosotras nos pueden matar todos los días, pero por ser prostitutas, por ser pobres, por ser trans, no vamos a recibir justicia, es más, nos van a culpar de nuestra muerte. En este país nos han excluido incluso del respeto a nuestras vidas, al normalizar nuestros asesinatos”.

Debido a ello, activistas LGTBI han convocado a un plantón de protesta frente a la Municipalidad de Villa El Salvador por la inacción que llevó a la muerte de Angie, por la falta de preparación para atender casos de violencia contra personas vulnerables y por la total deshumanización de su personal de seguridad, que vieron morir a una mujer trans frente a sus ojos y no hicieron nada.

El regidor de Lima, Manuel Siccha, frente al ominoso silencio de las autoridades, ha presentado un documento de requerimiento de información, en el marco de sus funciones fiscalizadoras y metropolitanas, para que la Comisaría, así como la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, informen sobre las acciones e investigaciones que han tomado, pues son quienes tienen que dar cuenta de la aparente desatención sobre este crimen de odio.

“Por la configuración de los hechos, el caso de Angie es un asesinato feroz con promoción de la impunidad, pues ni el serenazgo ni la policía la han atendido como es debido, dando inicio así al soslayamiento de funciones de un conjunto de instituciones. El Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir a propósito de responsabilidades asumidas como investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos como lo es un crimen de odio, por lo que vamos a hacerle seguimiento al proceso de investigación que debería estar abierto”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Vero Ferrari 

El martes 17 en la madrugada, Jazmín Valladares, mujer trans trabajadora sexual del Callao, región de Lima, fue atacada por un hombre que se hizo pasar por un cliente. Él la llevó hacia un descampado en la zona de Márquez e intentó ahorcarla. Jazmín se desmayó y cuando despertó estaba muy dolorida. El agresor le había hecho tres cortes profundos con un cuchillo y dado varios golpes en el cuerpo. Tenía una hinchazón que desfiguró su rostro desde el ojo izquierdo hasta la frente. Desangrándose, se levantó y se dirigió a su casa en donde sus compañeras la trasladaron al Centro de Salud de Márquez.

Según testigos, el agresor había atacado unas horas antes a otra trabajadora sexual conocida como Cinthia. A ella la había golpeado en su propia habitación, pero pudo ser rescatada por su compañera Dulce, que escuchó sus gritos. Juntas pudieron expulsar al agresor del lugar. Luego de ello es que el sujeto va en busca de otra víctima.

Por la gravedad de las heridas, la remitieron al Hospital de Ventanilla, ahí le tomaron placas radiográficas y procedieron a suturar las tres heridas que tenía en la cabeza. Actualmente la joven se encuentra recuperándose física y emocionalmente de los hechos.

Presentes conversó con Taki Robles, directora ejecutiva de la organización trans “Amigas por siempre del Callao”, quien acompañó a Jazmín al hospital. Ella señala que la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales del Callao, y del Perú en general, es de continua violencia y precariedad.

«Pocas veces podemos denunciar estos ataques»

“Nuestras vidas están en constante riesgo. Nosotras pocas veces podemos denunciar estos ataques porque al momento de acercarnos a la delegación policial somos revictimizadas por ser trans, por ser pobres, por ser trabajadoras sexuales, por no tener un DNI que reconozca nuestra identidad de género, nos miran con desprecio», dijo Robles.

La activista también señaló que la vulnerabilidad de las mujeres trans – que tienen una esperanza de vida de entre 35 y 40 años en América Latina- es tal que ni siquiera pueden llegar a la justicia.

«Éramos como invisibles»

“En nuestro país la población femenina es la más violentada, el índice de feminicidios, si estamos hablando de las mujeres biológicas, es muy alto, pero ¿qué pasa cuando un hombre violento se encuentra con una mujer trans? Pues el grado de violencia se multiplica. Ese patrón machista hace que estemos desprotegidas, más aún porque no hay leyes que garanticen nuestra seguridad, y las pocas leyes que existen muy poco se cumplen. Los marcos legales no son conocidos por nuestra comunidad», agregó la activista.

Robles contó que el día de la agresión, mientras buscaban ayuda, pasaron frente a dos patrulleros y el patrullero ni las miró ni paró a preguntar qué le ha pasado. «Éramos como invisibles, para otras personas seguro sí se detienen. Jazmín vino desde Piura buscando una vida mejor, se tuvo que dedicar al trabajo sexual y ahora está traumatizada”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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